Observatorio Venezolano de la Violencia

El confinamiento ha representado para gran parte de la población, necesidades y carencias

En el mes de abril, en la población de Santa Cruz de Mora, un hombre de 39 años se quitó la vida, aparentemente producto de una depresión. De acuerdo a la reseña de los medios, la víctima se ahorcó en su residencia luego de sobrellevar una depresión por no poder salir a trabajar como obrero. Por otro lado, información emanada desde el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (IAHULA), a través de una fuente que por razones de seguridad no quiso identificarse, confirmó que durante las últimas dos semanas se han atendido dos casos por intento de suicidios en el área de psiquiatría. Fueron dos mujeres, una embarazada que, por no tener la manera de atender a ese hijo que viene en camino, atentó contra su vida. El otro caso se trató de una mujer con trastornos mentales afectada por el encierro.

Gustavo Páez, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia en Mérida (OVV Mérida), manifestó su preocupación por cuanto afrontar una cuarentena en un país como Venezuela, sumergido en una profunda crisis económica, social y política, no es tarea sencilla. “Estamos en un país donde las familias no pueden contar con ahorros y existe una de las inflaciones más elevadas del mundo, donde no se puede acceder a alimentos en cantidad y calidad, bien sea porque sus ingresos mensuales no le alcanzan o porque son escasos. A eso se le agrega que los servicios públicos esenciales están lejos de funcionar de manera óptima, además que una gran parte de las familias sobreviven por medio de empleos informales. Con estas circunstancias, entre otras, es muy difícil sobrellevar una medida de cuarentena”, explicó Páez.

La preocupación del OVV no sólo viene dada por las circunstancias presentadas en Mérida. Sin ir muy lejos, en el vecino estado Trujillo, durante una semana hubo tres suicidios, según reportes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de esa entidad y que fueron reseñados por los medios regionales. La información suministrada por el cuerpo de seguridad fue que, en todos los casos, estuvo presente la depresión como causa principal, acentuada por el encierro obligatorio y precarias condiciones económicas.

Cabe señalar que en una investigación reciente desarrollada por el OVV Mérida, titulada “Una aproximación al estudio del suicidio en Venezuela”, el estado Trujillo resultó ser la entidad con la mayor tasa de suicidios del país, después del estado Mérida. “Lo ocurrido en Trujillo es una muestra más de lo que podría seguir aconteciendo en diferentes estados de Venezuela. Están dadas las condiciones para que se generen pensamientos y emociones negativas en los venezolanos, que lleven a muchos a padecer cuadros depresivos y de ansiedad que los conduzcan a tomar decisiones equivocadas”, enfatizó Páez.

A manera de prevención

No caben dudas que las condiciones, tal como lo ha dicho el representante del OVV Mérida, están dadas para que los cuadros de angustia se presenten, casi de forma natural. Ya muchos especialistas se han adelantado a avizorar situaciones que pondrían en peligro la salud mental de quienes están confinados en sus hogares a causa de la pandemia.

En opinión de Páez, es necesario que la población no caiga en desesperación, aun cuando está claro que la situación que se vive no es sencilla. “El llamado es a la calma y la cordura. Es necesario tener pensamientos positivos, pues la cuarentena es una realidad temporal que hay que aprender a sobrellevar. Una manera es encontrar alternativas que llenen nuestra atención hacia algo más productivo y placentero. En caso de necesitar ayuda, es conveniente buscarla con los profesionales. Siempre es necesario que la familia esté pendiente de quienes presentan actitudes depresivas y de desánimo dentro del hogar”, señaló Páez.

Precisamente para proporcionar ayuda profesional a quien lo requiera, se está atendiendo, durante la cuarentena, en la Unidad Psiquiátrica de Agudos (UPA) ubicada detrás del Hospital Sor Juana Inés de la Cruz, cuya atención para casos de emergencia es de 24 horas al día. Cabe destacar que este centro asistencial está situado en la avenida Las Américas, en las inmediaciones del Ambulatorio Venezuela.

En el país, se han activado varios grupos de apoyo que ofrecen ayuda a quienes lo necesitan. Por ejemplo, la Federación de Psicólogos de Venezuela está ofreciendo ayuda gratuita a la población; de hecho en su página www.fpv.org.ve ofrece una guía de apoyo emocional en tiempos de Covid-19. Dicha publicación ofrece tips para sobrellevar la cuarentena. Entre otros muchos consejos, la organización recomienda informarse sobre la enfermedad y sus consecuencias, pero no saturarse de información que pueda afectarle. Otro aspecto importante -se deja ver en las recomendaciones- es que se debe estar consciente que éste es un período transitorio y que el confinamiento no será para siempre. Es importante -dice la guía- que las personas identifiquen los pensamientos que puedan generarle malestar y se tomen las acciones que le hagan sentir mejor. En la cuenta de twitter @fpv_vzla, la federación ofrece ayuda permanente a través de la línea 0212-416.31.16 o 0212-416.31.18.

Atención Psicológica es una iniciativa auspiciada por la Unión Europea, el Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos (CISP) y la Cruz Roja Internacional, para atender, bien sea a través de WhatsApp, mensaje de texto o llamadas, todos los días de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. En este programa se ofrece apoyo emocional y orientación profesional para toda Venezuela. Los números de atención son 0414-735.14.86 o 0416-720.70.96.

De no hacerlo solo le suministran 40 litros de combustible

Durante las últimas cuatro semanas de cuarentena obligatoria en el estado Aragua, transportistas que distribuyen alimentos desde y hacia la entidad, denuncian que tienen que pagar vacunas en divisas a los funcionarios responsables de las diferentes estaciones de servicio que abastecen al transporte pesado, para que autoricen el llenado del tanque, ya que de no hacerlo sólo le suministran 40 litros de combustible, que no les permite hacer el recorrido de ida y vuelta a la capital del país.

Explican los afectados, quienes no quisieron revelar su identidad por temor a ser víctimas de represalias, que esta situación implica un incremento económico en los costos del traslado y también representa una pérdida innecesaria de tiempo, que termina compensándose con el incremento final que tienen los diferentes rubros a nivel del consumidor.

Los entrevistados finalizan denunciando que el Estado debe identificar y controlar a estos inescrupulosos funcionarios que, valiéndose de su investidura, negocian y se enriquecen ilícitamente a costa de provocar la pérdida de la poca y maltrecha soberanía alimentaria que afecta la disponibilidad y acceso de los alimentos de la población aragüeña y de la zona centro norte costera y central del país.

De acuerdo a la ENCOVI 2017, casi 50% de los ciudadanos califican el trabajo policial como malo o muy malo

En Venezuela, la desconfianza existente hacia los cuerpos de seguridad del Estado es una creencia compartida y extensa entre todos los ciudadanos, quienes perciben a los funcionarios policiales como una amenaza y no como grupos de apoyo y resguardo a la vida.

Esta última premisa alcanza el 90% en ciudadanos que residen sectores populares y 84% en los sectores medios y altos (LACSO-OVV, 2015).

Además, para 2017, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI, 2017), casi 50% de los ciudadanos califican el trabajo policial como “malo” o “muy malo” y el 65% de los venezolanos optaba por la no denuncia del delito como respuesta ante la inseguridad.

No obstante, en los últimos años el deterioro de los organismos y su relación estrecha con el crimen, se ha ampliado de forma alarmante.

Según los datos de Monitor de Víctimas en 2018, 50,04% de los homicidios son responsabilidad de fuerzas de seguridad del Estado y las ejecuciones extrajudiciales fueron el móvil del homicidio más reportado (27% del total de homicidios en el Área Metropolitana de Caracas). Además, son reiteradas las denuncias y reclamos ciudadanos que vinculan a los funcionarios policiales en distintos delitos.

Esta percepción y actuación negativa de los policías se ha instaurado en el poder. En Venezuela una primera forma de abordar esta problemática consiste en hacer un proceso de reingeniería del personal policial con el objetivo de desmontar el nivel de penetración del crimen que ha tenido dentro de los organismos de seguridad.

Por ello, desde la Unidad de Conocimiento de Caracas Mi Convive, nos hemos planteado cómo se debería dar este proceso de reforma y depuración policial, basado en experiencias similares en países de la región y la reorganización interna pertinente para mejorar el funcionamiento de los organismos de seguridad.

La depuración colombiana

El proceso de reforma policial en Colombia dio inicio con la llegada al poder del presidente César Gaviria en 1993. Para ese momento, la policía colombiana se encontraba altamente contaminada por organizaciones criminales relacionadas con las mafias del narcotráfico y la desconfianza ciudadana hacia los policías era rotunda. Por lo que la situación de violencia era abrumadora y tenía a la sociedad colombiana aterrorizada por los incesantes actos terroristas que eran perpetrados en las grandes ciudades de Colombia. (Elizondo Mayer-Serra y Magaloni Kerpel, 2009).

El presidente Gaviria asignó la responsabilidad de llevar a cabo esta gran reforma y limpieza policial al entonces ministro de Defensa, Rafael Pardo Rueda. Este último, encomendó la creación de dos grandes “comisiones” de carácter consultivo, una interna y otra externa. En el marco de estas ambas instancias, se aprobó una ley y cincuenta decretos para aplicarla. (Elizondo Mayer-Serra y Magaloni Kerpel, 2009).

En los años siguientes, específicamente entre 1995 a 2001, se abrió el espacio para un amplio proceso de depuración policial . Como eje fundamental de esta “limpieza policial”, fue el denominado “Programa de Transformación Cultural y Mejoramiento Institucional” cuyo Plan de Transparencia permitió la depuración interna, otorgando atribuciones especiales a través de dos decretos presidenciales, al director general de la policía. Particularmente, estos decretos dieron una “facultad discrecional” al director general de la policía de despedir a un policía según la recomendación de los dos comités creados para ello, el Comité de Evaluación de Oficiales Superiores y el Comité de Evaluación de Oficiales Subalternos, sin la necesidad de pasar por una investigación en su contra (Elizondo Mayer-Serra y Magaloni Kerpel, 2009).

Gracias a este proceso de depuración y transparencia policial, según lo reseña el investigador Pablo Casas Dupuy , hubo un impacto importante a lo interno de la institución y se logró elevar la imagen de la Policía e inculcar la consecución de la transparencia y el rechazo policial. Para 2002, casi diez despúes de comenzar la depuración, 72% de los colombianos tenían una imagen favorable de la policía; en 1993, solo 21% valoraban positivamente la acción policial.

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Recordaron al gobierno de Maduro que Fuerza Armada Nacional  y policías deben subordinarse al liderazgo de autoridades civiles, priorizando las tomas de decisiones según criterios técnicos, científicos y sanitarios

100 ONG venezolanas se pronunciaron en torno a la llegada del Coronavirus a Venezuela y exigieron el respeto a los derechos fundamentales.

«Reconocemos que el derecho internacional permite el uso de poderes de emergencia a los Estados para enfrentar situaciones graves como la actual epidemia de COVID-19. Reiteramos que los derechos humanos deben ser, desde el principio, parte esencial de todas las iniciativas de prevención, preparación, contención y tratamiento del COVID-19. El respeto a la dignidad humana es esencial en todas las etapas de la crisis», reza el comunicado.

Las ONG enumeraron los siguientes aspectos:

1) Todas las autoridades y sectores de la sociedad deben enfrentar la epidemia colocando en primer lugar la salud y bienestar de la población, uniendo esfuerzos para colaborar en todas las iniciativas de prevención, preparación, contención y tratamiento del COVID-19.

2) Se debe garantizar el trabajo de los actores humanitarios y los defensores de derechos humanos. El Estado tiene la obligación de solicitar toda la asistencia nacional e internacional necesaria para atender las necesidades de las personas que pudieran ser afectadas, y que el trabajo de estos actores humanitarios y de derechos humanos pueda realizarse sin restricciones y represalias.

3) La actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y policías debe respetar derechos humanos, evitando arbitrariedades, y subordinarse al liderazgo de las autoridades civiles, priorizando las tomas de decisiones según criterios técnicos, científicos y sanitarios. Debe prohibirse las actuaciones de grupos de civiles armados en labores de orden público y debe establecerse una vocería coordinada, encabezada por las autoridades sanitarias, que evite los mensajes confusos para garantizar mejor orientación y mayor confianza en la población.

4) La implementación de la cuarentena debe informar suficientemente sobre su alcance, protocolos de movilización para el acceso a alimentos y atención médica, garantizando el mayor disfrute posible de los servicios básicos como el acceso a agua y energía eléctrica. Además, debe incorporar políticas para garantizar los medios de vida de la toda la población, con especial foco en los sectores más vulnerables, como los trabajadores informales y por cuenta propia, adultos mayores y personas en situación de pobreza, personas privadas de libertad, personas en situación de calle, que no cuentan con recursos acumulados para permanecer en aislamiento durante un largo período de tiempo. Los beneficios de estas medidas deben ser distribuidos a través de mecanismos no discriminatorios. Una cuarentena, según el derecho internacional, debe ser de duración limitada, ser revisada periódicamente e implementada de manera segura y respetuosa para disminuir los riesgos en el pleno disfrute de los derechos humanos.

5) El acceso a la información es un aspecto clave de las garantías del derecho a la salud de la población. La difusión de información debe hacerse de manera responsable, evitando alarmas innecesarias en la población y debe garantizarse que el trabajo de los medios de comunicación pueda realizarse sin restricciones adicionales al de las condiciones que eviten el contagio de sus trabajadores. Deben retirarse las restricciones actuales que impiden la consulta a diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales. Deben publicarse los boletines sanitarios que dejaron de publicarse desde 2006 y mantener información trasparente en materia epidemiológica.

6) Se deben colocar todos los recursos disponibles para que la atención médica necesaria sea accesible a todos los sectores de la población, especialmente a los sectores vulnerables, de bajos ingresos y residentes en zonas remotas. Deben tomarse todas las medidas posibles para proteger a los trabajadores del sector salud, incluyendo el que cuenten con todos los insumos, equipos y condiciones necesarias para realizar su labor en las actuales circunstancias.

7) La medidas de restricción de movilidad deben adoptarse de tal manera que no produzcan desabastecimiento, no impidan la asistencia a centros médicos para tratamientos regulares necesarios para no agravar condición de salud y atender los casos de personas que quedaron en terminales sin recursos y posibilidades de trasladarse.

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Civilis Derechos Humanos
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Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos
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GobiérnaTec
ACCSI Acción Ciudadana Contra el SIDA
Movimiento SOMOS
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Asociacion Venezolana para la Hemofilia
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FundaRedes
Ipys Venezuela
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A.C Los Naguaritos
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Liga Merideña contra el Sida
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Justicia y Paz OP Vnezuela
Asociación Civil NUPAZ
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Promoción Educación y Defensa en DDHH – PROMEDEHUM
Observatorio Venezolano de Violencia
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SOS Pacientes Renales
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Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional
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Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET)
Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco
FUNCAMAMA
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Defiende Venezuela
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Monitor Social AC
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Ciudadanía con Compromiso A.C

Gloria perdomo, coordinadora del Observatorio Venezolano de la Violencia, dijo que las 2.113 muertes de niños, adolescentes y jóvenes en 2019 a manos de funcionarios de cuerpos de seguridad revela la falta de compromiso con la legalidad y los derechos humanos del Estado 

@franzambranor

14 muertes violentas diarias de niños, adolescentes y jóvenes se registraron en Venezuela durante 2019, según el informe de Juventud del Observatorio Venezolano de la Violencia.

Fueron en total 5076 niños, adolescentes y jóvenes asesinados el año pasado, víctimas de homicidios y de supuesta resistencia a la autoridad.

“Son muertes totalmente prevenibles si en el país tuviésemos políticas de seguridad. Es inadmisible que sigan muriendo jóvenes por la acción equivocada de las autoridades públicas”, dijo la coordinadora del Observatorio Venezolano de la Violencia, Gloria Perdomo.

La cifra de 5076 niños, adolescentes y jóvenes fallecidos representa una reducción del 34,5% con respecto a 2018. Hace dos años, hubo 14736 muertes violentas de niños, adolescentes y jóvenes, a razón de 40 asesinatos por día.

“Siguen siendo muy altas las cifras de muertes por violencia y especialmente a manos de funcionarios. 2.963 fueron por homicidios y 2.113 por casos de resistencia a la autoridad. 2113 es un número alarmante, en cualquier otro país sería objeto de una profunda investigación”, indicó Perdomo.

La coordinadora del OVV sostuvo que la reducción de muertes no es producto de una política de Estado, sino de diversos factores como la pérdida de oportunidades para la acción delictiva y la migración.

“En materia de resistencia a la autoridad uno no puede plantearse que sea algo valioso, esas cifras deberían estar en cero. La política de Estado no puede ser aniquilar a las personas y presentarlas como presuntos delincuentes que ni siquiera han sido debidamente identificados”. señaló Perdomo.

La también profesora universitaria e investigadora indicó que los términos “resistencia a la autoridad” son empleados por el Estado en procura de esconder una actuación de funcionarios que de ninguna manera está clara.

“Usamos resistencia a la autoridad no porque compartamos ese tipo de práctica. La denominación la está haciendo el gobierno y denunciamos que bajo esa categoría se está ocultando una actuación que es tremendamente dudosa”, expuso Perdomo.

Ejecuciones y no enfrentamientos

“La policía mata a quien se le enfrenta. La mayoría no son enfrentamientos, sino ejecuciones extrajudiciales”, dijo Ronna Rísquez, coordinadora de Monitor de Víctimas y editora en español de Insight Crime.

En el informe de 2018, la OVV contabilizó 5.364 casos de muertes por resistencia a la autoridad entre jóvenes menores de 30 años, lo que representa el 71% del total de las víctimas (7.523).

“Esa categoría de resistencia a la autoridad lo que refleja es la letalidad en Venezuela. Tanto los datos de ONGs como Provea y Cofavic, además de los recabados por Monitor de Víctimas a través de testimonios de familiares apuntan a que esos casos de supuesta resistencia a la autoridad son en realidad ejecuciones extrajudiciales”, agregó Rísquez, quien señaló que desde finales de 2019, el gobierno no incluye el rubro resistencia a la autoridad en sus informes sobre violencia en Venezuela porque se percató que era una cifra que ha venido aumentando considerablemente.

Para Gloria Perdomo la intención del informe del OVV es hacer reflexionar a las autoridades para que se tomen los correctivos. “De ninguna manera podemos aceptar que haya un grupo de funcionarios que pretenda convertirse en los que deciden quien vive y quien muere en Venezuela”. 

Informe OVV Juventud de 2019 en cifras

-Miranda fue el estado con mayor cantidad de muertes violentas de niños y jóvenes en 2019 con 771, seguido de Zulia con 548, Bolívar con 424, Aragua con 385 y Distrito Capital con 345.

–41% de las muertes por resistencia a la autoridad ocurrieron contra jóvenes entre 18 y 29 años.

-Cada día de 2019 murieron 14 niños y jóvenes por razones violentas, 6 de ellos por la actuación letal de los cuerpos policiales. 

-De los 5.076 niños, adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes que murieron de forma violenta en 2019, 2.661 tienen entre 18 y 24 años, 1.921 entre 25 y 29 años, 392 entre 12 y 17 años y 102 entre 0 y 11 años.

-De los 5.076 niños, adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes muertos, 4.836 son hombres y 234 son mujeres. 41 de las 101 víctimas de 0 a 11 años son mujeres, 342 de los 392 muertos de 12 a 17 años son hombres, 2.584 de las 2659 víctimas de 18 a 24 años son hombres jóvenes y 1.850 de los 1918 muertos de 25 a 29 años son hombres jóvenes adultos.

-El 43% del total de homicidios contra mujeres tiene como víctimas a niñas adolescentes y jóvenes. 

-La muerte de 5076 niños, adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes representa un 42,7% del total de decesos que ocurrieron en el país durante 2019.

-De los 2.661 muertos con edades comprendidas entre 18 y 24 años, 1474 corresponden a homicidio y 1187 a resistencia a la autoridad. De 25 a 29 años, 1064 son por homicidio y 857 a resistencia a la autoridad; de 12 a 17 años, 325 por homicidio y 67 por resistencia a la autoridad y de 0 a 11 años, 100 por homicidio y 2 por resistencia a la autoridad.

-La tasa más elevada corresponde a adultos-jóvenes entre 25 y 29 años (85,3 dividida entre 47,2 por homicidio y 38,1 por resistencia a la autoridad). Le sigue jóvenes de 18 a 24 años con 81,6 (45,2 por homicidio y 36,4 por resistencia a la autoridad), mayores de 30 años con 51,0 (28,0 por homicidio y 23,0 por resistencia a la autoridad), adolescentes de 12 a 17 años 13,6 (11,3 por homicidio y 2,3 por resistencia a la autoridad) y niños de 0 a 11 años 1,8 (1,8 por homicidios y 0,0 por resistencia a la autoridad).

-Las mujeres jóvenes perdieron entre 1 y 1,6 años de esperanza vida en las dos últimas décadas, mientras que los hombres presentaron una pérdida de 1,40 a 2,42 en el mismo lapso.

-Se estima que en Venezuela han ocurrido entre 174 y 177 mil homicidios de hombres jóvenes (15 a 29 años) en las últimas dos décadas.

En el informe de la ONG se incluyen las víctimas de homicidios y de resistencia a la autoridad tanto de cuerpos policiales como militares

5.076 niños, adolescentes y jóvenes menores de 30 años fueron asesinados durante el 2019 en Venezuela, a razón de 14 muertes violentas por día, según un informe de la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV).

«En Venezuela cada día del año 2019 murieron 14 niños y jóvenes por razones violentas. Son muertes que se pudieron evitar, que no tienen por qué ocurrir si el país cuenta con programas, acciones y servicios que decidan intervenir en las situaciones que ocasionan estas muertes», se lee en el estudio.

En este informe se incluyen las víctimas de homicidios y de resistencia a la autoridad tanto de cuerpos policiales como militares.

De las 5.076 víctimas del año pasado, 102 muertes correspondieron a niños con edades de 0 a 11 años, 392 personas tenían de 12 a 17 años, en 2.661 casos las víctimas tenían de 18 a 24 años y, finalmente, fueron contabilizadas 1.921 personas con edades comprendidas de 25 a 29 años.

La ONG detalló que 234 de las víctimas fatales eran niñas o mujeres jóvenes, un 5 % del total de las muertes entre los menores de 30 años.

Las muertes violentas de menores de 30 años del año 2019 disminuyeron con respecto al anterior, pues en 2018 se contabilizó un promedio de 40 asesinatos cada día, para un total de 14.736 víctimas, según los datos del Observatorio.

Con información de EFE

Tiene una tasa de 61 muertes violentas y 31 homicidios por cada 100 mil habitantes

Durante el año 2019, Sucre fue el sexto estado más violento del país, de acuerdo al Informe Anual presentado por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).

Con una tasa de 61 muertes violentas y 31 homicidios por cada 100 mil habitantes, la entidad oriental se ubicó detrás de Miranda, Bolívar, Aragua, Distrito Capital y Guárico.

El coordinador del OVV Sucre, Jesús Subero, indicó que los resultados no son alentadores frente a la emergencia humanitaria compleja que compromete el desarrollo del país, pues la criminalidad se ha adaptado a las oportunidades que le ofrece el  empeoramiento de las condiciones de vida de la sociedad.

De acuerdo al Informe Anual del OVV, Sucre se encuentra entre las diez entidades más violentas del país “en la lista decreciente de altas tasas, junto a territorios que no lo fueron históricamente como Amazonas, Cojedes y Delta Amacuro, y que expresan los procesos de ruralización de la violencia y los cambios en las oportunidades del delito con las rutas del tráfico de drogas y la minería ilegal que han modificado la geografía de la violencia”.

En la tasa del estado Sucre, el municipio Cajigal (Yaguaraparo) fue el más violento con 184 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, seguido de Valdez (Güiria) con 151 y Mariño (Irapa) con 143. Mientras Andrés Eloy Blanco (Casanay) registró 104 muertes, Cruz Salmerón Acosta (Araya) 68, Montes (Cumanacoa) 65 y Sucre (Cumaná) 53.

En ese sentido, Subero refirió que 90% de las víctimas pertenecían al sexo masculino y 87% tenían edades comprendidas entre los 15 y 39 años, con lo cual, la violencia e inseguridad compromete el desarrollo de hombres jóvenes en edades productivas.

En cuanto al horario en que se cometieron los delitos, el monitoreo arrojó que 70% de los sucesos ocurrieron durante la semana, 53% en horas del día y 84% ocurrieron en la calle, mientras 8% se registraron en la casa de la víctima.

La situación de violencia e inseguridad en el estado Sucre ha propiciado la presencia de una red delincuencial o circuito criminal, que tiene su ámbito de operaciones en la troncal nueve (desde Puerto La Cruz hasta Güiria) y 10 (Cariaco-Maturín-hasta Santa Elena de Uairén en el estado Bolívar).

Las actividades criminales que se desarrollan en estos dos corredores viales tienen como norte el interés de desplazarse hacia la zona del Golfo de Paria en los municipios Valdez, Arismendi, Mariño, Cajigal y Libertador, en los cuales se ha fortalecido el comercio ilegal de contrabando de drogas, oro cobre gasoil y trata de personas, que tienen como objetivo su traslado hacia las islas del Caribe.

Letalidad policial

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), Venezuela vive una epidemia de violencia policial, porque las muertes por homicidios duplican la tasa de diez víctimas por cada 100 mil habitantes y así lo refleja el Informe Anual del OVV.

“La epidemia de violencia policial se ha expandido por todo el territorio nacional. Las prácticas de letalidad en la actuación policial dejaron de ser un hecho aislado, propio del abuso de un funcionario, o un problema que sólo se asociaba a determinado cuerpo de policía: al parecer, fueron asumidas como política o pauta de la actuación policial”, precisó el informe.

En el estado Sucre las acciones de letalidad policial han dejado cicatrices que la sociedad no olvidará, como consecuencia de la aplicación de programas de seguridad nacional por parte del régimen durante los últimos 20 años, aunado a los abusos implementados como mecanismos de exterminio de la delincuencia que se ha fortalecido para controlar pueblos y caseríos, que en otrora eran considerados tranquilos.

En 62% de los sucesos el victimario era desconocido y 29% perteneció a un cuerpo de seguridad. Mientras el móvil fue, en 27% de los casos, por resistencia a la autoridad y 24% por ajuste de cuentas. 84% de los delitos fueron cometidos con armas de fuego.

La desinformación ha sido un factor clave para los abusos de autoridad cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado, pues familiares de las víctimas no cuentan con prensa escrita en la entidad sucrense para denunciar públicamente los hechos y el panorama ha sido propicio para la manipulación por parte de las autoridades gubernamentales.

Los casos de ajusticiamiento y letalidad policial en territorio sucrense se han convertido en una constante difícil de documentar por los factores mencionados, así como por las dificultades de comunicación que retrasan el desarrollo de la entidad y son aprovechados por la delincuencia que se ha desplazado desde el interior del país para utilizar las poblaciones sucrenses como refugio y ejercer el control del territorio para el fortalecimiento de delitos como el tráfico de drogas, combustible, personas y rubros como el cacao.

Durante 2019, el OVV Sucre documentó casos de letalidad policial a través del testimonio de familiares de víctimas como parte de una serie de entrevistas y grupos focales que permitieron recopilar y confirmar la situación que se intensificó en julio de 2019 con la entrada de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) a la entidad y que, además, es monitoreada mensualmente por la institución a través del Observatorio de Prensa.

Con ello, el coordinador del OVV Sucre destacó la labor académica realizada por el OVV en ocho entidades del país, dentro de las cuales destaca Sucre a través de la Dirección de Cultura y Extensión de la Universidad de Oriente (UDO), “para vencer dieciséis años consecutivos de censura sistemática de la estadística oficial, manejo oscuro de los archivos criminales y las arbitrarias o inexistentes definiciones de la metadata”.

Se llevaron 12 fusiles y municiones del parque de armas en una camioneta y un camión

Aún el sol no salía, era de madrugada y estaba cerca la víspera de Nochebuena. 12 personas, presuntamente lideradas por un oficial desertor y con él indígenas pemones, tomaron el 513 Batallón de Infantería de Selva Mariano Montilla, ubicado en el sector Luepa del municipio Gran Sabana, al sur del estado Bolívar.

En el hecho se llevaron 12 fusiles y municiones del parque de armas en una camioneta y un camión, después de tomar como rehenes al comandante de la unidad y dos oficiales.

Además, ocurrió otro asalto al 5102 Escuadrón de Caballería Motorizado (Escamoto) Coronel Hermenegildo Mujica Ramos, así como a un puesto de la Policía del estado Bolívar. Sin embargo, fue detenido un militar, identificado como Darwin Malaguera Ruiz, y las autoridades recuperaron el camión donde transportaban 82 fusiles, 60 granadas, un lanzacohetes, una ametralladora, seis bazucas y seis cajas de municiones.

Malaguera Ruiz, al igual que varios de sus compañeros, había desertado de las filas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) el 23 de febrero de 2019 y se asiló en Colombia y Brasil. El joven fue Sargento Mayor de Tercera de la Promoción 84.

Estuvo en Cúcuta, Colombia, desde febrero, y luego se separó del grupo principal junto a otros ex funcionarios que decidieron dirigirse a Brasil. Tras lo sucedido resultó herido y detenido; 16 horas después de los hechos fue que recibió atención médica cuando fue trasladado vía aérea a Ciudad Bolívar y llevado al Hospital Universitario Ruiz y Páez.

Darwin y el pemón Juvencio Gómez, fueron los primeros detenidos por el caso. Luego de ello se dieron allanamientos en dichas comunidades indígenas, así como la aprehensión de al menos 17 personas más, las cuales fueron trasladadas hasta Caracas donde se les imputan delitos de terrorismo y denuncian violación a la autodeterminación de los pueblos indígenas.

Un grupo de indígenas se llegó a trasladar hasta la ciudad capital a fin de denunciar lo que han estado viviendo. Hasta la fecha se desconoce que los mismos hayan tenido respuestas, conozcan de sus condiciones y paradero.

Desde el Observatorio Venezolano de Violencia en Bolívar (OVV Bolívar) instamos a las instituciones del Estado a que garanticen las normas del debido proceso y tutela judicial efectiva, y se avoquen a dar respuestas del caso garantizando el ejercicio de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas afectados.