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Informe Otálvora: Rusia tras la maniobra de Maduro contra Guaidó, por Edgar C. Otálvora

El ministro de Exteriores de Rusia Sergey Lavrov el 21AGO19 en Moscú con la vicepresidenta del régimen de Venezuela Delcy Rodríguez.

Foto: Ministerio Asuntos Exteriores Federación de Rusia

 

 

Diario Las Américas

 

Con el abierto apoyo del gobierno de Rusia, el régimen chavista intenta crear un escenario en el cual internacionalmente se ponga en duda la Presidencia que ejerce Juan Guaidó sobre el poder legislativo venezolano que sustenta, además,  su posición de Presidente Encargado del Ejecutivo.

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El 05ENE20, las fuerzas militares controladas por Nicolás Maduro establecieron un férreo control al decimonónico Palacio Federal, situado en el centro de Caracas, que es asiento de la Asamblea Nacional. Mediante una decena de puntos de control localizados algunos a centenas de metros del edificio, tropas de la Guardia Nacional se proponían dificultar el acceso a la zona mientras grupos paramilitares hostigaban a los corresponsales de prensa que intentaban cubrir los eventos. Según reconoció el propio gobierno, los militares tenían como misión impedir el acceso al Palacio Federal de un grupo de diputados opositores. El propósito obvio era quebrar la mayoría disponible por Guaidó para ser reelecto. Pero, en todo caso, el régimen procuraba crear una situación de caos que facilitara la realización de una sesión parlamentaria sin control de Guaidó y de la cual emergiera un eventual nuevo presidente afín a Maduro. El objetivo central del régimen es crear la sensación de una dualidad de jefatura en el poder legislativo.

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Contrastando listados elaboradas por el gobierno, los militares sometían a escrutinio a los diputados que intentaban entrar al edificio del Parlamento. Según la periodista Madelein García del canal castrochavista Telesur, los militares fueron provistos de listados contentivos de diputados “que tenían allanada su inmunidad, algunos con orden de captura, se les investigaba por eje por el intento de golpe de Estado del #30A.” Es decir, los militares tenían órdenes de no permitir el ingreso de diputados que son objeto de persecución política por el propio régimen. Sin precisar quien la emitió, la periodista García informó que “había una orden de no dejarlos ingresar pero con ellos @jguaido quien insistía o todos o nadie”.

Al final del día 05ENE20, Guaidó resultó reelecto como Presidente de la Asamblea Nacional en una sesión realizada en los espacios del diario El Nacional al este de la ciudad. Un centenar de diputados que superaban el mínimo necesario de 84 votos, se pronunciaron nominalmente a favor de Guaidó. Pero previamente en el salón de sesiones de la Asamblea Nacional, parlamentarios del partido chavista PSUV en connivencia con una decena de diputados electos por la oposición, simularon la realización de una sesión parlamentaria, sin conteo de los asistentes y sin realizar una votación, al cabo de la cual anunciaron la elección del diputado Luis Parra como supuesto nuevo Presidente de la Asamblea. Parra fue inmediatamente reconocido por Maduro y con auxilio de la tropa tomó control de las oficinas protocolares de la Presidencia del parlamento.

Poquísimas horas después, en la mañana moscovita del 06ENE20, la cancillería rusa emitió un largo comunicado en el cual afirmaba que “El 5 de enero, en Venezuela se efectuó la estipulada por la legislación transferencia de la presidencia rotatoria en la Asamblea Nacional. Ahora la encabeza el representante de la oposición Luis Parra. Interpretamos la elección del nuevo dirigente del Parlamento como un legítimo procedimiento democrático que contribuye a reinsertar las luchas políticas en Venezuela en el marco constitucional”. Quedaba en claro que Rusia, el principal acreedor del régimen chavista y uno de sus sustentos de apoyo internacional, formaba parte del montaje. Si bien el vocero del Ministerio de Exteriores de China no mencionó a Venezuela en sus ruedas de prensa diarias, las agencias de noticias del gobierno chino comenzaron a referirse a Parra como presidente de la Asamblea Nacional. En suma, el régimen chavista con el activo respaldo de la diplomacia rusa y cubana está intentando imponer la tesis de la existencia de un nuevo presidente del legislativo venezolano.

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Con el apoyo de Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Uruguay, Francia, Italia, Alemania, los Países Bajos, Panamá, Portugal, España, Suecia y del Reino Unido, y con la sola abstención de Uruguay, el Grupo de Contacto Internacional para Venezuela emitió un comunicado en 09ENE20 en el cual se refería a la maniobra de Maduro. “La elección de Luis Parra no puede considerarse legítima ni democrática” afirmaba el texto. Ese mismo día, el español Josep Borrell actuando en calidad de Alto Representante y vocero de la Unión Europea emitió un comunicado oficial expresando que “la Unión Europea considera que la sesión de votación que condujo a la “elección” de Luis Parra no es legítima, ya que no respetó los procedimientos legales ni los principios constitucionales democráticos. La UE expresa su pleno apoyo a Juan Guaidó como Presidente de la Asamblea Nacional”.

Resalta la mención expresa a Luis Parra y la calificación de ilegítima a su pretendida presidencia en ambos documentos elaborados bajo inspiración europea que busca contraponerse a la tesis que promueve Moscú.

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Los cambios de orientación política en diversos gobiernos del Continente están impactando en la conformación de las alianzas que respaldan internacionalmente al “gobierno” de Juan Guaidó.

El nuevo gobierno de Argentina encabezado por Alberto Fernández, en su afán de mantener líneas de contacto con EEUU y Brasil, hace esfuerzos por no mostrarse como un aliado incondicional de Maduro  pero claramente abandonó la posición de activismo internacional que su predecesor Mauricio Macri había impulsado contra el régimen chavista. Sin separarse aún del Grupo de Lima, la cancillería de Fernández en manos de Felipe Solá se negó a suscribir los comunicados emitidos por el Grupo que condenaron “el uso de la fuerza y las prácticas intimidatorias contra los parlamentarios de la Asamblea Nacional” y saludaron la reelección de Guaidó. La cancillería argentina emitió en solitario un comunicado calificando como “inadmisibles para la convivencia democrática los actos de hostigamiento padecidos por diputados, periodistas y miembros del cuerpo diplomático al momento de procurar ingresar al recinto de la Asamblea Nacional, para elegir a las nuevas autoridades de su junta directiva”. Argentina, al igual que el gobierno mexicano de López Obrador, optaron por desmarcarse de la maniobra del régimen chavista pero sin distanciarse mucho. De hecho a las pocas horas de los sucesos en Caracas, la dirección de ceremonial de cancillería kirchnerista emitió una comunicación dirigida a Elisa Trotta Gamus, la enviada de Guaidó en Buenos Aires, notificándole que Argentina dejaba de reconocerla como representante diplomática de Venezuela.

El 10ENE20, la delegación de Argentina no votó la resolución que en la OEA condenó “el uso de la fuerza y tácticas intimidantes por parte del régimen de Nicolás Maduro” contra la Asamblea Nacional. Argentina prefirió abstenerse en la votación en el Consejo Permanente de la OEA. El gobierno argentino, además, retiró su apoyo a la reelección de Luis Almagro como Secretario General de la OEA y podría comprometer su voto a favor de la ecuatoriana María Fernanda Espinoza. La candidatura de Espinoza fue presentada por Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas y está siendo promovida por el eje castrochavista.

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El gobierno de transición de Bolivia encabezado por Jeanine Áñez ha dado un giro en apoyo a los sectores democráticos venezolanos distanciándose del eje castrochavista. Uno de los primeros pasos de política exterior de Añez fue desvincular a su país de la organización ALBA liderada por los regímenes de Cuba y Venezuela. Luego Bolivia se sumó al Grupo de Lima y procedió a suscribir el comunicado del 05ENE20 generado ante las acciones violentas del régimen Maduro que tenían lugar ese día contra los diputados de la Asamblea Nacional.  Pocas horas después, en un comunicado redactado en la noche del 05ENE20 y divulgado el 06ENE20 en el cual ya saludaba “la reelección de Juan Guaidó como Presidente de la Asamblea Nacional y Presidente Encargado de Venezuela”, el Grupo saludó la incorporación de Bolivia. Por cierto, Guyana como miembro del Grupo de Lima firmó el comunicado del 05ENE20 pero se abstuvo de sumarse al del 06ENE20 ya que el gobierno de David Granger, como parte de sus pugnas territoriales contra Venezuela, no reconoce a Guaidó como Presidente del Ejecutivo venezolano.

El 09ENE20 Bolivia reiteró el cambio en su posición exterior en un contexto europeo. En el denominado “Grupo de Contacto” impulsado por la Unión Europea en procura de una solución negociada para Venezuela y en el cual intervienen gobiernos de Europa y Latinoamérica, los enviados de Evo Morales solían asistir pero sin suscribir los comunicados. El 09ENE20, el Grupo de Contacto emitió un comunicado apoyando a Guaidó. Bolivia por primera vez suscribió el comunicado dejando solo al saliente gobierno de Uruguay que se negó a suscribirlo.

 

En la OEA, el gobierno de Bolivia formó parte del grupo de catorce gobiernos que solicitaron una reunión extraordinaria del Consejo Permanente, celebrada el 10ENE20, para evaluar la situación de Venezuela y votar una resolución reconociendo la reelección de Juan Guaidó como Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.

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Durante el mandato de Evo Morales, Cuba habría recibido US$ 147 millones procedentes de las arcas del gobierno de Bolivia a cuenta de remuneración de las “brigadas médicas”. La cifra procede del informe presentado el 08ENE20 por el  ministro de Salud de Bolivia Aníbal Cruz. A la llegada de Morales a la Presidencia en enero de 2006, Hugo Chávez comenzó a drenar recursos venezolanos hacia su socio boliviano, incluyendo el pago a Cuba de los servicios que prestaba a Morales en áreas de seguridad, alfabetización y personal de salud. Con el transcurrir del mandato de trece años de Morales, Cuba también comenzó a beneficiarse de los crecientes ingresos fiscales bolivianos.

 

@ecotalvora

Abrams: EE.UU. continuará y fortalecerá las sanciones a Venezuela

El representante especial de EE.UU. para Venezuela, Elliott Abrams, afirmó este viernes que Estados Unidos continuará y fortalecerá las sanciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro, con el fin de que se realicen “elecciones libres”.

“Continuaremos las sanciones y las fortaleceremos. Esperamos que la UE (Unión Europea) imponga sanciones adicionales.”, afirmó Abrams. 

El político estadounidense aseguró que el Gobierno de Maduro teme la realización de elecciones libres, por ello, Abrams señaló que se necesita presión para que haya comicios libres y así sacar a Venezuela de la represión y la pobreza.

Abrams recordó que el próximo año habrá elecciones para renovar la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), donde la oposición tiene actualmente la mayoría y que está liderada por Juan Guaidó.

El diplomático estadounidense denunció que la AN está siendo blanco de los ataques del Gobierno de Maduro para impedir que Guaidó sea reelegido como presidente de esa institución.

Así mismo, se unió al llamado de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, para que se retorne a una situación de respeto de los derechos y libertades, y se libere a los detenidos.

“Unas elecciones libres para la AN y comicios presidenciales libres son la única manera de que Venezuela emerja de esta profunda crisis”, subrayó.

Negociaciones

En cuanto a posibles negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela, Abrams aseguró que el régimen no está listo para una discusión seria sobre elecciones presidenciales y la sustitución de Maduro a través de comicios libres y justos.

El representante especial de EE.UU. para Venezuela indicó que actualmente el único contacto que Estados Unidos tiene con el Gobierno venezolano es a través de la ONU en Nueva York.

“Aparte de eso, tenemos formas de mandar mensajes al Gobierno de Maduro, pero no hay conversaciones”, apuntó.

Desde su llegada a la Casa Blanca en enero de 2017, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha elevado la presión sobre Caracas y ha impuesto sanciones económicas a más de un centenar de funcionarios y altos cargos cercanos al presidente Maduro, entre ellos su esposa, la primera dama Cilia Flores.

 

*Con información de EFE.

Unión Europea alerta de juicio

El alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, advirtió de “irregularidades” en el juicio al diputado Juan Requesens, acusado junto a otros 16 detenidos por los sucesos de agosto de 2018, cuando se produjo un atentado contra Nicolás Maduro.

“La UE lamenta que el juicio no haya logrado hasta ahora dar las garantías adecuadas de transparencia y el debido proceso legal”, dijo una portavoz de Borrell mediante un comunicado.

En el texto, Borrell asegura que la detención de Requesens es una “clara violación de su inmunidad parlamentaria como miembro electo de la Asamblea Nacional de Venezuela”.

Asimismo, condenó que “se haya denegado una vez más a sus diplomáticos el acceso como observadores a las audiencias de estos casos”, lo que, a su juicio, “vulnera la legislación venezolana sobre la publicidad de las audiencias”.

Además, el diplomático europeo señaló que “irregularidades similares se observaron por desgracia” en el proceso contra el diputado Roberto Marrero, detenido desde el 21 de marzo.

“Venezuela tiene una responsabilidad especial, como miembro electo del Consejo de Derechos Humanos. Venezuela debe defender el pleno respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales”, destacó Borrell.

En su opinión, las autoridades venezolanas deben “garantizar un proceso transparente contra todos los detenidos y liberar a todos los prisioneros políticos”.

Con información de EFE

Unión Europea apoya a Bolivia para que celebre elecciones creíbles
La Unión Europea (UE) ofreció este domingo a Bolivia su cooperación para la celebración de nuevos comicios “creíbles” en el país como alternativa para superar la crisis que afronta desde la renuncia de Evo Morales hace una semana.

El representante de la UE en Bolivia, León de la Torre Krais, se reunió por varios minutos en el Palacio de Gobierno de La Paz con la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez.

El diplomático mencionó en un contacto con los medios que la reunión sirvió para “reiterar el ofrecimiento” del organismo europeo de manera que Bolivia pueda celebrar en el menor tiempo posible elecciones “transparentes y creíbles”.

“Vamos a hacer un esfuerzo para apoyar este periodo transitorio para que desemboque en elecciones creíbles”, recalcó.

Una de las prioridades es encaminar un nuevo proceso electoral de forma que tenga “todas las garantías” y cumpla con los estándares internacionales “más exigentes”, indicó De la Torre.

Para ello, el funcionario del organismo internacional consideró que será fundamental que en el futuro el Órgano Electoral boliviano cuente con los recursos necesarios para su trabajo además de un “personal adecuado y capacitado”.

Añadió que un elemento de importancia también será la designación de los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral que el país deberá elegir por “consenso” de manera que sean autoridades de “prestigio” y con “trayectoria”.

De la Torre consideró que uno de los pasos más importantes que se deben dar para ese objetivo es consolidar el diálogo en Bolivia ya que cada muerte que se produce a raíz de los conflictos “dificulta el proceso de pacificación”.

 

En Bolivia se han registrado 23 muertes en las protestas que comenzaron después de las elecciones del 20 de octubre y se han reportado más de 700 heridos en las manifestaciones que se han dado de parte de detractores partidarios de Morales.

 

Este encuentro entre el Gobierno transitorio boliviano y la UE se suma al que sostuvieron el pasado sábado las autoridades del país con el enviado de las Naciones Unidas, Jean Arnault, con el horizonte de atenuar las protestas que han sostenido algunos sectores del país.

Fuente: EFE

UE prorrogó por un año las sanciones contra funcionarios vinculados a Maduro
Las medidas de la UE afectan a 25 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro e incluyen el embargo de armas

La Unión Europea (UE) informó este lunes 11 de noviembre que prorrogó por un año el embargo de armas y las sanciones impuestas contra 25 funcionarios vinculados al gobernante Nicolás Maduro.

Según informó el organismo internacional, la decisión se tomó ante las “acciones persistentes que socavan la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos” en la Venezuela de Maduro.

“El Consejo [de la UE] ha prorrogado hoy las medidas restrictivas contra Venezuela por un año, hasta el 14 de noviembre de 2020”, anunció esta institución tras la decisión adoptada por los cancilleres europeos reunidos en Bruselas.

 

En el año 2017 Venezuela se convirtió en el primer país latinoamericano sancionado por la UE que, desde entonces, ha impuesto un embargo de armas, así como sanciones contra 25 funcionarios venezolanos, los últimos siete en septiembre por “torturas” y “violaciones de derechos humanos.

Las medidas, que son “reversibles”, buscan “contribuir a promover la adopción consensuada de soluciones democráticas para garantizar la estabilidad política del país y permitir a Venezuela atender a las acuciantes necesidades de la población”, precisó el Consejo.

Los 28 países, cuya política exterior se decide por unanimidad, son reticentes a elevar la presión al máximo, con sanciones a Maduro, para no cerrar canales diplomáticos, pese a que Estados Unidos y los opositores al presidente del país le piden una posición más dura.

AFP

Crímenes sin castigo | Disputas en Luxemburgo
-Diez prominentes oficialistas adelantan litigios para revertir las sanciones impuestas en distintos momentos por la Unión Europea, debido a violaciones a derechos fundamentales de la población venezolana

Una parte del futuro de Venezuela se dirime en un juzgado de Luxemburgo, probablemente desconocido para la mayoría de la población del país.

En este pequeño país de Europa Central, denominado también Gran Ducado, opera el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una instancia creada en 1952 con la finalidad de interpretar las normas de la confederación y controlar la legalidad de los actos y las decisiones emanadas de ella.

Ante ese tribunal, y en absoluto sigilo, diez importantes operadores del régimen de Nicolás Maduro han recurrido con la finalidad de anular las sanciones que les han impuesto a través del Consejo Europeo, por considerarse que han contribuido a la violación de los derechos humanos de los venezolanos.

El 18 de septiembre, el juzgado europeo recibió un segundo grupo de demandas de nulidad. La primera en acudir fue Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, acompañada por Xavier Moreno Reyes, secretario general de la misma entidad; la rectora Socorro Hernández, y la actual Vicepresidenta Ejecutiva Delcy Eloína Rodríguez. Los nombres son mencionados en el orden en que fueron admitidas sus demandas, y les asignaron números a sus expedientes.

 

Los primeros litigios se iniciaron por los recursos interpuestos en abril de 2018 por Maikel Moreno, actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia; la presidenta del Poder Electoral Tibisay Lucena; el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello, y el fiscal general designado a través ese cuerpo y ex presidente del Poder Moral, Tarek William Saab. Moreno fue el primero que recurrió a la instancia judicial europea para revertir las sanciones.

El 18 de septiembre, el juzgado europeo recibió un segundo grupo de demandas de nulidad. La primera en acudir fue Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, acompañada por Xavier Moreno Reyes, secretario general de la misma entidad; la rectora Socorro Hernández, y la actual Vicepresidenta Ejecutiva Delcy Eloína Rodríguez. Los nombres son mencionados en el orden en que fueron admitidas sus demandas, y les asignaron números a sus expedientes.

En enero de este año abordaron el mismo tren la ex vicefiscal Katherine Harrington y el ex comandante general de la Guardia Nacional, mayor general retirado Antonio Benavides Torres.

La documentación que se ha logrado revisar sobre estos litigios indica que los argumentos esgrimidos por estos diez demandantes son esencialmente los mismos. En el caso de Diosdado Cabello, por ejemplo, se indica que el Consejo de Europa supuestamente “vulneró el principio de buena administración, así como su derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva, al denegarle el acceso a las pruebas en las que supuestamente se basa su inclusión en la lista”. De igual forma, según el actual presidente de la ANC, “el Consejo incurrió en un error de apreciación al no haber demostrado que el demandante esté implicado en acciones que menoscaben la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela”.

Se debe recordar que Cabello fue sancionado por los países miembros de la Unión Europea el 22 de enero de 2018, específicamente por considerarse que “en menoscabo de la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela, en particular utilizando los medios de comunicación para atacar públicamente y amenazar a la oposición política, a otros medios de comunicación y a la sociedad civil”.

El general Benavides Torres fue incorporado en la lista negra junto a Cabello. Sin embargo, el oficial retirado esperó casi un año para solicitar la anulación de esta decisión. Argumentó que para el momento en que fue sancionado ya no ejercía la comandancia general de la Guardia Nacional. Sin embargo, la razón que se tomó en cuenta en su caso no era si ejercía o no el cargo, sino que cuando estaba al mando se verificaron “graves violaciones a los derechos humanos”.

“Sus acciones y políticas como comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, como el hecho de que la Guardia Nacional Bolivariana asumiera el liderazgo de la presencia policial en las manifestaciones civiles y abogara públicamente por que los tribunales militares tuvieran jurisdicción sobre la población civil, han menoscabado el Estado de derecho en Venezuela”, es el punto central de la sanción al oficial.

Por su parte, la rectora del CNE Socorro Hernández argumentó que las sanciones “constituyen una restricción injustificada y desproporcionada del derecho fundamental de la propiedad”. Esto sugiere que la decisión adoptada por los países europeos le ha impedido disponer de sus activos.

Sobre estos litigios no se ha llegado a ninguna decisión. Cada expediente mantiene una numeración individual, lo que sugiere que hasta el momento no se ha producido una acumulación. Sin embargo, las decisiones que se tomen con respecto a las primeras solicitudes de nulidad tendrían un efecto sobre las demás.

Un factor en común en todos los juicios, además de los argumentos centrales, es la pareja de apoderados judiciales. Se trata de Fabrizio de Gianni (escritorio Van Bael & Bellis), asistido por otro litigante que solo se identifica como L. Giuliani.

Hasta ahora, ocho sancionados por la Unión Europea no han recurrido al tribunal de Luxemburgo: los ministros Jorge Rodríguez y Tarek el Aissami, los generales Gustavo González López (director del Sebin y del Cesspa), Iván Hernández Dala (director de la Dgcim), Jesús Suárez Chourio (comandancia en jefe de la FAN), Néstor Reverol (MRI), Sergio Rivero (ex comandante general de la GN) y el protector del Táchira Freddy Bernal.

Una fuente diplomática con conocimiento del tema explicó que durante cada uno de estos juicios los querellantes tendrán la oportunidad de acceder a los expedientes que fueron tomados en consideración para emitir las respectivas sanciones. Si el proceso finaliza con una decisión que los favorezca no solo revertirán las medidas de la Unión Europea, también podrán exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios, y de las costas de todo el litigio.

Breves

  1. -98 personas han muerto durante los primeros nueve meses de 2019 en retenes policiales e internados judiciales. Las cifras que se han logrado conocer extraoficialmente por fuentes de Relaciones Interiores solo consignan los nombres de 69 reos fallecidos, pues omiten la matanza que hubo en el retén de Acarigua, ocurrida en mayo, en la que perdieron la vida 29 internos. Esta ha sido una constante en los despachos de seguridad gubernamentales desde hace varios años. Por ejemplo, los cadáveres de las masacres reportadas en instalaciones carcelarias de Puerto Ayacucho (agosto 2017) y Valencia (marzo 2018), nunca fueron tomados en consideración para las estadísticas gubernamentales. Once de las muertes que entraron en el registro ocurrieron en instalaciones del Distrito Capital y el estado Miranda. En Aragua han contado nueve, de las cuales siete fueron en el internado judicial de Tocorón. Otras cinco en La Pica de Monagas, y cuatro en Tocuyito. En general, salvo lo del retén en Portuguesa, los brotes de violencia entre detenidos han tenido un promedio apenas superior a un fallecido, lo que hace presumir disputas focalizadas, no riñas generales. Otro dato es que tales brotes generalmente finalizan con muertes. Las cifras levantadas hasta ahora solo dan cuenta de once heridos.
  2. -Desde el mes de agosto, se percibe un claro incremento en los secuestros. Esto sucede tanto en Caracas como en diversos estados del interior del país. Aunque las cifras totales, conocidas de manera extraoficial, siguen siendo menores que las registradas en 2018, el hecho es que a partir de las vacaciones escolares se elevó de manera notable la frecuencia de las denuncias de este delito. No se trata solo del caso del exgobernador Yohnny Yánez, quien fue plagiado en Macaracuay y ultimado en cautiverio. En octubre han ocurrido casos en Altamira, que no han sido denunciados pues las víctimas tienen la convicción de que sus captores eran presumiblemente agentes de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES). En los primeros siete meses del año eran reportados casos de manera interdiaria. Ahora son todos los días. En Monagas, este delito ha subido 400%. En Sucre, 100%, 300% en Lara y 50% en Táchira. Esto desde luego contribuye a incrementar la angustia de la ciudadanía, que percibe un alza general del delito y una tímida respuesta de los cuerpos de seguridad.

@javiermayorca

ONU y UE reúnen 133 millones de dólares para atender crisis migratoria
Federica Mogherini, jefa de la diplomacia europea, consideró “urgente” movilizar el apoyo internacional para atender la crisis migratoria

La Unión Europea (UE) y Naciones Unidas llamaron este martes 29 de octubre a aumentar la ayuda a los países de América Latina que afrontan la llegada de venezolanos que huyen de su país a causa de la crisis humanitaria.

La solicitud se hizo al término de una conferencia donde los organismos internacionales se comprometieron a aportar unos 130 millones de dólares para atender la crisis migratoria.

Federica Mogherini, jefa de la diplomacia europea, expresó: “Si no movilizamos recursos hoy podemos enfrentar consecuencias aún más costosas, desde el punto de vista humanitario como económico dentro de uno, dos o cinco años”.

Pese a que no se busca recaudar fondos, los países y organizaciones participantes comprometieron  “120 millones de euros” adicionales (133 millones de dólares), anunció Mogherini.

 

“Como europeos lo sabemos muy bien. Si hubiéramos invertido un poco para apoyar la crisis de los refugiados sirios o otras crisis de migrantes al principio del proceso, no sólo habríamos salvado vidas, sino que habríamos ahorrado dinero”, agregó.

 

Secundó la visión del Alto Comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, consideró que durante la crisis en Siria se desarrollaron justamente instrumentos por parte de instituciones internacionales para apoyar a los países de acogida de manera “sostenible”.

“Por eso es muy urgente movilizar el apoyo internacional (…) porque eso se convierte en un factor de desestabilización. Este no es el caso todavía”, apuntó Mogherini.

Con información de AFP

UE donará 11,1 millones de dólares a Colombia por crisis migratoria de venezolanos
Jolita Butkeviciene detalló que la medida tendrá el objetivo de apoyar en cinco municipios la integración de población migratoria con viviendas

La directora de Cooperación para América Latina y Caribe de la Comisión Europea, Jolita Butkeviciene, anunció este jueves, 24 de octubre, que el bloque comunitario donará 10 millones de euros (unos 11,1 millones de dólares) a cinco ciudades colombianas para atender la crisis migratoria venezolana.

 

“Firmaremos hoy un compromiso de parte de la Unión Europea para poner 10 millones de euros (…) a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para apoyar en cinco municipios la integración de población migratoria con viviendas, con integración económica, pero también con emprendimiento y educación”, dijo Butkeviciene en una rueda de prensa.

 

El programa, realizado en conjunto con el Fondo Coreano para Reducir la Pobreza, beneficiará a las ciudades caribeñas de Barranquilla, Riohacha y Maicao, así como a Cúcuta, que tiene el principal paso fronterizo con Venezuela, y Medellín, capital del departamento de Antioquia (noroeste).

El objetivo es que se mejoren la sostenibilidad fiscal y urbana de esas ciudades a través de un “modelo integrado de asistencia al migrante (MAM)”, con el que se gestionarán servicios sociales y oportunidades económicas para los venezolanos.

También se establecerán escuelas taller en comunidades que reciben migrantes con el objetivo de capacitar para el trabajo a 1.500 personas, la mitad de ellas venezolanas y la otra mitad colombianas.

Según cifras de Migración Colombia divulgadas esta semana, cerca de 1,5 millones de venezolanos residen en el país, la mayoría de ellos en Bogotá, en donde aprovechan las oportunidades que se les ofrecen en diferentes campos para iniciar una nueva vida.

La capital colombiana, con 357.000 venezolanos registrados, es la ciudad en donde más ciudadanos del país vecino residen, seguida de Cúcuta con 93.461 personas.

Después están la caribeña Barranquilla, con 86.918; Medellín, con 86.201, y Cali, con 55.884; así como Maicao, con 44.251, y Riohacha, con 42.278, estas dos últimas en el departamento de La Guajira, fronterizo con Venezuela.

Por otra parte, la embajadora de la Unión Europea (UE) en Colombia, Patricia Llombart, recordó que la próxima semana se realizará “una Conferencia de Solidaridad para la migración y para los refugiados venezolanos que están en diferentes países de América Latina”.

“Es una conferencia donde hay más de 200 invitados, está organizándola la Unión Europea junto a Acnur (Agencia de la ONU para los Refugiados) y la OIM (Organización Internacional para las Migraciones)”, manifestó.

Agregó: “Es una conferencia que tiene como objetivo fundamental de llamar la atención sobre esta crisis de migración y de refugiados venezolanos que está teniendo lugar aquí en América Latina, llamar la atención de muchos países”.

A la Conferencia de Solidaridad de Bruselas, sin delegación venezolana, asistirán representantes de Latinoamérica y el Caribe, miembros de la UE, agencias de la ONU, organizaciones no gubernamentales y entidades financieras como el BID o el Banco Mundial (BM).

Con información de EFE