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¿Y tú? ¿No piensas irte de Venezuela?, por Giovanna De Michele

La ola de venezolanos que salen del país en busca de nuevos escenarios en los cuales desarrollar su proyecto de vida está generando toda clase de retos y sentimientos en los países receptores. Ya no cabe duda que se trata de una crisis humanitaria como nunca antes se había visto en América Latina; y lo más paradójico es que se produce en el país que hasta hace poco menos de 20 años, era el mayor productor y vendedor de petróleo de toda la región. La avalancha de venezolanos ha sido de tales proporciones que, en Colombia, Brasil, Ecuador y Perú, ha habido dramáticas situaciones de violencia y xenofobia por parte de los habitantes locales.

Por su parte, ya la Organización de Naciones Unidas ha hablado de 2.3 millones de emigrantes venezolanos desde el año 2014, y ha pedido a los gobiernos de los Estados receptores garantizar un trato digno a quienes lleguen desde la atribulada Venezuela. El portavoz de esa organización dijo textualmente que: “Es importante que aquellos que escapan de la violencia y que aquellos que huyen para salvar sus vidas reciban sus derechos y sean tratados con dignidad”.

Otra cifra alarmante es la de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), quien sostiene que, entre 2015 y 2017 la cantidad de venezolanos en el exterior pasó de 700.000 personas a más de 1,5 millones distribuidas por el mundo; ubicando casi un millón de ellos en América Latina; alrededor de 308.000 en Norteamérica, casi 80.000 en Centroamérica y más de 20.000 en países del Caribe.

Sin dudas una cifra alarmante que refleja claramente la gravedad de la situación interna venezolana y la poca esperanza que existe acerca de una mejora en el corto plazo. Además, vale la pena destacar que, en un principio, emigraban básicamente jóvenes con ciertas posibilidades económicas; mientras que, en la actualidad, los migrantes representan grupos sumamente variados, no solo en su condición socio económica, sino en edades, sexo y formación académica. De hecho, se ha convertido en una pregunta recurrente en cualquier grupo de personas, aquella de: ¿y tú? ¿No piensas irte de Venezuela?

Giovanna De Michele I.
Internacionalista
@giovdemichele

*Esta columna fue censurada por Últimas Noticias.

Maduro y la destrucción del salario mínimo, por Alejandro Grisanti

 

La red social Twitter es una herramienta muy poderosa de comunicación, pero al limitar las respuestas a 280 caracteres, reduce el debate, descontextualiza opiniones y estimula uno de los 7 pecados capitales: la ira.

Desde hace ya unas semanas vengo manteniendo la necesidad de un fuerte incremento al salario mínimo “que el incremento de un salario mínimo, que no tenía, ni tiene poder de compra, no es inflacionario”.

Para que un incremento tenga sentido es necesario multiplicar el salario mínimo por un número de dos dígitos. En reiteradas ocasiones dije que ese salario mínimo de 52 bolívares soberanos (5.2 millones de bolívares supuestamente fuertes) no podía ser utilizado como referencia para nada, y que para los trabajadores era mejor eliminar toda referencia a ese salario mínimo. En este contexto escribí como parte de las reacciones al Plan Maduro: “El incremento salarial, si bien fue brusco, era necesario. Nuestros trabajadores no podían ganar lo equivalente a menos de un kilo de arroz al mes.” Después de muchas críticas y más insultos, me comprometí a escribir este artículo explicando mi posición.  

A pesar de que la mayoría de los países en el mundo tienen legislaciones que fijan un salario mínimo*, existen diferencias de opinión sobre los costos y beneficios de establecer un salario mínimo. Los partidarios del salario mínimo dicen que este incrementa el poder de compra y mejora el nivel de vida de los trabajadores, reduce la pobreza y mejora la desigualdad. En contraste, quienes se oponen a fijar un salario mínimo dicen que aumenta el desempleo (particularmente entre trabajadores no calificados o sin experiencia) y perjudica a las empresas, porque los salarios mínimos “excesivamente altos” requieren que las empresas eleven los precios de su productos o servicios.

 *Los 11 países que no tienen legislación que fije un salario mínimo son economías muy poco desiguales: Austria, Brunei, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Hong Kong, Islandia, Italia, Noruega, Singapur, Suecia

 

Estas diferencias de opinión se originan en que los modelos de oferta y demanda apuntan a pérdidas de bienestar y empleo que pueden ser ocasionados a partir del salario mínimo. Sin embargo, si el mercado laboral no es perfectamente competitivo, los salarios mínimos pueden aumentar la eficiencia del mercado. Por ejemplo, en un mercado laboral donde los empleadores tengan mayor poder de negociación para establecer salarios (monopsonio), un salario mínimo establecido modestamente por encima de los salarios de equilibrio puede aumentar los salarios, el empleo y la eficiencia económica. En países más pobres y más desiguales se incrementa el poder de negociación de los empleadores y esta es la razón que explica que la mayoría de los países en el mundo posean legislaciones que fijan el salario mínimo.

 

¿Son Bs. S 1.800 equivalentes a 30 dólares?

Para el viernes 17 de agosto, el salario mínimo de los Venezolanos era el equivalente a un poco mas de 30 dólares. En ese momento, Nicolás Maduro tomó a los venezolanos por sorpresa y decretó un salario mínimo de Bs.F 180 millones, Bs.S 1.800 y habló de un tipo de cambio implícito de Bs.F 6 millones, o Bs.S 60. Los anuncios de Maduro no fueron bien recibidos por los venezolanos, y durante el fin de semana, y luego hasta el 22 de agosto, se han cruzado transacciones entre Bs.S 100 (Bs.F 10 millones) y Bs.S 170 (Bs.F 17 millones), lo que equivalía a un salario mínimo de entre USD 10.5 y 18 dólares, perdiendo en tan sólo 5 días entre el 40% y el 65% de su valor en dólares.

Uno de los puntos que mas cuesta entender es el mecanismo de indexación que aparentemente va a utilizar el gobierno para mantener el poder de compra, y fijar precios y salarios. Las primeras, señales no son positivas. El 21 de agosto, se anunció el límite de la demanda de personas naturales a USD 500 por mes y de personas jurídicas a USD 400.000 por mes. El fijar cantidades máximas que los agentes económicos puedan demandar era una señal muy clara que, a pesar de lo anunciado por el presidente Maduro, no habrá un mercado cambiario. Es decir, que las divisas no van a reflejar su precio de mercado y que no se asignaran al mejor postor. En conclusión que el “nuevo, nuevo, nuevo” DICOM será más de lo mismo, transando divisas muy por debajo al precio de mercado.

El 22 de agosto nuestras sospechas fueron comprobadas al salir los resultados de la primera subasta de divisas, luego de las palabras de Nicolás Maduro. A pesar de la fuerte devaluación de los últimos 3 días, donde se han cerrado operaciones entre Bs.S 100/USD y Bs.S 170/USD, el BCV anuncia que el supuesto Petro no se mueve, que un Petro es igual a USD 60 y a Bs.S 3.600, dejando un tipo de cambio DICOM de BsS 60/USD muy por debajo del tipo de cambio de mercado, demostrando de nuevo que el dogmatismo del gobierno no abre espacios para correcciones.

El mismo 22 de agosto se presentó una lista de 25 rubros, algunos con ajustes importantes en sus precios. Pero si estos precios están indexados al Petro, y el Petro no se termina indexando a la devaluación y/o a la inflación, su valor quedará muy rezagado y el sector privado afrontará los mismos problemas.

 

¿Es un salario “excesivamente alto”?

Creo que esta pregunta hay que responderla desde diferentes ángulos. El primero apunta a que en medio de una híper-inflación, y que adicionalmente pareciera que se va a acelerar en el corto plazo, es necesario digerir que lo que puede parecer muy caro hoy, pasa a ser normal en un par de semanas, y termina siendo barato en unos meses. Las primeras señales del gobierno nos indican que va a dejar rezagar de nuevo los mecanismos de indexación, con lo que el incremento salarial decretado el 17 de agosto, se va a pulverizar en manos de los trabajadores y que su poder de compra desafortunadamente va a disminuir muy próximamente.

Un segundo punto es que en lugar de que el nuevo salario mínimo sea “excesivamente alto” lo que estaba ocurriendo es que el salario mínimo anterior era “excesivamente bajo”. El problema es que Nicolás Maduro venía aplicando ajustes muy tardíos y muy por debajo de la inflación y de la devaluación. Cercano a las elecciones del 2012, un salario mínimo cambiado al mercado alternativo, compraba casi USD 300, ese mismo salario llegó a equivaler tan solo USD 1.0 en Junio de 2018 y USD 1.6 en Julio de 2018. El Promedio del salario mínimo en Venezuela desde 1998, hasta 2012 fue de USD 286.3 medidos al dólar del mercado paralelo, y en la “era Maduro” de USD 46.7, utilizando la misma medida. Si lo medimos por poder de compra, eliminando la distorsión que trae la inflación, el salario mínimo promedia casi Bs.S 9.000 casi 5 veces más que el decretado por maduro el viernes 17 de agosto. En Venezuela lo que ha pasado es que Maduro ha destruido el salario mínimo, tanto si lo medimos en dólares como si lo medimos en base a su poder de compra que era en promedio más de 5 veces lo que anunció.

 

Duro golpe al sector privado: El mayor problema viene en el incremento de los impuestos

Después de 5 años de la mayor recesión económica que el continente americano haya conocido en su historia, donde ha desaparecido mas del 60% del producto Interno Bruto. Luego de que el gobierno había utilizado en su léxico diario las palabras nacionalización, expropiación, confiscación. En el momento de la mayor híper-inflación de nuestra historia donde el gobierno intentaba controlar los márgenes de ganancia, nos vienen con unas medidas de austeridad fiscal donde el gobierno pretende traspasar todo el ajuste que debe hacer al sector privado, sin que sean ellos los que hacen algún sacrificio.

Cómo calculamos en el viernes rojo del “Plan Maduro” el gobierno pretende a través del incremento del precio de la gasolina, del incremento del IVA, de la instauración del Impuesto a las Transacciones Financieras y del adelanto del Impuesto sobre la Renta, meterle la mano en el bolsillo de los venezolanos, y sacarle un poco mas de USD 10.000 millones. En un contexto que era particularmente malo para las empresas, el gobierno le pide mayores sacrificios a los venezolanos, sin dar ni una muestra de querer reducir o hacer mas eficiente su gasto, y de reformar el estado. Creo que los analistas, tenemos que centrarnos hoy en este tema, en los problemas que trae el “Paquetazo” que intenta imponer Maduro.

 

Calma y Cordura

Por último quiero recomendar al sector privado que estos no son momentos de tomar grandes decisiones. Que es necesario esperar a que el humo levante para ver con mayor claridad el panorama. Que mientras tanto haga un ejercicio de sensibilidad sobre su estructura de costos. Que antes de vender, tómese el tiempo necesario para establecer su estrategia de precios. Sea agresivo con su esquema de ventas, eliminando el fiado, e intentando migrar a un esquema de prepago/contado. Intensifique la cobertura tanto en bienes durables como en divisas. Aquí lo importante es sobrevivir, y después de tanto nadar, espero que no se ahoguen en la orilla.

 

@agrisanti

Líder indígena entre los 6 muertos de nueva matanza minera en Bolívar

Foto: ONG KAPÉ KAPÉ

La pugna armada por un yacimiento de oro en la población de Maripa deja seis fallecidos, entre ellos, el líder de una comunidad indígena, un crimen que corrobora la conflictividad que el Estado no ha podido controlar, a pesar de haber ejecutado distintos proyectos como la reconversión minera. Por el contrario, los conflictos aumentaron a raíz del decreto del Arco Minero del Orinoco

Pableysa Ostos
@PableOstos

Una comisión del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) confirmó este jueves una nueva matanza causada por la pugna de yacimientos auríferos en el estado Bolívar.

En esta oportunidad, el crimen ocurrió en una mina del sector El Silencio de la población de Maripa, en la desembocadura del río Matu, capital del municipio Sucre, al centro este de la entidad.

Los uniformados reportaron que seis personas fueron asesinadas en el lugar; dos de ellas pertenecientes a un pueblo indígena y cuatro sujetos que al parecer forman parte de un grupo delictivo que opera en el sector y que comúnmente adoptan prácticas del pranato carcelario y de las mafias de la construcción.

Integrantes del pueblo Hivi de la etnia Cariña denuncian que grupos parapoliciales – conocidos como “sindicatos” – establecieron una alianza con algunos grupos de mineros indígenas denominada Sanema para tomar el control de la mina, siendo este el origen del enfrentamiento armado que derivó en seis asesinatos.

Entre los fallecidos está el capitán del pueblo Jibi, Misael Julio Ramírez (45 años) y su hijo, Milson Dorangel Rondón Reina (18 años) cuyo cuerpo no ha sido localizado.

De acuerdo con la versión policial preliminar, los otro cuatro fallecidos pertenecen al sindicato de El Silencio. Los delincuentes fueron decapitados y sus cuerpos fueron regados en la zona.

La Asociación Civil Kapé Kapé, defensora de los derechos humanos de las poblaciones indígenas, se hizo eco del hecho de sangre, exigiendo al Estado esclarecer este caso, así como atender las demandas que cuestionan la voracidad extractivista en el estado como parte de la sobrevivencia económica.

Las víctimas presentaban heridas por arma de fuego y arma blanca. El caso estado siendo investigado por funcionarios del Cicpc, Eje de Homicidios Ciudad Guayana.

Una fuente militar detalló que la situación no es nueva y dio cuenta que los pueblos indígenas cuentan con armamento para resguardar sus territorios e intereses.

Grupos indígenas de la Gran Sabana y San Luis de Morichal han reclamado su derecho a habitar sus tierras sin amenazas de la actividad minera que los ha plagado de violencia, enfermedades, contaminación y desplazamiento. El Estado sigue sin escuchar los planteamientos de los pueblos indígenas.

 

 

 

El espejo de las guerras del oro en África

“Esta situación se adiciona a la ocurrida entre comunidades pemones y la delincuencia minera armada, frecuentemente con apoyo de grupos oficiales está escalando de manera grave”, advierte Alejandro Álvarez, biólogo egresado de la UCV, con doctorado en Ciencias, mención Ecología, de esta misma casa de estudios.

“Esa situación debe ser detenida antes que los niveles de violencia escalen aún más y alcancemos los trágicos episodios de las guerras del oro en el África oriental, especialmente en la República Democrática del Congo, Sudán y Ghana”, señala el activista de los derechos a un ambiente sano.

“Estas guerras estuvieron impulsadas por grupos criminales que bajo el manto de supuestas liberaciones nacionales generaron violaciones masivas de derechos humanos, saqueos y destrucción masiva de los recursos naturales de esos países, siendo factores importantes en las emergencias humanitarias de la zona y en la destrucción de las instituciones nacionales que tendieron hacia Estados fallidos”, sostiene el ambientalista.

Una de las luchas más recientes de los pueblos indígenas está relacionada con la incursión de la minería en sus tierras, que hoy amenaza con magnificarse gracias al proyecto del Arco Minero, que contempla la explotación en territorios de dan cobijo al menos a 100 comunidades indígenas.

Aunque la consulta previa está consagrada en la Constitución y en la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas, los pueblos y comunidades indígenas que ancestralmente habitan los espacios que se verán afectados por este mega proyecto no fueron consultados tal y como lo establecen estos instrumentos legales de nuestro país, e incluso en convenios internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales (OIT), enmarcado en el Sistema Universal de Naciones Unidas.

Sin embargo, la emergencia humanitaria en Venezuela ha conllevado que varias comunidades indígenas están participando de la explotación del oro ilegal como único sustento de vida, en un clima hostil controlado por bandas armadas y una actuación cómplice de los cuerpos militares, todo ello en un coctel de violencia que se reflejó en la Masacre de Tumeremo y otras tantas que han conmocionado al país.

Durante este año 2018, grupos indígenas de la Gran Sabana y San Luis de Morichal han reclamado su derecho a habitar sus tierras sin amenazas de la actividad minera que los ha plagado de violencia, enfermedades, contaminación y desplazamiento, señala la organización Kapé Kapé.

Su petición no es otra que el cumplimiento del artículo 20 de la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas que ordena el reconocimiento y garantía por parte del Estado “a los pueblos y comunidades indígenas, su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan, así como la propiedad colectiva de las mismas, las cuales son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida”.

El costo humano y ambiental del Arco Minero

La criminalidad vinculada al negocio ilegal del oro tiene como paraguas el decreto firmado en 2016 por el presidente Nicolás Maduro llamado Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, el cual abre la explotación de recursos minerales en una de las áreas de mayor diversidad biológica y cultural de Venezuela.

El Arco Minero vino a institucionalizar la devastación ecológica y social en el sur de Venezuela. La caída de los precios petroleros en 2014, el fracaso en las políticas económicas (entre ellas, el motor minero) y la conflictividad política se han traducido en una nueva apuesta de Miraflores: la explotación minera en un territorio de más de 112 mil kilómetros cuadrados. En esta región, el mercurio y la sangre se mezclan. Así como la violencia, la anarquía y la impunidad. La plataforma digital InfoAmazonia investigó el alcance social, político, económico y ecológico del Arco Minero del Orinoco en un reportaje titulado Explorando el Arco Minero.

Más información

Disputa minera cobra la vida de un niño de 4 años en Ciudad Guayana

https://runrun.es/runrun2018/nacional/348420/monitordevictimas-disputa-minera-cobra-la-vida-de-un-nino-de-4-anos-en-ciudad-guayana.html

Plan Maduro o Viernes Rojo, por Alejandro Grisanti Capriles

Alejandro Grisanti Capriles

Director de Ecoanalítica

El viernes 17 de agosto, los venezolanos quedamos sorprendidos por un conjunto de medidas anunciadas de manera autoritaria por Nicolás Maduro. Resalto el tema autoritario y de confrontación en el anuncio de las medidas, puesto que un aspecto fundamental para que las mismas lleguen a buen término es que se tiene que generar credibilidad y confianza, y la manera como las expuso Maduro, ciertamente no generó ninguna de las dos. Es difícil generar credibilidad si lo que se termina haciendo son anuncios de que vienen anuncios o anuncios incompletos. Si bien nos quedaron más preguntas que respuestas, me gustaría dar mis primeras impresiones al “Plan Maduro”.

Luego de los muchos excesos cometidos durante el período de los altos precios petroleros, donde el gobierno se gastó toda la bonanza y además se endeudó, Nicolás Maduro quiso mantener el exorbitante gasto fiscal a través de la impresión de dinero. Es claro que los gobiernos se vuelven adictos a esta estrategia y Maduro no fue la excepción. Por cada mes que ha pasado Maduro en el poder, se han incrementado los montos de impresión de dinero, lo que se ha traducido en más bolívares detrás del mismo número de bienes y en un alza en precios hasta llegar a una hiperinflación. En palabras del propio Maduro:

“Tuvimos que ir a la emisión de dinero para respaldar las misiones socialistas, la construcción de viviendas, el sistema de bonos, los aumentos bimensuales de salarios.”

El “Plan Maduro” o la propuesta del gobierno para dejar de emitir dinero es un fuerte incremento de los impuestos, sin reducir el gasto y en un ambiente de restricción al financiamiento y de caída de los ingresos petroleros. Es decir, los venezolanos vamos a pagar la gasolina a precios internacionales, vamos a pagar 4 puntos adicionales en IVA, vamos a pagar 1% de las ventas como adelanto del Impuesto Sobre la Renta sin saber si las empresas han producido rentabilidad, vamos a pagar hasta 2% en las transacciones financieras y, por último, vamos a soportar la imposición de una muy fuerte devaluación que lleva la divisa americana a 6 millones de bolívares fuertes[1]. Pero del lado del gobierno, nada. Nicolás Maduro no anuncia una reestructuración del Estado para disminuir el número de ministerios, tampoco dice nada de las 70 empresas del Estado que están en rojo, de los subsidios que solo reciben los que tienen el carnet de la patria[2]Muchos venezolanos no estamos dispuestos a sacarnos el carnet de la Patria, ya que el mismo ha sido utilizado como un mecanismo de movilización electoral para beneficio del partido gobernante.

Nuestros primeros cálculos indican que no se detendrá la Híper-inflación

El primer efecto de los fuertes ajustes propuestos por Maduro es una aceleración de la inflación en las próximas semanas a niveles nunca antes alcanzados, para comenzar a ceder si el Gobierno cumple con lo anunciado y es mucho mas austero en su gasto, cosa que luce muy poco probable. Es decir, el escenario que por ahora luce mas probable, es que los Venezolanos vamos a sufrir de un fuerte incremento de la inflación en las próximas semanas sin los beneficios de la estabilización, ya que no vemos al gobierno manteniendo la disciplina en el gasto de manera de evitar el financiamiento con el Banco Central de Venezuela. Veamos los números.

Como dijimos anteriormente, para detener la inflación es necesario llevar el financiamiento monetario a cero. Es decir que los ingresos mas un sano financiamiento cubran el 100% de los gastos. Los cálculos que hemos hecho en Ecoanalítica es que el déficit fiscal está en el orden de 18.8 puntos del PIB. Es decir, un plan de ajuste que detenga el financiamiento monetario tiene que cerrar la brecha entre ingresos y gastos en alrededor de USD 16 mil millones.

Las medidas propuestas, de llevarse a cabo generarían incremento en los ingresos por 1) USD 6.400 millones si incrementan el precio de la gasolina a precios internacionales y reparten el 25% de esos ingresos en subsidio a la población, 2) USD 2.000 millones por el incremento del Impuesto al Valor Agregado 3) USD 1.000 millones por el Impuesto a las transacciones financieras y 4) USD 800 millones por el adelanto del Impuesto Sobre la Renta. Es decir todas las medidas anunciadas por el lado del ingreso generarían en el mejor de los casos USD 10.200 millones[3]. Pero al mismo tiempo los anuncios generan incremento del gasto en 1) USD 2.000 millones por el incremento del salario Mínimo y la readecuación de todo el sistema salarial del sector público y 2) USD 120 millones por el anuncio del bono solidario. Es decir el incremento neto de ingresos del “plan Maduro” es de USD 8.000 millones o de tan solo la mitad del monto necesario para cerrar la brecha fiscal. Por ende, Maduro volverá a caer en el financiamiento monetario y la Híper-Inflación continuará afectando a los venezolanos.

El “Plan Maduro” es un duro golpe al sector privado.

Como se pueden imaginar, el incremento de los ingresos del gobierno al final se traducen en un incremento en el gasto de las empresas por el pago de Impuestos. Sin embargo, es difícil calcular que proporción del incremento de la gasolina lo van a terminar pagando las empresas y cual el ciudadano común. Si suponemos que un tercio del consumo energético proviene en el transporte de mercancías tenemos que para las empresas el incremento en los gastos sería de 1) USD 3.800 millones por el pago de todos los impuestos (IVA, ISLR, ITF) 2) USD 2.200 millones por el incremento en el precio de la gasolina y 3) USD 4.000 millones por el incremento del salario mínimo, tan solo considerando el sector formal de la economía. Luego de casi 5 años de recesión económica donde se ha perdido casi el 60% de la producción, pedirle un sacrificio al sector privado de USD 10.000 millones, en un ambiente hostil y de alta regulación, luce fuertemente cuestionable, por decir lo menos.

Menos dólares entrarán en la economía.

El fuerte ajuste que impone el “plan Maduro” se podría transformar en expansión, si el gobierno hubiese dejado a un lado el dogmatismo y levantara financiamiento internacional con los multilaterales. Si Venezuela llegase a un plan de estabilización con el Fondo Monetario Internacional, los multilaterales podrían llegar a financiar hasta USD 50.000 millones, con lo que se podría llevar a cabo una expansión del gasto fiscal, que produzca crecimiento y recuperación del poder de compra de los venezolanos.

Si a la falta del financiamiento multilateral le sumamos un colapso en el sector petrolero, con una caída en la producción de mas de 1.600.000 b/d. que hasta ahora no da señal de detenerse, y el incremento de las probabilidades de embargo de muchos de los activos de la nación por causa de la cesación de pagos de la deuda externa, la caída en la oferta de dólares difícilmente podrá estabilizar la moneda, y los venezolanos seguiremos padeciendo de la devaluación de la moneda.

En conclusión, el “plan Maduro” llega tarde, buscando traspasar todo el ajuste en el sector privado, sin capacidad de generar divisas, y sin poder cerrar la brecha fiscal. Expuesto de esta manera, lo que nos viene en Venezuela es un incremento aún mayor en el ritmo de crecimiento en los precios, cierre de empresas y mayor contracción del producto y por ende caída en el poder de compra de todos los venezolanos.

 

@agrisanti

Director de Ecoanalítica

 

 

[1] Para que la devaluación pueda beneficiar al fisco, es necesario que el gobierno venda parte de las divisas que produce el sector petrolero al sector privado. En esto el gobierno esta muy dividido.

[2] Muchos venezolanos no estamos dispuestos a sacarnos el carnet de la Patria, ya que el mismo ha sido utilizado como un mecanismo de movilización electoral para beneficio del partido gobernante.

[3] Diferentes voceros del gobierno han manifestado su reticencia a que el Estado venda parte de sus divisas al sector privado. Si asumimos que el Estado no vende dichas divisas, el incremento de ingresos por devaluación sería cero.

Ago 16, 2018 | Actualizado hace 1 año
Maracaibo a oscuras y un testimonio de quien la padece

De las 96 horas transcurridas entre el viernes 10 de agosto y el lunes 13 de agosto, tuve 60,5 horas sin servicio eléctrico en mi edificio. Sufrí apagones que duraron 11, 13, 16 horas. Hoy (martes 14 de agosto) tuve uno de 14 y escribo sin saber si podré terminar este post, porque no sé cuánto tiempo tendré luz.

No toda Tierra Negra ha sufrido lo mismo. En Maracaibo, en una misma cuadra pueden convivir hasta tres circuitos distintos, por lo que puedes estar a oscuras en tu edificio y en la casa de al lado haber luz. El edificio vecino, usualmente mucho más castigado que el mío con los apagones, en esta emergencia casi no ha tenido cortes. Pero sé de otros circuitos de la misma Tierra Negra que han estado peor que el mío. Y hay partes de Maracaibo en que han pasado dos días completos sin luz y hasta más.

De viernes a domingo, además, estuve unas sesenta horas corridas sin servicio de Movilnet (ni datos ni señal). El Movistar fijo que compramos cuando se robaron los cables de Cantv en febrero (seguimos sin cables) conectaba una vez de cada mil que intentaba llamar a alguna parte. Todas las operadoras telefónicas tienen el servicio por ráfagas en este momento, así que también las transferencias bancarias son difíciles, si no imposibles. Y los puntos de venta no están funcionando o funcionan mal.

Las estaciones de servicio, ya de por sí con colas perpetuas desde hace meses, tampoco pueden surtir gasolina sin electricidad. Así que las pocas que tienen servicio eléctrico exhiben unas colas que quitan el hipo. Por eso andar buscando posada durante el apagón tampoco es viable: la mitad de las veces no puedes llamar antes de ir a casa de alguien para saber si tiene luz y no echarte el polo en vano y a esto hay que sumarle que mejor no gastas gasolina a lo loco.

El domingo salí un momento con la peregrina idea de comprar pan. Maracaibo daba miedo. Estaba solitaria, como lo está desde hace ya mucho, pero con una energía rara, borrascosa. Me costó un mundo conseguir algo abierto. Lo que estaba abierto estaba desabastecido o no funcionaba el punto de venta. En un supermercado que encontré abierto, el vigilante me advirtió nada más bajarme del carro que no había hielo, sin duda lo más buscado por todos.
En esta casa hemos perdido carne, pollo, vegetales. En el país, hemos perdido mucho más que eso, me temo.

Margarita Arribas, profesora jubilada de Comunicación Social, sobre la situación en Maracaibo con las fallas de energía.

@pimpina

¿Quiénes bloquean el internet en Venezuela?, Jesús Ollarves

 

El gobierno venezolano no cesa en su empeño de impedir el acceso a la información de interés público. Luego de haber quebrado a muchos medios de comunicación tradicionales, ahora se propone controlar la circulación de informaciones y opiniones a través de internet. En verdad, nada nuevo, pues así lo han hecho otros regímenes totalitarios.

Cada vez es más difícil el acceso a los portales informativos de la Patilla, El Nacional, Tal Cual, El Pitazo y Runrun.es, porque los sistemas de bloqueo y filtrado de contenidos en internet controlados por el gobierno cada vez son mayores.

En teoría, porque en Venezuela la práctica es distinta, el acceso universal a internet requiere que el Estado garantice la calidad e integridad del servicio, protegiéndolo en todos los casos de bloqueos, interferencias o ralentizaciones arbitrarias. Los más comunes son: los ataque de denegación de servicio, los intentos de ingresos múltiples y los bloqueos de dominios.

Los esfuerzos restrictivos se han profundizado desde 2008, cuando Andrés Izarra, para la época ministro de Información y Comunicación, sentenció: “Nuestro socialismo necesita una hegemonía comunicacional y todas las comunicaciones tienen que depender del Estado como bien público”.

La interrupción del acceso a internet aplicada a poblaciones enteras o a segmentos de la población nunca estará justificada, ni siquiera por razones de seguridad nacional. Así fue reconocido el 1 de junio de 2011, en una declaración conjunta sobre libertad de expresión e internet por el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP). 

Las medidas de filtrado o bloqueo deben diseñarse y aplicarse de modo tal que impacten, exclusivamente, el contenido reputado ilegítimo, sin afectar otros contenidos; de lo contrario, constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión. Por eso la  Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que “en casos excepcionales, cuando se está frente a contenidos abiertamente ilícitos o a discursos no resguardados por el derecho a la libertad de expresión (como la propaganda de guerra y la apología del odio que constituya incitación a la violencia, la incitación directa y pública al genocidio, y la pornografía infantil) resulta admisible la adopción de medidas obligatorias de bloqueo y filtrado de contenidos específicos”.

El Estado venezolano es responsable de proteger y respetar el derecho a la libertad de opinión y expresión. Consecuentemente no debe requerir ni presionar a las entidades privadas para que violen los derechos humanos o interfieran en forma desproporcionada e innecesaria con el derecho a la libertad de expresión.

Las solicitudes que las autoridades gubernamentales hagan respecto del sector privado, sea de interceptación, bloqueo, remoción y monitoreo de contenidos deben cumplir con los requisitos establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos, particularmente la libertad de expresión. De lo contrario estarían cometiendo una violación a los derechos humanos y un delito.

El Estado no ha demostrado cumplir con la obligación de adoptar medidas tendientes a asegurar que las empresas y organismos privados involucrados en la gestión y administración de la red no pongan barreras desproporcionadas o arbitrarias a dicho acceso. Al contrario, el silencio de los prestadores de servicios de internet públicos y privados como: Cantv, Movilnet, Movistar y Digitel es escandaloso. No han tenido la capacidad, ni la intención de rendirle cuenta al usuario sobre las reglas y protocolos que utilizan para ejercer un control ciudadano de sus políticas de acceso. Esta práctica los hace cómplices de las arbitrariedades del gobierno. Todo indica que contribuyen con el gobierno a bloquear el acceso a internet en Venezuela.

 

@jesusollarves

Trinidad y Tobago pone en peligro a los migrantes venezolanos, por Jesús Ollarves

 

El pasado viernes 27 de abril, el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, declaró durante una rueda de prensa que su gobierno decidió la deportación de los 82 venezolanos que permanecían en un centro de detención de inmigrantes en Puerto España porque Trinidad y Tobago no era China, Rusia o Estados Unidos; que era una pequeña isla con espacio limitado y 1,3 millones de habitantes personas. “No podemos y no permitiremos que los voceros de la ONU nos conviertan en un campo de refugiados”, agregó.

Aunque es una pequeña isla, Trinidad y Tobago forma parte de la sociedad internacional y, por ello está sometida a las reglas de Derecho que rigen a la comunidad de naciones. Una de esas reglas es la buena fe. Se trata de un principio firmemente establecido por el Derecho Internacional, según el cual “todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”.

La suscripción de convenios internacionales es una manifestación del ejercicio de la soberanía de los Estados, y el cumplimiento de lo pactado no sólo compromete el honor nacional sino que es la base de la convivencia civilizada entre las distintas naciones. Por tal razón, este principio se ha consagrado en la norma Pacta Sunt Servanda, recogida y aceptada como principio general de Derecho. 

El señor Rowley parece olvidar (o ignorar) que Trinidad y Tobago es signataria de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas desde el 18 de septiembre de 1962, y que dicho instrumento establece en el artículo 2.2 la obligación de cumplir de buena fe las obligaciones contraídas por los signatarios de conformidad con esta Carta.  

El señor Rowley debe tener en cuenta que Trinidad y Tobago también es Estado Parte de la Convención sobre los Refugiados de 1951, la cual suscribió el 10 de noviembre de 2000, y que en su artículo 33 establece la prohibición de expulsión y de devolución (“non refoulement”).

El principio de no devolución o non-refoulement es la piedra angular de la protección internacional que requieren las personas refugiadas y de aquellas que solicitan asilo. Es una medida efectiva para garantizar el ejercicio del derecho a buscar y recibir asilo, y se erige como un componente integral de la protección internacional que garantiza a las personas solicitantes de asilo y refugiadas que ningún Estado Contratante (Trinidad y Tobago lo es) pueda expulsarlos o devolverlos o ponerlos en modo alguno en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones políticas.

El señor Rowley formuló sus lamentables comentarios luego de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) afirmara que entre los deportados había solicitantes de asilo que se habían registrado y recibido sus certificados de la ONU, por lo que no se les debería haber permitido irse sin que la agencia verificara sus circunstancias.

Seguramente la presidenta de Trinidad y Tobago, Paula Mae-Weekes, que es abogada egresada de la Universidad de las Indias Occidentales, Cave Hill, sabe que la declaración de Keith Rowley es un acto de naturaleza jurídica que implica el desconocimiento del derecho internacional y el incumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por el Estado que representa, lo cual coloca a Trinidad y Tobago en una situación de responsabilidad internacional, que tarde o temprano será sancionada por los órganos de supervisión y control correspondientes.

La actitud del Señor Rowley contrasta con el aprovechamiento que ha hecho el gobierno de Trinidad y Tobago de fondos, de dinero proveniente de Naciones Unidad. Por ejemplo, recibió 15.000$ para ejecutar el proyecto “Construyendo un Centro de Documentación Digital en la Comisión Nacional de Trinidad y Tobago para la UNESCO”; 20.000$ para el “Foro sobre Inclusión Social, Diversidad y Equidad de Género en Trinidad y Tobago”, 20.000$ para el “Segundo Taller Nacional sobre la Convención del Patrimonio Mundial”, y 21.000$ para “el Proyecto Global de Experimentos de Microscience de la UNESCO TT”.

Y Trinidad y Tobago también se ha aprovechado de la “generosidad” del gobierno venezolano; por ejemplo, de la creación de un fondo de 50 millones de dólares para impulsar la explotación y comercialización de gas.

La migración forzada de venezolanos a causa de la emergencia humanitaria compleja en el país implica responsabilidades compartidas por los países de origen, tránsito y destino.  No basta que los gobernantes de Venezuela y de Trinidad y Tobago insistan en negar el deterioro de la institucionalidad y la miseria que obligan a los venezolanos a huir de su país.

 

@jesusollarves