Pableysa Ostos, autor en Runrun

Pableysa Ostos

#MonitorDeVíctimas | Grupos armados no estatales y cuerpos de seguridad monopolizan la violencia en Bolívar
279 homicidios se registraron entre enero y julio del 2021, 146 de estas muertes ocurrieron en el municipio Caroní, mientras que al sur del estado Bolívar se contabilizan unos 70 casos
 En Bolívar operan al menos seis organizaciones de crimen organizado, dedicadas principalmente a la minería ilegal, que junto a los cuerpos de seguridad del Estado son responsables de la mayoría de los homicidios
 El tráfico de armas hacia el estado Bolívar también tiene un peso significativo en las cifras de violencia 

 

Nuevamente las ráfagas de disparos se escucharon a lo lejos. El sonido de proyectiles disparados por armas largas se ha vuelto cotidiano en las poblaciones ubicadas al sur del estado Bolívar, la zona minera de Venezuela. Las balaceras ya no sorprenden, todos saben que luego de cada tiroteo hay muertos y desaparecidos.

La noticia de lo que había sucedido se confirmó minutos después en la población de El Callao, funcionarios adscritos a los Comandos Rurales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) habían sostenido un presunto enfrentamiento con integrantes de la Organización R o 3R, como se le conoce a uno de los grupos criminales que ha emergido con fuerza en la región. El incidente ocurrió en el sector Mina Belén del municipio El Callao.

En el hecho murió un hombre conocido por el apodo de “Manuelito”. En el lugar incautaron: un Fusil Automático Liviano (viejo FAL de la GNB), un cargador y 10 cartuchos, cuatro chalecos tácticos identificados con emblemas de los GEDOS MG Y R, un radio transmisor, un artefacto explosivo de fabricación rudimentaria, un cargador de fusil AK-47 con cinco cartuchos, 315 balas de diferentes calibres, 77 cartuchos de diferentes calibres y una granada de mano.

Ese mismo día, 8 de julio de 2021, a través de un comunicado, integrantes de la banda Organización R desmintieron que el fallecido fuera parte de sus filas, aclarando que “ninguno de nuestros integrantes porta armas tan obsoletas”, se leía en parte del texto, difundido en redes sociales. La declaración –más allá de si la persona muerta formaba parte o no del grupo criminal— y el reporte sobre el armamento incautado por las autoridades ilustra sobre el poder de fuego que tienen los grupos armados no estatales en el estado Bolívar y cómo esto se expresa en la violencia homicida en la entidad.

Reportes del Observatorio Venezolano de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Relaciones Interiores de octubre de 2021, a los que se tuvo acceso para este trabajo, ubican al estado Bolívar entre los cinco estados con más homicidios en el país.

Mientras según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), en 2020 Bolívar ocupó el segundo lugar entre los estados con más violentos con una tasa de 62 homicidios por 100.000 habitantes.

Adicionalmente, un reporte del OVV publicado el 5 de noviembre de 2021 confirma que la mayoría de los homicidios ocurridos en el estado este año fueron cometidos con armas de fuego. “En los casos de homicidio intencional el medio predominantemente utilizado fue el arma de fuego en el 49,1% de las muertes”.

Estos datos se corresponden con hallazgos de investigaciones previas, que indican que en el estado Bolívar se han convertido en el primer destino de las armas de fuego, de todo tipo, pero principalmente de armas largas, en el país desde 2015. La razón es la presencia de una importante cantidad de grupos armados no estatales –megabandas, sindicatos, guerrilla colombiana y colectivos—dedicados a la minería ilegal.

En esto coinciden un expresidiario, que fue testigo de la comercialización y distribución de armas desde distintas cárceles hacia Bolívar; y funcionarios de cuerpos de seguridad que pidieron no revelar su identidad y que han sido testigos frecuentes incautaciones. 

Si hay armas, hay violencia y muerte

Durante los primeros siete meses de 2021, entre enero y julio el estado Bolívar registró 279 homicidios, entre los que se incluyen 32 casos por resistencia a la autoridad, perpetrados por cuerpos de seguridad.

Los datos corresponden al monitoreo realizado por periodistas de fuente policial en la entidad, porque no hay acceso a cifras oficiales.

“Llevar un control de los homicidios en esas zonas es complicado, debido a que son zonas muy boscosas y profundas, se registran enfrentamientos de los que muchas veces no llegamos a tener conocimiento y mucho menos sobre la cantidad de muertos, ya que son enterrados en esas áreas”, destacó un funcionario del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), que pidió no colocar su nombre por seguridad.

Por su parte, otro funcionario del CICPC, destaco que “hay mucha cifra negra de casos que no llegan a la ciudad. Los casos se quedan dentro de las minas, es decir, hay muerte que sabemos suceden allá adentro pero nunca son denunciadas, no hay cuerpo, por lo que es imposible contabilizarlas, podríamos decir que de un 100 por ciento solo llegamos a tener conocimiento en menos del 30 por ciento de esos casos”.

De los 279 homicidios que se registraron en Bolívar entre enero y julio del 2021, 146 ocurrieron en el municipio Caroní, que es Ciudad Guayana; 55 el municipio Angostura del Orinoco; 70 en los municipios del sur de la entidad; y los 8 restantes en otros dos municipios.

De los 32 casos de resistencia a la autoridad, 4 se registraron en el municipio Piar entre enero y julio. En una de esas confrontaciones fallecieron 3 integrantes de la Organización R. Se conoció que eran señalados de extorsionar y robar a ganaderos del sector El Palmar.

Estos murieron en un presunto enfrentamiento armado con comisiones mixtas de la GNB y el CICPC. El enfrentamiento ocurrió en la finca Agua Blanca del sector Chaguaramal. Los fallecidos quedaron identificados como Elio Ramos González, Elvis José González y Luis Custodio Velásquez, alias Luisito.

Para los líderes de la Organización 3R, estos nos fueron hechos fortuitos, ni están relacionados con un combate al crimen. En el comunicado que difundieron aseguraron que las autoridades del estado Bolívar “tienen acuerdos con otros grupos para sacarnos del juego y permitir que a los municipios El Callao y Sifontes regresen grupos que solo siembren terror entre la población minera”.

Ante esta situación, los jefes del grupo criminal afirmaron que no se iban a dejar “amedrentar” por las autoridades policiales quienes, a su juicio, solo ven el beneficio propio y no el de la población minera.

Este hecho es apenas una muestra de la dinámica de violentas disputas entre grupos armados, y grupos armados con distintos cuerpos de seguridad que son una constante en la entidad minera.

La situación con grupos armados al sur del estado Bolívar, no es nueva, pobladores han señalado que dichas bandas tomaron más “fuerza” de la mano con Julio César Fuentes Manzulli, quien se desempeñaba como Secretario de Seguridad Ciudadana durante el gobierno de Francisco Rangel Gómez.

El gobierno de Nicolás Maduro, ha intentado implementar “planes de seguridad” para “erradicar” la presencia de estos grupos en las zonas mineras, pero todos sin éxito.

“La agitación política, la devastación económica y las crecientes tensiones con países vecinos han creado un ambiente propicio para que grupos armados no estatales, incluidas las guerrillas colombianas, los sindicatos criminales, grupos paramilitares y las milicias que apoyan al gobierno, conocidas como colectivos, expandan su influencia y su presencia en Venezuela”, destaca Crisis Group.

El gobierno venezolano también lanzó un plan para frenar la minería ilegal en el 2018, y las autoridades han emitido órdenes de arresto contra 39 personas que supuestamente están involucradas en la venta ilegal de oro en el extranjero.

Sin embargo, el control de las zonas mineras y la violencia continúa en manos de al menos seis poderosas organizaciones de crimen organizado, que participan -como perpetradores o víctimas- en un importante porcentaje de los homicidios que ocurren en Bolívar.

Bandas que operan en Bolívar

“Muchos grupos irregulares tienen relaciones directas e intereses comunes con partes del Estado, que los apoyan o influyen ya sea en privado o abiertamente. Para algunos funcionarios estatales o políticos, estos grupos en la sombra resultan atractivos porque pueden generar ingresos a través de sus actividades ilícitas y al mismo tiempo cumplir fines políticos, por ejemplo, intimidando ciudadanos para asegurar votos”, asegura un informe de la organización Crisis Group.

 

Entre los grupos de más poder, que guardan relación con hechos de violencia, destacan:

 “Tren de Guayana”: Tras el asesinado de Jorman Pedro Márquez, alias «Gordo Bayón», luego de salir de una reunión en el Palacio de Miraflores en Caracas en 2014; Phanor Vladimir Sanclemente Ojeda, alias “Capitán” tomó control de varios sectores mineros, así como de Ciudad Guayana. Pero el gobierno de este criminal solo duró cuatro años, y murió en un presunto enfrentamiento con funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en octubre del 2018 en Río Chico, Barlovento, Miranda. Desde entonces el poder paso a manos del “tercero al mando”, Ronny Yackson Colomé Cruz, alías Ronny Matón, el cual ha pasado en reiteradas ocasiones por los calabozos del CICPC y la Policía del Estado Bolívar (PEB).

Según fuentes policiales la banda es señalada de cometer delitos como: minería ilegal, sicariato, extorsión, robo; tráfico drogas, tráfico de materiales estratégicos, robo y hurto de vehículos, terrorismo sindical. Operan en Guasipati, municipio Roscio. Cuentan fusiles AR-15, FAL- Pistolas-Granadas, cámaras de vídeo, etc. Durante este año han existido enfrentamientos entre este grupo y la Organización 3R, por el control de Ciudad Guayana, pero nada de esto ha sido confirmado por las autoridades.

“El Ciego”: Esta banda es liderada por Reiniero Alberto Murgueytio Bastardo, alías “El Ciego”. El grupo delictivo opera en el sector de La Paragua, municipio Angostura y en zonas de Ciudad Bolívar. Murgueytio Bastardo perteneció a la banda de Wilmer José Brizuela, alías “Wilmito”, expran del Internado Judicial de Vista Hermosa. Estuvo involucrado en el sicarito de la hermana de la exjefa del Circuito Judicial de Bolívar, Mariela Casado.

Fue el único de los delincuentes que no fue encarcelado por este crimen. Este conformó su propia banda, la cual opera desde hace más de 10 años.

Mantiene importantes nexos con los pranes de la cárcel de Vista Hermosa, con quienes formo parte de la banda de alias “Wilmito”. También se le ha relacionado con dirigentes políticos de la región, lo que explicaría porque no está en prisión.

Este grupo criminal opera en El Manteco, municipio Piar y La Paragua, municipio Angostura. Cuentan con vehículos de alta gama, poseen armas de diferente calibres, marcas y modelos, predominando armas de fuego tipo pistolas, calibres 9 mm, 380 mm, entre otras; así como también armas de fuego de largo alcance, como FAL, Fusil R15, Fusil Kalashnikov, granadas de mano entre otros.

Son señalados por delitos como: minería ilegal, homicidio, cobro de vacunas, extorsión, venta y distribución de droga. El Ciego se encuentra solicitado según oficio 15-51, de fecha 06/07/2010, por tribunal primero de control del estado Bolívar, por homicidio Intencional, según expediente I-434-124; tiene una segunda solicitud según oficio 486-12, de fecha 16-02-2012, por tribunal primero de control del estado Bolívar, según expediente K-12-0070-00467; otra según oficio 1270-12, de fecha 09-05-2012, por tribunal primero de control del estado Bolívar. Expediente  K-12-0070-00360, por el delito de homicidio y robo contra  Edgar Andrés Gómez Sánchez y Paula Ornela Fonseca Grisales, ambos de 21 años. También es señalado de ser responsable de la masacre de Ikabarú en el 2019.

 “Zacarías y Toto”: La banda es comandada por Eleomar José Vargas Vargas, alias “Zacarias” y Alejandro Rafael Ochoa Sequea, alias “Toto”. Ambos operan en la zona de El Callao. Son señalados de cometer delitos como: minería ilegal, sicariato, extorsión, robo; tráfico de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, tráfico de materiales estratégicos, robo y hurto de vehículos, terrorismo sindical. Cuentan fusiles AR-15, FAL- Pistolas-Granadas, cámaras de vídeo, etc. Son señalados de haber matado a 7 personas en El Mirador, San Félix. También tienen operación en el estado Sucre.

“Organización R”: El grupo es liderado por el exjugador de fútbol profesional, Eduardo Natera, alias “Run”, ejerce el control en Tumeremo y en El Callao. Tienen poder en las minas Tommy y Belén, las cuales pertenecían a el “Tren de Guayana”, situación que ha causado enfrentamientos entre ambas bandas.

Son señalados de cometer delitos como: minería ilegal, sicariato, extorsión, robo, tráfico de drogas, tráfico de materiales estratégicos, robo y hurto de vehículos, terrorismo sindical. Cuentan con fusiles AR-15, FAL, pistolas y granadas. Son buscados por el asesinato del teniente coronel Ernesto Solís León, de 41 años de edad, quien además era comandante del 512 Batallón de Infantería de Selva “G/D. Tomas de Heres”, ubicado en Fuerte Tarabay, Tumeremo.

“Fabio o Negro Fabio”: La banda es lidera por Fabio Enrique González Isaza, y es conocido por el alias del “Negro Fabio”. Opera en la zona de El Dorado, y tiene minas como: San Luis de Morichal, El Chivato, La Pelota, La Pelotica, y otros yacimientos explotados en los ríos de Cuyuní y Yaruani. Su primera orden de captura se dio a mediados del 2018 por la Operación Manos de Metal. Es señalado de delitos como: minería ilegal, extorsión, homicidio, secuestro, venta de armas, contrabando de material estratégico y explotación sexual. Poseen armas de diferente calibres, marcas y modelos, predominando armas de fuego tipo pistolas, calibres 9 mm, 380 mm, entre otras. Así como también armas de fuego de largo alcance, como FAL, fusil R15, fusil Kalashnikov, y granadas de mano, entre otras.

“Juancho o Negro Juancho”: El grupo es liderado por Wilson Starlys Rodríguez Aponte, apodado “Juancho” de nacionalidad colombiana, también es conocido como “el colombiano Jairo”. El otro líder, no menos importante es Johan Romero, alias “Johan Petrica”, creador y jefe máximo de la megabanda el Tren de Aragua, en la cárcel de Tocorón.

Algunas de las zonas en las que operan son: Km 88, de la parroquia San Isidro del municipio Sifontes, dominando la mina Mesones, mina Piedra Dura, mina La Pelota, mina El Portón, mina Maluga, Mina CuyunÍ, Mina Brisas, Mina La Papaya, Mina La Leona, Mina La California, mina La Gusanera, mina San Marcos, mina Dinamita y mina El Playón.

Están involucrados en los delitos de: minería ilegal, extorsión, secuestro, homicidio, robo, tráfico de droga y sicariato. Cuentan con AR-15, FAL, pistolas, granadas, entre otras.

Un actor extranjero, busca rol protagónico

 Una fuente militar señaló que cada sector minero tiene su particularidad. “El antiguo gobierno tenía intereses vinculados a esas zonas. Los grupos decidieron mover a personas de nacionalidad colombiana, disidentes de la guerrilla para que fueran adiestrados. Se establecieron mayormente entre Tumeremo y San Martín de Turumbán, a 3 kilómetros de la isla Anacoco y frente a la zona en disputa entre Guyana y Venezuela; por la salida hacía el río Cuyuní”.

Hay zonas en las que no hay presencia de la GNB o del Ejército, como por ejemplo desde el punto de control de Casablanca hasta Hoja de Lata. Son estos espacios los que habrían sido tomados por esos grupos de origen colombiano, tales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El militar hace referencia a que el paso por el río se ha vuelto el principal canal de contrabando, no solo del oro sino también de armas, “presuntamente sería un hombre de nacionalidad libanesa el que estaría operando con parte de estos grupos armados, trasladando diamantes hasta la zona de Guyana, y regresando al territorio venezolano con armas”.

Mientras que una fuente ligada a la Gobernación del estado Bolívar hizo referencia a que “sigue la corrupción por parte de los militares. Ellos son los que principalmente están ligado a esas bandas. No niego que otros organismos estén vinculados, pero ellos son el principal (…) Aquí se puede controlar las cosas y acabar con todas esas bandas, si se pone en las manos correctas, pero acá son pocos los que realmente quieren acabar con eso”, dijo el funcionario.

#MonitordeVíctimas | Alertan sobre desaparición de mineros en presunto enfrentamiento con el ELN en Tumeremo
La persistente y violenta pugna por el control de los yacimientos de oro en la población de Tumeremo suma un nuevo actor: una supuesta célula de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN) combate contra grupos armados locales y esta podría ser la razón que está detrás de la desaparición de más de una decena de personas.

 

@PableOstos

EL TRÁGICO RECUERDO DE LA MASACRE DE TUMEREMO se cierne nuevamente sobre la población del municipio minero de Sifontes, al sur del estado Bolívar, en donde un grupo de familiares denunció este lunes la desaparición de más de una decena de trabajadores de la minería, señalando como posible causa de esta situación un enfrentamiento armado por el control de la mina El Candado.

La explotación en el yacimiento de oro, ubicado en la vía al sector El Bochinche del municipio Sifontes, ha generado de acuerdo con testigos del lugar una pugna violenta entre integrantes de la banda de Jhosue Zurita, alías el Coporo, y sujetos identificados como la guerrilla colombiana- Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Ejercito Bolivariano de Venezuela, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) intentaron ingresar la tarde de este lunes al lugar descrito por los familiares, pero la vía es de difícil acceso lo cual ha demorado la incursión.

Las pesquisas se activaron este martes en dos etapas: una parte del recorrido en vehículos rústicos y la otra en motos debido a las dificultades de acceso. Mientras tanto, un helicóptero del Ejército ocupado entre otros por el Mayor General (M/G) Jesús Mantilla Oliveros, jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral Guayana (REDI Guayana), sobrevuela el área de la mina.

El diputado de la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, Américo De Grazia, difundió una lista con los nombres de seis personas heridas y otras 16 que se encontrarían desaparecidas en lo que calificó como “La Masacre de Bochinche”, sin embargo, las autoridades mantienen total cerrojo con respecto a los detalles de la operación y del caso.


Según lo manifestado por los habitantes de Tumeremo, el domingo 14 de octubre en la tarde hubo un enfrentamiento entre integrantes de la banda de Jhosue Zurita, alías el Coporo y sujetos identificados como la guerrilla colombiana- Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Otras versiones ratifican el hecho de la confrontación pero entre bandas locales por el control de la mina, sin confirmar la presencia de una célula de la guerrilla colombiana.

Un hecho confirmado fue el ingreso de seis personas heridas de bala al hospital Dr. José Gregorio Hernández de Tumeremo, lo cual activó las alarmas en el pueblo y la preocupación de las familias no se hizo esperar. Los heridos procedían de la mina El Candado, vía hacía sector El Bochinche y afirmaron que en el sitio habían quedado más personas.

Las familias se organizaron y se reunieron en el sector La Teja-entrada que conduce hacía la mina-, a la espera de que comisiones ingresaran a la zona para constatar la situación.

El horror de la violencia minera

La explotación del oro ilegal como vía de la sobrevivencia económica al sur del estado Bolívar, en un clima hostil controlado por bandas armadas y una actuación cómplice de los cuerpos militares, ha derivado en capítulos de horror como la Masacre de Tumeremo, en marzo de 2016, y otras tantas que han conmocionado al país.

Las masacres que manchan el rostro de la democracia en Venezuela
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En agosto de este año, la confrontación armada por un yacimiento de oro en la población de Maripa dejó seis fallecidos, entre ellos, el líder de una comunidad indígena.

Los conflictos alrededor de las zonas auríferas aumentaron a raíz del decreto del Arco Minero del Orinoco, que no solo ha dejado una devastación ambiental en la región sino también masacres como esta.

La caída de los precios petroleros en 2014, el fracaso en las políticas económicas (entre ellas, el motor minero) y la conflictividad política se han traducido en una nueva apuesta de Miraflores: la explotación minera como auxilio financiero. En esta región, el mercurio y la sangre se mezclan. Así como la violencia, la anarquía y la impunidad. La plataforma digital InfoAmazonia investigó el alcance social, político, económico y ecológico del Arco Minero del Orinoco en un reportaje titulado Explorando el Arco Minero.

#MonitordeVíctimas | Disputa minera cobra la vida de un niño de 4 años en Ciudad Guayana

@PableOstos

CIUDAD GUAYANA.- DIDSON JOSÉ RODRÍGUEZ CHAURÁN, de 23 años, había regresado de un yacimiento de oro ubicado en la población de Tumeremo, municipio Sifontes, al sur del estado Bolívar, para quedarse en casa de unos amigos.

Solo algunos vecinos sabían a qué se dedicaba realmente. Desconocían si había tenido tuvo algún problema en la mina, donde la exploración del mineral está asociada a las actividades ilícitas debido a la presencia de grupos armados civiles que controlan la zona, en permanente tensión con las autoridades militares.

Al lado de la propiedad en la que se estaba quedando Rodríguez vivía Daniel Azócar Parra, de 4 años de edad, junto con su familia. La historia de ambos se cruzó el pasado 6 de abril.

Daniel llevaba solo 10 minutos en frente de su casa. Comía unas frutas mientras un adulto lo vigilaba desde adentro. Segundos después, Didson salió de la vivienda en la que se alojaba y solo le bastó detenerse en la acera para que un carro, con al menos dos sujetos a bordo, lo interceptara.

Los tiros resonaron en toda la calle. Eran tiros de fusil. El cuerpo del joven de 23 años quedó en el lugar, pero la ráfaga también alcanzó a Daniel. Su familia no tuvo tiempo de correr para resguardarlo. Su cuerpo terminó impactado por dos tiros de un arma de guerra.

Un tío del menor lo trasladó hasta el Hospital Dr. Raúl Leoni en Guaiparo, San Félix, pero el ataque no dio posibilidad para concesiones: Daniel estaba muerto. Fue asesinado a manos del hampa, que ostenta y usa armas de alto calibre ante la mirada de un Ejecutivo que, por acción u omisión, carga una tasa de impunidad de 98% a nivel nacional.

El pequeño era el mayor de dos hermanos. El otro tiene 1 año de edad. Su papá, Horangel Parra, señalo que el día del incidente todos estaban en la casa, pero nadie puedo correr para rescatar a Daniel.

El niño vivía con sus padres y su hermano menor, así como otros miembros de la familia; entre esos, dos primas menores de edad. «Por parte del Cicpc no hemos recibido respuestas. Deseamos justicia. Mi hijo era inocente. Era un niño», sumó.

Funcionarios de la sub delegación Ciudad Guayana del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), que llevan las investigaciones del caso, creen que la arremetida contra Rodríguez pudo deberse a algún conflicto generado en las minas de los municipios del sur del estado Bolívar, ampliamente controladas por grupos armados, los cuales se hacen llamar «sindicatos».

La situación de violencia generada, principalmente, en los municipios Sifontes, El Callao y Roscio del estado Bolívar, a partir del pranato minero que opera en estos poblados no es nueva y las medidas por parte del Estado han sido insuficientes para controlar la situación que ha cobrado más de 40 víctimas en lo que va del año.

No en vano, Rodríguez había sido detenido en 2017 por los delitos de homicidio y secuestro.

En abril, Daniel fue la única víctima menor edad en Ciudad Guayana, que registró 158 homicidios durante el primer trimestre de 2018, siendo marzo el mes más violento, con 57 casos.

Las pugnas de grupos armados por el control de las minas, al sur del estado Bolívar, ya han dejado varias huellas de sangre y muertes en el municipio Caroní. En febrero de 2017, tres personas fueron asesinadas a mansalva cuando salían de la Discoteca Sky Bar, ubicada en el edificio 303 en Alta Vista en Puerto Ordaz y un cuarto fallecido que cuidaba carros en el estacionamiento del local nocturno.

Una de las víctimas tenía nexos con la explotación ilegal del yacimiento aurífero Cicapra en Guasipati (municipio Roscio). Se trataba del primer crimen asociado a la violencia minera en Puerto Ordaz.

Ciudad Guayana es la novena ciudad más violenta del planeta según la ONG mexicana Seguridad, Justicia y Paz.