Para el exembajador de la República en Organización de Estado Americanos (OEA), Roy Chaderton, Venezuela puede vivir sin pertenecer a la OEA.
En entrevista con VTV, Chaderton aseguró que aprobar la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela sería una vergüenza para la organización.
“La capacidad de instrumentar este mecanismo no es tan sencillo, además esta aprobación le daría a EEUU luz verde para invadir a Venezuela”, explicó.
Recalcó que una gran parte de los miembros de la OEA están sometidos a investigaciones criminales, “no pueden extrañarse si toman medidas diplomáticas perversas”. (El Mundo)
Venezuela celebra triunfo judicial sobre Exxon
El ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, informó este viernes que Venezuela “celebra la justa decisión del Comité de Anulación del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi)”, de revocar la orden de pagar 1.400 millones de dólares a Exxon Mobil.
“Venezuela manifiesta su compromiso para acatar y cumplir a cabalidad esta decisión, que representa un triunfo judicial incontrovertible en defensa de los derechos soberanos e irrenunciables de nuestra Patria sobre nuestros recursos energéticos”, reza el comunicado que leyó el Ministro a través de VTV. (El Mundo)
De 511 empresas del Estado, 370 generaron pérdidas en 2016
Con la revolución bolivariana el Estado se ha convertido en el gran empresario. Una investigación que adelanta Transparencia Venezuela llamada Empresas Propiedad del Estado en Venezuela, sin embargo, lo deja muy mal parado en cuanto a su capacidad para administrar: 370 de las 511 empresas que son de su propiedad (72,40%) generaron pérdidas por 1,29 billones de bolívares en 2016. Las de peor desempeño fueron Petróleos de Venezuela y sus empresas filiales con pérdidas por 775,42 millardos, y Corpoelec que terminó con 149,2 millardos de bolívares de déficit
“Las pérdidas están por encima de 12,4% del gasto social que se presupuestó el año pasado: 1,13 billones de bolívares”, señaló Christi Rangel, economista, profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes y coordinadora de Transparencia en Mérida. “La inversión en seguridad social alcanzó 432,8 millardos de bolívares; en educación 364,88 millardos; en salud 278,03 millardos y en vivienda llegó a 21,19 millardos de bolívares”. (La Patilla)
Estudiantes de medicina protagonizaron protesta en la sede de Minsalud
Un grupo de estudiantes de medicina de la Universidad Central de Venezuela (UCV) realizó una protesta frente a las puertas del Ministerio de Salud, en el Centro Simón Bolívar de Caracas, para reclamar por la crisis que vive en el sector.
“Hoy venimos sin miedo, en pleno Día del Médico porque no hay nada que celebrar.Vamos a asumir el reto de la transformación de la salud en Venezuela y de frente con nuestros pacientes”, expresó Hilda Rubí, vocera de los futuros galenos y secretaria de la Federación de Centros Universitarios de la UCV. (Caraota Digital)
Unión Europea debate unidad del bloque tras salida de Reino Unido
Los mandatarios europeos abordan este viernes en Bruselas cómo permanecer unidos en una futura Unión Europea sin Reino Unido, después que la primera jornada de cumbre terminara con una Polonia furiosa por la reelección de Donald Tusk como presidente del Consejo Europeo.
Lo que pasó ayer no debe ser la situación permanente de la UE, que un país boicotee todo nuestro trabajo por una cuestión de política nacional. Es una reacción pueril», subrayó el primer ministro luxemburgués, Xavier Bettel, para quien «Polonia entrará en razón», informó AFP.
La Red Defendamos la Epidemiología Nacional (RDEN) y la Sociedad Venezolana de Salud Pública (SVSP), se pronunciaron mediante un comunicado por las recientes declaraciones de la Ministra del Poder Popular para la Salud, Luisana Melo en donde la funcionaria explicaba la reaparición de Difteria en el país.
En el texto, se presentan varias interrogantes, una de ella es que no haya habido un pronunciamiento transparente al respecto, ya que han pasado 19 días después de que las denuncias sobre la reaparición de la infección se hicieran publicas. También cuestionan que la ministra no haya desmentido las declaraciones del gobernador de estado Bolívar del 29 de septiembre donde afirmaba que hasta esa fecha se habían registrado 13 casos de Difteria en la entidad, además Luisana Melo, no dijo nada de las declaraciones hechas por la Coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización del MPPS, Marisol Escalona, donde afirmó que “no se puede informar nada porque eso va contra la revolución», y tampoco hizo mención alguna a la escasa disponibilidad de productos farmacéuticos para tratar la enfermedad.
Para ambas organizaciones resulta evidente que las autoridades sanitarias nacionales han intentado ocultar el actual brote epidémico de difteria, razón por la cual, han decidido promover la denuncia ante los Poderes Públicos Nacionales con competencia en materia de derecho a la salud y a la vida y a los Organismos internacionales que velan por la vigilancia del Reglamento Sanitario Internacional.
La fundación encargada de la construcción, remodelación, mantenimiento y dotación de equipos médicos del sistema de salud pública venezolano se mueve entre la opacidad y la ineficiencia.
La mayoría de los ministros de Salud se ha autodesignado para llevar sus riendas y manejar los más de 4,6 millardos de dólares le han sido entregados en 10 años
La Contraloría ha cuestionado en varias oportunidades los retrasos en las obras, que algunas veces carecían de licitaciones y contratos
La no ejecución de las obras ha impedido a Venezuela cumplir con los estándares internacionales de asistencia sanitaria. Faltan 64 mil camas hospitalarias, 89 % de las emergencias presentan fallas y 71 % de los quirófanos está fuera de servicio
@loremelendez | Especial para PROVEA
EL AÑO: 2006. EN AQUELLOS DÍAS, un dólar costaba 2,15 bolívares; el Producto Interno Bruto había crecido 10,3 %; mientras que la inflación acumulada cerraba en 16 puntos porcentuales, cuatro dígitos más de los que había calculado el gobierno. A pesar del fallo en esa última previsión, el clima político y la bonanza económica favorecían a un Hugo Chávez que estaba, otra vez, en campaña presidencial para mantenerse en Miraflores por seis años más. El 6 de noviembre de ese año, un mes antes de su reelección y durante un consejo de ministros, decretó la creación de un organismo que se sumaría a sus promesas electorales: la Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario (Fundeeh), que cumpliría con la “construcción, dotación y equipamiento de la planta física hospitalaria general especializada” del país para así poder llevar a cabo un “Plan Especial de Desarrollo y Ampliación de la Red Hospitalaria Nacional” del cual hoy todavía se esperan resultados.
Diez años después de aquel lanzamiento, el panorama de los hospitales es desolador, a pesar de que la inversión – según las Memorias y Cuentas del Ministerio de Salud– fue superior a 17 mil millones de bolívares (o 4.620 millones de dólares, de acuerdo con las fluctuaciones del cambio oficial). Mientras los ministros de turno se nombran a sí mismos para llevar las riendas del organismo y no rendir cuentas a terceros, hay centros de salud con áreas en escombros, hospitales que se convirtieron en elefantes blancos y equipos médicos que se quedaron obsoletos, dejaron de repararse por la falta de repuestos o no recibieron mantenimiento oportuno. Estos son sólo algunos de los fracasos de una institución que en lugar de solventar el déficit de camas hospitalarias, lo acrecentó.
La favorita de los ministros
La llegada al MinSalud del general de Brigada del Ejército Jesús María Mantilla marcó un hito en la Fundeeh. Él fue el primer titular de la cartera en autodesignarse presidente de la fundación y también el primero en recibir un gran financiamiento para empezar las obras en los hospitales. A través de un crédito adicional, a la institución le asignaron 1,35 millardos de bolívares (más de 627 millones de dólares americanos, de acuerdo con el tipo de cambio de la época), destinados al plan de “Acondicionamiento, repotenciación y modernización de 62 hospitales tipo I, II, III y IV” en todo el territorio nacional. Los retrasos y errores de estas remodelaciones son evidentes hoy en el sistema hospitalario.
Los estatutos fundacionales de la Fundeeh establecieron que la institución estaría regida por un presidente que, a su vez, estaría a la cabeza del Consejo Directivo, integrado por cuatro miembros principales con sus respectivos suplentes. Uno de estos últimos sería nombrado director. Todos los miembros debían reunirse una vez al mes y su labor consistía en administrar el patrimonio de la fundación y aprobar los planes y programas necesarios para el cumplimiento de su objetivo.
El presidente, cargo que ejerció Mantilla y la mayoría de los ministros que le siguieron, debía dedicarse a la fundación a tiempo completo, lo mismo que el director. De paso, sería el responsable de abrir y movilizar, junto a otro miembro del Consejo Directivo, la cuenta bancaria de la fundación. Sería, además, quien presentaría al ministro la Memoria y Cuenta de la fundación al final de cada ejercicio económico.
Además de Mantilla, titulares del MinSalud como Carlos Rotondaro, Eugenia Sader, Isabel Alicia Iturria, Nancy Pérez Sierra, Henry Ventura y, en la actualidad, Luisana Melo, tomaron la presidencia de la Fundeeh y se rindieron cuentas a sí mismos. En 10 años de historia, sólo los ministros Armada, Erick Rodríguez y Luis Reyes Reyes se mantuvieron fuera de la institución.
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Para Carlos Walter, director del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela y ex ministro de Sanidad y Asistencia Social, la autodesignación es una irregularidad que impide el correcto funcionamiento del ente. “En una lógica organizacional, si esta institución es un organismo que está adscrito a un Ministerio, se supone que la autoridad máxima es la del ministro. Allí hay lo que podríamos llamar un conflicto de intereses. Si una persona es responsable de la Fundeeh y, a su vez, es ministro, no tiene libertad de ejercer a plenitud su rol de autoridad”, señaló.
La misma opinión tuvo el ex diputado del PSUV a la Asamblea Nacional, Tirso Silva, y actual director del Hospital Vargas de Caracas, quien indicó que un ministro “no puede ser juez y parte a la vez”. Fue él uno de los que denunció los retrasos e irregularidades de las remodelaciones que empezaron en 2007 y de las que todavía quedan escombros en algunos hospitales.
Perfil desdibujado
Aunque los estatutos de la Fundeeh señalan que el presidente de la institución debe contar con formación académica y trayectoria en el área de salud, gerencia o ingeniería, González acotó que esta posición debía ser ocupada por un especialista. Apuntó que el perfil idóneo para este cargo, tal como lo fue en la FIMA, encaja con el de un profesional de la ingeniería o la arquitectura, con conocimiento en construcciones sanitarias, a fin de que proyecte, planifique, supervise, evalúe y corrija cada obra ejecutada, y además pueda ofrecer respuestas inmediatas ante las crisis. Un médico como segundo de abordo, recomendó, ofrecería una visión integral de cada proyecto.
Una revisión a las profesiones de quienes han ocupado la presidencia de la Fundeeh en estos 10 años, indica que de 10 autoridades, 3 han sido militares, 1 ha sido militar y médico y 5 han sido médicos cirujanos. Sólo Carmen Yelitza Espósito, quien estuvo menos de un año en el cargo cuando Luis Reyes Reyes fue ministro de Salud, era ingeniero.
El proyecto fallido
La revisión de los informes de gestión de la Fundeeh, incluidos en las Memorias y Cuentas del Ministerio de Salud, dieron cuenta de cómo la institución debió alinear sus objetivos al modelo político implantado por Hugo Chávez, pero también recordó algunos de los más sonados escándalos que han tenido su nombre como protagonista.
En sus primeros años, la institución señalaba que sus acciones iban en pro de “lograr la justicia social”, mientras que a partir de 2010, la intención de “reducir la pobreza a cero” desplazó aquel objetivo primario. Lo invariable, en todos los documentos, fue su proyecto estrella: “la continuación de la ampliación, remodelación y modernización de la redes hospitalaria en los hospitales tipo I, II, III y IV”, que desde 2013, incluyó a los ambulatorios especializados (CDI, CAT, SRI) de todo el país. Sin embargo, en 9 años de informes, la meta del plan se quedó a medias en 5 oportunidades. En 2008 y 2009 sí llegó a 100 %, mientras que en 2007 y 2015, no sólo se cumplieron todos los proyectos, sino que extrañamente se excedió en más de 100 % el avance físico de las obras. En ninguno de los casos se explicó en detalle cómo se alcanzó la meta y cómo se redirigieron los recursos, pese a que nunca fueron desembolsados por completo y acrecentaron la deuda con los proveedores, tal como lo denunció en 2014 la Asociación Venezolana de Distribuidores de Equipos Médicos, Odontológicos, de Laboratorio y Afines (Avedem).
En 2007 comenzó la contratación masiva de obras. Ese año, según la Memoria y Cuenta, se iniciaron 368 trabajos en todo el país. Lo que no se mencionó fue que ninguno se terminó en ese mismo período. La cifra continuó en ascenso y en 2008 se adicionaron 456 en 109 centros de salud. Ese año también fue el de mayor financiamiento. Las arcas de la institución percibieron 1,5 millardos de bolívares, que para la época representaban más de 732 millones de dólares, de acuerdo con el cambio oficial.
Infografía: Jessica Aharonov
En 2009, cuando el general Carlos Rotondaro arribó a la cartera para desplazar a Mantilla tanto en el Ministerio como en la presidencia de la Fundeeh, se llegó al récord: se contrataron 654 obras y ni siquiera se culminó la mitad, sino que se llegó a 256. El acumulado histórico de contratos fue el mayor registrado hasta entonces: 734. Al año siguiente, cuando asumió Sader, se comprobaría que había 579 pendientes.
El anexo al Informe de Gestión de 2011 de la Contraloría General de la República criticó los retrasos y eso que sólo revisó las obras inconclusas en 4 centros de salud: la paralización de 5 trabajos que debían realizarse en el Hospital J. M de los Ríos de Caracas, incluyendo la remodelación de 8 de sus 10 quirófanos. En la Maternidad Concepción Palacios de la capital había 4 obras civiles no terminadas, y lo mismo sucedía con 5 electromecánicas y de electricidad. En el Hospital Vargas, los trabajos iniciados entre 2007 y 2008 en los servicios de emergencia, quirófano y anatomía patológica aún estaban sin culminar, mientras que los techos tenían filtraciones luego de labores mal ejecutadas de impermeabilización. En el Hospital Central de Maracay había 3 obras de infraestructura pendientes desde 2008. En todas se llegó a la misma conclusión: la falta de coordinación de las actividades de planificación por parte de las autoridades del hospital, la Fundeeh y MinSalud había ocasionado los retrasos y, en consecuencia, los centros asistenciales prestaban sus servicios con limitaciones y no garantizaban calidad.
Eso es también lo que opinó González, ex presidente de la institución que precedió a la Fundeeh. “La gran falla de la Fundación ha sido la falta de supervisión de las obras y no tener claro qué se va a hacer” en cada hospital, denunció.
Dos años más tarde, en 2013, el Informe de Gestión de la Contraloría volvió a referirse al tema. Ahí se señaló que en un análisis practicado a los expedientes de obras públicas ejecutadas entre 2007 y 2010, para rehabilitar, ampliar y modernizar 8 hospitales de la Red Barrio Adentro III, se determinó la inexistencia de licitaciones, así como de las garantías de tales trabajos. Tampoco se consiguieron documentos de pagos de anticipos y valuaciones de obras, y se comprobó que se ejecutaron labores sin contratos. El incumplimiento de los plazos de realización de los trabajos y la inacción de la Fundeeh ante estas irregularidades también fueron subrayados. Todo ello trajo como consecuencia, indicó el documento, el incremento de los costos y el deterioro de la infraestructura y los equipos, con lo que se afectó a una población de al menos 2 millones de personas que dependen del sistema público nacional de salud. Las fallas, además, fueron en detrimento de los los artículos 83, 84 y 85 de la Constitución venezolana, en los cuales se señala que el Estado debe garantizar y ser el mayor proveedor de los servicios asistenciales del país.
Hoy, los indicadores de la Encuesta Nacional de Hospitales, elaborada por la ONG Médicos por la Salud y el Cendes, reseñaron que el proyecto estrella de la Fundeeh no ha rendido sus frutos. Las fallas en los servicios de emergencias son de 89 %, mientras que 71 % de los quirófanos está fuera de servicio, y algo similar sucede con entre 70 y 80 % de las áreas de terapia intensiva de adultos y neonatal. El mismo estudio estimó que 29 % de los equipos no estaba operativo y que la unidad de Rayos X falla 37 % de las veces. Tampoco funciona 95 % de los laboratorios.
Los inacabados
Hubo un punto en particular que destacó en la Memoria y Cuenta de 2008 de la fundación. Con Jesús Mantilla al mando, en el documento se habló de la continuación de la primera etapa de la “construcción de los Hospitales de Barrio Adentro IV”, que en 2007 no se había detallado. Durante ese año, las seis obras –centros de salud especializados en distintas áreas y ubicados en Barinas, Miranda, Distrito Capital, Guárico, Mérida y Apure– iniciaron con “movimientos de tierra, obras provisionales y pilotes”. La idea era que la inauguración de estas nuevas edificaciones se llevara a cabo entre 2009 y 2011. Sin embargo, los retrasos e irregularidades registrados con las empresas encargadas de edificarlos los convirtieron en elefantes blancos.
La mala planificación hizo que, por ejemplo, dos de estos hospitales fuesen cambiados de sitio luego de que su construcción se iniciara. Eso sucedió con el Hospital de Gastroenterología y Oncología de El Vigía, que se empezó a levantar dentro del cono de aterrizaje del aeropuerto de esa localidad; y con el Oncológico de Guarenas, que se reubicó en Montalbán con la finalidad de mejorar su accesibilidad, ya que según Eugenia Sader, la mayoría de pacientes estaba en Distrito Capital.
La no ejecución de las obras ha impedido a Venezuela cumplir con los estándares internacionales de asistencia sanitaria. La Organización Mundial de la Salud establece que por cada 1.000 habitantes haya 3,76 camas hospitalarias disponibles. Para una población como la venezolana, con 30 millones de personas, deben existir entonces al menos 90 mil de estas camas para los enfermos. Sin embargo, de acuerdo con la Memoria y Cuenta del MinSalud de 2015, hoy sólo se cuenta con 25.909. Esto es, poco más de 28 % del total que debería estar habilitado.
El capítulo Sader
Aunque no fue de inmediato, la teniente coronel de la Aviación y médico Eugenia Sader, asumió las riendas de la Fundeeh mientras fue titular del Ministerio de Salud. A la cartera llegó en mayo de 2010, cuando relevó a Luis Reyes Reyes, uno de los pocos ministros que había delegado la responsabilidad de la fundación en otro funcionario: la ingeniero Carmen Yelitza Espósito.
El nuevo enroque y cargo de Sader vino con el nuevo año. En la Gaceta Oficial número 39.620, con fecha 21 de febrero de 2011, se publicó su designación. Bastaron tres meses para que el nombre de su hijo, Eugen Enrique Bejarano Sader, apareciera también dentro de la fundación. En mayo se convirtió en secretario de la comisión de contrataciones. Aquel primer año de Sader frente al organismo no dejaría ningún rastro: el informe de la Fundeeh no se incluyó dentro de la Memoria y Cuenta de ese período.
Durante su gestión, la cantidad de obras concluidas bajó el ritmo y los avances físicos estuvieron entre 59 y 56 %. Las contrataciones también se ralentizaron, pero los recursos continuaron fluyendo.
En 2012, Carlos Walter, junto al médico e investigador Luis Fuenmayor Toro y el coordinador del Observatorio Venezolano de la Salud, Jorge Díaz Polanco, solicitaron que se abriera una investigación contra Sader por una serie de irregularidades cometidas en detrimento de las obras de la Fundeeh: la no licitación de los proyectos, los cambios en los proyectos originales de 6 hospitales especializados que serían levantados con materiales prefabricados después de que se había iniciado su edificación de manera tradicional, y la reconstrucción del hospital Luis Razzetti de Tucupita, en Delta Amacuro.
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Lo más escandaloso, no obstante, vino después de su partida. En septiembre de 2013, meses después de ser desplazada del Ministerio por Alicia Isabel Iturria, diputados de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional solicitaron al Hemiciclo establecer el grado de responsabilidad que Sader tenía en el deterioro de los equipos de 19 salas públicas de radioterapia, cuyas garantías, que permitían su mantenimiento preventivo, había vencido en 2012. La no renovación del contrato dejó fuera de servicio a aparatos que iban desde aceleradores lineales y unidades de cobalto hasta tomógrafos y simuladores. Todos habían llegado a través de un convenio firmado entre Venezuela y dos empresas argentinas: Philips Argentina y el Invap.
Lo paradójico es que la Memoria y Cuenta de 2012 de la Fundeeh, en su apartado de “Planes y Líneas de Acción para 2013” -que se había mantenido prácticamente invariable desde su creación- indicó como prioridad el “mantenimiento preventivo, correctivo y actualización de equipos oncológicos y radioterapia de la red hospitalaria en los hospitales tipo I, II, III y IV”. La acción no fue suficiente para que Sader se mantuviera en el cargo mucho tiempo más y, en abril de 2013, salió del Gabinete de Nicolás Maduro. El 19 de junio de 2014 fue imputada de peculado doloso, asociación para delinquir y sobregiro presupuestario por el Ministerio Público.
La Fundeeh después de Maduro
Los últimos tres años han transcurrido, para la Fundeeh, con un descenso aún más pronunciado del volumen de las grandes obras emprendidas en el pasado. De los cientos de trabajos iniciados en antaño, se pasó a menos de 70 por año. En 2013, los avances físicos llegaron a 59 %, mientras que en 2014, sólo alcanzaron 18 %. La más reciente Memoria y Cuenta del MinSalud, la de 2015, sostuvo que los avances físicos de las obras se ubicaron en 179 %, pero en su mayoría se trató de mantenimientos preventivos de equipos médicos, electromecánicos y oncológicos.
Basta con dar un vistazo a los titulares de los últimos días de agosto de 2016 para corroborar que la infraestructura del Sistema Público Nacional continúa en decadencia. Por esos días, el personal médico y obrero del Hospital de los Magallanes de Catia, en Caracas, denunció que estaba a punto del cierre técnico por la inoperatividad de los equipos y la falta de mantenimiento de una edificación que sufría los embates de la ausencia del agua. En el Victorino Santaella de Los Teques, los médicos residentes protestaron porque hasta los baños estaban fuera de servicio. En el Hospital Universitario Luis Razetti de Barcelona, criticaron que la cocina del principal centro de salud del estado Anzoátegui no funcionaba y que 90 % de las especialidades estaba paralizada. En el Hospital Universitario de Caracas, los trabajadores reclamaron que sólo 35 % de las camas estaba ocupada, porque no había ni equipos ni materiales para atender a más pacientes. Allí, el área de neonatología estaba contaminada.
La sucesora de la FIMA
El 16 de septiembre de 1999, en la Gaceta Oficial Nro. 36.788, se publicó la disolución de la Fundación para el Mantenimiento de Infraestructura Médico Asistencial para la Salud Pública (FIMA), institución adscrita al Ministerio de Sanidad y Desarrollo Social, que hasta entonces se había dedicado a la equipación tecnológica de los hospitales, al mantenimiento de los aparatos, y a las remodelaciones, impermeabilizaciones, adecuaciones y cambios de usos de las áreas de servicio de los hospitales para adaptarlos a las nuevas tecnologías. Es decir, casi la totalidad de las funciones que hoy cumple la Fundeeh, a excepción de la construcción de centros de salud, en la que la FIMA solamente participaba en la fase de planificación.
Durante sus últimos años, esa institución fue la responsable de dotar con tecnología de punta al Hospital Oncológico Luis Razzetti, en Caracas, también de resolver los problemas de agua que para entonces aquejaban a Los Magallanes de Catia, y de levantar una subestación eléctrica para el Hospital de Clarines, en Anzoátegui.
Pero el organismo se liquidó porque desde el chavismo se señalaba su poca transparencia, recordó Santiago González, ingeniero que presidió la FIMA entre 1994 y 1995. El vacío dejado por la institución debió llenarlo la Dirección Sectorial de Infraestructura del Ministerio, de la cual no se recuerda ninguna obra trascendente. Seis años después, sería momento de campaña electoral y de la flamante Fundeeh.
El médico y actual rector de la Universidad de las Ciencias de la Salud, Carlos Humberto Alvarado González, fue el primero en presidir la Fundeeh desde que el decreto presidencial N° 4.965, del 6 de noviembre de 2006, salió en Gaceta Oficial. Dos semanas después, el 21 de marzo, se dio a conocer el Acta Constitutiva y los Estatutos Fundacionales de la institución, que llevaron la firma de Francisco Armada, entonces ministro de Salud.
De acuerdo con aquel documento, la fundación tendría personalidad jurídica y patrimonio propio, aunque estaría adscrita a la cartera de Salud. Su objeto sería “apoyar la promoción, planificación, mantenimiento y construcción de edificaciones del Sistema Público Nacional de Salud, la coordinación, gerencia, financiamiento, administración, ejecución y supervisión de los proyectos, obras, dotación y equipamiento de la Red de Servicios de Salud, prioritariamente de los hospitales generales y altamente especializados que conforman el Plan Especial de Desarrollo y Ampliación de la Red Hospitalaria Nacional”, para superar el déficit de camas hospitalarias –que ya existía hace 10 años– y “atender el incremento regular de las necesidades del sistema, así como el fortalecimiento institucional y la formación de talento humano”. El aporte inicial le fue otorgado, a través de la Presidencia, por el Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional (Fonden). Fueron Bs. 819.276.000, más de 381 millones de dólares al cambio oficial de la época.
“Ha habido mucho desgano y falta de conciencia por parte de las personas que han dirigido esto. No veo, ni siento la presencia de esa fundación en ninguna parte”, criticó González, quien tampoco cree que haya “capacidad reflexiva” en quienes llevan las riendas del lugar para rectificar y hacer las inversiones y trabajos que necesitan los centros de salud o para construir aquellos que quedaron pendientes.
Usuarios del programa de VIH del sistema público de salud, están denunciando cambios intempestivos en el suministro de su tratamiento, y de acuerdo a lo que han podido investigar de manera extraoficial la razón es la imposibilidad de seguir importando algunos antirretrovirales por falta de recursos.
La advertencia la hicieron personas afectadas a través de la Organización StopVIH, pues saben que son informaciones fidedignas que les puede perjudicar su salud. Al respecto Jhonatan Rodríguez, presidente de StopVIH, manifestó su preocupación, pues con estas arbitrariedades se está poniendo en riesgo la vida de los usuarios.
El caso es que trascendió que no se indicarán los antirretrovirales Complera, Dolutegravir, y Reyataz, serán excluidos de los esquemas de tratamientos para personas con VIH en Venezuela, desconociéndose hasta el momento qué pasará con las personas que ya están utilizando esos fármacos, pues el Ministerio de Salud ya ha cambiado el esquema de tratamiento a otros pacientes. Es de destacar que desde principios de este año, usuarios del antirretroviral Viraday también reportan fallas en el suministro de dicho fármaco.
“Es urgente que el Gobierno a través del Programa Nacional de Sida, el Comité Nacional de Resistencia, el Instituto Nacional de Higiene y demás autoridades de salud reconozcan la situación y tomen medidas con urgencia que permitan el acceso de las personas con VIH a los servicios de salud para diagnóstico, atención, control y tratamiento de la infección por VIH”, dijo Rodríguez alarmado por las presuntas decisiones que se estuvieran tomando en el Ministerio para la Salud.
Recordó que la situación no solo afecta a las personas que han contraído el VIH que toman antirretrovirales, sino a la población entera ya que al no haber reactivos para la detección de la infección, ni para la realización de test de resistencia, ni para las pruebas de control –CD4 y carga viral– como se registra desde el 2015, los tratamientos pueden ser menos efectivos y por tanto la relación con parejas queda expuesta a riesgo y la epidemia pudiera estar fuera de control.
Gobierno anunciaría aumento de la gasolina antes de Carnaval
El diputado José Brito, explicó que el aumento podría ocurrir en los primeros días de febrero. Consideró manifestó que es preciso un debate previo antes de el ajuste
El diputado José Brito, presidente de la comisión de Energía y Petróleo, manifestó que el Gobierno podría ejecutar el aumento de la gasolina en las dos primeras semanas de febrero.
La comisión, de mayoría opositora, solicitó al presidente Nicolás Maduro que no incremente el precio del combustible de manera “unilateral”, aunque la competencia recae sobre el Ejecutivo, dice que un debate previo es prioridad para los opositores.
Brito explicó que el gobierno se plantea realizar el aumento para el viernes antes del asueto de Carnaval, anunció que vendría acompañado de otras medidas económicas.(El Nacional)
El presidente del Parlamento Europeo se reunirá con la oposición venezolana
El presidente del Parlamento Europeo (PE), Martin Schulz, se reunirá la próxima semana con representantes de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), entre ellos la mujer de Antonio Ledezma, Mitzy Capriles, y la madre de Leopoldo López, Antonieta Mendoza, ambos presos en Venezuela.
El PE informó hoy de que las dos mujeres acudirán el próximo miércoles a la sesión plenaria de Estrasburgo, donde se reunirán con Schulz, con miembros del Partido Popular Europeo (PPE) y con el copresidente de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana (Eurolat), Ramón Jáuregui.(La Patilla)
Borges: Seguiremos adelante con la Ley de Propiedad de la Misión Vivienda
El diputado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Julio Borges, recalcó que la Gran Misión Vivienda Venezuela «se ha hecho con dinero del país, no con dinero de Maduro» y por eso manifestó que no le ve explicación que el Gobierno Nacional quiera rechazar la Ley de Títulos de la Misión Vivienda.
Ante las declaraciones que el presidente Nicolás Maduro dio este jueves asegurando que la Ley de Propiedad de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) no será aprobada por el Ejecutivo Nacional, el diputado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Julio Borges, manifestó este viernes que los parlamentarios seguirán adelante con dicha ley.
«No tiene explicación que el Ejecutivo se niegue a algo que es tan importante para la familia venezolana que es tener el título pleno de la propiedad de su vivienda. Algo que va a lograr que las familias puedan progresar, heredar esas casas y venderlas si quieren para seguir progresando», indicó en entrevista a Unión Radio el también jefe de la bancada opositora del Parlamento.(El Universal)
Asamblea auditará a la Gran Misión Vivienda Venezuela
Aprobada en primera discusión la ley para otorgar títulos a beneficiarios de Gmvv
La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela (Gmvv).
La votación fue avalada con la mayoría representada en la Unidad, mientras el Bloque de la Patria rebatió los argumentos de la propuesta, destacando que esa ley solo serviría para confiscar las viviendas a los beneficiarios.
El principal vocero del bloque oficialista, Ricardo Molina, destacó que ese proyecto era violatorio de varias leyes y recalcó, “no permitiremos que se mercantilice la vivienda”.(El Mundo)
Hoy realizarán apertura del Año Judicial 2016
La magistrada presentará al país el informe de gestión del Poder Judicial correspondiente a 2015
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela realizará este viernes la apertura del Año Judicial 2016 con un acto solemne encabezado por la presidenta de esa instancia, Gladys Gutiérrez.
Se tiene previsto que el acto inicie a las 11 de la mañana. La magistrada presentará al país el informe de gestión del Poder Judicial correspondiente al año 2015, actividad que contará con la presencia del presidente de la República, Nicolás Maduro.
Asimismo, estarán presentes magistrados del Alto Juzgado, miembros del Gabinete Ejecutivo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, diplomáticos acreditados ante el país, jueces de las circunscripciones judiciales e integrantes de las diferentes instancias de los poderes Judicial y Popular.(Últimas Noticias)
Ministerio de Salud confirmó 255 casos de Guillain-Barré en Venezuela
La ministra de salud, Luisana Melo, aceptó que en el país existe escasez de inmunoglobulina, principal tratamiento para el virus Zika, pero informó que se está distribuyendo a los pacientes que lo requieran «porque estamos en una crisis y el ministerio debe saber dónde están los pacientes».
Este viernes la ministra de Salud, Luisana Melo, informó este viernes que en Venezuela hay 4.700 casos sospechosos de contagio del virus Zika de los cuales 255 personas sufren el síndrome Guillain-Barré, una de las complicaciones de dicho virus, y que de esas personas unas 55 están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
La ministra aceptó que en Venezuela hay escasez del principal tratamiento para el Zika, la inmunoglobulina, pero indicó que se le distribuirá a los pacientes que lo requieran ya que «estamos en una crisis y el ministerio debe saber dónde están los pacientes».(El Universal)
Sin control sanitario y de dudosos efectos en los pacientes. Así son los medicamentos para el tratamiento de cáncer distribuidos por el Ministerio para la Salud que denuncia el médico oncólogo y radioterapeuta, José Manuel Olivares, diputado electo por el estado Vargas.
El experto, junto con un equipo de médicos, comenzaron a verificar desde hace unos meses que los pacientes a los que suministraban el medicamento genérico Erlotinib (destinado al tratamiento de cáncer de pulmón) estaban presentando los mismos resultados: aumento de metástasis y recaídas, efectos adversos, toxicidad y menos efectividad en la sobreviviencia de los pacientes.
“Desde hace unos dos años, el Ministerio para la Salud autorizó la introducción en el mercado venezolano medicamentos genéricos, en un primer lugar provenientes de Uruguay con respuesta aceptable. Pero luego empezaron a llegar al país drogas similares vía Cuba e India que coinciden con la baja incidencia en los tratamientos”, resalta Olivares.
Una de las irregularidades del fármaco cuestionado es que no presenta registro sanitario. “Todo medicamento que se distribuya en el país debe tener por ley un aval del Instituto de Higiene Rafael Rangel, autoridad única que aprueba la distribución en el sector público y privado. Todos esos productos deben tener un número y organismo o casa patrocinante en el país, precisamente lo que no encontramos en las cajas de esos medicamentos que denunciamos”, alerta el médico.
La empresa supervisora del fármaco Erlotinib también está en cuestionamiento. Se trata de la española Gissa Espale, que fue creada en 2010 con objeto social del sector “grasas, lacteos y huevos”, según el registro mercantil de España (Borme). En 2014, cambió su objeto a la exportación de material médico. Olivares enfatiza que “esta firma, fundada con 3 mil euros de capital y un empleado, que además no tiene página web, es la encargada en teoría la encargada de suministrar los medicamentos de cáncer de pulmón para el MinSalud venezolano”
Otra señal de la informalidad de este fármaco es su presentación, indica Olivares: “en ninguna parte del mundo venden un medicamento en bolsitas, ni siquiera aspirinas. Viola cualquier normativa internacional, productos tan especializados no pueden manipularse de manera manual”.
Los médicos venezolanos denunciantes esperan respuesta del laboratorio indio DBR Pharma (domiciliado en Mumbai), al cual la empresa española encargó la fabricación de los medicamentos para el MinSalud de Venezuela. En su página web http://www.bdrpharma.com/ no indica ninguna relación con España dentro de sus operaciones internacionales. Según el diputado electo, una gaceta oficial de Cuba reseña que en 2013 el gobierno mandó a recoger un lote de medicinas de esta empresa india “por su mala calidad”.
Olivares afirma que después de ser juramentado como diputado el 5 de enero de 2015 en la instalación de la nueva Asamblea Nacional y la activación de la comisión de salud, exigirán respuestas al ministro para la Salud, Henry Ventura.
El Ministerio Público dictó privativa de libertad para la teniente de la Aviación, Karla Morales, y los sargentos del Ejército, Darwin Díaz y Miguel Rojas, quienes habrían sustraído el pasado 4 de septiembre más de 531.000 unidades de insumos médicos propiedad del Ministerio para la Salud.
Los materiales estaban resguardados en un almacén situado en la población de Tejerías, estado Aragua.
Por este mismo caso también fue imputada la contadora Rebeca Hernández, quien se habría encargado de comercializar los artículos de asistencia médica.
En la audiencia de presentación, el fiscal 21º auxiliar de Aragua, José Arreaza, imputó a los tres militares y a Hernández por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio y agavillamiento.
Tras ser evaluados los elementos de convicción presentados y ante la solicitud del fiscal, el Tribunal 8º de Control de Aragua dictó la medida privativa de libertad para las cuatro personas.
En este sentido, los hombres fueron remitidos al Destacamento 422 del Comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en La Victoria; mientras que las mujeres permanecerán en el Centro Policial San Carlos, conocido como Cuartelito, en Maracay.
Adicionalmente, a solicitud del Ministerio Público, la citada instancia judicial ordenó el decomiso de la mercancía que quedó a disposición de la Corporación de Salud de Aragua.
El caso
El 4 de septiembre, Rojas, bajo la autorización de Díaz, quien era el encargado del área de despacho del almacén, habría elaborado una guía para dos camiones que llevarían más de 531.000 unidades de insumos médicos hasta la sede de la Zona Operativa de Defensa Integral, ubicada en la Escuela de Tropa de La Victoria.
Sin embargo, los dos vehículos de carga desviaron su ruta hasta la urbanización Ciudad Socialista de La Mora, donde reside la teniente Morales, quien se habría encargado de gestionar la descarga de toda la mercancía en su vivienda.
En horas de la noche de ese día, efectivos de la GNB recibieron una denuncia en la que hacían referencia a la descarga irregular de grandes cantidades de materiales médicos en una zona residencial, por lo que se apersonaron en el sitio y detectaron que en la vivienda de la mujer había cajas con los insumos. Por esta situación Hernández fue aprehendida.
Al día siguiente, Díaz se presentó al Comando de la GNB e indicó ser el responsable de los insumos incautados, por lo que quedó detenido de inmediato.
Luego de labores de investigación coordinadas por el Ministerio Público, se logró determinar la participación de Rojas y Hernández en el hecho, por lo que fueron aprehendidos en varios procedimientos efectuados entre Las Tejerias y La Victoria.
Por este mismo caso será presentado en las próximas horas el director del Ministerio para la Salud, José Gregorio Velásquez Lozada, quien habría firmado la salida de ambos camiones, a pesar de estar en conocimiento de la situación ilícita.
La vacuna contra el Virus de Papiloma Humano estará en el Esquema Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud en 2016. La población objetivo es de 6,4 millones de personas a partir de los 9 años de edad, informó Claudia Morón, viceministra de Salud Colectiva.
La introducción del biológico en el país ha despertado reacciones positivas en el gremio médico, pese a las polémicas por presuntos efectos adversos en niñas vacunadas en Colombia.
“Llevamos mucho tiempo pidiendo que se apruebe la vacuna y que se incluya en el esquema. De todos los países donde ha sido aplicada en América, solo Colombia ha reportado problemas que ameritan más investigación porque puede deberse a condiciones previas en las niñas u otras situaciones vinculadas al producto, pero es una vacuna segura”, dijo Huníades Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría.
Urbina destacó que Venezuela, junto con Belice y Haití, pertenecía al grupo de países sin la disponibilidad del biológico.
Elia Sánchez, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, ratificó su apoyo a la medida como una forma de frenar la incidencia de cáncer uterino. De acuerdo con el reciente Anuario de Mortalidad de 2012, los tumores de los órganos genitales femeninos causaron 2.393 muertes, de los cuales 1.321 correspondieron a tumores en el cuello del útero. “Estamos de acuerdo con la vacuna. En Venezuela tenemos altos índices de infecciones por VPH, que se relacionan con el cáncer”, indicó.
Recordó que las vacunas son productos antimicrobianos que pueden producir efectos adversos a los esperados. Agregó que en el caso de VPH en los países en los que ha reportado problemas estos no han sido superiores a los beneficios registrados.
El jueves 20 Henry Ventura, ministro de Salud, anunció la inversión de 47 millones de dólares para la compra y distribución del producto.
En el mundo
La introducción del biológico anti VPH en Venezuela coincide con los debates sobre los presuntos efectos adversos que ocasiona.
A mediados de 2014, Colombia registró vacunadas más de 200 niñas de 9 años de edad en adelante, con síncopes, dolores de cabeza y discapacidad motora, entre otros síntomas. Sin embargo, el Ministerio de Salud de ese país respondió que el caso se debió a la respuesta psicosomática ante el temor a la vacuna. Los registros de efectos adversos a escala mundial han incentivado la aparición de grupos que insisten en que se suspenda su aplicación hasta que no se tengan claros los efectos secundarios. Entre ellos está la Asociación de Afectadas por la Vacuna del Papiloma de España, país donde hubo tres muertes de vacunadas en 2014.
En febrero de este año Yehuda Shoenfeld, científico del Centro de Enfermedades Autoinmunes de la Universidad de Telaviv, aseguró que algunos componentes en las vacunas anti VPH, como el aluminio, podrían ser responsables del desarrollo de patologías autoinmunes. El Comité de Evaluación de Riesgos en Fármacovigilancia de Europa anunció en julio pasado la revisión de los casos de síndrome de dolor regional complejo y el síndrome de taquicardia postural ortostática en pacientes luego de recibir la vacuna.
Pese a la polémica, la Organización Mundial de la Salud continúa con la recomendación de aplicarla a los niños y adolescentes antes de que inicien su actividad sexual, en el que pueden entrar en contacto con cualquiera de los 100 tipos de VPH existentes. Las vacunas, bivalente (Cervarix) y cuadrivalente (Gardasil), inmunizan contra tres de los tipos de VPH relacionados con el cáncer de cuello uterino, y de los genitales masculinos y femeninos.
Datos en contra
El Sistema de Reportes de Reacciones Adversas a las Vacunas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Administración de Drogas y Alimentos (CDC y FDA), ambos de Estados Unidos, contabilizaron 220 muertes y 1248 discapacitados por la vacuna del VPH en el mundo desde su introducción en 2006 hasta agosto de 2015. En ese período se habían administrado 10 millones de dosis.
