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Detuvieron 85 personas en los primeros 2 meses de cuarentena
En el primer mes de la cuarentena se registraron al menos 36 detenciones. En el segundo mes se contabilizaron al menos 49 detenciones

La ONG Provea denunció este jueves 21 de mayo que al menos 85 personas resultaron detenidas durante los dos primeros meses de cuarentena.

De acuerdo con el informe, Provea reseña los patrones de violación de derechos civiles durante este período de tiempo para evitar el contagio de COVID.19.

Según Provea, desde el 13 de marzo al 13 de mayo de 2020, se contabilizaron 85 detenciones arbitrarias que no cumplieron con el debido proceso.

Durante el primer mes de la cuarentena se registraron al menos 36 detenciones. En el segundo mes se contabilizaron al menos 49 detenciones, para un total de 85 aprehensiones durante los dos primeros meses de cuarentena.

Además, se registraron al menos 22 detenciones contra comunicadores, periodistas y personas vinculadas a los medios de comunicación, en 10 estados del país.

Otro punto que destaca el informe son los ataques contra líderes políticos municipales, donde fueron marcadas sus viviendas, en 11 casos contra 11 personas diferentes, en 6 estados del país. 

Destaca el texto que algunos amedrentados fueron 7 representantes del partido Primero Justicia; 2 de Voluntad Popular; y 2 de Alianza Bravo Pueblo.

También se registraron ataques contra gobernadores, exgobernadores y alcaldes.Uno de ellos fue contra el gobernador de  Nueva Esparta Alfredo Díaz, del partido opositor Acción Democrática.

May 15, 2020 | Actualizado hace 3 semanas
ONG: el blanco predilecto del gobierno de Maduro
En 2020 han arreciado los ataques contra los organismos no gubernamentales 

El chavismo siempre ha tenido como objetivo a las Organizaciones No Gubernamentales y en 2020 los ataques han arreciado.

Carlos Nieto, coordinador general de Una Ventana a la Libertad, opina que las ONG están “bajo la mira” oficial desde hace años.

“Las ONG siempre vamos a ser una piedra en el zapato de cualquier gobierno”, dijo Nieto. Su organización está vetada de los centros carcelarios, acota.

Diosdado Cabello, presidente de la asamblea nacional constituyente, ha mencionado a la organización de Nieto en su programa televisivo.

El dirigente chavista suele mencionar a varias de las más de 200 ONG que existen en el país, acusándolas de conspirar contra el gobierno y amenazándolas con perseguir a sus directivos.

Cabello atacó a Provea en febrero, acusándola de intentar desestabilizar el país. Reveló entonces que la ANC aprobaría una ley para regular los financiamientos de las ONG en Venezuela.

“Las amenazas más grandes siempre las ha hecho Cabello desde su programa Con el mazo dando. Nos manda a buscar en nuestras casas, nos llama con nombre y apellido. Eso no amilana el trabajo que tú haces, pero siempre existe el miedo por tu familia y tu gente cercana”, admite Nieto.

La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena de Troitiño, rechazó entonces las acusaciones contra Provea y elogió la labor de organizaciones similares por “su compromiso inquebrantable” con la defensa de los derechos.

“Defender los derechos humanos no es un delito, tampoco el libre y transparente financiamiento”, escribió en Twitter la representante de la CIDH.

La reciente acusación de Nicolas Maduro contra Provea no es un hecho aislado, a juicio de Liliana Ortega, coordinadora general y fundadora de la organización no gubernamental Cofavic, creada en 1989 para defender los derechos de los ciudadanos tras la explosión social conocida como “El Caracazo”.

Cofavic, junto a cuatro organizaciones promotoras de los derechos humanos, presentó el pasado 7 de marzo un informe en el que detalla “un esquema sistemático de debilitamiento” de las garantías de trabajo de las personas defensoras de derechos humanos” de parte del madurismo.

Entre los afectados, se encuentran directivos de las ONG, periodistas, líderes sindicales y abogados que defienden a víctimas de violaciones de derechos humanos.

En el primer trimestre de este año, hubo 33 casos que resultaron en 51 ataques contra el trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos en Venezuela, precisa el reporte. Se detallaron “estigmatizaciones”, intimidaciones y ataques per se contra integrantes de este tipo de ONG.

“Hay una escalada de criminalización, hostigamiento y amenaza contra los defensores de derechos humanos en Venezuela”, dijo Ortega.

Advierte que tales ataques se han notado particularmente en el marco de la declaratoria del Estado de Alarma de parte de Maduro para combatir la COVID-19.

Desde 2010, calcula, se nota el empeoramiento de los ataques contra las organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela, pero, dice, con especial acento en años recientes.

Las nuevas organizaciones no gubernamentales han enfrentado trabas administrativas en registros y notarías para formalizar sus actas constitutivas en Venezuela, ejemplifica la representante de Cofavic.

Valora que esa postura gubernamental no transcurre “en vano” ante la comunidad internacional.

La respuesta de Provea, Cofavic y sus pares, augura Ortega, será similar: “continuar trabajando, apoyando a las víctimas. No estamos haciendo nada que no hicimos en el año 89 y en el 92”.

Provea exige garantías a la integridad de detenidos en Macuto y Chuao
Provea enfatizó que sólo apoyará y promoverá mecanismos constitucionales, pacíficos y ciudadanos que conlleven a la restitución de la democracia en el país

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos responsabilizó al fiscal designado por la impuesta asamblea constituyente, Tarek William Saab, y al defensor del pueblo afín al gobierno de Nicolás Maduro, Alfredo Ruiz, por eventuales desapariciones forzadas y actos de tortura contra los detenidos en el supuesto intento de «invasión marítima» el 3 de mayo por las costas de Vargas y el 4 de mayo por Chuao, en Aragua.

«Ante el cierre de los canales pacíficos y democráticos para la resolución del conflicto en Venezuela, Nicolás Maduro es el principal responsable de cualquier hecho de violencia por razones políticas en el país», señaló Provea a través de su cuenta en la red social Twitter.
Provea enfatizó que sólo apoyará y promoverá mecanismos constitucionales, pacíficos y ciudadanos que conlleven a la restitución de la democracia en el país. En este sentido, instó a los líderes políticos de la nación a ratificar que la única estrategia que se utilizará para avanzar en el camino hacia la recuperación del estado de derecho será la que esté enmarcada en la noviolencia.

Provea pidió a la comunidad internacional manifestar su rechazo a las salidas violentas para Venezuela con el incremento de las presiones diplomáticas y las sanciones individuales contra violadores de los derechos humanos.

«Deben ser respetados los DDHH de las personas detenidas en los últimos hechos. Responsabilizamos 2a Tarek William Saab y Alfredo Ruiz sobre posibles desapariciones forzadas y actos de tortura contra aprehendidos», escribió.

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Ante el cierre de los canales pacíficos y democráticos para la resolución del conflicto en Venezuela, Nicolás Maduro es el principal responsable de cualquier hecho de violencia por razones políticas en el país

En cuarentena los derechos humanos son inmunes
Expertos en DD. HH. coinciden en que el estado de alarma decretado hace una semana por el Ejecutivo debido al coronavirus, no puede ser una excusa para atropellar a la ciudadanía 
El artículo 338 de la Constitución restringe el derecho a la circulación, pero no lo prohíbe

@franzambranor

El pasado viernes 13 de marzo, Nicolás Maduro decretó estado de alarma nacional como mecanismo preventivo de una posible propagación del coronavirus. 

El artículo 338 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reza que “podrá decretarse estado de alarma cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la Nación y de sus ciudadanos”.

Según Eduardo Trujillo, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, el estado de alarma no implica la restricción a la libertad personal.  

“Lo que existe es una restricción del derecho a la circulación por el territorio nacional en vista de la crisis de salud pública en la que nos encontramos. La libertad personal solo puede ser restringida si alguien comete un delito. La restricción no es absoluta porque todos tenemos la necesidad de salir a comprar comida y medicinas ”, dijo Trujillo.

De acuerdo a un informe del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) en seis años del gobierno de Maduro se han registrado 32.362 casos de violaciones a la integridad personal, allanamiento ilegales, detenciones arbitrarias, tratos crueles y torturas. 

“El coronavirus no puede ser una excusa para violar derechos humanos. El Estado tiene que garantizar que las personas puedan tener acceso a sus medios de vida, servicios básicos y que continúe la cadena de circulación de alimentos y medicinas”, señaló Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea.

Provea denunció este martes 17 de marzo la detención de cuatro trabajadores del sector salud por exigir condiciones de trabajo adecuadas. Tres de ellos en Maturín: Carlos Carmona, Julio Molinos y Magalys Mendoza; y otro en Táchira: Rubén Duarte. Molinos fue imputado por los delitos de incitación al pánico y zozobra a la comunidad, agavillamiento e incitación al odio y fue privado de libertad con una medida de arresto domiciliario.

“El estado alarma no puede servir para invisibilizar las denuncias de trabajadores del sector salud y las protestas ante el alto costo de los alimentos, porque una cosa que puede ser tan grave como una epidemia es la escasez de comida”, enfatizó el coordinador de Provea.

No es suspensión de garantías

Basado en la Constitución, una detención puede producirse con una orden legal o si hay un delito en flagrancia. El aprehendido debe ser presentado en un lapso de 48 horas a un tribunal y tiene derecho a comunicarse con familiares y ser representado por un abogado privado o público. 

“Si alguien es detenido arbitrariamente debería ocurrir un control legal de esa situación que estaría a cargo de un tribunal”, sostuvo Eduardo Trujillo.

“Debe respetarse el debido proceso. Aunado a eso, la persona debe recluirse en un sitio que posea condiciones dignas que eviten la propagación de la epidemia que nos afecta actualmente”, indicó Rafael Uzcátegui de Provea. 

Según Laura Louza, de Acceso a la Justicia, en un país con Estado de Derecho lo ideal es acudir al Ministerio Público o a la Defensoría del Pueblo, pero en Venezuela instituciones como Foro Penal, el Comité de Familiares de Víctimas (Cofavic) y Provea se encargan de visibilizar las detenciones arbitrarias.

Cheque al portador a policías y militares

Rafael Uzcátegui y Laura Louza coincidieron en que existe discrecionalidad de parte del gobierno de Maduro en cuanto a la medida de alarma y cuarentena colectiva.

“Maduro le dio casi un cheque en blanco a las fuerzas de seguridad para que evitaran que la gente salga de sus casas. Hay una suerte de toque de queda. Alcaldes y gobernadores se han puesto creativos al reglamentar el estado de alarma, cuando eso no es facultad de ellos”, expuso Louza.

“Las orientaciones que ha dado el Ejecutivo nacional no son del todo claras. Hay una fina frontera en cuanto a medidas de resguardo”, añadió Uzcátegui. 

Para Eduardo Trujillo es imperioso crear redes de apoyo en procura de encarar una eventual detención arbitraria. “Cuando vayamos a salir es perentorio comunicarle a un familiar o amigo donde vamos a estar para alertar en caso de una desaparición forzosa.Tenemos que generar pequeñas redes de protección en nuestras comunidades”. 

De acuerdo a Rafael Uzcátegui, el talante democrático del gobierno de Maduro se fragmenta cuando apuesta por la militarización de las calles como respuesta a la pandemia.

Reportan fuga masiva del retén de San Carlos en Zulia
Los presos lograron escapar saltando la cerca perimetral y por la puerta principal de la cárcel

Al menos 80 presos escaparon del retén de San Carlos, ubicado en Zulia, según denunció el abogado Carlos Nieto Palma de la ONG Ventana por la Libertad.

En declaraciones a AFP, Nieto señaló que los fugados son 71 hombres y 8 mujeres en tanto otros cinco fueron ultimados durante la fuga.

Por su parte, la ONG Provea denunció el asesinato de 35 de los 80 muertos que se fugaron del retén de San Carlos.

“Un total de 35 presos fueron asesinados tras producirse hoy una fuga masiva en el retén de San Carlos Santa Bárbara Municipio Colón estado Zulia. Aproximadamente 80 se habrían fugado. El estado de Alarma no es para producir graves violaciones a los derechos humanos”, denunció Provea.

 

La ONG hace esta denuncia luego de que tras la declaración de un militar, que estuvo junto al gobernador de Zulia, Omar Prieto, en una rueda de prensa.

Se trata del jefe de la Zodi-Zulia, Carlos Ríos Urbano, quien dijo: “hasta el momento han sido recapturados cinco y hay 35 neutralizados”.

El Cicpc participó en el operativo para encontrar a los evadidos y fue con esta fuerza de seguridad, a la que se enfrentaron los fallecidos.

Con información de Tal Cual y AFP

Provea denunció detención de 4 trabajadores de la salud
La ONG recordó que médicos y enfermeros tienen el derecho de trabajar sin ser expuestos a riesgos

Provea denunció este martes 17 de marzo la detención de cuatro trabajadores del sector de la salud para exigir condiciones de trabajos adecuadas.

Tres de las detenciones ocurrieron en Maturín, estado Monagas, según la información publicada por la organización en Twitter.

La organización detalló que aquellos tres detenidos fueron identificados como Carlos Carmona, Julio Molinos y Maglys Mendoza.

Por su parte, la otra detención ocurrió en el estado Táchira y fue el enfermero Rubén Duarte tras denunciar que los trabajadores del Hospital Central de San Cristóbal y de la Red Hospitalaria esperan respuesta del gobierno.

“Queremos garantizar el derecho a la salud y que el coronavirus no se escape del Estado y traiga consecuencias que nos va a costar muchas vidas”, expresó Duarte.

 

Asimismo, la ONG Fundaredes informó que las autoridades liberaron al enfermero, detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

Entre otras cosas, Provea exigió el cese de la persecución contra los trabajadores de la salud.

Por último, Provea recordó que de acuerdo con lo establecido en la ley, las personas tienen el derecho de trabajar en condiciones que no pongan en riesgo su integridad.

Con información de El Nacional

@_humanoderecho

¿En qué consiste el proyecto “Sumando Voluntades”? ¿Cómo logran dar con las ONG que participan en el proyecto? ¿Cómo seleccionan a los estudiantes que recibirán la ayuda del programa? Estos y otros temas los estaremos conversando con Ariadna Borrero, voluntaria de Idea, una Organización No Gubernamental que nace de la inquietud de varios venezolanos preocupados por la situación del país que decidieron dar un paso al frente y utilizar sus voces y conocimientos para ayudar a la recuperación de Venezuela a través de distintos proyectos.

“Sumando Voluntades se encuentra en un engranaje, que a su vez está con organismos multilaterales, ONG, fundaciones y los estudiantes universitarios. Entonces se hace el contacto con esta ONG o fundación, para así insertar estos estudiantes en el área en el que están estudiando”.

En la primera pausa musical escucharás el tema Pantera de Anakena, seguido del tema Dance Monkey de Tones & I, y finalmente escucharás el tema Qué hay de malo, de Farruko; estas son las pausas musicales que escucharás para este Humano Derecho #161.

Presentado por Luis Serrano (@akaLuisSerrano). Somos el radio web show semanal que mezcla la buena música con gente que ayuda a gente. Transmitido por diferentes plataformas del país, es producido por RedesAyuda y Provea.

Más contenido en www.humanoderecho.com

Prevén más detenciones de líderes políticos y sociales
La ONG Provea considera que la persecución aumentará en vista que el gobierno quiere desmovilizar a la ciudadanía en un año electoral

@franzambranor

Para el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), la detención de diputados este 10 de marzo responde a una política del gobierno de Nicolás Maduro para generar desconfianza en eventual una salida electoral a la crisis venezolana.

“Este año vamos a tener varios episodios de hostigamiento y persecuciones a dirigentes políticos y sociales porque el gran objetivo es que la ciudadanía se inhiba de participar en elecciones”, dijo Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea.

Luego de la marcha convocada por el presidente interino y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó este 10 de marzo, los diputados Renzo Prieto, Angel Torres y Zandra Castillo fueron detenidos por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes). Posteriormente, Torres y Castillo fueron liberados. De Prieto se desconoce el paradero.

FAES detiene al diputado Renzo Prieto tras marcha en Caracas

Uzcátegui sentenció que el efecto de puerta giratoria denunciado por la organización Foro Penal podría continuar en 2020.

“Hay la posibilidad de que algunas personas sean liberadas en el contexto de una consulta electoral, pero a la vez, otros líderes políticos y sociales van a ser encarcelados”, dijo Uzcátegui.

El coordinador general de Provea sostuvo que será un año cuesta arriba para la sociedad independiente.

Diputado Prieto está “asegurado”, segun las Faes y la Fiscalí

“Van a promover diferentes normativas para limitar la cooperación internacional con las organizaciones que en Venezuela defienden los derechos humanos y es probable que castiguen de alguna forma a las personas vinculadas con las medidas económicas unilaterales contra el gobierno”, indicó Uzcategui.

La estrategia es descalificar

De acuerdo a Uzcátegui, la respuesta de la administración de Maduro a la reciente actualización oral del informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU sobre Venezuela, es continuar insistiendo en que ese organismo carece de toda la información y sus conclusiones son sesgadas.

“Del informe de este martes 10 se desprende la persecución por razones políticas, la prohibición de hacer sesiones en la Asamblea Nacional y el hostigamiento a periodistas, miembros de ONG, sindicalistas y manifestantes”, aseveró Uzcátegui. 

Bachelet revela que recibe denuncias de tratos crueles a presos en Venezuela

El coordinador general de Provea recordó que pese al compromiso del gobierno de Maduro, no se le ha permitido el acceso a centros de detención de presos políticos a miembros del Alto Comisionado de DDHH de la ONU. “No tenemos respuesta por parte de los organismos públicos en materia de derechos humanos.  Se siguen recibiendo denuncias de torturas en la Dgcim”, dijo.

Uzcátegui informó que para junio está prevista la divulgación de un informe especial por parte del Alto Comisionado de DDHH de la ONU en referencia a los derechos civiles y políticos y el arco minero del Orinoco.