A un año de las manifestaciones de febrero de 2014, como víctima exige justicia desde La Isabelica, Valencia, en el mismo lugar donde fue brutalmente agredida por agentes de la Guardia del Pueblo. Alerta sobre la criminalización de la protesta en Venezuela
MARVINIA JIMÉNEZ YA NO SE ESTREMECE cuando pasa por el lugar donde fue insultada, golpeada, arrastrada y detenida por agentes de la Guardia del Pueblo el lunes 24 de febrero de 2014. Un año después, en la populosa urbanización La Isabelica, al sur de Valencia, encandila el mismo sol de aquel mediodía en que un uniformado le apuntó a la cabeza con una pistola, exigiéndole que le entregara su celular. Con el pequeño dispositivo, la mujer había fotografiado a militares y manifestantes que se enfrentaban ese día desde temprano en las protestas, en la vía principal de su vecindario convertido en un campo de guerra.
Ya no la descompone igual, pero siempre va a ser un mal recuerdo. “Me toca pasar todos los días por aquí, al igual que mi hijo cuando va para el colegio”, afirma la costurera valenciana de 34 años, cuya brutal agresión por parte de funcionarios de la Guardia del Pueblo fue documentada al detalle con fotografías y videos de profesionales y amateurs que dieron la vuelta al mundo, durante las manifestaciones que estallaron en Venezuela en febrero de 2014.
En una de las fotografías que captaron la secuencia de la agresión, se observa a Jiménez desafiando a un Guardia del Pueblo que empuña una pistola. Vecinos y manifestantes huyen hacia el lado contrario menos ella, que se mantiene en actitud desafiante frente al uniformado. Le pregunta por qué utiliza armas en una protesta si están prohibidas por la Constitución. Tanto los cuadros siguientes como el video aficionado muestran cuando es neutralizada por varios agentes, y luego cómo otra mujer de mayor tamaño y uniformada de verde militar y chaleco vinotinto la somete en horcajadas contra el suelo mientras la golpea dos veces con su casco, sonriendo.
“Si no lo hubiesen filmado y fotografiado, quizás me hubiese sido peor”, sostiene Marvinia.
Un año después, mantiene intacta su determinación a exigir justicia. Desde la avenida Henry Ford, la principal de La Isabelica, revisita el desproporcional maltrato de los militares del cual fue víctima. La contundencia de las pruebas gráficas y heridas físicas no la libraron de que la Fiscalía 28 le imputase cinco delitos: instigación pública, obstaculización de la vía pública, lesiones personales, resistencia a la autoridad y daño a la propiedad privada. Tiene régimen de presentación, prohibición de salida del país y de participar en manifestaciones.
Aparte de esas imputaciones, el Cicpc le levantó un expediente por hurto a la sede de la Cantv en La Isabelica. A esta mujer de 43 kilos y poco más de metro y medio de altura, se le acusa de haber robado un extintor de incendio, una TV plasma de 42 pulgadas, un filtro de agua y un microondas. Con todos estos objetos presuntamente la detuvieron en flagrancia, según reza el documento.
“Mi expediente está lleno de vicios: nada concuerda entre lo escrito, los videos, las fotografías y el testimonio de testigos. Nada coincide”, describe. Hace ya tiempo que venció el lapso legal de ocho meses para que haya algún pronunciamiento sobre su caso, bien sea para un sobreseimiento, archivo o lleven a juicio. “No lo deciden porque de una u otra forma quedarían en evidencia de que soy inocente y que ellos violaron mis derechos. Tienen el juego trancado pero igual están violentando el debido proceso”.
Al estar bajo régimen de presentación, está obligada a presentarse los tres primeros días de cada mes ante el Palacio de Justicia de Valencia. Por ser mujer, no tiene que hacer cola para firmar el libro de actas, pero no por ello su situación es mejor. Si se salta tan sólo una vez, cualquier fuerza de seguridad podría detenerla y llevarla presa. “Ya tengo antecedentes penales”, recuerda.
Video: Entrevista de Runrun.es a Marvinia Jiménez en La Isabelica, Valencia
Agresores uniformados
La agresora más visible está identificada: es la sargento segunda Josneidy Nayarit Castillo Mendoza, quien tiene orden de aprehensión desde el 2 de marzo de 2014. Sin embargo, hasta la fecha no se ha presentado e incluso se le ha visto en restaurantes junto a otros uniformados de la GNB y paseando en sitios turísticos como la Colonia Tovar, tal como se ha denunciado a través de redes sociales. La organización Foro Penal, que asiste jurídicamente a Marvinia desde el comienzo, ha confirmado que la victimaria está libre.
Marvinia solicitó a la Guardia Nacional el estatus de la funcionaria, si está de reposo, pidió la baja o la mandaron a la frontera, pero desde hace 7 meses no obtiene respuesta. “Hay complicidad”, asegura. También ha solicitado que se investigue a dos funcionarios por posible encubrimiento: coronel de destacamento Aquiles Rojas Patiño y coronel Arquímedes Herrera Ruso, jefe de seguridad ciudadana de Carabobo que comandó las acciones del 24 de febrero de 2014. También ha pedido reunión con el comandante de la Guardia del Pueblo, Sergio Rivero Montero.
Aparte, está demandando a seis funcionarios por levantamiento de actas forjadas. “Cuando se demuestre que soy inocente, vendrán en galope demandas de otras víctimas de las detenciones arbitrarias en Carabobo contra los mismos agentes. Considera que su caso no avanza “porque hay demasiados chivos pesados. Saben que a la hora de poner a derecho a la agresora podrían rodar muchas cabezas. Pero la violación a los DDHH no prescribe”.
Quien sí recibió a Marvinia el pasado 8 de enero fue el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, quien le aseguró que habría «una pronta respuesta» y que esperaba que la funcionaria, con orden de aprehensión por parte del Ministerio Público, sea presentada.
Vecinos solidarios
Todos reconocen a Marvinia en La Isabelica, una de las zonas con mayor número de víctimas durante las protestas de 2014. Su caso despierta solidaridad, especialmente entre los que fueron testigos directos de la agresión. “Pronto llegará la justicia”, aseguran después de relatar que no pudieron salir a ayudarla mientras los guardias la golpeaban salvajemente, ya que disparaban con armas de fuego, que no perdigones, contra las casas y bloques. Las persistentes huellas de tiros en rejas, santamarías y ventanas confirman el uso de estas armas proscritas constitucionalmente en manifestaciones, al menos hasta la polémica resolución 008610, promulgada en enero pasado por el Ministerio de la Defensa.
La vida de la costurera ciertamente ha cambiado, pero lo que más le trastoca es lo que puede afectarle a su hijo de 7 años. “Antes salíamos de paseo, nos íbamos de excursión fuera de Valencia. Aunque viajo mucho por el activismo de DDHH, desde hace un año no tomamos vacaciones juntos. Ha llegado llorando del colegio porque algunos compañeros le dijeron que su mamá era una guarimbera y que nos iban a meter presos a los dos. Otras más bien le decían que soy una heroína, que sus papás me admiran y que lucho por la libertad de todos. Son detalles que parecen tontos pero que me dolieron mucho porque hicieron sufrir a mi chamo. Eso no se le perdono a este régimen”.
A raíz de la amenazas de colectivos motorizados –que arremetieron contra ella y su casa en La Isabelica después de que los denunció por participar en las agresiones-, tuvieron que modificar su rutina. Sigue ganándose la vida confeccionando vestidos de novia, quinceañeras y primera comunión, pero desde hace un año vive en casa de un familiar. “Aunque tuve medida de protección dictada por el Ministerio Público, en realidad nunca me he sentido protegida”.
De costurera a activista de DDHH
No le hace caso a la prohibición de participar en protestas. En diciembre pasado, apoyó manifestaciones en Caracas y se encadenó en Valencia por la libertad de los presos políticos. Y asegura que no ha salido del país sólo “porque no tiene dinero”. Insiste en que se trata de derechos ciudadanos consagrados en la Constitución a los que no está dispuesta a renunciar.
Hasta el año pasado, su vida política se limitaba a votar en las elecciones por el candidato -siempre de oposición- que mejor le parecía. Cuando estallaron las protestas de febrero de 2014, marchaba todos los días con su hijo de siete años en La Isabelica.
Después de la agresión, la llamó Rosa Orozco, la mamá de la joven Geraldine Moreno, asesinada el 22 de febrero de 2014 en Valencia, por unos perdigonazos en la cara disparados por la GNB. Pese a su dolor, se solidarizó con ella insistiendo en que tenían que tener fuerzas y seguir luchando. Se convirtieron en voceras del recién creado Comité de Víctimas contra la Represión, que denuncia violaciones a los DDHH en Venezuela y orienta a otras víctimas a denunciar sus casos.
“La situación del país nos lleva a la participación política. Ninguna de las portavoces del Comité pertenecemos a algún partido. No nos importa las inclinaciones políticas sino ayudar a las víctimas de la represión y promover un cambio”, asegura.
Jiménez percibe que La Isabelica cambió después de las protestas. “Es triste. El ambiente no el mismo: muchos negocios cerraron, los graffitis de los colectivos no se han borrado, la presencia de militares es permanente. Para bien o para mal, yo también cambié. Antes llevaba una vida normal, me ganaba la vida cosiendo, pero ahora quiero contribuir a la defensa de los Derechos Humanos. No me lo busqué, nadie quiere que le pase lo que yo viví. No soy la primera ni la última víctima. Lamentablemente la represión continúa en Venezuela y eso tiene que denunciarse”.
Está convencida de que en sus manos está demostrar la vinculación entre los altos funcionarios de gobierno (sobre todo GNB y PNB) en la criminalización de la protesta. “Ahora la situación está peor. Hasta el 12F, no se registraban detenciones arbitrarias ni muertos en las manifestaciones. Incluso están modificando leyes, como el uso de las armas letales para radicalizar la situación. La única manera de cambiar el abuso del poder y violaciones de DDHH es hacer activismo”.
