Tiene una tasa de 61 muertes violentas y 31 homicidios por cada 100 mil habitantes

Durante el año 2019, Sucre fue el sexto estado más violento del país, de acuerdo al Informe Anual presentado por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).

Con una tasa de 61 muertes violentas y 31 homicidios por cada 100 mil habitantes, la entidad oriental se ubicó detrás de Miranda, Bolívar, Aragua, Distrito Capital y Guárico.

El coordinador del OVV Sucre, Jesús Subero, indicó que los resultados no son alentadores frente a la emergencia humanitaria compleja que compromete el desarrollo del país, pues la criminalidad se ha adaptado a las oportunidades que le ofrece el  empeoramiento de las condiciones de vida de la sociedad.

De acuerdo al Informe Anual del OVV, Sucre se encuentra entre las diez entidades más violentas del país “en la lista decreciente de altas tasas, junto a territorios que no lo fueron históricamente como Amazonas, Cojedes y Delta Amacuro, y que expresan los procesos de ruralización de la violencia y los cambios en las oportunidades del delito con las rutas del tráfico de drogas y la minería ilegal que han modificado la geografía de la violencia”.

En la tasa del estado Sucre, el municipio Cajigal (Yaguaraparo) fue el más violento con 184 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, seguido de Valdez (Güiria) con 151 y Mariño (Irapa) con 143. Mientras Andrés Eloy Blanco (Casanay) registró 104 muertes, Cruz Salmerón Acosta (Araya) 68, Montes (Cumanacoa) 65 y Sucre (Cumaná) 53.

En ese sentido, Subero refirió que 90% de las víctimas pertenecían al sexo masculino y 87% tenían edades comprendidas entre los 15 y 39 años, con lo cual, la violencia e inseguridad compromete el desarrollo de hombres jóvenes en edades productivas.

En cuanto al horario en que se cometieron los delitos, el monitoreo arrojó que 70% de los sucesos ocurrieron durante la semana, 53% en horas del día y 84% ocurrieron en la calle, mientras 8% se registraron en la casa de la víctima.

La situación de violencia e inseguridad en el estado Sucre ha propiciado la presencia de una red delincuencial o circuito criminal, que tiene su ámbito de operaciones en la troncal nueve (desde Puerto La Cruz hasta Güiria) y 10 (Cariaco-Maturín-hasta Santa Elena de Uairén en el estado Bolívar).

Las actividades criminales que se desarrollan en estos dos corredores viales tienen como norte el interés de desplazarse hacia la zona del Golfo de Paria en los municipios Valdez, Arismendi, Mariño, Cajigal y Libertador, en los cuales se ha fortalecido el comercio ilegal de contrabando de drogas, oro cobre gasoil y trata de personas, que tienen como objetivo su traslado hacia las islas del Caribe.

Letalidad policial

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), Venezuela vive una epidemia de violencia policial, porque las muertes por homicidios duplican la tasa de diez víctimas por cada 100 mil habitantes y así lo refleja el Informe Anual del OVV.

“La epidemia de violencia policial se ha expandido por todo el territorio nacional. Las prácticas de letalidad en la actuación policial dejaron de ser un hecho aislado, propio del abuso de un funcionario, o un problema que sólo se asociaba a determinado cuerpo de policía: al parecer, fueron asumidas como política o pauta de la actuación policial”, precisó el informe.

En el estado Sucre las acciones de letalidad policial han dejado cicatrices que la sociedad no olvidará, como consecuencia de la aplicación de programas de seguridad nacional por parte del régimen durante los últimos 20 años, aunado a los abusos implementados como mecanismos de exterminio de la delincuencia que se ha fortalecido para controlar pueblos y caseríos, que en otrora eran considerados tranquilos.

En 62% de los sucesos el victimario era desconocido y 29% perteneció a un cuerpo de seguridad. Mientras el móvil fue, en 27% de los casos, por resistencia a la autoridad y 24% por ajuste de cuentas. 84% de los delitos fueron cometidos con armas de fuego.

La desinformación ha sido un factor clave para los abusos de autoridad cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado, pues familiares de las víctimas no cuentan con prensa escrita en la entidad sucrense para denunciar públicamente los hechos y el panorama ha sido propicio para la manipulación por parte de las autoridades gubernamentales.

Los casos de ajusticiamiento y letalidad policial en territorio sucrense se han convertido en una constante difícil de documentar por los factores mencionados, así como por las dificultades de comunicación que retrasan el desarrollo de la entidad y son aprovechados por la delincuencia que se ha desplazado desde el interior del país para utilizar las poblaciones sucrenses como refugio y ejercer el control del territorio para el fortalecimiento de delitos como el tráfico de drogas, combustible, personas y rubros como el cacao.

Durante 2019, el OVV Sucre documentó casos de letalidad policial a través del testimonio de familiares de víctimas como parte de una serie de entrevistas y grupos focales que permitieron recopilar y confirmar la situación que se intensificó en julio de 2019 con la entrada de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) a la entidad y que, además, es monitoreada mensualmente por la institución a través del Observatorio de Prensa.

Con ello, el coordinador del OVV Sucre destacó la labor académica realizada por el OVV en ocho entidades del país, dentro de las cuales destaca Sucre a través de la Dirección de Cultura y Extensión de la Universidad de Oriente (UDO), “para vencer dieciséis años consecutivos de censura sistemática de la estadística oficial, manejo oscuro de los archivos criminales y las arbitrarias o inexistentes definiciones de la metadata”.