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Masacre

MP imputa a director de la cárcel de Los Llanos por la masacre
 Tarek William Saab informó que cinco militares están acusados de disparar contra los reclusos

 

El Ministerio Público (MP) imputó este miércoles 13 de mayo a Carlos Graterol, director del Centro Penitenciario de Los Llanos Occidentales ubicado en Guanare, estado Portuguesa, así como a cinco funcionarios de la Guardia Nacional (GN) y cuatro reclusos por los sucesos del 1° de mayo en la cárcel de Guanare que dejaron como resultado la muerte de 47 reclusos y 67 personas heridas. 

A través de una rueda de prensa, el fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente (ANC), Tarek William Saab, detalló que Graterol fue imputado por ser cómplice necesario en el delito de introducción de armas de fuego en centros penitenciarios.

Además de Graterol fueron imputados los funcionarios primer teniente Castro Malaguera, sargento primero Manuel Torres Parada, sargento mayor de tercera Rodríguez Escalona, sargento primero Almeida Gudiño y sargento primero Rodríguez García. Cada uno de ellos por disparar contra los reclusos.

Los efectivos serán imputados por los delitos de homicidio intencional en grado de complicidad correspectiva, homicidio intencional en grado de frustración y abuso de poder.

Estas declaraciones las ofreció en el fiscal, después de casi 12 días de lo sucedido en el centro penitenciario Cepella.

«Los custodios de la Guardia Nacional no realizaron las maniobras necesarias para la contención de los internos», reconoció Saab, al tiempo que dijo que «pudieron haberse lanzado gases lacrimógenos, disparos al aire pero no lo que ocurrió. Lamentablemente para la contención optaron por hacer uso de armas de fuego recibiendo respuesta también por parte de internos armados», dijo el fiscal. 

 

Los GN que dispararon contra los reclusos de la cárcel de Cepella quedaron identificados como Alberto Castro Malagueta, primer teniente; Jesús Manuel Torres Parada, sargento primero; Yojangel Simón Rodríguez Escalona, sargento mayor de tercera, Jorge David Almeida Gudiño, sargento primero y Francisco José Rodríguez García, sargento primero. Los mismos serán presentados ante el tribunal competente y se les imputará por los delitos de homicidio intencional en grado de complicidad, homicidio intencional en grado de frustración y abuso de poder.

Según Saab,  «Ese día los internos, obedeciendo órdenes de un líder negativo apodado «Olivo», emprendieron unas protestas por supuestos hechos irregulares durante la visita e, incluso, traspasaron la cerca perimetral del centro penitenciario, agrediendo al director del penal», dijo.

Sin embargo, el día de la masacre se pudo conocer que los detenidos dijeron a sus familiares que el motín comenzó ante la negativa de los custodios de dejar entrar comida suficiente al penal. Durante la cuarentena por la covid-19, las visitas a los centros penitenciarios también están suspendidas.

*Con información de TalCual y El Pitazo
Leopoldo López Gil pide a la UE investigar masacre de Guanare
López Gil le recordó a Josep Borrell que los centros penitenciarios de Venezuela no proveen insumos ni medicinas básicas a los reos

 

El eurodiputado del PP y portavoz de derechos humanos del Grupo PPE en el Parlamento Europeo, Leopoldo López Gil, ha pedido al Alto representante para la Política Exterior y la Seguridad Común de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, que condene la masacre ocurrida el pasado 1 de mayo durante un motín en el centro penitenciario de Los Llanos en Guanare, y que solicite “una investigación imparcial inmediata y fehaciente para que los responsables sean puestos a la orden de la justicia y respondan por sus inhumanos actos”.

En una carta dirigida a Borrell en la que señala que hay evidencias de que el motín que provocó casi 50 fallecidos y más de 75 heridos, Lòpez Gil afirma que el hecho se debió a la protesta de los reos por la prohibición de recibir alimentos del exterior del centro penitenciario, y no por un intento de fuga como han argumentado las autoridades penitenciarias.

El eurodiputado ha enviado también a Borrell un informe del Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas de Venezuela, Humberto Prado, en el cual queda documentado que el origen del motín fue por esa prohibición.

López Gil ha recordó en su carta a Borrell que los reclusos de Los Llanos “dependen de agua y alimentos que le suministran sus familias, ya que los centros penitenciarios de Venezuela no proveen insumos ni medicinas básicas a los reos”, y que debido a la pandemia del Covid-19 las autoridades han limitado el derecho de los reos a las visitas de sus familiares.

“Este marco factual indica que no se produjo fuga alguna sino un motín previsible por las circunstancias a las que son sometidos los reclusos, sumadas al hacinamiento en las cárceles venezolanas”, dijo el eurodiputado.

 

*Con información de NP

Amnistía Internacional pide investigar masacre en Guanare
La directora del organismo afirmó que las autoridades venezolanas deben investigar el hecho para que crímenes de lesa humanidad no queden impunes 

 

La ONG Amnistía Internacional pidió una investigación completa de lo sucedido el viernes en la cárcel de Los Llanos, en Guanare, en el estado Portuguesa, donde al menos 47 encarcelados fallecieron y otras 75 personas resultaron heridas.

La versión oficial sostiene que se frustró un intento de fuga y que el enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y reclusos se saldó con estos muertos y heridos, entre estos últimos varios funcionarios comenzando por el director de la cárcel, Carlos Toro.

Sin embargo, según otra ONG, el Observatorio Venezolano de Prisiones, la masacre habría comenzado con una protesta de los presos contra la restricción del ingreso de alimentos que llevan los familiares al centro penitenciario.

De acuerdo con el OVP, esta medida es consecuencia de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, por lo que las personas privadas de libertad llevaban días sin recibir los alimentos que sus familiares les llevaban.

«Las grotescas imágenes de lo ocurrido, que ahora recorren el mundo, deben servir de recordatorio de que todas las personas responsables de esta atrocidad deben rendir cuentas frente a la justicia», declaró la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas.

«La respuesta letal de las autoridades debe ser investigada y analizada a profundidad, para que estos crímenes internacionales no queden impunes», añadió Guevara Rosas.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, también ha emplazado este sábado a las autoridades venezolanas a investigar lo sucedido en el recinto carcelario.

La ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, aseguró que se ha iniciado un proceso de investigación profunda. «Rechazamos la violencia y lamentamos profundamente la situación que enluta a los hogares de humildes familias venezolanas», apuntó.

Américo De Grazia, diputado a la Asamblea Nacional (AN), denunció este viernes otra masacre en zonas mineras del estado Bolívar. De Grazia indicó que el hecho se registró en el sector El Manteco y hasta los momentos se contabilizan ocho muertos.

“Ocho muertos en El Manteco. Desafortunadamente se registra una nueva masacre en las zonas mineras. Enfrentamiento por el control del oro de sangre entre el ELN (los pata ‘e goma) y los pranes (el sistema). Se presume que hay más de 20 muertos hasta ahora”, escribió el parlamentario a través de su cuenta en Twitter. 

De Grazia acusó directamente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de servir de cómplice de los guerrilleros. Además, señaló al régimen de Nicolás Maduro de entregar las minas de oro al ELN para compartir los dividendos del oro, diamante y coltán.

Afirmó que en el Parque Nacional Canaima se encuentra un material estratégico llamado Torio, usado para la construcción de misiles. Dicho material es usado por los soldados rusos y por el Hezbolá en Irán.

 

*Con información de EN

Autoridades del pueblo pemón denuncian ante instancias nacionales e internacionales la masacre de Ikabarú
Los indígenas exigen respeto a su territorio y una investigación sobre lo ocurrido en Ikabarú
Exhortan al Gobierno a llevar a cabo una investigación conjunta con la Jurisdicción Especial Indígena

Las autoridades del pueblo indígena pemón del sector VI denuncian ante instancias nacionales e internacionales, la masacre de Ikabarú, donde fueron asesinadas 8 personas, entre ellos un indígena de la comunidad Manak Krü.

En un comunicado recordaron que la Constitución establece en su artículo 119 el reconocimiento por parte del Estado de los pueblos indígenas.

Igualmente reclaman que su dignidad es violada constantemente, “cuando se nos trata como raza inferior en documentos, investigación social, trabajos periodísticos, noticias infamantes, así como también autorizan sin nuestro consentimiento la ejecución de obras o incursión militar, turismo nacional e internacional, tomar fotografías en nuestras viviendas con fines comerciales y pretenden sacar todo tipo de beneficio personal y económico en nombre nuestro”.

Exhortan al Gobierno a llevar a cabo una investigación conjunta con la Jurisdicción Especial Indígena. Por eso señalaron que el artículo 132 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, da la potestad a los indígenas de investigar, decidir y ejecutar las decisiones en cuanto a controversias o conflictos que susciten en su territorio.

Las autoridades del pueblo pemón también rechazaron la militarización del aeropuerto y la instalación de una alcabala móvil antes del 5102 Escamoto, cerca del puente dirección La Línea (Brasil)- Santa Elena de Uairen.

Repudian el amedrentamiento por parte de efectivos militares hacia su cuerpo de seguridad indígena “y la incursión que se pretende realizar en las comunidades indígenas de algún órgano de seguridad”.

Por lo tanto los indígenas piden que el Estado cumpla y aplique todos los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos y lo que se refiere a los pueblos indígenas.

Comisión de Pueblos Indígenas de la AN denunciará masacre de Ikabarú ante organismos internacionales
Los diputados exigen que se investiguen los hechos de esta zona en la Gran Sabana donde hay al menos seis muertos
La parlamentaria chavista, Yosmary Fernández aseguró que hay un equipo del Ministerio Público haciendo las investigaciones

Foto: Prensa AN

Los diputados miembros de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional, exigen respuestas sobre la masacre ocurrida en la población de Ikabarú en la Gran Sabana, estado Bolívar.

Indicaron que han pasado cinco días de los hechos – donde hubo al menos seis muertos – y aún no hay un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades. Igualmente aseguraron que denunciarán estos hechos ante organismos internacionales. 

Gladys Guaipo (Parlinve- Representación indígena) presidenta de la Comisión exhortó a las autoridades a esclarecer los hechos. “Estamos cansados de que arremetan contra nuestros pueblos”, agregó.

También señaló que hasta el momento no saben con exactitud quiénes son los muertos o cuántos son. 

Aunque en la sesión del martes, 26 de noviembre, la diputada Yosmary Fernández (Psuv-Zulia) aseguró que ya hay un equipo del Ministerio Público haciendo las investigaciones correspondientes. “Queremos decirle al pueblo pemón que el Gobierno ha estado pendiente y presente en esta situación”.

Sin embargo los diputados de la oposición hicieron sus críticas sobre la masacre en Ikabarú y que todo es por la extracción de oro y otros minerales en la zona. Un delito que ha venido siendo denunciado por ONG como Kapé Kapé.

El diputado José Pratt (Causa R-Bolívar) aseguró que estos hechos ocurren porque el régimen de Nicolás Maduro convirtió el oro en su caja chica. 

Mientras que el diputado Ángel Medina (PJ-Bolívar) denunció que desde el año 2016 se han perpetrado 40 masacres de este tipo. “Lo que pasó no es un hecho aislado, es una política permanente que se ha intentado instalar en todo el estado Bolívar para tomar las minas”, criticó.

Igualmente el diputado Julio Ygarza (UNT-Amazonas) recordó que con el gobierno de Hugo Chávez y de Maduro no se ha hecho la demarcación de tierras indígenas – establecido en la Constitución – y tampoco se hace consulta previa para poder trabajar en esas tierras.

El diputado y representante indígena, Romel Guzamana aseguró que a los indígenas los masacran cada día y que no cuentan con armas. Recalcó que en Amazonas están presentes los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los pranes. “Ellos son los dueños de las minas”.

Con información de prensa AN.

 

Acciones violentas en el estado Bolívar involucran cuerpos armados paramilitares y delincuenciales

 

Ángel Medina, diputado a la Asamblea Nacional (AN) denunció este lunes 25 de noviembre que, desde el año 2016 hasta la fecha en el estado Bolívar se han registrado más de 40 masacres de pemones, relacionadas con la fiebre del oro impulsada por el Arco Minero del Orinoco.

En rueda de prensa Medina precisó que todos los cadáveres presentaban disparos en el cráneo. “Es importante saber con qué armas fueron asesinados, de qué calibre eran las armas; tener y hacerle la autopsia legal a los cuerpos y los procedimientos legales necesarios para hacer justicia”, agregó.

 

 

El parlamentario dijo que activistas de derechos humanos y dirigentes indígenas aseguraron que habían pasado 48 horas después de la masacre y las autoridades no habían retirado los cuerpos para realizar las autopsias de rigor.

Ángel Medina manifestó que se trató de una arremetida violenta con armas de fuego de alto calibre que busca tomar por la fuerza el pueblo pemón para seguir con la explotación minera en Guayana.

 

 

Afirmó que estas acciones involucran cuerpos armados paramilitares y delincuenciales, que en la zona se hacen llamar sindicatos o sistemas. También señaló la actuación violenta de miembros del Ejército de Liberación nacional para controlar el territorio.

 

Masacre en Ikabarú: “Llegaron y empezaron a disparar”
Una nueva masacre se está perpetrando al sur de Venezuela, específicamente en el poblado de Ikabarú, uno de los bloques especiales de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco. Los indígenas denuncian que no se trata de una “pelea entre bandas” sino del modelo extractivista minero, promovido desde el gobierno, que se expande por todo el país y que en el estado Bolívar tiene su punta de lanza con la minería aurífera

 

“22 de noviembre de 2019. 10:40pm: Hay una matazón en Ikabarú”, este fue el mensaje que recibió uno de los informantes cuya identidad queda resguardada para los efectos de esta nota. En horas de la mañana de este sábado se confirmó que la masacre ocurrió entre las 7 y 7:30 pm del viernes 22 de noviembre de 2019 cuando ingresó un grupo armado a la comunidad de Ikabarú y comenzó a disparar.

Ikabarú es una comunidad mixta, indígena y no indígena, ubicada en el municipio Gran Sabana, del estado Bolívar, al sur de Venezuela; forma parte del sector pemón N° 7, tiene una población de 2.500 personas y desde hace varios años parte de su actividad económica se basa en la minería aurífera.

En 2016, Ikabarú fue nombrada como bloque especial dentro de las áreas que forman parte de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, decreto 2.248 del 24 de febrero de 2016, un proyecto promovido desde el Ejecutivo nacional para la extracción de minerales como oro, diamante y coltán, que se está realizando sin la consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas y sin estudios de impacto socio-ambiental. Desde entonces varias masacres se han perpetrado en el 12 % (y más allá) del territorio asignado para este megaproyecto.

 

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