Investigación

Las instalaciones de la DGCIM de Boleíta han sido testigos de maltratos, torturas, presiones y muertes. Después del fallecimiento del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo el pasado 29 de junio, por presuntas torturas dentro de esas paredes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a la Dgcim

@fefamaya

RODEADA POR DOS CAFÉS, UN INVERNADERO, decenas de industrias a media máquina, una productora de proyectos audiovisuales y la sede de un canal de televisión del Estado se encuentra una de las instituciones que es conocida como uno de los centros de tortura a militares del gobierno de Nicolás Maduro.

El Cuartel General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Boleíta Norte está ubicada en la calle Vargas, la vía perpendicular que conecta la televisora Telesur (Transversal 2) y la Universidad Monteávila (calle Buen Pastor). Enfrente está, desde hace cinco años, el invernadero del restaurante Casa Bistró. Boleíta Norte es, eminentemente, una zona industrial al este de Caracas.

Una de las formas para acceder a la Dirección de Contrainteligencia es por la calle Buen Pastor, bajando de la Cota Mil. Al final de esa calle está la Universidad Monteávila. Esta entrada está cerrada por una barricada de sacos terreros negros, con cuatro o cinco filas de altura. Delante de ellos hay dos barricadas de alambres de púas que están sostenidos por barrotes de hierro. En la esquina derecha hay entre uno o dos funcionarios de Contrainteligencia. En otros accesos, como el cercano al canal Telesur, también hay barricadas y funcionarios. 

El anodino edificio, que bien podría pasar por una industria más, alberga historias de maltratos, torturas, presiones y muertes. Tantas, que después del fallecimiento del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo por presuntas torturas dentro de esas paredes, el pasado 29 de junio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a la Dgcim. “El arresto por motivos políticos y la muerte trágica del capitán Rafael Acosta fueron injustificadas e inaceptables”, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, a través de un comunicado difundido por el Departamento del Tesoro.

 Pero afuera, la cotidianidad transcurre al ritmo pasivo del miedo. Las calles que la rodean están perennemente custodiadas y los vecinos han tenido que adaptarse a transitar en el radio de acción de un cuerpo de seguridad en el que coinciden militares, espías, agentes e investigadores, algunos de los cuales han usado una “máscara de la muerte” en los operativos de la OLP. La zona, dicen varios lugareños consultados, es segura para quien no luzca problemático para la DGCIM.

“Son unos vecinos muy particulares. Para mí lo que más ha cambiado es el libre tránsito que solía tener la calle. Tienes que indicar a dónde vas sino no pasas”, aseguró Abenante. El chef ganador del Tenedor de Oro en 2009 explicó que la calle tiene dos accesos y que el superior es cerrado por funcionarios de la DGCIM a las 6:00 de la tarde. “El acceso de la Cota mil no se puede utilizar. Siempre tiene una barrera que limita el paso”, indicó el cocinero venezolano.

Abenante relató que el único inconveniente que ha tenido con sus vecinos fue durante una grabación del huerto -en el techo de un edificio- de Casa Bistró. “Estábamos realizando un video del huerto para una presentación gastronómica. La camarógrafa fue detenida, mientras que al resto del grupo le quitaron los equipos. Los oficiales indicaron que en esa zona no podían tomarse fotos. Queríamos hacer unas tomas de la parte de arriba del invernadero con un dron, pero no nos dieron permiso”, señaló el chef.

A pesar de eso, Abenante tiene su propia percepción de seguridad: “Personalmente, me siento más seguro con su presencia en la zona”.

Este no fue el caso de un estudiante de la Universidad Monteávila, quien pidió no revelar su identidad. El joven fue detenido durante las protestas de 2017 por tomar una foto de una protesta en la Cota Mil.

“Tuvimos una actividad de calle en la Cota Mil. No recuerdo la fecha exacta, fue a finales de mayo de 2017. En ese momento era parte del Movimiento Estudiantil. La DGCIM cerró las adyacencias a su sede. Yo tenía examen parcial ese día. Cuando estaba camino a la universidad, vi la Cota Mil trancada, tomé una foto desde el carro y la envié por un grupo de WhatsApp. Los oficiales me vieron y me detuvieron”, afirmó el alumno de la UMA.

Después de dos horas y de firmar un documento donde negaba haber sufrido algún daño, el estudiante fue liberado.

El ahora egresado de la universidad indicó que la presencia de alcabalas de la DGCIM comenzó a ser más evidente cuando iniciaron las protestas en 2017. “Yo empecé a estudiar en la Monteávila en 2014. Las alcabalas y el amedrentamiento en contra de los estudiantes empezó en 2017, en época de protestas”, afirmó.

El estudiante, al igual que Abenante, señaló en que la zona es bastante segura. Ambos opinan que es por la presencia del cuerpo de seguridad en la zona. 

 No hay registro exacto desde cuando la DGCIM empezó a operar en Boleíta Norte. Según un ex jefe de la sede, la DGCIM fue inaugurada durante el primer periodo presidencial de Carlos Andrés Pérez en 1974. Para el momento era conocida como Dirección de Inteligencia Militar (DIM). 

Durante 2018, la organización Provea registró 100 casos de torturas realizadas por cuerpos de seguridad del Estado. 75 de los casos fueron ejecutados por la DGCIM. Con un total de 12 casos, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) fue el segundo organismo del Estado en aplicar torturas dentro de sus centros de reclusión.

El caso del capitán Rafael Acosta Arévalo fue uno de los casos más recientes.  El periodista Nelson Bocaranda Sardi afirmó en un artículo de Los Runrunes de Bocaranda, que el día de su presentación en tribunales militares el Capitán presentaba incapacidad motora, no podía mover las manos, ni los pies. “Observaron muchas excoriaciones en los brazos, poca sensibilidad en las manos, los pies estaban extremadamente inflamados y las uñas con rastros de sangre y lesiones por golpes en el torso”, indicó.

Todo eso ocurrió a unos metros de un peculiar negocio que resume la frágil tranquilidad de la zona, puertas afuera del Cuartel General. Cada sábado, desde antes de las 6 de la mañana en una solitaria Boleíta Norte, clientes de un taller mecánico improvisado hacen cola para ser atendidos en plena calle, al aire libre. Una clienta relata la rutina inesperada: “Cada sábado van cerca de 20 carros. Los dueños se sientan en las aceras, algunos traen banquitos, todos custodiados a lo lejos por la DGCIM. Si uno llega antes de las 7 de la mañana la entrada directa a la calle está cerrada con barricadas. Después de que pasó lo del capitán Acosta Arévalo le pregunté al mecánico si estaban haciendo alcabalas, porque me daba miedo ser detenida por una de esas en las que revisan los teléfonos, pero él me dijo que no había ninguna y que allí nunca ha tenido problemas”. 

Hasta ahora son 30 los diputados en condición de clandestinidad, exilio o en embajadas de Caracas por allanamiento de su inmunidad por parte del TSJ

Primero Justicia ha perdido la mayoría dentro del Hemiciclo mientras que Acción Democrática toma el primer lugar

@Saracosco 

“EN VENEZUELA NICOLÁS MADURO DIO UN GOLPE DE ESTADO”, fueron las palabras que dijo Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional, el 30 de marzo de 2017, antes de romper la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) donde asumió las competencias del Poder Legislativo.

12 meses después de ese gesto teatral en los jardines del Palacio Federal Legislativo, Borges está en el exilio. Vive en Colombia junto con su familia. Salió del país, en principio para hacer una gira para buscar más apoyo internacional, pero luego el gobierno emitió una orden de captura en su contra por los hechos del 4 de agosto, cuando explotaron unos drones en un acto presidencial en la avenida Bolívar. Su historia es hoy la de varios de sus colegas y parecer ser la fase final de un proceso de persecución que comenzó hace cuatro años. 

Desde que la oposición ganara sorpresivamente la mayoría en las elecciones de la Asamblea Nacional (AN) en diciembre de 2015, el régimen de Nicolás Maduro ha intentando por distintas vías, reducir el Parlamento al punto de emitir sentencias a través del TSJ para allanar la inmunidad de los diputados. 

Uno de los momentos más convulsos fue durante ese mismo año 2017, cuando posterior a la sentencia se iniciaron una serie de protestas en distintas ciudades del país – especialmente en Caracas – donde Julio Borges como presidente de la Asamblea Nacional y coordinador de Primero Justicia, cobraron mayor importancia. 

Primero Justicia fue el partido que obtuvo mayor cantidad de curules dentro del Hemiciclo en las elecciones legislativas, lo que les permitió tener la presidencia de la Comisión de Finanzas, con José Guerra – ese mismo año 2017- Medios de Comunicación con Jony Rahal y Desarrollo Social, primero con Juan Requesens y luego con Miguel Pizarro. 

Pero al mismo tiempo de ser la mayoría dentro de la oposición – conformada en ese momento en la Mesa de la Unidad Democrática- también ha llevado a que sea el partido político con mayor cantidad de perseguidos por el régimen de Maduro. 

En una base de datos hecha por el equipo de Runrun.es se determinó que un 34% de los parlamentarios de la tolda de Primero Justicia – que son 32 en total- están en el exilio, clandestinidad o presos, como es el caso de Juan Requesens.

En este caso el quórum sigue garantizado gracias a los suplentes, que son en su mayoría de Voluntad Popular, que también ha sufrido bajas por las sentencias del TSJ. Del total de diputados de la tolda naranja – 16  parlamentarios en total – un 31% ha tenido que salir del Palacio Federal Legislativo para irse a otro país como exiliado o igualmente esconderse dentro del país. Lo que se traduce en que es el segundo partido político con mayor cantidad de persecuciones. 

Primero Justicia es el que se ha visto más afectado en este caso y la correlación de fuerza partidista ha sufrido cambios. Ahora la mayoría de diputados – según el partido político – lo tiene Acción Democrática que cuenta con 24 parlamentarios actualmente en las sesiones.

Pero el partido blanco no ha escapado de las sentencias del TSJ y actualmente cuenta con 3 diputados menos, entre ellos el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, quien se encuentra en la cárcel – en Fuerte Tiuna – desde el 8 de mayo, acusado de traición a la patria luego de participar en los hechos del 30 de abril. 

Igualmente a Henry Ramos Allup, expresidente del Parlamento, le allanaron la inmunidad parlamentaria y aunque no se encuentra en situación de clandestinidad, exilio o en alguna embajada, ha decidido no asistir a las sesiones por seguridad. 

El presidente encargado de Venezuela y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó – quien pertenece a Voluntad Popular – también tiene su inmunidad allanada desde principios de abril de este año. A pesar de eso sigue en el ejercicio de sus funciones y asiste a las sesiones del Parlamento, además de recorrer cada fin de semana alguna ciudad de Venezuela. 

Guaidó asumió la presidencia de la Asamblea Nacional el 5 de enero – como lo indica la Constitución – y luego asumió la presidencia encargada del país el 23 de enero, apalancado en la legitimidad de la Asamblea Nacional que actualmente es el único poder de Venezuela con reconocimiento a nivel internacional, con el apoyo de al menos 60 países. 

Vaciando curules

En esta nueva estrategia del régimen de Maduro de allanar la inmunidad parlamentaria sin pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional- como lo establece el artículo 200 de la Constitución- los suplentes también se han visto afectados. En este caso la mayoría son de Voluntad Popular.

De las tres curules vacías que hay actualmente dos están conformadas por diputados de la tolda naranja.

Sergio Vergara y Freddy Guevara pertenecen a Voluntad Popular – Vergara en clandestinidad y Guevara en la embajada de Chile. Sus suplentes, Rosmit Mantilla – preso político desde 2014 hasta 2016- y Juan Andrés Mejía también son de VP y actualmente se encuentran en Francia y Argentina, respectivamente.

La tercera curul vacía se divide entre AD con el caso de Henry Ramos Allup y Primero Justicia con el suplente Ramón López, que – como indica el Informe sobre la Situación de los Diputados de la AN- salió del país luego de recibir amenazas por parte de Diosdado Cabello en la ANC, por denunciar ante distintos organismos el caso del parlamentario Juan Requesens.

Aunque por el momento el TSJ no ha publicado alguna nueva sentencia sobre los diputados de la Asamblea Nacional, otras dos curules corren el riesgo de quedarse vacías ante la mención del presidente de la ANC, Diosdado Cabello y de Freddy Bernal, actual protector del estado Táchira.

El suplente Renzo Prieto ha tenido que asumir la curul de su principal, Gaby Arellano, quien se encuentra en el exilio desde el año pasado luego de que el TSJ emitiera una orden de captura en su contra.

Prieto denunció en julio de este año haber recibido amenazas de muerte y además Cabello presentó un video, en su programa Con El Mazo Dando, donde se le acusa de haber contratado a una persona para asesinar a Freddy Bernal y Valentín Santana.

Igualmente el diputado Franklyn Duarte – suplente de Laidy Gómez, actual gobernadora del Táchira- ha sido acusado por Freddy Bernal de promover la persecución de venezolanos en el exterior e incitar a la xenofobia.

El llamado protector del Táchira solicitó al fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, iniciar una investigación en contra del parlamentario. Hasta el momento no ha habido decisión al respecto, pero de decidir allanar su inmunidad podría ser otra curul vacía dentro del Parlamento.

Jugando en unidad

Aunque la correlación de fuerzas dentro de la Asamblea Nacional ha cambiado por la persecución del TSJ, el presidente encargado, Juan Guaidó ha buscado apoyo de los parlamentarios que han tenido que salir del país para afianzar su gabinete de Gobierno.

Tal es el caso de Julio Borges – coordinador de Primero Justicia- nombrado en un principio como representante diplomático ante el Grupo de Lima y ahora como Comisionado Presidencial para las Relaciones Exteriores.

Del mismo partido, están dentro del Gabinete de Guaidó, Miguel Pizarro y José Guerra – ambos en el exilio – como presidente de la Comisión Especial para el seguimiento de la Ayuda Humanitaria y vicepresidente de la Comisión Especial del Plan País.

Igualmente el partido Acción Democrática con Henry Ramos Allup lideró un acto en Maracay el pasado fin de semana, donde también estuvo el presidente del Parlamento, Juan Guaidó. 

En el mitin, Ramos Allup aseguró que la “artillería adeca debe organizarse para llevar con éxito las políticas anunciadas por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó”. 

Mientras que Guaidó elogió la labor partidista de AD y que “el respeto que se deber tener a las instituciones es la fortaleza de los contrapeso al poder para preservar la democracia, y si alguien lo enseñó sin duda es un partido histórico como Acción Democrática”.

También una parte de lo partidos minoritarios dentro de la Asamblea Nacional decidieron darle respaldo a la presidencia de Juan Guaidó para que continúe en el cargo hasta que logre el cese de la usurpación. En 2015 los partidos políticos que conformaban la MUD, habían firmado un acuerdo en el que se establecía qué partido tomaría la presidencia año tras año.

En 2020 – último año legislativo antes de las elecciones – el turno le corresponde a estos partidos, pero el viernes 6 de septiembre, ofrecieron una rueda de prensa en la sede del partido Voluntad Popular en la que dejaron claro que “nuestro país merece que todos pongamos a Venezuela por encima de cualquier aspiración personal. Éste es el momento en el que debemos dejar nuestros proyectos particulares a un lado para poner por delante el interés nacional”.

El gobierno de Colombia tiene la presunción de que el video de Iván Márquez junto a otros ex guerrilleros fue grabado en Venezuela

Analistas consideran que podrían aumentar las sanciones contra el país de comprobarse que el régimen de Maduro apoya a estos grupos

Sarai Coscojuela y Francisco Zambrano

A finales de julio el presidente Nicolás Maduro aseguró, que tanto Iván Márquez como Jesús Santrich, miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), eran bienvenidos a Venezuela. 

“Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir, son los dos líderes de paz, y Timochenko y Catatumbo y las FARC es bienvenida a Venezuela cuando quiera venir porque son líderes de paz”, expresó Maduro en el marco del Foro de Sao Paulo celebrado en el mes pasado en Caracas. 

Con estas declaraciones, más la relación histórica entre los gobiernos del fallecido presidente Hugo Chávez y las FARC, y las denuncias constantes sobre la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos irregulares en territorio venezolano (específicamente en zonas de extracción minera), hacen que Venezuela se vuelva el centro de atención.

El mismo día de la publicación del video de las FARC, el presidente de Colombia, Iván Duque responsabilizó a Maduro de resguardar y apoyar a estos disidentes en territorio venezolano. Igualmente Miguel Ceballos, Alto Comisionado de Paz del país andino, declaró que el video probablemente fue grabado en Venezuela y con el apoyo del ELN. 

Pero el canciller venezolano, Jorge Arreaza emitió un comunicado, este viernes 30 de agosto, en el que expresa preocupación por la reaparición de las FARC, aunque acusan al gobierno de Iván Duque de provocarlos. 

Además Arreaza recriminó que Duque haya asegurado que este grupo junto al ELN se encuentre en territorio venezolano. Consideran que es un acto “deleznable, pretender desplazar hacia terceros países y terceras personas, su exclusiva responsabilidad en el planificado desmontaje del proceso de paz”.

Ante esta situación y el señalamiento contra el régimen de Maduro de cooperar con estos grupos irregulares. ¿Qué puede implicar para Venezuela el regreso de las FARC?

El internacionalista y director de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCV, Luis Daniel Álvarez, aclara que el grupo que se manifestó en el video de las FARC es “bastante minoritario”. Rescata el hecho de que personajes como Timochenko – quien fue el último comandante en jefe de las FARC antes de iniciar el proceso de paz en 2012- hayan rechazado el regreso a las armas de Iván Márquez y Jesús Santrich.

Pero la aparición de esta disidencia puede provocar que Colombia tenga que dispersar los recursos y esfuerzos que venía haciendo sobre Venezuela, como explica Alberto Ray, consultor en estrategias para gestión de riesgos de seguridad.

“Ahora tienen que destinar recursos para cuidarse de un grupo armado que va a estar operando dentro de su territorio y que tienen libertad de movimiento en las fronteras hacia Venezuela”, agrega Ray.

¿Cómo puede responder la comunidad internacional?

Ray señala que se podrán ver algunas acciones en los próximos días, más cuando Estados Unidos tiene interés en sacar a Nicolás Maduro del poder, pero por vías donde no han tenido éxito. “De no actuar con premura el problema se hace más complicado de resolver”, indica.

Mientras el profesor Álvarez considera que de comprobarse que hay una unión militar y logística por parte del régimen de Maduro, puede representar un quiebre “bastante fuerte” entre la comunidad internacional y Venezuela.

No contempla que haya una respuesta bélica pero sí un aumento en las sanciones. “De comprobarse que los uniformes que utilizaron son venezolanos, que el video se grabó en Venezuela y que operan y campean libremente por zonas, que no son ni siquiera frontera con Colombia, eso es más grave todavía”.

Ahí el aislamiento sobre Venezuela podría aumentar. El Estado sería señalado, no solo de atentar contra sus ciudadanos, sino de promover el terrorismo, explica Luis Daniel Álvarez.

Alberto Ray agrega que Venezuela es promotor de la violencia armada de las FARC. “Si se resuelve el tema venezolano y se cortan las conexiones con Cuba, se puede resolver el asunto colombiano. De lo contrario no será posible”.

¿Se pueden ver afectados los venezolanos que salen por la frontera con Colombia?

Para Ray las FARC retoman las armas gracias al apoyo que le ha dado el gobierno venezolano a través de grupos de izquierda y de negocios ilícitos y empleando una plataforma de delincuencia internacional.

Uno de los negocios que ha prosperado con la crisis venezolana y el antiguo cierre de fronteras, es el de las trochas, donde los venezolanos deben pagar a grupos irregulares para poder pasar a Colombia a través de ríos, quebradas u otras zonas. 

Luis Daniel Álvarez considera que los ciudadanos que traten de salir se podrán ver afectados si Colombia cierra la frontera ante el temor de no saber quién pasa de un lado a otro. 

De llegar a tomar esa decisión pueden reaparecer esos mecanismos, “donde prácticamente existe un Estado paralelo. Grupos que controlan abiertamente esos lugares, tienen tarifas y mecanismos de seguridad”, agrega Álvarez. 

El otro riesgo es el del “reclutamiento”, como lo advirtió el embajador de Venezuela ante Estados Unidos, Carlos Vecchio. “La amenaza de las ex FARC es una amenaza a Venezuela, ya que afecta aún más a los venezolanos que se ven obligados a salir del país. Muchos de ellos son reclutados por esos grupos terroristas bajo amenaza”.

Durante 2017, 4.998 personas murieron a manos de miembros de cuerpos de seguridad del Estado en el país, el 25,8% de los homicidios cometidos en general, según la investigación Monitor del Uso de la Fuerza Letal en América Latina: Un estudio comparativo de Brasil, Colombia, El Salvador, México y Venezuela

El estudio recogió cifras e historias emanadas de Monitor de Víctimas y Runrun.es 

@franzambranor

UN ESTUDIO COMPARATIVO DE BRASIL, Colombia, El Salvador, México y Venezuela realizado por el Monitor del uso de la fuerza letal en América Latina arrojó que más de un cuarto de los homicidios ocurridos en 2017 en Venezuela se produjeron debido a la intervención de los agentes de seguridad del Estado.

La investigación elaborada por profesionales de la Universidad Central de Venezuela, el Laboratorio de Análisis de Violencia de Brasil, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, el Centro de Investigación y Docencia Económica de México y la Fundación Ideas para la Paz de Colombia – entre quienes destacan el investigador Ignacio Cano y la experta en derecho, Catalina Pérez Correa González – evidenció que según cifras oficiales, en Venezuela durante 2017 fallecieron a manos de las fuerzas de seguridad del Estado un promedio 14 personas diarias. 

Las cifras de 2017 indican que uno de cada cuatro homicidios ocurridos en Venezuela fue consecuencia de la intervención de funcionarios del gobierno.

En 2017 se produjeron 19.387 homicidios en Venezuela, de los cuales se informó oficialmente que 4.998 fueron ocasionados por la fuerza pública. Esto quiere decir que un 25,8% de los homicidios ocurridos fueron por intervención estatal. En 2010, el porcentaje era apenas de 4.

El porcentaje de 25,8 en 2017 es  superior al de Brasil de 7,3, a pesar de contar con una población casi siete veces menor. 

Con base a datos del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MRIJP) y del Instituto Nacional de Estadística (INE), se concluye que la tasa de civiles muertos por agentes de los cuerpos de seguridad del Estado fue de 15,9 por cada 100.000 mil habitantes, la mayor de los cinco países evaluados: El Salvador (6,18), Brasil (2,3), Colombia (0,3) y México (0,3).

“Brasil, Venezuela, Colombia, El Salvador y México destacan por la militarización de sus policías, por una lógica bélica que impregna la seguridad ciudadana”, indicó Keymer Ávila, investigador del Instituto de Ciencias Penales, profesor de criminología de la Universidad Central de Venezuela y coautor del Monitor del Uso de Fuerza Letal.

Pese a que en Latinoamérica existen gobiernos con ideologías distintas, la represión está unida por un mismo hilo conductor. “Vemos en todos discursos oficiales que promueven este tipo de prácticas como una solución, las justificaciones de las muertes posteriores y la impunidad total”, dijo Ávila.

En Venezuela, el aumento de las muertes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado se acelera a partir del año 2013 y presenta grandes saltos en 2015 y 2016, lo que coincide con la implementación de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), en julio de 2015. 

En 2010, la tasa por cada 100.000 habitantes de casos de personas fallecidas por intervención de la fuerza pública era de 2,3, y en 2016 llegó a 19, es decir un incremento de 726%. El 60% de estas muertes ha ocurrido durante los últimos dos años de acuerdo a datos del MRIJP.

Runrunes y Monitor de Víctimas: referencia

El estudio realizado por el Monitor de Uso de la Fuerza Letal se concentra en el año 2017. Se emplearon fuentes oficiales provenientes de la misma policía y en los casos donde no hubo acceso a la información se usaron reportes de prensa, que incluyeron a medios digitales como Runrun.es.

Además se usaron datos de la ONG Provea y de Monitor de Víctimas -una plataforma periodística de recolección de datos de homicidios en Caracas-, que aportó 165 casos, (41%) de los asesinatos que ocurrieron en el área metropolitana de Caracas en 2017.

En total la base de datos realizada con información de prensa sumó 1.516 víctimas, que representan 30,33% de la cifra oficial de muertes en manos de la fuerza pública durante 2017, la cual fue de 4.998. 

De éstos 1.516 fallecidos, 1.497 (99%) fueron por armas de fuego accionadas por agentes durante la prestación del servicio.

77,34% de las 1.516 muertos fueron identificados de la siguiente manera: con apellido y nombre (68,7%), sólo nombre (0,46%), sólo apellido (0,13%), sólo apodo (8,05%). 

El perfil de la víctima es el siguiente: El 99% fueron hombres de una edad promedio 25 años. El 65% de las víctimas tenían entre 18 y 27 años de edad, un 7,4% no había cumplido los 18 años.

Guardia Nacional Bolivariana (GNB), policías estatales, municipales y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) aportaron aproximadamente la misma cantidad de víctimas (entre 18% y 20%).

65% de estos funcionarios no se encontraban en actos de servicio, 60% no estaba uniformado y 55% no estaba identificado como agente de seguridad del Estado. Apenas 12% de los casos sucedieron en el contexto de un enfrentamiento real. 

El CICPC no se encuentra entre los primeros lugares con mayor cantidad de funcionarios víctimas de homicidio (14%). 

En su último informe anual sobre el año 2017, Provea denunció un incremento de las violaciones al derecho a la vida de un 17,8%. Las violaciones del derecho a la integridad personal se incrementaron en un 411%.

“El año 2017 fue muy sui generis, el tema de las protestas hizo que la violencia institucional se trasladara de los barrios donde se hacen operativos policiales letales a control de manifestaciones, así como a detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, torturas y excesos policiales”, dijo Keymer Ávila.

La opacidad como norma

El Estado separa los homicidios de los casos tipificados como resistencia a la autoridad -que son aquellos cometidos por agentes de la fuerza pública- en sus registros. “Nosotros excluimos o separamos de los delitos de homicidio lo que llamamos la resistencia a la autoridad, porque la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, en su clasificación internacional, excluye la muerte por intervención legal, que significa muerte de un delincuente por agentes de seguridad”, manifestó el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol en una rueda de prensa ofrecida en diciembre de 2017.

Sin embargo, esto contradice los criterios que utiliza el propio MRIJP para recopilar sus datos de criminalidad, pues -aunque están separados- dentro de los nueve delitos que registra este despacho en sus estadísticas nacionales se incluye la resistencia a la autoridad. Es decir ellos mismos lo consideran un delito.

“Algo con que nos encontramos en esta investigación es la dificultad para conseguir información oficial y cuando la hallábamos no sabíamos si era fiable y de calidad”, dijo Keymer Ávila.

Más muertos que heridos 

Los indicadores intentan medir en qué grado se presentan patrones de uso excesivo de la fuerza letal.

Es posible que la fuerza letal haya sido elevada en respuesta a un ambiente violento.

Se espera un mayor número de víctimas fatales entre los que se enfrentan a los agentes de la ley por diversas razones: los policías suelen actuar en grupo, están entrenados y usan chaleco antibalas. 

Por otra parte, la existencia de armas de fuego entre los civiles es un factor para justificar el uso de la fuerza.

Entre los resultados de la investigación se tiene que por cada civil herido fallecen otros 16. A juicio de los investigadores esta cifra es preocupante porque aún en contextos bélicos lo que se espera es que el número de muertos no sobrepase al número de heridos.

“En los conflictos bélicos se espera que el número de heridos sea mayor al de fallecidos y por ende en situaciones de seguridad ciudadana no se debe esperar lo contrario. Paradójicamente encontramos en nuestros países que la cifra de muertos es superior al de heridos y esto es el principal indicativo de masacres”, dijo Ávila.

En 2017, el promedio de víctimas por intervención policial fue de 1,5 víctimas por caso.

Por otra parte, al analizar la relación entre muertos y heridos civiles con los ataques mortales que sufren los funcionarios, se constata una gran asimetría entre ambos: por cada funcionario fallecido pueden morir 26 civiles; por cada civil herido mueren 16 civiles y en contraste, por cada funcionario herido, fallecen tres funcionarios.

La investigación cierra con una serie de recomendaciones entre las que se encuentran: el cese de operativos policiales militarizados, suspender a cualquier funcionario sospechoso de participar en violaciones de derechos humanos, proteger a víctimas del uso de la fuerza letal, prohibir la práctica de detenciones arbitrarias y desmilitarizar la seguridad ciudadana.

“Si el Estado no condena este tipo de actuaciones las promueve. Peca por acción y omisión”. dijo Ávila.

La presentación del Monitor del Uso de la Fuerza Letal se llevó a cabo este jueves 29 de agosto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México.

“La idea es que esta sea la piedra fundacional de algo que debe crecer. Esperamos continuar con esta iniciativa que exista mayor apoyo institucional y que se sumen nuevos países”, dijo Ávila.

Según el artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el derecho a la vida es inviolable y el Estado “está obligado a proteger la vida de las personas que se encuentren privadas de libertad, prestando servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier forma”.

Comerse la luz, dar instrucciones erradas, violar los protocolos. Extrabajadores del sistema subterráneo cuentan qué pasó el sábado pasado y coinciden en que el reciente accidente tiene su raíz en la deficiente capacitación de los nuevos empleados

@loremelendez

FUE LA PRIMERA VEZ, en 42 años de historia, que ocurrió en una línea en funcionamiento y con pasajeros abordo. Pero no la primera que sucedió dentro del Metro de Caracas. El descarrilamiento del pasado sábado, 17 de agosto, es el tercer acontecimiento de esta naturaleza en los últimos cuatro meses en el sistema férreo que comunica a la capital venezolana. Los dos anteriores tuvieron lugar lugar en el Patio 2, en Las Adjuntas. Uno de estos, por cierto, se produjo la noche del 7 de agosto, justo cuando Diosdado Cabello picaba una torta por el aniversario del subterráneo en su programa de televisión.

Pero los motivos de los descarrilamientos que sucedieron en Las Adjuntas son distintos al del sábado pasado. Cuentan ex trabajadores y voceros del grupo Metro Comunidad que, mientras aquellos ocurrieron por fallas en las ruedas, el último se dio por una seguidilla de errores que se cometieron al momento de atender una emergencia. Se violaron los procedimientos que durante años habían sido sagrados y las consecuencias, además de los daños mecánicos, dejaron a una decena de usuarios del tren con heridas y desmayos.

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“Para nosotros esto no es sorpresa. Eso se debe a la poca capacitación, a la poca formación”, exclama Jhonny León, excontrolador de tráfico del sistema subterráneo y miembro de Metro Comunidad, quien recuerda que cuando entró a la compañía de trenes fue sometido a un riguroso proceso de selección que incluía exámenes y entrevistas psicológicas y psicotécnicas. Solo después de superar cada una, el candidato podía comenzar un curso intensivo de tres meses, que se tenía que aprobar con un mínimo de 80/100 puntos, y estar a prueba durante otros 30 días para poder ser empleado del Metro de Caracas. Hoy pone en duda el actual proceso de selección, que está totalmente en manos del sindicato chavista de la empresa, y la preparación de los nuevos trabajadores. El operador al que se le descarriló el tren el 17 de agosto llevaba solamente tres semanas en el cargo.

“Lo que nosotros no sabemos es si se le está evaluando correctamente a ese personal que está ingresando. ¿Estaba ese muchacho apto para el cargo de operador de trenes?, ¿se le dio el curso con la calidad que se debe dar para que el operador esté instruido para el cargo? Nadie sabe si ese muchacho ingresó de manera regular, si presentó exámenes, si fue evaluado y recibió un curso de calidad. Y no solo es él, son todos los ingresos”, sentencia Jesús Hernández, analista de operaciones jubilado del medio de transporte. 

El día que todo falló

1.-Rieles inundados y una sola vía

Aquella mañana de sábado se había activado una Vía Única Temporal (VUT) entre las estaciones de Los Dos Caminos y Palo Verde de la Línea 1 del Metro de Caracas. La VUT es un procedimiento de emergencia que se utiliza para que los trenes de la vía 1 (hacia Palo Verde) y 2 (hacia Propatria) pasen por una sola vía en lugar usar las dos.

El protocolo se ejecutó porque en la estación La California se inundaron los rieles que conducen en dirección a Palo Verde y esto provocó una “Falsa Ocupación de Vía”, alarma que se activa cuando los circuitos de baja intensidad de la vía se cortan al confundir las ruedas de los trenes con agua. La anegación ocurrió porque las bombas de achique, que se encargan de extraer el agua que se empoza durante las lluvias, no funcionan.

2.-Semáforo en rojo y “parada de emergencia” ignorada

Cerca de las 11:00 am, en la estación Los Dos Caminos había dos trenes estacionados a ambos lados del andén. Ante la inundación, el tren de la vía 2 que conduce hacia Palo Verde se devolvió en dirección Propatria. Este movimiento lo hizo a través de la “Zona de Maniobra” (ZM), ubicada entre las estaciones Los Dos Caminos y Miranda, en donde un cambiavías modifica el curso de los rieles y permite que se pase de una vía a otra.

Luego de que el tren de la vía 2 salió de la estación Los Dos Caminos, le tocaba avanzar al tren de la vía 1. Como el cambiavías no había modificado la dirección de sus agujas, el semáforo se mantenía en rojo, una señal que fue ignorada por el operador (conductor), quien siguió adelante con el subterráneo.  El avance con luz roja produjo una alarma de “parada de emergencia” en el tren, pero esta tampoco fue atendida por el operador, quien continuó su curso. 

3.-Roce del cambiavía y órdenes irregulares

El tercer error ocurrió cuando el tren llegó a la ZM, le pasó por encima al cambiavías, lo que produjo un sonido estruendoso que hizo que por fin el operador detuviera la máquina. Ante la situación, el conductor se comunicó con el Centro de Control de Operaciones (CCO), y vino la cuarta falta: desde allí se le ordenó que bajara del tren e inspeccionara la dirección de las agujas del cambiavías, algo imposible porque en el área no había iluminación y el subterráneo estaba encima de los rieles.

4.-Retroceso sin modificar cambiavías

Otro error: sin tener certeza de nada, el CCO encomendó al operador que se cambiara de cabina y pasara a la que está en la parte trasera del tren para que desde allí condujera de regreso hasta Los Dos Caminos.  Es en este momento cuando, debido a la orientación de las agujas del cambiavías, el primer vagón se descarrila porque iba en diagonal, mientras que el resto de la máquina iba en sentido recto. El segundo vagón impacta contra un muro de contención de la ZM, que evitó que el tren se volteara y el accidente tuviese peores consecuencias, y desprende una de las puertas. Los pasajeros, al no ser auxiliados, comenzaron a abrir las puertas y a caminar por los rieles hacia Los Dos Caminos.

Lo que debió suceder

1.-Atender el semáforo y cortar la energía

El procedimiento que debió seguirse requería, además de no ignorar la luz roja del semáforo y la “parada de emergencia”, que desde el CCO se cortara la energía dentro de la ZM para evitar que el tren continuara en movimiento y se pudieran desalojar los vagones.

2.-Revisión experta del cambiavías

Seguidamente, el CCO debió comunicarse con el operador de equipos que está en el Panel de Control Local (PCL, una especie de pequeño CCO ubicado en Los Dos Caminos para monitorear la ZM) a fin de que este revisara la orientación de las agujas del cambiavías. Pero en la estación no había nadie cumpliendo esa función.

3.-Corregir las agujas

Si el operador de equipo no lograba verificar cómo estaban las agujas del cambiavías, debía entonces llamar al personal de vía férrea que está en los patios y talleres del Metro de Caracas, para que este, por medio de un gato especial, elevara el vagón y corrigiera el sentido de la vía. Estos trabajadores, por cierto, actualmente tienen solo un vehículo para movilizarse a las estaciones de forma más rápida.

4.-Operador adicional para retroceder

Si se hacía la reversa de la máquina, esta debía ejecutarse con un operador adicional en la cabina trasera, con la idea de que el estrés y la presión no entorpecieran la labor del conductor que cometió la falta. 

León denuncia que el cúmulo de faltas sucede porque en el sistema hay carencias de todo tipo. “Para que un operador franquee la señal en rojo tiene que estar autorizado por CCO y por el personal en sitio, que esté en la zona, que te va a garantizar que tienes el correcto alineamiento de las agujas. Hoy en día eso no se está haciendo porque no hay operadores de equipo ni de vía férrea. No hay equipos, ni herramientas, ni personal”, reclama. 

Neptalí Pérez, operador de trenes jubilado, añade que ningún trabajador es capaz hoy de advertir el peligro o criticar alguna orden dada por sus superiores que no están en el lugar de la emergencia, tal como sucedió con el operador y las instrucciones que se giraron desde el CCO el sábado pasado. 

“Estos muchachos simplemente obedecen”, señala, porque de lo contrario los presionan y sacan de su área para cumplir labores administrativas mínimas que los empujen a abandonar su puesto de trabajo. Además, los asedia y persigue el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), cuerpo de seguridad que desde hace años vigila a aquellos que se salen de los rieles de la doctrina chavista.

“Si se quiere recuperar el Metro, lo que se tiene que hacer es recuperar el estatus del personal. Los trabajadores jamás habían sido tan maltratados. Un operador activo debe ganar unos 66 mil bolívares. Hay una cantidad de trabajadores críticos a quienes obligaron a irse y ese era el personal bien formado, el que garantizaba la operatividad segura del sistema, la eficiencia, el trato al usuario. Ese operador fue formado hace 10, 15 o 20 años. ¿Cómo le van a destruir la moral con un sueldo tan bajo?”, apunta Pérez.

“Un operador de trenes bien formado se niega a violar un procedimiento porque conoce las consecuencias. El mantra que teníamos los trabajadores del Metro de Caracas era: ‘Seguridad, eficiencia y confort’. Cuando ibas a prestar servicio, lo ideal era cumplir con los tres requisitos. Si ocurría una eventualidad, se sacrificaba el confort. Si luego de esto, el sistema tenía que operar de manera degradada, se sacrificaba la eficiencia, porque era preferible sacar los trenes tarde. Pero nunca sacrificábamos la seguridad”, recalca Hernández.

Vilma Monroy fue testigo del descarrilamiento del Metro de Caracas el día sábado, 17 de agosto y asegura que fue una experiencia traumática

El tren que se quedó en el túnel entre Los Dos Caminos y Miranda estaba abarrotado y no tenía aire acondicionado, lo que provocó la desesperación de los usuarios

@Saracosco

“AGARRE EL METRO EN LA ESTACIÓN Los Cortijos e iba para Miranda. Pero ya el Metro tenía retraso y el tren que iba dirección Palo Verde estaba en el riel de Propatria. Es decir, iba a contravía en el andén contrario al que le corresponde. Entonces una miliciana que estaba ahí me dijo: ‘Móntese, señora, que viene el tren con mucho retraso’.

“Yo me fui en dirección Palo Verde para regresarme y en Petare eso se abarrotó de gente; se montó un gentío loco y nos faltaba aire porque no había aire acondicionado en el tren. 

“El tren venía sin aire, con retraso y por el riel que no le correspondía. Cuando llegó a Los Dos Caminos hacia Miranda empezó a sonar raro. Se adelantó un poco y ahí mismo retrocedió y se escuchó como una explosión. Nos asustamos porque fue como que el Metro cayó del riel al suelo. 

“Yo estaba en el vagón que se dislocó. En la parte que parece como un acordeón, que es la división de los vagones, un lado agarró hacia la izquierda y otro hacia la derecha. Yo iba sentada en los asientos azules para adultos mayores. Todos los que iban de pie nos cayeron encima.

“En ese momento todo el mundo empezó a gritar. La gente estaba desesperada porque no había aire acondicionado. Las ventanas y las puertas estaban cerradas. Yo no sé cuánto tiempo pasó, pero para mí fue una eternidad porque no podíamos respirar y la gente, como loca, quería romper los vidrios.

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“Luego empezó a hablar un operador pero no se oía bien porque todo el mundo estaba gritando. Al poco tiempo apareció un muchacho y nos dijo que en la tercera puerta había una manilla roja y con eso podíamos abrir la puerta. No sé si él era operador o trabajador del Metro.

“Como pudieron abrieron esa puerta y organizaron el desalojo de todos los que íbamos en ese tren. Primero las mujeres con niños – los que se habían desmayado pasaron primero también- y de último los hombres, que se quedaron en la puerta y nos iban ayudando a pasar, porque de la puerta a la pared del túnel había una distancia y teníamos que levantar bien el pie para poder pasar y caminar por el túnel, en una parte alta. 

“En esa parte alta, que era como un muro, caminamos hasta el principio del tren, donde estaba el chofer. El túnel no estaba tan oscuro porque el tren seguía con las luces prendidas y, de todas maneras, había mucha gente con sus teléfonos y ponían la linterna. 

“En el trayecto por el túnel había como unas barandas. Teníamos que subir la pierna y pasarlas para poder seguir. La respiración en el túnel era muy dificultosa, porque no había suficiente aire. 

“Luego me conseguí con un operador del metro que casualmente es esposo de mi sobrina y me dijo: ‘Quédate tranquilita que ya te faltan como 20 metros’. En efecto, caminé un poquito más y ya salimos a la estación de Los Dos Caminos.

“Fue una experiencia horrible y no se la deseo a nadie. Había un señor en silla de ruedas, yo lo vi dentro del túnel, pero no sé cómo hicieron para pasarlo por las barandas. También había una señora con un bebé recién nacido, a ella le dimos paso para que saliera primero. 

“Yo salí con toda la ropa sucia, las manos, los brazos y la cara negros. No sé si hubo heridos, porque no me quedé, solo quería llegar a la casa para cambiarme de ropa. 

“El lunes salí y no quise montarme en el Metro, pero al final lo tuve que usar, porque las camionetas amanecieron cobrando mil bolívares, no tenía efectivo y era feriado bancario. 

“Pero venía con el corazón en la boca porque de verdad fue traumático”.

De haber un cambio de gobierno en el país, al sucesor de Nicolás Maduro le tocaría un escenario similar al de Mauricio Macri en Argentina hace cuatro años

A Macri le acusan de aplicar medidas económicas impopulares y haber hecho ajustes de manera extemporánea

@franzambranor

LUEGO DE CUATRO años de mandato y de tratar de enderezar la hecatombe económica que dejaron Cristina Fernández y su difunto esposo Néstor Kirchner tras tres períodos de gobierno, el presidente de Argentina, Mauricio Macri está a las puertas de despedirse de la máxima silla en la Casa Rosada de Buenos Aires.

El líder del movimiento de derecha “Juntos por el Cambio” trató, pero no pudo. No complació a los sectores sociales más populares y estos le pasaron factura en la primera vuelta electoral del pasado 11 de agosto, donde perdió por una diferencia de algo más de 15 puntos ante el candidato del peronismo, Alberto Fernández, quien hace tándem con la ex presidenta Cristina Fernández.

Analistas venezolanos ven en el caso argentino una especie de espejo de lo que podría suceder en Venezuela si hay un cambio político y el chavismo sale del poder. Quien suceda a Nicolás Maduro en Miraflores probablemente deberá aplicar una serie de medidas impopulares, reducir el gasto fiscal, levantar paulatinamente el control de cambio, renegociar la deuda interna y externa, pedir auxilio a mercados internacionales y sincerar el cobro de los servicios públicos.

“Macri encontró una complicada situación económica. Resultado de la orientación redistributiva que sobre lo acumulado en la gestión de Néstor Kirchner impuso su sucesora, de quien Macri recibió un país empobrecido, golpeado internamente por la inflación, la pobreza, la pérdida de producción y empleos productivos, a la vez que externamente endeudado, en mora y recurrente default con los acreedores y con el tesoro en ruinas”, dijo la internacionalista Elsa Cardozo.

A juicio de Cardozo, el presidente Macri no tomó las medidas adecuadas en el lapso correspondiente. “Optó por no acometer de inmediato las medidas que serían necesarias y apostó por estrategias para alentar la producción y las inversiones, pero sin las reformas de fondo, coherentes y amplias que dieran piso sostenible al crecimiento”, dijo la experta en materia internacional.

“El presidente Macri tomó una serie de medidas graduales para no generar malestar en la población y la estrategia no le resultó”, comentó el economista Jesús Casique. “No tomó en cuenta el Merval (índice de mercado de valores argentino) y dejó a un lado el factor social”.

Según Casique, los países en América Latina se han acostumbrado a las políticas sociales y cuando un mandatario deja de lado ese factor puede convertirse en un cuchillo para su garganta.

“No puedes tomar medidas económicas sin tomar en cuenta el factor social, Macri subió el precio de los servicios y se olvidó de algunos subsidios a los más vulnerables”, dijo Casique. 

“Desde que Macri llegó al poder ha incrementado todos los servicios que antes eran subsidiados por el kirchnerismo: luz, agua y electricidad. Además hay una inflación galopante”, dijo el comerciante venezolano Carlos Núñez, quien emigró hace poco más de un año a Argentina.

Comparen, pero no ofendan 

Para la internacionalista Elsa Cardozo el inminente regreso del peronismo al poder en Argentina en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que tendrán lugar el 27 de octubre de 2019 no deja de sorprender.

“Entre los factores que explican el crecimiento de la ventaja de la oposición sobre la fórmula de Macri pesan especialmente el esfuerzo reunificador del peronismo y la compleja y empobrecida situación económica presente en Argentina. Tanto lo primero como lo segundo merecen más atención de la que han recibido”, dijo Cardozo.

“El peronismo ha gobernado desde 1945, más que cualquier otro partido, es una fuerza política importante en el país”, dijo el comerciante venezolano Núñez. “El asunto es que cualquier gobierno que no satisfaga las expectativas es reemplazable como paso cuando ganó Macri en 2015”, añadió. 

Para la internacionalista Elsa Cardozo el retorno del peronismo a la presidencia de Argentina no significa la continuidad de la políticas de Cristina Fernández, semejante a la ruta empobrecedora, personalista y socialmente insensible del régimen venezolano. 

“No parece que sean solo las razones electorales las que han llevado a Alberto Fernández a expresar su rechazo al modelo político y económico venezolano. De modo que de un triunfo de la fórmula AF-CF cabe esperar una posición de menos o ningún compromiso con el Grupo de Lima, pero bastante pragmática y como tal no alineada con el régimen venezolano”, sentenció Cardozo.

“Los peronistas no creen que aqui pase algo similar a lo que sucede en Venezuela”, dijo el microempresario Núñez. “Las condiciones geopolíticas son distintas. Aquí los militares no están involucrados en la toma de decisiones, en teoría hay alternabilidad de poderes”, agregó. Alternabilidad sustentada en la frase del general Juan Domingo Perón: “En Argentina hay un 30% de radicales, lo que ustedes entienden por liberales, un 30% de conservadores y otro tanto de socialistas, pero peronistas somos todos”. Tan vigente es la frase que el propio Macri incluye en su fórmula para vicepresidente al peronista, Miguel Ángel Pichetto.

En apariencia, la propuesta peronista no quiere que la relacionen con el gobierno de Venezuela. “Alberto Fernández ha tratado de desvincularse del gobierno de Maduro, creo que por eso la mayoría de los venezolanos que vivimos acá pensamos esperar a ver qué pasa y ahora más que se han limitado las posibilidades de emigrar a Chile y Perú por la exigencia de visas. A nivel personal voy a paralizar ciertas inversiones que tenía planeadas para llevar a cabo, puesto que debo esperar de qué forma reaccionará la economía”, dijo Núñez.

Pese a que las economías de Argentina y Venezuela están en declive, para Jesús Casique hay una brecha considerable entre una y otra. “Los niveles de endeudamiento son distintos. Al gobierno de Venezuela nadie lo va a financiar, en cambio el de Argentina ha recibido el apoyo del Fondo Monetario Internacional”.

“Es fundamental reconocer las diferencias y matices entre Venezuela y Argentina. Entre los que parecen más relevantes están que el gobierno de Cristina Fernández nunca acumuló un nivel de destrucción y rechazo nacional o de presión internacional comparable al del régimen venezolano hoy en día. Tampoco terminó con el nivel de rechazo que este sigue acumulando; la oposición argentina nunca tuvo el apoyo internacional ni las ofertas de asistencia y cooperación internacional para su reconstrucción que Venezuela tiene ahora”.

Para Cardozo el error de Macri fue no atreverse a explicar con franqueza la situación del país. “Así como su tardanza y falta de coherencia en generar apoyos y echar a andar las medidas y políticas indispensables para la reconstrucción económica”.

La moraleja es que si en Venezuela se produce un viraje político, el nuevo presidente tendrá que echar una mirada al sur y evitar el “efecto Macri”. 

Pasar el dedo por todos los botones de un cajero automático luego de hacer una transacción, no vestir de rojo, comprar productos en exceso previendo una escasez y esconderse el teléfono celular en lo más recóndito de la vestimenta son algunas de las costumbres que se llevó el venezolano al exterior 

@franzambranor

DOS DÉCADAS DE GOBIERNO CHAVISTA y casi dos años de hiperinflación han provocado una serie de hábitos entre los venezolanos que, inclusive, se llevan pegados como un tatuaje a la hora de emigrar a otro país.

Voltear atemorizado cuando se escucha una motocicleta, comprar productos de más por si se acaban, recoger agua, esconderse el teléfono celular, llegar a un sitio con mucho tiempo de antelación por si hay cola y esperar siempre lo peor de los servicios públicos son algunas de las manías que arrastra el testigo de una Venezuela con una precariedad económica acentuada y altos índices de violencia.

“A mí me pasó bastante que iba al mercado y compraba cosas repetidas para almacenar por si no conseguía después”, dijo la venezolana María Angela Calabrese, quien emigró junto a su esposo e hijos a Zaragoza, España.

Haber sido protagonista y testigo de hechos de criminalidad también influyeron en la conducta de María Angela. “Compramos un carro usado y me costó mucho adaptarme porque no tenía alarma”, agregó.

“Recién llegada estaba trabajando con mi hijo en un reparto a domicilio nocturno, él se bajaba a entregar los pedidos a los apartamentos y yo me quedaba sola en la moto y cuando me pasaba algún hombre cerca en otra moto o a pie automáticamente escondía el celular y empezaban las taquicardias”, dijo María Angela.

“Lo de escuchar el sonido de una moto y asustarse es un clásico”, confesó Daniel Gómez desde Buenos Aires.

Manías que rayan en la paranoia

En la cuenta de Twitter @PetipuaSaturno hicieron una consulta sobre el tema que genero una centena de comentarios que van desde picar las servilletas por la mitad hasta pedirle a los amigos que avisen cuando lleguen a sus casas.

Abramos hilo de pequeños -y absurdos- traumas que nos dejó vivir en comunismo en Venezuela.

Comienzo yo: a veces echo solo $6 dólares de gasolina “para estirar la plata” cuando tengo para llenar el tanque e igual lo voy a necesitar.

— Isa Saturno (@PetipuaSaturno) August 16, 2019

Y es que venir de una nación donde en 2018 hubo una tasa de 81,4 homicidios por cada 100 mil habitantes, la más alta de Latinoamérica según el Observatorio Venezolano de la Violencia, causa estragos en la psique de cualquiera.

“Yo quedé traumatizada con los robos y me paro a cualquier hora de la noche a asegurarme que todas las puertas estén con seguro. No sé para qué porque las paredes aquí se pueden romper con la mano y las ventanas no usan protección de barras”, dijo la venezolana Bárbara Burgos, actualmente habitante de la comunidad de Gainesville en Florida, Estados Unidos.

“Yo después que hago una transacción en un cajero le doy a todos los botones para que no me clonen la tarjeta”, dijo Marco Lira desde la ciudad de Leiria en Portugal.

“Comprar Harina Pan en exceso. Mi papá me hizo llevarle en marzo varios paquetes, pensé que me iban a detener pensando que era droga”, añadió Manuel hermano de Marco, quien vive en Madrid, España.

Algunos efectos secundarios de migrar son menos dolorosos: “No dejo la manía de poner el freno de mano al carro todo el tiempo y aquí todo es plano”, dijo Bárbara Burgos, quien primero estuvo en la ciudad estadounidense de Atlanta y ahora hace vida en Gainesville. “Yo más nunca me puse una camisa roja”, sostuvo Alejandro Álvarez, quien vivía en Miami y ahora reside en Ciudad de México.

Mientras que a algunos les cuesta despojarse de mañas típicas venezolanas, a otros no y ello responde al paso del tiempo. “Yo ahora ando con los seguros del carro arriba, pero obvio que si estoy por una zona fea los bajo. De resto estoy curado de la paranoia”, dijo Roberto Pérez, quien emigró hace casi tres años a Orlando, Estados Unidos.

“Se pasa rápido al ver que todo el mundo anda por la calle con los teléfonos en la mano”, dijo María Angela Calabrese.

Mientras Roberto y María Angela aseguran que ya no padecen los “traumas del venezolano del siglo XXI”, en algún lugar del extranjero uno de sus compatriotas estará sacando efectivo de un cajero por si se acaban los billetes o echando gasolina en procura de no quedar al margen a la hora de una escasez de combustible. Enseñanzas que les dejó el subdesarrollo.

Mc Donald’s y mi trabajo se convirtieron en mi principal proveedor de servilletas, azúcar, sal, pimienta y salsas.
He comprado azúcar, sal y salsas aparte (no servilletas) pero todo lo que me traigo son mi “en caso de emergencia rompa el cristal”

— BGTI (@Bianca_GTI) August 16, 2019

https://twitter.com/kellymporta_/status/1162348550233165824?s=20

OH! yo siempre tengo un microinfarto cuando paso la tarjeta. a pesar de que sé que tengo plata en la cuenta, pero los bancos me marcaron de por vida (?)

— Marianne Díaz Hernández (@mariannedh) August 16, 2019

Gastar hasta la última gota de champú, enjuagar el envase. El jabón hasta el final.

— Claudina Castillo (@ClaudiCastillo) August 16, 2019

Me impresiona el cumplimiento de algún proceso democrático, un elección, una discusión de alguna ley en el congreso, me asombra que se acaten las decisiones y que sea todo tan civilista, sin milicos armados en las calles.

— Eleonora Requena (@elerequena) August 16, 2019

Picar la servilleta en dos partes para que rinda más. Sentir un microinfarto cuando pasa una moto a mi lado. Estar demasiado activa cuando camino sola en la calle.

— Alexandra (@Ale_Moradita17) August 16, 2019

Yo guardo la leche donde mi hijo remojó la galleta para el cereal del otro día. Me baño rapidito para no gastar tanta agua del tanque. Guardo la poquita masa de arepa que queda para completar el día siguiente. Rindo la media pechuga de pollo para 2, bajo los seguros del carro.

— Erika Montiel (@emontiel) August 17, 2019

*Todos los tuits empleados son interacciones con la cuenta de @PetipuaSaturno