Ricardo Martinelli

UN TRIBUNAL DE PANAMÁ ORDENÓ este miércoles la excarcelación del ex presidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014), procesado por espionaje político y peculado, y le dictó arresto domiciliario y prohibición de salida del país.

Otro de los defensores, Carlos Carrillo, agregó que «ya, de inmediato» Martinelli dejará la cárcel El Renacer, situada en las afueras de la capital y en la que fue recluido el 11 de junio de 2018, cuando llegó extraditado por Estados Unidos para enfrentarse al juicio por el conocido como el caso de «Los pinchazos».

«La justicia tarda pero llega», destacó Carrillo a los periodistas, y agregó que la decisión del tribunal «es un primer paso en el camino correcto, que no se haya violado el estado (o presunción) de inocencia de Martinelli».

El abogado anunció que la defensa apelará algunas de las medidas cautelares dictadas este miércoles, entre ellas la del arresto domiciliario, por considerar que son «excesivas».

En ese sentido, el órgano judicial informó a través de su cuenta de Twitter que tanto la defensa del ex presidente como los querellantes «anuncian una apelación que será el 14 de junio, a las 10:00 am».

Martinelli se encontraba visiblemente emocionado tras la decisión de los jueces, como se le pudo ver a través de las puertas de vidrio de la antesala del tribunal.

Los jueces que constituyen el tribunal de juicio, Roberto Tejeira, Arlene Caballero y Raúl Vergara, deliberaron unas 11 horas para llegar a la decisión de excarcelar al ex presidente, en respuesta a una petición presentada por su defensa este martes.

A las afueras de la sede judicial pasaron la noche los periodistas, mientras que en la sala de audiencia lo hicieron simpatizantes y familiares de Martinelli, así como los querellantes en el proceso y los abogados y fiscales.

La defensa hizo la petición de excarcelación el martes con el argumento de que la ley de Panamá establece que una persona no puede estar en detención preventiva más de un año, que es el tiempo que ya cumplió en prisión Martinelli.

Ante la solicitud de cambio de medida cautelar presentada por los abogados defensores, el Ministerio Público, representado por el fiscal Ricaurte González, sostuvo que la detención aplicada a Martinelli era «proporcional a los riesgos procesales que mantiene», entre ellos el peligro de fuga.

La Fiscalía siempre ha alegado que Martinelli se fue de Panamá en 2015 y solo regresó extraditado por Estados Unidos, donde también estuvo un año preso batallando contra su entrega a la justicia panameña.

Con el alegato del peligro de fuga, ya la justicia de Panamá había negado en cinco ocasiones el cambio de medida cautelar a Martinelli, cuya defensa la había pedido en esos casos con el argumento principal del cuadro de salud del ex mandatario, que padece una serie de dolencias crónicas como hipertensión.

El ex presidente, de 67 años de edad, se declara inocente de los 4 cargos que le imputa la Fiscalía por el caso de las escuchas, que pide 21 años de cárcel, y también víctima de una persecución política dirigida por su sucesor en la Presidencia y antiguo aliado electoral, Juan Carlos Varela, quien niega esa versión.

El caso de las escuchas lo abrió el Tribunal Supremo en junio de 2015 porque Martinelli era para entonces diputado al Parlamento Centroamericano, y, por el fuero que ese cargo imponía, el máximo tribunal era el único que podía investigarlo.

Pero el político renunció al Parlacen apenas llegó extraditado a Panamá y su defensa consiguió en diciembre de 2018 que la causa pasara a un tribunal ordinario, lo que alargó el proceso.

La clave del apoyo internacional que aún mantiene el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y que le ayuda a evitar el completo aislamiento tiene nombre propio: Petrocaribe. Un plan energético y de cooperación que ha inyectado más de 28.000 millones de dólares en 14 países, pero que en la práctica ha servido para la compra de respaldos diplomáticos. Así, los recursos de un pueblo arrinconado por el desabastecimiento y con una inflación de un millón por ciento el año pasado, en unos casos fortalecieron grupos de poder local en varios países, y en otros se tradujeron en corrupción y hambre

Unidad de Investigación de El Pitazo

TRES DE LAS REALIDADES MÁS COMPLEJAS DE AMÉRICA LATINA están entrelazadas a cientos de kilómetros por un factor común: el petróleo venezolano. Por un lado en Venezuela, país con las mayores reservas de crudo en el mundo, el pueblo vive una emergencia humanitaria mientras el gobierno que la niega es considerado ilegítimo por buena parte de la comunidad internacional. De otro lado, en Haití sus habitantes cada vez realizan protestas más airadas reclamando por el paradero de miles de millones de dólares que llegaron como cooperación para garantizar una vida diferente tras el terremoto de enero de 2010 que dejó más de 300.000 muertos y millones sin hogar, pero que al contrario se ha traducido en profundizar sus miserias. Mientras, en Nicaragua el régimen sandinista de Daniel Ortega acaba de cumplir doce años en el poder fortaleciendo su mano dura contra los derechos de quienes lo critican, tras perder la estabilidad que tuvo por años al reducirse el flujo de fondos que llegaban de Venezuela con la caída de los precios del petróleo.

Venezuela, país con las mayores reservas petroleras del mundo, ha sufrido por la escasez de alimentos y la falta de oferta en los últimos años | Rayner Peña El Pitazo Venezuela

Fue Hugo Chávez en el fortalecimiento de su ideario bolivariano por América Latina quien ideó esta estrategia de la mano del boom petrolero con lo que buscaría la consolidación de su política socialista. En la cumbre de Puerto La Cruz, Venezuela, en la que se creó Petrocaribe en 2005, ratificó la visión con la que publicitaba el acuerdo energético. En sus palabras, los proyectos a realizar debían “empoderar de derechos” a las poblaciones de los países beneficiarios, ayudar a la “superación de la pobreza” y garantizar la “disponibilidad y accesibilidad a la salud, la educación y al micro financiamiento de cooperativas, pequeñas y medianas industrias”, entre otros objetivos.

Para esta investigación de #Petrofraude, un equipo periodístico de cinco medios, revisó en detalle la información disponible del ambicioso programa en los 14 países beneficiarios y realizó trabajos de campo en Nicaragua, Haití, República Dominicana, El Salvador, Guyana y Venezuela para contrastar en qué se ha convertido el maná que llegó de la mano del carismático gobernante, quien en los días de opulencia se preciaba de transitar el camino para derrotar la desigualdad en su país y de trazar la ruta para el resto del continente mostrando a Petrocaribe como un modelo sin antecedentes de relaciones internacionales solidarias.

Sin embargo, la investigación de #Petrofraude demuestra que esos propósitos no se cumplieron al pie de la letra y que, desde un principio, la estrategia fue otra: asegurar apoyos diplomáticos en foros internacionales y buscar la expansión regional del socialismo bolivariano venezolano. La estrategia incluso le ha permitido a Nicolás Maduro resistir a un creciente aislamiento internacional que tuvo su más reciente expresión cuando una mayoría de 19 gobiernos de la región desconocieron su nuevo período como presidente de Venezuela por considerar fraudulentas las elecciones que le permitieron reelegirse por seis años. En ese contexto, un grupo de países caribeños y centroamericanos beneficiarios del acuerdo estuvieron en el bloque de los que reconocieron su legitimidad o se abstuvieron de cuestionarla en la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos del 10 de enero de 2019, fecha coincidente con la toma del poder para comenzar su segundo mandato.

En documentos oficiales la cancillería venezolana ha descrito al bloque de beneficiados de los créditos petroleros como una barrera de protección internacional. “La concepción estratégica de acción exterior de Venezuela hacia la región pasó por la definición y reforzamientos de los anillos de protección geopolítica constituidos por la ALBA y Petrocaribe como primer anillo”, se señaló en la Memoria y Cuenta del Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano en 2015. Fue el mismo año cuando el entonces presidente estadounidense Barack Obama catalogó en una orden ejecutiva a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional de su país.

Como segundo y tercer anillos con igual propósito “de defensa y garantía de la soberanía nacional” se mencionaron la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (Celac), también impulsadas por Venezuela. La metáfora de los anillos, propia del lenguaje militar, refleja la visión del gobierno de Caracas con respecto a la importancia geopolítica de la cooperación petrolera y explica los pasos de su diplomacia.  (Ver mapa: “Anillos de seguridad”).

Con la muerte de Chávez y la llegada de Maduro al poder, lejos de suspenderse el plan, se mantuvo a toda costa bajo las directrices que ya se habían establecido. Ello incluyó la apuesta por los liderazgos locales que pudieran ser afines con la causa socialista y por el sistema de compensaciones en el que los grandes volúmenes de petróleo de Venezuela, se transaban a cambio de alimentos, en una parte, y en otra bajo créditos pagaderos en máximo 25 años con tasas que no superaban el 2,5 por ciento anual.

La cascada de dinero, que supuso la inyección de aproximadamente 28.000 millones de dólares de los cuales cerca de la mitad se transformaron en los préstamos con facilidades, implicó un desafío para la transparencia de la institucionalidad regional que no aprobó el reto. La gestión de los fondos, según evidencia recopilada por #Petrofraude, se hizo en un entorno de opacidad con respecto a los controles aplicados dentro y fuera de la plataforma diseñada para que el dinero fluyera, lo que facilitó el surgimiento de esquemas de desvío de recursos que beneficiaron a la consolidación de otros regímenes políticos que hoy son noticia, como el caso del Orteguismo en Nicaragua.

En ese caso, Chávez puso en su mira el respaldo con estos fondos a Daniel Ortega cuando aún era candidato por la Presidencia de Nicaragua a las elecciones presidenciales celebradas en 2006. El ex comandante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) había ejercido la presidencia de Nicaragua entre 1980 y 1990, pero no había podido retornar al cargo después de tres intentos. Siete meses antes de los comicios de noviembre, fue invitado de honor de Chávez en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas durante la firma de un convenio que permitió el envío de 82.000 galones de diesel a los alcaldes sandinistas, que lo distribuyeron entre transportistas, agricultores y ganaderos a falta cuatro semanas para los comicios. Desde ese momento, los recursos que llegaron a manos llenas desde Venezuela, se volvieron el sello de la gobernabilidad que Ortega logró incluso con los más tradicionales empresarios de su país y de la élite centroamericana, que mientras hubo recursos no cuestionaron al mandatario. (Ver nota: “El auxilio financiero que atornilla aliados”)

El fallecido presidente Hugo Chávez, su sucesor y ex canciller, Nicolás Maduro (izquierda) y el ex presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez (derecha) | Efrén Hernández, El Nacional Venezuela

El ejemplo de Nicaragua está lejos de haber sido una excepción en la región, donde los créditos petroleros venezolanos ayudaron a catapultar o consolidar en el poder a aliados políticos de Chávez y Maduro, pero de igual manera el debilitamiento de los precios internacionales luego los ha puesto en aprietos. De hecho, la crisis del país centroamericano en manos de Ortega, está en buena medida asociada con el debilitamiento de la economía local tras reducirse la ayuda venezolana.

A la luz del inventario realizado por #Petrofraude, la diplomacia de Nicaragua, la de San Vicente y Granadinas y la de Dominica aparecen como las más consistentes en la línea del apoyo. El caso del país centroamericano resalta por los respaldos recíprocos ofrecidos en 2017 y 2018 cuando protestas políticas reprimidas en ambos países dejaron aproximadamente 500 muertos en suma y acusaciones contra Maduro y Ortega de aplicar incluso fuerza letal a través de grupos paramilitares consentidos por ambos gobiernos. El bloque de los que se “alinearon” con el régimen de turno de Venezuela incluye además a países como Antigua y Barbuda, Belice y Granada entre otros que, a pesar de ser muy pequeños en territorio y población, tienen votos con el mismo valor en los diversos foros internacionales, en especial en la OEA, donde el “anillo de protección” de los gobiernos de Venezuela, ha cumplido a carta cabal su propósito.

Rafael Ramírez, ex ministro de Petróleo, ex presidente de Pdvsa y uno de los impulsores de los convenios mientras sirvió a Chávez, no evadió el tema en entrevista con periodistas de #Petrofraude. “Nos volteamos a nuestro espacio natural geopolítico. Hicimos una política diferenciada para unos pueblos que son muy pequeños, islas muy pequeñas, pero que al cabo son países soberanos. ¿Qué eso nos dio una extraordinaria presencia geopolítica? Sí, claro. ¿Y por qué no lo vamos a hacer si todos los países lo hacen? Estados Unidos lo hace, los ingleses lo hacen, los mexicanos lo hacen”.

El ex funcionario, requerido por la justicia en el marco de un fuerte enfrentamiento con Maduro, afirma que el volumen despachado era relativamente poco para Pdvsa y permitía capitalizar un efecto multiplicador en relaciones internacionales. Oficialmente, es un tema que funcionarios del país promotor y de los beneficiarios suelen negar con vehemencia. (Ver nota: “Petróleo por votos”)

Sin embargo, los recursos de Petrocaribe tuvieron destinos más allá de la “política diferenciada” que defiende Ramírez. Multimillonarios recursos terminaron abultando los bolsillos de dirigentes locales o de empresarios amigos. Uno de los casos prominentes es el de Félix Bautista, senador del partido gobernante en República Dominicana. El parlamentario fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos bajo la Global Magnitsky Act por presunto lavado de dinero proveniente de Petrocaribe. Compañías suyas estuvieron entre las más favorecidas con contratos para la reconstrucción haitiana y, según documentación examinada en el presente trabajo, también formaron parte de complejos movimientos financieros de los que salieron aportes para campañas electorales y figuras políticas en diversos países. Entre ellos se cuentan fundaciones como la de Leonel Fernández, expresidente de República Dominicana por tres periodos, o aportes denunciados a personajes de la talla de Alejandro Toledo expresidente de Perú, la exvicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti, y Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá. Estos tres últimos son procesados en sus países por diversos delitos de corrupción.

Entre todas, la situación de Haití es precisamente la más aberrante. Allí se puede ver cómo la esperanza de desarrollo de uno de los países más pobres del continente fueron literalmente robados. El terremoto de 2010 se convirtió en una oportunidad para demostrar aún más la solidaridad y ayudar a reconstruir el devastado país para lo cual se presupuestaron más de 2.100 millones de dólares. Pero el resultado es un inventario de proyectos inconclusos que ha provocado protestas en las calles que cada vez se tornan más violentas y que ya dejan siete muertos. En sus consignas, los haitianos gritan en creole “Kot kób Petrocaribe a?”: ¿A dónde se fue el dinero de Petrocaribe” porque saben que recursos para viviendas, mercados, hospitales, colegios y otros proyectos con más de 400 partidas en las que se asignaron recursos llegó pero, una buena parte, fue a parar a bolsillos privados.

Cuando surgieron cuestionamientos públicos, diplomáticos venezolanos respondieron que el gobierno de Nicolás Maduro se sentía contento con la ejecución de los proyectos en el país caribeño e incluso se señaló que auditorías realizadas por Venezuela habían arrojado resultados satisfactorios.

Investigaciones parlamentarias locales involucran a los ex presidentes de Haití, Michel Martelli y René Preval, por tomar decisiones sin mayor sustento técnico para asignar apresurados contratos públicos. Igual señalan al actual presidente Jovenel Moïse por no tener firmeza en promover investigaciones y porque como empresario antes de llegar a la presidencia también sacó provecho. Según esas indagaciones, el gran desfalco involucra más de 40 personas entre ministros y directores de otras entidades estatales. Hasta el hijo del ex presidente Martelli, figura como uno de los enlaces claves en los contratos cuestionados. “Llamamos al arresto de todos los ladrones”, dice una de las canciones que repiten los haitianos que protestan en las calles de Puerto Príncipe. (Ver nota: “Las obras fantasmas que pagó el petróleo a los poderosos”).

En El Salvador los recursos de Petrocaribe han sido administrados con el protagonismo del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), grupo político que surgió de las extinta guerrilla en el país centroamericano y que tras ser el partido de oposición de izquierda se convirtió en la primera fuerza política con momentos de mayoría en el Congreso y durante dos periodos consecutivos con control de la Presidencia de la República. Esto durante la última década, coincidente con el flujo de dinero que Venezuela giró.

La investigación de #Petrofraude refleja que tras bambalinas, el principal artífice en la forma como se ha estructurado el laberíntico manejo financiero de los miles de millones recibidos es José Luis Merino, uno de los dirigentes claves del FMLN. Las transacciones que incluyen centenares de giros a cuentas off shore a sociedades de las que no se saben quienes son sus beneficiarios, tiene un particular episodio por cuenta de transacciones inmobiliarias especulativas dentro del mismo país y las cuales han sido reveladas en el presente trabajo.

Por ejemplo, una de ellas es un lote donde funcionó una gasolinera con la bandera Alba Petróleos. Después de que el dueño original y empleados cercanos intercambiaron entre sí la propiedad en dos transacciones, el terreno fue adquirido por una firma que forma parte del pulpo empresarial constituido en El Salvador para manejar el petróleo venezolano. En cuatro meses, el inmueble pasó de costar 85.500 a 1,3 millones de dólares, es decir, 15 veces más su valor. #Petrofraude documentó situaciones similares en un centenar de inmuebles. En la práctica, la empresa que ha manejado la millonaria cooperación venezolana opera principalmente como una financiera que no ha escatimado en ofrecer créditos, en algunos casos con garantías hipotecarias, por 500 millones de dólares a 90 personas y empresas escogidas a dedo. Las pérdidas han sido el signo común en una gestión que parece no buscar el lucro sino todo lo contrario. (Ver nota: “El desvío de los petrodólares”)

Pero la forma de corrupción más generalizada ha estado en las llamadas compensaciones, el esquema en el que los países pagaban parte de sus deudas con productos alimenticios. En el papel, esta idea no sólo garantizaba seguridad alimentaria en Venezuela, que al contrario ha tenido al desabastecimiento como uno de sus principales sellos en los últimos años, sino que también fortalecería la industria nacional en cada país deudor. Sin embargo la investigación periodística de #Petrofraude, demuestra como este mecanismo se prestó para triangulaciones, facturaciones con sobreprecio y hasta recompra de productos de países de destinos tan lejanos como Nueva Zelanda.

La falta de control permitió que algunos pocos tuvieran una inesperada bonanza gracias a los recursos de Venezuela, que pagaba productos en muchos de casos de baja calidad muy por encima de los precios internacionales de lo que costarían productos de primera calidad.

Por ejemplo, en uno de los documentos inéditos revelados por #Petrofraude se ve uno de los comentarios de puño y letra del Presidente Nicolás Maduro: “Muy urgente concretar plan con Nicaragua”, justo al lado de su firma aprobatoria. Este documento aprobó una oferta de importaciones de varios productos en los que se aceptó pagar precios por encima de referencias de mercado o a precios que rebasaban promedios de las décadas recientes para el país. Entre ellos estaban la carne de ganado a casi 5.690 dólares por tonelada, cuando en los 20 años previos los mejores promedios de exportación no habían superado los 5.000 dólares, según datos oficiales de ese país.

La operación aprobada por Maduro formó parte de un patrón. #Petrofraude, documentó pagos de 145 millones por encima en la compra de café de dudosa calidad vendido por Nicaragua entre 2009 y 2013. “Ellos sabían qué calidad estaban comprando, pero, ¿quién se va a quejar en Venezuela?”, confirmó Joaquín Solórzano, presidente de la Asociación de Cafetaleros de Matagalpa, zona donde se produce la mayor parte del café nicaragüense. Federico Argüello, presidente de la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua confirma que el mercado venezolano era especialmente atractivo por sus precios: “Pagaban un diferencial por encima de Nueva York”. Bajo el esquema de compensaciones, según datos de Pdvsa a los que accedió #Petrofraude, se habrían exportado más de 2.700 millones de dólares a través de una empresa binacional manejada por los gobiernos de Venezuela y Nicaragua. Gran parte de ellos tuvieron diferenciales de precios que favorecieron a intermediarios cercanos al poder.

Mientras en Nicaragua los productores se beneficiaban del maná petrolero, sus colegas venezolanos padecían controles que les condenaban a pérdidas y a asistir a la depresión del negocio frente al avance de las importaciones. “Los precios controlados por el gobierno siempre estaban por debajo de los costos de producción”, dice Vicente Pérez, caficultor y miembro de la Fedeagro, la principal federación de productores de Venezuela. “El café nicaragüense se pagaba a precios premium pero era de baja calidad”. Este es uno de las situaciones que confirma lo distante que terminó siendo en la práctica componentes claves de este ambicioso plan de cooperación que supuestamente ayudaría a superar la pobreza.

Una tendencia semejante a la que ocurrió con la compensación comercial sucedió con Guyana, el segundo mayor beneficiario del sistema. Mientras el Partido Progresista del Pueblo manejó el poder en ese país, con el que Venezuela mantiene un diferendo fronterizo, se le dio un tratamiento privilegiado. La organización es afín al chavismo y perdió el poder en 2015, lo que hizo que los contratos se suspendieran. Durante seis años se despachó más de un millón de toneladas de arroz blanco y paddy para Venezuela a cambio de los préstamos petroleros. En 2010, por ejemplo, Caracas aceptó la cotización de 700 dólares por tonelada, mientras que los compradores de la Unión Europea adquirían la misma cantidad por 224 dólares menos.

Por esta vía se esquilmaron cientos de millones de dólares de los venezolanos que paradójicamente hoy no tiene siquiera como suplir sus alacenas con los productos más básicos. (Ver nota: “El negocio que vació la mesa de los venezolanos”).

Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, publicado en 2016, plantea perplejidad por la inclinación de las autoridades venezolanas a negociar un producto de gran valor como el petróleo, en condiciones semejantes por otro de menos valor como el arroz. “El mayor beneficio para Venezuela no parece ser económico”, se señala en el texto, que sugiere que la ganancia mayor se obtenía en el campo diplomático.

Ningún vocero actual de Pdvsa en Venezuela atendió las solicitudes de información que se presentaron con anticipación para este proyecto ni tampoco involucrados directos como Merino, Bautista o Francisco López, el hombre de confianza de Ortega que en Nicaragua manejó la cooperación petrolera. Por su parte Rafael Ramírez, negó manejos irregulares o falta de transparencia durante su gestión al frente de la empresa entre 2004 y 2013. “Todo está auditado”, dijo el ex funcionario. “Nuestras gestiones se investigaban siempre. Si la Contraloría General de la República detectaba alguna inconsistencia, nos llamaban. Si la auditoría interna nuestra presentaba inconsistencia, nos llamaban. Si nuestros auditores fiscales detectaban una inconsistencia con algo, yo no firmaba”.

Sin embargo, uno de estos informes de auditoría apunta que el mecanismo comercial, en el que se han transado más de 3.700 millones de dólares, careció desde su constitución hace una década de adecuados protocolos de seguimiento. El documento, fechado en abril de 2017, afirma que la Gerencia Corporativa de Finanzas Internacionales, que está en la médula del esquema, no formuló reglas efectivas para controlar los procesos.

El conglomerado de empresas del lado venezolano a cargo de las compensaciones ha sido manejado principalmente por militares. Entre las personas claves en el manejo directo de estas operaciones también se han destacado Asdrúbal Chávez, primo del presidente Chávez, y quien llegó a ser ministro de Petróleo; y el fallecido Bernardo Álvarez, quien pasó de ser el secretario general de Petrocaribe y de Caribe, filial de Pdvsa que es socia en 12 empresas binacionales relacionadas con la ejecución de los convenios petroleros en igual número de países de la región, a ser embajador ante la OEA donde llegó a ser presidente de su Consejo Permanente.

Aún está por verse las sanciones a los responsables de tan gigantesco fraude. Sin embargo es sólo ahora que se expone de manera amplia la compleja madeja de años de giros sin mayor control. Por ahora lo único claro es este modelo venezolano de exportación del socialismo hace aguas, y con la sequía por la baja capacidad actual de seguir inyectando dólares a manos llenas, irá dejando al descubierto las debilidades de un modelo que se basó en gran medida en los multimillonarios recursos del petróleo, de un pueblo que hoy padece hambre.

La tasa de inflación del mes de mayo fue de 110,1%, según AN

La comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN) informó que la inflación de mayo se ubica en 100,1 %. El diputado José Guerra comentó en su cuenta social en Twitter que la tasa acumulada de mayo 2018 respecto a diciembre del año pasado fue de 1.995,2%. Asimismo, aseveró que la tasa anualizada respecto a mayo de 2017 fue de 24.571%. A su vez, Guerra dijo que la tasa diaria en mayo de 2018 es de 2,4%. «Esto no lo aguanta nadie», dijo Guerra  2001

Juan Andrés Mejía: Luis Florido fue sustituido por el tema de la diáspora venezolana

El diputado Juan Andrés Mejía expresó que el parlamentario Luis Florido, fue sustituido de la presidencia de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (AN) fue la diferencia de criterios con la organización de la diáspora venezolana en el exterior. “Luis tenía una visión de cómo avanzar y el resto del partido otra y fue lamentablemente imposible alinear ambas posturas”, dijo Mejía. Mejía explicó que es un «cambio de coordinación de la Comisión de Política», no una expulsión de Voluntad Popular (VP). Mejía aseguró que la idea es buscar darle mayor fuerza a los millones de venezolanos que han tenido que salir del país, 2001

Canasta alimentaria se ubica en Bs 112,37 millones en Maracaibo

Para el mes de abril, el costo de la canasta alimentaria que mide la Cámara de Comercio de Maracaibo, se situaba en Bs 112.378.733, un aumento de Bs 48.799.240 en comparación con marzo, de acuerdo con el estudio difundido. La Cámara recopila los precios de 46, de los 50 productos de la Canasta Alimentaria Normativa (CAN) establecida por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 10 establecimientos comerciales formales, junto a tres mercados populares ubicados en la ciudad de Maracaibo. El costo para abril de este año supone un alza de 10.505% en contraste con el que presentaba la canasta en igual mes de 2017 (Bs 1.059.612). Banca y Negocios

Gobierno adquirirá medicamentos directamente con la OPS

Venezuela comprará medicamentos directamente con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), informó este lunes el ministro de la Salud, Luis López. “Transnacionales, no les vamos a comprar más de manera directa, entérense, los vamos a adquirir a través de la Organización Panamericana de la Salud. No vamos más con intermediarios” subrayó López entrevistado en Radio Nacional de Venezuela. Unión Radio

Este lunes el expresidente Ricardo Martinelli llegó a Panamá tras su extradición de EEUU

Este lunes se conoció que el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, arribó a esa nación, tras ser trasladado desde Estados Unidos (EEUU). Tal acción fue realizada luego que la justicia de ese país le solicitara a EEUU si extradición, ya que el exmandatario enfrenta un proceso judicial por presuntamente estar inmerso en delitos de espionaje y corrupción. El periodista Carlos Arnel Cordero publicó a través de su cuenta en Twitter, el momento en el cual Martinelli es trasladado Globovisión

El expresidente Ricardo Martinelli llegó el lunes a Panamá extraditado desde Estados Unidos para enfrentar acusaciones de corrupción y espionaje tras permanecer un año encarcelado en una prisión federal de Miami.

La cancillería panameña informó que el gobierno de Estados Unidos hizo entrega formal en el territorio panameño del exmandatario cumpliendo con la orden de extradición autorizada por el subsecretario de Estado, John Sullivan.

El avión en el que se transportó Martinelli desde Miami aterrizó en una pista del aeropuerto internacional de Tocumen a la que también llegó un helicóptero del Servicio Nacional Aeronaval.

El Departamento de Estado estadounidense, por su parte, confirmó en un comunicado la extradición del ex gobernante y dijo que “su caso siguió el procedimiento normal de extradición regido por el tratado bilateral y la legislación de los Estados Unidos y se manejó de acuerdo con los procedimientos legales aplicables durante todo el proceso”.

Agregó que “corresponde a los tribunales panameños determinar la culpabilidad o la inocencia” de Martinelli.

Imágenes fotográficas enviadas por el Ministerio de Seguridad Pública mostraron a Martinelli esposado cuando llegaba al aeropuerto y también cuando era atendido por personal de salud a su arribo a la terminal aérea.

El ex gobernante fue llevado del aeropuerto a la cárcel El Renacer, cerca de la ribera Pacífica del Canal de Panamá. Es la primera vez que un expresidente panameño es llevado a un centro penal.

En tanto, un grupo de simpatizantes de Martinelli se congregó frente a la Corte Suprema de Justicia ante informaciones de abogados de que el expresidente sería llevado a una audiencia de control sobre la legalidad de su aprehensión.

El exmandatario retornó a Panamá luego de que el viernes Estados Unidos aprobara su extradición. Poco antes del arribo de Martinelli su esposa dijo que el ex gobernante desistió del proceso de apelación de la extradición debido a razones de salud.

“El desiste porque se siente mal. Él está regresando por problemas de salud, sus abogados tenían casi la certeza de que ganaría la fianza”, dijo Marta de Martinelli desde el aeropuerto Panamá Pacífico donde se lo esperaba inicialmente.

MIAMI (AP) — El expresidente panameño Ricardo Martinelli debe ser extraditado desde Estados Unidos para que enfrente acusaciones de espionaje político y malversación en su país, ordenó el jueves un juez federal de Miami.

Ahora el fallo de 93 páginas emitido por el magistrado federal Edwin Torres pasará al Departamento de Estado, que decidirá en última instancia si Martinelli debe volver a Panamá. La dependencia ha argumentado en documentos de la corte que está a favor de la extradición del exmandatario.

“Tras una cuidadosa revisión de la evidencia en el registro, estamos obligados a encontrar que la solicitud de extradición interpuesta por Panamá satisface todos los requerimientos legales”, escribió Torres. “Existe evidencia suficiente para establecer una causa probable en todas las acusaciones que se le presentaron a Martinelli”.

Martinelli, de 65 años, fue presidente de Panamá de 2009 a 2014. Está acusado de monitorear ilegalmente las llamadas telefónicas y otras comunicaciones de al menos 150 personas a través de un extenso sistema de espionaje. También enfrenta cargos de malversar alrededor de 13 millones de dólares en fondos públicos vinculados al sistema, que estuvo en operaciones de 2012 a 2014.

Los abogados del expresidente alegaron que la actualización del tratado de extradición entre Panamá y Estados Unidos no es aplicable al exmandatario, y que existe poca evidencia para respaldar las acusaciones. Afirmaron que esta imputación es una vendetta política orquestada por sus adversarios.

Martinelli ha estado retenido sin derecho a fianza desde que fue arrestado en junio pasado en su residencia del área de Miami debido a la solicitud de extradición del gobierno panameño. Ha intentado obtener asilo político en Estados Unidos.

Sus abogados afirmaron que la solicitud de extradición va en contra de los términos del tratado actualizado de extradición entre ambas naciones en lo referente a crímenes cibernéticos, el cual entró en vigor en julio de 2014, después de que se cometieran las supuestas ofensas. Aseguran que el tratado original de extradición entre Estados Unidos y Panamá, que se remonta a 1905, contiene una cláusula que subraya que no se aplica retroactivamente, y destacaron que dicha cláusula permanece vigente.

Los fiscales estadounidenses insisten que la postura, tanto del gobierno panameño como del Departamento de Estado de Estados Unidos, es que Martinelli puede ser extraditado dentro de la ley tanto por los cargos de espionaje como de malversación. Señalaron que la cláusula original de retroactividad no es aplicable en su caso.

Torres estuvo de acuerdo con los fiscales, al encontrar que el tratado actualizado abarca las acusaciones de delitos cibernéticos y que existen pruebas suficientes de malversación como para permitir que proceda la iniciativa panameña de enjuiciarlo.

“Encontramos únicamente que existen bases razonables para suponerlo culpable de todos o de algunos de los cargos que se le imputan”, escribió Torres.

No existe apelación directa en las cortes federales a la decisión. No hay un plazo inmediato sobre cuándo volvería Martinelli a Panamá, si es que el Departamento de Estado respalda la extradición.

Las audiencias en el caso de Martinelli se han realizado en el mismo complejo de tribunales de esta ciudad de Florida en el que otro expresidente panameño, Manuel Noriega, fue juzgado y declarado culpable de narcotráfico después de que el ejército estadounidense invadió su país en 1989. Noriega cumplió su sentencia en una cárcel del sur de Miami y falleció en mayo pasado en Panamá.

Foto: María Alesia Sosa

Fue detenido en su casa de Coral Gables, luego de que Panamá pidiera su extradición

@MariaAlesiaSosa

ESPOSADO, CON UNA CADENA amarrada en la cintura y vestido con un uniforme color beige correspondiente a los detenidos no procesados, compareció el expresidente panameño Ricardo Martinelli, ante las cortes de Miami, menos de 24 horas después de haber sido arrestado en su casa de Coral Gables, Miami. US Marshals (Cuerpo de Alguaciles de EEUU) detuvo al exmandatario la noche del lunes 12 de junio, atendiendo a una petición de extradición del Gobierno de Panamá, por una acusación de escuchas ilegales a más de 150 adversarios políticos.

Pasadas las 2 de la tarde del martes, se dio inicio a la audiencia presidida por el juez Edwin Torres. La sala estaba completamente llena, aunque sólo se le permitió la entrada a un familiar por cada acusado. Al menos 20 periodistas ingresaron a la sesión.

Martinelli fue el primero del banco de los acusados en atender al llamado del juez. Con semblante serio, sólo se le oyó la voz para decirle al juez que sí hablaba inglés fluido, así como para pronunciar su nombre completo.

La defensa, a cargo del abogado Marcos Jiménez, pidió libertad bajo fianza para su cliente y explicó que tenía una condición de salud por una operación a la que se había sometido. La fianza podría ser de un millón de dólares.

“El pedido de libertad bajo fianza será denegado en este momento”, manifestó el magistrado al finalizar la breve audiencia judicial.

El juez Torres, accedió a brindarle cualquier tipo de tratamiento médico que el acusado pudiera necesitar. La defensa insistió en que el Martinelli no tenía razones para estar detenido.

“Este es un caso políticamente motivado”, dijo el abogado del expresidente. Aseguró que era un plan orquestado por el actual presidente de Panamá, Juan Carlos Varela. Agregó que esto sucede luego de que Martinelli había expresado su deseo de volver a lanzarse a la presidencia de ese país, lo que el abogado calificó como “curioso”.

Además, la defensa alegó que en el tratado de extradición entre EEUU y Panamá, que data de 1904, no figura el delito de grabación de llamadas, por lo que no aplica la acción en este caso.

Jiménez dijo que Martinelli vive en Miami desde hace dos años y medio, junto a su familia, en condición  de asilado político, y que en marzo de este año, ese proceso se había formalizado cuando el exmandatario puso las huellas en su expediente de solicitud. Aunque otro abogado del expresidente, Sydney Sitton, declaró en las afueras del tribunal que su defendido está “con una visa especial que se le otorga a los expresidentes”.

La defensa insistió en que este era un caso absolutamente político, y sin entrar en detalles, criticó el sistema judicial de Panamá. Sin embargo, dijo que las pruebas de sus argumentos serían consignadas antes de la próxima audiencia.

El abogado también pidió al juez Torres, celeridad en el caso, ya que dijo que su defendido con debía estar bajo custodia.

Durante la audiencia, Jiménez recordó el caso del exministro colombiano Andrés Felipe Arias, a quien el gobierno de su país también intentó extraditar (por un caso de corrupción), sin embargo, un juez estodunidense le otorgó libertad bajo fianza  en noviembre de 2016, luego de permanecer dos meses y medio detenido.

Aunque a Martinelli, la medida de libertad bajo fianza le fue negada, el juez propuso la fecha del martes 20 de junio para escuchar la versión de la defensa. Con esto último, estuvo de acuerdo el fiscal acusador.

Lorenzo Palomares, abogado de la esposa de Martinelli, declaró al salir de la sala, que este caso es un orden del sistema judicial de Panamá, que está aliado con los gobiernos de Cuba y Venezuela.

Un día antes de que se produzca esa nueva audiencia, se espera la visita del presidente de Panamá, Juan Carlos Varela a Estados Unidos.

La detención en Estados Unidos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), un hecho sin precedentes en la historia de Panamá, marcó este lunes el comienzo de una nueva etapa que parece estar más cerca de su extradición por un caso de escuchas ilegales.