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#MonitordeVíctimas | Lo asesinaron por una deuda de 10 dólares
Al joven de 21 años lo mataron en Carapita. Al día siguiente, en horas de la madrugada, otro muchacho de 20 años cayó por un disparo en la cabeza

@loremelendez  

 

Una discusión entre conocidos terminó en una tragedia. Kelvin José Pérez Benítez, de 21 años, fue asesinado por un hombre al que le debía 10 dólares poco después de tener un altercado en plena calle, a las 4:00 pm.

El hecho ocurrió el sábado 30 de noviembre en el sector 1 de Mayo de Carapita. Pérez Benitez estaba allí cuando fue sorprendido por su victimario, que comenzó a reclamarle la deuda. Poco después sacó una pistola y le disparó cuatro veces. Le quitó todas sus pertenencias.

El muchacho fue trasladado por vecinos hasta el Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño. Allí lo ingresaron y operaron. Pero, después de la cirugía, murió. Eran las 11:30 pm

El joven trabajaba en una fábrica de zapatos y vivía alquilado en una habitación en Carapita desde hacía tres meses. Era el mayor de tres hermanos.

Muerto cuando celebraba su cumpleaños

En la calle principal de El Cerrito en Mesuca, Petare, ocurrió otro homicidio. Allí amaneció el cadáver de César Antonio Acosta Tanier, de 20 años, el pasado domingo 1 de diciembre. Tenía un disparo en la cabeza que, según la versión de los vecinos, le fue propinado alrededor de las 3:00 am. Aunque escucharon los disparos, nadie salió a auxiliarlo. El cuerpo fue recogido 8 horas después, a las 11:00 am.

Familiares del joven desconocen la razón del asesinato, aunque no descartan que se haya tratado de un robo porque le quitaron sus documentos y teléfono. Su padre, Elvis Acosta, habló con él la noche del sábado 30 de noviembre, pues estaba de cumpleaños. Alrededor de las 9:00 pm, el muchacho le comentó que estaba celebrando en la calle con unos amigos. “Yo le dije que se fuera para la casa, que era muy tarde, pero no me hizo caso. En la mañana, me avisaron que estaba muerto”, contó Elvis Acosta.

Acosta Tanier trabajaba en el Mercado de Mesuca, donde tenía un puesto de venta de comida procesada. Era padre de un niño y el menor de sus tres hermanos.

 

#MonitorDeVíctimas | “Resistencia a la autoridad” y el derecho a la vida: un recordatorio sobre la universalidad de los derechos humanos
El Gobierno venezolano justifica estas acciones bajo la figura de “muertes por resistencia a la autoridad” entre el cuerpo policial y un delincuente. Sin embargo, la evidencia registrada por Monitor de Víctimas muestra que el 73% de los homicidios en manos de las fuerzas del orden ocurren dentro de los hogares de las mismas víctimas.

Foto Carlos Ramírez | Monitor de Víctimas

¿Acaso existen vidas más humanas que otras? La Declaración Universal de los Derechos Humanos promulgada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 establece la cualidad universal de estos derechos. A nivel conceptual, parece haber un consenso global, pero a nivel práctico, todavía existen actores que promulgan que el derecho a la vida no es universal.

Un ejemplo claro han sido las políticas represivas que llevan a cabo las fuerzas de seguridad del Estado venezolano, también conocidas como políticas de mano dura, que implican que existen vidas que vale la pena proteger y otras que tienen que ser eliminadas. De acuerdo con Monitor de Víctimas, en el 2019 más de un tercio del total de las muertes violentas han sido responsabilidad de los organismos de seguridad. Siete de cada diez de estas muertes han sido responsabilidad de las FAES.

El Gobierno venezolano justifica estas acciones bajo la figura de “muertes por resistencia a la autoridad” entre el cuerpo policial y un delincuente. Sin embargo, la evidencia registrada por Monitor de Víctimas muestra que el 73% de los homicidios en manos de las fuerzas del orden ocurren dentro de los hogares de las mismas víctimas. La verdad sea dicha, es poco usual que un delincuente ponga en riesgo a sus familiares enfrentándose con armas a los organismos de seguridad.

La justificación del enfrentamiento para asesinar a otro está completamente en contra del derecho a la vida. Los activistas de Derechos Humanos en Venezuela nos tenemos que enfrentar a una tarea muy parecida a la que tuvo que lidiar la sociedad después de ver los horrores de la segunda guerra mundial: recordarle al mundo la universalidad de los Derechos Humanos. Esta es una deuda profunda que no solo tenemos con las personas que fueron injustamente asesinadas por fuerzas policiales y militares, sino con sus familiares también.

En el año 2018, desde Caracas Mi Convive publicamos un libro que recoge los testimonios de siete familiares de víctimas de las Operaciones de Liberación del Pueblo: Cuando Suben los de Negro. El título surgió de la forma como los familiares describieron a los funcionarios vestidos de negro y enmascarados que suben a las comunidades. Para estas siete familias, la prioridad es que se aclare que sus hijos y hermanos no eran delincuentes. El llanto, el dolor y el recuerdo giraban en torno a una lucha tanto interna como externa de probar que lo que dice el Estado es mentira, que la persona que habían matado no era un delincuente.

Enfrentarse a estas vivencias fue algo que me impactó profundamente. El añorar a alguien que ya no está suele ser una de las vivencias humanas más privadas. Sin embargo, en estas familias conseguí que el horror de las políticas de mano dura tienen la capacidad de penetrar hasta lo más profundo del ser humano, distorsionándolo con la sola intención de deshumanizar al otro.

Aunque hace 71 años, cuando fue promulgada la Declaración Universal de los Derechos Humanos se hizo énfasis en su cualidad inalienable, la verdad es que no siempre en nuestra historia los derechos humanos han sido concebidos iguales para todos. Nuestro presente tiene similitudes con los años previos de la declaración, donde parecía que existían seres humanos más humanos que otros. Durante la Segunda Guerra Mundial el filósofo alemán, Martin Heidegger, hablaba del judaísmo como una amenaza a la humanidad. Ya todos sabemos cómo culminó esa historia.

Tras los horrores de la guerra, cuando Albert Camus recibió el Premio Nobel de Literatura en 1957, propuso que la lucha debía ser la de la legitimidad, la de volver a darle importancia a las cosas que estos conflictos pretendieron destruir. En Venezuela, tenemos el deber de comenzar desde ahora la lucha por la legitimidad de la vida sobre el cuestionamiento de la “resistencia a la autoridad”.

#MonitorDeVíctimas | Lo mataron de seis disparos y su hijo de 10 años de edad quedó herido
Danny José García era comerciante y murió en el hospital Universitario de Caracas. Dejó tres hijos menores de edad

@SandraGuerrero1 / Fotografias Carlos Ramírez

La noche del pasado miércoles, cuando en diferentes zonas de Caracas celebraban el día de santa Bárbara, Danny José García salió de su vivienda en La Vega, municipio Libertador, para dirigirse al sector Santa Eduvigis de El Cementerio y frente a una cancha deportiva se encontró con su hijo, de 10 años de edad.

Se disponía a entregarle al niño una cantidad de dinero para sus gastos de este mes cuando desde un auto en marcha, le dispararon en numerosas oportunidades.

Seis de los proyectiles alcanzaron a García mientras su hijo resultó herido en las piernas por las esquirlas de las balas que se fraccionaron. El pequeño está recluido en un centro de salud,

García, de 35 años de edad, era comerciante, vendía todo tipo de mercancía, menos alimentos, murió en el Hospital Universitario de Caracas. Dejó tres hijos, de 16, 10 y 9 años de edad.

Ahora la policía científica investiga el móvil del homicidio e investiga para identificar a los autores de este hecho.

#MonitorDeVíctimas | Asesinaron a joven por una deuda de 10 dólares en Carapita
Kelvin Pérez, de 21 años, recibió cuatro impactos de bala en el sector Primero de Mayo. A sus familiares les dijeron que presuntamente discutió con un hombre a quien le debía dinero. En otro hecho, una mujer mató a su pareja, Marcos Camacho, en una discusión por celos. 
 

Por una supuesta deuda de 10 dólares le dieron cuatro tiros a Kelvin José Pérez Benítez. A su familia le dijeron que el joven discutió con el hombre a quien le debía ese dinero a las 4:00 p. m. del sábado 30 de noviembre. 

La víctima, de 21 años, tenía tres meses viviendo en el sector Primero de Mayo, de Carapita, por eso sus familiares no conocen muchos detalles. Trabajaba en una fábrica de zapatos.
A Kelvin lo llevaron al hospital Pérez Carreño, donde murió a las 11:30 p. m. luego de una intervención quirúrgica. Le robaron todas sus pertenencias. Sus parientes pidieron que se investigue el homicidio, pues era un muchacho sano.

Hombre fue apuñalado en discusión por celos

Durante una discusión por mujeres Marcos Yordano Camacho Villalobos, de 35 años, fue apuñalado por su pareja dentro de su casa, ubicada en los edificios de Misión Vivienda de La Rinconada, a las 2:00 a. m. del sábado 30 de noviembre.

Según los familiares, la pareja ingería bebidas alcohólicas cuando comenzaron a hablar de las aventuras que él había tenido. En la conversación la mujer lo agredió con un cuchillo que tenía en las manos.
En el apartamento estaban dos hijos de la mujer, de 17 y 9 años, y un hermano de la víctima, un joven de 16 años. El más pequeño trató de intervenir, pidiéndole a su mamá que no lo matara.

Los adolescentes llevaron a Marcos a un Centro Diagnóstico Integral (CDI) de la zona, pero no les abrieron la puerta. Nadie les prestó ayuda para trasladar a la víctima a un hospital y falleció.

Mientras esto ocurría, la mujer se acostó a dormir encima de las sábanas llenas de sangre y al despertar, la mañana del domingo, se lavó la cara manchada. Una comisión del Cicpc la detuvo, pero alegó que no se acordaba de nada.

Mataron a joven que celebraba su cumpleaños

El viernes 29 de noviembre César Antonio Acosta celebraba sus 20 años de edad en el sector El Cerrito de Mesuca, en Petare. Ese mismo día lo asesinaron de un tiro en la cabeza.

Su papá recordó que la última vez que habló con él, a las 9:00 p. m., le pidió que no regresara tarde a la casa. Sin embargo, él se quedó con sus amigos. 
Ya la mañana del sábado 30 de noviembre sus familiares se enteraron de que al joven lo habían asesinado; no tenía sus documentos. El cadáver fue levantado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) a las 11:00 a. m.

El joven dejó huérfano a un hijo. Vendía comida preparada en Petare. 

#MonitordeVíctimas | La empresa privada: rendirse, esperar o participar. Una decisión para enfrentar la violencia en Venezuela

Por: Moisés Medina y Manuel Parejo

 

La concepción teórica del Estado moderno se basa en garantizar los derechos naturales de los individuos: el derecho a la vida y el derecho a la propiedad. Lamentablemente, las instituciones en Venezuela, principalmente el gobierno central, han fallado estrepitosamente en la garantía de dichos derechos. En particular, la seguridad ciudadana y el resguardo a la vida vista como un bien público, para el caso venezolano, es provisto de forma ineficiente, ubicando a la ciudad de Caracas como una de las más inseguras del mundo. No obstante, estas debilidades no solo han venido impactando negativamente a la cotidianidad del ciudadano venezolano, sino también a la empresa privada y su normal desenvolvimiento en sus dinámicas económicas.

 

La inseguridad también afecta a los comerciantes…

Según cifras del Monitor de Víctimas, tan solo en el Área Metropolitana de Caracas, desde el mes de mayo de 2017 hasta septiembre de 2019, se contabilizaron al menos 3.139 ciudadanos que fueron víctimas de la delincuencia. De este total, 321 mantenían una actividad económica que le permitía generar empleo a otros venezolanos. Es decir, en poco más de dos años, al menos 321 comerciantes y empresarios perdieron la vida a manos de la violencia criminal, esta cifra corresponde al 10,25% de las víctimas totales de la ciudad capital. En resumen, en promedio, 11 comerciantes pierden la vida mensualmente en Caracas.

Desmenuzando un poco más esta cifra, al menos 161 homicidios corresponden a móviles como: robo, secuestros, sicariato y balas perdidas producto de enfrentamientos; por lo que la criminalidad civil es responsable del 50% de las muertes violentas contra el gremio empresarial. Pero el dato alarmante es que en el restante 50% (160 homicidios), según las cifras del Monitor Víctimas, al menos 105 fueron asesinados por cuerpos de seguridad del Estado por medio de ejecuciones extrajudiciales, resistencia a la autoridad o violencia política. En ese sentido, el Estado venezolano no solo es ineficiente en su rol como proveedor de la seguridad ciudadana, sino que se convierte en un actor violento contra los comerciantes y empresarios, evidenciando la falla sistemática y crisis institucional que atraviesa el país.

 

La violencia y su impacto en la estructura de costos de las empresas

La inseguridad afecta a las empresas, en primer lugar, a través de sus estructuras de costos, pues en un contexto de alta inseguridad como el que se vive en Caracas y en todo el país, las empresas y comercios se ven obligados a tomar medidas para protegerse; por ejemplo, realizar cambios de cerraduras, candados y puertas, la instalación de cámaras, vigilancia privada, contratación de pólizas de seguros, etc. Por otro lado, frente a la amenaza directa a la vida, en muchos casos se ven obligadas a contratar escoltas o seguridad privada, lo cual impacta en los costos operativos de la organización y en definitiva en su competitividad. Asimismo, las pérdidas ocasionadas por la delincuencia, los robos y saqueos a las empresas, daños a las instalaciones, las erogaciones ocasionadas por la atención médica y/o psicológica de las víctimas, pérdidas de tiempo laboral, entre otras, son también factores que generan costos extraordinarios a la actividad económica privada. En definitiva, la inseguridad no solo afecta a la empresa privada “ex ante”, sino que también lo hace “ex post” del suceso. 

 

La violencia como reductor del PIB

Si analizamos desde un punto de vista macroeconómico esta situación, según la últimas cifras disponibles, publicadas en el sitio web del Banco Central de Venezuela, tenemos que, para el primer trimestre de 2017, la contribución del sector privado al Producto Interno Bruto (PIB) era del 50,6% mientras que, para el primer trimestre de 2019 el Sector Privado solo aportó el 44,8% del total del PIB; esta disminución de casi 6 puntos porcentuales en la incidencia de la actividad privada sucede, adicionalmente, en un contexto donde para el mismo periodo (I – 2017 / I – 2019), el PIB total cayó al menos 40%. 

De acuerdo a las cifras del Monitor de Víctimas, tan solo en Caracas para 2018, se registraron 1.353 homicidios en todo el año y en lo que va de 2019 hasta el mes de septiembre, se tienen 691 casos registrados. Aun cuando, no es tan sencillo cuantificar el impacto de la inseguridad ciudadana sobre la actividad económica privada, en un contexto de opacidad estadística y poca claridad institucional, cabe preguntarnos: si bien actualmente no existen condiciones económicas y jurídicas, ni mucho menos el resguardo a la propiedad privada, que establezcan un marco macroeconómico atractivo para la inversión y para la producción, ¿Cuál pudiera ser el rol de la empresa privada en la seguridad ciudadana?, ¿Cómo se trazan las agendas de cooperación público-privadas en estos temas?.

 

La iniciativa civil y privada en programas de prevención de la violencia

En sociedades que sufren altos niveles de violencia y conflictividad social, las fallas del Estado en la provisión de bienes y/o servicios públicos –en específico, la seguridad ciudadana y el derecho a la vida- surgen, cada vez con más frecuencia, la coordinación de proyectos y agendas de trabajo que involucran la participación ciudadana y la inversión del sector privado, en programas referentes a la prevención del delito y la atención de las comunidades y grupos etarios más vulnerables. 

La iniciativa Vamos Convive –perteneciente a Caracas Mi Convive- es un proyecto de prevención de violencia que se enfoca en el acompañamiento social y psicológico a jóvenes que se encuentran en entornos de alta vulnerabilidad y, por ende, en situación de riesgo.  En consecuencia, busca por medio de un empleo, expandir sus horizontes y brindarles un ambiente diferente que los transforme como individuos para así evitar que caigan en la delincuencia o futuros azotes de sus comunidades. Además, no solo les provee un ingreso fijo, sino que también les permite comprender el valor del trabajo, del esfuerzo personal, del aprendizaje y la satisfacción de los logros. Estos empleos son posibles gracias a las alianzas con diferentes empresas venezolanas decididas a brindar una oportunidad y colaborar de manera concreta con la prevención del delito.

En Colombia, la Asociación Nacional de Empresarios desarrolla iniciativas como la Fundación ANDI y el Centro de Estudios Sociales y Laborales (CESLA) con incidencia en áreas afectadas por la violencia, generando oportunidades de empleos, formación y sensibilizando a la población sobre el rol de la empresa privada en el desarrollo del país. Otro ejemplo, ocurre en México, donde líderes empresarios del estado de Chihuahua, establecieron el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC), una iniciativa sin fines de lucro para fomentar la participación ciudadana en temas de seguridad pública. Para ello cuenta con dos Asociaciones Civiles que son Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez A.C. y Fundación Ficosec A.C. Ellos han logrado invertir en fondos para la educación primaria de los hijos de los funcionarios policiales, equipamiento para los organismos de seguridad, planes de seguros de cobertura de salud y atención médica, entre otros.

De igual manera, los Bonos de Impacto Social (SIBs, por sus siglas en inglés), constituyen otro instrumento de inversión para mejorar el impacto de programas de prevención y rehabilitación social, apoyando iniciativas en la región que buscan disminuir la reincidencia entre los jóvenes, al mejorar las oportunidades de empleo y educación en Chile y Colombia principalmente. Con un modelo de pago por resultados, busca comprometer al gobierno, el sector privado y las organizaciones sociales en el desarrollo de alternativas innovadoras y efectivas para enfrentar los desafíos sociales.

 

La decisión final

Cuando la empresa privada se encuentra ante una situación de alta vulnerabilidad por los hechos delictivos, se enfrenta a tres decisiones excluyentes entre sí: (1) Rendirse: esto implica resignarse y cerrar las puertas de la empresa porque es inaguantable la situación; (2) Esperar: esto es, seguir siendo víctima de la delincuencia y la criminalidad hasta que esta, por acciones del gobierno, sea combatida eficientemente y el problema se resuelva, o (3) Participar: tomando acciones efectivas para formar parte de la solución, para mejorar su entorno y seguir generando progreso en el país.

Precisamente, la última alternativa descrita, es una invitación abierta a las empresas privadas que hacen vida en todo el territorio nacional, a creer en las soluciones intersectoriales, en la participación empresarial en el desarrollo de comunidades y actividades económicas de alto impacto social que, al final del proceso, se traducen en mayores beneficios económicos y un crecimiento de la empresa.

 

 

#MonitorDeVíctimas | Cicpc mató a padre e hijo solicitados por robo de vehículos en San Agustín del Sur
La madre del joven admitió “eran ladrones de carro pero no mataban a nadie”

 

Hasta el pasado lunes 18, los cadáveres de Carlos Alberto Figueroa Pino, de 50 años de edad, y el de su hijo Carlos Alberto Figueroa Cedeño, de 26 años de edad, permanecían en la morgue de Bello Monte.

A ellos los mató una comisión de la División de Vehículos de la policía científica, el miércoles de la semana pasa, luego de hacerle seguimiento, desde Santa Rosalía, municipio Libertador. Se desplazaban en un Chevrolet Corsa rojo.

Beatriz Cedeño, ex esposa de Figueroa Pino y madre del joven, admitió que ambos estaban implicados en el robo de vehículos, “pero no mataban a nadie”, argumentó al llegar a la morgue. 

 

 

Explicó que testigos indicaron que el auto donde iban padre e hijo, volcó. Ambos fueron sacados del vehículo y colocados en el pavimento por los policías para luego darle un disparo a cada uno en el pecho. Después la policía dijo que se trató de un enfrentamiento.

Explicó que cuando el Cicpc inició el seguimiento del Corsa rojo, en Santa Rosalía, los Figueroa llevaban verduras, hortalizas y frutas para vender porque tenían tres meses que estaban dedicados a esa actividad. 

“No mataban a nadie. No eran asesinos. Un ser humano no merece morir así”, reiteró Beatriz Cedeño.

 

 

#MonitorDeVíctimas / Mujer degolló a su pareja en Baruta
Familiares desconocen el móvil del crimen, pero aseguran que la asesina fue capturada en Charallave

Francisco Zambrano @franzambranor / Fotografias Carlos Ramírez

Magaly Méndez todavía se pregunta por qué la pareja de José Alberto Aguilera Concepción, de 20 años de edad, lo degolló. Méndez es tía de Aguilera Concepción y esperaba en la morgue de Bello Monte a su hermano, el padre de José Alberto, para reclamar el cadáver. “Nosotros somos los únicos que quedamos en Venezuela”, dijo. 

Méndez dijo que no conocía a la pareja de su sobrino porque tenían poco tiempo juntos. Tampoco sabe detalles de dónde ocurrió el hecho específicamente, solo sabe que vivían en Baruta, estado Miranda.

José Alberto era oriundo de Irapa, estado Sucre, pero se vino a Caracas a trabajar con su padre como comerciante.

Según Méndez, la asesina de su sobrino fue capturada en Charallave, estado Miranda..

La mataron con un golpe en la cabeza 

Gregoriana La Cruz salió de su casa a hacer unas compras el pasado 9 de noviembre, cuando unos delincuentes la interceptaron en la calle Salón, de Baruta en el estado Miranda, y le propinaron un contundente golpe en la cabeza para quitarle la cartera.

La Cruz, de 67 años de edad, estuvo recluida en el hospital Pérez de León II hasta este lunes 18 de noviembre cuando falleció. 

La Cruz era ama de casa y tenía nueve hijos.

#MonitorDeVíctimas|Lo mataron de 38 puñaladas por viejas rencillas
El autor del homicidio siempre anunciaba que se vengaría de su enemigo

A las 11:30 pm del domingo 10 de noviembre, Celestino José Palacios Rodríguez y su pareja, Noralbis Pirela, regresaban a su casa en la calle El Caimán, sector Francisco de Miranda, urbanización Keneddy de Macarao. Venían de asistir a una reunión familiar. Llegaron en una moto Owen, roja, año 2012.

Mientras Palacios Rodríguez guardaba el vehículo, ella subía a su casa. El momento fue aprovechado por Pablo Vallejo, de 37 años, su hijo Jhon Vallejo, de 19 años y la pareja de Pablo, conocida como La Negra, de 30 años, para atacar a Palacios Rodríguez.

Le dieron 38 puñaladas y cuando la pareja del herido salió a la puerta de su vivienda y vio lo que ocurría, trató de lanzarse encima de los agresores pero estos huyeron. A los tres los buscan comisiones de la policía científica.

Al herido se lo llevaron al Hospital Pérez Carreño, en donde fue ingresado sin signos vitales. La enemistad entre Vallejo y Palacios Rodríguez, de 37 años, data de unos 6 años atrás cuando familiares de la víctima y de Vallejo se agredieron.

Luego Vallejo estuvo preso durante 4 años en la cárcel de Tocorón, en Aragua, por el delito de robo en una camioneta de pasajeros.

Vallejo siempre tuvo presente que se vengaría de Palacios Rodríguez, quien era cocinero en la Gran Misión Saber y Trabajo, adscrita a la vicepresidencia de la República.