NO PUEDO OLVIDAR LA TENSIÓN que reinaba en el ambiente aquel día de enero de 2016. Los diputados opositores electos semanas antes llegaron para formar, por primera vez, una mayoría disidente del chavismo en la Asamblea Nacional desde que este cuerpo reemplazó al Congreso de la República. El aire estaba impregnado de rumores sobre un acto de fuerza por parte del régimen de Maduro que impediría la instalación de un poder público adverso. Aunque la jornada concluyó sin violencia en el Capitolio, pasó poco tiempo para comprobar que la elite chavista no estaba dispuesta a tolerar la pérdida del control absoluto del país. Un recuento de todo lo que ha hecho para anular la AN me tomaría la columna completa. Basta con señalar, como el último eslabón de esa cadena impresentable, la gravísima persecución a la que ha sido sometida un grupo de legisladores.
La AN está siendo desbaratada en cámara lenta. En vez de una disolución al estilo de Fujimori o, por volver con el ejemplo criollo, un asalto homicida como el que lanzaron las huestes de José Tadeo Monagas el 24 de enero 1848, los diputados están siendo separados de sus curules uno por uno y llevados a la clandestinidad, el exilio, la cárcel o, al momento de escribirse estas líneas, una siniestra falta de paradero conocido tras la detención. Las sesiones no han cesado, pero es innegable que el parlamentarismo venezolano se encuentra en la lista de especies en peligro de extinguirse. Semejante posibilidad es, sin consumarse, una aberración que atropella casi 400 años de progreso en la filosofía política. Aunque en esta columna siempre se comparan hechos del presente con los del pasado, hoy me voy limitar al terreno de la historia de las ideas para exponer el retroceso que Venezuela está experimentando.
Junto con la pintura de Rafael y la escultura de Miguel Ángel, entre tantas otras maravillas, el Estado moderno es uno de los hijos más destacados del Renacimiento. Teóricos como Tilly atribuyen su aparición al desarrollo de nueva tecnología bélica. Otros, como Spruyt, apuntan a una alianza entre monarcas y burgueses para socavar las bases del feudalismo. Como sea, el proceso se dio sin un ideario teleológico que lo impulsara. Fue entre los siglos XVI y XVII, luego de que la evolución desechara los modos de ordenación política medievales, que al Estado se le dio una razón de ser teórica. ¿Materialismo histórico? Quizá. Hablando de eso, fue Hobbes, un destacado materialista, quien hizo el mayor aporte filosófico al Estado como constructo social necesario. En resumen, el secretario de la familia Cavendish argumentó que, para que los seres humanos pudieran vivir en paz y prosperidad, era necesario entregar el monopolio de la violencia legítima a un ente que se encargara de protegerlos. Dicho ente es el Estado, que está encabezado por un individuo o asamblea investido con soberanía absoluta, intransferible y, léase bien, indivisible.
Desde luego, visto desde nuestra perspectiva del siglo XXI, el Estado hobbesiano luce espantosamente opresor. Afortunadamente, poco después de Hobbes hubo un Locke, quien advirtió que la soberanía absoluta equivale a tiranía y que, por ello, conviene ponerle límites. En su preclaro Segundo Tratado del Gobierno Civil, Locke planteó la necesidad de dividir el poder del Estado entre quienes diseñan las leyes y quienes las administran. Esos son, por supuesto, el poder legislativo y el poder ejecutivo. En rigor, Locke fue la cima de una corriente de pensamiento que se desarrolló en Inglaterra durante el tumultuoso siglo XVII, cuando el país se debatió, llegando a la guerra civil, entre la monarquía absoluta y el régimen parlamentario. Desde antes de que se desataran las hostilidades, juristas ingleses estaban alertando que las decisiones de los reyes Estuardo atentaban contra los derechos tradicionales que se remontaban a la Carta Magna. Hayek sostuvo que la corriente inglesa de separación de poderes tenía como fin último la preservación de la libertad individual. Con la Revolución Gloriosa, Inglaterra, que pronto se metamorfoseó en Gran Bretaña, pasó a ser uno de los pocos Estados europeos en los que el absolutismo no se arraigó.
En pleno Siglo de las Luces, Montesquieu dio un paso más y añadió a la dupla de Locke un tercer poder: el judicial, para interpretar las leyes y dirimir disputas legales entre los ciudadanos. Ese mismo siglo fue testigo de otra importantísima contribución al pensamiento político occidental. Me refiero al constitucionalismo. Esta vez la batuta la llevaron los progenitores de la primera república americana. Madison, Jefferson, Hamilton y otros concibieron una ley fundamental para el funcionamiento del Estado que garantizara la separación tripartita del poder y de esa forma protegiera la paz entre sus ciudadanos con el menor riesgo posible de coerción al individuo. Desde entonces, la Constitución estadounidense ha servido de modelo para incontables leyes fundamentales en los más diversos rincones del planeta. Sobre todo en Latinoamérica se han hecho intentos de emularla, a menudo sin éxito por razones que ameritan otra columna.
Sin embargo, de forma paralela a esta tradición liberal se han desarrollado otras formas de pensamiento político. Rousseau concibió una soberanía que, como la hobbesiana, es absoluta. Pero la atribuyó a la ciudadanía en pleno y no al ente representativo que Hobbes tenía en mente. Esta aproximación tiene sus luces y sombras. Por un lado, significó una contribución gigantesca a la idea de una república democrática, en la que el pueblo está permanentemente facultado para decidir. Por el otro, la soberanía democrática, al no tener límites, fácilmente degenera en tiranía de las mayorías presentada como voluntad general. No queda en este sistema ningún resguardo para el sujeto individual y la suerte de cada persona puede ser decidida por lo que el colectivo determine.
Por último, en Schmitt la noción de soberanía ilimitada alcanzó su expresión más peligrosa. Su soberano tiene la capacidad de decidir cuándo se debe instaurar un estado de excepción que le permita gobernar de forma dictatorial. Es como un presidente que puede darse a sí mismo una ley habilitante. Al igual que Rousseau, el jurista germano repudió el parlamentarismo representativo inglés por sus facciones y sus negociaciones, cuya conducción atribuyó a elites partidistas. Prefería una asamblea popular sin pluralidad y que estuviera en sintonía permanente con el líder. El tono populista y totalitario es bastante evidente, lo cual nos lleva de vuelta al chavismo y su visión del ejercicio del poder.
A la elite que gobierna Venezuela le desagradan la separación de poderes y el constitucionalismo precisamente porque, en términos coloquiales, le impiden hacer lo que le da la gana. Chávez simuló lo contrario mandando a redactar una Constitución que incluyera cinco en lugar de tres de poderes pero no tardó en demostrar que los quería todos sometidos a su persona. La quintaesencia de tal despropósito retrógrado la expuso la entonces presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales, cuando espetó con desparpajo que la división de poderes atenta contra el funcionamiento óptimo del Estado. Agregue a eso, estimado lector, el abuso de leyes habilitantes para transferir la facultad legislativa a Chávez y a Maduro. También la pretensión de reemplazar gobernaciones y alcaldías con comunas que dependen ideológicamente del chavismo. Lo más grotesco ha sido la formación de un cuerpo colegiado hecho a la medida de los intereses de la elite gobernante, al que se le atribuye una “supraconstitucionalidad”, intento de legitimar el poder ilimitado.
Nunca hubo cabida para una AN plural en este esquema. Mucho menos si la controla la oposición. Por eso el régimen desde principios de 2016 se aseguró de confiscarle sus funciones. Ahora confisca sus integrantes. Los venezolanos no podemos acostumbrarnos a este regreso de la soberanía absoluta. Pido disculpas si la columna de hoy pecó de excesivo tono didáctico, pero creo que nunca está de más recordar estas nociones de teoría política. Rescatar la separación de poderes y el constitucionalismo es un deber urgente.
