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La visita de la directora general de establecimientos penitenciarios del Ministerio para Asuntos Penitenciarios, Dilia Fernández, para conversar con los reos y escuchar sus peticiones terminó en la imposición de 220 traslados al complejo carcelario de El Dorado, en el estado Bolívar

En horas de la noche del miércoles, los 1.400 privados libertad del Internado Judicial Rodeo III, en Guatire, estado Miranda, decidieron levantar la huelga de hambre. Los reclusos aseguraron que se llenaron de temor ante la decisión catalogada como unilateral de trasladar a 220 reclusos, anunciada por la enviada del Ministerio para Asuntos Penitenciarios.

La directora general de establecimientos penitenciarios del referido despacho ministerial, Dilia Fernández, acudió al penal Rodeo III en horas del mediodía, para escuchar las peticiones de los reclusos.

Sin embargo, negó la solicitud de que se les permitiera el ingreso de alimentos por parte de los familiares y anunció que 220 reclusos serían trasladados al Centro Penitenciario El Dorado, en el estado Bolívar.

En conversación telefónica con el equipo de El Pitazo, dos privados de libertad manifestaron: «ingresaron celda por celda, en cada módulo y seleccionaron a dedo a un grupo de 220, entre penados y en proceso. Al reunirlos se oficializó el anuncio del traslado y todos nos llenamos de temor, porque nadie quiere ser trasladado y menos tan lejos, por eso decidimos levantar la huelga y continuar en actitud pacífica».

Sigue leyendo esta nota de Lidk Rodelo en El Pitazo

60 reclusos se fugan de retén policial y roban lote de armas en Nueva Esparta

60 RECLUSOS SE FUGARON DEL centro de reclusión policial del municipio Arismendi en el estado Nueva Esparta la madrugada de este martes 16 de abril, y robaron cuatro escopetas, un revólver calibre 38, municiones, cuatro esposas, dos detectores de metal y dos linternas.

De acuerdo con una minuta de la Zodi 71 de Nueva Esparta, un recluso murió durante el hecho.

Los sujetos sometieron con un cuchillo al guardia de turno del calabozo. El funcionario resultó herido, al igual que otro custodio.

Ambos fueron trasladados al hospital militar Nelson Sayago Mora.

Tambien robaron la moto particular de un funcionario, marca MD 150, de color blanco con rotulado fucsia, placas AJ2V14V.

La minuta añade que todos los organismos de seguridad están tras la pista de los evadidos, para lograr su captura.

La información fue confirmada por los periodistas Román Camacho y Javier Ignacio Mayorca.

 

Familiares de las víctimas esperan que se haga justicia                              Foto Miguel Gutiérrez EFE

Con la muerte de Yorman Alexander Trejo Morales, se elevan a 69 las víctimas que dejó el incendio que el pasado 28 de marzo arrasó los calabozos de la sede de la Policía del estado Carabobo, ubicada en avenida Navas Spinola de la ciudad de Valencia.

Con esta muerte ascienden a 67 los presos muertos en el siniestro, en el que además perecieron dos mujeres que se encontraban pernoctando junto a los reclusos.

Trejo Morales habría muerto la mañana del pasado viernes 6 de abril en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET) de Valencia donde permaneció recluido durante diez días luego de haber sufrido quemaduras graves en la cara, un hombro, brazo, costado y pierna.

En la tragedia de Policarabobo además unos 100 reclusos presentaron quemaduras y reseñó la agencia ACN.

Por el caso el Ministerio Público dictó cinco órdenes de captura contra igual número de funcionarios de la Policía del Estado Carabobo, aun cuando la fiscalía no descartó que pudiesen dictarse otras medidas.

Los detenidos son el subdirector del organismo, el comisionado José Luis Rodríguez Ramírez, el jefe del Reten, el comisionado agregado José Antonio Carrera Loaiza, el supervisor jefe Aníbal Antonio Padrón Pacheco, el oficial José Rafael Colina Palencia y el oficial Sergio Enrique Rodríguez Rodríguez.

Por su parte la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, se deslindó de la tragedia, al señalar la semana pasada que su despacho no tenía nada que ver con la muerte de prisioneros en calabozos de policías, que eran competencia de las gobernaciones, alcaldías y organismos policiales nacionales.

#VIDEO Ministra Iris Varela dio órdenes a los presos antes de matanza de puente ayala

LA MINISTRA DE SERVICIO PENITENCIARIO, Iris Varela, reveló que la madrugada del miércoles 26 de abril ella había ordenado a un grupo de reclusos del internado Judicial José Antonio Anzoátegui, conocido como Puente Ayala, proteger a la población penal y “reducir” a los internos que se habían alzado en busca de un supuesto cambio de gobierno en el recinto. Horas más tarde se registró una reyerta que dejó 15 muertos y decenas de heridos.

Varela narró en el programa de José Vicente Rangel, del domingo 30 de abril de 2017, que ella había recibido una llamada de un grupo de reclusos, con quienes venía sosteniendo conversaciones para lograr implementar en esa cárcel del estado Anzoátegui el nuevo régimen penitenciario.

“Me llaman en horas de la madrugada del día martes pa’ miércoles y me dicen que había una situación violenta. Me llaman los mismos privados de libertad, porque ahí por supuesto no está el régimen y tienen teléfonos celulares con los que uno se comunica con ellos, ¿no?. Y me dicen que había un hecho violento porque intentaron asumir… un grupo de privados de libertad intentó asumir el control del penal. Entonces yo les dije: ‘¿Ustedes quieren la transición?, ¿ustedes quieren el nuevo régimen, verdad? ¿Sí?… Protege, protejan a la población y REDUZCAN al grupo que se alzó, y quiero saber cuál es el motivo y cuáles son sus peticiones…’ ”, explicó Varela con tranquilidad, sentada frente a las cámaras, junto al conductor del programa que transmite Televen.

En su declaración televisada, la ministra Iris Varela realiza tres confesiones comprometedoras e irregulares:

  1. Primero justifica el hecho de que los reclusos tengan teléfonos celulares, lo que constituye una abierta violación a la Ley que Regula el Uso de la Telefonía Celular y la Internet en el Interior de los Establecimientos Penitenciarios, que entró en vigencia hace dos semanas.
  2. En segundo lugar (lo más importante): la ministra confiesa públicamente, y con absoluta frialdad, que ella ordenó a un grupo de presos armados “reducir” a sus compañeros alzados a cambio de ayudarlos a entrar en el nuevo régimen penitenciario. Poco después de la instrucción dada por la ministra, se registró la matanza que dejó 15 reclusos en esa cárcel del estado Anzoátegui.

 

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Aunque Varela no utilizó la palabra “matar”, algunos diccionarios muestran los siguientes sinónimos de “reducir”: Someter, dominar, vencer, disminuir, atemorizar, menguar…

También hay algunas definiciones de reducir:  “Someter u obligar a obedecer a algo o a alguien que ofrece resistencia. Ejem: el ejército redujo al grupo de sublevados; en la cuarta batalla aniquiló a su antagonista…”, “Disminuir la fuerza, intensidad, tamaño u otra característica física de una cosa”, “Hacer menor la cantidad, el tamaño, la intensidad o la importancia de una cosa”…

Ante tal diversidad de opciones es difícil saber cómo interpretaron los presos armados de una cárcel venezolana la orden: “reduzcan a los alzados”.

De lo que no hay dudas es de que la ministra sabía que así como los presos tienen celulares, porque en Puente Ayala todavía no hay régimen, también tienen armas de fuego. Las mismas que al parecer utilizaron para cumplir sus instrucciones de reducir a los alzados, pues 12 de las víctimas de la masacre tenían heridas de bala.

  1. Finalmente, la titular del despacho carcelario, sin mover una hebra de su frondosa cabellera, le cuenta a José Vicente Rangel, que ella tiene un video que contiene elementos de interés penal que le enviaron los presos: “Resulta que ellos después -después de la matanza- me hacer llegar un video…”, dice Varela refiriéndose nuevamente a los reclusos con quienes ella mantenía contacto, los mismos que sobrevivieron luego de “reducir” a punta de plomo a 15 de sus compañeros de prisión.  

Varela continúa su explicación a los televidentes y agrega una frase con la que pretende dejar constancia de las virtudes y los cambios logrados con el nuevo régimen penitenciario del chavismo: “…sin embargo, los privados de libertad que están, van a asumir su responsabilidad por el nuevo delito que cometieron, el homicidio que cometieron allí. Eso es una diferencia sustancial de lo que aquí antes pasaba”, dice con absoluta naturalidad y convencimiento, haciendo énfasis en la última frase de 11 palabras. Como si se tratara de asumir la responsabilidad por no llevar la tarea a la escuela o tomar sin permiso el celular del hermano mayor, como si el asesinato de 15 personas y las heridas causadas a otras 30 se redujeran a “asumir responsabilidad”.     

 

A 15 ascendió la cifra de reclusos que murieron en la cárcel de Puente Ayala

UNA NUEVA BALACERA SE REGISTRÓ en el Internado Judicial José Antonio Anzoátegui, mejor conocido como cárcel de Puente Ayala, donde hace poco más de una semana fallecieron 14 privados de libertad durante una reyerta por el control del penal.

Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), informó que en esta oportunidad murió un reo identificado como Franklin Joel Araujo Marín, de 22 años de edad, quien recibió dos disparos en el pecho y hombro derecho. El cadáver fue ingresado al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf).

Familiares de los reclusos, quienes se mantienen alerta ante cualquier eventualidad, aseguraron que el occiso pertenecía al grupo de “Los Caraqueños” que intentó apoderarse del penal y es acusado del asesinato de uno de los “pranes”. Por su parte, la tía de Franklin Joel manifestó que el joven tenía seis meses dentro del centro de reclusión, sin precisar el delito.

Los trasladados a Tocorón fueron identificados como Jesús Figueroa Marcano, Maikel Rojas, Luis Contreras, Javier Muñoz, Gilbert Domoun, Francisco Noriega, Eliézer Barreto y Alejandro Rondón; mientras que en Tocuyito ingresaron a Kelvin Romero y Yeisen Pérez. Todos imputados por homicidio calificado por motivos fútiles y alevosía en grado de complicidad; ocultamiento de sustancias estupefacientes, posesión ilícita de arma de fuego, agavillamiento y lesiones.

En tanto, la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, señaló este domingo 30 de abril que en 88 centros penitenciarios del país, que representan el 98% del total de los penales, se ha instalado el nuevo régimen penitenciario que prevé transformar a los privados de libertad en hombres útiles para la sociedad, así como también aseguró que no existen los denominados “pranes”.

“Los presos de Puente Ayala me llamaron para decirme que ellos querían ser considerados para asumir el nuevo régimen penitenciario, yo enseguida me reuní con ellos para explicarles cómo lo íbamos a hacer (…) Lamentablemente en este marco de violencia exacerbada de un sector del país, me llamaron en horas de la madrugada los mismos privados de libertad, porque tienen teléfonos celulares con los que uno se comunica con ellos, y me dicen que había un hecho violento porque un grupo intentó asumir el control del penal. Yo les dije ¿Ustedes quieren el nuevo régimen? Entonces protejan a la población y reduzcan al grupo que se alzó”.

“¿Cuántos presos deben morir para que la ministra de Asuntos Penitenciarios tome cartas en el asunto? ¿Acaso la ministra autorizó para que los presos tomarán justicia por sus propias manos? El Gobierno ha demostrado ser totalmente incompetente en la resolución de crisis penitenciarias y en lugar de recapacitar y adoptar nuestras recomendaciones para beneficio de todos, lo que hace es ocultar la verdad que además es conocida por todos”, sentenció Prado.

No obstante, según cifras reveladas por el Observatorio Venezolano de Prisiones y obtenidas a través de un minucioso trabajo de campo, de 46 cárceles que hay en el territorio nacional, solo 31 han sido intervenidas por el ministerio, es decir que solo el 67% se encuentra en manos del Estado venezolano.

De igual manera, cabe destacar que en el año 2016 fallecieron 250 privados de libertad, 3 de ellos en casos de canibalismo, 9 por desnutrición y 238 por armas de fuego. Mientras que desde el año 1999 hasta 2016, durante 17 años de gestión del socialismo en Venezuela, han fallecido al menos 6.913 reclusos en hechos violentos.

La Ministra dice:

Por otra parte, la Ministra para Servicios Penitenciarios a través de una entrevista dio a conocer que la cifra de muertos en Puente Ayala no era de 15 sino 12. Iris Valera reiteró: “No, fueron 9 por hechos violentos, pero de acuerdo con análisis forenses dos fueron por intoxicación y otro politraumatismos”.

En una nota de prensa emitida por el Ministerio Público se informa que el ente imputó a 10 hombres por la muerte de 12 privados de libertad en Internado Judicial.

Crisis en Uribana

En otro orden de ideas, el director del OVP se refirió a la crisis registrada este sábado 29 de abril en el Centro Penitenciario David Viloria, mejor conocido como Uribana, donde los presos tomaron de rehén a dos mujeres que supervisaban unas reparaciones dentro del penal para protestar en contra del maltrato de los custodios y la falta de traslado a tribunales.

Según las denuncias de los familiares, la situación irregular que inició en el módulo 5 durante la hora de la visita, dejó un saldo de un muerto y tres heridos. Asimismo, destacaron que una de las mujeres fue liberada de inmediato porque se trataba de una persona mayor y la segunda permaneció durante al menos seis horas secuestrada; aunque algunas versiones indican que aún no ha sido liberada.

Cientos de familiares permanecen en la entrada principal del penal, pues como sucede en todas las cárceles a nivel nacional, las autoridades restringen el acceso a la información, lo que aumenta la desesperación de aquellos que solo quieren saber si su familiar se encuentra bien.

El occiso fue identificado como Antonio José Rojas Álvarez (28), cuya causa de muerte fue un perdigonazo en la temporal izquierda; mientras que los heridos, quienes se encuentran bajo supervisión médica en el Hospital Central Antonio María Pineda, responden a los nombres de  Nelson Enrique Mendoza (30), con herida por arma de fuego en la pierna derecha; Nelson Torrealba (26), con politraumatismo craneoencefalico por objeto contundente, y Ricardo Colmenares (28) con herida por arma de fuego en la pierna izquierda.

Es importante destacar que este recinto penitenciario se encuentra bajo medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) desde el 2 de febrero de 2007, y desde julio de 2013 fue acogida por el Nuevo Régimen Penitenciario, donde se aplica Orden Cerrado y que además ha estado rodeado de un sinfín de denuncias por violación a los derechos humanos.

En tanto, Prado puntualizó que exigirá ante el Ministerio Público una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial del hecho que provocó un muerto y tres heridos dentro del penal, y elevará su denuncia ante el comisionado James Cavallaro, relator de los derechos de las personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Designarán comisión en la AN para investigar secuestro en PoliTáchira

richardblanco

 

El presidente de la Comisión de Culto y Régimen Penitenciaro, Richard Blanco, anunció que se designará una comisión para investigar el secuestro de una persona en una prisión de PoliTáchira y para constatar las condiciones de los reclusos y la infraestructura.

“Esta comisión ha hecho lo imposible y lo necesario para reunirnos con la Ministra de Asuntos Penitenciarios (Iris Varela), pero nos suspendieron las visitas a los centros de manera intempestiva. Estas inspecciones nos iban a ayudar a presentar entre noviembre y diciembre un informe, positivo o negativo, dependiendo de lo que encontraramos”, declaró Blanco.

Richard Blanco se puso a disposición para trasladarse a esa entidad y fungir como mediador del conflicto, con el propósito de que esta crisis, no tenga un desenlace perjudicial. “Hemos intentado comunicarnos con el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, con el Gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, sin obtener respuesta; nuestro único interés es coadyuvar a resolver la crisis penitenciaria. Vamos a constatar por nosotros mismos si no tienen como alimentarse, vamos a verificar si las condiciones de su reclusión corresponden con las exigencias reclamadas”, finalizó.

 

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Negocios carcelarios por Carlos Nieto Palma

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Las cárceles son un gran negocio, de eso no hay la menor duda, en los más de 25 años que tengo dedicado al tema penitenciario he visto la corrupción de diferentes maneras, Elio Gómez Grillo, padre del penitenciarismo moderno venezolano y de quien aprendí gran parte de lo que hoy conozco en el tema penitenciario, siempre repetía “Las cárceles son un negocio tan productivo como PDVSA”, el maestro Gómez Grillo aseveraba que las cárceles producían mucho dinero mal habido a personas inescrupulosas, de ahí su afán en formar a penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarios, como textualmente lo dice el artículo 272 de nuestra Constitución Nacional.

Lo que ha variado a través de los años es la forma de corrupción, en los años 70, 80 y 90 la forma más usada de corrupción era con la comida de los reclusos, a costa de la comida de los presos muchos directores y personal cercano a estos, de muchos recintos carcelarios hicieron su fortuna personal, recuerdo que me impresionaba ver los carros que tenían con los bajos sueldos que ganaban, me preguntaba siempre ¿Cómo hacen para tener esos carros y darse vida de millonarios?, la respuesta era clara corrupción.

Con el paso de los años la corrupción se fue perfeccionando y ya no era la comida el negocio sino muchos más, que un recluso tuviera privilegios dentro de una cárcel, el traslado a tribunales, armas, teléfonos celulares, drogas, alcohol, prostitución eran los elementos nuevos que surgían ya a finales de los años 90 y que ampliaba los ingresos no solo del personal directivo de muchas cárceles sino de gran parte del personal, incluyendo custodias penitenciarios y funcionarios de la Guardia Nacional.

Quiero dejar claro que también he conocido a muchos funcionarios honestos y comprometidos con su trabajo, con vocación por el trabajo que realizan, lamentablemente no son la mayoría.

Ya a inicios del nuevo milenio, las mafias carcelarias se habían convertido en un gran poder dentro del sistema penitenciario venezolano y que abarcaba no solo a los que trabajaban dentro de la prisión sino al entorno completo vinculado al área carcelaria, es en esos momentos cuando surgen los “Pranes”, lideres negativos de las cárceles que mantienen el control de la población penitenciaria y manejan los grandes negocios de las cárceles venezolanas.

Tengo la teoría personal que los “Pranes” son creados por los propios funcionarios del sistema penitenciario, incluyendo a la Guardia Nacional que mantiene la custodia externa de los recintos carcelarios, las mafias necesitaban a una o varias personas adentro de los recintos carcelarios, que les llevara el control de los negocios que tenían, que cada día producía más dinero, por lo que era necesario un grupo de personas que trabajaran junto a ellos en sus negocios ilicitos, en mi opinión los “Pranes” no nacieron por generación espontánea, fueron los mismos funcionarios del Estado que les permitieron tener el poder que hoy detentan y que ha suplantado el que el Estado debería tener dentro de los recintos carcelarios para cedérselos a estos reclusos y su equipo.

Uno de estos grandes negocios que se dan en nuestras cárceles se conoce como “la causa” que es un monto semanal que paga cada recluso para gastos de la cárcel, protección, armas, etc., según la periodista María Isoliett Iglesias en un trabajo publicado en el Diario “El Universal” en fecha 15 de mayo de 2012  decía que solo por este concepto “En Venezuela, 32 de las 34 cárceles, censadas por el Ministerio de Servicios Penitenciarios, producen más de 125 millones de bolívares en un año, es decir un promedio de más de 10 millones de bolívares cada mes” y agregaba “Pero es mucho más. A esos 125 millones de bolívares, indicaron las fuentes consultadas, no se le sumó el dinero que se paga por derecho a pernoctas, en caso de que se hagan, tampoco por el derecho a las cantinas o abastos o a los puestos de teléfono, ni tampoco el dinero que se cobra como impuesto por el derecho a vender droga en el centro penitenciario. Tampoco están contempladas las ganancias por los delitos que se cometen desde esos reclusorios: secuestros, extorsiones y alquiler de armas” evidentemente un gran negocio.

Es difícil entender que esto ocurra dentro de un recinto carcelario que es completamente cerrado, donde la custodia externa la tiene la Guardia Nacional Bolivariana y la interna el Ministerio para el Servicio Penitenciario, es claro que ellos forman parte del negocio, de allí mi teoría de que ellos fueron los creadores del “Pranato” que dirige las cárceles venezolanas  así la Ministra Penitenciaria diga que en nuestras cárceles ya no hay “Pranes”.

Una clara muestra del poder de las mafias carcelarias lo vimos hace unos pocos días en la Penitenciaria General de Venezuela en el Estado Guárico, donde los pranes mantuvieron por 7 días secuestradas a 54 funcionarios del Ministerio Penitenciario, que trabajaban dentro de ese recinto y que obligó a negociar con los pranes y pagar un rescate que ellos pidieron, que consistió en el traslado de más de 2.000 reclusos de otros sitios del país hacia esa cárcel, para que los ingresos por concepto de “la causa” aumentaran porque últimamente habían disminuido.

Después de esto creo que es difícil hablar de un “nuevo régimen penitenciario” “construcción del hombre nuevo” o que “ya no hay pranes en las cárceles” o una barbaridad como que en Venezuela tenemos “el mejor sistema penitenciario del mundo”.

@cnietopalma 

El Nacional

Celulares en las cárceles por Carlos Nieto Palma

Télefono

 

Muchos son los problemas que se viven en las cárceles venezolanas y a las cuales me he referido muchas veces en este espacio semanal, aunado a los altos niveles de hacinamiento, armas en poder de los reclusos, control de los recintos carcelarios por la población reclusa a quien el Estado les ha cedido su responsabilidad, también hay un grave problema que es la tenencia de teléfonos celulares y conexiones a Internet por parte de los privados de libertad, desde donde se cometen gran cantidad de delitos como extorsiones, secuestros, etc.

Recientemente la Comisión de Política Interior conjuntamente con la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional presentó un proyecto de Ley de Limitación de la Telefonía Celular y la Internet en el Interior de los Establecimientos Penitenciarios que fue elaborado por los doctores Fermín Mármol García, Javier Gorriño y Luis Izquiel, grandes conocedores y estudiosos del tema de la seguridad en Venezuela.

Dicho proyecto, presentado recientemente ante la plenaria de la Asamblea Nacional, fue aprobado por la mayoría absoluta de los miembros de este ente legislativo, lo que pone en evidencia que tanto el gobierno como la oposición coinciden en lo grave de la situación que se vive en nuestras cárceles y que se trata de un problema que todos debemos abordar de manera seria y sin darle matices políticos que en nada ayudaría a su solución.

La exposición de motivos de este proyecto de ley resalta lo siguiente “Cada día se hace más frecuente que desde las cárceles y penitenciarias de nuestro país los privados de libertad empleen teléfonos celulares y medios tecnológicos dependientes de la Internet para realizar extorsiones, secuestros virtuales, trata de blancas, operaciones de narcotráfico, cobros de secuestros, ordenar sicariatos y hacer solicitudes de pago por la recuperación de vehículos robados o hurtados, entre otros delitos graves. Los casos y las denuncias por estas razones se han hecho innumerables”…“Durante años los venezolanos han  observado con asombro cómo bandas delictivas, que mantienen el verdadero dominio dentro de la mayoría de nuestros centros penitenciarios, poseen innumerables armas de fuego, inclusive de las consideradas de guerra, las cuales son utilizadas para crear zozobra en las comunidades aledañas y para asesinar, lesionar y someter al resto de la población reclusa. Buena parte del financiamiento para poseer este arsenal proviene de los distintos hechos delictivos cometidos desde el interior de los recintos carcelarios mediante la utilización de la telefonía celular o la Internet, por ello es imprescindible que el Estado ejecute con urgencia acciones preventivas para que esta realidad no continúe ocurriendo”.

Tal realidad no puede ser ocultada y a pesar que desde el Ministerio para el Servicio Penitenciario pretenden hacernos creer que esto no existe ya en nuestras cárceles, sabemos que no es así y el uso de teléfonos celulares y la Internet se ha convertido en uso común de la población reclusa y en otro de los muchos negocios que funcionarios inescrupulosos utilizan para lucrarse ilícitamente dentro de las cárceles. El ingreso por parte de funcionarios civiles y militares de teléfonos celulares, computadoras, modem inalámbricos para el uso de Internet, son junto al ingreso de armas, drogas, alcohol y otras sustancias ilicitas, algunos de los negocios que las mafias carcelarias manejan desde esos recintos.

Esta Ley de Limitación de la Telefonía Celular y la Internet en el Interior de los Establecimientos Penitenciarios establece en su primer artículo lo siguiente “Esta Ley tiene por objeto prevenir que desde el interior de los establecimientos penitenciarios del país se ejecuten delitos a través de la utilización de la telefonía celular, la Internet y, en general, de todos los servicios de voz y datos que ofrecen las compañías de telecomunicaciones”.

Posteriormente explica el mecanismo para evitar el uso de teléfonos celulares e Internet en las cárceles y nos dice “El Ministerio para el Servicio Penitenciario deberá adquirir e instalar equipos destinados a inhibir, bloquear o anular de manera permanente la señal de telefonía celular y la Internet en el interior de los establecimientos penitenciarios  del país”.

Igualmente la ley establece sanciones a “Quien introduzca o facilite la introducción de teléfonos celulares u otros equipos tecnológicos de comunicación personal a los establecimientos penitenciarios con la finalidad de que sean utilizados por los reclusos, será sancionado con prisión de 3 a 5 años. La pena será de 4 a 6 años de prisión cuando el autor del delito sea funcionario o empleado público”.

Igualmente “Quien intencionalmente dañe, apague o de alguna forma obstruya, aun de forma temporal, el funcionamiento ordinario de alguno de los equipos destinados a anular la señal de los teléfonos celulares y la Internet en los establecimientos  penitenciarios del país, será sancionado con prisión de 4 a 6 años. La pena será de 6 a 8 años de prisión cuando el autor del delito sea funcionario o empleado público”.

Hay que destacar que el motivo de esta ley ha sido una propuesta que desde hace muchos años hemos presentado las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que trabajamos el tema penitenciario y que ahora está a punto de ser una realidad.

La inhibición de señales de celulares e Internet en las cárceles, entre otras cosas eliminaría el problema de hacer una requisa para incautar teléfonos y computadoras, simplemente no lo pueden usar y por lo tanto no lo necesitan en las cárceles.

Tal vez el único problema a tomar en cuenta, aun y cuando el proyecto de ley lo establece, es que las compañías de telefonía acondicionen dentro de los recintos carcelarios una buena cantidad de teléfonos públicos que funcionen con tarjetas o con llamadas con cobro al destinatario para garantizar la comunicación de los privados de libertad dentro de los recintos carcelarios con el mundo exterior. Esto tendría que trabajarse conjuntamente con la colocación de inhibidores de señal, previamente a su instalación deben estar preparadas y acondicionadas las áreas para teléfonos públicos en las diferentes cárceles del país.

Adicionalmente la aplicación de esta ley no ocasiona grandes costos pues los inhibidores de señal en realidad no son muy costosos y más si tomamos en cuenta los miles de millones de bolívares que desde el Ministerio para el Servicio Penitenciario se han despilfarrado en cosas innecesarias y en corrupción de sus funcionarios.

Aun y cuando el Código Orgánico Penitenciario, recientemente en vigencia, establece expresamente esta prohibición, es necesario una ley que amplié y establezca claramente los mecanismos y sanciones para eliminar el uso de teléfonos celulares e Internet en los recintos carcelarios.

Esperamos que pronto sea aprobada esta ley y que así como se aprobó por mayoría absoluta en la primera discusión de los Diputados de la Asamblea Nacional, la veamos igualmente aprobaba en la segunda discusión, definitivamente contribuiría mucho a solucionar uno de los muchos problemas que tiene nuestro sistema penitenciario, un buen comienzo para salir del caos.

 

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@cnietopalma

El Nacional