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Pranes, carros, causas y luceros: la realidad de las cárceles venezolanas

Según cifras del Observatorio Venezolano de Prisiones, desde 1999 hasta 2019 han fallecido 7.374 personas en cautiverio

En Venezuela, los presos pasan hambre, están hacinados, a la merced del COVID-19, la desnutrición y otras enfermedades infecciosas como la tuberculosis, pero sobre todo, dependen de una mafia cuyos tentáculos van hasta lo más alto del Gobierno y que hoy en día hacen un mejor trabajo que este a la hora de conseguir alimento para los reos: los pranes, como se conocen en venezuela a los criminales que tienen el poder y el control en las cárceles.

Así lo demuestra un incidente ocurrido en el penitenciario de Yare (San Francisco de Yare) el mes pasado, cuando un grupo de presos escaló uno de los muros de la cárcel en un intento desesperado para pasar al lado del complejo que es controlado por los pranes. El hambre los estaba matando, así como la desidia del Gobierno, que es el encargado de velar por la integridad de los presos en el lado de la prisión del cual trataban de escapar.

La cárcel de Yare, ubicada en el estado central de Miranda, la conforman dos complejos penitenciarios. Yare I, una “prisión de régimen abierto” o de “régimen externo” que está totalmente controlada por los “pranes” o jefes de la mafia carcelaria; y Yare II, que es una “máxima” con régimen “interno o cerrado” y está bajo el control del Gobierno.

Quizá las medidas más polémicas fueron las restricciones a las visitas de familiares a los presos, la principal fuente de alimentación de muchos reclusos. Y luego, la prohibición de no poder dejarles alimentos no perecederos en las visitas.

El caso de esta cárcel es el perfecto retrato de la crisis humanitaria que se vive en la mayoría de las prisiones venezolanas. Aquí, como en la mayor parte del país, una situación precaria que ya estaba a punto de colapsar terminó siendo mucho peor debido a la pandemia del COVID-19, y no precisamente porque el virus se haya tomado las prisiones -como amenazaba hacer- sino porque las medidas adoptadas para detener su propagación en los centros carcelarios fueron peores.

“No planeaban escaparse de la cárcel, querían saltar desde el penal con régimen penitenciario hacia el abierto porque tienen hambre, no les están dando comida”, le dijeron familiares de presos de Yare II a la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Los familiares denuncian que la autoridad carcelaria no alimenta a los presos, los cuales comen una vez en la mañana raciones pequeñas de pasta o arroz, y si tienen suerte reciben otra en la tarde.

Esta situación está siendo reportada en cárceles por todo el país, como el Centro Hombre Nuevo, en Carabobo; la prisión Rodeo II que también está en el estado de Miranda y en donde se han registrado casos graves de desnutrición, hepatitis y tuberculosis; o en los centros penitenciarios del estado de Amazonas donde tampoco cuentan con agua potable, poniendo en riesgo a más de 200 presos. Esto solo por citar algunos lugares donde la OVP ha hecho denuncias.

En contraparte a esto están los “pranes” y sus “cárceles de régimen abierto”, lo que significa que en ellas manda la mafia y no el Estado. Allí, estos grupos crecen en poder e influencia, logrando controlar todos los aspectos de la vida carcelaria y convirtiéndose de paso en una fuente mucho más confiable que el Gobierno a la hora de ser proveedores de alimentación para los reclusos.

¿Cómo surgen los pranes?

El fenómeno de los pranes no es algo nuevo en Venezuela, pero comenzó a fortalecerse progresivamente durante los años del chavismo en el poder, ya que fue después del ascenso de Hugo Chávez a la presidencia cuando sus estructuras adquirieron las características que tienen hoy en día.

En lo alto de la pirámide mafiosa está el “pran”, un acrónimo de “Preso Rematado Asesino Nato”, este es el mandamás de la cárcel, el que determina cómo son las reglas de la prisión. Él maneja “el carro”, que es como se le conoce a la organización, acompañado de los “luceros”, que sirven como los mandos medios de la estructura.

Uno de los primeros pranes, que sirvió para establecer estas estructuras criminales en las cárceles fue Wilmar José Brizuela, más conocido como “Wilmito”, un campeón de boxeo local.

Él empezó a ganar poder en la prisión de Vista Hermosa, donde primero tuvo control de una sección de la prisión desde la cual iba eliminando sistemáticamente a sus rivales. Para 2006, Wilmito tenía el control de casi todas las secciones de la cárcel y a medida que conquistaba una nueva, establecía allí un lugarteniente, un “lucero”.

Los luceros pueden ascender a pranes si el pran reinante sale de la cárcel o es asesinado en un “cambio de carro”, como se les llama a los golpes contra un pran.

Wilmito llegó a amasar tal poder que su “carro” movía para 2009 unos 3 millones de dólares al año en la prisión de Vista Hermosa. Ahí controlaban todo, prestaban servicios de seguridad, cobro de deudas e imponían impuestos extorsivos llamados “causas” a todas las actividades carcelarias.

En el ascenso de Wilmito y de otros pranes que imitaron su forma de controlar las prisiones, tuvieron un papel importante ciertos personajes del régimen chavista como Tareck El Aissami, actual ministro del Petróleo, e Iris Varela, hoy diputada de la Asamblea Nacional.
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El Aissami para 2008 era ministro del Interior y de Justicia, cargo desde el que introdujo cambios en las cáceles, como horarios de visita más laxos, y al tiempo que redujo los controles para el ingreso de visitantes y equipaje. Esto ayudó a aumentar el contrabando al interior de las prisiones y fortaleció las mafias que lo controlaba.

“Tareck El Aissami fue quien le dio reconocimiento a la figura del pran. Y le dio, de paso, la autorización para que los familiares pernoctaran dentro de las cárceles”, le explicó Humberto Prado al observatorio de crimen organizado InSight Crime para un especial sobre la mafia en el Estado venezolano.

Prado explica que cuando se dio el cambio, los visitantes pasaron de llevar una bolsa con comida y ropa limpia para la persona privada de la libertad, a maletas donde se contrabandeaban todo tipo de productos, incluso armas.

Con estas libertades los pranes de varios centros penitenciarios comenzaron a construir sus imperios. Traficaban con armas, con drogas, disponían de las acomodaciones más lujosas al interior de las prisiones, hacían fiestas extravagantes y distribuían a los presos a su antojo en las demás celdas. Si tenías dinero podías acceder a un mejor lugar, si estabas entre los afectos del pran podías tener una línea de negocio dentro de la prisión que podía ir desde una barbería hasta la venta de drogas, en todos los casos siempre había “causas” semanales que pagar, y de no hacerlo la consecuencia podía ser la muerte.

Gran parte de esta dinámica se mantiene hoy en día dentro de las prisiones. Hoy, todo lo que entra a la prisión tiene un impuesto, encareciendo su valor hasta diez veces lo que vale por fuera. En una cárcel como la de Tocorón en Aragua, que tiene unos 7.000 presos, se estima que la causa recoge más de 2 millones de dólares al mes.

El hambre, una fuente de poder

El otro hito para terminar de consolidar el poder de los pranes sucedió en 2011, cuando Hugo Chávez decidió crear el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, en respuesta a un escándalo internacional causado por un “cambio de carro” en las cárceles de Rodeo I y Rodeo II, una verdadera guerra entre pranes que duró 27 días y dejó -según cifras oficiales- 27 muertos y 70 heridos.

Ese ministerio quedó en cabeza de Iris Varela, una política chavista que este año dejó el cargo para integrar las listas de la Asamblea Nacional en las últimas elecciones.

Ella fue la responsable de “pacificar” las matanzas en las prisiones venezolanas, las cuales estaban disparadas y lo hizo mediante al establecimiento de una “paz mafiosa” con la que pranes ganaron cada vez más y más poder.

Básicamente, el gobierno venezolano les entregó a estas mafias el control de las prisiones, los llamados “régimenes abiertos”, en los cuales son los pranes los amos y señores, incluso la policía y la GNB les tienen que pedir permiso para entrar a las cárceles que controlan. Esto los convirtió en actores políticos, los hizo una extensión de la revolución chavista, algo similar a los llamados “colectivos” y ciertos grupos criminales que operan en los barrios pobres.

Toda esta situación se exacerbó con la llegada de Nicolás Maduro al poder, la disparada de la inflación, la escasez de muchos alimentos básicos o sus precios exorbitantes y aún más grave, la pandemia.

Según las cifras del OVP para 2019 en el sistema penitenciario venezolano hay unos 43.992 reclusos distribuidos en 44 cárceles funcionales de los 52 recintos existentes, que tienen una capacidad real de 21.000 personas.

Además, hay otras 25.000 personas aproximadamente que están en calabozos policiales.

No hay comida para alimentarlos a todos, ya las familias no pueden llevar comida como lo hacían por las restricciones del COVID-19 y desde hace años existen denuncias de que la propia policía le quita a los reos el alimento que les llevan sus familiares. Durante el año 2019, por ejemplo, un total de 1.934 presos venezolanos hicieron huelga de hambre, protestando por la falta de alimentos en los penitenciarios, el retraso en los procesos y un hacinamiento que supera el 120% en todo el país.

Afuera la cosa no está mejor. El desabastecimiento en los almacenes está sucediendo hace años en Venezuela, y solo ha empeorado con la pandemia. Con este panorama, irónicamente, son los pranes los proveedores más confiables y eficientes.

Ellos parecen tener la capacidad de conseguir los alimentos necesarios y distribuirlos entre quienes pueden comprarlos, sea al interior de la prisión o afuera, como sucede en el estado de Aragua cuyos habitantes acuden a la prisión de Tocorón para conseguir provisiones.

“En las prisiones controladas por los pranes, hay menos escasez”, ha señalado Beatriz Carolina Girón, directora del OVP, en conversación con medios locales.

Todo este poder actualmente trasciende las paredes de los penitenciarios y hace de los pranes jefes no solo del “carro” al interior de la cárcel, sido de estructuras por fuera denominadas “trenes” o “megabandas”. Un andamiaje criminal que crece día a día y que hace de las cárceles venezolanas un epicentro de criminalidad y violencia.

Según cifras del OVP desde 1999 hasta 2019 han fallecido 7.374 personas en las cárceles venezolanas y otras 17.715 resultaron heridas, lo que da un total de 25.089 víctimas. Y aunque el año pasado las cifras parecieron bajar en cuanto a muertes violentas en las prisiones, solo tomó 9 meses de este año superar esas cifras.

Para septiembre de 2020 habían muerto 162 personas en las cárceles, 125 en calabozos, en total 287 muertes, muchas más que las 137 registradas durante el mismo período en 2019.

Las principales causas de esas muertes en las cárceles fueron por desnutrición (40 muertes), motines al interior de las prisiones (48 muertes), violencia entre reclusos (6 muertes) y tuberculosis (51 muertes). Cifras que muestran un claro deterioro de la situación de los presos en el país.

El motín que referencian las cifras sucedió a principios de la cuarentena, el pasado 1 de mayo en la cárcel Los Llanos del Guanare, en el estado de Portuguesa. Una cárcel con capacidad para 750 presos, pero con 2.500 reclusos.

En ese momento la versión oficial entregada por la entonces ministra del Servicio Penitenciario Iris Varela apuntaba a un motín promovido por el pran alias “Olivio” que había obligado a los presos mas débiles a promover un supuesto escape. Pero el OVP señaló que realmente se debía a una protesta por falta de alimentos que fue respondida con disparos por parte de la los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana que produjeron 47 muertes.

Lo paradójico es que, por lo menos en las cifras recogidas por el Observatorio Venezolano de Prisiones y la ONG Una Ventana a la Libertad, solo se cuenta una muerte por COVID-19 de 109 contagios, algo que podría apuntar a una estrategia “exitosa” del Gobierno en el control de la infección.

La paradoja radica en que las medidas adoptadas para ello exacerbaron el hambre que dispararon las muertes en las cárceles, y el poder de las estructuras criminales que las controlan.

Estados Unidos desplegó buque de Guerra en Cabo Verde para misión secreta
De acuerdo al New York Times, el objetivo era evitar cualquier maniobra de Venezuela e Irán para lograr la liberación de Alex Saab

Durante el mes de noviembre el crucero USS San Jacinto, de la Marina de Estados Unidos, realizó una misión secreta en Cabo Verde, donde se encuentra detenido desde el pasado 12 de junio Alex Saab, el testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro.

La información fue revelada este martes por The New York Times. Según lo informado por el prestigioso periódico norteamericano, el operativo se puso en marcha una vez que el empresario colombiano fue detenido por las autoridades del país africano en respuesta a una petición de EEUU cursada a través de Interpol.

 

El objetivo de desplegar un buque de guerra por parte de la administración de Donald Trump era evitar cualquier maniobra de Venezuela e Irán para lograr la liberación de Saab.

Sin embargo, el ex secretario de Defensa Mark Esper durante meses rechazó enviar un buque de la Marina a Cabo Verde, alegando que era un mal uso del poderío militar estadounidense.

La sigilosa llegada del San Jacinto, un crucero misilístico de la clase Ticonderoga, al país insular coincidió con el momento en que Esper fue despedido por Trump, a principios de noviembre. Christopher C. Miller, actual secretario de Defensa norteamericano, aprobó rápidamente el despliegue del buque de guerra desde Norfolk, Virginia. Con su aprobación, el barco cruzó el Atlántico para vigilar de cerca cualquier movimiento o maniobra en torno a Saab.

Desde el comienzo Esper se mantuvo firme en su posición: la extradición del testaferro de Maduro debía llevarse a cabo sin la intervención de un buque de guerra de la Marina de Estados Unidos. Pese a esto, el Gobierno envió en agosto el barco de la Guardia Costera Bear a Cabo Verde. El comandante Jay W. Guyer, portavoz de la Guardia Costera, dijo que la nave realizó una patrulla conjunta con la Guardia Costera de Cabo Verde “para contrarrestar la pesca ilegal, no regulada y no declarada”.

Por su parte, The New York Times señala que el mes pasado dos países de África Occidental, a pedido del Departamento de Estado norteamericano, negaron el permiso para repostar en sus aeropuertos a un avión iraní con destino a Cabo Verde. Los funcionarios indicaron que era posible que el avión trasladara a espías iraníes, comandos o tal vez sólo abogados tratando de anular la extradición de Saab. Ante la negativa de esas naciones, el avión voló de regreso a Teherán.

Los partidarios del despliegue de la Marina, como Elliott Abrams, enviado especial de Estados Unidos ante Venezuela e Irán, subrayaron que la presencia del San Jacinto -con un costo operativo de 52.000 dólares al día-, había disuadido cualquier intento de Venezuela e Irán de operar en suelo caboverdiano en apoyo de Saab.

El Comando de África del Pentágono, no obstante, no reconoció la misión secreta del buque aunque sí su presencia en el país. De acuerdo a The New York Times, Kelly Cahalan, portavoz del Comando, dijo que el barco fue enviado a Cabo Verde “para combatir la actividad marítima transnacional ilícita” en la región.

La semana pasada, el San Jacinto recibió la orden de volver a Norfolk para asegurar que los 393 miembros de la tripulación estén en casa para Navidad y Año Nuevo. Un alto funcionario del Pentágono manifestó que hasta el momento no se ha decidido si enviarán otro buque de la Marina después de las vacaciones.

“Saab es de vital importancia para Maduro porque ha sido el testaferro de la familia Maduro durante años (…) Tiene acceso a información privilegiada sobre los planes de corrupción de Maduro dentro y fuera de Venezuela”, dijo Moisés Rendón, especialista en asuntos de Venezuela del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington.

El empresario fue detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal (norte), tras una petición de EEUU cursada a través de Interpol por supuesto blanqueo de dinero.

Tras mantener un bajo perfil en Colombia, el nombre de Saab apareció en la prensa cuando la ex fiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.

El empresario, nacido en Barranquilla (Colombia) y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, cuyas ayudas se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con “cientos de millones de dólares”.

Washington también presentó cargos contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares (unos 296 millones de euros) supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.

Según EEUU, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015 Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.

“Si Saab coopera con los oficiales americanos, podría ayudar a desenredar la red económica de apoyo de Maduro y ayudar a las autoridades a presentar cargos contra otros aliados del gobierno venezolano”, apunta The New York Times en su artículo publicado este martes.

Tras la detención del empresario, el régimen de Maduro señaló que Saab es un ciudadano venezolano y un “agente” del Gobierno, que se hallaba “en tránsito” en Cabo Verde para regresar al país. La defensa argumenta que “tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela en tránsito por Cabo Verde”.

Informe de Misión de la ONU en Venezuela corrobora denuncias de torturas a presos políticos
Una de las acciones impuestas en la DGCIM y el SEBIN es la figura de la desaparición cuando una persona es detenida

Desde octubre se ha venido realizando una serie de audiencias de los juicios políticos, muchos de ellos engavetados (archivados), con presos que tienen años detenidos. La acción responde a la recomendación de la Comisión de Bachelet sobre acelerar los casos, entre esos más de una docena de conspiraciones.

En las audiencias hay muchas denuncias sobre las torturas recibidas por los militares y civiles desde el momento en que son detenidos. La mayoría tiene coincidencia. Lo insólito es que no se le da curso a la gravedad que representa el hecho. No es cualquier cosa violar derechos humanos.

La Misión de Determinación de los hechos que se reactiva en sus funciones dentro de unas semanas, dijo en su último informe que investigó 77 casos en los que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) arrestó, detuvo y torturó a oficiales militares activos y retirados y a personas civiles asociadas.

Detalló ocho de esos 77 casos, basándose según explican en información directa, que contempló entrevistas, expedientes de causas judiciales, grabaciones de video, “también en información fidedigna reunida por fuentes indirectas fiables”.

Reconocen haber revisado la información recibida por el Foro Penal sobre 339 detenciones de personal militar y personas civiles asociadas. Para ese momento hablaron de 187 detenidos, 61 con medidas sustitutivas y 41 en libertad. “En unos pocos casos, la DGCIM arrestó, detuvo y torturó a civiles no afiliados a ninguna operación o personal militar”.

Los pasos de los arrestos

Es muy importante acercar el foco a los arrestos que hace la DGCIM y que el informe de la ONU explicó muy bien, porque siguen patrones similares, muchos de ellos denunciados en el marco de los juicios que se están llevando a cabo actualmente.

La Misión identifica los siguientes:

1. Tuvieron lugar durante el día, ya sea en el lugar de trabajo del detenido o en la base militar o en las instalaciones de la DGCIM, en ocasiones después de que el detenido fuera convocado a una reunión.

2. Los oficiales de la DGCIM no se identificaban y a menudo tenían el rostro cubierto y/o usaban alias. No obstante, su afiliación institucional era evidente por sus uniformes o, en algunos casos, por el logotipo de los vehículos.

3. Los arrestos tuvieron lugar en diferentes lugares del país. En los casos revisados, los arrestos se realizaron en 13 de los 23 estados de Venezuela.

4. Los detenidos fueron llevados a la sede central de la DGCIM en Boleíta en Caracas, ya sea directamente o pasando primero por sitios clandestinos de detención, por un periodo de horas o días.

5. Durante los traslados, la mayoría de las víctimas tenían los ojos vendados o eran traídas por rutas indirectas, supuestamente para confundirlas sobre su paradero.

6. La Misión identificó un patrón en el que los funcionarios de la DGCIM no presentaban órdenes de detención y/o no explicaban el motivo de la detención en el momento del arresto, en violación de las normas nacionales e internacionales de derechos humanos.

7. La Misión tiene motivos razonables para creer que esa práctica era habitual.

8. En todos los casos investigados, salvo uno, la Misión observó una discrepancia entre la fecha del último paradero conocido de la víctima y la fecha oficial de detención o la fecha oficial de la orden de aprehensión.

9. Las actas oficiales solían señalar la fecha de detención dentro de las 48 horas anteriores a la fecha de la audiencia de presentación, supuestamente para cumplir el plazo establecido por la ley para la presentación ante un tribunal después de la detención. Por ejemplo, se desconocía el paradero del capitán Rafael Acosta Arévalo desde el 21 de junio de 2019, según lo anunciado por su familia en los medios de comunicación social, pero su fecha oficial de detención aparece como el 26 de junio de 2019, dos días antes de su audiencia de presentación.

10. En cada uno de los casos que la Misión investigó, en las horas o los días siguientes a las detenciones, las autoridades gubernamentales de alto nivel hicieron declaraciones públicas sobre los delitos de los que el detenido era culpable y a veces mostraron información que lo respaldaba, como las imágenes de video recogidas por los informantes de las reuniones en las que supuestamente se habían planeado intentos de golpe de Estado.

11. La Misión observa que esas declaraciones perjudicaron la presunción de inocencia y además ejercieron presión sobre los agentes judiciales, en violación de los párrafos 1 y 2 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entre los representantes del Gobierno que formularon declaraciones con frecuencia se encontraban el Presidente Maduro, Diosdado Cabello (en su programa de televisión “Con el Mazo Dando”); el Ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez Gómez; el Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; y/o el Ministro del Interior, Néstor Reverol.

“Llegó a tener desprendimiento de testículos a causa de las torturas”: El sufrimiento del capitán Caguaripano

La costumbre de desaparecer

Una de las acciones impuestas en la DGCIM y en el SEBIN es la figura de la desaparición cuando una persona es detenida. Eso permite que la torturen sin notificar ante el Tribunal que está bajo custodia del organismo en cuestión.

La comisión de la ONU reveló que tuvo motivos fundados “para creer que algunos disidentes militares y personas relacionadas con ellos fueron objeto de desapariciones forzadas de corta duración”.

“Una vez detenidos, militares y civiles asociados fueron mantenidos sin ningún contacto con el mundo exterior, durante periodos de cinco a siete días sin poder llamar a familiares o abogados para informarles de su paradero”.

Lo que ha sucedido en cientos de casos, los familiares de los detenidos se presentan a las oficinas de la DGCIM para averiguar su paradero. “En algunos casos, no se les proporciono información y en otros, el personal de la DGCIM negó tener conocimiento del paradero de los detenidos”.

Es relevante lo que indicó la Misión. “Las normas internacionales de derechos humanos no establecen un periodo mínimo de tiempo durante el cual un detenido deba ser sometido a una desaparición forzada para que se produzca la violación”.

La investigación que hizo la Misión les reveló que “la DGCIM detenía con frecuencia a las personas en centros de detención clandestinos o non-oficiales, especialmente en las primeras horas o días de detención. El examen de los casos por la Misión reveló que desde 2018, el uso de estas instalaciones por parte de la DGCIM ha incrementado”.

“Los primeros días de la detención personas detenidas fueron llevadas a la sede de la DGCIM Boleíta o a centros no oficiales de detención”. Identificó seis lugares de detención clandestinos:

• Un sitio en San Bernardino cerca de Crema Paraíso.

• Una casa en el área de Bello Monte de Caracas.

• Una casa en la urbanización San José en el Fuerte Tiuna o cerca, en Caracas.

• Un sitio en el Fuerte Tiuna donde el Ministerio de Defensa y el Comando del Ejercito tienen su sede.

• Un sitio comúnmente conocido como Sorocaima o La Mariposa en la zona militar de San Antonio de Los Altos en el estado Miranda.

• Una ubicación en la zona montañosa del municipio de El Hatillo, estado Miranda.

Es tortura

Los investigadores de Naciones Unidas dijeron tener “motivos razonables para creer que el trato infligido a los detenidos militares en los casos investigados equivale a tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La tortura se define como los actos que causan dolor o sufrimiento grave, ya sea físico o mental. Para que puedan calificarse como tortura, esos actos deben ser infligidos intencionadamente, cometidos con un propósito especifico e implicar a un/a funcionario/a publico/a, ya sea directa o indirectamente”.

“El propósito específico podría incluir la obtención de una confesión, la obtención de información, el castigo, la intimidación, la humillación, la coerción o cualquier razón basada en la discriminación”.

“Oficiales de la DGCIM cometieron torturas contra los detenidos en cada uno de los casos estudiados”, asevera la Misión y es exactamente lo que demuestran los testimonios de los militares detenidos y torturados, que son simbólicos como los casos de Igber Marín Chaparro y el coronel Jonny Mejía Laya.

“Los actos de tortura se produjeron generalmente durante los interrogatorios, poco después del arresto mientras los detenidos estaban incomunicados y antes de la audiencia de presentación. Algunos detenidos también fueron torturados durante periodos posteriores de detención en Boleíta”.

“Las preguntas formuladas a los detenidos sugieren que los actos se llevaron a cabo para obtener una confesión del detenido, obtener información sobre la participación de otros en presuntas conspiraciones y/o castigar al detenido”.

Es importante lo que revela el informe sobre lo que un ex funcionario de Dgcim le dijo a la Misión, confirmando la tortura en la DGCIM. “La fuente dijo: ‘Había tortura en los centros de detención. Lo supe por los colegas que me hablaron de ello. Tenías que sacarle la información a la persona a cualquier precio’”.

Los investigadores dijeron que tienen información sobre los patrones de conducta y los métodos de tortura utilizados por oficiales masculinos y femeninos de la DGCIM, contra militares y personas asociadas. “Los casos examinados sugieren que los métodos de tortura de la DGCIM evolucionaron entre 2014 y 2020, con una agudización de la violencia desde 2017”.

Indígenas venezolanos huyen del hambre rumbo a Colombia
Se ha dado una movilización masiva de waraos hacia Brasil

No solo los naturales, como en las tribus o comunidades llaman a quienes no son indígenas, buscan salir de territorio venezolano, huyendo del hambre y la miseria. La organización Kapé Kapé refleja que se ha dado una movilización masiva de waraos hacia Brasil “a pie, canalete y hasta en cola”. Así también, los del pueblo jivi de Amazonas se han ido marchando hacia Colombia.

La organización Kapé Kapé, que defiende y protege los derechos de los pueblos indígenas, está presidida por Armando Obdola; Hector Habanero, director general; y Tatiana Núñez, representante senior de Canadá.

“La travesía incluye moverse en embarcaciones a canalete por no menos de 7 días; desde el bajo Delta hasta el puerto de Barrancas del Orinoco en Monagas, con descanso de unos tres días, para continuar la ruta hacia San Félix navegando. El objetivo de los waraos es llegar a Brasil. En un viaje a todo riesgo para cruzar la frontera caminando y pidiendo cola”, destaca la ONG.

Dice que según la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), creada después de la Segunda Guerra Mundial, el 65 % de los indígenas venezolanos que se registran en Brasil han solicitado asilo, y el 66 % es de la etnia warao. Acnur contabilizó, hasta junio de 2020, que en Roraima había unos 1300 waraos: más de 970 en Pará y 600 en Amazonas.

La emisora Radio Fe y Alegría Noticias da cuenta que los indígenas se desplazan en no menos de 49 embarcaciones. “Kapé Kapé pudo confirmar, con voceros de Barrancas del Orinoco, que este éxodo de indígenas warao comenzó desde hace un mes aproximadamente. Y que este es el grupo más grande que se ha movilizado en conjunto hasta ahora”, denunciaron el 29 de octubre.

Hacia Colombia

Mientras los waraos se desplazan hacia Brasil, la migración indígena de Amazonas lo hace hacia Colombia. “Indígenas del eje carretero sur, específicamente del pueblo jivi, se siguen yendo de sus comunidades ante las precarias condiciones socio-económicas en las que se encuentran en su territorio de origen”, revela Kapé Kapé.

La ONG destaca que habitantes de las comunidades Coromoto, Platanillal, Rueda, entre otras, han migrado a Colombia en los últimos 3 meses (de agosto a octubre), buscando mejores condiciones de vida que hoy no tienen garantizadas en sus comunidades en vista de la crisis humanitaria compleja que atraviesa el país. “Algunos de ellos tienen doble nacionalidad o son descendientes directos de indígenas colombianos”.

A los indígenas que huyen de territorio venezolano no les importan los controles ni las restricciones sanitarias del gobierno ante la COVID-19. “De la comunidad Platanillal se han marchado en los últimos 3 meses 69 adultos, 4 de ellos de la tercera edad; 16 niños y 17 adolescentes. Mientras de la comunidad se han ido a Colombia, buscando mejorar su situación, 17 adultos y 18 niños, según los datos suministrados a Kapé Kapé por voceros comunitarios del eje carretero sur”.

Califican de inédita, para Venezuela y la región, la migración forzosa indígena, así como la venezolana en su totalidad.

Esto ha abierto “el debate entre organizaciones y países receptores sobre el tratamiento que debe dárseles a los indígenas desde la perspectiva de los derechos humanos”.

Los indígenas se han desplazado mayoritariamente al Departamento Vichada, específicamente a Puerto Carreño y Cumaribo y el Departamento Guainía.

Y hace tres días Kapé Kapé alertó, con información de Radio Fe y Alegría, que “autoridades militares venezolanas obligaron a volver a sus tierras a un grupo de waraos del estado Delta Amacuro que huían de la crisis humanitaria con destino a Brasil”.

Según relatan los waraos, ya habían llegado a tierra en los Barrancos de Fajardo, San Félix, estado Bolívar, cuando los militares los detectaron y los obligaron a regresar por la misma ruta.

“Hasta inicios de noviembre de 2020, no se conoce con exactitud el número de waraos que han decidido partir desde la selva deltaica porque ya no aguantan el hambre”, siempre con la esperanza de ser recibidos en Brasil”, destaca Kapé Kapé.

Espacio Público: Este año han apresado a gente por sus estados de WhatsApp
Entre 2014 y 2019, Venezuela cayó 32 puestos en el Índice Mundial de Libertad de Prensa

Sin democracia no hay libertad de prensa, no se puede pensar una sin la otra. Y, a medida que la democracia se fue descomponiendo en Venezuela, lo mismo fue sucediendo con la libertad de expresión.

Los datos son abrumadores. Todas las fuentes confiables – Reporteros Sin Fronteras, El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela y la ONG Espacio Público- arrojan un mismo escenario: uno en el que los periodistas son perseguidos por las fuerzas de seguridad, los órganos censores rastrean hasta las comas de lo que se opina en las redes sociales, los medios críticos pierden sus licencias, se quedan sin papel para imprimir o les roban sus equipos, los periodistas son encarcelados y torturados, muchos se ven forzados al exilio y la sociedad de un momento a otro se queda sin conexión a internet.

Así viven los venezolanos, en el oscurantismo informativo.

“La violencia contra los periodistas no tiene coto en Venezuela. Si un policía golpea a un periodista en la calle no vas a encontrar a ningún funcionario que lo condene o lo cuestione. Hay una tarea de intimidación permanente”, explica a Infobae Carlos Correa, presidente de Espacio Público, la ONG que promueve la libertad de expresión, el derecho a la información y la responsabilidad social en los medios. La organización, una referencia sobre el asunto en Venezuela, documenta los ataques a los periodistas y alerta sobra la situación a diario.

“Simplemente ya no existe libertad de prensa ni de expresión. El régimen, desde muy temprano en épocas de Chávez, se propuso tomar control de la opinión pública y de imponer sus narrativas”, asegura la líder opositora María Corina Machado.

Las víctimas preferidas del régimen son los medios críticos locales; pero también las grandes plataformas consolidadas mundialmente. Por ejemplo, desde hace seis años Infobae está censurado en Venezuela. El 10 de octubre de 2014 el régimen bloqueó el acceso al sitio en todo su territorio y desde entonces, hace 2192 días, permanece vetado.

“El régimen no tolera la verdad, intentan callar toda voz que disienta o exprese inconformidad frente a la situación del país. Por eso amenazan a las academias, a los periodistas y a las organizaciones de la sociedad civil. Por eso atacan a medios como Infobae. Pero al final, esto no les ha funcionado para esconder su dictadura. Existe un consenso, que se ha fortalecido con el informe de la ONU, sobre la naturaleza dictatorial del régimen de Maduro”, afirma Julio Borges, canciller del presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó.

La situación es obscena. Entre 2014 y 2019, Venezuela cayó 32 puestos en el Índice Mundial de Libertad de Prensa elaborado por Reporteros sin Fronteras, ocupando el lugar 147 de 180 países. Según Espacio Público, sólo en septiembre de este año se registraron 49 violaciones a la libertad de expresión. Los casos documentados -explican- incluyen la intimidación, el hostigamiento judicial y las amenazas directas. La mayoría de las víctimas (un 48%) fueron periodistas.

En estos nueves meses del año, Venezuela acumula al menos 796 ataques a la libertad de prensa, la mayoría incluye detenciones de ciudadanos y periodistas en el contexto de manifestaciones contra el régimen.

“Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, se empeña en acallar la voz de la prensa independiente y sigue controlando la información. En repetidas ocasiones ha mencionado una guerra mediática para desacreditar a los medios de comunicación nacionales e internacionales que critican a su gobierno. Esto vuelve aun más tenso el clima en que deben trabajar los periodistas, que empezó a deteriorarse tras la crisis política y económica que comenzó en 2016”, denunció Reporteros Sin Frontera en su último documento sobre el tema.

Los mecanismos para silenciar

Durante las últimas décadas, el chavismo se ha servido de los recursos del Estado para imponer su voz. Primero recurrió a estrategias convencionales, como disponer de los recursos públicos -principalmente los de PDVSA, la petrolera estatal- para dar y comprar espacios en los medios de comunicación que se iban comprometiendo con su línea editorial.

Una vez que tuvo medios sumisos, fue por más y comenzó a comprar los medios más antiguos y grandes del país a través de testaferros. Los que se resistían, como Radio Caracas de Televisión, se toparon con la fuerza del régimen y fueron obligados a cerrar. “Hoy son cientos los medios impresos y radiales que han cerrado o les han arrebatado, expropiado y robado sus equipos. Y a medida que surgen nuevas formas de voces digitales, entonces el régimen incrementa la persecución y la represión. Persigue, apresa y tortura a periodistas”, asegura Machado.

Cuando comprar los medios no fue suficiente, comenzó a limitarse la distribución de papel para los periódicos. Las restricciones de acceso a ese insumo básico para los diarios, justificadas en la falta de divisas, llevaron a que, con el cese de la edición impresa de El Nacional en 2018, ya no quede ningún diario en papel de alcance nacional no alineado con el chavismo.

Además, en Venezuela los periodistas y los medios sobreviven en un ecosistema dominado por el terror, donde la autocensura es una mecanismo de defensa habitual. “Aquí existe la ley de Responsabilidad en Radio y Televisión (Resorte) que establece responsabilidades para los intermediarios. Eso significa que el periodista tiene que corregir al entrevistado, entonces las radios que relativamente informan tienen que hacerlo bajo una presión muy fuerte. Hay una censura progresiva, cuando te llaman para una entrevista te advierten las cosas que no puedes decir, incluso hay personas que directamente no se pueden mencionar en los medios”, cuenta Correa.

Para Borges, detrás de este modelo de control comunicacional “está Cuba desde hace años, y ahora Irán”. Según afirma, la “Ley Resorte” que hay en Venezuela es una copia exacta de la Ley de Azote que hay en Cuba. “El sector telecomunicaciones es otro rostro de la perniciosa penetración cubana en Venezuela”, asegura.

Ley del odio vs. libertad de expresión 

En 2017, Maduro sumó otro método de censura: la Ley contra el Odio. Aprobada por unanimidad por la Asamblea Constituyente erigida para quitarle poder a la Asamblea Nacional con mayoría opositora, la norma fija penas de hasta 20 años de cárcel y otras sanciones como multas a empresas y medios electrónicos, proscripción de partidos políticos y clausura de medios de comunicación a quienes difundan mensajes de odio.

De acuerdo con Maduro, el propósito de la ley es “el reencuentro, la reunificación y la paz de todos los venezolanos”. No obstante, la ONG Espacio Público asegura que es una herramienta jurídica que busca “silenciar y castigar opiniones que resulten incómodas para el Estado”.

La CIDH también se pronunció y denunció que la ley que establece “sanciones penales exorbitantes y facultades para censurar a medios tradicionales e Internet. Y se contradice con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”.

Correa explica que la censura actual en Venezuela sigue el mismo patrón que aplicaba Hugo Chávez, “pero Maduro no tiene su carisma y su elección fue muy ajustada, entonces intensificó la lógica de la represión”. Ahora, advierte, cada vez hay más detenciones por opiniones en redes sociales como Twitter pero se corre el límite día a día. “Este año hemos tenido detenidos por sus estados de WhatsApp”, revela el director de Espacio Público.

Cuando no se silencia a quienes dan la información, entonces van por los que quieren informarse. “Cortan en seco internet para evitar la difusión de las noticias. Es aterrador”, afirma Machado.

Es que bloquear internet, “apagar el país”, es la herramienta más frecuente del último año. De hecho, el Gobierno dejó sin conexión a todo el territorio venezolano en numerosas ocasiones, y en todas el objetivo fue evitar la difusión de una protesta en su contra, un discurso detractor o la sanción de una ley en el Parlamento.

Es que cuando la “hegemonía comunicacional” – como Borges califica al entramado de medios oficial- no alcanza, entonces optan porque no se difunda nada, ni lo chavista ni lo opositor.

CANTV, censor del régimen

Espacio Público, en su informe sobre 2019, revela que la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) fue la responsable del 25 % de las “restricciones administrativas” (así le dicen a los bloqueos) registradas, lo cual la convierte en el principal victimario. En al menos 93 oportunidades, la empresa estatal implementó bloqueos de distintos tipos para evitar el ingreso de usuarios a determinados sitios y redes sociales como Youtube, SoundCluod, Twitter e Instagram. “En su mayoría, las medidas coincidieron con el desarrollo de movilizaciones opositoras o alocuciones del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó”, detalla la ONG.

Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el prólogo del informe de Espacio Público, denunció que “se consolida en Venezuela un patrón de restricciones severas en Internet, que parecen jalonar un camino hacia una web bajo control del gobierno de facto”. Y detalló que muchas veces recurren a órdenes directas del gobierno aplicadas a los prestadores del servicio de Internet para bloquear sitios web de medios periodísticos independientes, bajar cuentas de redes sociales o servicios de streaming, lo que es ejecutado por la proveedora pública de Internet (CANTV) e incluso por los del sector privado.

“El estado de la libertad de prensa en Venezuela es un esfuerzo de la gente por mantenerse informado tratando de vencer todos los escollos posibles para acceder a la información. Si quieres informarte, y ver los sitios que se bloquean como Infobae, tienes que tener VPN -un sistema de red virtual que permite acceder a páginas que estén prohibidas- es decir, hay que ser un usuario sofisticado”, dice casi resignado Correa.

En este contexto, las redes sociales y las cadenas de WhatsApp son casi la única alternativa de los venezolanos. Sin embargo allí, según denuncia Espacio Público, hay una participación “muy activa” de grupos gubernamentales que se dedican a desinformar de manera deliberada.

“Hay una persecución sistemática contra los medios independientes, contra las cableras y ahora contra las páginas web. Pero eso no es todo. Recientemente vimos en el informe de la ONU cómo se ha detenido a personas por sus mensajes en redes sociales. Una cosa absolutamente reprobable, nunca antes vista en nuestro país. Maduro, como todo dictador, no tolera ningún espacio donde se disienta, incluso dentro su propio régimen ha cerrado las puertas a cualquier crítica, por eso entre los presos políticos hay personas que en algún momento apoyaron a la dictadura”, explica el canciller de Guaidó.

Machado agrega: “La censura ha ido progresivamente incrementándose desde el día uno y, por supuesto, Maduro la ha llevado a un nivel ya superior”.

“Los aparatos de propaganda coparon los canales de radio y televisión con un único mensaje disponible para la gente, y muchas veces se utilizan para descalificar a medios y periodistas, y eso los convierte en blancos de violencia”, advierte Correa.

Bolsonaro felicita a Trump por empeño en devolver democracia a Venezuela
Dijo que Brasil y Estados Unidos están alineados en pos de devolver la calidad de vida a los venezolanos 

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, felicitó este domingo a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por la presión que encabeza su gobierno contra el régimen de Nicolás Maduro, luego de la visita del secretario de Estado norteamericano a la frontera entre Venezuela y el gigante sudamericano.

“Felicito al presidente Donald Trump por la determinación de seguir trabajando, junto con Brasil y otros países, para restaurar la democracia en Venezuela”, escribió en su cuenta deTwitter, junto a una foto de archivo ambos mandatarios, poco antes de las seis de la mañana.

El líder brasileño también indicó que la visita de Pompeo en el marco de la Operación Acogida, junto al canciller local Ernesto Araújo, “representa cuán estrechamente alineados están” los países “en búsqueda del bien común”.

La gira de tres días del jefe de la diplomacia estadounidense terminó este sábado luego de un recorrido por Surinam, Guyana, Brasil y Colombia, donde consolidó la alianza sudamericana contra el régimen chavista. Además, anunció 348 millones de dólares adicionales como “asistencia humanitaria” para atender la crisis del país. Con estos fondos, EEUU suma ya 1.200 millones de dólares destinados desde 2017 a asistencia humanitaria y desarrollo en el marco de la crisis política, económica y social, sin contar los fondos aportados en el marco de la pandemia de coronavirus.

 

Infobae: Padrino López ordenó usar armas contra quien ataque cualquier instalación militar
Maduro dispuso elevar niveles de vigilancia y capacidad de combate a todas las unidades 

 

Quizá como nunca antes en los 20 años de revolución, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana había actuado con tanto cuidado, por no decir temor, como lo ha hecho en los últimos días del año que terminó. No solo fue el radiograma 5340 de la víspera de Navidad, a través del cual el ministro Vladimir Padrino López ordenó medidas especiales durante el permiso navideño. Luego Nicolás Maduro dispuso elevar los niveles de vigilancia y capacidad de combate a todas las unidades militares. Y unas horas antes de terminar el año el titular castrense emitió otro radiograma donde ordena responder “con contundencia y sin vacilación” ante cualquier agresión contra alguna institución militar.

Con fecha 30 de diciembre de 2019, el general en Jefe (Ej) Vladimir Padrino López suscribe el Radiograma 5400, en el cual reitera el contenido del 5340, recordando que se ordenó incrementar las acciones necesarias, que permitan garantizar la seguridad de las dependencias administrativas y unidades operativas de la Fuerza Armada.

Pero esta vez agrega que “en vista de la expresa intención de factores adversos al Estado venezolano de atentar contra la paz nacional, se ordena responder con contundencia y sin vacilación, mediante el uso de las Armas de la República, bajo los preceptos constitucionales y de lo establecido en las leyes y reglamentos militares a cualquier agresión física o acto terrorista contra instalaciones militares, bases o cuarteles”.

Agrega Padrino que esa respuesta será en salvaguarda de la vida de los soldados “que resguardan la soberanía en todo el territorio nacional y con el objeto de preservar los bienes de la nación, consagrados a la defensa de la patria”.

Chequear el parque de armas

En el primer Radiograma, el 5340, había ordenado revisar exhaustivamente los parques de armas y polvorines a fin de constatar la presencia física del armamento y municiones, así como constara que los sistemas de seguridad funcionan adecuadamente.

Lo que en condiciones normales está previsto que ocurra en las instalaciones militares, el ministro se empeñó en recalcarlo como una orden especial y revisar los depósitos de equipos y material de Intendencia, así como los vehículos de la Unidad y las despensas de alimentos.

Fue enfático en los relevos de base de seguridad fronteriza u otros destacamentos de personal en lugares aislados.

Los comandantes recibieron la orden de que personal que se encuentre caminando por el Fuerte Tiuna, que es la principal instalación militar de Venezuela, después de las 9 de la noche, la Policía Militar y URRAS deben detenerlo y llevarlo a la Policía Militar.

Llama especialmente la atención que se prohibiera el ingreso a una Unidad o dependencia de comisiones de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Comando Nacional Antisecuestro (CONAS), entre otros, sin la autorización del Comandante de la Región de Defensa Integral (REDI) Capital, mayor general (Ej) Domingo Antonio Hernández Larez.

Eso demuestra que temen el ataque de militares y policías, es decir, hay un estado generalizado donde todos están bajo sospecha.

“Sin motivo alguno”

En el marco de las órdenes nerviosas que han recibido, están deteniendo a cualquiera que esté donde no debería.

Así ocurrió el 25 de diciembre, cuando casi a las 10 de la noche, dos militares viajaban en una camioneta Hilux sin placa color beige, “con un rotulado poco visible”, dice el reporte militar.

Los detienen y resultan ser el SM3 (EJ) Adrián Enrique Villasmil Figueroa, quien estaba armado con pistola prieto Beretta 9 MM, dijo que pertenecía al Cuerpo Logístico del Ejercito. Otro es el S1 (GNB) Alejandro Andrés Urdaneta Perozo, plaza del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) del distrito Capital, también armado con un Fusil, M16 y noventa cartuchos calibre 5,56 mm.

Al rato llega al comando, para abogar por los dos detenidos, otra camioneta Hilux beige, sin identificación, con tres militares, quienes se identificaron así: S/1 (EJ) Deudy Pastor Torres Torres, de la 42 Brigada Paracaidista, quien no estaba armado. También el S1 (GNB) Eudis José Fernández Bencomo, adscrito al CONAS Capital, y quien portaba un Fusil, M15 y noventa cartuchos calibre 5,56 mm. Y finalmente, el S2 (AV) Anthony Frank Sanabria Quintero, quien dijo que pertenece al Servicio de Trasporte de la Aviación (BASUCRE); él tenía una pistola Prieto Beretta, calibre 9mm.

También los metieron presos. ¿La razón para detenerlos? “Se encontraban en la jurisdicción sin motivo alguno”, dijeron los funcionarios del Comando de Zona de la Guardia Nacional D-42 del estado Aragua.

Usuarios califican al petro como un engaño para el pueblo
El pasado 18 de diciembre Maduro anunció que jubilados, pensionados y trabajadores públicos cobrarían el equivalente a medio petro

 

“El petro es una burla, una estafa, un enredo”. Son opiniones de varios venezolanos sobre el pretendido regalo de fin de año del mandatario Nicolás Maduro a adultos mayores y a empleados públicos: medio petro (26 dólares). La criptomoneda bolivariana, el petro, solo se está comerciando en este país caribeño, mediante la inscripción en una página web y en aplicaciones que se cargan en teléfonos inteligentes.

“Nadie vende y compra petros libremente pues no es una criptodivisa; es un método de pago que está activando el gobierno de Maduro. Para que una criptomoneda sea exitosa y se transe en el mercado debe ser libre y descentralizada. Lo que da el gobierno es todo lo contrario, está controlada por un gobierno, que no es lo usual”, explicó a Infobae el especialista en economía digital Aarón Olmos.

“La propuesta de Madero de cambiar los petros a moneda convertible no es más que un ensayo y esto no lo aguanta más la economía del país”, agregó.

Desde el 18 de diciembre pasado, Maduro anunció que jubilados, pensionados y trabajadores públicos cobrarían el equivalente a medio petro, cuyo valor lo fija su gobierno y no el libre mercado. Aseguró que más de cuatro mil negocios en todo el país estaban habilitados para recibir pagos en la criptomoneda criolla.

Para ser receptor de los petros hay que inscribirse un sitio web activado por el gobierno y cumplir con ciertos requisitos. El que tiene paciencia y tecnología a su alcance logra la asignación del medio petro.

Al recibirlo, el reto es ubicar algún comercio que lo reciba mediante aplicaciones en teléfonos inteligentes o en puntos de ventas que se habilitaron para colocar huellas digitales. Todo un desafío en este fin de 2019 en una nación en donde los servicios de electricidad o internet son intermitentes, en especial en los estados fronterizos con Colombia y Brasil.

A favor y en contra

Infobae recorrió varios puntos de venta en Caracas y habló con los beneficiarios del petro.

A las puertas de un supermercado María Fernanda Rojas aseguró que en sus 53 años de vida jamás pensó que “tendría que mendigar para comprar comida y para recibir un beneficio del gobierno. Vivo muy lejos de este sitio y me enteré en redes sociales que aquí iban a activar las ventas con el sistema biopago”.

“Tengo dos días tratando de entrar al supermercado, he hecho largas colas y nada. Una señora organizó varios grupos para agilizar el movimiento. Por eso dejé que me marcaran un número en la mano y escribí mi nombre en una lista, la idea era avanzar. Pero esto es un fraude las cajas el super no están conectadas con el banco del gobierno y no podemos canjear los petros por comida. Esto es una burla al pueblo y a la gente pobre”, comentó a Infobae.

Y agregó: “En mi casa no hay internet o computadora para ponerme a ver eso de las aplicaciones para mover los petros. Yo lo que puedo hacer es poner mi huella en un aparato para comprar, listo, se acabó”.

A la charla se integró Rubén Parra, un oficinista jubilado. Aseveró a este medio que “si Maduro nos mandó a depositar 1.3000.000 (26 dólares al tipo de cambio oficial) es para que lo gastemos en donde sea y no en los pocos negocios que aceptan el fulano biopago, son ganas de molestar a la gente que necesita comida”.

“Yo no tengo acceso a la tecnología, ni a aplicaciones de venta o herramientas de inversión como quiere el gobierno. El petro se gasta y ya. Eso de las subastas es mentira, me han dicho amigos”, indicó.

“Desde hace 36 horas estoy rodando por este mercado para ver si puedo gastar los petros. Dijeron que había miles que aceptaban el petro, pero son dos o tres si acaso por cada ciudad (…) nosotros los pobres estamos demasiado maltratados por Maduro”, se quejó Parra.

Carlos Julio Brito acompañó a su mamá a hacer la cola: “Desde las dos de la mañana llegué con una silla pequeña y maqué mi espacio. Amanecí acá y mi hermano me trajo a mi vieja quien tiene problemas en la visión, está discapacitada. Vivimos cerca, en un barrio (favela) y requerimos comprar comida, todo está muy caro. Tengo dos días tratando de entrar y nada, yo creo que es la gerencia de este local de gente que no es del gobierno que le quiere sabotear la navidad a uno y también le quieren echar la idea de Maduro para atrás. Me parece bien que los venezolanos tengamos petros”.

Es empleado de un supermercado privado, “en donde no hay cola y todo se compra en dólares; no todos entran”. Reconoció ser chavista y madurista “de corazón”: “La revolución tiene cosas que mejorar, como por ejemplo acomodar a la economía y que los reales (dinero) alcancen. Y si van a regalar petros que sea un proceso ordenado”.

Brito enseñó a Infobae el carnet de la patria de su mama, Francisca, de 83 años. También el de militante del Partido Unido Socialista de Venezuela (PSUV), “con Chávez y Maduro pa lo que salga. No quiero saber nada de (Juan) Guaidó y de los gringos. Si ellos llegan al poder acá no los apoyaría nunca”.

En las tiendas

Infobae pasó por centro comercial ubicado al este de Caracas y ubicó a algunos comercios que reciben petros como método de pago. Los potenciales compradores buscaban zapatos, ropa, carteras y bolsos.

Carmen, una de las compradoras, apuntó: “Yo no pierdo mi tiempo buscando comida o haciendo colas bajo el sol. Estoy clara que lo del petro es una basurita que nos da el gobierno así que con ese poquito trataré de comprar una cartera”.

Horacio Azuaje añadió: “A mí que me den para gastar que to lo hago. Detesto a Maduro pero me inscribo en cuanta repartición de plata haya. Y si viene Guaidó a dar subsidios lo agarro también, es mi gota de petróleo”.

Varios kilómetros más adelante hay un mercado popular que solo vende ropa. Las colas eran bastante más largas que en los comercios de lujo. Infobae habló allí con Nadia Mendoza y su esposo. Ambos desean llevar algo para sus hijos adolescentes.

“Un buen pantalón me cuesta un millón de bolívares (20 dólares) y acá lo consigo un poco más barato así que con lo que tengo en petros (26 dólares) puedo resolver algo. Es muy poco lo que nos están regalando”, dijo Nadia.

“Yo me conformo con unas camisetas chinas, que son de mediana calidad. La idea es gastar porque no se sabe si hay una fecha de vencimiento del petro o si a Maduro se le ocurre quitarlo si nos portamos mal. Yo me meto en cuanta marcha de oposición hay, pero no dejo de pedirle al gobierno que me ayude”, adviertió José, su esposo.