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Dos fundamentos que debemos rescatar, por Alejandro Armas

NO PUEDO OLVIDAR LA TENSIÓN que reinaba en el ambiente aquel día de enero de 2016. Los diputados opositores electos semanas antes llegaron para formar, por primera vez, una mayoría disidente del chavismo en la Asamblea Nacional desde que este cuerpo reemplazó al Congreso de la República. El aire estaba impregnado de rumores sobre un acto de fuerza por parte del régimen de Maduro que impediría la instalación de un poder público adverso. Aunque la jornada concluyó sin violencia en el Capitolio, pasó poco tiempo para comprobar que la elite chavista no estaba dispuesta a tolerar la pérdida del control absoluto del país. Un recuento de todo lo que ha hecho para anular la AN me tomaría la columna completa. Basta con señalar, como el último eslabón de esa cadena impresentable, la gravísima persecución a la que ha sido sometida un grupo de legisladores.

La AN está siendo desbaratada en cámara lenta. En vez de una disolución al estilo de Fujimori o, por volver con el ejemplo criollo, un asalto homicida como el que lanzaron las huestes de José Tadeo Monagas el 24 de enero 1848, los diputados están siendo separados de sus curules uno por uno y llevados a la clandestinidad, el exilio, la cárcel o, al momento de escribirse estas líneas, una siniestra falta de paradero conocido tras la detención. Las sesiones no han cesado, pero es innegable que el parlamentarismo venezolano se encuentra en la lista de especies en peligro de extinguirse. Semejante posibilidad es, sin consumarse, una aberración que atropella casi 400 años de progreso en la filosofía política. Aunque en esta columna siempre se comparan hechos del presente con los del pasado, hoy me voy limitar al terreno de la historia de las ideas para exponer el retroceso que Venezuela está experimentando.

Junto con la pintura de Rafael y la escultura de Miguel Ángel, entre tantas otras maravillas, el Estado moderno es uno de los hijos más destacados del Renacimiento. Teóricos como Tilly atribuyen su aparición al desarrollo de nueva tecnología bélica. Otros, como Spruyt, apuntan a una alianza entre monarcas y burgueses para socavar las bases del feudalismo. Como sea, el proceso se dio sin un ideario teleológico que lo impulsara. Fue entre los siglos XVI y XVII, luego de que la evolución desechara los modos de ordenación política medievales, que al Estado se le dio una razón de ser teórica. ¿Materialismo histórico? Quizá. Hablando de eso, fue Hobbes, un destacado materialista, quien hizo el mayor aporte filosófico al Estado como constructo social necesario. En resumen, el secretario de la familia Cavendish argumentó que, para que los seres humanos pudieran vivir en paz y prosperidad, era necesario entregar el monopolio de la violencia legítima a un ente que se encargara de protegerlos. Dicho ente es el Estado, que está encabezado por un individuo o asamblea investido con soberanía absoluta, intransferible y, léase bien, indivisible.

Desde luego, visto desde nuestra perspectiva del siglo XXI, el Estado hobbesiano luce espantosamente opresor. Afortunadamente, poco después de Hobbes hubo un Locke, quien advirtió que la soberanía absoluta equivale a tiranía y que, por ello, conviene ponerle límites. En su preclaro Segundo Tratado del Gobierno Civil, Locke planteó la necesidad de dividir el poder del Estado entre quienes diseñan las leyes y quienes las administran. Esos son, por supuesto, el poder legislativo y el poder ejecutivo. En rigor, Locke fue la cima de una corriente de pensamiento que se desarrolló en Inglaterra durante el tumultuoso siglo XVII, cuando el país se debatió, llegando a la guerra civil, entre la monarquía absoluta y el régimen parlamentario. Desde antes de que se desataran las hostilidades, juristas ingleses estaban alertando que las decisiones de los reyes Estuardo atentaban contra los derechos tradicionales que se remontaban a la Carta Magna. Hayek sostuvo que la corriente inglesa de separación de poderes tenía como fin último la preservación de la libertad individual. Con la Revolución Gloriosa, Inglaterra, que pronto se metamorfoseó en Gran Bretaña, pasó a ser uno de los pocos Estados europeos en los que el absolutismo no se arraigó.

En pleno Siglo de las Luces, Montesquieu dio un paso más y añadió a la dupla de Locke un tercer poder: el judicial, para interpretar las leyes y dirimir disputas legales entre los ciudadanos. Ese mismo siglo fue testigo de otra importantísima contribución al pensamiento político occidental. Me refiero al constitucionalismo. Esta vez la batuta la llevaron los progenitores de la primera república americana. Madison, Jefferson, Hamilton y otros concibieron una ley fundamental para el funcionamiento del Estado que garantizara la separación tripartita del poder y de esa forma protegiera la paz entre sus ciudadanos con el menor riesgo posible de coerción al individuo. Desde entonces, la Constitución estadounidense ha servido de modelo para incontables leyes fundamentales en los más diversos rincones del planeta. Sobre todo en Latinoamérica se han hecho intentos de emularla, a menudo sin éxito por razones que ameritan otra columna.

Sin embargo, de forma paralela a esta tradición liberal se han desarrollado otras formas de pensamiento político. Rousseau concibió una soberanía que, como la hobbesiana, es absoluta. Pero la atribuyó a la ciudadanía en pleno y no al ente representativo que Hobbes tenía en mente. Esta aproximación tiene sus luces y sombras. Por un lado, significó una contribución gigantesca a la idea de una república democrática, en la que el pueblo está permanentemente facultado para decidir. Por el otro, la soberanía democrática, al no tener límites, fácilmente degenera en tiranía de las mayorías presentada como voluntad general. No queda en este sistema ningún resguardo para el sujeto individual y la suerte de cada persona puede ser decidida por lo que el colectivo determine.

Por último, en Schmitt la noción de soberanía ilimitada alcanzó su expresión más peligrosa. Su soberano tiene la capacidad de decidir cuándo se debe instaurar un estado de excepción que le permita gobernar de forma dictatorial. Es como un presidente que puede darse a sí mismo una ley habilitante. Al igual que Rousseau, el jurista germano repudió el parlamentarismo representativo inglés por sus facciones y sus negociaciones, cuya conducción atribuyó a elites partidistas. Prefería una asamblea popular sin pluralidad y que estuviera en sintonía permanente con el líder. El tono populista y totalitario es bastante evidente, lo cual nos lleva de vuelta al chavismo y su visión del ejercicio del poder.

A la elite que gobierna Venezuela le desagradan la separación de poderes y el constitucionalismo precisamente porque, en términos coloquiales, le impiden hacer lo que le da la gana. Chávez simuló lo contrario mandando a redactar una Constitución que incluyera cinco en lugar de tres de poderes pero no tardó en demostrar que los quería todos sometidos a su persona. La quintaesencia de tal despropósito retrógrado la expuso la entonces presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales, cuando espetó con desparpajo que la división de poderes atenta contra el funcionamiento óptimo del Estado. Agregue a eso, estimado lector, el abuso de leyes habilitantes para transferir la facultad legislativa a Chávez y a Maduro. También la pretensión de reemplazar gobernaciones y alcaldías con comunas que dependen ideológicamente del chavismo. Lo más grotesco ha sido la formación de un cuerpo colegiado hecho a la medida de los intereses de la elite gobernante, al que se le atribuye una “supraconstitucionalidad”, intento de legitimar el poder ilimitado.

Nunca hubo cabida para una AN plural en este esquema. Mucho menos si la controla la oposición. Por eso el régimen desde principios de 2016 se aseguró de confiscarle sus funciones. Ahora confisca sus integrantes. Los venezolanos no podemos acostumbrarnos a este regreso de la soberanía absoluta. Pido disculpas si la columna de hoy pecó de excesivo tono didáctico, pero creo que nunca está de más recordar estas nociones de teoría política. Rescatar la separación de poderes y el constitucionalismo es un deber urgente.

 

@AAAD25

ANC propone a Maduro fusionar ministerios y designar a “dirigentes políticos de base”

LA COMISIÓN DE SOBERANÍA e integridad territorial de la asamblea constituyente, presidida por Gerardo Márquez, propuso al gobierno de Nicolás Maduro una reestructuración de la cartera ministerial que consiste principalmente en fusionar ministerios y designar a funcionarios que “sean dirigentes políticos de base, con créditos académicos y profesionales en la materia o área a dirigir, disposición y disciplina”.

La propuesta de la instancia de la ANC incluye la redacción de una “Ley Constitucional para el reordenamiento del Estado y del Sistema de Gobierno” a fin de que se “armonicen las funciones del Estado”. Los constituyentes también plantean que los ministros deberían durar por lo menos un año para “poder darle continuidad y seguimiento a las políticas públicas”.

La comisión de la constituyente también propone que se abran “procedimientos de contraloría a los funcionarios designados y familiares directos durante el ejercicio de funciones y tras su salida, si hubiera lugar”. No obstante, desde el año 2016 los ministros no publican las memorias y cuentas de sus gestiones.

En algunos casos, hay funcionarios que acumulan más de tres años al frente de un despacho. Uno de ellos es el general del Ejército Vladimir Padrino López, quien de ocupar el cargo de jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional fue en octubre de 2014 designado ministro de Defensa, en sustitución de Carmen Meléndez.

Otro caso es el del mayor general Luis Motta Domínguez, a quien Maduro nombró ministro de Energía Eléctrica en agosto de 2015, mismo mes cuando fue designado presidente de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), en sustitución de Jesse Chacón, quien estuvo a cargo de la estatal por más de dos años, desde abril de 2013.

Maduro, considerado como “ilegítimo” por la Asamblea Nacional y buena parte de la comunidad internacional, solicitó recientemente la renuncia de su gabinete. Así lo informó el domingo pasado la vicepresidente de Maduro, Delcy Rodríguez, por Twitter: “El presidente Nicolás Maduro ha solicitado a todo el gabinete Ejecutivo poner sus cargos a la orden a los efectos de una reestructuración profunda de los métodos y funcionamiento del gobierno bolivariano para blindar la patria de Bolívar y Chávez ante cualquier amenaza”.

El lunes pasado, el líder de la ANC y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, expresó que el PSUV “apoya absolutamente todas las decisiones de nombramientos de ministros, ministras, y de la reestructuración del gobierno”.

En 1998, un año antes de que el fallecido presidente Hugo Chávez asumiera el poder, en febrero de 1999, había apenas 16 ministerios, por lo que el mandatario había prometido que reduciría ese número, pues “con nueve o diez se puede gobernar”. Sin embargo, hasta junio de 2018, el chavismo contaba con cerca de 33 ministerios, de acuerdo con la Gaceta Oficial 41419, que son: Despacho de la Presidencia, Relaciones Exteriores, Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Defensa, Comunicación e Información, Economía y Finanzas, Industrias y Producción Nacional, Comercio Exterior e Inversión Internacional, Agricultura Productiva y Tierras, Agricultura Urbana.

También son el Ministerio de Pesca y Acuicultura, Alimentación, Turismo, Petróleo, Desarrollo Minero Ecológico, Planificación, Salud, Pueblos Indígenas, Mujer y la Igualdad de Género, Atención de las Aguas, Juventud y Deporte, Servicio Penitenciario, Trabajo, Cultura, Educación, Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda, Comunas y Movimientos Sociales, Transporte, Obras Públicas, Energía Eléctrica y Nueva Frontera de Paz.

¿Qué proponen?

Fusionar los ministerios de Agricultura Productiva y Tierras, Pesca y Acuicultura y Agricultura Urbana para crear el Ministerio de Agricultura, Pesca y Acuicultura.

Fusionar los ministerios de Ecosocialismo, Atención de las Aguas y Desarrollo Minero en el Ministerio de Recursos Naturales y Protección Ambiental.

Fusionar los ministerios de Cultura, Juventud y Deporte y adscribir a ese despacho la estructura organizativa de Viceministerio al de Pueblos y Comunidades Indígenas, “considerando que su creación es discriminatoria, en todo caso, también debería existir un ministerio de afrodescendientes o de otro colectivo”.

Fusionar los ministerios de Obras Públicas y Transporte.

Crear un único Ministerio de Educación “con viceministros que atiendan los distintos niveles de educación del país”.

Crear un único Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación.

Separar el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz en dos ministerios: uno de Asuntos Interiores y  otro de Justicia y Derechos Humanos.

Eliminar el Ministerio de Comunas y que “todos los Ministerios lleven en su planificación la comuna como eje transversal”.

Fusionar el Ministerio de Comercio Interior con de Industrias y Producción.

Eliminar las figuras de vicepresidentes sectoriales.

Puede ver la nota en TalCual 

Los puntos que llevaría el oficialismo a un eventual “diálogo”

 

 

EN UNA ENTREVISTA A LA AGENCIA RUSA SPUTNIK NÓVOSTI, el vicepresidente para la Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, dijo que el gobierno tiene cinco puntos para llevar a una eventual mesa de diálogo con la oposición.

Estos son: respeto a la soberanía, a la paz, levantamiento de las sanciones contra Venezuela, un mecanismo que permita dirimir las diferencias políticas entre gobierno y oposición, y la no injerencia de otras naciones en los asuntos internos del país.

“Nosotros veremos qué trae la oposición en su propuesta”, expresó Rodríguez, al ser consultado sobre una posible mesa de diálogo.

Sobre el planteamiento de una posible convocatoria a elecciones como propone el Grupo de Contacto convocado por la Unión Europea, Rodríguez resaltó que las elecciones presidenciales que se realizaron el 20 de mayo de 2018, y en donde Nicolás Maduro resultó reelecto con 67.84 % de los votos, cumplieron con estándares internacionales.

“Ya las elecciones presidenciales se realizaron, no solo con estándares internacionales, sino con el sistema electoral venezolano, que es el más blindado del mundo entero, más fiable que el sistema electoral de Estados Unidos, de España, y sin duda que el de Colombia”, agregó.

 

 

¡Venezuela, la oportunidad es ahora! Por Pedro Méndez Dager

VAN 20 AÑOS DE UN PROCESO de destrucción sistemática de la institucionalidad, de la economía y de la sociedad venezolana. Años, además, en los que se ha entregado la soberanía de la nación a otros países y a organizaciones criminales. Después de 20 años de recorrer un desierto de empobrecimiento, depauperación y éxodo de millones de compatriotas, enero de 2019 está significando la cristalización de un esfuerzo nacional por la liberación, cuya punta de lanza es la Asamblea Nacional y el presidente (e) Juan Guaidó.

Tenemos entre manos una oportunidad única como no se nos había presentado en mucho tiempo, quizá nunca en estos 20 largos años. Es una ventana de oportunidad pequeña y difícil de alcanzar, pero como decía alguien en las redes sociales, en estos días, una ventana por la que todo un país se quiere meter para salir a respirar, por fin, el aire fresco de la libertad, el progreso y el desarrollo.

Esta oportunidad, por supuesto, es compleja, de difícil ejecución y peligrosa, pues enfrentamos a una tiranía totalitaria que, además, responde a intereses internacionales y criminales, en lo que ha dejado de ser un enfrentamiento entre grupos políticos para convertirse en el secuestro que ejecuta un grupo de organizaciones criminales, sobre una sociedad entera y sus instituciones. Pero aun siendo peligrosa e improbable, es menester entender que, si no es esta la oportunidad correcta para liberar a Venezuela, las oportunidades que tengamos en el futuro serán aún más peligrosas y complicadas de llevar a término.

En segundo lugar, es fundamental entender, por parte de los distintos grupos que conforman la opción democrática, que la sociedad está ganada al esfuerzo liderizado por Guaidó. En esta situación, si ganamos, ganamos todos y si perdemos, perdemos todos, no hay espacio para el cálculo político, la sociedad premiará a quienes acompañen este épico esfuerzo civil y patriótico por reconstruir la República y castigará las posiciones tibias sea cual sea el resultado final de esta lucha. Pero, además, es necesario entender, que, ante la magnitud del reto, el esfuerzo de todos es imprescindible. Las tareas son diversas y en varios frentes: la protesta ciudadana, la presión institucional, el invitar a las FAN a la reconstrucción de la República, la presión internacional, la protesta por servicios, libertades y reivindicaciones y se requiere que todos los venezolanos nos involucremos para generar la presión necesaria.

En tercer lugar, debemos dimensionar lo que ha sido el apoyo internacional y comprender que se trata del apoyo decidido y coordinado de todo el mundo libre, de todas las naciones de occidente y de todos nuestros potenciales socios comerciales. Occidente y sus instituciones, aquellas que han sido el fruto del avance de la libertad, de los derechos humanos, de la democracia, de la economía abierta, está apoyando a la causa de la libertad en Venezuela, consciente de que la sociedad ha sido secuestrada y debe apoyarse solidariamente a quienes sufren los abusos de la tiranía y de sus socios. Asimismo, el Mundo y la región perciben que Venezuela se ha convertido en una amenaza para la estabilidad de la región, por la influencia de diversas organizaciones guerrilleras y criminales en el país. Ese apoyo del mundo libre, así de claro, así de decidido, será muy difícil de construir en el futuro. Es por eso que es imperativo hacer todo lo que esté a nuestro alcance por llevar a buen puerto este esfuerzo nacional de liberación.

Por último, pero quizá lo más importante, es fundamental que la sociedad como un todo, ese 80% de personas que apoyan a Guaidó, asumamos con sinceridad la necesidad de acercar, de reintegrar y reinstitucionalizar a las Fuerzas Armadas. Es labor de todos, tender una mano a todos los funcionarios civiles y militares para emprender juntos el camino de la reconstrucción de la patria, sin mezquindades y entendiendo la enorme complejidad del reto por delante. Nuestros hermanos en las Fuerzas Armadas sufren en el corazón de sus familias las privaciones, la escasez, la tristeza de ver a los familiares partir, el dolor de ver a la madre pasar trabajo. No es justo seguir manteniendo en el poder, sobre un trono de bayonetas a quienes nos han sometido al empobrecimiento.

Parte fundamental y fundacional de este esfuerzo que tocará hacer en el futuro, será la de poder despolitizar a las Fuerzas Armadas y ayudar, todos, a que esa institución sea el orgullo de los venezolanos, un lugar de excelencia, prestigio y sobre todo el pilar fundamental de la defensa de la soberanía nacional y de sus instituciones democráticas.

 

@pedro_mendez_d

Ene 07, 2019 | Actualizado hace 1 año
El Esequibo es nuestro, por Carlos Valero

 

EL ESEQUIBO ES UN TEMA DE NACIÓN y debería ser de Estado. Su reclamación debe ser tarea de todos los venezolanos. No se trata de un asunto de discusión sino más bien de defensa de nuestros derechos sobre este territorio. La lucha por la libertad y la democracia en nuestro país no puede ser una excusa para descuidar nuestra justa reclamación territorial.

Recientemente nuestra Armada llevó a cabo una operación que fue respaldada por los sectores fundamentales de la vida nacional. Interceptaron par de buques contratados por ExxonMobil que exploraban en aguas territoriales de Venezuela, violentando nuestra soberanía.

Luego de esta contundente acción por parte de la Armada venezolana se conoció sobre la suspensión del patrullaje en la frontera con Guyana. Ni Nicolás Maduro ni Vladimir Padrino López han dado hasta ahora alguna explicación sobre este retroceso.

Las vacilaciones, omisiones y cesiones del régimen obedecen a una propia subordinación ante los intereses de la política exterior de Cuba. La suspensión del patrullaje y la defensa de la soberanía en aguas que son nuestras son inadmisibles. El Esequibo es venezolano. Mantener una actitud de indiferencia ante la reclamación de nuestros derechos es una afrenta al legado de Simón Bolívar.

El autoritarismo de Maduro, así como sus ataques permanentes al Estado de Derecho, a las instituciones y a la capacidad de los venezolanos de cubrir las mínimas necesidades básicas, debilitan nuestra justa reclamación. El estado de confrontación perenne en el cual se encuentra nuestra sociedad, resistiendo a los embates totalitarios del régimen, obstaculizan la construcción de una unidad nacional en torno a temas estratégicos como lo es la soberanía nacional.  Sin embargo, debemos ir en paralelo promoviendo el cambio político y simultáneamente atendiendo nuestros reclamos territoriales sin supeditar un objetivo al otro.

Compartimos y requerimos el apoyo de la comunidad internacional para recuperar nuestra democracia y son bienvenidos todos los apoyos externos para solucionar nuestra grave crisis pero la integridad territorial de Venezuela y la lucha por su soberanía legítima nunca estará en discusión.

El fracaso de la diplomacia venezolana en los últimos años es el único responsable de la actual situación en el Esequibo, por lo que ahora Venezuela necesita una posición firme y decidida.

 

@carlosvalero08

La autodeterminación de los pueblos, por José Toro Hardy

 

El principio de libre determinación de los pueblos  se basa en el derecho internacional público y se encuentra en la Declaración de las Naciones Unidas.

El derecho a la autodeterminación  permite a los pueblos decidir libremente su condición política, sus propias formas de gobierno, desarrollo económico, social y cultural, al igual que estructurar libremente sus instituciones, sin intervención externa, siempre y cuando los derechos esenciales de las personas sean respetados y los gobiernos emanen de la voluntad popular.

Antiguamente los príncipes alegaban tener derechos de origen divino y por tanto se consideraba que podían ejercer plenamente la soberanía en los territorios que gobernaban. Su voluntad era la ley.

Eso cambió con la Revolución Francesa. Hoy en día la soberanía proviene del pueblo, tal como lo establece nuestra Constitución en su artículo 5, el cual reza textualmente:

“La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”.

Mal puede un gobierno alegar el principio de autodeterminación frente a otros Estados cuando le niega a su pueblo el ejercicio de esa soberaníaconforme a lo establecido en su Constitución.

Cuando el derecho al sufragio -claramente previsto en el Art 63 de la Constitución- queda restringido al encarcelar, inhabilitar o exiliar a los líderes opositores, al ilegalizar a los partidos de oposición, al permitir  concurrir sólo a los candidatos opositores que le conviene, cuando un gobierno usa indebidamente y de manera ventajista los recursos públicos para favorecer a su candidato o a sus propuestas o cuando no existe transparencia ni credibilidad en los mecanismos para contar los votos y por el contrario hay la percepción generalizada de fraude, ya no es factible decir que tal gobierno emana del pueblo.

Por eso tanto la OEA como la Unión Europea y muchas otras naciones desconocieron las elecciones del 20M.

Cuando esas cosas ocurren deja de existir la democracia y surgen gobiernos autoritarios que se transforman en dictaduras que, para mantenerse en el poder, se valen cada vez más de la fuerza.

En su “Contrato Social”, Rousseau afirmaba: “ la fuerza no constituye derecho, y  únicamente se está obligado a obedecer a los poderes legítimos” .

John Locke -Siglo XVII- señalaba que la soberanía emana del pueblo y que el Estado tiene como misión principal proteger las libertades individuales de los ciudadanos. Abordaba también Locke al principio de la separación de los Poderes. La autoridad del Estado se sostiene en los principios de soberanía popular y legalidad. El poder no es absoluto sino que ha de respetar los derechos humanos.

En Venezuela ya nadie cree que se respeten ni los DDHH ni la separación de los poderes. No hay legalidad de origen ni de desempeño. El régimen no tolera poderes que no le sean leales y subordinados, así hayan sido el resultado de la voluntad popular

De hecho, ante la continua violación de los DDHH, el presidente electo de Colombia, Iván Duque, ha afirmado que al asumir el poder presentará una denuncia ante la Corte Penal Internacional. Posiblemente lo hará también el presidente Macri de Argentina. El Parlamento Europeo ha anunciado que apoyará tales acciones.

Bajo tales condiciones se entiende el aislamiento progresivo de un régimen que cada vez se aleja más de la democracia y reprime a sus ciudadanos, pretendiendo tener el derecho de hacerlo -como suelen hacer los regímenes totalitarios- invocando para ello razones de soberanía y apelando al principio de autodeterminación de los pueblos, a la vez que acusan de injerencia en sus asuntos internos a los Estados que les exigen respetar los DDHH.

En el mundo de hoy, la soberanía no es absoluta. Está condicionada por Tratados Internacionales, como es el caso de la Carta Democrática Interamericana, que los gobiernos que los suscriben están obligados a respetar.

Una cosa es evidente. Como su nombre lo indica, el principio de la autodeterminación se aplica a los pueblos y no a los gobiernos que pretenden robarles la libertad.

 

@josetorohardy

Lula reitera desde la prisión que será candidato por la “soberanía popular”

 

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción, insistió hoy desde prisión en que será candidato en las elecciones del próximo octubre para “recuperar la soberanía del pueblo brasileño”, a pesar de que está virtualmente inhabilitado.

“Pueden tener certeza de que voy a ser candidato para, entre otras cosas, recuperar la soberanía del pueblo brasileño”, escribió el exmandatario en un mensaje divulgado hoy en sus redes sociales.

Lula afirmó que es “muy triste” que el Gobierno del presidente Michel Temer, en el poder desde mediados de 2016 tras la destitución de su ahijada política Dilma Rousseff, esté “vendiendo” parte del patrimonio público “de forma irresponsable” y “a precio de banana” para “encubrir su ilegitimidad”.

Brasil “necesita tener y consolidar” su soberanía y desterrar el complejo de inferioridad “que la elite brasileña siempre tuvo en relación a los Estados Unidos”, añadió el exjefe de Estado, quien cumple desde el pasado 7 de abril una pena de 12 años y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero.

El máximo líder del Partido de los Trabajadores (PT), que él mismo fundó en 1980 junto con un grupo de obreros e intelectuales, no hizo mención alguna a la dura batalla entre jueces ocurrida el domingo en torno a su liberación.

El Esequibo: De París a Ginebra y a La Haya, por Alejandro Armas

Guyana

“¡El Sol de Venezuela nace por el Esequibo!” La consigna se oye a menudo en actos protagoizados por las Fuerzas Armadas, luego de “¡Chávez vive, la lucha sigue! ¡Independencia y patria socialista!”. Para ser honesto, ignoro si la frase es una de las proclamas tradicionales de los militares venezolanos o si surgió en un contexto reciente, en el que la institución castrense se identifica abiertamente como “profundamente chavista”. Lo que sí sé es que los uniformados la sueltan en esos eventos en los que suele hablarse mucho de soberanía. En detalle, se hacen loas a la forma en que esta ha sido preservada como nunca antes por la autoproclamada revolución bolivariana. Por eso mismo resulta llamativo el contraste entre las palabras sobre el Esequibo y la soberanía, por un lado, y la situación real de la Zona en Reclamación, por el otro. Y es que la semana pasada nos enteramos de que la disputa con Guyana, tal como esta quería, será enviada a la Corte Internacional de Justicia.

A Venezuela le convenía que tal cosa no ocurriera. Por argumentos que especialistas en Derecho Internacional pueden explicar mucho mejor que yo, un fallo contra Venezuela en La Haya es muy probable.  Tal es la razón por la que Venezuela siempre se opuso a la alternativa holandesa e insistió en que el asunto fuera resuelto entre las dos partes sin que un tercero pudiera tomar decisiones definitivas. Ahora bien, ¿cómo hemos llegado a tal embrollo? Una vez más, desde esta tribuna se invoca el auxilio de Clío, musa de la historia, para entender mejor un asunto espinoso. A continuación, un relato en el que la geopolítica y la ideología en ocasiones han podido más que los intereses nacionales.

A principios del siglo XIX, las selvas inhóspitas y muy poco exploradas entre el delta del Orinoco y el río Esequibo estaban clavadas entre los dominios guayaneses de Gran Bretaña y España. Los territorios hispanos estaban contenidos en la Capitanía General de Venezuela, y por principio de Uti possidetis iure pasaron a ser parte de la República tras la independencia. Sin embargo, agentes del Imperio británico recorrieron la zona en la segunda mitad del siglo y la reclamaron para Londres, aprovechando la falta de claridad en algunos límites que venía desde la colonia. Una Venezuela sumida en guerras civiles no pudo hacer mucho por sus derechos en el área. Sin embargo, la paz relativa que supuso la larga hegemonía de Guzmán Blanco cambió las cosas. Una de las últimas acciones de su gobierno fue exigir el retiro de súbditos ingleses del territorio disputado y, tras la negativa del interlocutor, cortar relaciones.

Las tensiones entre Venezuela y Gran Bretaña se mantuvieron altas al punto de que Estados Unidos decidió intervenir en 1895, invocando la hoy tan descalificada Docrina Monroe, en rechazo a la agresión de una nación americana por una europea. Ciertamente no había que esforzarse mucho por adivinar cuál sería el resultado de un conflicto entre la mayor potencia del mundo y un país pobre y atrasado. Pero como los británicos no estaban interesados en vérselas con el que a todas luces ya era un elemento norteamericano fuerte, aceptó que la cuestión fuera dirimida en un tribunal de arbitrio. La corte se estableció en la capital francesa y estuvo compuesta por jueces estadounidenses y británicos, además de un ruso que fungió como presidente en aras de la neutralidad. Venezuela en sí quedó casi marginada casi por completo y su defensa la asumieron abogados oriundos del vecino del norte. En 1899, la corte emitió el Laudo Arbitral de París, en el que falló a favor de Gran Bretaña y ratificó la legitimidad de sus reclamos. En Caracas, el gobierno de Ignacio Andrade, a pesar de estar sacudido por la Revolución Restauradora de los andinos, protestó enérgicamente contra la sentencia. Pero más nada pudo hacer.

No obstante, en 1949 se publicó de forma póstuma un memorándum escrito por uno de los peritos que defendieron a Venezuela, en el que se denunciaba vicios en el juicio, incluyendo la supuesta parcialidad de ni más ni menos que el presidente del tribunal. Con base en esto, el gobierno “antipatriótico” de Rómulo Betancourt (chavismo dixit) denunció el laudo de 1899 ante la Organización de Naciones Unidas. El reclamo fue escuchado y las partes tuvieron que negociar de nuevo. De ahí surgió el Acuerdo de Ginebra de 1966, entre Venezuela (presidida por el igualmente “antipatriótico” Raúl Leoni), el Reino Unido y Guyana, que estaba a punto de independizarse de los británicos. Básicamente, este tratado reconoció la invalidez del laudo y comprometió a las partes a buscar una solución definitiva en un lapso de cuatro años. La constitución de Guyana como Estado soberano significó que el Reino Unido se apartó para dejar la disputa entre los dos vecinos.

Casi concluido el cuatrienio, el llamado Alzamiento Rupununi (indígenas guyaneses se rebelaron contra las autoridades y pidieron a Venezuela que interviniera y se anexionara el territorio) y otros factores llevaron a que se congelara el proceso de negociación por 12 años, mediante el Protocolo de Puerto España. Venezuela se negó a renovar este pacto en 1982. Guyana, descontenta con el Acuerdo de Ginebra, propuso por primera vez enviar el caso a La Haya. Caracas también rechazó esto y planteó la mediación del secretario general de la ONU. En 1987 los dos países aceptaron que, bajo los auspicios de la Secretaría General, se designe a un buen oficiante que vele por los contactos diplomáticos, sin tener más poder que ese.

Así pasaron más o menos tres décadas. Pero hubo una alteración sustancial hacia el manejo del tema Esequibo a partir de la presidencia de Hugo Chávez. En sus primeros años en Miraflores, el “comandante” tomó medidas para impedir que empresas extranjeras exploten los recursos petroleros en el territorio en reclamación. Es decir, se mantuvo lo que había sido desde los años 60 una política de Estado. Sin embargo, en 2004, cuando Chávez empezaba a hacer mucho más explícitas sus inclinaciones hacia el socialismo revolucionario, el mandatario hizo una visita a Georgetown en la que dio declaraciones sorprendentes: “El Gobierno venezolano no será un obstáculo para cualquier proyecto a ser conducido en el Esequibo, y cuyo propósito sea beneficiar a los habitantes del área”. Desde entonces, la política roja rojita hacia el área fue de laxitud total. Guyana le tomó la palabra a Chávez y autorizó las operaciones de varias empresas en la Zona en Reclamación.

Las razones detrás de este giro radical pueden ser varias. Chávez siempre fomentó la formación de una red de gobiernos de izquierda en el hemisferio, en la que su influencia fuera considerable y Estados Unidos quedara aislado. Los beneficios que esta jugada geopolítica han significado para el chavismo quedan en evidencia cada vez que los Estados del Caribe votan en bloque casi monolítico contra cualquier resolución que moleste al Gobierno venezolano en la OEA. Muchas de estas pequeñas naciones insulares tienen límites marítimos con Venezuela que no han sido definidos del todo y pudieran temer que un reclamo firme a Guyana se extienda a ellas también. En cambio, una Caracas no interesada en el asunto debe serles más grata.

Por otro lado, hay que considerar las posiciones que la ultraizquierda internacional ha tenido con respecto a la disputa. Antes de 1966, la mayoría apoyó con argumentos leninistas y anticolonialistas el reclamo venezolano contra el poderoso Imperio británico. Pero luego de la independencia guyanesa, hubo un cambio extremo: ahora era Venezuela el país grande tratando de arrebatar tierras a otro más pequeño, más pobre, más joven y con determinación de salir hacia adelante. La Cuba de Fidel Castro, cuya influencia en el chavismo es conocida por todos, fue una de las mayores defensoras de la postura de Guyana.

Sean cuales sean las causas del enfoque chavista, Nicolás Maduro no tardó en demostrar que seguiría los pasos de su predecesor también en este tema. Una nota de Reyes Theis en el diario El Universal da cuenta de cómo Maduro se refirió de forma no muy halagadora al Acuerdo de Ginebra durante una estadía en Georgetown en 2013. Lo definió como “un acuerdo entre el viejo Imperio británico y un viejo gobierno de Acción Democrática”.

Por eso a quienes sí mantienen las visitas frecuentes del músculo de la memoria al gimnasio les pareció curioso que a mediados de 2015, en plena campaña para las elecciones parlamentarias, un Maduro con su popularidad bajísima, de pronto hizo del Esequibo el asunto número uno en su agenda. Súbitamente las actividades de Exxon en el territorio disputado eran intolerables otra vez para el Ejecutivo. No había perorata por parte de Maduro o de la entonces canciller Delcy Rodríguez en la que no se denunciara con ira que el gobierno guyanés conspiraba con las petroleras y Washington para provocar un conflicto armado con Venezuela que justificara una intervención militar imperialista. Otra vez hubo gestiones importantes ante la ONU. Pero el tema desapreció tan rápido como llegó. Miraflores lo cambió por otro pleito y mirar hacia el borde opuesto. Culpó a Colombia por la escasez (“contrabando”) y la inseguridad (“paramilitares”) en Venezuela y procedió a cerrar la frontera.

Así, la Zona en Reclamación volvió a quedar casi completamente marginada del discurso y acciones del Gobierno. Claro, la Casa Amarilla emitió un comunicado rechazando la remisión del caso a la Corte Internacional. Pero más allá del papel, en algo que debería ser urgente para la soberanía tan invocada, queda la interrogante de qué se está haciendo. Y bueno, de seguro seguiremos oyendo el grito sobre por dónde nace nuestro Sol.

@AAAD25