26 AÑOS DESPUÉS, LOS HECHOS OCURRIDOS EN EL RETÉN DE CATIA entre el 27 y 29 de noviembre de 1992, no han logrado esclarecerse con exactitud. De hecho, no existe aún ningún responsable sancionado por la masacre en la que murieron, aproximadamente, 63 personas.
En realidad, existen dos versiones sobre los sucesos acaecidos en el internado judicial de Los Flores. La primera señala que, al conocerse, a través de los medios de comunicación, la noticia del intento de golpe de Estado contra el entonces presidente, Carlos Andrés Pérez, los guardias del retén abrieron las puertas de las celdas y anunciaron a los reclusos que quedaban en libertad. Esperaron la salida de los internos y de inmediato empezaron a disparar contra ellos.
La segunda versión se basa en un informe emitido por la jefatura de Servicios del Retén de Catia, en el que se señala que a las 6:10 a.m. del 27 de noviembre de 1992 “se informó a la Jefatura del Régimen que los internos de los Pabellones del Ala Sur 4 y 5 rompieron los candados, se produjo un motín y de inmediato los funcionarios de la guardia dispararon a los internos”.
Más allá de las dos versiones, los acontecimientos, finalmente, derivaron en la muerte de, aproximadamente, 63 reclusos, causaron heridas a 52 personas y la desaparición de otras 28. Las investigaciones que se iniciaron en su momento no pudieron establecer la cifra total de las víctimas, y los informes que circularon fueron confusos y contradictorios.
Hoy en día, 26 años después, solo puede concluirse, de acuerdo con la versión de testigos, que la situación de violencia en el Retén de Catia se resolvió con la intervención masiva de la Guardia Nacional y la Policía Metropolitana, cuyos funcionarios dispararon indiscriminadamente armas de fuego en contra los internosy lanzaron, con igual desproporción, gases lacrimógenos.
Varios de los testimonios de los reclusos sobrevivientes y de funcionarios penitenciarios confirman los hechos. Según un informe del Sub Comisario Jefe de la División de Orden Público de la Policía Metropolitana, en el cual consta “la Relación de Armamento Largo que fue entregado en el Parque de Armas de la Brigada Especial el 27 de noviembre de 1992 y una relación del Personal (con jerarquías y número de placas) que laboró ese día en el Retén de Catia y sus alrededores”, en el operativo participaron 485 agentes de la Policía Metropolitana, quienes portaban 126 armas de fuego identificadas con su serial y tipo de arma. Las pruebas de balística realizadas por el Cuerpo Técnico de Policía Judicial a los proyectiles encontrados en los cuerpos de los internos, así como los orificios de entrada y salida en los cadáveres, comprobaron que las muertes se produjeron a consecuencia de impactos de bala realizados con armas de similares o idénticas características a las utilizadas por la fuerza pública.
En varios de los protocolos de autopsia referidos a los cadáveres encontrados en el Retén de Catia, la trayectoria de las heridas evidenciaba que algunos de los reclusos fueron ejecutados por la espalda o el costado.
El Estado no adoptó las medidas necesarias para garantizar de manera oportuna y eficaz los procedimientos y medicinas necesarios para la atención de las personas heridas a consecuencia de los hechos. La actuación de la Guardia Nacional, así como de la Policía Metropolitana y la Guardia carcelaria durante las primeras 24 horas de ocurrencia de los hechos, no fue verificada por ninguna autoridad civil. A las autoridades del Ministerio Público que acudieron a las instalaciones del Retén les fue impedido el ingreso por la Guardia Nacional, por una supuesta falta de seguridad.
Entre el 28 y 29 de noviembre de 1992 cientos de reclusos fueron trasladados del Retén de Catia a la Penitenciaría General de Venezuela (Guárico), al Internado Judicial Capital El Rodeo (Guatire) y al Centro Penitenciario de Carabobo (Valencia). Los traslados se efectuaron sin informar a los familiares de los internos sobre su paradero.
Los familiares de los internos trasladados desconocían no solo su paradero, sino sus condiciones generales. Previamente, las autoridades mantuvieron a los internos por varias horas en los patios del Retén, los obligaron a permanecer desnudos y en posiciones incómodas. Los diversos reportes oficiales no determinaron con exactitud el número de reclusos trasladados. Por ende, tampoco fue posible determinar cuántos internos fueron desaparecidos.
Pese a la impunidad que caracterizó el caso, familiares de las víctimas, con apoyo de COFAVIC, presentaron en 1996 el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, en el año 2005, la Comisión presentó demanda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que publicó su sentencia el 5 de julio de 2006. En el fallo se estableció la responsabilidad del Estado venezolano en los sucesos del Retén de Catia, determinó las reparaciones pecuniarias, obligó al Estado a investigar los hechos y a mejorar la situación de las cárceles venezolanas.
En la sentencia también se ordena la adecuación de la legislación interna, a los estándares internacionales, sobre uso de la fuerza y la implementación de un cuerpo de vigilancia penitenciaria de carácter civil.
Sin embargo, la situación en las cárceles no ha mejorado, por el contrario, se ha profundizado la militarización, hay hacinamiento, dificultad en el acceso a alimentación y a medidas de protección de salud mínimamente adecuadas.
A continuación, los nombres de las víctimas, cuyos casos fueron presentados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aparecen en la sentencia:
Alexis Antonio Martínez Liebano
Benjamín Eduardo Zerpa Rodríguez
Deyvis Armando Flores Velásquez
Edgard José Peña Marín
Franklin Antonio Armas González
Gabriel Antonio Figueroa Ramos
Henry Leonel Chirinos Hernández
Inocencio José Ruíz Durán
Jaime Arturo Henriquez Rizzo
Jesús Rafael Navarro
José León Ayala Gualdrón
Juan Carlos Saavedra Rincón
Marcos Nerio Ascanio Plaza
Nancy Ramón Peña
Néstor Gavidia Velásquez
Pedro Ricardo Castro Cruces
Víctor Jesús Montero Aranguren
Wilcon Alberto Pérez Santoya
