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SIP llama a defender ejercicio del periodismo en países como Cuba, Venezuela y Nicaragua

LA 75 EDICIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) dio inició la mañana de este viernes 4 de octubre en la ciudad de Coral Gables, en el sur de Florida con un llamado a a continuar defendiendo la libertad de prensa, en los países donde quienes ejercen el periodismo son más vulnerables, como Cuba, Nicaragua y Venezuela.

A nombre de la institución, Alejandro Aguirre, expresidente de la SIP e integrante del comité organizador de esta Asamblea, dio la bienvenida a los participantes y agradeció a la ciudad de Coral Gables la acogida.

María Elvira Domínguez, presidenta de la SIP y directora del periódico colombiano El País de Cali, reconoció que en el aniversario 75, en el que se realiza este encuentro, “la lucha por la libertad sigue siendo una búsqueda cotidiana y permanente, de ahí la importancia de una organización como la SIP”.

Domínguez afirmó que durante el año que ha estado a cargo de la presidencia, ha podido constatar que “en cada rincón del continente los periodistas no encuentran las circunstancias idóneas para ejercer, “sin embargo”, admitió, “hay muchas formas de defender la libertad de prensa”.

Lamentó que 18 periodistas son asesinados por año en en el continente. También se refirió a los retos que en estos momentos asume nuestra profesión con los cambios de modelos negocios que asume la industria.

 

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Fallece el pintor venezolano Alirio Rodríguez

Alirio Rodríguez falleció este miércoles, consecuencia de una neumonía que lo mantuvo hospitalizado durante un mes.

El pintor, nacido en El Callao, estado Bolívar, fue galardonado con el Premio Nacional de Pintura de Venezuela, entre otros.

Premio Nacional de Artes Plásticas 1969, es considerado por la crítica como el precursor de la nueva figuración en la pintura venezolana. Se formó en la Escuela de Artes Aplicadas de Caracas y el Taller Libre de Arte.

En 2016, el artista plástico publicó un libro llamado “Alirio Rodríguez: De su pintura y letra”, publicación en la que contó algunas de sus experiencias más personales y emotivas.

Migración Colombia:

ChristianKrüger

 

El director nacional de la Unidad de Migración Colombia, Christian Krüger, dijo que los venezolanos que huyen por razones humanitarias son bienvenidos en territorio colombiano, pero advirtió que ese proceso debe cumplirse apegado a las medidas que buscan regular el tránsito o permanencia de personas de la nación vecina en este país sudamericano.

En declaraciones exclusivas a DIARIO LAS AMÉRICAS, Krüger dijo que Colombia nunca ha cerrado la frontera para impedir el acceso de venezolanos, hecho del que culpó al presidente Nicolás Maduro, y señaló también que la mayoría de personas que conforman el éxodo venezolano son colombianos que en otras épocas decidieron irse del país en busca de un mejor futuro en Venezuela.

El funcionario reveló que el Gobierno ha sancionado a 600 empresas privadas colombianas por pagarles salarios por debajo de lo que estipula la ley a venezolanos que se declaran “abusados laboralmente”, al tiempo que añadió que unos 67.000 venezolanos ya se encuentran trabajando de manera legal en Colombia tras acogerse a lo que se denomina el PEP (Permiso Especial de Permanencia).

¿Qué tipo de medidas se están adoptando desde su oficina en Bogotá para afrontar esta situación?

Para poder comprender este fenómeno migratorio que se está presentando hoy en nuestro país tenemos que devolvernos unas tres o cuatro décadas atrás, y recordar que anteriormente la migración era a la inversa cuando el colombiano viajaba hacia Venezuela. Calculamos que más de un millón de colombianos alcanzaron a vivir en ese país, y muchos de ellos son los que están regresando en este momento, y no lo están haciendo solos, sino con sus familias. Muchas de estas personas son colombianas. Lo que vemos es una migración de retorno, y vienen con nacionales venezolanos, que son bienvenidos al territorio colombiano. Lo que queremos hacer es regularizar esta migración. Lo peor tanto para un extranjero como para un país es tener una migración irregular.

¿Cómo proyecta su agencia realizar esa regularización?

Hemos implementado varios mecanismos, y el llamado a los venezolanos es que el Gobierno colombiano ha venido flexibilizando la norma para que se regularicen, para que formalicen su situación en nuestro país. Se han implementado varias medidas en este sentido. Una, la TMF (Tarjeta de Movilidad Fronteriza) para esa migración que hemos denominado circular o pendular, que está básicamente en la zona de frontera con Venezuela, que es de más de 2.500 kilómetros, históricamente una zona de frontera activa, viva, en la que se permitía que los venezolanos entrarán a nuestro territorio sin control hasta determinadas áreas como Cúcuta, en Norte de Santander. Igualmente hacían los colombianos en Venezuela, que podían ir hasta más allá de San Antonio, por la frontera con Táchira, sin ningún control. Lo que buscamos nosotros como autoridad migratoria es identificar esos movimientos migratorios. Colombia nunca ha cerrado la frontera; eso es importante que la audiencia lo tenga claro. Fue el presidente Maduro quien cerró la frontera. Lo que se busca por parte del Gobierno colombiano no es cerrar la frontera, pero sí identificar quién está entrando y quién está saliendo por seguridad de la población, y cuando hablo de población incluyo a nacionales y extranjeros. En la medida en que tengamos una migración ordenada, tendremos una migración segura y podemos proteger los intereses de los extranjeros, de los venezolanos.

Algunos colombianos dicen que los venezolanos les quitan sus puestos de trabajos. Otros colombianos afirman que este país tiene que ayudar a sus vecinos que están llegando. ¿Cómo debe moverse el Gobierno entre esas dos corrientes?

Tenemos esa migración que es pendular, la que no quiere quedarse, que viene, trabaja unos días, realiza algunas compras y se regresa a su país. Para aquellos que se quieren radicar promulgamos el PEP (Permiso Especial de Permanencia), que va dirigido a unos 236.000 venezolanos que están en esa condición, según nuestros cálculos. Son venezolanos que entraron al país de manera regular, sellando su pasaporte, pero que por alguna circunstancia sobrepasaron el tiempo de permanencia. A esas personas se les dio este alivio que les permite trabajar, afiliarse al Sistema de Seguridad Social, tener una cuenta bancaria, entre otros beneficios, a diferencia del TMF, que no se los permite. ¿Qué hacer con las manifestaciones de personas que dicen que les están quitando el trabajo? En la medida que nosotros prohibamos esa situación, esos trabajos van a ser ilegales, y en consecuencia la diferencia en los pagos va a ser más grande. Hoy en día vemos casos en los que se les está pagando [a los venezolanos] una tercera parte de lo que corresponde. Si nosotros prohibimos que trabajen los venezolanos, esa diferencia va a ser mucho más grande de lo que es hoy. Recordemos que el salario mínimo en Venezuela es de 12 dólares mensuales, entonces si prohibimos que trabajen esas personas la brecha en los salarios será más grande y el desempleo para los colombianos será superior. En la medida en que nosotros nivelemos esas condiciones del extranjero, en este caso de los venezolanos, desde el punto de vista laboral vamos a encontrar una cercanía en materia de derecho y pagos laborales, y se dará una nivelación en cuanto a la competencia que debe dar como resultado que colombianos y venezolanos se contraten por igual. Que cuando un empresario quiera contratar a una persona mire las cualidades personales y profesionales, bien sea colombiana o venezolana, y no que lo haga por ganarse unos pesos. Ya tenemos unos 67.000 venezolanos registrados con ese PEP, que son personas que estaban irregularmente en el país, que no podían trabajar por su condición migratoria, y hoy lo pueden hacer, el empresario los puede reportar [al Sistema de Seguridad Social] y eso es lo que buscamos como una forma de darles la mano con una medida a largo plazo, que involucra a estas personas en la vida activa, económica y laboral del país. Dar la mano a veces pensamos que es dar un plato de comida o un techo. Esa puede ser una medida transitoria, pero no es una medida final, que es procurar integrar a esta población en la vida activa del país.

A pesar de los esfuerzos del Gobierno, algunas quejas señalan que a un alto número de venezolanos se les paga sueldos míseros. ¿Qué respuesta hay frente a esas protestas?

Yo no solo recibo quejas, también muchas manifestaciones de gratitud por parte del pueblo venezolano frente a lo que vienen haciendo el pueblo y el Gobierno colombiano, y también gratitud de colombianos que celebran las medidas que hemos venido implementando para darles la mano a estas personas. En cuanto a los pagos que no se ajustan a la ley, Migración Colombia y el Gobierno vienen haciendo varias tareas. A la fecha llevamos 600 empresas sancionadas. Es decir, no solo estamos revisando al extranjero que está trabajando de manera irregular porque, además, tiene atrás una familia a la que alimentar, sino que también estamos revisando al empresario que se aprovecha de esa circunstancia para pagarles menos de los que corresponde, y si es irregular tampoco tiene que afiliarlo al Sistema de Seguridad Social. Entonces, nos hemos enfocado no solo en los extranjeros, que es una tarea propia de Migración, sino también en el colombiano que se está aprovechando de esa situación, y esa ha sido una medida efectiva. Una vez nosotros sancionamos a una empresa por ese motivo, generalmente no lo vuelve a hacer, mientras que si nosotros solamente nos enfocamos en la población extranjera y no en los empresarios, en las personas naturales o jurídicas que los contratan, para evitar que eso se presente.

Algunas estadísticas muestran que la prostitución se ha incrementado en algunas regiones del país y se señala a un número elevado de venezolanas de estar realizando esta actividad.

Nosotros en Migración Colombia no perseguimos ninguna actividad en particular. Nosotros miramos la condición migratoria de la persona, no la actividad que está realizando en nuestro territorio porque no es competencia propia de nuestra actividad. El llamado que hacemos es a ser conscientes de esta situación, que es humanitaria, especialmente en temas de alimentación y salud. En algunos medios vemos que el país con el menor índice de alimentación en el mundo es Venezuela, y pues claramente Colombia es un país vecino con un fuerte arraigo, más que los demás países fronterizos con Venezuela; y el idioma también lo facilita. Estamos ante una situación compleja que no es provocada por Colombia, pero sí estamos llamados, no solo como Gobierno sino como país, a atender esto de la mejor manera. Hoy está en esa situación Venezuela, esperamos nosotros nunca estarlo. No podemos olvidar que en algunos momentos de la historia tuvimos algunos temas de migración hacia ese país. Es un momento importante, histórico para Colombia. Todos los países desarrollados tienen y han tenido historia migratoria. No conozco ninguno que no haya tenido historia migratoria. El gran reto que tenemos como país es afrontar esa gran responsabilidad de la mejor manera, con un sector público cumpliendo sus responsabilidades, como también las autoridades regionales, y el sector privado que debe contratar de manera legal a estas personas. Dar la mano no es pagarles menos de lo que corresponde. Dar la mano es pagar lo que corresponde y ayudar a estas personas que realmente necesitan de nosotros hoy día.

 

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CNE eliminó siete mil mesas de votación ubicadas en zonas opositoras

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La reducción de centros de votación y de mesas en los colegios electores, que estarán abiertos el 15 de octubre, son algunas de las dificultades técnicas que deberá enfrentar la oposición venezolana durante los comicios para escoger a 23 gobernadores de estado previstos para el 15 de octubre.

Los informes de infraestructura electoral divulgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) indican que fueron eliminados 77 centros de votación, la mayoría de estos se encontraban en zonas de clase media con tendencia histórica a votar por la oposición en entidades emblemáticas como Lara, Miranda o Zulia.

Aunque los electores inscritos en estos 77 centros que fueron eliminados han sido reubicados por la autoridad electoral, los nuevos colegios de votación que les fueron asignados se encuentran en su mayoría en barriadas y zonas populares, lo que pudiese complicar el ejercicio del sufragio.

Adicionalmente el CNE eliminó más de siete mil mesas de votación en centros ubicados en su mayoría en zonas opositoras aumentando de forma considerable el promedio de electores que deben ejercer su derecho al voto en estas jurisdicciones.

Para las elecciones parlamentarias del año 2015, el CNE habilitó 37.366 mesas de votación entre los 23 estados del país, no obstante, para el proceso del 15 de octubre solo se usarán 30.274 mesas.

El CNE no ha ofrecido explicaciones técnicas que demuestren la necesidad de eliminar 77 centros y 7.092 mesas de votación; no obstante, el impacto de esta medida pudiese complicar el ejercicio del voto en jurisdicciones con tendencia histórica a votar por la oposición.

Para las elecciones parlamentarias del año 2015, el promedio de electores por cada mesa habilitada oscilaba entre 500 y 600 ciudadanos. Ahora, en los centros en donde fueron eliminadas las mesas el promedio de electores por cada mesa aumentó en algunos casos hasta 800 personas.

 

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Revelan identidad de las fotos de un cuerpo desmembrado en el chat de los sobrinos Flores

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La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York reveló este lunes nuevos detalles sobre el caso de los sobrinos de la pareja presidencial venezolana. En días recientes la defensa de Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas dio a conocer a través de un informe, que la Fiscalía los habría vinculado con el asesinato y desmembramiento de un hombre que aún no había sido identificado. La defensa replicó a estas acusaciones argumentando que solo se trataba de conversaciones aisladas en un chat. Sin embargo, en los documentos difundidos por la parte acusadora se muestra el contenido de esas conversaciones y se incluye una foto de la polémica modelo Jimena Araya, alias Rosita, y su ex novio Carlos Rafael Galindez Graterol, alias “Carlos Breaker”.

El 20 de junio de 2015, Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, hallados culpables de conspirar para ingresar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos, conversaban a través de WhatsApp y en ese intercambio de mensajes Flores le envía a Campo la fotografía de una cabeza y luego el torso de un hombre sin identificar y con claras señales de que se trataba de un cuerpo desmembrado. En el siguiente mensaje que le envía Flores a su primo incluye una fotografía ordinaria de un hombre y una mujer abrazados.

La mujer es Jimena Araya, alias “Rosita”, conocida en Venezuela por ser la novia de líderes de bandas criminales, y quien le acompaña era su pareja para el momento Carlos Rafael Galindez, alias “Carlos Breaker”.

Luego, Franqui Flores le envía a Campo Flores la foto de una captura de pantalla de una conversación con una persona que no se identifica donde Flores le dice que “Efra” (Campo Flores) quiere interceder para que no asesinen a la mujer.

— Marico, Efra quiere hablar para que no se metan con la chama, dice Flores.

 

 

—Plomo, más tarde nos vemos y yo llamo a los panas de nio a ver que es lo que dicen. Pero que no le de la cara a ella nadie porque la están nombrando que ella lo pichó. Junto a otro chamo (muchacho) que no se quién es, responde su interlocutor.

— Bueno si estamos hablando de la misma chama que culpan es una que era novia de un Dj. No se si será la misma, escribe nuevamente la persona que conversa con Flores De Freitas.

—Esa misma, dice Flores.

A la serie de mensajes enviados por su primo, Campo Flores responde que le diga a la persona con la que Flores conversaba que él lo habla en persona y que si no puede él buscaría la ayuda por otro lado pero que “no la voy a dejar morir así de gratis”, dice.

Luego comenta que debe atender a Jessair, la esposa de Campo, y que no puede tocar esos temas delante de ella.

Flores De Freitas envía nuevamente una captura de pantalla de las conversaciones con esta persona anónima, quien dice: “Ya mataron a un chamo que sospechaban que también lo había pichado. Lo picaron también. Mañana seguro sale en las noticias”.

Y de hecho así ocurrió, el 21 de junio de 2015 el periodista de sucesos Deivis Ramirez Miranda reportaba que el cadáver desmembrado que había sido hallado el jueves 18 de junio en el kilómetro 16 de la vía que comunica a Mamera con El Junquito, en Caracas, era de Carlos Rafael Galindez Graterol, de 27 años, alias “Carlos Breaker”.

 

 

Ramirez asegura en su texto que Galindez Graterol era miembro de la banda criminal “Tren de Aragua” y que “controlaba la zona de San Vicente y estaba siendo buscado por las autoridades, pues tenía solicitud en el Tribunal Primero de Control del estado Aragua por los delitos de robo, robo genérico y aprovechamiento de los objetos provenientes del delito”.

El periodista de sucesos narró además que “Carlos Breaker” estaba vinculado a otros líderes de la banda conocidos como “Johan Petrica”, “Niño Guerrero” y “Manuel Chevrolet”.

“Todos distribuidos en la región aragüeña y liderados desde la cárcel de Tocorón por ‘Niño Guerrero’”, se lee.

La nota además destaca que “una hipótesis que no descartan en relación al crimen de ‘Carlos Breaker’ es la venganza. Al parecer, el maleante se habría apoderado de un botín y no distribuyó equitativamente las ganancias, lo que molestó al líder principal”.

Este presunto vínculo de los sobrinos Flores a hechos violentos podría costarle un aumento importante de su pena que iba a ser impuesta el 12 y 13 de septiembre, pero que fue suspendida porque las partes deben “resolver” algunos asuntos importantes relacionados al caso.

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El servicio de inteligencia chavista convertido en verdugo

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Sebin. Escuchar estas siglas o ver una patrulla que tenga este acrónimo rotulado en sus puertas recorrer las calles de Caracas, o de cualquier otra ciudad, hace que más de un venezolano tiemble y no es para menos, pues en los últimos meses el Gobierno de Nicolás Maduro ha utilizado al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional para ejecutar sus más recientes olas de detenciones contra opositores y disidentes, sin importar que haya una investigación o una orden judicial que las avale.

La irregular actitud del par venezolano de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, en inglés) volvió a ser puesta de manifiesto recientemente por la diputada opositora Gaby Arellano, quien mediante su cuenta de Twitter denunció que el organismo se negaba a cumplir las decisiones judiciales a favor de varios de sus compañeros de Voluntad Popular, los cuales permanecen desde hace meses encerrados en los calabozos del cuerpo de seguridad, señalados de planificar hechos de violencia.

Uno de los casos es el del concejal José Vicente García, quien fue aprehendido por agentes del Sebin el pasado 18 de octubre cuando salía de su casa en la andina ciudad de San Cristóbal, a unos 805 kilómetros al suroeste de Caracas, y a las horas difundieron fotografías de él junto a chalecos, uniformes militares y presuntos explosivos. Pese a las supuestas evidencias la Fiscalía decidió no acusar al edil y por ello el Tribunal 8 de Control de San Cristóbal ordenó su liberación en el pasado 21 de diciembre, pero la orden ha sido ignorada olímpicamente y por ello el funcionario sigue tras las rejas.

El caso anterior no es un hecho aislado, por el contrario parece formar parte de un patrón. Prueba de ello es que el pasado 5 de diciembre el Tribunal 21 de Control de Caracas ordenó al organismo de inteligencia que liberara al también dirigente de Voluntad Popular, Yon Goicoechea, al que detuvo en el este de Caracas horas antes de la gigantesca marcha que la oposición celebró el pasado 1 de septiembre en la capital venezolana, alegando que le incautaron explosivos. Este mandato judicial tampoco se ha sido acatado.

La organización de Derechos Humanos Foro Penal Venezolano tiene contabilizados otros 15 detenidos en el Sebin a los que un juez ordenó excarcelar y que el organismo dirigido por el general Gustavo González López no ha soltado. Sin embargo, fuentes judiciales aseguran que la cifra de personas que terminaron en un calabozo de la antigua policía política sin que un fiscal lo solicitara y un juez lo ordenara o sin que fueran atrapados in fraganti asciende a 67.

“El Sebin no acata a la Fiscalía y se comporta como una justicia paralela”, denunció el coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Rafael Uzcátegui, quien atribuyó esto al Estado de Excepción impuesto por el presidente Maduro desde enero de 2016 y que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha avalado.

Venezuela perdió su derecho a voto en la ONU por deuda

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La Organización de Naciones Unidas (ONU) suspendió el derecho a voto de Venezuela en la Asamblea General hasta que el Gobierno honre parte de los 24 millones de dólares que le adeuda por conceptos de gastos operativos. Es la segunda ocasión, en tres años que ocurre esta situación.

 El bloqueo se hizo efectivo desde el 25 de enero cuando el secretario General de la ONU, Antonio Guterres, notificó al presidente de la Asamblea General del organismo que Venezuela, junto a 13 países, no tendrá voto en ese foro debido a que “la suma adeuda es igual o superior al total de las cuotas adeudas por los dos años anteriores completos (2015-2016)”.

En virtud del artículo 19 de la Carta de Naciones Unidas, relacionado a la membresía que deben honrar los países miembros para el funcionamiento del organismo, Venezuela no puede participar en ninguna votación que la Asamblea General efectúe en su septuagésimo primer período de sesiones hasta tanto cancele su cuota.

En la lista de naciones morosas está Cabo Verde, que adeuda 11.500 dólares, Libia 6.5 millones, mientras Venezuela, que le corresponde para el período 2016-2018 un 0,571% del presupuesto de operatividad de la ONU por año, debe 24.095.339 dólares, el monto más elevado en la tabla.

Al 21 de febrero de 2017 el Comité de Contribuciones de la ONU reportó que diez Estados miembros están en mora en los términos del artículo 19 y solo seis no pueden votar en la Asamblea General, la mayoría, países con niveles de pobreza elevados: Cabo Verde, Libia, Papua Nueva Guinea, Sudán, Vanuatu y Venezuela.

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Sobrinos Flores solicitan nuevo juicio ante justicia estadounidense por

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Ajustándose a la fecha que había pautado el Juez Paul Crotty luego de que se conoció el veredicto del jurado, los abogados de Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores De Freitas solicitaron, ejerciendo el derecho de apelar que les otorga la ley estadounidense, que se realice un nuevo juicio.

Los sobrinos de la pareja presidencial venezolana, Nicolás Maduro y Cilia Flores, fueron hallados culpables de conspirar para introducir 800 kilogramos de cocaína al país norteamericano. El jurado emitió su veredicto el pasado 18 de noviembre y se espera que la sentencia sea impuesta por el Juez el próximo 7 de marzo.

El equipo de reconocidos y costosos abogados introdujo la moción el 23 de enero al final del día, lapso máximo dado por el Juez para las apelaciones, y esgrimen prácticamente los mismos argumentos que utilizaron ante el jurado y ante el Juez para solicitar la supresión de evidencias —que fue negada por el Magistrado.

“(…) Los demandados proceden respetuosamente a solicitar un juicio de absolución basado en la insuficiencia de las pruebas. (…) Los demandados piden un nuevo juicio de conformidad con la Regla 33 porque el veredicto es contrario al peso de la evidencia y porque permitir que el veredicto se mantenga después del perjurio admitido del testigo estrella (CS-1 o José Santos Peña) de la Fiscalía constituiría una injusticia manifiesta”, se lee en el documento.

La moción asegura que se requiere un nuevo juicio porque CS-1, narcotraficante mexicano miembro del Cartel de Sinaloa, cometió perjurio durante sus declaraciones en el estrado, Y reiteran que la evidencia que sustenta la convicción fue insuficiente y que la Fiscalía falló en demostrar que no hubo entrampamiento.

“Es el caso de narcóticos extraordinariamente raro donde nunca los narcóticos fueron obtenidos por los investigadores y el único actor del gobierno que vio los supuestos estupefacientes fue arrestado durante la investigación y posteriormente se perjurió repetidamente ante el jurado”, explican Randall Jackson y David Rody, autores de la moción.

Como último argumento, el documento de 59 páginas explica que no hubo evidencia que confirmara que los defendidos deliberadamente eligieron no confirmar si la conspiración alcanzó a los Estados Unidos.

Ahora le tocará el turno de responder la moción a la Fiscalía, quien tiene la opción de hacerlo hasta el 13 de febrero. Luego la defensa podría responder una vez el 21 de febrero y el Juez decidirá su fallo para el 7 de marzo. De fallar a favor de la Fiscalía dictará sentencia a los sobrinos Flores, que puede ir desde 10 años de prisión a cadena perpetua.

 

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