Masacre archivos - Página 2 de 8 - Runrun

Masacre

Venezolanos recuerdan a Oscar Pérez a un año de la masacre de El Junquito

HOY SE CUMPLE UN AÑO de la masacre del Junquito en donde Óscar Pérez, un exinspector del CICPC y seis de sus compañeros, fueron asesinados en una operación militar y policial. A un año de lo sucedido, los políticos, civiles y otras personalidades se expresaron en Twitter para recordar una de las masacres más crueles en la historia del país.

En la sesión de la Asamblea Nacional, los diputados pidieron un minuto de silencio para honrar la memoria de Óscar Pérez y sus compañeros.

Antonio Ledezma se pronunció asegurando que “Hoy la memoria del corazón de los venezolanos, recuerda a Oscar Pérez, Abrahan Lugo, José Díaz, Daniel Soto, Jairo Lugo, Abraham Agostini y a Lisbeth Ramírez. Por ellos, por sus ideas vivas es la lucha”.

La dirigente de Vente Venezuela, María Corina Machado dijo a través de la red social que Pérez y su grupo son héroes de Venezuela.

El partido político Voluntad Popular, Bonny Pertiñez, Rafaela Requesens y otros también se expresaron por lo sucedido. Aquí las reacciones:

 

 

 

 

Derechos sin revés:  La impunidad se mantiene 26 años después de la masacre del Retén de Catia

26 AÑOS DESPUÉS, LOS HECHOS OCURRIDOS EN EL RETÉN DE CATIA entre el 27 y 29 de noviembre de 1992, no han logrado esclarecerse con exactitud. De hecho, no existe aún ningún responsable sancionado por la masacre en la que murieron, aproximadamente, 63 personas.

En realidad, existen dos versiones sobre los sucesos acaecidos en el internado judicial de Los Flores. La primera señala que, al conocerse, a través de los medios de comunicación, la noticia del intento de golpe de Estado contra el entonces presidente, Carlos Andrés Pérez, los guardias del retén abrieron las puertas de las celdas y anunciaron a los reclusos que quedaban en libertad. Esperaron la salida de los internos y de inmediato empezaron a disparar contra ellos.

La segunda versión se basa en un informe emitido por la jefatura de Servicios del Retén de Catia, en el que se señala que a las 6:10 a.m. del 27 de noviembre de 1992 “se informó a la Jefatura del Régimen que los internos de los Pabellones del Ala Sur 4 y 5 rompieron los candados, se produjo un motín y de inmediato los funcionarios de la guardia dispararon a los internos”.

Más allá de las dos versiones, los acontecimientos, finalmente, derivaron en la muerte de, aproximadamente, 63 reclusos, causaron heridas a 52 personas y la desaparición de otras 28. Las investigaciones que se iniciaron en su momento no pudieron establecer la cifra total de las víctimas, y los informes que circularon fueron confusos y contradictorios.

Hoy en día, 26 años después, solo puede concluirse, de acuerdo con la versión de testigos, que la situación de violencia en el Retén de Catia se resolvió con la intervención masiva de la Guardia Nacional y la Policía Metropolitana, cuyos funcionarios dispararon indiscriminadamente armas de fuego en contra los internosy lanzaron, con igual desproporción, gases lacrimógenos.

Varios de los testimonios de los reclusos sobrevivientes y de funcionarios penitenciarios confirman los hechos. Según un informe del Sub Comisario Jefe de la División de Orden Público de la Policía Metropolitana, en el cual consta “la Relación de Armamento Largo que fue entregado en el Parque de Armas de la Brigada Especial el 27 de noviembre de 1992 y una relación del Personal (con jerarquías y número de placas) que laboró ese día en el Retén de Catia y sus alrededores”, en el operativo participaron 485 agentes de la Policía Metropolitana, quienes portaban 126 armas de fuego identificadas con su serial y tipo de arma. Las pruebas de balística realizadas por el Cuerpo Técnico de Policía Judicial a los proyectiles encontrados en los cuerpos de los internos, así como los orificios de entrada y salida en los cadáveres, comprobaron que las muertes se produjeron a consecuencia de impactos de bala realizados con armas de similares o idénticas características a las utilizadas por la fuerza pública.

En varios de los protocolos de autopsia referidos a los cadáveres encontrados en el Retén de Catia, la trayectoria de las heridas evidenciaba que algunos de los reclusos fueron ejecutados por la espalda o el costado.

El Estado no adoptó las medidas necesarias para garantizar de manera oportuna y eficaz los procedimientos y medicinas necesarios para la atención de las personas heridas a consecuencia de los hechos. La actuación de la Guardia Nacional, así como de la Policía Metropolitana y la Guardia carcelaria durante las primeras 24 horas de ocurrencia de los hechos, no fue verificada por ninguna autoridad civil. A las autoridades del Ministerio Público que acudieron a las instalaciones del Retén les fue impedido el ingreso por la Guardia Nacional, por una supuesta falta de seguridad.

Entre el 28 y 29 de noviembre de 1992 cientos de reclusos fueron trasladados del Retén de Catia a la Penitenciaría General de Venezuela (Guárico), al Internado Judicial Capital El Rodeo (Guatire) y al Centro Penitenciario de Carabobo (Valencia). Los traslados se efectuaron sin informar a los familiares de los internos sobre su paradero.

Los familiares de los internos trasladados desconocían no solo su paradero, sino sus condiciones generales. Previamente, las autoridades mantuvieron a los internos por varias horas en los patios del Retén, los obligaron a permanecer desnudos y en posiciones incómodas. Los diversos reportes oficiales no determinaron con exactitud el número de reclusos trasladados. Por ende, tampoco fue posible determinar cuántos internos fueron desaparecidos.

Pese a la impunidad que caracterizó el caso, familiares de las víctimas, con apoyo de COFAVIC, presentaron en 1996 el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, en el año 2005, la Comisión presentó demanda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que publicó su sentencia el 5 de julio de 2006. En el fallo se estableció la responsabilidad del Estado venezolano en los sucesos del Retén de Catia, determinó las reparaciones pecuniarias, obligó al Estado a investigar los hechos y a mejorar la situación de las cárceles venezolanas.

En la sentencia también se ordena la adecuación de la legislación interna, a los estándares internacionales, sobre uso de la fuerza y la implementación de un cuerpo de vigilancia penitenciaria de carácter civil.

Sin embargo, la situación en las cárceles no ha mejorado, por el contrario, se ha profundizado la militarización, hay hacinamiento, dificultad en el acceso a alimentación y a medidas de protección de salud mínimamente adecuadas.

 

A continuación, los nombres de las víctimas, cuyos casos fueron presentados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aparecen en la sentencia:

Alexis Antonio Martínez Liebano

Benjamín Eduardo Zerpa Rodríguez

Deyvis Armando Flores Velásquez

Edgard José Peña Marín

Franklin Antonio Armas González

Gabriel Antonio Figueroa Ramos

Henry Leonel Chirinos Hernández

Inocencio José Ruíz Durán

Jaime Arturo Henriquez Rizzo

Jesús Rafael Navarro

José León Ayala Gualdrón

Juan Carlos Saavedra Rincón

Marcos Nerio Ascanio Plaza

Nancy Ramón Peña

Néstor Gavidia Velásquez

Pedro Ricardo Castro Cruces

Víctor Jesús Montero Aranguren

Wilcon Alberto Pérez Santoya

 

 

#MonitordeVíctimas Fuerzas militares matan a siete integrantes de la banda “El Coporo” en Tumeremo
Los habitantes de Tumeremo habían escuchado rumores de que este fin de semana podrían ser testigos de nuevos hechos de violencia. Y así fue: desde las 6:00 de la mañana de este sábado  y a menos de quince días de la masacre de Los Candados (Sifontes), fuerzas estatales e integrantes de la banda El Coporo se enfrentan, con balas y granadas, en La Caratica. Hasta la noche del sábado había siete muertes confirmadas (todas las víctimas, integrantes de la pandilla) en un hecho que ventila el descontrol gubernamental sobre las armas en las zonas mineras

 

Jhoalys Siverio, María Ramírez y Marcos Valverde

LOS HABITANTES DE TUMEREMO, municipio Sifontes, estaban advertidos: desde el viernes recibieron mensajes de Whatsapp y panfletos por debajo de sus puertas. Ambos les advertían que pronto comenzaría una guerra.

Pues el combate comenzó en la mañana de este sábado, cuando ellos mismos reportaron la militarización del pueblo y cierre de comercios luego del enfrentamiento entre miembros de la banda de “Coporo” y fuerzas estatales que ingresaron al sector La Caratica.

El jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral Guayana (Redi Guayana), Jesús Mantilla, confirmó a Correo del Caroní que en el operativo mataron a siete personas, integrantes de la banda de Josué Zurita Arévalo, apodado “El Coporo”.

“Desde esta mañana hay operaciones contra las bandas armadas que operan en el sector. Han resultado muertos siete delincuentes, presuntamente de la banda de El Coporo y hay cuatro efectivos nuestros con heridas leves producto del lanzamiento de dos granadas que usaron los delincuentes, pero están fuera de peligro”, dijo.

El operativo militar inició a primera hora de la mañana de este sábado, cuando los uniformados llegaron por la zona residencial de El Pariche, adyacente a La Caratica. Lo relató un habitante de la comunidad que pidió mantener su nombre en reserva por temor a represalias.

“Se metieron por detrás para rodearlos. Cuando los rodearon, sacaron a dos malandros enconchados. Allí fue cuando se metieron a La Caratica y empezó la balacera. Nadie corrió, se enfrentaron. Los malandros les lanzaron una granada e hirieron a unos guardias. En esa lanzadera, hubo una casa afectada con un niño, dos mujeres y un señor afectados”, informó el vecino del sector.

“Ninguno de los duros de la banda de El Coporo cayó. Estaban enfrentándose pero no cayeron. Murieron los que estaban resguardándolos a ellos”.

 

“Han resultado muertos siete delincuentes, presuntamente de la banda de El Coporo y hay cuatro efectivos nuestros con heridas leves producto del lanzamiento de dos granadas que usaron los delincuentes, pero están fuera de peligro”. General Jesús Mantilla, jefe de la REDI Guayana

 

Sector sin ley

Una minuta oficial detalló que en el procedimiento los funcionarios incautaron “dos fusiles, una escopeta, tres pistolas, dos granadas, varias municiones. Esta organización criminal está vinculada con los delitos de extorsiones, sicariatos, robos, cobros de vacunas y otros”.

Pasadas las seis de la tarde, la operación conjunta de la Fuerza Armada y la subdelegación Tumeremo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) continuaba. Los muertos no habían sido identificados aún. “Ellos enfrentaron a las fuerzas del orden público y fue necesario repeler el ataque”, dijo el jefe de la REDI Guayana.

La minuta detalla, además, que tres militares ingresaron heridos al hospital Doctor José Gregorio Hernández, en Tumeremo.

Los habitantes de Tumeremo había recibido advertencias de lo que ocurriría Foto: William Urganeta

 

El miedo se impone

Desde la llamada masacre de Bochinche, ocurrida el 14 de octubre en una vía cercana a la mina Corregente (en el sector Los Candados), donde fueron muertas siete personas, se ha mantenido la tensión en Tumeremo por los enfrentamientos armados. El lunes, un grupo de motorizados obligó a comerciantes a cerrar sus negocios, al igual que las escuelas. Este sábado, también cerraron los negocios.

Incluso, en ese ínterin, tres personas fueron muertas en distintos sectores en menos de un día.

Aunque familiares de los siete mineros asesinados en El Candado aseguraron que se trató de una emboscada de “la guerrilla”, el jefe de la REDI Guayana, Jesús Mantilla, y el director del Cicpc, Douglas Rico, desestimaron esta versión y afirmaron que se trató de enfrentamiento entre la banda de “El Coporo” y la del “Gordo Lisandro”, pran muerto en Aragua.

La banda de Zurita Arévalo, apodado El Coporo, tiene su centro de mando en el sector La Caratica, en donde habitan los cabecillas del grupo delictivo que controla varias minas del municipio Sifontes. Fue en esa zona, donde decenas de familiares protestaron el lunes 15 de octubre para exigir la búsqueda de sus parientes en la mina Corregente, tras conocerse de la masacre de siete personas en la vía de Los Candados, a kilómetros del yacimiento aurífero.

El intercambio de disparos, contó el habitante de La Caratica, se escuchaba en el centro de Tumeremo, lo que obligó a comerciantes a mantener sus santamarías abajo. “Hay como un toque de queda. No hay nadie en la calle. Todo está cerrado”, dijo un habitante de la comunidad, pasadas las cinco de la tarde de este sábado.

Tanto en el centro de la localidad como en los barrios cercanos como La Caratica hay presencia militar.

Los cuerpos de los muertos fueron trasladados en la noche del sábado a la morgue de la sede de San Félix del Cicpc.

 

Este enfrentamiento ocurre a menos de dos semanas de la masacre de Los Candados Foto: William Urdaneta 

 

#MonitordeVíctimas | Alertan sobre desaparición de mineros en presunto enfrentamiento con el ELN en Tumeremo
La persistente y violenta pugna por el control de los yacimientos de oro en la población de Tumeremo suma un nuevo actor: una supuesta célula de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN) combate contra grupos armados locales y esta podría ser la razón que está detrás de la desaparición de más de una decena de personas.

 

@PableOstos

EL TRÁGICO RECUERDO DE LA MASACRE DE TUMEREMO se cierne nuevamente sobre la población del municipio minero de Sifontes, al sur del estado Bolívar, en donde un grupo de familiares denunció este lunes la desaparición de más de una decena de trabajadores de la minería, señalando como posible causa de esta situación un enfrentamiento armado por el control de la mina El Candado.

La explotación en el yacimiento de oro, ubicado en la vía al sector El Bochinche del municipio Sifontes, ha generado de acuerdo con testigos del lugar una pugna violenta entre integrantes de la banda de Jhosue Zurita, alías el Coporo, y sujetos identificados como la guerrilla colombiana- Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Ejercito Bolivariano de Venezuela, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) intentaron ingresar la tarde de este lunes al lugar descrito por los familiares, pero la vía es de difícil acceso lo cual ha demorado la incursión.

Las pesquisas se activaron este martes en dos etapas: una parte del recorrido en vehículos rústicos y la otra en motos debido a las dificultades de acceso. Mientras tanto, un helicóptero del Ejército ocupado entre otros por el Mayor General (M/G) Jesús Mantilla Oliveros, jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral Guayana (REDI Guayana), sobrevuela el área de la mina.

El diputado de la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, Américo De Grazia, difundió una lista con los nombres de seis personas heridas y otras 16 que se encontrarían desaparecidas en lo que calificó como “La Masacre de Bochinche”, sin embargo, las autoridades mantienen total cerrojo con respecto a los detalles de la operación y del caso.


Según lo manifestado por los habitantes de Tumeremo, el domingo 14 de octubre en la tarde hubo un enfrentamiento entre integrantes de la banda de Jhosue Zurita, alías el Coporo y sujetos identificados como la guerrilla colombiana- Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Otras versiones ratifican el hecho de la confrontación pero entre bandas locales por el control de la mina, sin confirmar la presencia de una célula de la guerrilla colombiana.

Un hecho confirmado fue el ingreso de seis personas heridas de bala al hospital Dr. José Gregorio Hernández de Tumeremo, lo cual activó las alarmas en el pueblo y la preocupación de las familias no se hizo esperar. Los heridos procedían de la mina El Candado, vía hacía sector El Bochinche y afirmaron que en el sitio habían quedado más personas.

Las familias se organizaron y se reunieron en el sector La Teja-entrada que conduce hacía la mina-, a la espera de que comisiones ingresaran a la zona para constatar la situación.

El horror de la violencia minera

La explotación del oro ilegal como vía de la sobrevivencia económica al sur del estado Bolívar, en un clima hostil controlado por bandas armadas y una actuación cómplice de los cuerpos militares, ha derivado en capítulos de horror como la Masacre de Tumeremo, en marzo de 2016, y otras tantas que han conmocionado al país.

Las masacres que manchan el rostro de la democracia en Venezuela
También le puede interesar Las masacres que manchan el rostro de la democracia en Venezuela

En agosto de este año, la confrontación armada por un yacimiento de oro en la población de Maripa dejó seis fallecidos, entre ellos, el líder de una comunidad indígena.

Los conflictos alrededor de las zonas auríferas aumentaron a raíz del decreto del Arco Minero del Orinoco, que no solo ha dejado una devastación ambiental en la región sino también masacres como esta.

La caída de los precios petroleros en 2014, el fracaso en las políticas económicas (entre ellas, el motor minero) y la conflictividad política se han traducido en una nueva apuesta de Miraflores: la explotación minera como auxilio financiero. En esta región, el mercurio y la sangre se mezclan. Así como la violencia, la anarquía y la impunidad. La plataforma digital InfoAmazonia investigó el alcance social, político, económico y ecológico del Arco Minero del Orinoco en un reportaje titulado Explorando el Arco Minero.

Saqueos y violencia continúan en pueblos de Paria donde ocurrió masacre

HECHOS VIOLENTOS DEJARON un número desconocido de personas fallecidas entre San Juan de Unare y San Juan de las Galdonas, denunciaron habitantes. El gobierno aún no da información acerca de lo ocurrido.

Los dos pueblos de la costa de Paria, en el municipio Arismendi del estado Sucre, viven desde el 25 y 26 de septiembre una serie de hechos violentos, iniciada según una fuente a la que tuvo acceso Runrun.es por la guerra de poder por el tráfico de droga entre dos bandas rivales, lo que habría dejado a uno de los líderes asesinados y, como arremetida, provocado una ola de saqueos en San Juan de las Galdonas.

Otra hipotesis de lo sucedido, que maneja El Pitazo, indica que el robo de 1.500 kilos de cocaína habría iniciado la guerra entre las bandas de los dos pueblos.

Hasta ahora, de acuerdo a fuentes del medio, se contabilizan extraoficialmente al menos 20 muertos. El dirigente regional de Primero Justicia en el estado Sucre, Paúl Elguezábal, aseguró que la cuenta asciende a más de 30 personas asesinadas.

“Son más de 30 muertos y dantescas imágenes las que registran esta masacre, que es responsabilidad de un gobierno que entregó nuestro territorio a grupos criminales y al narcotráfico”, apuntó Elguezábal en un comunicado de prensa.

Runrun.es pudo conocer el caso de un hombre que salió en su vehículo a llevar un niño enfermo a un hospital mientras ocurría un tiroteo en la ciudad, por lo que efectivos de la GNB dieron voz de alto, la cual el hombre desobedeció y le dispararon, dejándolo sin vida.

La fuente indicó que en una de las plazas del pueblo se encontraron cuerpos desmembrados dejados por miembros de las bandas.

Saqueos y violencia

Los saqueos han continuado desde lo ocurrido, que a pesar de un incremento en la presencia policial en San Juan de las Galdonas, no se ha restablecido el orden, afirmó la fuente.

Según esta persona, individuos secuestran vehículos para saquear casas en el pueblo y luego se trasladan a San Juan de Unare, donde regalan a los pobladores el botín obtenido.

El último año han cobrado fuerzas el crimen organizado en la zona costera de Paria por el negocio del narcotráfico marítimo, indicó uno de los pobladores, quien ha visto a miembros de las bandas criminales caminar armados por el pueblo con el consentimiento de los cuerpos de seguridad, pues también se les ven hablando regularmente.

Enfrentamiento entre bandas provocó una masacre en Paria

ENTRE EL MARTES 25 Y MIÉRCOLES 26 de septiembre, habitantes de las parroquias San Juan de Unare y San Juan de las Galdonas, en el municipio Arismendi del estado Sucre, vivieron horas de tensión cuando dos grupos de hombres residentes en las dos zonas se enfrentaron por mantener el control del tráfico de droga por el Mar Caribe.

Un testigo informó a El Pitazo que como en una película vaquera fueron cayendo integrantes de las bandas que operan en la zona, al protagonizar la masacre que se escenificó entre los dos pueblos.

De acuerdo con la información recogida, la situación se generó luego de que la banda de San Juan de Unare le tumbara un cargamento de droga a los de San Juan de las Galdonas.

San Juan de Unare y San Juan de las Galdonas se han convertido sitio de resguardo de pranes que se encontraban en cárceles como Tocorón, estado Aragua; y Puente Ayala, estado Anzoátegui, entre otras. Desde hace al menos 12 años, organismos de seguridad del Estado conocen que Paria funciona como un punto de embarque de cargamentos de drogas que son enviados a islas del Caribe, lo que ha hecho que el turismo se aleje de las playas y paisajes de esas localidades de la región oriental.

Estas zonas pesqueras ubicada en la zona Norte de la Península de Paria, están a cinco horas de Cumaná. Para acceder se debe pasar alrededor de dos horas por una carretera llenas de cráteres y montañas donde la vigilancia policial es la gran ausente. Solo se observa una alcabala de la Guardia Nacional, con cinco funcionarios que se encuentra ubicada en la salida de San Juan. Habitantes sostienen que los funcionarios negocian con las bandas delictivas.

20 hombres asesinados

Habitantes del sector pesquero, quienes prefieren omitir su nombre, relataron que más de 20 hombres fueron asesinados con pistolas, desmembrados y masacrados en la matanza. Solo dos cuerpos fueron sepultados en el cementerio de Río Caribe. Otros fueron lanzados en el mar o sus cuerpos desaparecieron sin explicación.

Las fotografías que circulan por las redes sociales y que por razones éticas no serán publicadas en El Pitazo, muestran cadáveres de hombres jóvenes desmembrados. Uno de los testigos confirmó que la imagen de un individuo con un agujero en la cabeza y la otra en la que se observa una un cuerpo descuartizado, son reales.

 

Continúa leyendo en El Pitazo

#MonitordeVíctimas | A Eudomar lo detuvo el FAES en Santa Cruz del Este y asesinaron en Fuerte Tiuna

Familiares hicieron la denuncia en la morgue de Bello Monte

@franzambranor | Fotografía: Carlos Ramírez

A EUDOMAR EUCLIDES QUIJADA UGAS lo aprehendió la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana en el barrio Santa Cruz del Este, en el municipio Baruta del estado Miranda y posteriormente apareció como una de las víctimas de la masacre realizada por funcionarios de ese organismo en Fuerte Tiuna la madrugada del pasado sábado 8 de septiembre.

Así lo denunciaron familiares de Quijada Ugas en la morgue de Bello Monte.

Giancarlo Espinoza Ugas, dijo que a su hermano de Eudomar lo detuvieron en un operativo el viernes en Santa Cruz y luego de buscarlo por todas partes se enteraron que el cadáver estaba en Bello Monte.

Según Espinoza, Quijada Ugas de 24 años trabajaba en una charcutería de Petare. Era oriundo de Güiria, estado Sucre, y no tenía hijos. Estuvo preso en Carúpano dos años por robo de teléfono, “pero se había regenerado y tenía tenía cuatro en la capital laborando”, indicó.

“En el informe pusieron que la causa de la muerte fue enfrentamiento, cómo va a haber enfrentamiento, si lo detuvieron en Santa Cruz y apareció en Fuerte Tiuna”, cuestionó.

Integrantes de la familia sostienen que Quijada Ugas no tenía relación con ninguna de las ocho víctimas ni con 23 detenidos que arrojó el operativo del FAES en los edificios ubicados en la institución militar. “No sabemos cómo fue a parar allá”.

Quijada Ugas vivía con amigos en Santa Cruz del Este y formaba parte de una familia de seis hermanos.

Familiares ya hicieron la denuncia en el Cicpc y no descartan organizarse con el resto de los afectados por la masacre para introducir un reclamo en la Fiscalía General de la República.

Coronel señalado por masacre en Apure dirige Industrias Diana

La Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora (CRBZ) señala que Saldeño Armas, presidente de la empresa adscrita al Ministerio de Alimentación, fue el autor intelectual de una matanza hace casi siete años.

 

@pppenaloza

EL PASADO PERSIGUE AL CORONEL ÁNGEL RAFAEL SALDEÑO ARMAS. Su designación el​ 1º de febrero de 2018 como presidente de Industrias Diana, empresa adscrita al Ministerio de Alimentación, saca nuevamente a la luz pública una masacre ocurrida hace casi siete años en el estado Apure y que empañó la hoja de vida de este oficial del Ejército venezolano.

El ataque proviene del seno de la revolución. “El asesino coronel Saldeño Armas, responsable de la masacre de Boca del Río Viejo, Apure, lo premiaron designándolo presidente de Empresas Diana. Hasta cuándo la impunidad fiscal Tarek William Saab”, publicó el 9 de junio en Twitter el constituyente Orlando Zambrano.

Antiguo diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), coordinador de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora (CRBZ) y dirigente cercano al gobernador apureño Ramón Carrizalez, Zambrano preguntó a través de la red social si el presidente Nicolás Maduro estaba al tanto del nombramiento de “ese asesino” al que acusa de ser el “autor intelectual” de la matanza registrada en noviembre de 2011.

¿Qué pasó?

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) difundió el 22 de noviembre de 2011 un comunicado que ofrecía la versión oficial del hecho. “En la madrugada de hoy, miembros del 923 Batallón de Caribes “Sucre” tuvieron un enfrentamiento armado en la reserva forestal de San Camilo, municipio especial del Alto Apure, con integrantes de un grupo generador de violencia, que según informaciones, se dedicaba al robo y contrabando de ganado”, afirmaban en el texto suscrito por el Ministerio de Defensa.

El presunto “enfrentamiento armado” arrojó un saldo de “tres personas fallecidas (al final serían cuatro) y cuatro heridas, todos miembros del grupo generador de violencia, así como la retención de armas largas, cortas y otros objetos para delinquir”, según el balance de la FANB, que reivindicó la acción como un triunfo “en contra de aquellas personas o grupos que pretenden desconocer el ordenamiento jurídico, las autoridades y al gobierno nacional, regional o local, en aras de la tranquilidad y la paz nacional”.

La CRBZ, plenamente identificada con el oficialismo, desmintió el 24 de noviembre de 2011 al Ministerio de Defensa, aseverando que “los compañeros abatidos no eran ni delincuentes, ni contrabandistas, ni ladrones de ganado; sino por el contrario, eran militantes sociales y revolucionarios, que históricamente han defendido la soberanía y luchado en el Alto Apure por la construcción de la patria socialista”.

Negando que hubiera habido algún “enfrentamiento armado” y comparando este suceso con las masacres de Cantaura, Yumare y El Amparo, el grupo chavista subrayó que “si bien estos compañeros han dado la lucha con métodos diferentes que los nuestros (…) sus formas de lucha no los hacen merecedores de la pena de muerte y menos de la ejecución extrajudicial que les fue aplicada por un sector en particular de la FANB”.

Sacudón

La periodista Sebastiana Barráez destacó en su columna del semanario Quinto Día del 24 de noviembre de 2011 que entre los asesinados estaba Javier de Jesús Guerrero, conocido como “Moisés Carpio”, “el comandante de las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN), un grupo guerrillero venezolano acantonado en la frontera”.

“El cuerpo de Moisés, quien tenía 39 años de edad, quedó muy maltratado según sus familiares y amigos, además ‘tendría varios tiros en la cabeza’”, reveló la reportera. En una declaración ofrecida al diario El Nacional en esos días, Zambrano indicó que “fue un ajusticiamiento como lo demuestra el hecho de que los cadáveres están irreconocibles; fueron golpeados con las culatas de los fusiles”.

El difunto presidente Hugo Chávez ordenó a su ministro de Interior, Tareck El Aissami, y al jefe del Comando Estratégico Operacional de la FANB, Henry Rangel Silva, investigar el presunto enfrentamiento. El 15 de diciembre de 2011, Barráez apuntó que los sucesos de Boca del Río Viejo “acaban de derribar del cargo al general de División Hugo Carvajal Barrios”, quien se desempeñaba como director de Inteligencia Militar (DIM).

“También salió el jefe del Teatro de Operaciones Nro. 1, general Franklin Bulmes Vasconcelo, quien fue sustituido por el GB (Ej) Javier Armando Molina Quintero. Otro que fue obligado a entregar el cargo fue el comandante del 923 batallón de Caribes Sucre de La Victoria, coronel Ángel Rafael Saldeño Armas, cuyo grupo a su mando fue el que ejecutó la operación en la cual murieron cuatro miembros del Frente Patriótico de Liberación Nacional (FPLN). Saldeño quedó a órdenes de la DIM”, escribió la periodista.

La oposición propuso el 30 de noviembre de 2011 abrir una averiguación en la Asamblea Nacional, pero la mayoría oficialista bloqueó la iniciativa. “En la zona existen grupos irregulares en pugna desde hace tiempo (…) ¿Por qué los soldados iban vestidos de civil, por qué la demora en entregar los cadáveres?”, interpeló el diputado Leomagno Flores (AD-Táchira).

El estatal Correo del Orinoco informó en febrero de 2012 que el Ministerio Público había acusado al primer teniente del Ejército, Miguel Ángel Vegas Pérez, por los delitos de  homicidio calificado por motivo fútil en grado de frustración, uso indebido de arma de guerra y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales.

La Fiscalía imputó a los civiles Rubén Antonio Cárdenas, Anderson Alfonso Castellanos, Ángel María Ferrer y Nicanor Yánez Escobar por la presunta comisión de los delitos de rebelión, resistencia a la autoridad ejecutada con arma de fuego, ocultamiento de arma de guerra y asociación para delinquir, precisó Correo del Orinoco.

Con grasa

En su ofensiva contra Saldeño Armas, la CRBZ dijo que sobre el oficial pesaban “37 denuncias por violaciones a los derechos humanos”, y le relacionó con actividades irregulares como “acoso y extorsión, robo de ganado a los campesinos y contrabando de gasolina hacia Colombia”.

Pese a estos señalamientos, el titular de Alimentación, mayor general Luis Alberto Martínez Ramírez, confió a Saldeño Armas las riendas de Industrias Diana. La última memoria y cuenta del Ministerio de Alimentación publicada por el Ejecutivo muestra que entre 2013 y 2015 la producción de la empresa cayó en 91.498 toneladas de alimentos, pasando de 164.904 a 73.406 en dos años. En ese mismo periodo, la distribución en las redes pública y privada se derrumbó de 112.230 a 54.910 toneladas de alimentos.

Cargando con el recuerdo de una masacre a sus espaldas, ahora este coronel del Ejército maneja una empresa pública que tiene como fin “la producción y la comercialización de aceite, manteca, margarina industrial, untable de margarina, jabones y glicerina; con el propósito de garantizar el impulso de los productos alimenticios básicos para la satisfacción del pueblo venezolano”.