Las cárceles de Venezuela, que durante décadas fueron ciudades intramuros de violencia, armas, drogas y delito, ahora son objeto de la transformación del «nuevo sistema penitenciario», un régimen diseñado por el gobierno socialista para la construcción «del hombre nuevo».
El desalojo de la Penitenciaria General de Venezuela (PGV), uno de los más peligrosos reductos del infausto sistema, a finales de octubre de 2016, es uno de los más recientes golpes del Ministerio de Servicios Penitenciarios para la reestructuración del sistema.
La prisión de máxima seguridad, que albergaba a una población de 5.000 internos, parecía desde fuera un retén como cualquier otro, con custodios en las garitas vigilando la alambrada, pero en el interior, al igual que en la mayoría de las prisiones venezolanas, el control era ejercido por los reclusos, incluso desde la entrada.
Restaurantes, panadería, servicio de manicura, tiendas para mascotas, drogas, motocicletas, discoteca, gimnasio, parque infantil, y un arsenal de armas a disposición, todo introducido por la puerta abierta de la corrupción entre los funcionarios y los reclusos.
Adentro las normas eran dictadas por el «pran», un condenado que lidera a los demás internos, controla los alimentos, la venta de droga, las armas, el alquiler de las celdas, y el recaudo de la «causa», una especie de «impuesto a la vida» que deben pagar los reclusos.
Los «pranatos» se convirtieron en una forma de «gobierno» que se emuló en buena parte de los 96 centros penitenciarios del país, un sistema que parece estar llegando a su fin.
Una escalada de violencia, la más larga y masiva del sistema penitenciario de la nación petrolera, en la cárcel de El Rodeo II, cercana a Caracas, dio pie para que el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) creara el Ministerio de Servicio Penitenciario, una cartera que desde entonces ha buscado la refundación de los penales del país.
Ese episodio puso las cárceles en la cabeza de la lista de urgencias del gobierno de Chávez, que llegó a comparar la situación con un «cáncer» y admitió las «mafias incrustadas» entre algunos miembros del Ministerio del Interior y de Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada).
Desde entonces, Iris Varela, una chavista polémica por su encendido discurso, ha promovido la implantación de un riguroso «nuevo régimen» que se ha puesto en marcha hasta hoy en 83 cárceles nacionales y que ha provocado el cierre de otras seis.
Mientras custodios derriban las paredes de la PGV en busca de las armas ocultas que dejaron los presos antes del desalojo, en el que los reclusos solo pudieron llevar consigo sus calzoncillos, a unos kilómetros está la «26 de julio», uno de los 83 nuevos centros penitenciarios que operan bajo «el nuevo régimen».
Una rigurosa disciplina militarizada conduce los movimientos de los internos que hasta hace poco habitaban las amuralladas capitales del delito, entre juergas, drogas y fusiles automáticos.
Ahora permanecen uniformados y alineados en una formación marcial.
El nuevo régimen bajo el que están dos tercios de la población de los penales de jurisdicción del gobierno venezolano impone el toque de diana a las 5.30 horas locales y una lista de actividades que copan todo el día hasta el toque de silencio a las 21.00 horas.
Las nuevas prisiones tienen inhibidores de señal, escáneres en las entradas que bloquean el ingreso de armas, drogas, equipos electrónicos y teléfonos celulares, además de un estricto régimen de visita.
Media docena de presos vestidos de amarillo y guardados en su celda a la espera del toque de silencio recuerdan con terror el antiguo régimen y uno de ellos afirma: «Ahora nos sentimos seguros, al menos comemos tres veces al día, estudiamos, y hacemos cosas que no pensábamos en hacer en la calle».
En el patio, luego de disolverse la formación, otro recluso asegura que ya no tiene miedo de los «pranes», ahora «son como uno más», dice.
Al otro lado del país, en el centro penitenciario del estado Mérida, el primero en ser pacificado, los reos siembran hortalizas en los patios, tallan madera, y pintan murales con el rostro de Chávez convencidos de la posibilidad del «hombre nuevo».
Todavía siete centros penitenciarios de los 93 que existían en el país están bajo el antiguo régimen controlados por los «pranes» aunque, según Varela, se encuentran ya en «transición».
En uno de ellos, el de Puente Ayala del estado Anzoategui, en el oriente de Venezuela, un «lucero», como se conoce en el vocabulario de los prisioneros a los escolta de los pranes, se inquieta por la posibilidad de la llegada del nuevo régimen, y presiente que pronto será también su turno de entregar el «gobierno».
