La búsqueda de Marvinia Jiménez, activista salvajemente golpeada en 2014 por la Guardia del Pueblo en la Isabelica, se intensifica. Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) detuvieron a varios miembros de su familia la tarde de este miércoles en el estado Carabobo.
Familiares de Jiménez denunciaron que una comisión del Sebin y del Conas detuvo a un tío, al hermano y al ex esposo de la mujer que trabajaba como costurera.
En una entrevista exclusiva para El Nacional Web, Alejandro Jiménez, hermano de la activista, aseguró que ellos desconocen el paradero de Jiménez. “Nosotros no tenemos esa información, no sabemos su paradero. Nos llevaron tratando de saber dónde está ella“, expresó.
Comentó que se encontraba en su casa cuando llegaron los efectivos preguntándole «que dónde se encontraba el papá del hijo de Marvinia». “Tuve que llevarlos, y cuando llegamos al lugar donde estaba el padre del niño y ex esposo de mi hermana, Will Casadiego, le hicieron unas preguntas y le dijeron que tenía que acompañarlos hasta la sede del cuerpo de seguridad. Luego me trajeron hasta mi casa y no sabemos dónde está”, dijo.
Los parientes también manifestaron que Martin Palma, de 73 años de edad, fue llamado por los efectivos de seguridad para que les brindara información sobre dónde vivía Marvinia Jiménez.
Palma bajó y habló con los funcionarios a los que les explicó que subiría a vestirse para acompañarlos.
“En ningún momento fue maltratado por los efectivos, él se montó en la camioneta y se lo llevaron detenido”, expresó Elisenda Coromoto Jiménez, esposa de Palma y madre de crianza de la activista, quien detalló que horas más tarde Palma fue llevado de regreso a su vivienda.
La familia espera conocer por qué los cuerpos de seguridad se encuentran buscando a Jiménez.
El presidente Nicolás Maduro se refirió este martes 24 de febrero al asesinato del joven Kluiverth Roa, de 14 años, quien murió de un tiro en la cabeza por un agente de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el estado Táchira. En un acto desde el estado Sucre que fue transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, Maduro calificó el hecho como «inverosímil», aunque no haya nada más verosimil que las imágenes del Kluiverth Roa vestido de liceísta desangrándose en una calle de San Cristóbal mientras los agentes de la PNB emprendían la huida y atacaban con bombas lacrimógenas a los vecinos de Barrio Obrero. Aquí un resumen de sus declaraciones:
1. Los policías «pasaron por allí»: El presidente, quien se encontraba de gira en Trinidad cuando ocurrieron los hechos, ofreció un reporte que fue televisado, en el que relató una versión de los hechos que contradice los relatos de vecinos, testigos presenciales del asesinato y varios videos del asesinato de Kluiberth Roa en San Cristóbal: «El momento en que un grupo de muchachos, con capuchas, estaban en actividades de protesta y generación de violencia, es la versión preliminar. En ese mometo se produjo un hecho inverosímil: Pasaron unos policías por allí, se enfrascaron en una pelea. Dicen los policías que fueron rodeados, atacados y atacados con piedras. Y uno de los policías accionó esta escopeta de perdigones y mató a este muchacho». Una joven que presenció y narró el suceso el suceso aseguró que fueron los policías quienes atacaron con perdigones a los manifestantes. Roa salía a esa hora de clases en el liceo Agustín Codazzi y se encontró con un herido por perdigones y se detuvo para auxiliarlo. La policía llegó de manera violenta. Varios jóvenes que manifestaban corrieron. Kluiberth, quien apenas alcanzó a esconderse debajo de un carro, fue sacado por agentes de la PNB. Un funcionario, Javier Osias Mora Ortiz, de 23 años, disparó casi a quemarropa en la cabeza, específicamente en la región occipital.
2. La derecha, siempre la derecha: Maduro acusó a la «derecha» venezolana de formar sectas que reclutan jóvenes para promover la violencia. «Basta de violencia, se lo digo a los grupos de la derecha. Que envuelven en un abanico de odio, y el estímulo, y la preparación de muchachos para que ejerzan violencia, y les envenenan el alma de odio, de deseo de venganza de muerte».
3. Otra vez, siempre la CIA y «el imperio»: Maduro también acusó a la CIA de formar «sectas» —una palabra que repitió varias veces— como ‘Tradición, Familia y Propiedad’, la cual aseguró formaba fanáticos. Además sugirió que en Venezuela existía una cosa que llamó «la trilogía del mal» y que alguien de esa «trilogía» formaba parte de ‘Tradición, Familia y Propiedad’: «Fue una secta que formó la CIA para formar fanáticos, entre un fundamentalismo católico y un anticomunismo fascista. Aquí en Venezuela y en Brasil existió ‘Tradición, Familia y Propiedad’. Uno de ellos, de la trilogía del mal, que Venezuela conoce, uno de estos monstruos, a su primera edad fue capturado y adoctrinado en ‘Tradición, Familia y Propiedad’. Y ellos han reproducido esos grupos celulares, son como células. Y llenan de odio a jóvenes y los llevan a ejercer la violencia».
4. Venezuela como potencia educativa: No se sabe si fue porque Maduro estaba en un acto con líderes de agrupaciones estudiantiles de todo el mundo y porque la propaganda oficial necesariamente debe ser llevada fuera de nuestras fronteras. No se sabe si fue porque en verdad se lo cree o porque quiere que el resto del país se lo crea también, pero el presidente sugirió que Venezuela es casi una potencia educativa: «Nuestros muchachos tienen garantizado el derecho al estudio, desde que nacen hasta que se gradúan al nivel que se quieran graduar. Tienen la educación pública, de calidad, gratuita, totalmente gratuita, garantizada por el Estado revolucionario. Hay que ver en cuantos países del mundo esto es un derecho. Sobre todo a nivel universitario. Y estamos buscando el 100% de la matrícula». La realidad es que en el país hacen falta planteles educativos, la infraestructura educativa está en franco deterioro, la calidad educativa ha descendido (Venezuela está en la cola de países en Latinoamérica que producen investigaciones científicas), las universidades funcionan con presupuestos deficitarios, hay fuga de cerebros y los sueldos de docentes son insuficientes para cubrir la canasta básica.
5. Protesten donde sea, menos donde gobierne el chavismo: El presidente exhortó a los jóvenes que manifiestan a alejarse de la violencia y dijo aseguró que en el país están garantizados los derechos a manifestarse, aunque en el municipio Libertador (Caracas) —gobernado por el PSUV— no se permita a opositores marchar y protestar pacíficamente. Maduro dijo: «Si usted quiere protestar un tema, se organiza y sale a la calle. Pide los permisos respectivos, puede salir a marchar, cantar, gritar consignas. Puede ir a una televisora, a una radio y decir ‘no estoy de acuerdo con esto’. Pero no hay espacio para la violencia». Se le olvida que a los estudiantes de la UCV no se les permitió acudir a una misa por los caídos Bassil Da Costa, Robert Redman y Juancho Montoya en la iglesia San Pedro el pasado 12 de febrero. El templo, que está apenas a una cuadra de la UCV, fue bloqueado por piquetes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
6. «Llenos de odio»: El jefe del Estado cree que los que manifiestan contra su gobierno están llenos de odio: «Son muchachos que se han dejado inyectar el odio hacia nosotros. Primero hacia el comandante Chávez, ahora hacia mí y hacia nosotros los revolucionarios. Con el odio no van a lograr nunca nada. Lo único que van a lograr es destruir su propia alma. Basta de violencia, muchachos. Hagan lo que tengan que hacer con sus ideas, pero háganlo en paz, respetando la constitución».
7. ¿Y la impunidad?: El presidente aseguró que «si algún funcionario, por cualquier razón que sea, encargado del orden público, comete un crimen. Saben ustedes que soy el primero en buscar la orden para detenerlo». Pero allí están —libres o esperando un juicio que no termina de llegar— los asesinos de Bassil Dacosta, Geraldin Moreno, Juancho Montoya, Robert Redman; o la funcionario de la Guardia del Pueblo que golpeó brutalmente a Marvinia Jiménez y que permanece en libertad y goza de la protección de las autoridades. La impunidad es tal, que ni las fotos o vídeos que muestran a los funcionarios disparando han servido para que sean detenidos.
8. La resolución de Padrino López. Maduro afirmó: «En Venezuela está prohibida la represión armada y de manera explícita en la constitución están los elementos para contener, como lo hicimos el año pasado». Pero la verdad es que el Gobierno avaló la resolución 008610 del Ministerio de Defensa, publicada en Gaceta Oficial en enero y suscrita por el ministro Vladimir Padrino López, en la que se autoriza el uso de armas letales para controlar manifestaciones, aunque esto contravenga el artículo 68 de la Constitución venezolana que establece que «se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas».
9. La mentira de las 43 muertes: «Los 43 muertos de las guarimbas del año pasado. Todos, todos todos, son producto de francotiradores o de hechos vinculados a violencia como estas», dijo Maduro, aunque funcionarios del Sebin, de la PNB, Guardia Nacional Bolivariana y Guardia del Pueblo aparezcan como responsables de algunas de las muertes causadas el año pasado en el marco de las protestas. El Estado no ha probado en ninguna instancia la vinculación de las muertes a francotiradores, ni ha identificado a ningún francotirador y establecido su culpabilidad.
10. Bonus: reírse tras la tragedia. Maduro cuenta chistes y se ríe. El presidente dijo que condenaba la muerte del adolescente Kluiberth Roa. Pero luego, en la misma cadena, se distendió, contó chistes y rió a carcajadas.
Yamile Saleh, madre de Lorent Gómez Saleh, asegura que la representante del Ministerio Público le pidió que declarara contra dirigentes de oposición. Pide que se cierre el centro de detención del Sebin en Plaza Venezuela, conocido como ‘La Tumba’.
“Si lo ven, no lo reconocen. Lorent está pálido, débil. Tiene el cabello largo y barba”, relata Yamile Saleh, madre de Lorent Gómez Saleh, detenido desde hace seis meses en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Plaza Venezuela, también conocidos como ‘La Tumba’.
Luce cansada, porta unas ojeras oscuras. La señora Yamile salió este lunes en la madrugada desde Valencia y llegó a Caracas para visitar a su hijo Lorent Gómez Saleh, detenido desde el pasado cuatro de septiembre cuando fue expulsado de Colombia. En ‘La Tumba’ están también recluidos Gabriel Valles Sguerzi y otro ciudadano de nombre Juan Miguel De Sousa.
Gómez Saleh y Valles Sguerzi llevan 17 días en huelga de hambre. El sábado pasado fue trasladado a El Helicoide Gerardo Carrero, quien también estaba en ‘La Tumba’ y logró “un acuerdo” con la Defensoría del Pueblo. Gómez Saleh y Valles Sguerzi permanecen aislados en celdas monocromáticas a más de 100 metros bajo tierra, sin luz natural, sin aire fresco, mantenidas a bajísimas temperaturas y con la única visita de sus padres una o dos veces por semana.
El Ministerio Público le achaca a Gómez Saleh los delitos de conspiración, rebelión y asociación para delinquir. El caso aún está en fase preliminar. La última audiencia fue diferida el pasado 4 de febrero.
“No quieren trasladar a Lorent ni a Gabriel. Ellos continúan en huelga de hambre porque no les respetan sus derechos humanos. Mi hijo me dice: ‘mamá, yo ya no tengo nada qué perder. Si he hecho huelga de hambre antes por amigos y compañeros ¿por qué no hacerla por los detenidos en Ramo Verde y por mí mismo?’… Yo lo que quiero es que cierren ‘La Tumba’. Eso no puede existir en Venezuela”.
Cuenta que su hijo —a quien llama por su nombre de pila— está enfermo desde diciembre. La comida que le servían hasta hace unas semanas le causaron dolores estomacales, vómitos y diarreas. Los médicos del Sebin le han administrado sueros por vía intravenosa. La señora Yamile afirma que varios custodios han preferido renunciar antes de acatar órdenes y “hacer lo que hacen allí dentro”.
Semanalmente le lleva comidas que pueda conservar. La semana pasada le llevó una revista “para que pueda ver otros colores”, que los agentes supervisaron y permitieron pasar. Afirma que su hijo ha sido sometido a torturas físicas y psicológicas y que además ha sido chantajeado para que incrimine a dirigentes de oposición.
“La fiscal Katherine Harrington visitó a mi hijo y le pidió que implicara a líderes políticos. Él se negó. Ella le dijo ‘te vas a pudrir aquí en la cárcel’. Quería que incriminara a dirigentes, le dijo que ahí estaría su libertad, el traslado, o mejoras para él. Lorent le dijo que no, que él no iba a hacer eso. Lorent le comunicó todo eso a la representante de la Defensoría del Pueblo, Araminta Padrino”.
La semana pasada, Yamile Saleh acompañó en Valencia a Rosa Orozco en un acto para recordar a Geraldine Moreno, joven asesinada hace un año el jueves 19 de febrero. En el lugar también estaba Marvinia Jiménez, quien fue violentamente golpeada en un vídeo que se tornó viral en las redes sociales. El funcionario de la GNB que disparó a Moreno está imputado, mas no condenado. La agente de la Guardia del Pueblo que golpeó brutalmente a Marvinia Jiménez está aún en libertad y goza de la protección de las autoridades.
“Imagínese usted, Geraldine era la única hija de Rosa. Y se la mataron de un disparo de perdigones en la cara. Y ella estaba dándome fuerzas a mí…”.
A un año de las manifestaciones de febrero de 2014, como víctima exige justicia desde La Isabelica, Valencia, en el mismo lugar donde fue brutalmente agredida por agentes de la Guardia del Pueblo. Alerta sobre la criminalización de la protesta en Venezuela
MARVINIA JIMÉNEZ YA NO SE ESTREMECE cuando pasa por el lugar donde fue insultada, golpeada, arrastrada y detenida por agentes de la Guardia del Pueblo el lunes 24 de febrero de 2014. Un año después, en la populosa urbanización La Isabelica, al sur de Valencia, encandila el mismo sol de aquel mediodía en que un uniformado le apuntó a la cabeza con una pistola, exigiéndole que le entregara su celular. Con el pequeño dispositivo, la mujer había fotografiado a militares y manifestantes que se enfrentaban ese día desde temprano en las protestas, en la vía principal de su vecindario convertido en un campo de guerra.
Ya no la descompone igual, pero siempre va a ser un mal recuerdo. “Me toca pasar todos los días por aquí, al igual que mi hijo cuando va para el colegio”, afirma la costurera valenciana de 34 años, cuya brutal agresión por parte de funcionarios de la Guardia del Pueblo fue documentada al detalle con fotografías y videos de profesionales y amateurs que dieron la vuelta al mundo, durante las manifestaciones que estallaron en Venezuela en febrero de 2014.
En una de las fotografías que captaron la secuencia de la agresión, se observa a Jiménez desafiando a un Guardia del Pueblo que empuña una pistola. Vecinos y manifestantes huyen hacia el lado contrario menos ella, que se mantiene en actitud desafiante frente al uniformado. Le pregunta por qué utiliza armas en una protesta si están prohibidas por la Constitución. Tanto los cuadros siguientes como el video aficionado muestran cuando es neutralizada por varios agentes, y luego cómo otra mujer de mayor tamaño y uniformada de verde militar y chaleco vinotinto la somete en horcajadas contra el suelo mientras la golpea dos veces con su casco, sonriendo.
“Si no lo hubiesen filmado y fotografiado, quizás me hubiese sido peor”, sostiene Marvinia.
Un año después, mantiene intacta su determinación a exigir justicia. Desde la avenida Henry Ford, la principal de La Isabelica, revisita el desproporcional maltrato de los militares del cual fue víctima. La contundencia de las pruebas gráficas y heridas físicas no la libraron de que la Fiscalía 28 le imputase cinco delitos: instigación pública, obstaculización de la vía pública, lesiones personales, resistencia a la autoridad y daño a la propiedad privada. Tiene régimen de presentación, prohibición de salida del país y de participar en manifestaciones.
Aparte de esas imputaciones, el Cicpc le levantó un expediente por hurto a la sede de la Cantv en La Isabelica. A esta mujer de 43 kilos y poco más de metro y medio de altura, se le acusa de haber robado un extintor de incendio, una TV plasma de 42 pulgadas, un filtro de agua y un microondas. Con todos estos objetos presuntamente la detuvieron en flagrancia, según reza el documento.
“Mi expediente está lleno de vicios: nada concuerda entre lo escrito, los videos, las fotografías y el testimonio de testigos. Nada coincide”, describe. Hace ya tiempo que venció el lapso legal de ocho meses para que haya algún pronunciamiento sobre su caso, bien sea para un sobreseimiento, archivo o lleven a juicio. “No lo deciden porque de una u otra forma quedarían en evidencia de que soy inocente y que ellos violaron mis derechos. Tienen el juego trancado pero igual están violentando el debido proceso”.
Al estar bajo régimen de presentación, está obligada a presentarse los tres primeros días de cada mes ante el Palacio de Justicia de Valencia. Por ser mujer, no tiene que hacer cola para firmar el libro de actas, pero no por ello su situación es mejor. Si se salta tan sólo una vez, cualquier fuerza de seguridad podría detenerla y llevarla presa. “Ya tengo antecedentes penales”, recuerda.
Video: Entrevista de Runrun.es a Marvinia Jiménez en La Isabelica, Valencia
Agresores uniformados
La agresora más visible está identificada: es la sargento segunda Josneidy Nayarit Castillo Mendoza, quien tiene orden de aprehensión desde el 2 de marzo de 2014. Sin embargo, hasta la fecha no se ha presentado e incluso se le ha visto en restaurantes junto a otros uniformados de la GNB y paseando en sitios turísticos como la Colonia Tovar, tal como se ha denunciado a través de redes sociales. La organización Foro Penal, que asiste jurídicamente a Marvinia desde el comienzo, ha confirmado que la victimaria está libre.
Marvinia solicitó a la Guardia Nacional el estatus de la funcionaria, si está de reposo, pidió la baja o la mandaron a la frontera, pero desde hace 7 meses no obtiene respuesta. “Hay complicidad”, asegura. También ha solicitado que se investigue a dos funcionarios por posible encubrimiento: coronel de destacamento Aquiles Rojas Patiño y coronel Arquímedes Herrera Ruso, jefe de seguridad ciudadana de Carabobo que comandó las acciones del 24 de febrero de 2014. También ha pedido reunión con el comandante de la Guardia del Pueblo, Sergio Rivero Montero.
Aparte, está demandando a seis funcionarios por levantamiento de actas forjadas. “Cuando se demuestre que soy inocente, vendrán en galope demandas de otras víctimas de las detenciones arbitrarias en Carabobo contra los mismos agentes. Considera que su caso no avanza “porque hay demasiados chivos pesados. Saben que a la hora de poner a derecho a la agresora podrían rodar muchas cabezas. Pero la violación a los DDHH no prescribe”.
Quien sí recibió a Marvinia el pasado 8 de enero fue el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, quien le aseguró que habría «una pronta respuesta» y que esperaba que la funcionaria, con orden de aprehensión por parte del Ministerio Público, sea presentada.
Vecinos solidarios
Todos reconocen a Marvinia en La Isabelica, una de las zonas con mayor número de víctimas durante las protestas de 2014. Su caso despierta solidaridad, especialmente entre los que fueron testigos directos de la agresión. “Pronto llegará la justicia”, aseguran después de relatar que no pudieron salir a ayudarla mientras los guardias la golpeaban salvajemente, ya que disparaban con armas de fuego, que no perdigones, contra las casas y bloques. Las persistentes huellas de tiros en rejas, santamarías y ventanas confirman el uso de estas armas proscritas constitucionalmente en manifestaciones, al menos hasta la polémica resolución 008610, promulgada en enero pasado por el Ministerio de la Defensa.
La vida de la costurera ciertamente ha cambiado, pero lo que más le trastoca es lo que puede afectarle a su hijo de 7 años. “Antes salíamos de paseo, nos íbamos de excursión fuera de Valencia. Aunque viajo mucho por el activismo de DDHH, desde hace un año no tomamos vacaciones juntos. Ha llegado llorando del colegio porque algunos compañeros le dijeron que su mamá era una guarimbera y que nos iban a meter presos a los dos. Otras más bien le decían que soy una heroína, que sus papás me admiran y que lucho por la libertad de todos. Son detalles que parecen tontos pero que me dolieron mucho porque hicieron sufrir a mi chamo. Eso no se le perdono a este régimen”.
A raíz de la amenazas de colectivos motorizados –que arremetieron contra ella y su casa en La Isabelica después de que los denunció por participar en las agresiones-, tuvieron que modificar su rutina. Sigue ganándose la vida confeccionando vestidos de novia, quinceañeras y primera comunión, pero desde hace un año vive en casa de un familiar. “Aunque tuve medida de protección dictada por el Ministerio Público, en realidad nunca me he sentido protegida”.
De costurera a activista de DDHH
No le hace caso a la prohibición de participar en protestas. En diciembre pasado, apoyó manifestaciones en Caracas y se encadenó en Valencia por la libertad de los presos políticos. Y asegura que no ha salido del país sólo “porque no tiene dinero”. Insiste en que se trata de derechos ciudadanos consagrados en la Constitución a los que no está dispuesta a renunciar.
Hasta el año pasado, su vida política se limitaba a votar en las elecciones por el candidato -siempre de oposición- que mejor le parecía. Cuando estallaron las protestas de febrero de 2014, marchaba todos los días con su hijo de siete años en La Isabelica.
Después de la agresión, la llamó Rosa Orozco, la mamá de la joven Geraldine Moreno, asesinada el 22 de febrero de 2014 en Valencia, por unos perdigonazos en la cara disparados por la GNB. Pese a su dolor, se solidarizó con ella insistiendo en que tenían que tener fuerzas y seguir luchando. Se convirtieron en voceras del recién creado Comité de Víctimas contra la Represión, que denuncia violaciones a los DDHH en Venezuela y orienta a otras víctimas a denunciar sus casos.
“La situación del país nos lleva a la participación política. Ninguna de las portavoces del Comité pertenecemos a algún partido. No nos importa las inclinaciones políticas sino ayudar a las víctimas de la represión y promover un cambio”, asegura.
Jiménez percibe que La Isabelica cambió después de las protestas. “Es triste. El ambiente no el mismo: muchos negocios cerraron, los graffitis de los colectivos no se han borrado, la presencia de militares es permanente. Para bien o para mal, yo también cambié. Antes llevaba una vida normal, me ganaba la vida cosiendo, pero ahora quiero contribuir a la defensa de los Derechos Humanos. No me lo busqué, nadie quiere que le pase lo que yo viví. No soy la primera ni la última víctima. Lamentablemente la represión continúa en Venezuela y eso tiene que denunciarse”.
Está convencida de que en sus manos está demostrar la vinculación entre los altos funcionarios de gobierno (sobre todo GNB y PNB) en la criminalización de la protesta. “Ahora la situación está peor. Hasta el 12F, no se registraban detenciones arbitrarias ni muertos en las manifestaciones. Incluso están modificando leyes, como el uso de las armas letales para radicalizar la situación. La única manera de cambiar el abuso del poder y violaciones de DDHH es hacer activismo”.
“Cada vez que veo la foto de esa muchacha me dan ganas de llorar”, dice la señora. Está en una cola, frente a una farmacia donde, dicen, hay pañales para adultos. “Parece mentira que ya haya pasado un año”, añade. Y luego suspira hondamente. Como si ya no supiera qué hacer con tanta melancolía.
Se refiere a Geraldine Moreno, joven de 23 años, asesinada el 19 de febrero de 2014. Pero podría también estar hablando sobre cualquiera de las otras víctimas de los sucesos ocurridos el año pasado. Según un excelente trabajo del grupo de periodismo independiente Efecto Cocuyo (www.efectococuyo.com), de los 43 casos solo están 3 abiertos, en etapa de juicio. Hasta estos momentos, ninguno ha concluido judicialmente y en 32 de ellos ni siquiera hay detenidos. Casi 70% de las muertes se encuentran en fase de averiguación. Pero el poder y los medios oficiales, desde hace mucho, ya han emitido un juicio, ya han sentenciado, ya han decidido quiénes son sus culpables.
La abrumadora distancia que existe entre los datos precisos del proceso judicial y el discurso del gobierno ya es un delito. La impunidad da asco. Pero el uso mediático de la tragedia, la tergiversación y la satanización oficial de lo ocurrido dan asco y rabia. Mientras el oficialismo vocifera sobre “el monstruo de Ramo Verde” y los asesinos paramilitares, sobre la conspiración universal y el golpismo galáctico, la realidad muestra unas cifras diferentes y cruelmente insólitas: un año después, solo 6,9% de los casos está en etapa de juicio. Hay sospechosos que andan libres y detenidos sobre los que todavía no existe un proceso abierto. Hay denuncias de represión y abuso que parecen estar paralizadas. Hay –según José Vicente Haro– más de 2.000 jóvenes que se encuentran en libertad condicional… Es indignante el descaro del gobierno: se presenta como víctima de la violencia que él mismo ejerce.
Carlos Monsiváis, a propósito de la matanza de Tlatelolco, acuñó una expresión que resulta ahora, para nosotros, muy pertinente: aquí también el poder y sus medios han puesto en marcha una “operación amnesia”. Se trata de implementar un gran número de procedimientos para invisibilizar a los otros, a aquellos que no repiten la versión oficial de esta historia. Más que llegar a la verdad y hacer justicia, el poder solo quiere aniquilar la memoria ciudadana. La industria del olvido es también otra forma de impunidad.
Los medios de comunicación, militantes, sometidos o cómplices, tendrán algún día que explicarle al país todos sus silencios. El relato de lo que han callado es tenebroso y fatal. Todo forma parte de la misma inmensa campaña para que, entre nosotros, reine la desmemoria. Para que la palabra guarimba sea una mancha que no permita nunca llegar a la realidad, indagar y descubrir lo que realmente pasó. Para que todo lo que vivimos se convierta de pronto en un espejismo, en un resplandor confuso, en una duda: ¿qué pasó con Marvinia Jiménez? ¿Dónde está ella ahora? ¿Y dónde está la guardia nacional que la golpeó salvajemente? ¿Acaso ya solo es una imagen danzando en el fondo de la red? ¿Cuánto durará en nuestros recuerdos?
Cuando Nicolás Maduro le pide a la posteridad que no le anote en su agenda estos dos primeros años de gobierno, está en el fondo promoviendo la misma operación. La revolución nos necesita amnésicos. No quiere que recordemos lo que pasó el 12 de febrero de hace un año. No quiere que recordemos el primer disparo. Olvida lo que viste en la calle. Olvida lo que oíste. Borra todas tus preguntas y solo escucha al gobierno. Solo puede existir la verdad oficial.
En Venezuela, la lucha por el rescate de la democracia es cada vez es más cruenta… Detenidos, presos, exiliados, torturados y muertos mantienen a un pueblo entre el miedo y la ira… pero sobre todo, mantiene a un pueblo en resistencia.
Historias de Valientes es una serie de testimoniales que presenta al mundo lo que sucede en Venezuela, la lucha por la libertad que por más de una década se ha librado en las calles teniendo como principal protagonista, a la juventud de este país caribeño anclado en Suramérica.
43 ciudadanos perdieron la vida durante las protestas que contra el deterioro de la economía y los problemas de inseguridad se desataron en febrero de 2014 en las principales ciudades de Venezuela, demandas que produjeron una reacción desproporcionada y violenta por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. El régimen, además, suprimió la información y se negó a reconocer responsabilidad alguna en la violación de las libertades civiles y los derechos humanos.
El olvido es la más cruel de las muertes. Por ello, y para que el mundo conozca la realidad de la represión en Venezuela, #HistoriasDeValientes es un S.O.S. a todos los pueblos, para que volteen su mirada y acompañen a los venezolanos en su petición de justicia internacional, cuando la nacional ha sido secuestrada.
Sólo el año pasado y a raíz de las manifestaciones, que permite la Constitución Bolivariana de Venezuela pero que el régimen criminaliza, se produjeron 3.377 detenciones a estudiantes y jóvenes que nunca fueron juzgados con el debido proceso. Las denuncias de torturas y abusos de las autoridades se cuentan por miles.
El asesinato de Geraldine Moreno a consecuencia de una ráfaga de perdigones en su rostro, el de Guillermo Sánchez golpeado y abaleado cuando se dirigía a pintar la casa de sus padres, la golpiza a manos de Guardias Nacionales a Marvinia Jiménez y la violación con un fusil a Juan Manuel Carrasco son las primeras #Historiasdevalientes que DIARIO LAS AMÉRICAS presenta desde este 12 de enero. Los países avanzados no olvidan a sus caídos. Estos testimoniales son una exhortación a NO OLVIDAR. Y tú puedes ayudar en este proyecto, difundiendo estas historias con el hashtag #HistoriasDeValientes para que todo el mundo sepa lo que está ocurriendo en Venezuela. Y también dando a conocer las violaciones y agresiones que puede hayas sufrido por luchar por la democracia y por la libertad. Es hora de levantarse, es hora de decir la verdad, es hora de no callarse y contar la#HistoriasDeValientes.
Con la finalidad de dinamizar su despacho, el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, informó que los defensores saldrán «a la calle» para facilitar el proceso de denunciar «y no tener que esperar que las personas vayan hasta las oficinas». En declaraciones a Globovisión, Saab dijo que ordenó a los defensores estadales desplegarse en hospitales, centros educativos y en las colas de supermercados. «(Para) que atiendan esas denuncias, para eso es una Defensoría del pueblo», indicó.
Recordó que la institución que encabeza es «modesta y con pocos recursos» y «hay una super expectativa montada (…) yo llegué aquí, solucióname en 5 minutos este problema. Eso no es así en forma inmediata».
Antes, el Defensor del Pueblo se reunió con los representantes estadales de su despacho y con el inspector general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y responsable en materia de Derechos Humanos en ese componente, Alejandro Keleris Bucarito.
«Con él hemos compartido una serie de ideas, una articulación que va a tener un gran objetivo final que es la de normar las actuaciones de la GNB en manifestaciones», adelantó.
Informó que el pasado miércoles se reunión con el comandante e la GNB, Néstor Reverol, quien le presentó un documento, «que se está revisando para su aprobación, que es la normativa de procedimiento para la contingencia, o la contención de manifestaciones públicas, como debe actuar, como debe comportarse» los efectivos ante una manifestación.
Según nota de prensa, Saab también informó que solicitó la aprehensión de la funcionaria de la GNB Josneidy Castillo, quien agredió a Marvinia Jiménez en las protestas a principios de 2014 , así como de los responsables de las muertes de Génesis Carmona y Adriana Urquiola.
Sobre el caso de Marcelo Crovato, recluido en Yare III, el Defensor informó que ubican un centro hospitalario idóneo para su traslado, ya que ha intentado suicidarse dos veces.
Con la finalidad de dinamizar su despacho, el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, informó que los defensores saldrán «a la calle» para facilitar el proceso de denunciar «y no tener que esperar que las personas vayan hasta las oficinas». En declaraciones a Globovisión, Saab dijo que ordenó a los defensores estadales desplegarse en hospitales, centros educativos y en las colas de supermercados. «(Para) que atiendan esas denuncias, para eso es una Defensoría del pueblo», indicó.
Recordó que la institución que encabeza es «modesta y con pocos recursos» y «hay una super expectativa montada (…) yo llegué aquí, solucióname en 5 minutos este problema. Eso no es así en forma inmediata».
Antes, el Defensor del Pueblo se reunió con los representantes estadales de su despacho y con el inspector general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y responsable en materia de Derechos Humanos en ese componente, Alejandro Keleris Bucarito.
«Con él hemos compartido una serie de ideas, una articulación que va a tener un gran objetivo final que es la de normar las actuaciones de la GNB en manifestaciones», adelantó.
Informó que el pasado miércoles se reunión con el comandante e la GNB, Néstor Reverol, quien le presentó un documento, «que se está revisando para su aprobación, que es la normativa de procedimiento para la contingencia, o la contención de manifestaciones públicas, como debe actuar, como debe comportarse» los efectivos ante una manifestación.
Según nota de prensa, Saab también informó que solicitó la aprehensión de la funcionaria de la GNB Josneidy Castillo, quien agredió a Marvinia Jiménez en las protestas a principios de 2014 , así como de los responsables de las muertes de Génesis Carmona y Adriana Urquiola.
Sobre el caso de Marcelo Crovato, recluido en Yare III, el Defensor informó que ubican un centro hospitalario idóneo para su traslado, ya que ha intentado suicidarse dos veces.
