Investigación

El expresidente ecuatoriano, que tiene un proceso judicial abierto en su país, hizo turismo y cantó el tema Venezuela rodeado de las lagunas de un Patrimonio de la Humanidad. 

@gchenriquez1

A principios del mes de agosto, la Corte Nacional de Ecuador dictó una segunda orden de prisión preventiva y pidió que se oficie una nueva solicitud de búsqueda y captura ante la Interpol de Rafael Correa. A finales del mismo mes, el expresidente ecuatoriano disfrutaba de las atracciones turísticas del Parque Nacional Canaima, en el estado Bolívar, al sur de Venezuela.  

Correa llegó en un avión privado y se alojó por al menos una noche en la posada Waku Lodge, a orillas de la Laguna de Canaima, frente a los saltos de agua Ucaima, Golondrina, Wadaima y Hacha, todas escenas de un Parque Nacional que es Patrimonio de la Humanidad. Esto lo confirman varias fuentes de la zona que coincidieron con el expresidente ecuatoriano que es solicitado por la justicia de su país.

Correa se encontraba junto con cuatro personas civiles y con un quinto acompañante con vestimenta militar quien, según informantes del lugar, es un militar venezolano. También señalaron que todos trataron al expresidente y aliado de Nicolás Maduro con particular esmero y cuidado, y comentaron la posibilidad de que se hubiera alojado por más días en el Campamento Venetur Canaima, empresa mixta del Estado. Esta última versión no había podido ser confirmada al momento del cierre de esta nota. 

Personas de la comunidad indicaron que la visita de Correa coincidió con una repartición de equipos otorgados por el programa oficial Mi Casa Bien Equipada, presuntamente realizada por la esposa de un funcionario del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. Esto se corroboró con imágenes que se hicieron públicas a través de la red social Twitter, en las cuales Correa y más de una decena de indígenas venezolanos posan con electrodomésticos Haier a sus espaldas. 

La ausencia de un personal particular de seguridad que lo acompañase lo hizo camuflajearse entre otros turistas que estuvieron en el Parque Nacional. El entusiasmo que otros viajeros manifiestan cuando visitan este Patrimonio de la Humanidad fue el mismo en Correa: algunos lo escucharon cantando  la famosa canción Venezuela, de los españoles Pablo Herrero Ibarz y José Luis Armenteros Sánchez, que habla de desiertos, nieves y dudoso volcanes. 

Solicitado por la justicia de Ecuador

Rafael Correa terminó su periodo en la presidencia de Ecuador el 24 de mayo de 2017, tras diez años ininterrumpidos de gobierno. Llegó al poder el 15 de enero de 2007 y, en la actualidad, es el jefe de gobierno que más tiempo ha durado en el cargo de su país de forma contínua. 

Justo al salir de la presidencia, en septiembre de 2017, se radicó en Bruselas, Bélgica, ciudad de donde es oriunda su esposa Anne Malherbe. Diez meses después, en julio de 2018, la Corte Nacional de Ecuador dictó orden de prisión preventiva en su contra por su presunta participación en los delitos de asociación ilícita y secuestro del asambleísta opositor Fernando Balda en 2012. El expresidente se negó a regresar a su país para presentarse ante la justicia. 

La jueza encargada del caso, Daniella Camacho, también solicitó la detención internacional a Interpol. El organismo la rechazó en diciembre de 2018 tras considerarla “incompatible con el respeto de los Derechos Humanos”. Este caso, que está en fase de juicio, quedó suspendido por la ausencia del exmandatario en su país. 

Un año más tarde, el 8 de agosto de 2019, la misma jueza dictó una nueva orden de prisión preventiva para Correa y cuatro exfuncionarios de su gobierno. En esta oportunidad, por su presunta participación en los delitos de asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias, enmarcados en el caso conocido como “Sobornos 2012-2016”. Al igual que otros mandatarios de la región, se trata de un caso en el que señala a Correa como líder de una “organización criminal” que recibía sobornos de empresas, incluida la barasilera Odebrecht, a cambio de contratos públicos.

Aunque no hay orden de captura de Interpol, el artículo IX del Acuerdo sobre Extradición, suscrito por las Repúblicas del Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela, establece que “se efectuará la detención provisional del prófugo, si se produce por la vía diplomática un mandato de detención mandado por el Tribunal competente. Igualmente se verificará la detención provisional si media un aviso transmitido aun por telégrafo por la vía diplomática al Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado requerido de que existe un mandato de detención”.

En consecuencia, el Estado venezolano no está obligado a colaborar con la justicia ecuatoriana, a menos de que la misma haya realizado una solicitud de extradición de Correa a su territorio. Además, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, reconoce a Juan Guaidó en su interinato y no a Nicolás Maduro. Los vínculos diplomáticos entre ambos países, otrora aliados en tiempos de Hugo Chávez, están rotos.

De paseo por Venezuela

Sin temor a ser detenido en Venezuela, Correa se alojó en una de las posadas más tradicionales, confortables y reconocidas de Canaima. Waku Lodge cuenta con 19 habitaciones y una suite, todas con comodidades como aire acondicionado, agua caliente, y un un porche con hamaca y poltronas. 

Para el 30 de junio del 2019, los planes de estadía de tres días y dos noches oscilaban entre los $520 y los $655 por persona; mientras que el plan de cuatro días y tres noches rondaba los $775 y $785 por persona. Waku Lodge es un sitio de alojo exclusivo, operado por  Canaima Tours, una empresa con más de 40 años en la zona. 

Pero lo que parece un edén para quienes visitan Canaima, es un lugar completamente distinto para quienes residen en la zona. Bienes básicos como el combustible y las toallas sanitarias son comercializados en divisas a precios difíciles de pagar. Un tanque de combustible para avión puede costar entre USD 5 y 6 el litro, mientras que el precio en el mercado estadounidense -según GlobalPetrolPrices.com es de USD 0,79; un paquete regular de toallas sanitarias cuesta unos 50 dólares, cuando en Caracas oscila el precio entre medio dólar y un dólar. 

El turismo, principal fuente de ingreso de la zona, dio en 2018 un aporte de USD 6.392 millones al Producto Interno Bruto de Venezuela, lo que representa una caída del 34,4%, en comparación con el año 2017 y de 81% en comparación con el año 2013, que fue el período de mayor contribución. Esto según una información publicada en abril de 2019 en un informe de Ecoanalítica. 

En este destino turístico venezolano, tan paradisíaco para unos pero tan enrevesado para otros, es el lugar en donde Rafael Correa cantó y disfrutó mientras la justicia de su país lo solicita.

Carlos Cruz-Diez. Fotografía: Atelier Cruz-Diez París

Son muchas las obras que Cruz-Diez dejó como legado artístico en Venezuela y el mundo. De ahí su valor histórico y emocional para los ciudadanos

El maestro del Cinetismo diseño más de 200 obras que hoy en día no se encuentran en óptimas condiciones y necesitan ser restauradas dentro y fuera de Venezuela

@Andrea_GP21

“La mayoría de las obras de arquitectura públicas y privadas de Cruz-Diez en Venezuela están en muy mal estado”, dice Carlos Cruz-Diez Jr, hijo del maestro del cinetismo. Para restaurarlas, desde hace tres años el estudio de arquitectura In Situ Art Projects -filial del Grupo Odalys, autorizado por el Atelier Cruz Diez y reconocido por el Estado venezolano- está desarrollando un catálogo de prioridades: el piso del Aeropuerto de Maiquetía “Simón Bolívar” y el muro del Puerto de La Guaira serán el punto de partida de un enorme proyecto urbano de restaruación.

 En una entrevista concedida a Runrun.es, Karina Saravo Sánchez, directora de In Situ Art Projects, revela detalles sobre respecto el “Gran Proyecto de Recuperación del Patrimonio Artístico-Monumental de Carlos Cruz-Diez” que espera restaurar todas las obras del artista dentro y fuera de Venezuela, comenzando con las más emblemáticas y deterioradas.

“Nuestro objetivo es mantener y restaurar todas las obras de arte monumental del maestro Carlos Cruz-Diez en Venezuela y el mundo, para devolverle a las ciudades los íconos que les pertenecen. Es un gran reto y tanto al Atelier Cruz-Diez como In Situ Art Projects estamos dispuestos a afrontarlo, de manera progresiva”, dijo Saravo.

Karina Saravo, directora de In Situ Art Projects (www.insituartprojects.com)

Saravo detalló que actualmente existen más de 220 obras expuestas en espacios públicos y privados de más de 35 países, las cuales fueron desarrolladas a lo largo de más de 70 años. 

“Para poder solventar los casos de más deterioro y en ocasiones pérdida total, hemos establecido un orden de prioridad que nos permitirá ir recuperando nuestros íconos de manera progresiva”, añadió Saravo.

Saravo indicó que en el listado de las obras que serán restauradas destacan, además de las más representativas del estado Vargas, los silos de la empresa Molinos Dominicanos en República Dominicana, el Laberinto Cromovegetal de la Universidad Simón Bolívar; la obra Cromoestructura Radial-Homenaje al Sol de Barquisimeto, la Inducción Cromática Merideña ubicada en el Aeropuerto Alberto Carnevalli, de Mérida y la Fuente de Inducción Cromática: Tres Arcos, de Nueva Esparta.

Costos y financiamiento del proyecto

Pese a que no se tiene una información específica, Saravo adelantó que, dependiendo de factores como la dimensión de la obra, materialidad y la magnitud del deterioro, los presupuestos pueden variar mucho. Sin embargo, comentó: “Estamos haciendo un levantamiento detallado de partidas que nos permitirá optimizar al máximo los fondos que se puedan recaudar”.

En cuanto a la ayuda financiera que pudiera recibir In Situ Art Projects, Saravo manifestó: 

“Cada proyecto requerirá su fuente de financiación, la concreción de un equipo especializado que permita volverlas a su estado original y todo el apoyo ciudadano posible; es por esto que hacemos un llamado a la toma de conciencia y a la colaboración desde los medios y herramientas que tanto las empresas privadas -a través de patrocinios- y los entes públicos -a través de partidas especiales- puedan ofrecer”.

Foto: Galería Odalys S.L

Asimismo, contó que durante los últimos 3 años la empresa ha logrado establecer “alianzas estratégicas” con fabricantes de distintos materiales que considera imprescindibles para las restauraciones, añadiendo que ese listado se amplía cada día.

Permisos de entes públicos para la restauración

En el caso de Venezuela, muchas de las obras de Cruz-Diez están situadas en espacios públicos, por lo cual son requeridos ciertos permisos para poder llevar a cabo un trabajo de restauración. 

“Hasta el momento tenemos la fortuna de que todos los entes públicos y privados se han sensibilizado con la iniciativa y desde hace 3 años, cuando dimos inicio a este proyecto, hemos recibido total apoyo y colaboración”, dijo Saravo.

Saravo manifestó que todavía es necesario establecer contactos, esto en vista de la magnitud del legado de Cruz-Diez. No obstante, confía en que el proyecto recibirá el apoyo requerido para poder llevarse a cabo tal y como se desea.

“Hemos obtenido todos los permisos asociados a la etapa de inspección de numerosas piezas y esperamos que sea así con cada una de las obras de este gran legado. El Instituto de Patrimonio Cultural está en conocimiento de esta iniciativa de recuperación de obras monumentales de diversos artistas, desde los inicios del proyecto, hace 3 años”, dijo.

El valor sentimental de los monumentos de Cruz-Diez

Si bien es cierto que cada una de las creaciones del maestro del cinetismo tiene un valor artístico y monetario, para los venezolanos muchas de ellas tienen un significado más emocional, más sentimental.

Carlos Cruz-Diez Jr. Palais d’Iéna, París, 2016. Foto: Atelier Cruz-Diez París

“Mi padre siempre sostuvo que las obras en los espacios públicos adquieren un valor emocional y afectivo, ya que estas contribuyen a afianzar el sentido de referencia, pertenencia y orgullo del ciudadano en relación al entorno patrimonial de su hábitat, comunidad, pueblo, ciudad o región”, dijo Cruz-Diez Jr.

Añadió que todas las obras situadas en espacios públicos y privados “son patrimonios que les pertenecen a las ciudades o espacios públicos donde están ubicadas, pero lo más importante es que esas obras les pertenecen a las personas que las admiran, es decir, el ciudadano es el propietario de esas obras”.

Analistas coinciden en que el diálogo entre representantes de partidos minoritarios de la oposición y el oficialismo es una fachada para barnizar de legitimidad al gobierno de Maduro. La movida de la Casa Amarilla podría poner en riesgo el liderazgo opositor

@franzambranor

De un lado de la mesa Timoteo Zambrano, Claudio Fermín, Felipe Mujica y Luis Augusto Romero; del otro, Jorge y Delcy Rodríguez, Aristóbulo Istúriz, Blanca Eekhout y Jorge Arreaza. Ninguno sonríe, todos con aspecto circunspecto y rostro impávido miran al fondo del salón de la Casa Amarilla, como si se tratase de una escena previamente ensayada. Uno a uno se levanta y rubrica un documento. Aplausos van y vienen mientras la peculiar voz del ministro de Comunicación Jorge Rodríguez anuncia acuerdos entre los representantes de los partidos minoritarios de la oposición y el chavismo que son, según el consultor político Oswaldo Ramírez, unos brochazos con un barniz de legitimidad al gobierno de Maduro y su supuesto interés por establecer un diálogo nacional.

“Los actores que están sentados por parte de la oposición son los mismos que el 20 de mayo generaron un proceso de legitimación de la elección fraudulenta convocada por la irrita asamblea nacional constituyente. Son un grupo de oposición conveniente, como el traje hecho a la medida al emperador”, dijo Ramírez, director de la firma ORC Consultores. 

A falta de humo blanco en las reuniones en Barbados, coordinadas por Noruega y avaladas por la comunidad internacional, con representantes del presidente interino Juan Guaidó, el gobierno montó en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores un cónclave entre miembros de las fracciones de Avanzada Progresista, Movimiento al Socialismo, Cambiemos y Soluciones y dejó por fuera a los partidos con mayoría en el parlamento, el denominado G4: Primero Justicia, Acción Democrática, Voluntad Popular y un Nuevo Tiempo.

Destaca entre lo suscrito la reincorporación de los diputados del Psuv a la Asamblea Nacional, la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, libertad para los presos políticos, la defensa del Esequibo, el rechazo a las sanciones y su levantamiento inmediato y el canje de petróleo por alimentos.

A juicio de Oswaldo Ramírez y del director de Datanálisis, Luis Vicente León la capacidad para ejecutar esta serie de acuerdos por parte de ambos bandos es nula y la reunión del pasado lunes arropa varios significados: 

 

Que las negociaciones formales, que incluyen a la oposición institucional mayoritaria, fracasaron y por ahora quedan a la espera de un mejor momento en el futuro.

“Esas negociaciones son las únicas que pueden provocar realmente cambios en la posición internacional de sanciones al gobierno de Maduro y no tienen nada que ver con el anuncio de este lunes. Son incomparables en términos de impacto potencial, pues estas últimas no recuperan ni confianza, ni legitimidad, ni derechos políticos reales, ni elecciones competitivas”, dijo Luis Vicente León. “Este grupo no tiene la capacidad de controlar la Asamblea Nacional, pero pueden tratar de comprar diputados. No tienen las herramientas para frenar sanciones, debido a que no poseen la interlocución válida con la comunidad internacional y muestra de ello es que parte del cuerpo diplomático que asistió a ese acto en la Casa Amarilla terminó parándose. Tampoco tienen la capacidad de generar una política pública de petróleo por alimentos, ellos no controlan la dinámica petrolera y no pueden comerciar con empresas debido a las sanciones”, señaló Oswaldo Ramírez. 

 

Con la medida el gobierno avanza en la estrategia de fracturar a la oposición.

Pone en guerra a una parte de los moderados con la mayoría institucional que rechaza un acuerdo considerado ilegítimo e inadecuado. “La batalla es ver quién conquista a los no alineados, que es el grupo más grande hoy en día. Estamos hablando de un número entre 45 y 52% de la población. Estas personas vieron la oportunidad de generar una especie de tesis de que ellos representan a los no alineados, cuando en realidad no aparecen en las encuestas de liderazgos, ni siquiera en el top 10”, dijo Ramírez de ORC Consultores. “Son actores que no tienen legitimidad y esta viene dada por los votos y salvo Timoteo Zambrano, que es diputado, los otros actores no tienen cargo alguno de elección popular y no han sido parte del ecosistema de la oposición”, añadió Ramírez. 

 

El gobierno persigue colocar en el debate nacional el tema de una elección parlamentaria para reemplazar la solicitud real y necesaria de una presidencial competitiva.

“No es la primera vez que este grupo de opositores está generando una matriz de opinión. Avalando las elecciones del 20 de mayo de 2018 no permitieron la participación de partidos políticos y la libertad plena. El objetivo hoy en día es que se hagan unas elecciones transparentes y creíbles”, dijo Ramírez. “Ninguno de los impactos de este acuerdo tiene oportunidad de rescatar legitimidad institucional, ni va a abrir la puerta a levantamiento de sanciones, ni recuperará confianza en los electores, ni unificará a la oposición camino a una elección competitiva, ni llevará al país a una elección presidencial que resuelva el conflicto político de manera democrática”, sentenció Luis Vicente León.

 

El regreso de los diputados chavistas a la Asamblea Nacional busca provocar un sismo dentro de esa institución.

“La AN está afectada en términos de sus miembros activos y con fracturas que le abren al gobierno la posibilidad de generar debates internos que le den validación de legitimidad y ejercicio de poder”, dijo León. “El oficialismo pudiera tratar de desbalancear a la AN. La oposición no cuenta con al menos 24 diputados. Eso puede poner en aprietos a la comunidad internacional al tener que reconocer a la AN como único organismo legítimo. La jugada que yo percibo es que el oficialismo trate el 5 de enero de 2020 de presionar para una directiva nueva. Además con un oficialismo incorporado pudiésemos tener unos debates eternos y el gobierno interino de Juan Guaidó sufriría”, indicó Ramírez.

 

La administración de Maduro intenta maquillar a nivel internacional el fracaso de las negociaciones apadrinadas por Oslo.

“Ese es un barniz que se da frente a los aliados de siempre como Nicaragua, Cuba, Rusia, China, Turquía e Irán y que probablemente pueda satisfacer a México y Uruguay, pero no a la Unión Europea y mucho menos al Grupo de Lima. Lo que busca el gobierno es un desequilibrio de poder en la oposición y su percepción fuera de nuestras fronteras”, dijo Oswaldo Ramírez. “Es fácil predecir que este acuerdo no cambie ni un ápice la tendencia explosiva de deterioro económico del país, lo que sí está amenazado es el liderazgo opositor”, agregó Luis Vicente León.

Las instalaciones de la DGCIM de Boleíta han sido testigos de maltratos, torturas, presiones y muertes. Después del fallecimiento del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo el pasado 29 de junio, por presuntas torturas dentro de esas paredes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a la Dgcim

 

@fefamaya

RODEADA POR DOS CAFÉS, UN INVERNADERO, decenas de industrias a media máquina, una productora de proyectos audiovisuales y la sede de un canal de televisión del Estado se encuentra una de las instituciones que es conocida como uno de los centros de tortura a militares del gobierno de Nicolás Maduro.

El Cuartel General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Boleíta Norte está ubicada en la calle Vargas, la vía perpendicular que conecta la televisora Telesur (Transversal 2) y la Universidad Monteávila (calle Buen Pastor). Enfrente está, desde hace cinco años, el invernadero del restaurante Casa Bistró. Boleíta Norte es, eminentemente, una zona industrial al este de Caracas.

Una de las formas para acceder a la Dirección de Contrainteligencia es por la calle Buen Pastor, bajando de la Cota Mil. Al final de esa calle está la Universidad Monteávila. Esta entrada está cerrada por una barricada de sacos terreros negros, con cuatro o cinco filas de altura. Delante de ellos hay dos barricadas de alambres de púas que están sostenidos por barrotes de hierro. En la esquina derecha hay entre uno o dos funcionarios de Contrainteligencia. En otros accesos, como el cercano al canal Telesur, también hay barricadas y funcionarios. 

El anodino edificio, que bien podría pasar por una industria más, alberga historias de maltratos, torturas, presiones y muertes. Tantas, que después del fallecimiento del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo por presuntas torturas dentro de esas paredes, el pasado 29 de junio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a la Dgcim. “El arresto por motivos políticos y la muerte trágica del capitán Rafael Acosta fueron injustificadas e inaceptables”, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, a través de un comunicado difundido por el Departamento del Tesoro.

 Pero afuera, la cotidianidad transcurre al ritmo pasivo del miedo. Las calles que la rodean están perennemente custodiadas y los vecinos han tenido que adaptarse a transitar en el radio de acción de un cuerpo de seguridad en el que coinciden militares, espías, agentes e investigadores, algunos de los cuales han usado una “máscara de la muerte” en los operativos de la OLP. La zona, dicen varios lugareños consultados, es segura para quien no luzca problemático para la DGCIM.

“Son unos vecinos muy particulares. Para mí lo que más ha cambiado es el libre tránsito que solía tener la calle. Tienes que indicar a dónde vas sino no pasas”, aseguró Abenante. El chef ganador del Tenedor de Oro en 2009 explicó que la calle tiene dos accesos y que el superior es cerrado por funcionarios de la DGCIM a las 6:00 de la tarde. “El acceso de la Cota mil no se puede utilizar. Siempre tiene una barrera que limita el paso”, indicó el cocinero venezolano.

Abenante relató que el único inconveniente que ha tenido con sus vecinos fue durante una grabación del huerto -en el techo de un edificio- de Casa Bistró. “Estábamos realizando un video del huerto para una presentación gastronómica. La camarógrafa fue detenida, mientras que al resto del grupo le quitaron los equipos. Los oficiales indicaron que en esa zona no podían tomarse fotos. Queríamos hacer unas tomas de la parte de arriba del invernadero con un dron, pero no nos dieron permiso”, señaló el chef.

A pesar de eso, Abenante tiene su propia percepción de seguridad: “Personalmente, me siento más seguro con su presencia en la zona”.

Este no fue el caso de un estudiante de la Universidad Monteávila, quien pidió no revelar su identidad. El joven fue detenido durante las protestas de 2017 por tomar una foto de una protesta en la Cota Mil.

“Tuvimos una actividad de calle en la Cota Mil. No recuerdo la fecha exacta, fue a finales de mayo de 2017. En ese momento era parte del Movimiento Estudiantil. La DGCIM cerró las adyacencias a su sede. Yo tenía examen parcial ese día. Cuando estaba camino a la universidad, vi la Cota Mil trancada, tomé una foto desde el carro y la envié por un grupo de WhatsApp. Los oficiales me vieron y me detuvieron”, afirmó el alumno de la UMA.

Después de dos horas y de firmar un documento donde negaba haber sufrido algún daño, el estudiante fue liberado.

El ahora egresado de la universidad indicó que la presencia de alcabalas de la DGCIM comenzó a ser más evidente cuando iniciaron las protestas en 2017. “Yo empecé a estudiar en la Monteávila en 2014. Las alcabalas y el amedrentamiento en contra de los estudiantes empezó en 2017, en época de protestas”, afirmó.

El estudiante, al igual que Abenante, señaló en que la zona es bastante segura. Ambos opinan que es por la presencia del cuerpo de seguridad en la zona. 

 No hay registro exacto desde cuando la DGCIM empezó a operar en Boleíta Norte. Según un ex jefe de la sede, la DGCIM fue inaugurada durante el primer periodo presidencial de Carlos Andrés Pérez en 1974. Para el momento era conocida como Dirección de Inteligencia Militar (DIM). 

Durante 2018, la organización Provea registró 100 casos de torturas realizadas por cuerpos de seguridad del Estado. 75 de los casos fueron ejecutados por la DGCIM. Con un total de 12 casos, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) fue el segundo organismo del Estado en aplicar torturas dentro de sus centros de reclusión.

El caso del capitán Rafael Acosta Arévalo fue uno de los casos más recientes.  El periodista Nelson Bocaranda Sardi afirmó en un artículo de Los Runrunes de Bocaranda, que el día de su presentación en tribunales militares el Capitán presentaba incapacidad motora, no podía mover las manos, ni los pies. “Observaron muchas excoriaciones en los brazos, poca sensibilidad en las manos, los pies estaban extremadamente inflamados y las uñas con rastros de sangre y lesiones por golpes en el torso”, indicó.

Todo eso ocurrió a unos metros de un peculiar negocio que resume la frágil tranquilidad de la zona, puertas afuera del Cuartel General. Cada sábado, desde antes de las 6 de la mañana en una solitaria Boleíta Norte, clientes de un taller mecánico improvisado hacen cola para ser atendidos en plena calle, al aire libre. Una clienta relata la rutina inesperada: “Cada sábado van cerca de 20 carros. Los dueños se sientan en las aceras, algunos traen banquitos, todos custodiados a lo lejos por la DGCIM. Si uno llega antes de las 7 de la mañana la entrada directa a la calle está cerrada con barricadas. Después de que pasó lo del capitán Acosta Arévalo le pregunté al mecánico si estaban haciendo alcabalas, porque me daba miedo ser detenida por una de esas en las que revisan los teléfonos, pero él me dijo que no había ninguna y que allí nunca ha tenido problemas”. 

Hasta ahora son 30 los diputados en condición de clandestinidad, exilio o en embajadas de Caracas por allanamiento de su inmunidad por parte del TSJ

Primero Justicia ha perdido la mayoría dentro del Hemiciclo mientras que Acción Democrática toma el primer lugar

@Saracosco 

“EN VENEZUELA NICOLÁS MADURO DIO UN GOLPE DE ESTADO”, fueron las palabras que dijo Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional, el 30 de marzo de 2017, antes de romper la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) donde asumió las competencias del Poder Legislativo.

12 meses después de ese gesto teatral en los jardines del Palacio Federal Legislativo, Borges está en el exilio. Vive en Colombia junto con su familia. Salió del país, en principio para hacer una gira para buscar más apoyo internacional, pero luego el gobierno emitió una orden de captura en su contra por los hechos del 4 de agosto, cuando explotaron unos drones en un acto presidencial en la avenida Bolívar. Su historia es hoy la de varios de sus colegas y parecer ser la fase final de un proceso de persecución que comenzó hace cuatro años. 

Desde que la oposición ganara sorpresivamente la mayoría en las elecciones de la Asamblea Nacional (AN) en diciembre de 2015, el régimen de Nicolás Maduro ha intentando por distintas vías, reducir el Parlamento al punto de emitir sentencias a través del TSJ para allanar la inmunidad de los diputados. 

Uno de los momentos más convulsos fue durante ese mismo año 2017, cuando posterior a la sentencia se iniciaron una serie de protestas en distintas ciudades del país – especialmente en Caracas – donde Julio Borges como presidente de la Asamblea Nacional y coordinador de Primero Justicia, cobraron mayor importancia. 

Primero Justicia fue el partido que obtuvo mayor cantidad de curules dentro del Hemiciclo en las elecciones legislativas, lo que les permitió tener la presidencia de la Comisión de Finanzas, con José Guerra – ese mismo año 2017- Medios de Comunicación con Jony Rahal y Desarrollo Social, primero con Juan Requesens y luego con Miguel Pizarro. 

Pero al mismo tiempo de ser la mayoría dentro de la oposición – conformada en ese momento en la Mesa de la Unidad Democrática- también ha llevado a que sea el partido político con mayor cantidad de perseguidos por el régimen de Maduro. 

En una base de datos hecha por el equipo de Runrun.es se determinó que un 34% de los parlamentarios de la tolda de Primero Justicia – que son 32 en total- están en el exilio, clandestinidad o presos, como es el caso de Juan Requesens.

En este caso el quórum sigue garantizado gracias a los suplentes, que son en su mayoría de Voluntad Popular, que también ha sufrido bajas por las sentencias del TSJ. Del total de diputados de la tolda naranja – 16  parlamentarios en total – un 31% ha tenido que salir del Palacio Federal Legislativo para irse a otro país como exiliado o igualmente esconderse dentro del país. Lo que se traduce en que es el segundo partido político con mayor cantidad de persecuciones. 

Primero Justicia es el que se ha visto más afectado en este caso y la correlación de fuerza partidista ha sufrido cambios. Ahora la mayoría de diputados – según el partido político – lo tiene Acción Democrática que cuenta con 24 parlamentarios actualmente en las sesiones.

Pero el partido blanco no ha escapado de las sentencias del TSJ y actualmente cuenta con 3 diputados menos, entre ellos el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, quien se encuentra en la cárcel – en Fuerte Tiuna – desde el 8 de mayo, acusado de traición a la patria luego de participar en los hechos del 30 de abril. 

Igualmente a Henry Ramos Allup, expresidente del Parlamento, le allanaron la inmunidad parlamentaria y aunque no se encuentra en situación de clandestinidad, exilio o en alguna embajada, ha decidido no asistir a las sesiones por seguridad. 

El presidente encargado de Venezuela y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó – quien pertenece a Voluntad Popular – también tiene su inmunidad allanada desde principios de abril de este año. A pesar de eso sigue en el ejercicio de sus funciones y asiste a las sesiones del Parlamento, además de recorrer cada fin de semana alguna ciudad de Venezuela. 

Guaidó asumió la presidencia de la Asamblea Nacional el 5 de enero – como lo indica la Constitución – y luego asumió la presidencia encargada del país el 23 de enero, apalancado en la legitimidad de la Asamblea Nacional que actualmente es el único poder de Venezuela con reconocimiento a nivel internacional, con el apoyo de al menos 60 países. 

Vaciando curules

En esta nueva estrategia del régimen de Maduro de allanar la inmunidad parlamentaria sin pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional- como lo establece el artículo 200 de la Constitución- los suplentes también se han visto afectados. En este caso la mayoría son de Voluntad Popular.

De las tres curules vacías que hay actualmente dos están conformadas por diputados de la tolda naranja.

Sergio Vergara y Freddy Guevara pertenecen a Voluntad Popular – Vergara en clandestinidad y Guevara en la embajada de Chile. Sus suplentes, Rosmit Mantilla – preso político desde 2014 hasta 2016- y Juan Andrés Mejía también son de VP y actualmente se encuentran en Francia y Argentina, respectivamente.

La tercera curul vacía se divide entre AD con el caso de Henry Ramos Allup y Primero Justicia con el suplente Ramón López, que – como indica el Informe sobre la Situación de los Diputados de la AN- salió del país luego de recibir amenazas por parte de Diosdado Cabello en la ANC, por denunciar ante distintos organismos el caso del parlamentario Juan Requesens.

Aunque por el momento el TSJ no ha publicado alguna nueva sentencia sobre los diputados de la Asamblea Nacional, otras dos curules corren el riesgo de quedarse vacías ante la mención del presidente de la ANC, Diosdado Cabello y de Freddy Bernal, actual protector del estado Táchira.

El suplente Renzo Prieto ha tenido que asumir la curul de su principal, Gaby Arellano, quien se encuentra en el exilio desde el año pasado luego de que el TSJ emitiera una orden de captura en su contra.

Prieto denunció en julio de este año haber recibido amenazas de muerte y además Cabello presentó un video, en su programa Con El Mazo Dando, donde se le acusa de haber contratado a una persona para asesinar a Freddy Bernal y Valentín Santana.

Igualmente el diputado Franklyn Duarte – suplente de Laidy Gómez, actual gobernadora del Táchira- ha sido acusado por Freddy Bernal de promover la persecución de venezolanos en el exterior e incitar a la xenofobia.

El llamado protector del Táchira solicitó al fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, iniciar una investigación en contra del parlamentario. Hasta el momento no ha habido decisión al respecto, pero de decidir allanar su inmunidad podría ser otra curul vacía dentro del Parlamento.

Jugando en unidad

Aunque la correlación de fuerzas dentro de la Asamblea Nacional ha cambiado por la persecución del TSJ, el presidente encargado, Juan Guaidó ha buscado apoyo de los parlamentarios que han tenido que salir del país para afianzar su gabinete de Gobierno.

Tal es el caso de Julio Borges – coordinador de Primero Justicia- nombrado en un principio como representante diplomático ante el Grupo de Lima y ahora como Comisionado Presidencial para las Relaciones Exteriores.

Del mismo partido, están dentro del Gabinete de Guaidó, Miguel Pizarro y José Guerra – ambos en el exilio – como presidente de la Comisión Especial para el seguimiento de la Ayuda Humanitaria y vicepresidente de la Comisión Especial del Plan País.

Igualmente el partido Acción Democrática con Henry Ramos Allup lideró un acto en Maracay el pasado fin de semana, donde también estuvo el presidente del Parlamento, Juan Guaidó. 

En el mitin, Ramos Allup aseguró que la “artillería adeca debe organizarse para llevar con éxito las políticas anunciadas por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó”. 

Mientras que Guaidó elogió la labor partidista de AD y que “el respeto que se deber tener a las instituciones es la fortaleza de los contrapeso al poder para preservar la democracia, y si alguien lo enseñó sin duda es un partido histórico como Acción Democrática”.

También una parte de lo partidos minoritarios dentro de la Asamblea Nacional decidieron darle respaldo a la presidencia de Juan Guaidó para que continúe en el cargo hasta que logre el cese de la usurpación. En 2015 los partidos políticos que conformaban la MUD, habían firmado un acuerdo en el que se establecía qué partido tomaría la presidencia año tras año.

En 2020 – último año legislativo antes de las elecciones – el turno le corresponde a estos partidos, pero el viernes 6 de septiembre, ofrecieron una rueda de prensa en la sede del partido Voluntad Popular en la que dejaron claro que “nuestro país merece que todos pongamos a Venezuela por encima de cualquier aspiración personal. Éste es el momento en el que debemos dejar nuestros proyectos particulares a un lado para poner por delante el interés nacional”.

El gobierno de Colombia tiene la presunción de que el video de Iván Márquez junto a otros ex guerrilleros fue grabado en Venezuela

Analistas consideran que podrían aumentar las sanciones contra el país de comprobarse que el régimen de Maduro apoya a estos grupos

 

Sarai Coscojuela y Francisco Zambrano

 

A finales de julio el presidente Nicolás Maduro aseguró, que tanto Iván Márquez como Jesús Santrich, miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), eran bienvenidos a Venezuela. 

“Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir, son los dos líderes de paz, y Timochenko y Catatumbo y las FARC es bienvenida a Venezuela cuando quiera venir porque son líderes de paz”, expresó Maduro en el marco del Foro de Sao Paulo celebrado en el mes pasado en Caracas. 

Con estas declaraciones, más la relación histórica entre los gobiernos del fallecido presidente Hugo Chávez y las FARC, y las denuncias constantes sobre la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos irregulares en territorio venezolano (específicamente en zonas de extracción minera), hacen que Venezuela se vuelva el centro de atención.

El mismo día de la publicación del video de las FARC, el presidente de Colombia, Iván Duque responsabilizó a Maduro de resguardar y apoyar a estos disidentes en territorio venezolano. Igualmente Miguel Ceballos, Alto Comisionado de Paz del país andino, declaró que el video probablemente fue grabado en Venezuela y con el apoyo del ELN. 

Pero el canciller venezolano, Jorge Arreaza emitió un comunicado, este viernes 30 de agosto, en el que expresa preocupación por la reaparición de las FARC, aunque acusan al gobierno de Iván Duque de provocarlos. 

Además Arreaza recriminó que Duque haya asegurado que este grupo junto al ELN se encuentre en territorio venezolano. Consideran que es un acto “deleznable, pretender desplazar hacia terceros países y terceras personas, su exclusiva responsabilidad en el planificado desmontaje del proceso de paz”.

Ante esta situación y el señalamiento contra el régimen de Maduro de cooperar con estos grupos irregulares. ¿Qué puede implicar para Venezuela el regreso de las FARC?

El internacionalista y director de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCV, Luis Daniel Álvarez, aclara que el grupo que se manifestó en el video de las FARC es “bastante minoritario”. Rescata el hecho de que personajes como Timochenko – quien fue el último comandante en jefe de las FARC antes de iniciar el proceso de paz en 2012- hayan rechazado el regreso a las armas de Iván Márquez y Jesús Santrich.

Pero la aparición de esta disidencia puede provocar que Colombia tenga que dispersar los recursos y esfuerzos que venía haciendo sobre Venezuela, como explica Alberto Ray, consultor en estrategias para gestión de riesgos de seguridad.

“Ahora tienen que destinar recursos para cuidarse de un grupo armado que va a estar operando dentro de su territorio y que tienen libertad de movimiento en las fronteras hacia Venezuela”, agrega Ray.

¿Cómo puede responder la comunidad internacional?

Ray señala que se podrán ver algunas acciones en los próximos días, más cuando Estados Unidos tiene interés en sacar a Nicolás Maduro del poder, pero por vías donde no han tenido éxito. “De no actuar con premura el problema se hace más complicado de resolver”, indica.

Mientras el profesor Álvarez considera que de comprobarse que hay una unión militar y logística por parte del régimen de Maduro, puede representar un quiebre “bastante fuerte” entre la comunidad internacional y Venezuela.

No contempla que haya una respuesta bélica pero sí un aumento en las sanciones. “De comprobarse que los uniformes que utilizaron son venezolanos, que el video se grabó en Venezuela y que operan y campean libremente por zonas, que no son ni siquiera frontera con Colombia, eso es más grave todavía”.

Ahí el aislamiento sobre Venezuela podría aumentar. El Estado sería señalado, no solo de atentar contra sus ciudadanos, sino de promover el terrorismo, explica Luis Daniel Álvarez.

Alberto Ray agrega que Venezuela es promotor de la violencia armada de las FARC. “Si se resuelve el tema venezolano y se cortan las conexiones con Cuba, se puede resolver el asunto colombiano. De lo contrario no será posible”.

¿Se pueden ver afectados los venezolanos que salen por la frontera con Colombia?

Para Ray las FARC retoman las armas gracias al apoyo que le ha dado el gobierno venezolano a través de grupos de izquierda y de negocios ilícitos y empleando una plataforma de delincuencia internacional.

Uno de los negocios que ha prosperado con la crisis venezolana y el antiguo cierre de fronteras, es el de las trochas, donde los venezolanos deben pagar a grupos irregulares para poder pasar a Colombia a través de ríos, quebradas u otras zonas. 

Luis Daniel Álvarez considera que los ciudadanos que traten de salir se podrán ver afectados si Colombia cierra la frontera ante el temor de no saber quién pasa de un lado a otro. 

De llegar a tomar esa decisión pueden reaparecer esos mecanismos, “donde prácticamente existe un Estado paralelo. Grupos que controlan abiertamente esos lugares, tienen tarifas y mecanismos de seguridad”, agrega Álvarez. 

El otro riesgo es el del “reclutamiento”, como lo advirtió el embajador de Venezuela ante Estados Unidos, Carlos Vecchio. “La amenaza de las ex FARC es una amenaza a Venezuela, ya que afecta aún más a los venezolanos que se ven obligados a salir del país. Muchos de ellos son reclutados por esos grupos terroristas bajo amenaza”.

Durante 2017, 4.998 personas murieron a manos de miembros de cuerpos de seguridad del Estado en el país, el 25,8% de los homicidios cometidos en general, según la investigación Monitor del Uso de la Fuerza Letal en América Latina: Un estudio comparativo de Brasil, Colombia, El Salvador, México y Venezuela

El estudio recogió cifras e historias emanadas de Monitor de Víctimas y Runrun.es 

 

@franzambranor

 

UN ESTUDIO COMPARATIVO DE BRASIL, Colombia, El Salvador, México y Venezuela realizado por el Monitor del uso de la fuerza letal en América Latina arrojó que más de un cuarto de los homicidios ocurridos en 2017 en Venezuela se produjeron debido a la intervención de los agentes de seguridad del Estado.

La investigación elaborada por profesionales de la Universidad Central de Venezuela, el Laboratorio de Análisis de Violencia de Brasil, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, el Centro de Investigación y Docencia Económica de México y la Fundación Ideas para la Paz de Colombia – entre quienes destacan el investigador Ignacio Cano y la experta en derecho, Catalina Pérez Correa González – evidenció que según cifras oficiales, en Venezuela durante 2017 fallecieron a manos de las fuerzas de seguridad del Estado un promedio 14 personas diarias. 

Las cifras de 2017 indican que uno de cada cuatro homicidios ocurridos en Venezuela fue consecuencia de la intervención de funcionarios del gobierno.

En 2017 se produjeron 19.387 homicidios en Venezuela, de los cuales se informó oficialmente que 4.998 fueron ocasionados por la fuerza pública. Esto quiere decir que un 25,8% de los homicidios ocurridos fueron por intervención estatal. En 2010, el porcentaje era apenas de 4.

El porcentaje de 25,8 en 2017 es  superior al de Brasil de 7,3, a pesar de contar con una población casi siete veces menor. 

Con base a datos del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MRIJP) y del Instituto Nacional de Estadística (INE), se concluye que la tasa de civiles muertos por agentes de los cuerpos de seguridad del Estado fue de 15,9 por cada 100.000 mil habitantes, la mayor de los cinco países evaluados: El Salvador (6,18), Brasil (2,3), Colombia (0,3) y México (0,3).

“Brasil, Venezuela, Colombia, El Salvador y México destacan por la militarización de sus policías, por una lógica bélica que impregna la seguridad ciudadana”, indicó Keymer Ávila, investigador del Instituto de Ciencias Penales, profesor de criminología de la Universidad Central de Venezuela y coautor del Monitor del Uso de Fuerza Letal.

Pese a que en Latinoamérica existen gobiernos con ideologías distintas, la represión está unida por un mismo hilo conductor. “Vemos en todos discursos oficiales que promueven este tipo de prácticas como una solución, las justificaciones de las muertes posteriores y la impunidad total”, dijo Ávila.

En Venezuela, el aumento de las muertes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado se acelera a partir del año 2013 y presenta grandes saltos en 2015 y 2016, lo que coincide con la implementación de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), en julio de 2015. 

En 2010, la tasa por cada 100.000 habitantes de casos de personas fallecidas por intervención de la fuerza pública era de 2,3, y en 2016 llegó a 19, es decir un incremento de 726%. El 60% de estas muertes ha ocurrido durante los últimos dos años de acuerdo a datos del MRIJP.

Runrunes y Monitor de Víctimas: referencia

El estudio realizado por el Monitor de Uso de la Fuerza Letal se concentra en el año 2017. Se emplearon fuentes oficiales provenientes de la misma policía y en los casos donde no hubo acceso a la información se usaron reportes de prensa, que incluyeron a medios digitales como Runrun.es.

Además se usaron datos de la ONG Provea y de Monitor de Víctimas -una plataforma periodística de recolección de datos de homicidios en Caracas-, que aportó 165 casos, (41%) de los asesinatos que ocurrieron en el área metropolitana de Caracas en 2017.

En total la base de datos realizada con información de prensa sumó 1.516 víctimas, que representan 30,33% de la cifra oficial de muertes en manos de la fuerza pública durante 2017, la cual fue de 4.998. 

De éstos 1.516 fallecidos, 1.497 (99%) fueron por armas de fuego accionadas por agentes durante la prestación del servicio.

77,34% de las 1.516 muertos fueron identificados de la siguiente manera: con apellido y nombre (68,7%), sólo nombre (0,46%), sólo apellido (0,13%), sólo apodo (8,05%). 

El perfil de la víctima es el siguiente: El 99% fueron hombres de una edad promedio 25 años. El 65% de las víctimas tenían entre 18 y 27 años de edad, un 7,4% no había cumplido los 18 años.

Guardia Nacional Bolivariana (GNB), policías estatales, municipales y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) aportaron aproximadamente la misma cantidad de víctimas (entre 18% y 20%).

65% de estos funcionarios no se encontraban en actos de servicio, 60% no estaba uniformado y 55% no estaba identificado como agente de seguridad del Estado. Apenas 12% de los casos sucedieron en el contexto de un enfrentamiento real. 

El CICPC no se encuentra entre los primeros lugares con mayor cantidad de funcionarios víctimas de homicidio (14%). 

En su último informe anual sobre el año 2017, Provea denunció un incremento de las violaciones al derecho a la vida de un 17,8%. Las violaciones del derecho a la integridad personal se incrementaron en un 411%.

“El año 2017 fue muy sui generis, el tema de las protestas hizo que la violencia institucional se trasladara de los barrios donde se hacen operativos policiales letales a control de manifestaciones, así como a detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, torturas y excesos policiales”, dijo Keymer Ávila.

La opacidad como norma

El Estado separa los homicidios de los casos tipificados como resistencia a la autoridad -que son aquellos cometidos por agentes de la fuerza pública- en sus registros. “Nosotros excluimos o separamos de los delitos de homicidio lo que llamamos la resistencia a la autoridad, porque la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, en su clasificación internacional, excluye la muerte por intervención legal, que significa muerte de un delincuente por agentes de seguridad”, manifestó el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol en una rueda de prensa ofrecida en diciembre de 2017.

Sin embargo, esto contradice los criterios que utiliza el propio MRIJP para recopilar sus datos de criminalidad, pues -aunque están separados- dentro de los nueve delitos que registra este despacho en sus estadísticas nacionales se incluye la resistencia a la autoridad. Es decir ellos mismos lo consideran un delito.

“Algo con que nos encontramos en esta investigación es la dificultad para conseguir información oficial y cuando la hallábamos no sabíamos si era fiable y de calidad”, dijo Keymer Ávila.

Más muertos que heridos 

Los indicadores intentan medir en qué grado se presentan patrones de uso excesivo de la fuerza letal.

Es posible que la fuerza letal haya sido elevada en respuesta a un ambiente violento.

Se espera un mayor número de víctimas fatales entre los que se enfrentan a los agentes de la ley por diversas razones: los policías suelen actuar en grupo, están entrenados y usan chaleco antibalas. 

Por otra parte, la existencia de armas de fuego entre los civiles es un factor para justificar el uso de la fuerza.

Entre los resultados de la investigación se tiene que por cada civil herido fallecen otros 16. A juicio de los investigadores esta cifra es preocupante porque aún en contextos bélicos lo que se espera es que el número de muertos no sobrepase al número de heridos.

“En los conflictos bélicos se espera que el número de heridos sea mayor al de fallecidos y por ende en situaciones de seguridad ciudadana no se debe esperar lo contrario. Paradójicamente encontramos en nuestros países que la cifra de muertos es superior al de heridos y esto es el principal indicativo de masacres”, dijo Ávila.

En 2017, el promedio de víctimas por intervención policial fue de 1,5 víctimas por caso.

Por otra parte, al analizar la relación entre muertos y heridos civiles con los ataques mortales que sufren los funcionarios, se constata una gran asimetría entre ambos: por cada funcionario fallecido pueden morir 26 civiles; por cada civil herido mueren 16 civiles y en contraste, por cada funcionario herido, fallecen tres funcionarios.

La investigación cierra con una serie de recomendaciones entre las que se encuentran: el cese de operativos policiales militarizados, suspender a cualquier funcionario sospechoso de participar en violaciones de derechos humanos, proteger a víctimas del uso de la fuerza letal, prohibir la práctica de detenciones arbitrarias y desmilitarizar la seguridad ciudadana.

“Si el Estado no condena este tipo de actuaciones las promueve. Peca por acción y omisión”. dijo Ávila.

La presentación del Monitor del Uso de la Fuerza Letal se llevó a cabo este jueves 29 de agosto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México.

“La idea es que esta sea la piedra fundacional de algo que debe crecer. Esperamos continuar con esta iniciativa que exista mayor apoyo institucional y que se sumen nuevos países”, dijo Ávila.

Según el artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el derecho a la vida es inviolable y el Estado “está obligado a proteger la vida de las personas que se encuentren privadas de libertad, prestando servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier forma”.

Comerse la luz, dar instrucciones erradas, violar los protocolos. Extrabajadores del sistema subterráneo cuentan qué pasó el sábado pasado y coinciden en que el reciente accidente tiene su raíz en la deficiente capacitación de los nuevos empleados

 

@loremelendez

 

FUE LA PRIMERA VEZ, en 42 años de historia, que ocurrió en una línea en funcionamiento y con pasajeros abordo. Pero no la primera que sucedió dentro del Metro de Caracas. El descarrilamiento del pasado sábado, 17 de agosto, es el tercer acontecimiento de esta naturaleza en los últimos cuatro meses en el sistema férreo que comunica a la capital venezolana. Los dos anteriores tuvieron lugar lugar en el Patio 2, en Las Adjuntas. Uno de estos, por cierto, se produjo la noche del 7 de agosto, justo cuando Diosdado Cabello picaba una torta por el aniversario del subterráneo en su programa de televisión.

Pero los motivos de los descarrilamientos que sucedieron en Las Adjuntas son distintos al del sábado pasado. Cuentan ex trabajadores y voceros del grupo Metro Comunidad que, mientras aquellos ocurrieron por fallas en las ruedas, el último se dio por una seguidilla de errores que se cometieron al momento de atender una emergencia. Se violaron los procedimientos que durante años habían sido sagrados y las consecuencias, además de los daños mecánicos, dejaron a una decena de usuarios del tren con heridas y desmayos.

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“Para nosotros esto no es sorpresa. Eso se debe a la poca capacitación, a la poca formación”, exclama Jhonny León, excontrolador de tráfico del sistema subterráneo y miembro de Metro Comunidad, quien recuerda que cuando entró a la compañía de trenes fue sometido a un riguroso proceso de selección que incluía exámenes y entrevistas psicológicas y psicotécnicas. Solo después de superar cada una, el candidato podía comenzar un curso intensivo de tres meses, que se tenía que aprobar con un mínimo de 80/100 puntos, y estar a prueba durante otros 30 días para poder ser empleado del Metro de Caracas. Hoy pone en duda el actual proceso de selección, que está totalmente en manos del sindicato chavista de la empresa, y la preparación de los nuevos trabajadores. El operador al que se le descarriló el tren el 17 de agosto llevaba solamente tres semanas en el cargo.

“Lo que nosotros no sabemos es si se le está evaluando correctamente a ese personal que está ingresando. ¿Estaba ese muchacho apto para el cargo de operador de trenes?, ¿se le dio el curso con la calidad que se debe dar para que el operador esté instruido para el cargo? Nadie sabe si ese muchacho ingresó de manera regular, si presentó exámenes, si fue evaluado y recibió un curso de calidad. Y no solo es él, son todos los ingresos”, sentencia Jesús Hernández, analista de operaciones jubilado del medio de transporte. 

 

El día que todo falló

 

1.-Rieles inundados y una sola vía

Aquella mañana de sábado se había activado una Vía Única Temporal (VUT) entre las estaciones de Los Dos Caminos y Palo Verde de la Línea 1 del Metro de Caracas. La VUT es un procedimiento de emergencia que se utiliza para que los trenes de la vía 1 (hacia Palo Verde) y 2 (hacia Propatria) pasen por una sola vía en lugar usar las dos.

El protocolo se ejecutó porque en la estación La California se inundaron los rieles que conducen en dirección a Palo Verde y esto provocó una “Falsa Ocupación de Vía”, alarma que se activa cuando los circuitos de baja intensidad de la vía se cortan al confundir las ruedas de los trenes con agua. La anegación ocurrió porque las bombas de achique, que se encargan de extraer el agua que se empoza durante las lluvias, no funcionan.

2.-Semáforo en rojo y “parada de emergencia” ignorada

Cerca de las 11:00 am, en la estación Los Dos Caminos había dos trenes estacionados a ambos lados del andén. Ante la inundación, el tren de la vía 2 que conduce hacia Palo Verde se devolvió en dirección Propatria. Este movimiento lo hizo a través de la “Zona de Maniobra” (ZM), ubicada entre las estaciones Los Dos Caminos y Miranda, en donde un cambiavías modifica el curso de los rieles y permite que se pase de una vía a otra.

Luego de que el tren de la vía 2 salió de la estación Los Dos Caminos, le tocaba avanzar al tren de la vía 1. Como el cambiavías no había modificado la dirección de sus agujas, el semáforo se mantenía en rojo, una señal que fue ignorada por el operador (conductor), quien siguió adelante con el subterráneo.  El avance con luz roja produjo una alarma de “parada de emergencia” en el tren, pero esta tampoco fue atendida por el operador, quien continuó su curso. 

3.-Roce del cambiavía y órdenes irregulares

El tercer error ocurrió cuando el tren llegó a la ZM, le pasó por encima al cambiavías, lo que produjo un sonido estruendoso que hizo que por fin el operador detuviera la máquina. Ante la situación, el conductor se comunicó con el Centro de Control de Operaciones (CCO), y vino la cuarta falta: desde allí se le ordenó que bajara del tren e inspeccionara la dirección de las agujas del cambiavías, algo imposible porque en el área no había iluminación y el subterráneo estaba encima de los rieles.

4.-Retroceso sin modificar cambiavías

Otro error: sin tener certeza de nada, el CCO encomendó al operador que se cambiara de cabina y pasara a la que está en la parte trasera del tren para que desde allí condujera de regreso hasta Los Dos Caminos.  Es en este momento cuando, debido a la orientación de las agujas del cambiavías, el primer vagón se descarrila porque iba en diagonal, mientras que el resto de la máquina iba en sentido recto. El segundo vagón impacta contra un muro de contención de la ZM, que evitó que el tren se volteara y el accidente tuviese peores consecuencias, y desprende una de las puertas. Los pasajeros, al no ser auxiliados, comenzaron a abrir las puertas y a caminar por los rieles hacia Los Dos Caminos.

 

Lo que debió suceder

 

1.-Atender el semáforo y cortar la energía

El procedimiento que debió seguirse requería, además de no ignorar la luz roja del semáforo y la “parada de emergencia”, que desde el CCO se cortara la energía dentro de la ZM para evitar que el tren continuara en movimiento y se pudieran desalojar los vagones.

2.-Revisión experta del cambiavías

Seguidamente, el CCO debió comunicarse con el operador de equipos que está en el Panel de Control Local (PCL, una especie de pequeño CCO ubicado en Los Dos Caminos para monitorear la ZM) a fin de que este revisara la orientación de las agujas del cambiavías. Pero en la estación no había nadie cumpliendo esa función.

3.-Corregir las agujas

Si el operador de equipo no lograba verificar cómo estaban las agujas del cambiavías, debía entonces llamar al personal de vía férrea que está en los patios y talleres del Metro de Caracas, para que este, por medio de un gato especial, elevara el vagón y corrigiera el sentido de la vía. Estos trabajadores, por cierto, actualmente tienen solo un vehículo para movilizarse a las estaciones de forma más rápida.

4.-Operador adicional para retroceder

Si se hacía la reversa de la máquina, esta debía ejecutarse con un operador adicional en la cabina trasera, con la idea de que el estrés y la presión no entorpecieran la labor del conductor que cometió la falta. 

León denuncia que el cúmulo de faltas sucede porque en el sistema hay carencias de todo tipo. “Para que un operador franquee la señal en rojo tiene que estar autorizado por CCO y por el personal en sitio, que esté en la zona, que te va a garantizar que tienes el correcto alineamiento de las agujas. Hoy en día eso no se está haciendo porque no hay operadores de equipo ni de vía férrea. No hay equipos, ni herramientas, ni personal”, reclama. 

Neptalí Pérez, operador de trenes jubilado, añade que ningún trabajador es capaz hoy de advertir el peligro o criticar alguna orden dada por sus superiores que no están en el lugar de la emergencia, tal como sucedió con el operador y las instrucciones que se giraron desde el CCO el sábado pasado. 

“Estos muchachos simplemente obedecen”, señala, porque de lo contrario los presionan y sacan de su área para cumplir labores administrativas mínimas que los empujen a abandonar su puesto de trabajo. Además, los asedia y persigue el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), cuerpo de seguridad que desde hace años vigila a aquellos que se salen de los rieles de la doctrina chavista.

“Si se quiere recuperar el Metro, lo que se tiene que hacer es recuperar el estatus del personal. Los trabajadores jamás habían sido tan maltratados. Un operador activo debe ganar unos 66 mil bolívares. Hay una cantidad de trabajadores críticos a quienes obligaron a irse y ese era el personal bien formado, el que garantizaba la operatividad segura del sistema, la eficiencia, el trato al usuario. Ese operador fue formado hace 10, 15 o 20 años. ¿Cómo le van a destruir la moral con un sueldo tan bajo?”, apunta Pérez.

“Un operador de trenes bien formado se niega a violar un procedimiento porque conoce las consecuencias. El mantra que teníamos los trabajadores del Metro de Caracas era: ‘Seguridad, eficiencia y confort’. Cuando ibas a prestar servicio, lo ideal era cumplir con los tres requisitos. Si ocurría una eventualidad, se sacrificaba el confort. Si luego de esto, el sistema tenía que operar de manera degradada, se sacrificaba la eficiencia, porque era preferible sacar los trenes tarde. Pero nunca sacrificábamos la seguridad”, recalca Hernández.