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Masacre

Persiste el silencio institucional sobre la masacre de El Ripial a un año de los hechos
La Fiscalía y la Defensoría del Pueblo siguen sin informar el avance de las supuestas investigaciones en la masacre donde cinco personas fueron asesinadas por las FAES

 

La organización Lupa por la Vida denunció que al cumplirse un año de la masacre de El Ripial el fiscal General Tarek William Saab no ha presentado los resultados de su investigación.

«Luego de un año, tanto la Fiscalía como la Defensoría del Pueblo siguen sin informar el avance de las supuestas investigaciones», afirmó la organización.

A través de su cuenta en Twitter, Lupa por la Vida recordó que el pasado 25 de marzo de 2021 fueron asesinadas cinco personas, de ellos, cuatro eran integrantes de una misma familia. Los crímenes fueron cometidos por funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), quienes señalaron a las víctimas de ser “guerrilleros”.

Las cinco ejecuciones extrajudiciales se perpetraron en la zona fronteriza de Apure. Las víctimas fueron llevadas con signos vitales al barrio 5 de julio de La Victoria. Pero aparecieron muertos en El Ripial. Presentaban tiros de gracia y fueron hallados con indumentaria militar.

Según organizaciones defensoras de derechos humanos esta masacre se asemeja a la de El Amparo, registrada el 29 de octubre de 1988, cuando 14 pescadores fueron asesinados con el mismo propósito de aparentar una acción militar exitosa contra la subversión. 

Provea denuncia «falta de voluntad política»

La ONG Provea alertó el pasado jueves que «no hay ninguna voluntad» de investigar a las fuerzas de seguridad por estas ejecuciones extrajudiciales.

«Nos preocupa que hay elementos que indican que no hay ninguna voluntad de investigar ni a los autores materiales, ni a la cadena de mando en la masacre de El Ripial, donde fueron asesinadas cinco personas, cuatro de ellas de una misma familia», indicó el coordinador de investigación de la ONG, Marino Alvarado, en un video difundido en el Twitter de la organización.

En abril de 2021, Human Rights Watch (HRW) acusó a las fuerzas de seguridad venezolanas de las ejecuciones extrajudiciales de, al menos cuatro civiles, de detenciones arbitrarias y de torturas, entre otros «abusos aberrantes» contra la población de Apure.

Puede leer también: DDHH olvidados | La masacre de El Ripial sigue impune

#MonitorDeVíctimas | Impunidad y silencio a tres meses de la masacre de La Vega
A tres meses de la masacre de La Vega, impunidad y silencio es lo que se respira en la parroquia asediada por la violencia. De los casos registrados por Monitor de Víctimas en enero de 2021, solo entre los días 7 y 8 se reportaron 15 personas muertas en el marco del operativo policial 

 

@erickgncal / foto: Román Camacho

 

La parroquia de La Vega al inicio del 2021 estuvo marcada por la violencia. Monitor de Víctimas registró 21 casos de homicidios y ejecuciones extrajudiciales, ocurridos durante los 31 días de enero. 

Además de todo lo que rodea estas muertes, llama la atención que, según la base de datos de Monitor de Víctimas, en enero de 2021, el aumento de los homicidios en La Vega fue de 1800% en comparación con enero de 2020 cuando se registró solo un homicidio en esa parroquia. 

Por otra parte, durante los 365 días del 2020 en La Vega se documentaron 29 homicidios, ocho asesinatos más que los contabilizados solo durante enero de 2021. 

Con base a los registros de Monitor de Víctimas se puede concluir que el aumento de asesinatos en la parroquia, está relacionado con las muertes ocurridas en la masacre de La Vega, entre el 7 y el 8 de enero. Se logró registrar que en ese solo hecho hubo 15 víctimas, de las cuales 14 fueron presuntamente ejecutadas por los cuerpos de seguridad del Estado y otra murió en el marco del operativo, al parecer a manos de la fuerza pública. 

La primera masacre del año 

Hablar de La Vega en 2021, es recordar la masacre del 8 de enero. De las 15 víctimas, cuatro eran adolescentes de 17 años de edad. En el procedimiento participaron funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Dirección de Investigaciones Penales (DIP) y la Unidad de Operaciones Tácticas Especiales (UOTE) de la PNB. 

Una semana antes de que ocurriera la llamada Masacre de La Vega, funcionarios de la PNB informaron que algunos sectores de esa parroquia habían sido tomado por miembros de la megabanda de “El Coqui”, el grupo delincuencial que mantiene el control territorial en la Cota 905, un barrio vecino de La Vega. 

Según los uniformados, los delincuentes habrían llevado a cabo esta acción como una forma de extender su dominio en Caracas. 

A los pocos días de este anuncio, en redes sociales se comenzaron a publicar imágenes de presuntos miembros de bandas delictivas con armas de fuego larga en la zona. 

Habitantes de La Vega consultados para este trabajo confirmaron que desde octubre de 2020 comenzaron a ver jóvenes, que en su mayoría no eran de la zona, transitando con armas de fuego por las calles.

“Su interés se centra en expandir el control territorial en La Vega, debido a que en este sector se encuentran salidas estratégicas de Caracas, como es la carretera Panamericana, contactada en la parte alta de La Vega, y salidas hacía Montalbán, Caricuao y Las Adjuntas”, sostuvo un funcionario policial, quien pidió que no se revelara su identidad. 

Cuatro adolescentes muertos entre las víctimas

Para las 11:00 am del pasado 8 de enero ya habían muerto 15 personas, en el marco del operativo policial en La Vega. Las autoridades informaron que las muertes de estas personas se habían presentado en enfrentamientos con funcionarios de los cuerpos élite policiales. 

Si embargo, familiares de los fallecidos dieron otra versión de los hechos a los periodistas de Monitor de Víctimas. Todos estos relatos apuntaron a que lo ocurrido en La Vega fue una masacre ocasionada por la violencia policial. 

“Queremos que de verdad se haga justicia”, fue el petitorio de los familiares de Carlos Alfredo Hernández Hurtado, de 17 años de edad, ejecutado por funcionarios de las FAES ese 8 de enero. 

El adolescente abandonó sus estudios de bachillerato para ponerse a trabajar lo antes posible y ayudar con los gastos del hogar. Laboraba en una carnicería de la zona. “Fue a comprar queso cuando la policía lo agarró y lo mató”, señaló Carmen Hurtado, madre de Carlos. 

Carmen sabe exactamente cuántos días han pasado desde que mataron a su hijo. “Sabes, esta semana, el 8 de abril, se cumplen 3 meses desde que asesinaron a mi hijo”, cuenta Carmen. Son 90 días desde la intervención policial. 

La madre no ha tenido comunicación con los fiscales del Ministerio Público; pesé a hacer una denuncia ante la fiscalía de derechos fundamentales en Parque Carabobo, casi un mes después de la ejecución del joven. 

Ni una llamada, comentario, ni acción por parte de las autoridades recibió Carmen a tres meses de la masacre. Su caso está impune.  

“Tuve que ir a la fiscalía para meter la denuncia. No me dieron ningún papel. Al menos me atendieron bien, pero ya pasaron dos meses y ni una llamada he recibido”, agregó. 

Hasta el momento, ninguna autoridad del gobierno de Nicolás Maduro se pronunció sobre los hechos. El silencio de Tarek William Saab, Fiscal General; y de Alfredo Ruiz, defensor del Pueblo, marca un precedente preocupante para las víctimas que buscan justicia.

Para Carmen, lo más importante es que se diga la verdad. “Se lo que dicen. Que mi hijo era un malandro. Pero no es así. Es verdad, mi hijo había dejado sus estudios de bachillerato para ayudarme con los gastos del hogar. Sin embargo, él iba a continuar con sus estudios. Tenía pensado inscribirse en la academia militar para ser guardia nacional, unos días después de que cumpliera 18 años”, agregó. 

Para la madre, la versión policial solo estigmatiza, daña y rompe con la vida, no solo de las víctimas, sino también de sus allegados. “Sabes, mi hijo era un chamo sano. Ni siquiera vivía en La Vega. Se había mudado dos años antes a Altagracia de Orituco, a una casa que tengo allá. Esa semana, aquella en donde fue asesinado, estaba ayudándome a buscar las cosas para terminar la mudanza”, confesó la mujer.

Los relatos de los familiares de otras 10 víctimas, publicados en su momento por Monitor de Víctimas, son similares. 

Perfil de las víctimas y su ubicación geográfica

De los 21 homicidios ocurridos en La Vega en enero, 14 fueron por violencia policial, 3 por robo, 3 por causas por determinar y 1 por balas perdidas. En este último móvil se encuentran la otra víctima del operativo policial en La Vega.

La edad promedio de los fallecidos fue de 26,5 años, lo que nuevamente indica que la mayoría de las víctimas eran jóvenes en edades productivas. De los 21 asesinados, una víctima era de sexo femenino. 

Para el padre Alfredo Infante, párroco de La Vega, el incremento de la violencia en la parroquia del suroeste de Caracas se debe a una serie de factores socioeconómicos vinculados también a la acción directa del Estado venezolano, mediante a sus cuerpos de seguridad. 

“No podemos hacer una tesis como tal sobre si las protestas por los servicios básicos (agua y gas) en la parroquia fueron los precursores de la arremetida del gobierno en el sector. Ese aumento en las muertes no solo expresa lo que pasa en La Vega, sino en Venezuela”, señaló. 

Infante, quien es coordinador de Derechos Humanos del Centro Gumilla, identificó las zonas en donde los índices delictivos se mantienen en aumento. La parte baja, que va desde la entrada, en la redoma de La India hasta la calle Zulia, es donde hay mayor incidencia de homicidios. 

“Hay una distribución interesante de los hechos violentos. Por los datos que tienen, se puede decir que la mayor parte de los homicidios se cometieron en la parte baja de La Vega, en donde está la zona más comercial. Seguida por la parte media del sector. La parte baja es la que más ha sufrido la violencia, pese a que allí haya mayor presencia policial”, sostuvo Infante. 

“Llama la atención que el lugar con mayor incidencia es también el lugar de mayor presencia policial. El que la policía esté presente no es garantía de la disminución del delito”, agregó el sacerdote. 

Las víctimas del operativo policial:

Luis Alejandro Ramírez (17) 

Wilfredo Marcano (36)

Yerikson José García Duarte (32)

Raúl Antonio Lira Sánchez (25)

Eliécer Rafael Martínez Rojas (23)

Richard Alejandro Chile Cabello (20)

Julio Alexander Pino Moreno (23)

Yeferson José Moreno Plazola (28)

Carlos Alfredo Hernández Hurtado (17)

Jonathan Useche (17) 

Jonathan Efrén Durán González (17)

Néstor Duarte

Nelson Enrique Villarta Talima (49)

Eglis Rivas (25) 

Un hombre sin identificar 

Amnistía Internacional pidió a la CPI investigar 14 muertes en La Vega
La organización asegura haber recogido pruebas «verificadas» de la masacre que a comienzos de enero enlutó a más de 20 familias de la localidad de La Vega

 

Este jueves, 18 de febrero, Amnistía Internacional (AI) pidió a la Corte Penal Internacional que incluya en su examen preliminar sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, las muertes de al menos 14 hombres de la parroquia La Vega, en Caracas, por considerar que se cometieron ejecuciones extrajudiciales.

A través de un comunicado, la organización explicó que citó la nueva investigación Venezuela: Impunidad ante letal política de control social, que recogió pruebas presuntamente verificadas por su Laboratorio de Evidencias de Crisis.

«Si bien vecinos denunciaron la presencia policial desde el 6 de enero, dos días después, se desplegaron 650 funcionarios de fuerzas de seguridad venezolanas en la parroquia La Vega por un supuesto enfrentamiento entre bandas armadas y la policía», dijo AI.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo que, a pesar de las denuncias reiteradas de organizaciones internacionales y la sociedad civil venezolana, estos crímenes continúan año tras año de la mano de una sistemática impunidad.

Organizaciones de derechos humanos y residentes de La Vega, según Amnistía Internacional, negaron que las muertes fueran resultado del enfrentamiento, sino ejecuciones extrajudiciales en su mayoría. Otras podrían deberse a balas perdidas.

La mañana del viernes 8 de enero comisiones mixtas de las FAES, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros (Conas) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) tomaron varios sectores de La Vega. Donde al menos 14 personas murieron durante el operativo, entre las víctimas estuvieron dos adolescentes de 17 años.

*Con información de EFE

Cidh pide disolver las Faes tras masacre en La Vega
La comisión instó al Gobierno venezolano a investigar con debida diligencia los sucesos ocurridos entre el 8 y 9 de enero

 

Este martes, 12 de enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Gobierno de Nicolás Maduro disolver las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), luego de que en los últimos días se registrara una nueva masacre que dejó más de 20 fallecidos en la parroquia La Vega, de Caracas.

“La CIDH expresa preocupación por el fallecimiento de al menos 20 personas en operativos de seguridad ciudadana los días 8 y 9 de enero. Según información, los operativos habrían sido ejecutados por Fuerzas de Acciones Especiales FAES en La Vega. La CIDH ha advertido sobre un contexto de ejecuciones extrajudiciales en operativos de seguridad ciudadana, que se caracteriza, entre otras cosas, por la calificación pública de las víctimas como personas de alta peligrosidad que presentan resistencia a la autoridad”, mencionan en la cuenta en Twitter de la organización.

 

La comisión instó al Gobierno venezolano a investigar con debida diligencia estas muertes, y a sancionar a quienes resulten responsables.

Asimismo, reiteró su recomendación de disolver las FAES, cuerpo de seguridad señalado como responsable de numerosas ejecuciones extrajudiciales.

#MonitordeVíctimas | Siguen trasladando a la morgue de Bello Monte cadáveres procedentes de La Vega

Al menos 24 cadáveres procedentes de La Vega han sido ingresados a la morgue de Bello Monte en los últimos días

 

El padre de una de las víctimas explicó que su hijo, que tenía 25 años, salía de casa rumbo a su trabajo, en la maternidad Concepción Palacios, cuando le dispararon

 

@SandraGuerrero1

 

Como Eglis Rivas, de 25 años de edad, fue identificado uno de los últimos seis cadáveres ingresados a la morgue de Bello Monte procedentes de la parroquia La Vega, municipio Libertador, Distrito Capital.

Jesús Ismael López, quien se identificó como padre de la víctima, dijo que su hijo trabajaba en la Maternidad Concepción Palacios, iba saliendo de su casa para dirigirse a sus labores cuando le dieron el disparo que le ocasionó la muerte.

Hasta ayer a la morgue de Bello Monte habían sido ingresados un total de 24 cadáveres procedentes de los sectores La Pradera, Primero de Mayo, Los Paraparos, calle Zulia y Valle Alegre. De este último sitio es de donde han llevado el mayor número de occisos a la medicatura forense.

Las familias deben llevar un testigo

Antes de retirar los cuerpos, los familiares de las víctimas deben acudir a la División Contra Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) a rendir declaración.

De acuerdo con lo expresado por algunos parientes de los fallecidos, al asistir a la policía científica deben llevar un testigo que pueda dar fe de que la víctima estaba en el sitio donde le dispararon.

Trascendió que durante los hechos ocurridos en La Vega en los últimos días se han recuperado más de 20 armas de fuego, en su mayoría pistolas 9 milímetros, así como fusiles AR-103 y granadas.

#Monitordevictimas | Masacre de La Vega: “A mi sobrino lo mataron los policías y le cambiaron la ropa”
Un familiar de una de las víctimas aseguró que su sobrino salió de su casa en pantalones cortos y sin camisa, pero que cuando se lo llevaron ya muerto no lo identificó porque tenía una ropa distinta

 

@carlosdhoy

 

“No es justo lo que le hicieron a mi sobrino, él era una persona buena, un muchacho de bien que salió de la casa a comprar un cigarro que le pidió su abuela. Salió en un mal momento y cuando estaba en la casa de un amigo, al frente, comenzó el tiroteo. Ellos cerraron la puerta y eso fue suficiente: los policías se metieron y al rato se escucharon unos tiros. No nos dejaron saber qué pasó”.

La que habla es Yerkis Ramírez, tía de  Alejandro  Ramírez, la víctima. La mujer no contiene su rabia: “no es justo que gente buena la maten como a un perro y luego vengan a decir que era un malandro. Mi sobrino era decente, no era ningún delincuente y voy a llevar ese caso hasta donde sea necesario para que se haga justicia”.

Ramírez aseguró que su sobrino salió de su casa en pantalones cortos y sin camisa, pero que cuando se lo llevaron ya muerto no lo identificó porque tenía una ropa distinta. 

“A mi sobrino lo mataron los policías y le cambiaron la ropa. Lo sacaron con pantalones y camisa, por eso no sabía que lo habían matado. Lo metieron en una sábana y se lo llevaron, yo preguntaba que cómo estaba y no me decían. Estaba relativamente tranquila porque no era el que vi que sacaron, pero eso lo hicieron para engañarnos”, dijo.

Agregó que los policías alegan un supuesto enfrentamiento, “pero ¿cómo es que hubo un tiroteo en una casa pequeña y el único muerto fue mi sobrino?”

La mujer señaló que Luis Alejandro era hijo de su hermana, pero que ella murió cuando él tenía 2 años. “Me lo dejó para que lo cuidara y eso hice, por eso sé que no era una mala persona”, concluyó.

 “Lo mataron unos tipos vestidos de negro”

Otra de las víctimas de la que se ha denominado como la Masacre de La Vega fue Wilfredo Marcano, de 36 años de edad, que resultó muerto en el sector El Carmen. Dejó una niña de 11 años.

“Wilfredo era miliciano, le decían Tití, era bueno, no tenía problemas con nadie. Se dedicaba a ayudar a la gente, siempre estaba echando broma, no era un delincuente. Lo mataron el jueves 7 de enero unos tipos vestidos de negro, dicen que eran policías”, dijo su hermana, que por medio a represalias de los funcionarios prefirió mantener su nombre en reserva.

Agregó que Wilfredo estaba confiado. “Como no tenía problemas con la justicia, no tenía qué temer, pero se lo llevaron supuestamente para interrogarlo y no apareció más, hasta que lo encontré muerto en el Pérez Carreño, donde no me dejaron verlo”, dijo.

 

15 muertos deja masacre policial en La Vega
Aún se desconoce la cifra exacta y las identidades de todas las personas que murieron a manos de cuerpos de seguridad del Estado Venezolano, durante la incursión de más de 300 funcionarios de la FAES, el Conas, el Cicpc en la parroquia La Vega de Caracas. Sin embargo, algunos periodistas que cubren la fuente policial han tenido acceso a reportes de cuerpos de seguridad que contabilizaban al menos 15 víctimas, hasta la noche del viernes 8 de enero

 

 

Comisiones mixtas tomaron sectores de La Vega este viernes 8 de enero. Los vecinos reportaron que presuntamente el operativo fue para capturar a supuestos miembros de la megabanda de la Cota 905, que llegaron a la zona la última semana del 2020. Entre los fallecidos hay dos hombres por balas perdidas.

Desde la mañana de este viernes 8 de enero comisiones de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), se desplegaron en un operativo en La Vega, municipio Libertador. Hasta esta tarde fuentes extraoficiales informaron que presuntamente 15 hombres fueron asesinados: 13 durante el enfrentamiento y dos por balas perdidas.

Se conoció extraoficialmente que un vecino de la parte alta de la calle Zulia recibió una bala perdida cuando llegaba a su hogar. Se llamaba Nelson Enrique Villalta Lima y tenía 50 años. Presuntamente los delincuentes dispararon a los efectivos de las FAES justo en el momento que él entraba a su casa.

Allegados contaron que Villalta era profesor de la Fundación Musical Simón Bolívar (Fundamusical), en el núcleo Chapellín, y también trabajaba en el hotel Altamira como vigilante. Familiares de la víctima temen que las bandas de la zona pretendan vengarse de ellos por denunciar ante las autoridades.

También vecinos del edificio La Paz, cercano a la redoma La India, indicaron que presuntamente entró una bala en un apartamento del piso 12. “Vecinos, la bala me partió la ventana. Yo estaba sentado en la computadora y me cayeron los vidrios en la cabeza”, contó el afectado al grupo de su residencia.

Así transcurrió el día durante el operativo

Desde las 2:00 a. m. quienes viven en la calle Zulia de La Vega comenzaron a escuchar detonaciones. “Bajamos los colchones de los cuartos hacia la sala. Nuestros cuartos quedan en el segundo piso y teníamos miedo que entrara una bala perdida mientras dormíamos, por eso bajamos y dormimos en la sala”.

Al amanecer las comisiones mixtas ingresaron a la comunidad y estuvo cerrado el acceso hacia La Vega, por la entrada principal de la redoma La India, por orden de los efectivos. Pasadas las 6:00 p. m. no había acceso de vehículos pero sí se podía pasar a pie hacia el barrio.

 

 

Habitantes de Montalbán y Vista Alegre dijeron a Crónica.Uno que escucharon las ráfagas. En horas de la tarde en la plaza Madariaga de El Paraíso los vecinos notaron la presencia de los efectivos, luego de escuchar detonaciones hacia la Cota 905. Extraoficialmente se conoció que supuestamente los delincuentes habían huido hacia la Cota y Montalbán por la montaña.

Según los vecinos, el operativo es específicamente en la calle Zulia, calle Primero de Mayo, Los Mangos, Los Cangilones, Las Margaritas, Los Paraparos, Valle Alegre y las áreas boscosas, porque estas zonas colindan con la Cota 905, El Valle y El Cementerio.

“Esto es horrible, nosotros estamos encerrados en el baño porque esto es plomo parejo”, contó una vecina de forma anónima por medidas de seguridad a Crónica.Uno.

Desde la última semana del 2020 vecinos de la calle la Zulia y zonas aledañas reportaron la presencia de hombres con armas largas y granadas. Aseguraron que no son de la zona y presumen que pertenecen a la megabanda de la Cota 905, liderada por Carlos Luis Revete, alías el Coqui.

Añadieron que hay presencia de tanquetas y funcionarios con armas largas. Hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado el operativo y a qué se debe.

Desde la tarde del miércoles 6 de enero funcionarios de la PNB tomaron la zona y hasta horas de la noche hubo detonaciones en la comunidad, sin reportar oficialmente algún fallecido o detenido. Los vecinos aseguraron a Crónica.Uno que el jueves la zona estuvo “en tensa calma” durante el día y se mantuvieron muy nerviosos por los rumores de un próximo operativo de las FAES.

Según información extraoficial, la presencia de estos presuntos delincuentes podría deberse a que pretenden ganar espacios en las zonas que colindan con la Cota 905, El Valle y El Cementerio. Sin embargo, los datos no han sido corroborados oficialmente.

#MonitorDeVíctimas | Masacre en Lara: Matan a seis personas en una finca, cinco eran familiares

La familia de Liliana Rafaela Mavare relató que los cuerpos de las seis víctimas fueron sacados de la finca a caballo un día después de la masacre.

Foto: Liz Gascón

 

Ángel Gabriel Barahona Mavare, de 14 años de edad, fue uno de los tres menores asesinados en el hecho. Los otros dos eran sus primos de 6 y 8 años. Lo mataron a machetazos una semana antes del viaje que tenía previsto para reencontrarse con su madre

 

 @LizGascon

 

Cinco de las seis víctimas de la masacre registrada el pasado 28 de noviembre en el caserío Cerro Alto del municipio Torres, estado Lara, se habían mudado de Barquisimeto al campo en marzo de este año, cuando el Gobierno decretó la cuarentena por la pandemia del COVID-19. Eran familia. 

Los occisos fueron Ángel Gabriel Barahona Mavare, de 14 años de edad; sus tíos Liliana Rafaela Mavare y Noval Ramón Serrano Vargas, dos primos suyos de 6 y 8 años de edad identificados como Isaac y Josué Serrano Mavare, así como el propietario de la finca La Polonia, en la que ocurrió el crimen, Octaviano Antonio Serrano.

Mavare y Serrano, tíos del menor, habían decidido irse a la finca de un hermano de este último, junto a sus tres niños de 6, 8 y 13 años de edad, porque estaban desempleados y necesitaban una fuente de ingresos. Así lo relató la madre de Ángel Gabriel, quien prefirió mantener su nombre en reserva.

La tía del adolescente le había pedido permiso a su hermana para llevarse a su sobrino al campo. La idea era que tuviera la oportunidad de criar unos animales que le habían regalado y de colaborar con sus tíos en la producción de queso y en los sembradíos de maíz y caraotas.

El adolescente había aceptado irse a la finca con la promesa de volver en navidad a Barquisimeto, ciudad donde residía. El muchacho fue asesinado a machetazos una semana antes del viaje que tenía previsto para reencontrarse con su familia. 

Ángel Gabriel tenía ocho meses separado de su madre, recordó entre lágrimas su progenitora. “Había dejado sus estudios para irse a trabajar. Yo lo esperaba en diciembre porque no lo veía desde marzo”, agregó la mujer.

Seis personas, incluyendo dos niños y un adolescente, fueron asesinadas por un agricultor

que había sido despedido de la finca de la familia en 2019

 

El homicida es un extrabajador de la finca

Un día después de la masacre fue capturado por estos hechos Jesús Concepción Arriechi Carrasco, un extrabajador de la finca en cuestión. El agricultor admitió su autoría en el crimen, según sostiene un reporte de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Arriechi, de 26 años de edad, fue despedido en 2019 por presuntamente haberse quedado con las ganancias de unos sacos de caraotas que habían cultivado en La Polonia, comentaron dos parientes de las víctimas. 

El día que ocurrieron los homicidios, en horas de la tarde, el agricultor irrumpió en la propiedad con una escopeta y un machete mientras todos cocinaban. Arriechi le disparó a Serrano y con el machete mutiló al resto de la familia, aseguró un primo de las víctimas. “No sabemos si lo hizo con ayuda de alguien más”, explicó.

Arriechi huyó tras robarse dos caballos de la finca, pero fue detenido el pasado 29 de noviembre a las 5:00 a.m. gracias a que la PNB había acordonado los accesos hacia El Empedrado, al saberse la noticia de la masacre. Una comisión interceptó al hombre.

De acuerdo con las pesquisas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el móvil de la masacre sería la venganza. Una minuta del caso señala que Arriechi actuó contra el propietario de la finca y los demás presentes porque desconocía el paradero de una cosecha de caraotas que habían sembrado en conjunto. Los allegados de las víctimas no avalan esta versión.

Solo un integrante de la familia sobrevivió: el hijo mayor del matrimonio Serrano Mavare. El adolescente de 13 años de edad escapó cuando Arriechi hirió de bala a su padre. Parientes contaron que el muchacho se tiró por un barranco y después se refugió en la casa de unos conocidos, que quedaba a más de una hora de distancia de la finca. Cuando alertó a sus allegados del ataque, desconocía que todos habían muerto.