De acuerdo a la ENCOVI 2017, casi 50% de los ciudadanos califican el trabajo policial como malo o muy malo

En Venezuela, la desconfianza existente hacia los cuerpos de seguridad del Estado es una creencia compartida y extensa entre todos los ciudadanos, quienes perciben a los funcionarios policiales como una amenaza y no como grupos de apoyo y resguardo a la vida.

Esta última premisa alcanza el 90% en ciudadanos que residen sectores populares y 84% en los sectores medios y altos (LACSO-OVV, 2015).

Además, para 2017, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI, 2017), casi 50% de los ciudadanos califican el trabajo policial como “malo” o “muy malo” y el 65% de los venezolanos optaba por la no denuncia del delito como respuesta ante la inseguridad.

No obstante, en los últimos años el deterioro de los organismos y su relación estrecha con el crimen, se ha ampliado de forma alarmante.

Según los datos de Monitor de Víctimas en 2018, 50,04% de los homicidios son responsabilidad de fuerzas de seguridad del Estado y las ejecuciones extrajudiciales fueron el móvil del homicidio más reportado (27% del total de homicidios en el Área Metropolitana de Caracas). Además, son reiteradas las denuncias y reclamos ciudadanos que vinculan a los funcionarios policiales en distintos delitos.

Esta percepción y actuación negativa de los policías se ha instaurado en el poder. En Venezuela una primera forma de abordar esta problemática consiste en hacer un proceso de reingeniería del personal policial con el objetivo de desmontar el nivel de penetración del crimen que ha tenido dentro de los organismos de seguridad.

Por ello, desde la Unidad de Conocimiento de Caracas Mi Convive, nos hemos planteado cómo se debería dar este proceso de reforma y depuración policial, basado en experiencias similares en países de la región y la reorganización interna pertinente para mejorar el funcionamiento de los organismos de seguridad.

La depuración colombiana

El proceso de reforma policial en Colombia dio inicio con la llegada al poder del presidente César Gaviria en 1993. Para ese momento, la policía colombiana se encontraba altamente contaminada por organizaciones criminales relacionadas con las mafias del narcotráfico y la desconfianza ciudadana hacia los policías era rotunda. Por lo que la situación de violencia era abrumadora y tenía a la sociedad colombiana aterrorizada por los incesantes actos terroristas que eran perpetrados en las grandes ciudades de Colombia. (Elizondo Mayer-Serra y Magaloni Kerpel, 2009).

El presidente Gaviria asignó la responsabilidad de llevar a cabo esta gran reforma y limpieza policial al entonces ministro de Defensa, Rafael Pardo Rueda. Este último, encomendó la creación de dos grandes “comisiones” de carácter consultivo, una interna y otra externa. En el marco de estas ambas instancias, se aprobó una ley y cincuenta decretos para aplicarla. (Elizondo Mayer-Serra y Magaloni Kerpel, 2009).

En los años siguientes, específicamente entre 1995 a 2001, se abrió el espacio para un amplio proceso de depuración policial . Como eje fundamental de esta “limpieza policial”, fue el denominado “Programa de Transformación Cultural y Mejoramiento Institucional” cuyo Plan de Transparencia permitió la depuración interna, otorgando atribuciones especiales a través de dos decretos presidenciales, al director general de la policía. Particularmente, estos decretos dieron una “facultad discrecional” al director general de la policía de despedir a un policía según la recomendación de los dos comités creados para ello, el Comité de Evaluación de Oficiales Superiores y el Comité de Evaluación de Oficiales Subalternos, sin la necesidad de pasar por una investigación en su contra (Elizondo Mayer-Serra y Magaloni Kerpel, 2009).

Gracias a este proceso de depuración y transparencia policial, según lo reseña el investigador Pablo Casas Dupuy , hubo un impacto importante a lo interno de la institución y se logró elevar la imagen de la Policía e inculcar la consecución de la transparencia y el rechazo policial. Para 2002, casi diez despúes de comenzar la depuración, 72% de los colombianos tenían una imagen favorable de la policía; en 1993, solo 21% valoraban positivamente la acción policial.

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