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Presos Políticos

Parlamento Europeo exige liberación de presos políticos y aumentar sanciones contra Maduro

El pleno del Parlamento Europeo instó este jueves a Venezuela a liberar de forma inmediata a todos los presos políticos y pidió a la Unión Europea (UE) incrementar las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro.

En una resolución aprobada por 497 votos a favor, 22 en contra y 27 abstenciones, los eurodiputados deploraron que los presos estén detenidos en condiciones que contravienen las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos.

El Parlamento exigió “la inmediata liberación incondicional de todos los presos políticos y personas detenidas arbitrariamente, así como el pleno restablecimiento de sus derechos”. Igualmente, exhortó al régimen a “cesar su política de represión y ataques contra la sociedad civil y la oposición”.

Los eurodiputados impulsaron esta resolución a raíz de la situación de la activista de nacionalidad española Rocío San Miguel, detenida hace más de un mes acusada de estar relacionada supuestamente con una conspiración que incluía un plan de magnicidio contra Nicolás Maduro.

También del general Héctor Hernández Da Costa, recluido desde 2018 y a cuya familia y abogados se les ha denegado el acceso para proporcionarle asistencia médica.

El Parlamento Europeo pidió al alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, y al Consejo de la UE, incrementar las sanciones contra el régimen venezolano y que se extiendan a funcionarios de alto nivel, miembros de las fuerzas de seguridad y del Tribunal Supremo de Justicia y al propio Maduro. E instó las autoridades chilenas a que investiguen a fondo el asesinato de Ronald Ojeda, antiguo preso político quien fue asesinado en días pasado.

Gobierno quiere avanzar en relaciones con la UE

Mientras tanto, el canciller venezolano, Yván Gil, expresó este miércoles su disposición a avanzar en las relaciones diplomáticas, políticas y económicas con la Unión Europea (UE).

En X, el ministro de Exteriores informó de una reunión con la encargada de negocios del bloque comunitario en Caracas, Rachel Roumet, con quien conversó sobre las «posibilidades de cooperación mutua» y sobre el compromiso de «seguir avanzando en mejorar las relaciones diplomáticas, políticas y económicas», tomando en consideración, además, los «nuevos desafíos globales».

La Cancillería señaló en una nota que Venezuela está dispuesta a avanzar en las relaciones de cooperación con la UE «siempre que las mismas estén enmarcadas en los principios de respeto a la soberanía de los pueblos, la autodeterminación y la no injerencia en los asuntos internos».

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció el pasado 7 de marzo que ha cursado invitaciones para diferentes misiones de observación electoral para las presidenciales, entre ellas a la UE, «siempre que cumplan con los requisitos» y la «normativa constitucional y legal» del país.

*Con información de EFE

Más de 15.800 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela en últimos nueve años

 

De acuerdo con el reporte sobre la Represión Política en Venezuela correspondiente al año 2023 que elaboró la ONG Foro Penal, desde enero 2014 hasta la fecha de cierre del reporte en 2023 se registró que un total de 15.812 personas fueron arrestadas por motivos políticos.

Según el informe de Foro Penal un 56% de los 257 presos políticos que a la fecha del reporte se encontraba encarcelados (finales de 2023) se identificaron como funcionarios militares y han sido señalados por funcionarios de la administración de Nicolás Maduro de presuntamente planificar o intentar operaciones militares desestabilizadoras y de la misma forma han sido vinculados líderes de la oposición.

No obstante, para diciembre de 2023, 18 presos políticos venezolanos fueron excarcelados e «indultadas varias personas de nacionalidad estadounidense, que estaban siendo procesadas por motivos políticos en el país».

Por otro lado, de los 257, al menos 21 de estas excarcelaciones «de los que pueden ser considerados presos por motivos políticos, estarían asociadas a una negociación entre funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y del gobierno de Joe Biden, a cambio de la liberación del oficialista Alex Saab», añadió el informe.

Para 2023 Foro Penal contabilizó 20 personas detenidas por motivos políticos y especificó que se trató de ciudadanos civiles. De estos detenidos se diferenció que el 75% fueron hombres y el 25% mujeres y el mes en el cual más detenciones se contabilizaron fue febrero.

Organismos internacionales se pronunciaron a favor de los DD.HH. en 2023

De acuerdo con Foro Penal, durante 2023 se produjeron varios pronunciamientos importantes acerca de la situación de derechos humanos en el país por parte de organismos internacionales que identificaron diversos asuntos del tema de detenciones.

Entre estos pronunciamientos se destaca lo publicado en septiembre por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, quien denunció patrones  comunes de detención arbitraria, así como que muchas detenciones en el país se llevaron a cabo «sin una orden previa de detención”.

La Misión también recalcó que algunas personas estuvieron detenidas por períodos superiores a los permitidos por ley, «o que permanecieron en prisión incluso después de que un juez hubiera ordenado su liberación inmediata”.

También, se dieron a conocer las conclusiones y observaciones finales por parte de los funcionarios del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, con ocasión al quinto informe periódico sobre Venezuela.

Referente a las conclusiones acerca de detenciones arbitrarias y la privación ilegítima de la libertad de los ciudadanos, el Comité determinó su preocupación por las denuncias relativas «al recurso arbitrario a la detención y la privación arbitraria de libertad y la reclusión en régimen de incomunicación en casas clandestinas, sin que se respeten las garantías jurídicas mínimas básicas, así como la privación de la vida por motivos políticos o contra personas vistas como opositores al gobierno». 

Siguen presas 257 personas por motivos políticos

Lugo de las excarcelaciones que se dieron durante diciembre de 2023, para el 31 de ese mes la cifra de presos políticos fue de 257: 18 mujeres y 146 funcionarios militares.

La ONG alertó que la cifra de detenidos se ha mantenido en ocasiones incrementándose y en otras disminuyendo, por lo que denominaron como «el efecto puerta giratoria», debido a que el número de privados de libertad por temas políticos se ha mantenido constante.

Indultos y excarcelaciones

La serie de excarcelaciones de 21 presos políticos que se estaban procesando por motivos políticos en Venezuela se dio en diciembre de 2023 en  medio del «contexto de una negociación entre representantes de los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela, a cambio de la liberación del aliado y colaborador de Nicolás Maduro, Alex Saab, quien se encontraba detenido y estaba siendo procesado por la justicia norteamericana en el estado de Florida».

La ONG reiteró que se han utilizado a los presos políticos como “fichas de negociación”. A su vez, «en lugar de una reducción de las excarcelaciones políticas, lo que ha ocurrido a posteriori es un incremento en las cifras de presos políticos y de persecución en los meses siguientes», apuntó el documento.

Venezolanos en Chile piden aumentar la mediación internacional por los presos políticos
Guarequena Gutiérrez, activista venezolana en Chile, denunció que las autoridades chilenas deben esclarecer el paradero de Ronald Ojeda Moreno, expreso político secuestrado en Chile presuntamente por funcionarios venezolanos

Opositores venezolanos en Chile se congregaron este domingo, 25 de febrero, frente a la Embajada de España en Santiago de Chile para reconocer los esfuerzos consulares españoles en favor de la activista Rocío San Miguel, detenida desde el 9 de febrero, y pedir al país europeo mediar en la liberación de otros cinco presos políticos venezolanos con nacionalidad española.

Guarequena Gutiérrez, activista opositora venezolana radicada en Chile, dijo a la prensa que la protesta también busca visibilizar «la situación de los presos políticos en otros países como Cuba y Nicaragua».

«Más que petición es también agradecer que intervino el canciller español con el régimen violador de derechos humanos de Nicolás Maduro. Y que interceda por estos presos políticos. Hay 6 presos políticos venezolanos que tienen nacionalidad española, 3 que tienen nacionalidad italiana y venezolana y 2 que tienen nacionalidad portuguesa y española», explicó.

«Hay varias mujeres. (Por eso) pedimos a ONU Mujeres, a la ONU, a las Cancillerías de los países que intercedan por sus ciudadanos y por todos los presos políticos. No, no solamente en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua, porque esto es un sistema que está confabulado, es una triangulación, que ha mantenido y le ha dado fuerza a estas tres dictaduras que lamentablemente infectan la región», agregó.

Presos políticos venezolanos bajo amenazas

Según Gutiérrez, «gracias a la asistencia consular» se descubrió que San Miguel «estaba en el Helicoide, el centro penitenciario más grande de Latinoamérica, donde ocurren torturas, donde ocurren vejámenes de todo tipo: física, psicológica, emocionales. Constatados en los informes de cuando estaba la alta comisionada de los Derechos Humanos, expresidenta chilena Michelle Bachelet».

Gutiérrez, antigua representante del opositor Juan Guaidó en Chile, también expresó su preocupación por el destino del exteniente del Ejército venezolano Ronald Ojeda Moreno, desaparecido esta semana de su domicilio en Santiago, donde al parecer vivía con estatus de refugiado, en un incidente confuso que se está investigando como un secuestro.

Fuentes de prensa chilena apuntan a la versión no confirmada de que habría sido abducido en mitad de la noche por varias personas disfrazadas con uniformes de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, con base en un vehículo captado por las cámaras y abandonado después con trajes falsos.

«Por nosotros, por la seguridad del país, por la soberanía de Chile, esperamos que se esclarezca esta situación, que se aboquen todas las fuerzas, las herramientas y los antecedentes que tengan para dar también seguridad al país, dar una señal de seguridad a todos los que habitamos en Chile, sobre todo a los chilenos, y también quienes necesitan protección internacional por ser disidentes del régimen de Nicolás Maduro», dijo.

«Es la angustia de una familia no saber qué ocurre con su familiar. Y, además, es la segunda vez que salieron de su país, fueron solicitantes de refugio por varios años, se les otorga el refugio y en este momento no saben dónde están y como les digo. Ya es la segunda vez que pasen por esta situación», afirmó sobre Ojeda, que al parecer estuvo preso en Venezuela y logró huir.

Gutiérrez admitió que hay que esperar los resultados de las investigaciones para saber qué ha ocurrido, pero aseguró que «estas situaciones ocurren en Venezuela, en Cuba y Nicaragua diariamente. Hay presos políticos, no se respetan los procesos judiciales, las personas viven con miedo». 

Familiares de sidoristas detenidos exigen saber del paradero de Leonardo Azócar y Daniel Romero
Azócar y Romero llevan 8 meses privados de libertad por participar en una protesta laboral en la Planta de Pellas de Sidor

Texto: Francesca Díaz | Fotografía: William Urdaneta | Correo del Caroní

Familiares de los trabajadores sidoristas Leonardo Azócar y Daniel Romero protestaron junto al personal de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) este 22 de febrero para exigir la liberación de los dirigentes, quienes fueron detenidos arbitrariamente el pasado 10 de junio de 2023.

Azócar y Romero llevan 8 meses privados de libertad por participar en una manifestación laboral en la Planta de Pellas de la empresa estatal Siderúrgica del Orinoco. Tras su desaparición forzosa durante unos días, fueron trasladados a la ciudad de Caracas, donde se estaba llevando a cabo un proceso judicial.

Familiares afirman que fueron trasladados al Internado Judicial de El Rodeo I, en el estado Miranda, el 19 de febrero.

Ese mismo día, la ONG Foro Penal denunció que al menos 30 presos políticos estaban siendo trasladados desde la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en la Gran Caracas, hasta El Rodeo I sin informales a los familiares ni a los abogados de las víctimas el motivo del traslado. 

«El día lunes se entrega la boletería para los que están privados de libertad. Su esposa fue el día lunes y le dicen que no pueden recibir eso porque ellos fueron trasladados hacia El Rodeo I, supuestamente. Las causas de ellos están en los tribunales de Puerto Ordaz y no hay boleta que justifique el traslado de ellos. Hasta ahora no sabemos realmente si se hizo ese traslado o están en la Dgcim». dijo José Ángel Azócar, hermano de Leonardo Azócar.

«Exigimos la liberación inmediata sin necesidad de juicio. Si van a juicio, lo más probable es que el resultado sea el mismo que en la presentación. Si hubiera justicia, en la presentación se hubieran ido libres», agregó.

Persecución sindical

Azócar y Romero fueron procesados por los delitos de boicot, asociación para delinquir, entre otros cargos asociados a la presunta paralización de la fábrica. En el marco de este caso, más de 10 trabajadores recibieron medidas cautelares de despido por su respaldo a las actividades de protesta.

«Hoy el gobernador del estado Bolívar se llama Ángel Marcano. El presidente de CVG Alcasa (Aluminio del Caroní) se llama Arquímedes Hidalgo. El presidente de la Central de Trabajadores se llama Pedro Perales. Todos ellos hace 12 años pertenecían a la estructura sindical de Alcasa. Cerraron los portones de Alcasa durante 32 días cuando estaba Chávez vivo. ¿Alguno de ellos fue detenido? Ni siquiera hubo persecución contra ninguno de ellos. Pero ahora se han dedicado a perseguir a los dirigentes laborales», expresó Azócar.

Durante 2018, a través de una comisión de encuesta, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) constató la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban los dirigentes sindicales venezolanos debido a la violación por parte del Estado de la libertad sindical.

Los manifestantes marcharon hasta el Palacio de Justicia, en Puerto Ordaz, bajo la consigna «libertad» y exigen respuestas por parte de las autoridades.

Denuncian el traslado de 30 presos políticos de la Dgcim a la cárcel de El Rodeo I
Foro Penal denunció que el Estado no ha informado el listado completo de los presos políticos afectados por el traslado

De acuerdo con la ONG Foro Penal Venezolano, un grupo de al menos 30 presos políticos son trasladados desde 19 de febrero de la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en la Gran Caracas, al Internado Judicial El Rodeo I, ubicado en el estado Miranda.

La organización de derechos humanos denunció en sus redes sociales que el Estado no ha informado ni a los familiares de los privados de libertad ni a la opinión pública quiénes son los trasladados y la causa del cambio.

A través de la denuncia de los familiares de las víctimas a Foro Penal se pudo confirmar que uno de los trasladados sería el teniente coronel (Ej.) Igbert Marín Chaparro, detenido desde el año 2018 por acusaciones del gobierno de Nicolás Maduro y condenado a siete años y dos meses de prisión en 2020 por el Juzgado Militar Tercero en Funciones de Control de Caracas bajo los presuntos delitos de «instigación a la rebelión» e «instigación al decoro militar».

Por otra parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, denunció en su cuenta de X (Twitter) que el Estado venezolano debería «informar debidamente a sus familiares y defensores de sus nuevos sitios de reclusión y a garantizar su seguridad e integridad como lo establecen las leyes nacionales e internacionales». 

También solicitaron un traslado humanitario al preso político Darío Estrada, quien hasta ahora se encuentra recluido en la sede de la PNB en La Yaguara sin alimentación por parte del Estado y sin atención médica para tratar su diagnóstico de autismo. 

Hasta ahora, Foro Penal estima que en Venezuela hay 263 presos políticos. El caso más reciente es la detención arbitraria y desaparición forzada de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel el pasado 9 de febrero. 

Relator de la ONU ratificó que en Venezuela persiste la crisis alimentaria
Reiteró que el CLAP «se ha convertido en un sistema de clientelismo porque no cumple las formas del derecho a la alimentación»

Foto: EFE

Michael Fahkri, relator independiente de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, declaró este 14 de febrero en rueda de prensa que en Venezuela aún persisten «los problemas de distribución y producción» de alimentos, lo que afianza la desnutrición de distintas comunidades, la desatención sanitaria a los presos políticos y los casos de mujeres que se ven obligadas a ofrecer servicios sexuales a cambio de comida. 

«Me preocupa la alimentación de los presos y detenidos en Venezuela. Los centros de detención no cumplen con los requisitos sanitarios para atender los derechos humanos», dijo en sus observaciones finales en su visita al país. «Esas condiciones son inhumanas, degradantes y pueden atribuirse como una tortura. (…) Pese a que se intentó visitar los centros penitenciarios, el gobierno no permitió las visitas», declaró. 

Fahkri, después de su visita de dos semanas al Distrito Capital y a los estados Miranda, Sucre, Zulia y Anzoátegui, reiteró que Venezuela tiene «muy buenas leyes» en materia de seguridad alimentaria, pero no se aplican debido a la opacidad de los datos demográficos y de salud pública. 

«Gente de todo el país sigue teniendo problemas para acceder a alimentos buenos y sanos», reiteró el relator y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oregón.

También, destacó que la población venezolana en los cuatro estados visitados tiene un déficit en la ingesta de proteínas, frutas y hortalizas, tal como lo documentó la Academia de Ciencas Físicas, Matemáticas y Naturales (Aficman) que en un reporte de diciembre de 2023 concluyó que los caraqueños consumen la mitad de las frutas y verduras recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (400 gramos). 

«Pero el déficit depende de las comunidades. Por ejemplo, en las zonas costeras, las personas intercambiaban pescados, que es una proteína, por frutas y verduras. (…) No se puede dar un estimado porque no hay datos verificables y abiertos. Pero los testimonios apuntan a que solo se consume los carbohidratos con frecuencia», apuntó.

En sus comentarios iniciales, explicó que la dolarización de facto que vive Venezuela, los bajos ingresos y la alta inflación -que cerró en 189,8 % el año pasado- «debilitan el poder adquisitivo» de las personas y aumenta los riesgos a sufrir inseguridad alimentaria.

Transacciones sexuales por comida y discriminación

El relator de la ONU aseveró que las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, las poblaciones indígenas, los adultos mayores y las comunidades sexodiversas son las poblaciones más afectadas por la desatención estatal en la alimentación. 

«Si bien no tuvimos tiempo de escuchar un testimonio directo (de una víctima), en reiteradas ocasiones, y por múltiples fuentes a lo largo de la visita, vemos un panorama donde las mujeres recurren a la transacción sexual para obtener alimentos. (…) Esto es un tema que se debe resaltar como un «síntoma» de un problema socioeconómico más grande y grave que se debe atender», dijo. 

Denuncias similares ocurren en la región sur y oriental del país, donde el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello informó que una de las variantes de la esclavitud moderna en el estado Bolívar y el Arco Minero del Orinoco es el tráfico sexual de mujeres y menores de edad para adquirir alimentos. 

Fahkri destacó que la malnutrición infantil se mantiene tanto en el hogar como en los centros educativos. «Los niños acuden a las escuelas solo cuando se les garantiza comida. El futuro de Venezuela corre riesgo», dijo. También, destacó que la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes, así como de las mujeres embarazadas y lactantes, tiene más de ocho años en proceso, siendo otro tema de salud pública desatendido «pese a los esfuerzos de las comunidades».

«En la gran mayoría de los casos, la migración en Venezuela se produce por la búsqueda de una mejor alimentación y estabilidad económica. Se han reportado casos en donde se dejan atrás a los adultos mayores, quienes quedan aún más vulnerables porque no pueden adquirir comida», enfatizó. 

El representante de la ONU indicó que el cambio climático está dejando en situación de mayor vulnerabilidad a las comunidades indígenas, específicamente de las poblaciones Añú y Wayúu ubicadas en la Península de la Guajira, en el estado Zulia:  «La sequía y la sedimentación de la Laguna de Sinamaica ha hecho muy cuesta arriba la seguridad alimentaria de esa región».

El «clientelismo» del CLAP

Fahkri destacó la labor de algunas comunidades para sortear el hambre de manera local, «pero esto no es una solución definitiva». 

Destacó que el proceso logístico para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) «es interesante y productivo», pero  denunció que la ideología los ha convertido en un arma política y ha ganado «más críticas» en la población.

«Pese a que muchas familias ven el CLAP una especie de salvavidas, la distribución se ha vuelto un sistema de clientelismo porque no cumple las formas del derecho a la alimentación. (…) Además de varias críticas que incluyen la inconsistencias de las entregas, el desbalance o falta de aportes nutricionales (en los productos que entregan) y denuncias de personas que le han privado el CLAP por sus posturas políticas», acotó.

El relator también mencionó que algunos beneficiarios sugieren que las bolsas Clap «son tratadas por las autoridades como una limosna caritativa y no como parte de la liberación del hambre y esto socava la dignidad humana de quienes la reciben».

Destacó que las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea «ha aumentado el costo y el acceso de la ayuda humanitaria», lo que precariza aún más «el ingreso de la población y sus capacidades de mitigar el riesgo».

Sin alimentar a la desinformación

Durante la ronda de preguntas hacia el relator, medios de tendencia oficialista como Venezolana de Televisión (VTV), Radio Miraflores y Telesur cuestionaron los presuntos «desplantes» del representante de la ONU en, al menos, tres comunidades de Caracas. También pusieron en objeción el presunto «balance de las fuentes» frente a las visitas de las ONG.

Fahkri aseguró que los cambios en el itinerario no fueron por razones ideológicas, sino que el propio gobierno venezolano cancelaba las visitas o las cambiaba «a última hora». Enfatizó que las visitas anuladas de su parte fueron «por problemas de logística», como una infección que sufrió durante el viaje. 

«El gobierno no permitió que visitáramos los centros penitenciarios de Anzoátegui o cualquier centro de salud u hospital en las regiones visitadas. Ustedes podrán sacar después sus interpretaciones», comentó. «Nosotros pudimos hablar con todos los actores, esa era mi prioridad».

Con respecto a las recomendaciones sobre las sanciones, recordó que su posición como miembro de la ONU es «relatar lo que observa», y advirtió que toda acción relacionada con las sanciones es una actividad política que afecta a la distribución de ayuda humanitaria, más no es un tema que le pueda competir a la ONU, menos en el ala de la alimentación. 

Llamado a la transparencia

El relator recomendó al Estado venezolano a mejorar los sistemas de producción y de distribución alimentaria nacional, así como una mayor transparencia y acceso a datos socioeconómicos, demográficos y de salud pública. 

«Si bien se ha visto un incremento en el apoyo con la industria privada, la Ley de transparencia y acceso a la información de interés público le otorga un gran poder al Ejecutivo y no se encuentran disponibles los datos, tanto en lo público como en lo privado», enfatizó. «Hago un llamado para que se haga un plan de seguridad alimentaria con las leyes o los proyectos sociales vigentes lo más pronto posible». 

Si bien el representante de la ONU reiteró que los venezolanos aún siguen saltándose platos de comida y sufren de malnutrición y no existen cifras verificables por parte del Estado, las Naciones Unidas recopilará y analizará todos los datos disponibles y presentará su informe el próximo año frente a la comunidad internacional. 

Fahkri

DDHH Olvidados | La GNB se convirtió en cárcel para los hermanos Zambrano Arias
Entre la extorsión, la tortura y la privación de un juicio, los hermanos Zambrano Arias cumplirán dos años como presos políticos en abril del 2024

Con información de Justicia, Encuentro y Perdón

Si le preguntas a la familia Zambrano Arias cuándo perdió su libertad, no te dirán que fue el 26 de abril del 2022, cuando detuvieron arbitrariamente a Juan Nahir Zambrano Arias, ni el 28 de mayo del mismo año, cuando también detuvieron arbitrariamente a Daniel Josué Zambrano Arias, sino el 20 de marzo del 2020, cuando Juan ingresó a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). 

El joven de 20 años quería seguir los pasos de su hermano Daniel, quería ser un militar. Lo logró en plena cuarentena del covid-19 en Venezuela. 

Juan vivía con sus padres en Palmira, una ciudad del estado Táchira, cerca de la frontera con Colombia.

Su mamá, Luz Marina, no compartía las aspiraciones de Juan:  él tiene un diagnóstico de autismo y fue admitido en la GNB sin una evaluación psicológica

Pero el disgusto de Luz Marina se convirtió en angustia cuando los funcionarios de la GNB no le permitían visitar a su hijo en el cuartel. 

Ella expuso una denuncia al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), otro cuerpo de funcionarios del Estado venezolano, pero le negaban la solicitud porque «él ya es mayor de edad», pese a que es una persona neurodivergente —con un diagnóstico de autismo— sin monitoreo dentro de la milicia. 

Las semanas pasaban y Juan les confesaba a sus padres que pasaba hambre. En el GNB no lo alimentaban. No alimentaban a nadie. Por nueve meses estuvo aislado y su padre era el único que le daba comida constantemente. 

En diciembre del 2020 Juan Nahir pudo salir del cuartel, pero ya presentaba un cuadro de desnutrición y se contagió de covid-19 mientras estaba recluido. El récipe médico no impidió que tres funcionarios de la GNB se llevaran a Juan en enero del 2021 para que «cumpliera sus funciones en Caracas». 

Luz Marina protestó, pero los funcionarios le amenazaron: si Juan no iba lo metían preso por ser «desertor» de la milicia. 

Y Juan, con 21 años, viajó hasta Caracas, a 657 kilómetros de su casa.

Ida y vuelta a la fuerza

En la capital los funcionarios de la GNB discriminaban a Juan Nahir debido a su neurodivergencia. Desde la zona conocida como El Volcán, en el municipio El Hatillo, Juan pasó tres meses encerrado como «castigo» por tener un permiso médico y pasó otros cinco meses bajo las burlas de otros cabos de la Guardia. 

Tuvo que regresar a Táchira bajo su propia cuenta en septiembre del 2021. Tres meses después, el Ministerio de Defensa lo expulsó de la milicia. 

La familia Zambrano Arias trató de que Juan estudiara en la universidad una carrera, pero él se contactó con miembros de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana y le decían que podía volver a la milicia. 

Daniel, su hermano mayor, que se había retirado del mundo castrense en marzo del 2022, le advirtió que solo el ministerio podía reintegrarlo. Pero la extorsión fue más fuerte que la razón. 

Juan Nahir volvió a viajar junto a los funcionarios de la GNB a Caracas el 26 de abril del 2022. Pero está vez no ha podido regresar a su casa: la GNB lo metió en la cárcel de Yare II, en el estado Miranda, bajo la presunción de estar involucrado en una supuesta conspiración contra el gobierno de Nicolás Maduro. 

Impunidad en aumento

Daniel, al enterarse de que su hermano estaba detenido arbitrariamente, intentó contactarse con el comando castrense. Trató de averiguar su paradero desde su antigua posición como sargento mayor de tercera (SM3) de la GNB, pero no logró obtener información. 

Sus padres intentaron comunicarse por teléfono, pero la GNB había bloqueado el número de Juan y no podían comunicarse con él. 

El 28 de mayo de 2022 funcionarios del CICPC invadieron la casa de Luz Marina. Apuntaron a la familia con armas de fuego y los amenazaron. Buscaban a Daniel para detenerlo, pero no traían una orden judicial. 

«¡¿Por qué!? ¿Por qué se lo quieren llevar?», repetía Luz María mientras abrazaba al único hijo que estaba en libertad. 

En vez de darle una respuesta directamente, uno de los policías «aconsejó» a Daniel.

«Hermano, usted sabe cómo es la vaina. Dígale a su mamá que lo suelte. Y si no, pues los eliminamos aquí mismo. Nadie va a ver nada, ni se va a saber nada. Si usted no se entrega, los sacaríamos a los dos, porque esa es la orden, entonces».

Daniel se entregó, el CICPC le puso una capucha y se lo llevó a Caracas. 

Luz Marina y su esposo intentaron denunciar ante el CICPC, pero siempre le negaron que Daniel o Juan estuvieran bajo su custodia. 

Torturas e incertidumbre

Los padres no supieron del paradero de sus hijos hasta el 15 de junio. Cuando pudieron reunirse, Juan relató parte de los malos tratos que sufrió. 

Lo encerraron en un sótano sin agua, comida ni luz. Lo asfixiaron con baldes de agua. Le introdujeron objetos que él no pudo identificar por el ano. Lo obligaron a grabar un video donde él decía que era culpable de una trama de conspiración contra los militares. Lo amenazaban con matar a su familia si no grababa el video. Le rompieron su pierna derecha a punta de golpes… 

Luz Marina escuchaba el relato de una tortura. 

De acuerdo con un abogado de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, que prefirió guardar su identidad por temor a represalias del gobierno madurista, a la familia Zambrano Arias no le permiten tener un abogado propio. No existe un expediente judicial que puedan consultar. 

Los hermanos están bajo la custodia del Tribunal Segundo de Control con competencia en terrorismo. Durante los 14 meses que los hermanos han estado recluidos en Yare II, el tribunal ha diferido su primera audiencia al menos 5 veces. 

Los padres se convirtieron en víctimas indirectas y ahora denuncian la libertad de sus hijos en protestas en Caracas y desde las redes sociales. Denuncian que Juan no tiene atención psicológica. 

Daniel es el único que puede cuidar a Juan Nahir en Yare II, porque ningún personal carcelario lo hace. No hay un informe médico que pueda precisar qué tan grave están los hermanos. 

Entre el 29 y el 30 de enero del 2024 la abogada y defensora de derechos humanos Tamara Sujú denunció en redes sociales que cuatro presos políticos, entre ellos los hermanos Zambrano Arias, recibieron golpes de parte de los reos bajo el comando de los funcionarios de seguridad

Luz Marina y su esposo se enteraron horas después, porque en Táchira el servicio de electricidad e internet se corta a cada rato, y en Venezuela los fiscales y las denuncias aparecen en la red social X. 

La familia Zambrano Arias se siente amenazada desde ese día: varios funcionarios de las fuerzas armadas venezolanas les «advierten» que Juan y Daniel pueden sufrir más si ellos mantienen la denuncia. 

Bajo la protección de la prensa y los activistas de los derechos humanos, ellos esperan que la justicia venezolana o la justicia internacional pueda apelar por ellos y por más de 260 presos políticos que el gobierno mantiene en cautiverio desde el 2001, según la ONG Foro Penal.

Denuncian que cuatro presos políticos fueron golpeados en Yare II por oponerse a extorsiones
El OVP denunció que una de las cuatro víctimas tiene diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA)

 

Este miércoles, 31 de enero, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que cuatro presos políticos fueron golpeados por oponerse a pagar extorsiones en la cárcel de Yare II, en el estado Miranda.

Según informó el OVP, la golpiza y violación contra los derechos humanos fue ordenada por un custodio conocido como “El Federal”.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el OVP publicó un video de uno de los reclusos golpeados, quien es un sargento segundo, en donde denuncia «haber sido víctima de unos presos que se hacen llamar funcionarios».

«Nos golpearon con tubos», dijo, y responsabilizó a la ministra del Servicio Penitenciario, al fiscal Tarek William Saab y a Nicolás Maduro de la situación y posibles represalias en su contra. 

El observatorio denunció que una de las cuatro víctimas tiene diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA) lo que, a juicio del OVP, constituye una doble violación flagrante de sus derechos humanos y arroja luces sobre las consecuencias de un sistema penitenciario «sin diferenciación de género y mucho menos de condición mental».

 

El Observatorio Venezolano de Prisiones solicitó una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial del hecho por parte de los organismos del Estado. También, investigar las acciones del funcionario Geomar Cabrera, alias “El Federal”, quien manipula al resto de la población penal para que arremetan contra los presos políticos.