Jesus Alberto Yajure, autor en Runrun

Jesús Yajure

Centros de detención preventiva en Lara determinan vida de vecinos

VECINOS DE URBANISMOS Y SECTORES PRÓXIMOS a centros de detención preventiva no coinciden en sus opiniones sobre la vida cerca de los calabozos donde languidecen detenidos venezolanos. La mayoría de las opiniones guarda cierto recelo y prejuicio sobre las comisarías, los delitos cometidos por quienes allí reposan y los funcionarios a cargo de la custodia de las instalaciones.

UVL visitó dos centros de detención administrados por la Policía de Lara, un cuerpo descentralizado que actualmente se encuentra intervenido desde el 23 de mayo de 2017 por el gobierno nacional luego de que Néstor Reverol, entonces titular del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, anunciara que funcionarios de este organismo participaban en supuestas actividades que atentaban contra el orden público.

Ligia Túa, quien vive desde hace más de 40 años en Fundalara, una urbanización de clase media al este de Barquisimeto, dice que no puede precisar si la sobrepoblación o hacinamiento en el Centro de Coordinación Policial (CCP) de este sector afecta la vida en su comunidad. Afirma que los problemas “son muchos” y se queja, eso sí, de los recientes enfrentamientos entre manifestantes y funcionarios que hace dos meses sacudieron todo el sector.

“Hubo mucho disturbio y guarimba. Se cayeron a piedras aquí mismito, frente al comando. Eso fue una guerra campal, todo el mundo encerrado y sin poder abrir ventanas ni puertas”, relata esta mujer menuda con al menos 60 años. Sin embargo, Túa asegura que vivir cerca de esta comisaría la hace sentirse un poco más segura, y revela que desde que se concretó la intervención de la Policía de Lara, en las celdas de Fundalara solo albergan a detenidas del sexo femenino.

Aunque el tiempo transcurre de manera apacible en esta comunidad, en la tarde del viernes 18 de agosto sus habitantes celebraban la misa en la parroquia, apenas a 20 metros de la comisaría. La aparente tranquilidad puede desmoronarse con la llegada de detenidos y sus familiares. El CCP de Fundalara ocupó titulares de prensa el año pasado por la muerte de dos reclusos por inanición y enfermedades intra muros. Las denuncias apuntaban a que las autoridades habían negado atención médica a los detenidos.

Otra vecina, propietaria de un pequeño comercio a una cuadra de este centro policial, afirma que los gritos de los detenidos, la basura dejada por familiares que acuden a visitas y el tránsito de motos de alta cilindrada afectan el normal desenvolvimiento de los propietarios y no permite el descanso de los vecinos. La mujer, que accedió a declarar sin que se revelara su identidad, afirma que aunque la zona se ha llenado de comercios como bodegones, reposterías y expendios de comida rápida, la presencia de la Policía de Lara no ha desalentado los robos y atracos.

En el centro de coordinación policial de Andrés Eloy Blanco, al oeste de la ciudad, un grupo de al menos 12 mujeres descansa en el piso, en una acera, con bolsas llenas de comida preparada y provisiones para sus allegados recluidos en calabozos con capacidad para apenas tres reos pero que ha llegado a albergar hasta 79 reclusos.

Las autoridades han reportado en el último año cifras menores de hacinamiento en este centro de hasta 266% y los reclusos han protestado varias veces con huelgas de hambre para exigir traslados porque aseguran que no se les garantizan sus derechos humanos. En enero de este año varios reclusos se cosieron la boca y se flagelaron para reclamar el restablecimiento del régimen de visitas, suspendido por las autoridades por “mal comportamiento” de los detenidos.

Pierina Álvarez, enfermera en un ambulatorio tipo I justo al lado de este centro de detención, asegura que todas las semanas atienden a familiares de reclusos que se “descompensan” y sufren bajas de glicemia  tras largas horas de espera en la calle para que les permitan el ingreso de víveres y alimentos preparados. “Se vienen muy temprano casi sin comer”, narra Álvarez, quien cuenta que con frecuencia dejan cúmulos de basura y que las alteraciones del orden son frecuentes cuando se suspenden las visitas.

Otras dinámicas también afectan en trato entre comunidad y familiares de reclusos. Esta enfermera con nueve años de servicio en este ambulatorio relata que todas las semanas las mujeres ingresan sin autorización a los baños, utilizan el servicio eléctrico para cargar celulares y descansan en el suelo tanto en la calle como en la sala de espera. El despliegue de policías durante motines o alteraciones en la comisaría también atemoriza a pacientes y sus allegados.

Por Una Ventana a la Libertad 

Jesús Yajure Jul 29, 2017 | Actualizado hace 1 año
La caída del dictador

@albertoyajure

HACE FRÍO, ES 21 DE DICIEMBRE DE 1989, y Nicolae Ceaușescu pronuncia su último discurso. El dictador no lo sabe aún —ni siquiera lo intuye— pero cuatro días después será juzgado y ejecutado por los militares que todavía hoy le apoyan. Sus asesores han hecho enormes esfuerzos para llenar la plaza central de Bucarest. Miles de trabajadores han llegado en autobuses, como un rebaño coaccionado por el partido, desde las centrales industriales y fábricas.

Nicolae viste un abrigo negro. Le acompañan en el balcón su esposa Elena, sus guardaespaldas, y un grupo pequeño de dirigentes que conforma la cúpula del partido. En la plaza se observan pancartas, banderas rojas y grandes fotografías del “padre y la madre” del pueblo rumano. Tres días antes, los militares y la Securitate —la temida policía secreta— han disparado contra cientos de hombres, mujeres y niños en Timisoara, a 533 kilómetros de la capital. El discurso que pronuncia hoy el dictador busca apaciguar la revuelta.

“Queridos camaradas y amigos, ciudadanos de Bucarest, capital de la Rumania socialista. Permítanme enviar mis sinceros saludos revolucionarios a todos los que participan en esta gran demostración”, dice. La alocución es transmitida en vivo a todo el país. En muchos hogares no se han enterado aún del levantamiento de ciudadanos en las calles de Timisoara que fue sofocado tras la masacre.

 

No son tiempos buenos para Nicolae. Los rumanos padecen de hambre. Hambre de libertad y de sosiego. Los más afortunados han sobrevivido 42 años bajo una feroz y brutal dictadura. La intervención del Estado en cada aspecto de la vida de los ciudadanos —cuántos niños puede tener una familia, qué se lee en las escuelas, qué libros se publican, quién sale o entra en el país, qué se ve en la televisión, qué se imprime en los periódicos— ha sido fundamental en el colapso.

El endeudamiento había alcanzado niveles históricos, comprometiendo el futuro de varias generaciones de rumanos, pero Nicolae dio con una fórmula para pagar, de una vez por todas, la deuda externa. Ya ha enmendado la Constitución y ordenado que casi la totalidad de las cosechas y producción del país sea exportada hacia países acreedores. Paga afuera y mata a su gente adentro. El resultado es una hambruna descomunal y el empobrecimiento acelerado de la población.

En las calles, los comercios se han convertido en espacios oscuros, vacíos, con maniquíes paupérrimos que visten ropa gris y zapatos maltrechos confeccionados en serie. En las puertas se exhiben carteles con los rostros de los enemigos del Estado. Las largas colas para comprar alimentos se extienden a lo largo varias cuadras. El racionamiento se ha impuesto como método para el acceso a bienes básicos. En las plantas, los obreros comen pedazos de tocino que han envuelto en papel periódico, tienen que rasparlos un poco para quitarles la tinta. Prosperan el mercado negro y los funcionarios con privilegios.

En las cadenas de establecimientos regidos por el Estado se han congelado en grandes bloques de hielo las cabezas, patas y piezas de aves que se expenden al público. Las miradas se pierden en las bolsas que chorrean sangre por toda la calle. Muchos se preguntan: ¿Cuánto más alcanzará el bloque?

El adoctrinamiento ha permeado todas las áreas de la vida, especialmente en el lenguaje. En las escuelas, a los niños se les enseña que Nicolae y Elena son los padres de la gran familia rumana, que es la patria. Se paran rectos como velas y ladran como autómatas el nuevo himno nacional, que ahora tiene nueve estrofas. El dictador ha suprimido la navidad porque la considera una celebración occidental. Pero la nomenklatura sí conserva en sus hogares pinos vistosamente adornados, y en sus cocinas abundan artículos y alimentos traídos de contrabando desde occidente.

La Securitate es el segundo cuerpo de inteligencia más grande de Europa del este. Cuenta con miles de agentes, colaboradores e informantes en las calles y fábricas. Se ha extendido en el país el miedo colectivo. Los securist entran a los domicilios, instalan micrófonos, intervienen las comunicaciones, arrestan a poetas, escritores, críticos y disidentes. Interrogan constantemente, confiscan manuscritos y papeles, persiguen, agobian. No sorprende que al volver a casa del trabajo, una silla del comedor aparezca en la habitación o en el baño. La han dejado allí a propósito, para que se sepa que la Securitate le vigila.

El poder se ha ejercido con terror, con detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos. Los disidentes han sido encarcelados o colgados por la policía política en sus viviendas. A otros tantos los han lanzado por una ventana o empujado a las vías del tren. En los informes se coloca “suicidio” con la anuencia de forenses en la nómina de los servicios secretos. No se permiten las autopsias.

Con sus leyes, el dictador ha colmado los cementerios. A los que intentan escapar huyendo por la frontera yugoslava se les persigue con perros de caza, los cuerpos destrozados son luego hallados por campesinos. A los que intentan desesperadamente cruzar a nado el Danubio se les dispara o se les tritura con las hélices de los botes para que sirvan de comida a los peces.

Al hospital de Timosoara han llegado más de 100 cadáveres con disparos. Los servicios secretos orquestan un apagón y aprovechan la oscuridad para sacar, ocultos en un camión frigorífico que trasladaba cerdos, cuarenta cuerpos que van a dar a fosas sin nombre en el cementerio de los pobres. El dictador lo sabe, pero hoy no hablará de eso.

En un instante, como un chasquido, cunde el pánico. Nicolae habla, pero la multitud habla más alto. Las primeras filas han sido reservadas para los más leales. Atrás, en el público, se gesta una rebelión. El dictador observa atónito, no puede entender lo que está ante sus ojos. Levanta el brazo para intentar calmar a la masa. Las cámaras dejan de transmitir durante unos segundos.

“Cálmense, cálmense”, repite al menos diez veces. Golpea el micrófono, exige que le escuchen, pero grandes grupos comienzan a abandonar la plaza, mientras otros braman “Ti-mo-so-ara”, la ciudad donde el gobierno abrió fuego contra los manifestantes. Elena interrumpe también, demanda orden. Las cámaras apuntan al cielo gris. “Camaradas, siéntense y cálmense”, grita Nicolae. “Qué es lo que pasa con ustedes”, increpa Elena. El dictador se queda sin habla en medio de una frase. Mueve su mano, estupefacto.

“Habla ahora”, le ordena Elena. Y Nicolae continúa: “Quiero destacar de nuevo que debemos demostrar fuerza y unidad por el bien de la independencia de Rumania, por la integridad y la soberanía”. Anuncia un aumento en 10% para las pensiones, las ayudas sociales también tendrán un alza, pasarán de 500 lei a 800 lei. Afirma que las medidas demuestran el fortalecimiento y crecimiento de la economía rumana.

Ahora viene a explicar la matanza en Timisoara: “Es claro que hay una acción conjunta de círculos que quieren destruir la integridad y soberanía de Rumania para detener la construcción del socialismo, para de nuevo poner a nuestra nación bajo la dominación extranjera”. Habla del pasado, de las gestas heroicas de hace más de dos décadas. Pide a los hambrientos que actúen con unidad y firmeza.

“Debemos actuar con fuerza contra cualquiera que intente debilitar la unidad de nuestra nación, porque ellos están del lado de los imperialistas y de varios servicios de inteligencia que buscan dividir a Rumania, para esclavizar de nuevo al pueblo”, machaca aferrado al poder. Sus guardaespaldas lo resguardan dentro del edificio. Pero al dictador se le han visto las cartas, ha mostrado su debilidad.

Al día siguiente, el alzamiento se extiende en las ciudades. El ministro de defensa muere en extrañas circunstancias, con un tiro en el corazón. Nicolae asume el liderazgo de las fuerzas armadas. Los soldados, al sospechar que el ministro fue ejecutado, se suman a la rebelión. La sede del partido, desde donde habló el dictador, es asaltada por civiles. Los rumanos descubrirán que mientras el pueblo moría de hambre, en el palacio presidencial había grifería y juegos de cubiertos de oro.

Nicolae y Elena suben con sus guardaespaldas a la azotea del edificio central del partido. Logran abordar un helicóptero. Escapan en el último minuto de la ira de una muchedumbre que ya se abrió paso por los salones. Son capturados luego y procesados en un juicio sumario. “Es mentira que hice morir de hambre a la gente”, dice Nicolae en su defensa. Tras 90 minutos, ambos son condenados a pena de muerte el día de Navidad de 1989. Elena protesta, se rehúsa a que la aten de brazos, grita y amenaza. “No nos aten, no nos ofendan… No me toques. Pero si yo te he criado como una madre”, dice a un soldado. Ambos piden morir juntos. Nicolae repite una y otra vez: “Vergüenza, vergüenza, vergüenza”.

Uno de los soldados que lo conduce a la muerte le responde: “Nadie puede ayudarle ahora”.

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El dictador Nicolae Ceauşescu y su esposa Elena fueron fusilados por crímenes contra el pueblo rumano el 25 de diciembre de 1989

La muerte detrás de una detención por supuesto tráfico de insumos
Isaura Pérez viajó desde Maracay hasta Barquisimeto para traer insumos médicos que requería su prima, Georgina Delgado, recluida en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Central Antonio María Pineda. Toda una familia se movilizó para proveer material médico que debía ser garantizado por el Estado venezolano. Pero Isaura fue detenida y acusada de “bachaquear” con material médico. Ella salió libre. Georgina murió. Esta es la historia.

 

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ISAURA PÉREZ HABÍA PREVISTO TODO, menos su detención y la muerte repentina de su prima. El viernes 15 de julio se publicaron en Barquisimeto versiones de prensa que la señalaban como responsable de “bachaquear” insumos médicos. La información había sido difundida por la brigada hospitalaria de la Policía de Lara en el Hospital Central Antonio María Pineda. Isaura había sido detenida el día anterior por dos funcionarios vestidos de civil cuando intentaba entregar medicinas e insumos que requería su prima, Georgina Delgado, de 38 años, recluida en la Unidad de Terapia Intensiva de este centro médico.

Cuatro días después de la detención de Isaura, la vida de Georgina se extinguió en la UCI. En el acta de defunción, suscrita por un médico llamado Carlos Gregorio Cuicas, se declaran como causas de la muerte: insuficiencia respiratoria tipo II, diabetes tipo II complicada con cetoacidosis y deshidratación severa.

Delgado nació con una encefalopatía, que es la terminología científica para designar una disfunción cerebral, aunque su familia, oriunda de El Tocuyo, recurra a  términos más llanos para referirse a su discapacidad cognitiva y afirmen que era “especial”, “casi como una niña”.

Según la Policía, Isaura era trabajadora de un Centro Diagnóstico Integral (CDI). Además, en la información de la minuta del procedimiento enviada a los medios y repetida luego a los reporteros por el supervisor agregado Oscar Yépez Mendoza, jefe de la brigada hospitalaria, se le acusaba de haber robado material médico y “revenderlo” en las inmediaciones del Hospital Central.

La familia asegura que los hechos que transcurrieron entre la detención de Isaura Pérez y la incautación definitiva de los insumos precipitaron la muerte de Georgina. Esencialmente, porque no pudo recibir el tratamiento que requería porque los funcionarios no devolvieron los materiales y fármacos, ni presentaron evidencias en  contra de Isaura.

Médicos, enfermeras, personal administrativo y familiares intentaron mediar en el conflicto entre la familia y los funcionarios policiales, que ocurrió la mañana del jueves 7 de julio en el piso dos del Hospital Central. La Policía solo sospechaba que el material fuese robado y ni siquiera un fiscal del Ministerio Público pudo lograr que los insumos fuesen devueltos para que los médicos los administrasen a la paciente.

Entre la vida y la muerte

La noche antes de su detención, el miércoles 6 de julio, Isaura acordó con un vecino el traslado desde su casa en Mariara —límite entre los estados Aragua y Carabobo— hasta el terminal de pasajeros de Valencia, conocido como Big Low. De allí, salió cerca de las seis de la mañana con rumbo a Barquisimeto. Con 59 años, y de oficio costurera, viajaba en una misión casi de “vida o muerte”.

Arregló un bolso en el que colocó diez pares de guantes, 13 inyectadoras, dos macrogoteros, cuatro soluciones fisiológicas 0.9, cinco jelcos número 18, tres paquetes de gasas y dos paquetes de toallas clínicas. Los insumos eran para Georgina, aquejada en una cama con un coma diabético que ya había empeorado.

“Nosotras nos criamos juntas… pero yo vivo en Mariara desde 1988. Esos insumos los habíamos juntado en donaciones. Pedimos colaboración a gente que conozco. Compré también con mi dinero las soluciones a una muchacha embarazada que al final parió normal y me vendió eso. La policía se ensañó conmigo, dijeron que yo era una camarera en un CDI. Eso es falso, es criminal. No sé ni de dónde lo sacaron”, relata Isaura, acompañada de Génesis Delgado, una de las hermanas de Georgina, que también fue detenida.

El diagnóstico de Georgina no era alentador. Génesis relata que había sido internada dos veces por alteraciones en los niveles de glucosa en su sangre en 2012 y 2014. La familia de Georgina vive en El Tocuyo, donde ella había estado recluida apenas diez días antes, en el Hospital Egidio Montesinos. La escasez de insumos no permitió que le prestaran los cuidados que requería.

“Mi hermana estuvo diez días en el hospital de El Tocuyo, pero decidieron transferirla porque no había insumos para tratarla. Nos pedían de todo y nosotros no teníamos dinero.  Estábamos muy angustiados. Por eso llamamos y recurrimos a la familia y amigos, para que nos ayudaran”, explica Génesis, una morena de cuerpo menudo y 24 años.

Dos funcionarios vestidos de civil las detuvieron en una entrada del Hospital Central. Al revisar el bolso, se las llevaron detenidas y las acusaron de traficar con insumos médicos. Aunque ambas fueron metidas en un calabozo, solo Isaura fue acusada por los policías. Uno de ellos subió hasta el piso dos con Génesis para constatar con los médicos si ambas tenían una paciente recluida allí y si Georgina requería los sueros y medicinas que le traía Isaura.

Una carrera contra el tiempo

Isaura y Génesis permanecieron en un calabozo casi toda la mañana, según relataron al diario La Prensa de Lara. Una de ellas logró hacer una llamada a Ramón Pérez, hijo único de Isaura, quien es funcionario de la Policía en Carabobo, abogado y docente en la UNES. Ramón se trasladó a las 11:00 am desde Valencia y llegó a Barquisimeto cerca de las 3:00 pm.

“Yo acudí de inmediato. Dejé mi clase para ir hasta Barquisimeto. Llamé al fiscal que estaba de guardia. Hablé con José Mora de la Fiscalía 10 del Ministerio Público. Luego él habló con los funcionarios policiales. Todo el tiempo que mi mamá y Génesis estuvieron detenidas, mi prima Georgina quedó sola intubada”, relata Ramón.

El fiscal José Mora aseguró vía telefónica que no podía dar precisiones del caso, ni conversar con periodistas sobre su trabajo. Su nombre está en el testimonio de Isaura que fue presentado en una denuncia contra los funcionarios ante la Fiscalía de Derechos Fundamentales. Pero Mora solo se permite admitir que él estuvo de guardia cuando se practicaron las detenciones de Isaura y Génesis. Y dice: “Es posible que me hayan notificado del caso”.

Ramón cree que los funcionarios pensaron más en la estadística y en el procedimiento, que en la vida de la paciente. Isaura concuerda cuando afirma: “Quizá el policía ese quería ascender con nosotras”.

Pero el jefe de la brigada hospitalaria, Oscar Yépez Mendoza, mantiene la versión de que ambas eran “bachaqueras” y además las acusa de intentar sobornarlo ofreciéndole dinero para liberarlas. Dice que no puede mostrar los insumos porque están “custodiados” y afirma que solo serán devueltos si el Ministerio Público envía un oficio con la orden.

La Policía de Lara reveló el 4 de julio que doce personas habían sido detenidas entre mayo y junio por supuesto tráfico y reventa de material médico. Esta es una estadística que sí está a la mano de organismos del Estado, en contraposición con el registro inexistente de la muerte de pacientes por falta de insumos médicos. Las familias deben procurar material que por mandato constitucional debe garantizar el Estado venezolano. Los médicos se reúnen en asambleas semanales, protestan para exigir eficiencia en la dotación y equipamiento de hospitales, y en la Asamblea Nacional se exige al gobierno que declare una emergencia humanitaria mientras los pacientes se deterioran y mueren.

Y llegó la muerte

La cetoacidosis es una condición aguda que con frecuencia padecen los diabéticos. Aparece cuando los niveles de glucosa en la sangre de los pacientes se elevan y no se les administra insulina. El déficit de insulina dificulta la incorporación de glucosa en la sangre para la obtención de energía y el organismo comienza a sintetizar grasa transformándola en ácido.

Lourdes Guerrero, médico endocrinóloga y especialista en diabetes, apunta que la cetoacidosis evidencia el empeoramiento de un cuadro diabético por falta de tratamiento. “La falta de insulina, hidratación y cuidados coloca al paciente en una situación crítica que puede causar la muerte”, indica Guerrero, miembro de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo.

Las infecciones se inscriben entre los factores detonantes de la cetoacidosis. Y eso explica el que a Georgina se le hubiese recetado Clinfol, un antibiótico antimicótico para tratar una infección en sus vías urinarias. Aunque Guerrero no conoció a la paciente, explica también que es vital la administración de solución de cloruro de sodio (NaCl) al 0,9% para contrarrestar ambos cuadros: la acumulación de ácido y la deshidratación.

“Había que controlar con urgencia el pH en la sangre de la paciente para llevarlo a niveles normales. Como estaba en un coma diabético, lo indicado era hidratarla con grandes cantidades de solución fisiológica por vía parenteral (intravenosa)”, explica Guerrero. De no hacerse, precisa, puede ocurrir daño renal, cardíaco y hasta la muerte.

La alta concentración de moléculas ácidas —llamadas cuerpos cetónicos— se convierte en tóxicos. Guerrero detalla que lo que ocurre en la sangre es casi compatible con un envenenamiento, dando paso a tres posibles complicaciones que son letales: acumulación de líquido en el cerebro (edema cerebral), un ataque al corazón o insuficiencia renal.

Georgina no tuvo alternativas. La familia Delgado relata que tras la confiscación de los insumos, permaneció casi cuatro días sin administración de solución fisiológica. “Estuvo todo el miércoles, jueves, viernes y sábado sin suero y el domingo se murió”, relata Génesis.

“Ella necesitaba todo eso”

Un informe médico suscrito y firmado por la doctora María Elena Quiroz, jefa del Servicio de Terapia Intensiva, precisa que Georgina Delgado, de 38 años, se encontraba hospitalizada en la UCI de adultos desde el 4 de julio. También da fe del diagnóstico y de las necesidades de insumos para su tratamiento, en el que se enlistan: guantes (ocho unidades por día); sondas de aspiración (cuatro unidades por día); solución al 0.9% (diez unidades por día); dos macrogoteros por día; tres tipos de inyectadoras (15 por día);

También se le pidió a la familia Clinfol —un antimicótico para tratar infecciones—; un broncodilatador para ayudarla a respirar; ocho unidades de gasas al día; cintas para mediciones de niveles de glicemia; tres frascos de bicarbonato de sodio por día y un catéter venoso central.

Dos residentes del servicio atestiguan que los insumos “decomisados” a Isaura eran requeridos por su prima Georgina. Los médicos no acceden a dar sus nombres, pero resumen: “Todo lo que ella necesitaba lo traía la señora”. Los residentes advierten que no pueden concluir que la falta de los insumos jugó a favor de la muerte de la paciente, pero en todo caso apuntan: “Si lees el acta de defunción, allí se dice que murió también por deshidratación”.

La doctora Quiroz afirma que los funcionaron acudieron dos veces hasta el piso dos para comprobar si la paciente estaba ingresada. “Y así se lo hicimos saber”, apunta en conversación vía telefónica. Precisa que el Hospital no contaba con esos insumos, y revela que algunos de los materiales estaban identificados como material exclusivo del Estado, fabricados para el Ministerio de Salud. Familiares de otros pacientes en esa área también se molestaron por la actitud de los funcionarios.

“Los funcionarios decían que estaban dentro de la norma, porque la señora no tenía comprobantes de que el material era donado”, explica Quiroz. Al preguntársele qué sustancias controladas estaban en posesión de Isaura, responde: “Ninguna. Básicamente eran las soluciones y los bajantes. Lo otro era un antibiótico, que se consigue en farmacias”.

Quiroz también da cuenta de que Georgina llegó en una condición delicada. Y explica que el aporte de soluciones isotónicas y el bicarbonato de sodio eran fundamentales para sacarla de su estado. Afirma que Georgina requería grandes cantidades, de hasta 24 unidades de suero por día. Coincide también en que debía prevalecer la urgencia de la condición humanitaria de la paciente.

Aunque ambas fueron liberadas, Isaura y Georgina sienten que se les hizo un daño irreparable. Consideran que se les detuvo injustamente y sin pruebas el jueves 7 de julio. Luego —el domingo 10— murió Georgina tras permanecer cuatro días sin tratamiento. Y casi una semana después, el viernes 15, cuando la familia aún estaba en duelo, se sorprendieron al ver sus nombres en los medios impresos acusadas como “bachaqueras” de insumos médicos. Ambas han acudido también a Asuntos Internos de la Policía de Lara, donde colocaron otra denuncia contra los funcionarios.

A Georgina la enterraron el lunes 11 de julio a las 10:00 am en el cementerio de El Tocuyo. “La familia está derrumbada”, cuenta Petra Delgado, otra hermana de Georgina.

Mientras, Isaura dice que se siente indignada: “Estamos muy dolidos. Queremos que se diga la verdad. Que se limpie nuestro nombre y que lo que hicieron con nosotras no lo hagan con más nadie”.

 

 

Hay 2

 

  • En julio de 2014, la técnico superior en procesos químicos, Araminta González, brindó alojamiento en su residencia de Guarenas a Carlos Eduardo Trejo y José Pérez Venta, dos supuestos activistas de “la resistencia” y de Operación Libertad. Dos semanas más tarde, denunció en redes sociales el hurto de artículos de tecnología y enseres en su apartamento y señaló como responsables a los jóvenes a quienes dio refugio
  • Dos días después fue detenida por funcionarios del Cicpc. Las autoridades se valieron del testimonio de uno de estos “patriota cooperante” para imputarla por complicidad en un supuesto plan desestabilizador para elaborar explosivos. Ha pasado un año presa en el INOF sin que se celebre la audiencia preliminar en su caso
  • Trejo y Pérez Venta —quien hasta 2010 era ferviente seguidor de líderes del chavismo en twitter— serían los presuntos “patriotas cooperantes” señalados de entregar a González y de haber infiltrado partidos políticos de oposición, como ABP, Primero Justicia y Voluntad Popular. Ambos fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el asesinato de Liana Aixa Hergueta, la mujer que fue hallada descuartizada en un vehículo Mazda 3 abandonado en la urbanización Las Palmas


@albertoyajure

UNA INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA SOBRE LA DETENCIÓN  de Araminta González condujo a dos hombres que se hacían pasar por activistas estudiantiles y dirigentes de partidos políticos de oposición: Carlos Eduardo Trejo y José Rafael Pérez Venta. Ambos han sido señalados como “patriotas cooperantes” (informantes de cuerpos de seguridad del Estado) que infiltraron partidos políticos de oposición para entregar a estudiantes y manifestantes que participaron en las protestas de 2014.

Trejo tiene dos denuncias por estafa en Valera, Trujillo; mientras que Pérez Venta también ha sido acusado del mismo delito en las redes sociales por algunas de sus víctimas. Los dos fueron detenidos entre el lunes 10 y el martes 11 de agosto por el asesinato de Liana Aixa Hergueta, quien fue hallada descuartizada el viernes 7 de agosto en Las Palmas.

Los registros de las conversaciones entre ambos, sus actividades en las redes sociales y sus testimonios ofrecidos en exclusiva a Runrunes revelan la trama de esta estructura de espionaje político y crimen:

“Yo mañana voy al Sebin y la voy a pajear durísimo, hermano”, se lee en una fotografía que muestra un diálogo telefónico entre dos personas. La comunicación ocurre por medio del servicio de mensajería de Blackberry PIN. En otra línea del mismo diálogo aparece: “Lo siento. Es mi nombre el que está en juego”.

Luego, más abajo, llega la respuesta: “Déle con furia”.

La conversación tuvo lugar al menos tres días antes de la detención de Araminta González por parte de funcionarios de la División Contra el Terrorismo del Cicpc. Los interlocutores son dos “activistas” y manifestantes a los que González dio alojamiento en su apartamento, en la urbanización Menca de Leoni, en Guarenas, Miranda, durante el mes julio de 2014.

González —graduada con título universitario en procesos químicos del Instituto Universitario de Tecnología Dr. Federico Rivera Palacios— fue apresada el 24 de julio de 2014 en las inmediaciones del Centro Comercial Lido, en Chacao, Caracas. Fue acusada de cargos de terrorismo, asociación para delinquir y elaboración ilegal de explosivos. El cargo de terrorismo fue desestimado por el Ministerio Público (MP) en los meses siguientes.

En el expediente de su causa judicial se menciona que las autoridades habían recibido una llamada de un “patriota cooperante” que había señalado a González, quien trabajaba en una empresa farmacéutica, como cómplice en una supuesta conspiración para elaborar explosivos que serían luego colocados en varios puntos de Caracas. El objetivo del plan era, según las autoridades, desestabilizar el país y volver a “encender” las protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, sofocadas tras una oleada de allanamientos y detenciones masivas durante abril y mayo de 2014.

En la documentación también se reseña como supuesto cabecilla de la conspiración al politólogo Vasco Da Costa y a otros dos implicados: el técnico electrónico José Luis Santamaría y un administrador en el Banco Central de Venezuela (BCV), llamado Efraín Ortega. Todos los acusados fueron detenidos el 24 de julio y han permanecido un año encarcelados sin que se haya celebrado la audiencia preliminar, suspendida en trece ocasiones, casi una por mes. La ausencia del MP ha sido la causa de la mayoría de los diferimientos en el juicio.

Las circunstancias que rodearon la acusación contra Araminta González no están del todo claras. Hay —sin embargo— algunas certezas, mucho silencio y miedo. Entre quienes la conocieron como una simpatizante de la oposición se ha levantado un muro de intrigas y desconfianza. Cada uno tiene un testimonio que protege como un pedazo de verdad, cada uno afirma saber algo y cree poseer la clave que puede ayudar a esclarecer el caso. Pero no siempre están dispuestos a hablar, mucho menos a que se les cite con nombres y apellidos.

Sobre la trama que se tejió semanas antes de la detención de González y en los meses que siguieron de su encarcelamiento, la mayoría de los consultados para este reportaje concede algunos hechos de manera unánime.

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Araminta González fue torturada y está presa en el INOF 

Un robo y la delación de un “patriota cooperante”

Tres semanas antes de su detención, el 5 de julio de 2014, González prestó alojamiento en su residencia a dos jóvenes que supuestamente militaban en movimientos de la disidencia política y que participaban en manifestaciones. Carlos Eduardo Trejo Mosquera, natural de Valera, estado Trujillo, era uno de ellos.

Trejo había sido estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad de Carabobo (UC), en Valencia. En 2013 se involucró con agrupaciones de estudiantes, antes de formalizar su inclusión en un movimiento que se conoció como Operación Libertad y que dirigía Lorent Gómez Saleh, detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) en Plaza Venezuela, Caracas. En su perfil de Facebook, público hasta el sábado 8 de agosto, mostraba fotografías suyas vistiendo camisetas y en actos de dos partidos de oposición: Primero Justicia y Voluntad Popular.

El segundo huésped era José Rafael Pérez Venta, quien se declaraba simpatizante y activista de Voluntad Popular (VP). La biografía de Pérez Venta es confusa y está llena de inconsistencias. Posee tres perfiles conocidos en Facebook y ha manejado al menos cuatro cuentas distintas en Twitter.

Asegura que estudió una licenciatura en Ciencias Navales en la Academia Militar de la Armada, se declara “preso político” y afirma que estuvo detenido en Ramo Verde entre 2007 y 2010. También manifiesta que en 2011 hizo un “Máster en Gobernabilidad y Gerencia Política” en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en Caracas.

En otra cuenta, también en Facebook, se aprecia una fotografía en la que viste de uniforme militar. En su biografía coloca que estudió Derecho en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), que trabaja en el Ejército venezolano y que reside en Miami Beach, Florida. En entrevista con Runrunes, el 3 de agosto de 2015, afirmó que había cursado la carrera de Derecho en la Universidad de Carabobo (UC), en Valencia.

Pérez Venta también abrió una cuenta o perfil en la red profesional Linkedin, con una fotografía en la que aparece vestido de negro en el hemiciclo de la Asamblea Nacional. Allí se afirma que trabajó como “Coordinador Comunitario de Voluntad Popular” entre 2013 y 2014; también que estuvo empleado entre 2001 y 2013 (11 años) como “Analista de Soporte Técnico” en Ford Motors y como “Gerente de Desarrollo de Negocios” de Nexsys, una empresa de software en Colombia entre 2000 y 2002.

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Carlos Eduardo Trejo (izquierda) y José Pérez Venta (derecha)

Tanto Trejo como Pérez Venta admitieron para este reportaje haber pernoctado en la residencia de González. Se sabe que Trejo se quedó durante poco más de dos semanas. Pérez Venta habría dormido en esa residencia durante ocho o nueve noches. Tugomir Yépez, estudiante de la UCV y vinculado con el partido Alianza Bravo Pueblo (ABP), reconoce también haber compartido con ambos durante una velada en el inmueble:

“Yo estaba viendo un partido de fútbol del Mundial, cuando en la noche me llama un amigo [Pérez Venta] que se encontraba en casa de Ara —así la conocí—. Él estaba junto a otra persona [Trejo], me dijo que se estaban quedando en Guarenas y que si podía ir hasta allá. Compré una botella de ron. Pensé que estaban en casa de un amigo, nuestro plan era tomarnos algo ahí. Cuando llegué al apartamento, estaban solo ellos dos, Ara aún no había llegado de su trabajo”, relata desde París, Francia, donde afirma que se encuentra “exiliado”.

Pérez Venta afirmó a Runrunes que fue él quien sirvió como mediador para que González recibiera a Trejo en su casa durante unos días. La estancia, sin embargo, se prolongó y terminó de manera abrupta y agria. Aunque eran “compañeros” y estuvieron vinculados a Operación Libertad, hoy ambos se declaran adversarios, se acusan mutuamente y ofrecen versiones disímiles sobre la autoría del hurto de artículos que pertenecían a González y su familia.

Un relato de Araminta González, reconstruido a través de uno de sus defensores, el abogado José Vicente Haro, da cuenta de las circunstancias en las que ella asegura haberle entregado las llaves de su casa a Carlos Eduardo Trejo. De acuerdo con esta versión, Trejo engañó una tarde a González para que le “prestara” las llaves del apartamento, pues necesitaba buscar su cédula para presentarse en tribunales. Trejo había sido detenido meses antes, durante el desmantelamiento de los campamentos estudiantiles en Caracas. Su nombre aparece en una pieza del expediente de la causa judicial contra la dirigente de la UCV, Sairam Rivas. Los cargos contra Trejo —y otros 43 jóvenes— fueron sobreseídos en agosto de 2014.

De allí en adelante, la historia se desenvuelve en distintos escenarios y con varios actores. Un amigo de González en Guarenas que accedió a hablar para este reportaje declara: “Ella me llamó llorando… estaba alterada, muy molesta. Me dijo que había vuelto a casa del trabajo, pero que no había podido entrar al apartamento porque no tenía las llaves. Se cansó de tocar el timbre, pero no lo escuchaba desde el otro lado. Me contó que llamó por teléfono a estos chamos y que ninguno le respondió. Se habían ido y ella tuvo que dormir en casa de una vecina”. Esto ocurrió el lunes 21 de julio, tres días antes de la detención.

Una compañera, que asegura haberle aconsejado enérgicamente sobre los riesgos de hospedar a Trejo y a Pérez Venta en su casa, relata: “Yo le advertí que no metiera gente en su casa, pero ella no me hizo caso. Le dije que se calmara, que llamara a un cerrajero y que pidiera dinero prestado, porque seguramente le iba costar una plata. Al día siguiente rompieron todo y ella mandó a cambiar las cerraduras. Pero cuando entró al apartamento se encontró con que todo estaba revuelto y faltaban algunas cosas”. Esto pasó el martes 22 de julio de 2014.

En el inventario de objetos sustraídos del apartamento de González se incluyen, de acuerdo a distintas versiones de allegados: una laptop, un disco duro externo, una cónsola de videojuegos, varios discos, electrodomésticos, una cadena de oro, prendas, un celular y un alisador de cabello. El hurto y la salida intempestiva de Trejo y Pérez Venta del apartamento ocurrió el lunes 21 de julio, tres días antes de la detención de Araminta González.

Una amenaza

Captura

Capturas telefónicas que muestran el intercambio de mensajes entre Trejo y Pérez Venta

González consideró hacer una denuncia por robo ante el Cicpc. Al menos así lo hizo saber a dos personas que le recomendaron que acudiera ante las autoridades. Las razones por las cuales no logró formalizar la acusación no están claras, aunque sí declaró a sus abogados que recibió amenazas tras haber publicado mensajes en sus cuentas de redes sociales en las que advertía sobre Carlos Eduardo Trejo y José Pérez Venta.

Un fragmento de un mensaje que escribió en su cuenta en Facebook decía: “Informo: urgente, dos jóvenes que se hacen pasar por perseguidos políticos para que los alojen en sus casas, luego que adquieren confianza de las personas y averiguan todo lo que pueden de la familia, les roban, actúan en pareja, uno se lleva todo y el otro se hace el que no sabe nada, ha ocurrido en otros estados, pendiente, a mí me pasó, se quedaron dos semanas en mi casa…

Además, tuiteó y señaló a Trejo y a Pérez Venta como responsables del hurto de artículos en su casa. La noticia llegó rápidamente a chats y redes sociales. Las cuentas de González fueron hackeadas en los días posteriores a la desaparición de su computadora. Un testimonio da cuenta de que habrían sido sus compañeros de trabajo, el 22 de julio, en Genéricos Venezolanos, quienes le avisaron que su perfil en Facebook había sido llenado de imágenes alusivas al oficialismo.

La tensión se acumuló rápidamente. Hubo discusiones e insultos. Trejo y Pérez Venta ya habían abandonado el apartamento. El primero cargó con las llaves de González y partió —primero— San Antonio de Los Altos, en Miranda. De allí pasó a San Diego, en Carabobo, y después a casa de una estudiante en el estado Falcón. El segundo volvió a Caracas, según dijo, a casa de una tía en Roca Tarpeya.

Ambos comenzaron a ser increpados. Un dirigente estudiantil de la UCV atestigua: “Yo llamé a Tugomir, porque él era muy amigo de ellos. Le pregunté por esos chamos y lo que había pasado, pero él me dijo que todo era un chisme y luego me sacó el cuerpo, siempre decía que estaba ocupado. Después hablé con Trejo, y él se molestó y dijo que ella (Araminta) era una habladora de paja”.

A medida que avanzaban los días, el conflicto se alimentaba de las críticas. Tres capturas de pantalla muestran una discusión entre Trejo y Pérez:

—Carlos Trejo: Y qué pasó con la laptop?
—José Pérez: Aquí.
—CT: No la ibas a vender pues?
—JP: Ajá

Después, en otra fotografía se lee:

—CT: Marico responde.
—JP: Esta carajita se volvió fue loca.
—CT: Si? Aclara eso José, de una, de pana. Yo mañana voy al Sebin y la voy a pajear durísimo, hermano. Lo siento.

En otra imagen, el intercambio escala en acusaciones mutuas:

—JP: A todo el mundo le he dado la cara. Ud se quedó con las llaves. Tú sabrás lo que hiciste, quedaste mal con todo el mundo como ladrón. Que decepción!!!!
—CT: Si? Claro culpame y lávate las manos, es lo mejor que sabes hacer.

Trejo admitió el martes 4 de agosto en una entrevista telefónica con Runrunes que las capturas y el registro de la conversación son auténticas. Descarta, sin embargo, que hubiese sido él quien sustrajo la laptop y las “otras cosas” desaparecidas de la residencia de González.

“Yo se lo dije muchas veces a Ara: ‘A mí no me gusta que tengas esas confrontaciones con tu hermana por tenerme aquí. Prefiero irme y que tú te evites problemas con tu hermana’… Hubo un altercado con Pérez Venta, en el que sustrajo varias cosas del apartamento de Ara y me deja a mí las llaves de su casa… Una computadora y otras cosas que se robó. Yo lamentablemente tuve conocimiento de esto y se lo dije más de una vez [a Pérez Venta]: ‘No hagas esto, marico, porque Ara nos está ayudando’… Pero la forma en que él la trabajó psicológicamente fue muy ruda… Él me respondió: ‘Tranquilo, que Ara no se va a enterar y nosotros nos perdemos’ ”.

Trejo reconoció haberse quedado con las llaves del apartamento de González. Aceptó incluso haber estado en el mismo lugar y momento en el que él asegura que Pérez tomó los objetos del inmueble. Cuando se le preguntó sobre el chat con la amenaza de acusarla en el Sebin, respondió: “Sí, lo reconozco. Yo dije eso porque estaba cansado del peo de que me acusaran de algo que yo no hice. Ella y yo conversamos. Tuvimos discusiones bien fuertes, pero al final de cuentas no pasó a mayores. De allí a decir que yo fui, la acusé y la entregué, eso nunca pasó”.

¿Quién es José Pérez Venta?

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Los múltiples perfiles y facetas de José Rafael Pérez Venta en redes sociales

José Rafael Pérez Venta tiene 29 años, y mide casi 1,70 metros. Se presenta con una chemise roja, una gorra azul —que usa volteada hacia atrás— y lleva en su muñeca un reloj dorado, marca Citizen.

Pérez Venta afirma haber integrado las plataformas juveniles JAVU y Operación Libertad. En varias fotografías se le ve con camisetas de ambos movimientos. “Lorent Saleh me invitó a Colombia”, dice; y añade que tanto el ex ministro del Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, como el presidente de la AN, Diosdado Cabello, lo han nombrado a él “muchas veces”.

Frecuentaba eventos de la disidencia política. Varias fotografías lo muestran en la vigilia tras el asesinato de Mónica Spear, en enero en 2014 en la plaza Alfredo Sadel; también en la entrega del dirigente Leopoldo López —en febrero— y detrás de María Corina Machado, cuando se presentó en el MP tras su imputación, el 3 de diciembre. También en la misa por un año del asesinato de Bassil Da Costa y en una foto con Henrique Capriles Radonski en la que lo felicita por su cumpleaños, el 11 de julio de 2015.

“Entré a Voluntad Popular (VP) en 2013 desde Carabobo. Articulé con el equipo en Valencia y luego en Chacao. He hecho activismo político. Estuve en las protestas en la OEA, en las huelgas de hambre en la plaza La Castellana y en el campamento en la plaza Alfredo Sadel”, se ufana.

Pero un alto dirigente de VP le confiere la categoría de simpatizante o voluntario. Admite que frecuentaba la sede, pero descarta que haya tenido algún cargo o participación en decisiones o reuniones internas del partido. Analiza una fotografía en la que se le ve con una camisa naranja con el logo de VP y su nombre en el pectoral derecho y asegura que no es auténtica. Insiste en que el partido no entrega camisas a militantes. En todo caso, estas tienen una características específicas, no como la que vistió Pérez Venta, de la marca Columbia.

“La primera vez que lo vi fue en la Tintorería [como se conoce a la antigua sede de VP en Chacao]. Se vendía como alguien que sabía de inteligencia y hablaba mucho. Nunca se supo donde vivía, él siempre se quedaba en casas de otra gente. Iba y venía, se perdía por semanas o meses. Después lo veías otra vez por ahí”, relata un funcionario del Concejo Municipal de Chacao.

En 2014, Pérez Venta envió cartas y correos electrónicos a varias personas —a los que tuvo acceso Runrunes—, en las que solicitó dinero a “sectores privados, comerciales y entre la población en general” para las manifestaciones y estudiantes presos. Eran comunicaciones en las que firmaba como Operación Libertad. Debajo de su nombre colocaba: “Ex preso político y dirigente de VP. @SinmiedoVP”.

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Pérez Venta (derecha) junto al dirigente opositor Leopoldo López, en su entrega a la GNB el 18 de febrero de 2014 en Chacaíto

Tres dirigentes del partido aclaran que las alarmas se encendieron cuando Pérez Venta fue visto trabajando como vigilante en la garita de la urbanización donde reside el alcalde de El Hatillo, David Smolansky, en La Boyera. “Algunos concluyeron que era un infiltrado”, rememora una de las fuentes. No hay consenso en cuanto a las razones por las que se desvinculó de la organización política.

Después se unió al partido Alianza Bravo Pueblo (ABP). Rápidamente se “autoproclamó” “coordinador nacional de DD HH” y también escribió en redes que pertenecía a Amnistía Internacional (AI). En Twitter —sin embargo— lo han acusado de infiltrado. Él lo sabe y confirma que lo separaron de ABP porque lo consideran un “patriota cooperante”.

Se defiende de los señalamientos: “Yo no entraba a las sesiones, ni a las reuniones. ¿Cómo pude saltarme los anillos? Me cansé de todo, decidí separarme de todos los partidos… Los reto a que demuestren y saquen todas las pruebas… Ojalá algún día caigan bajo el mazo de Dios como único juez terrenal y universal”.

Pérez Venta se involucró sentimentalmente con una integrante del equipo de confianza del dirigente Carlos Vecchio. En junio de 2014 el coordinador político de Voluntad Popular se vio obligado a salir del país, después de que se librara una orden de detención en su contra por supuestos delitos de incendio intencional, instigación pública, daños a la propiedad pública y privada y asociación para delinquir. Más recientemente, Pérez Venta se relacionó con una trabajadora del equipo del alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, quien fue detenido por el Sebin.

Un dirigente de VP reveló: “Cuando detuvieron a Ledezma, yo estuve en Plaza Venezuela acompañando a Mitzy. Al día siguiente me dirigí a la sede del partido, en el edificio Exa de El Rosal. Pérez Venta fue la primera persona que vi cuando entré a la oficina”. Además, él asistía a las audiencias en los juicios contra Leopoldo López y el alcalde metropolitano.

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Una revisión a su cuenta en Twitter (@perezventa) descubre que Pérez Venta era un ferviente seguidor del oficialismo. Entre 2008 y 2010 tuiteaba intensamente y mencionaba con frecuencia las cuentas del expresidente Hugo Chávez (@chavezcandanga) y del diputado Diosdado Cabello (@dcabellor), a quienes llamaba “camarada”, “Comandante”, “padre”. Se decía soldado de la revolución y pedía desesperadamente —suplicaba— auxilio para que le adjudicaran una vivienda.

También menciona una esposa, llamada Milagros del Valle Gómez, quien trabajó hasta el 31 de julio de 2015 en el Ministerio de Vivienda, según consta en el registro ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). En un período de dos años, entre 2010 y 2012, Pérez Venta pasó de ser un efusivo y fervoroso militante de la revolución a un acérrimo disidente vinculado a partidos políticos, líderes de oposición, y un calculador manifestante.

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Entre otras inconsistencias, Pérez Venta ofrece dos fechas distintas en las que cursó estudios en la Academia Militar de la Armada. Es otro componente de las FANB, distinto al que aparece en uno de sus perfiles de Facebook. Relata que fue preso político, que estuvo detenido en Ramo Verde entre 2007 y 2010, que le imputaron cargos por “sustracción de efectos de las FANB, usurpación de funciones, sublevación e insubordinación”.

Afirma que integró en 2007 un grupo de rebeldes contra el “Plan Ávila” que “vació el parque” de dos regimientos que eran —según dijo— el Batallón 342 G/B Pedro Briceño Méndez y el Batallón Juan de Dios Agraz. Dice que la mayoría de sus compañeros está en Estados Unidos, que lo iban a sacar del país, pero que él cayó detenido.

Sobre su espectacular escape y recaptura, esta es la versión:

“Bebí cloro, para que me sacaran. Me llevaron al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, me internaron y tuvieron que operarme. Estando de reposo, me asignaron un custodio. Yo me gané su confianza. Cuando se quedó dormido, me escapé por la escalera de servicio. Agarré un taxi hasta Maracay. Pero allí me agarraron de nuevo y me devolvieron a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en Boleíta, y luego a la 35 Brigada de la Policía Militar, en Fuerte Tiuna. Me golpearon, y me trasladaron de nuevo a Ramo Verde. Me ayudó la jueza Aniole Berberaggi Infante y me entrevisté con Eladio Aponte Aponte, que era fiscal militar. Yo negocié para que mi fuga no la incluyeran. Después me expulsaron”.

Se le indica que en la Corte Marcial no se encontraron evidencias de ningún proceso judicial contra él. Guarda silencio. Su perfil de Facebook del año 2008 muestra un joven militar del Ejército Bolivariano. Se ven también algunas fotos de su familia: esposa, dos hijos. Reseña que estudió en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) y en la UNEFA.

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Pérez Venta y su foto en Linkedin, en la AN

José Pérez Venta acusó a su otrora amigo inseparable, Carlos Trejo, de haberse llevado todos los artículos desaparecidos del apartamento de Araminta González. Lo tilda de infiltrado y de ladrón. Asegura que no era la primera vez que Trejo había “robado” a alguien y ofrece como pruebas un par de capturas de decenas que él tiene guardadas en su celular con diálogos en los que hace ver que personas señalan a Trejo como un “estafador”.

Menciona a Liana Hergueta, de quien da su número telefónico y dice que es una víctima de las estafas de Trejo. En efecto, Hergueta había publicado en mayo varios tuits en su cuenta en Twitter en los que acusaba a Trejo de haberla estafado por una suma de 1 millón 300 mil bolívares en una transacción de compra venta de dólares.

Cuatro días después de la entrevista con Pérez Venta, el viernes 7 de agosto, Hergueta fue hallada muerta en la calle Los Manolos, de Las Palmas, en Caracas. Su cuerpo desmembrado estaba dentro de un vehículo azul, Mazda 3. Un amiga de Hergueta declaró a La Región que la mujer fue citada el jueves en Caracas por un supuesto dirigente de ABP y el viernes apareció muerta.

El primer sospechoso por el crimen fue Trejo. Pero el lunes 10 de agosto en la noche, se conoció por fuentes policiales, que fue allanada una de las residencias donde vivía Pérez Venta. Ese mismo día fue detenido por funcionarios de la División contra Homicidios del Cicpc por su presunta vinculación con el asesinato de Hergueta.

El martes 11 de agosto en horas de la tarde fue capturado en Yaracuy, Carlos Trejo. En un boletín, el Ministerio Público informa sobre la detención de ambos hombres y agrega que serán imputados por el homicidio de Hergueta. “Tras varias diligencias de investigación coordinadas por el Ministerio Público y ejecutadas por el Cicpc, se logró determinar la presunta vinculación de Pérez Venta y Trejo Mosquera con el mencionado hecho”, dice la nota de prensa.

Ambos “patriotas cooperantes” habrían confesado su participación en el homicidio de Liana Hergueta. Se pudo conocer de fuentes policiales que Trejo citó a la mujer, con la excusa de cancelarle la deuda que tenía con ella. Pérez Vente fue quien la desmembró.

Con el mazo dando

Araminta González es otra de las víctimas de los dos “patriotas cooperantes”. Tiene 33 años, dos hermanas y un sobrino. Ambos padres fallecieron de cáncer. Su papá murió cuando ella tenía nueve años, y cuatro años después sobrevino el deceso de su mamá. Su hermana mayor asumió el rol de madre. Le sigue Miriam, quien trabajó durante un tiempo en Digitel hasta que se mudó a Madrid, España, donde cursa un postgrado.

Araminta era “hiperactiva”, cultivó hábitos como la lectura, le gustaba ir al gimnasio, subir a El Ávila después del trabajo y escuchar música pop en inglés. La familia la completa un niño de nueve años, hijo de su hermana mayor. El mismo lazo maternal que asumió la mayor de las González, lo manifestaba ella por su sobrino.

Una amiga de la familia narra: “Ellas salieron adelante trabajando muy duro. El papá les dejó ese apartamento, que por lo menos era una base. Son profesionales. Araminta es una mujer de una inteligencia superior, una excelente estudiante, desde pequeña se formó sin mayor apoyo del que se brindaron entre ellas. Eran muy unidas”.

En 2010 se tituló como técnico superior en procesos químicos. De a poco se abrió camino con una carrera profesional en la industria farmacéutica. Comenzó a trabajar como especialista en control de calidad en Calox International, una empresa especializada en la elaboración de medicamentos genéricos, donde se encargó del área de pruebas.

Luego de tres años, González decidió cambiar de trabajo e ingresó como analista físico química en Genéricos Venezolanos (GV), una farmacéutica asentada en Guarenas, que opera en el país bajo el paraguas de Laboratorios Leti, un conglomerado de empresas del ramo en el que también se incluye Laboratorios Gentek. Una ex compañera de trabajo recuerda: “Ella se fue a Genéricos Venezolanos porque le quedaba más cerca de su casa. Era emprendedora, valiente, muy luchadora”.

En noviembre de 2013, González comenzó a frecuentar concentraciones que se dieron a conocer como el “movimiento de autoconvocados”. Eran en su mayoría “marchas”, movilizaciones y manifestaciones pacíficas, algunas con pancartas, convocadas a través de las redes sociales y Twitter. Fueron los primeros pasos en un activismo que se prolongó hasta su detención en 2014.

“La conocí en una concentración en Guarenas. Era una chama buena gente, quizá muy inocente. Eso sí, muy profesional en su trabajo, muy dedicada. Pero estoy seguro de que no es ninguna terrorista. Era —cuando mucho— una simpatizante”, la describe un conocido y activista de oposición de Nueva Casarapa.

González frecuentaba los campamentos de estudiantes. Otras cuatro personas que accedieron a brindar su testimonio bajo condición de anonimato la describen como una persona introvertida, ingenua. Le otorgan adjetivos como noble, y afirman que hacía latente su preocupación por los problemas del país.

Una de sus amigas detalla: “Ella subía con frecuencia a Caracas desde Guarenas. Preguntaba a todos si habían comido y les compraba cena, gastaba un dineral en shawarmas y hamburguesas para un gentío, regalaba la plata, les daba agua, ropa, tarjetas telefónicas. Se iba quedar pelando bola, pero a ella no le importaba”.

En abril de 2014 viajó a San Cristóbal y se sumó a manifestaciones. De esa experiencia no saldría ilesa. Recibió un impacto de perdigón que provocó que la trasladaran a un centro médico donde la sometieron a una operación en la que perdió un ovario. “Su hermana mayor, que es evangélica, se preocupaba mucho por ella, estaba muy angustiada”, resume una amiga.

Después González desoyó los consejos de gente cercana. Cuando decidió acoger en su casa a dos desconocidos, se produjo una ruptura: su hermana mayor optó por mudarse del apartamento. No hubo contacto ni visitas. Después de que se conoció de la detención de Araminta, sus amigos tomaron distancia, temiendo represalias y peligros.

Un día después de su aprehensión, el entonces titular del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, mencionó a Vasco Da Costa, como el “cabecilla” del “Movimiento Resistencia”. En esa oportunidad no nombró a González. Lo que sí dijo fue que sería Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional (AN), quien se encargaría de informar sobre el desmantelamiento de una supuesta “célula terrorista”. El programa televisivo que conduce Cabello y que transmite VTV se basa en las acusaciones e informaciones aportados por “patriotas cooperantes”, que es el término que el Gobierno da a los infiltrados y delatores.

La naturaleza de su trabajo como química es uno los argumentos que usaron las autoridades para vincularla con los cargos de explosivos. “Les expliqué que soy químico y que esos equipos no podían utilizarse para elaborar explosivos porque, para elaborarlos, se requieren unas condiciones específicas. Les repetí que yo no podía hacer ese tipo de explosivo en mi casa. Les expliqué que no sabía de electrónica, ni de detonantes…”, reza un fragmento de una carta escrita por González y citada por el periodista José Domingo Blanco en una columna de opinión publicada en Runrunes el 25 de junio de 2015.

Cuando Cabello mencionó a González en la edición del 7 de agosto de 2014 de su programa “Con el mazo dando”, transmitido por VTV, se refirió a ella con el alias de “Dora La Exploradora”. También mencionó a José Luis Santamaría como “El topito” y aseguró que trabajaba junto a Da Costa en un plan para “desestabilizar” el país. También afirmó que el Cicpc había hallado explosivos y detonadores.

Haro, abogado defensor de González, desmiente las imputaciones. Asegura que en el expediente con las actas del allanamiento practicado por el Cicpc en la vivienda de su defendida no se reseña ningún tipo de explosivos ni detonadores. También, uno de los acusados, Da Costa, aseguró en una carta escrita desde su encarcelamiento que no conocía a González.

 

La captura

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Una vecina fue quien avisó —el 23 de julio— a Araminta González que la urbanización Menca de Leoni en Guarenas estaba llena de patrullas y policías. Después de allanar el apartamento, los funcionarios de la División Contra el Terrorismo del Cicpc se dirigieron a Genéricos Venezolanos (GV). En ninguno de los dos sitios la encontraron. Al día siguiente, el feriado del 24 de julio, la detuvieron en el Centro Comercial Lido, en Chacao, Caracas.

De allí la llevaron a la sede principal del Cicpc, en la avenida Urdaneta. En Twitter y redes sociales fue reportada como desaparecida durante casi una semana. Las publicaciones sobre su caso afirmaban que había sido violada y torturada. Desde su detención y hasta mayo de 2015, su defensa fue compartida por los abogados de los otros acusados: Ángela Jaramillo, Mariana Ortega —hermana de Efraín Ortega, uno de los acusados, detenido en El Rodeo— y Guillermo Heredia, defensor de Da Costa y José Luis Santamaría.

Haro y Pierina Camposeo asumieron la defensa de González, por petición de su hermana Miriam, quien viajó desde España en abril de 2015 para atender diligencias del caso. Las denuncias sobre torturas que le infligieron los funcionarios no han cesado. De acuerdo con su defensa, los agentes retuvieron a González durante varios días sin notificar a ningún familiar. Fue brutalmente golpeada, le habrían colocado electricidad en los senos y golpeado con martillos en las uñas de los pies.

En una carta publicada en junio de 2015 por Haro, se asegura que le arrancaron el cabello en una práctica que en la jerga policial se conoce como “el helicóptero”. Le pedían, además, que declarara contra Da Costa, quien ha negado que la conociera. Las autoridades no han establecido el vínculo entre ambos y como no se ha celebrado audiencia preliminar, no se han ventilado las pruebas del MP. Lo que se sabe, sin embargo, es que la acusación la originó la llamada de un “patriota cooperante”.

González fue trasladada el tres de agosto desde el Cicpc en la avenida Urdaneta hasta una sede en El Rosal y semanas después al INOF. Pierina Camposeo, una de sus abogadas, afirma: “Está deprimida, aterrada. Cada vez que va a tribunales nos agarra por los brazos y no nos suelta. Tiembla. Está muy delgada y hay áreas de su cabeza en las que no le ha vuelto a crecer el cabello”. Una amiga que la ha visitado en la cárcel asegura que ha perdido por lo menos 40 kilogramos. Pasó de 85 kilos, a usar una talla 26.

Camposeo también cuestiona la veracidad de una experticia forense en la que se certifica que González no presentaba lesiones. El documento de la evaluación médica, practicada supuestamente por una funcionaria, fue suscrita el 20 de agosto. “Dicen que a ella no la torturaron, pero es que la experticia se hizo casi un mes después de su detención. Además, supuestamente estaba de guardia un hombre, pero luego en el documento se dice que fue una mujer”, detalla Camposeo.

La última audiencia

Tribunales Cloris

La audiencia en el juicio que se le sigue a González estaba fijada para las 9:30 am del 23 de julio. Los abogados Haro y Camposeo —defensores de González desde el 6 de mayo— habían llegado a la sede de los tribunales penales de Guarenas cerca de las nueve. Esta era la primera vez que la representación del Ministerio Público (MP) acudía a los tribunales desde que presentó la acusación.

A las 11:00 de la mañana, había confirmación de que el convoy que trasladaría a González desde el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) había salido desde Los Teques, a 73 kilómetros de distancia.

Yeison Alejandro Moreno, de la Fiscalía 20 del MP, había llegado poco antes de las 10:00 de la mañana y solicitado cada una de las piezas del expediente. Hasta hace unos meses, Moreno había sido el asistente de la ex fiscal Katherine Haringhton, ex titular de un despacho que destaca por su estadística en el procesamiento de manifestantes, estudiantes, disidentes y prominentes figuras políticas de oposición.

La sede de los tribunales penales está en el medio de una urbanización —mitad industrial, mitad residencial— conocida como Cloris. El edificio se asemeja más a un galpón que a una sede del Poder Judicial. Hay pasillos estrechos, accesos y pasadizos que conducen a salas de juicio en las que apenas caben un puñado de personas. Hay también dos bancos de madera en las que familiares de detenidos descansan durante las horas de espera. En la parte posterior hay cuartos atestados de carpetas que rebosan documentos y centenares de expedientes judiciales. Secretarias, alguaciles y escribientes trabajan en minúsculos cubículos, en salones repletos de personas.

Las familias de detenidos se habían congregado en la calle, frente al edificio, en la espera de los traslados que venían desde centros penitenciarios como El Rodeo, Yare, el INOF y la Penitenciaría General de Venezuela (PGV). Un autobús con reclusos de El Rodeo, entre los que se hallaban Santamaría y Ortega, llegó a los tribunales cerca de las 11. Faltaban dos de los cuatro acusados: González, que vendría desde el INOF, y Da Costa, preso en la PGV en San Juan de Los Morros, Guárico.

A las 11:00 de la mañana, Mariana Ortega, hermana y defensora de Efraín Ortega solicitó al tribunal el diferimiento de la audiencia preliminar. Sus contrapartes se opusieron. Cerca de las once de la mañana, Haro tuiteó: “Por razones que no comprendemos la defensa de Efraín Ortega solicita que Audiencia Preliminar de Araminta González sea diferida una vez más”.

La representación del MP había expresado las intenciones de esperar a que llegara el traslado desde el INOF antes de que se tomara cualquier decisión sobre un nuevo diferimiento, pero cuando un vehículo llegó desde Los Teques con varias acusadas que vestían franelas rosadas sin que entre ellas estuviese González, la audiencia se suspendió, una vez más. El 24 de julio, al día siguiente, los detenidos cumplieron un año sin que se celebrara la audiencia preliminar.

Tamara Adrián:

 

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La abogada y activista celebra la candidatura a la Asamblea Nacional (AN) y asegura que es un avance para las minorías. Es la primera persona transgénero en presentarse a unos comicios en Venezuela.

@albertoyajure

Tamara Adrian recibió en París, Francia, la noticia de su posible candidatura a la Asamblea Nacional (AN). Hace semana y media atendió una llamada de Freddy Guevara, coordinador nacional (E) de Voluntad Popular, en la que le comunicaba que, al menos de modo verbal, el Consejo Nacional Electoral (CNE) había dado visto bueno a la inclusión de su nombre en la lista de candidaturas de la oposición.

La noticia ha sido celebrada por integrantes de la comunidad LGBT, por organizaciones y defensores de derechos humanos en las redes sociales. Adrián es abogada, activista, conferencista. Ha promovido también durante años el debate y la discusión por la AN del proyecto de ley sobre el matrimonio igualitario. Mantiene desde hace décadas un largo litigio en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por el reconocimiento de su identidad de género.

Concede que fue ella quien propuso a Voluntad Popular (VP), partido en el que milita, su aspiración de participar en las elecciones parlamentarias que se celebrarán el 6 de diciembre. Antes puso como condición que se hiciera la solicitud al CNE sobre el reconocimiento de su identidad. Una vez que este paso sea oficial, afirma, se discutirá internamente el circuito o lista en el que competirá por un escaño en la AN.

“Yo había manifestado hace meses mi interés en participar, pero no había sido considerada. Cuando el CNE emitió la resolución sobre la paridad de género, se abrió una oportunidad. Yo pedí que antes de que se tomara cualquier paso, se pidiera al CNE el reconocimiento de mi identidad como mujer”, dice al teléfono desde París, donde se encuentra desde hace tres semanas.

La petición al CNE está fundamentada en el hecho de que es este el organismo al que corresponden todos los dictámenes sobre el Registro Civil en Venezuela. Si el ente comicial reconoce su identidad de género —asegura— “se abriría una puerta para que se reconozcan los derecho de las personas transgéneros”.

“Los transgéneros son reconocidos en casi todos los países del continente, a excepción de Venezuela, Paraguay y Perú. Creo que contribuyó mucho el hecho de que Venezuela ha sido sometida recientemente a exámenes en la ONU y sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), en los que se ha insistido con preguntas y exhortos al Estado sobre temas como el reconocimiento de los derechos de personas transgéneros y la contundencia de las investigaciones y castigos a los crímenes de odio contra la comunidad LGBT”, indica.

Afirma que el Gobierno tiene una deuda social con las personas de la comunidad LGBT. Desde 1998 no se reconoce legalmente en el país ningún cambio de género, lo que sí sucedía desde los años setenta. “Todo se detuvo. Sin identidad, las personas LGBT quedan marginadas, porque es difícil obtener trabajo, salir adelante, cuando no se reconocen tu identidad y tus derechos”.

Y aunque Adrián admite que el proyecto de ley sobre el matrimonio igualitario será una de las banderas de su candidatura, no desea que sus aspiraciones sean “confinadas” a esta propuesta. Asoma que ha ejercido el derecho económico y prestado asesoría durante 38 años en materia de inversiones extranjeras.

En el momento que se hizo pública la resolución sobre la “paridad de género” en las candidaturas a las parlamentarias, la oposición protestó y consideró que era una jugarreta para sabotear una posible victoria en los comicios de diciembre. Pese a que no se ha producido un pronunciamiento oficial por parte del CNE, el reconocimiento a Tamara Adrián como candidata, coloca a la MUD a la vanguardia de las libertades y avances en materia de derechos LGBT al postular a la primera candidata transgénero en la historia del país en presentarse a unas elecciones.

Y aunque el oficialismo no ha mostrado interés o la voluntad de discutir en la AN temas como el matrimonio igualitario, reconocimiento de personas transgéneros y leyes más duras contra crímenes de odio, discriminación y delitos contra la comunidad LGBT, su accionar ha quedado reducido solo al respaldo de marchas a favor de la pluralidad sexual.

Adrián lo sabe y lo celebra: “Mi candidatura es una punta de lanza. Por años he sido la piedra en el zapato de los que han evadido estos temas y postergado el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT. Creo que el CNE lo hizo porque políticamente le convenía. Es un momento importante, no solo para nosotros, sino para todas las minorías en el país”.

A los venezolanos no les alcanza el dinero para comprar comida, medicinas o ropa

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Redacción Runrunes

Más de 84% de los venezolanos tienen problemas para rendir en sueldo y no les alcanza el dinero para comprar alimentos, medicinas o ropa, indica la más reciente encuesta de Venebarómetro, publicada este martes 28 de julio.

El estudio corresponde a una muestra de 1.200 encuestados durante el mes de junio de 2015.

Entre los resultados destacan:

La escasez y la crisis económica superan a la inseguridad como los problemas que más aquejan a los venezolanos. Esto se desprende de las respuestas de 74% de los encuestados, que consideran que el desabastecimiento y la escasez de alimentos es el principal problema que les afecta, por encima de 73% por ciento que apuntó que era inseguridad.

Las respuestas también permiten hacer algunas interpretaciones o análisis:

La mayoría de los venezolanos se sienten pesimistas con respecto a la situación del país. Al ser consultados sobre si creían que continuarían el desabastecimiento y el incremento acelerado en bienes y servicios, 67% de los encuestados respondió de manera afirmativa. Es decir, más de dos tercios de la población no percibe una mejoría en la crisis económica que atraviesa Venezuela; mientras que 21,7% indicó que estas situaciones no continuarían.

Los venezolanos no se comen el cuento de la guerra económica. Pese a los ingentes recursos invertidos en propaganda y los procedimientos contra el contrabando, las medidas punitivas adoptadas por el gobierno no han tenido resultado. 57,3% de los encuestados responsabiliza al presidente Nicolás Maduro, el gobierno nacional y el modelo socialista del incremento en los precios de alimentos, frente a 31,5% que acusa a los comerciantes, empresarios y productores.

El gobierno se ha distanciado del pueblo. 76,1% de los encuestados considera que el gobierno de NIcolás Maduro está alejado, de los cuales 44,2% prefirió la opción “muy alejado”. Además, 71% de los venezolanos valora negativamente la gestión de Nicolás Maduro. Las respuestas van desde “regular a mala” hasta “muy mala” para calificar el desempeño del mandatario.

Los electores tienen una posiciones divididas sobre la gestión de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Mientras que 48% valora positivamente a la coalición de partidos de oposición, otro 45,8% cree que la labor de esta agrupación es negativa y no contribuye al bienestar del país.

El chavismo pierde terreno. Los candidatos del oficialismo han caído a la tercera opción en la intención de voto, por debajo de los aspirantes de la oposición y los independientes, que lideran en ese orden las preferencias de los electores.

Las guarimbas y la conflictividad favorecieron al oficialismo. Esta conclusión se desprende los resultados de la encuesta que tienen que ver con la autodefinición de los electores. Entre enero y abril de 2014, durante las manifestaciones que pedían la renuncia de Nicolás Maduro y  la confrontación pública en todo el país, la mayor parte de los venezolanos se definían como simpatizantes del oficialismo. Los datos contrastan con los resultados de abril y junio de 2015, en los que la crisis económica ha desplazado a otros temas en la agenda pública y ha afectado la valoración que tienen los electores, que ahora se definen en mayor cantidad como opositores.

Denuncian excesos de la PNB y la GNB durante desalojo en la Panamericana

 

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  • Los afectados por el procedimiento aseguran que las autoridades actuaron sin órdenes de allanamiento o de desalojo. Militares y policías derribaron el viernes 24 de julio las viviendas de 200 familias en el sector El Cují, entre los kilómetros 3 y 4 de la carretera Panamericana
  • Militares y policías habrían golpeado y detenido a cerca de 10 personas. Hombres, mujeres y niños duermen a la intemperie en tiendas que armaron al borde de la autopista

@albertoyajure

Luz Elena Gaviria se levanta la camisa y se baja los pantalones en medio de un grupo de casi 50 personas. Todos los presentes forman parte de las 205 familias que fueron desalojadas por las autoridades el viernes 24 de julio de la comunidad El Cují, entre los kilómetros 3 y 4 de la carretera Panamericana. Gaviria, de 46 años, vivía desde hace cuatro años en un rancho que compartía con su hijo, su nuera y sus nietos. Debajo de su ropa quedaron dos moretones que —afirma— le causaron los funcionarios que destruyeron su casa y la expulsaron de su comunidad.

“Me tiraron al piso y me arrastraron, me golpearon. Tengo un chichón en la cabeza. Llegaron aquí y actuaron con violencia, de forma agresiva, nos sacaron a todos a la fuerza. En ningún momento presentaron ninguna orden de allanamiento”, relata Gaviria.

 

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El operativo comenzó a las 4:00 de la madrugada, igual que la incursión de hace dos semanas en la Cota 905. Cerca de 600 funcionarios de la Policía Nacional (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) habrían participado en el procedimiento, en el que hubo también tanquetas y equipos de demolición.

Los residentes de este sector al borde de la carretera Panamericana se congregaron en la entrada e hicieron una “cadena humana” tomándose de los brazos para intentar evitar la entrada de los funcionarios, según se observa en un vídeo grabado por los vecinos. Pero poco pudieron hacer. Las autoridades obligaron a todos los residentes a salir y ordenaron el retiro de los enseres. Luego llegaron las máquinas y retroexcavadoras que derribaron todo a su paso.

“Primero nos dijeron que nos llevarían a La Yaguara, después nos notificaron que nos llevarían a refugios en El Junquito, Carapita y El Poliedrito. Pero en ningún lado había espacio para nosotros. Los militares entonces nos dijeron que volviéramos a nuestras viviendas, pero las únicas que teníamos las tumbaron. Todas nuestras cosas se quedaron en un depósito en La Yaguara. No tenemos más nada”, asegura Coromoto Rodríguez, de 38 años, madre de tres niños, el menor de ellos sufre de ataques de epilepsia.

Robinson Cuello, de 37 años, tenía seis años viviendo en el sector. Asegura que su mamá es una de las fundadoras de la comunidad, que creció como una invasión en la que rápidamente se construyeron ranchos y al menos tres iglesias evangélicas. Este lunes el lugar era un descampado de escombros y viviendas arruinadas, humo y aguas blancas corriendo cerro abajo.

El Gobierno nacional anunció el viernes 24 de julio que el lugar sería desalojado “por considerarlo inestable”. En un recorte mostrado por los afectados aparece una nota del diario Últimas Noticias en la que se asegura —citando una nota de prensa del Ministerio del Interior— que el procedimiento formaba parte de la “Operación Liberación del Pueblo“, como ha denominado el Ejecutivo a las razias en barriadas de Caracas y el estado Miranda como parte de un supuesto plan de seguridad para desmantelar bandas delictivas.

Pero hasta ahora no se ha difundido evidencia de que las autoridades hallan encontrado armas o delincuentes en El Cují. La mayor parte del grupo acabó con sus colchones y camas al borde de la carretera, durmiendo a la intemperie, entre basura y escombros, desde hace cuatros días.

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“¿Cómo van a decir que aquí había paramilitares si todos somos venezolanos. Aquí todos tenemos cédula y nacionalidad venezolana”, gritaban algunos de los vecinos, que también mostraron sus documentos de identidad y exigieron al presidente Nicolás Maduro que les ofreciera “solución” a sus problemas.

Yessenia Almanza, que dio a luz a un varón por cesárea hace 11 días, permanecía sentada en un colchón debajo de una tapa de zinc junto a su bebé, su esposo y una niña de cuatro años. “Desde el viernes estamos durmiendo aquí. Nos dijeron que nos llevarían al Poliedrito, pero no había espacio para nosotros. Todas nuestras cosas se quedaron en La Yaguara. No tenemos a donde ir. Mi esposo tiene dos días sin ir a trabajar, no tenemos cómo hacerle teteros al bebé, una señora me ayuda hirviendo el agua”.

Un grupo de cerca de 40 personas partió temprano al Palacio de Miraflores, según afirmaron los afectados, que también elaboraron pancartas y llamados al Presidente de la República. Un contingente de la PNB vigilaba de cerca al grupo de damnificados mientras periodistas hacían preguntas y grababan los testimonios de los afectados.

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Un contingente de la Policía Nacional Bolivariana retuvo a un equipo de la Mesa de la Unidad Democrática que acudió a hacer entrevistas en el lugar. La comunidad reaccionó resguardando a los reporteros, que abordaron un vehículo que permaneció rodeado de funcionarios. Los policías pidieron al equipo de la MUD que se identificara y que entregara sus documentos (cédulas de identidad), que no devolvió sino hasta después de 15 o 20 minutos.

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Se buscan sapos: así operan los
Desde Contrainteligencia Militar persiste en el reclutamiento de “Agentes Civiles Operativos”, encargados también del reclutamiento de “patriotas cooperantes”. Al menos 12 manifestantes detenidos en 2014 por las autoridades fueron delatados por “patriotas cooperantes” o informantes anónimos infiltrados

 

@albertoyajure

LO PRIMERO QUE HIZO LA PROPIETARIA de un inmueble en Chacao detenida en abril de 2014, cuando supo que había sido “entregada” por “patriotas cooperantes”, fue pedirle a sus defensores que advirtieran a sus hijos: “Díganles que se cuiden de Bombón y La Princess, son infiltradas”.

“Patriotas cooperantes” es el término que el gobierno de Venezuela ha dado a los delatores, “sapos”, o agentes encubiertos empleados para infiltrar las filas de partidos políticos, grupos de manifestantes y disidentes. Al menos 20 causas judiciales iniciadas en 2014 contra estudiantes, manifestantes y dirigentes políticos compartirían el patrón de las acusaciones y delaciones de anónimos.

“Esa figura se dio a conocer de manera más extensa con el caso de Rodolfo González [a quien el presidente Maduro tildó como ‘El Aviador’]; y con las agentes encubiertas en el caso de Balvina Muñoz, pero no me queda la menor duda de que fue el modus operandi en la mayoría de las causas”, precisa la abogada Elenis Rodríguez, de Fundeci, una asociación civil que asistió casos de detenidos en 2014, entre estos a Muñoz, detenida en su vivienda y acusada de instigar al terrorismo.

Las dos supuestas delatoras de la propietaria del apartamento en Chacao frecuentaban el campamento de estudiantes y manifestantes instalado en la plaza Alfredo Sadel, en Las Mercedes, Caracas. Fue después de que sus identidades como funcionarias adscritas al Cicpc fueron descubiertas ante el grupo, que se produjeron las primeras detenciones de integrantes de este campamento, entre las que estaba la dueña del inmueble, acusada de organizar “manifestaciones violentas”. Algunos nombres han sido cambiados, pero el relato es de una defensora que la asistió en el caso.

Los testimonios, llamadas telefónicas y denuncias secretas —y en ocasiones forjados— a distintos cuerpos de seguridad han sido el sustento fundamental de las imputaciones y el encarcelamiento prolongado de los acusados. La primera mención de “patriotas cooperantes” apareció en 2011 en un expediente judicial en los tribunales de Puerto Ayacucho: supuestos denunciantes anónimos habían colaborado con militares en la detención de dos colombianos vinculados a la minería ilegal, según reveló un trabajo firmado por Javier Ignacio Mayorca y publicado en mayo de 2014 en El Nacional.

La utilización de anónimos para sustentar denuncias se ha extendido desde entonces y ha cobrado notoriedad por el uso habitual que portavoces del Gobierno han hecho de estos para criminalizar a ciudadanos. El diputado Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional (AN), ha incorporado a su programa televisivo “Con el mazo dando”, que transmite VTV, una sección exclusiva a las denuncias de supuestos “patriotas cooperantes”.

En solo 9 ediciones de su programa emitidas entre noviembre y diciembre de 2014, Cabello narró las infidencias de 13 supuestos “patriotas cooperantes” y acusó a 165 personas y organizaciones, según reveló en enero de 2015 un reporte de IPYS Venezuela. Pero esta es quizá solo una modalidad de delación y criminalización a la disidencia. El informe de gestión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) correspondiente a 2014, y las denuncias de detenidos apuntan a que organismos de seguridad, entre los que se incluyen el CICPC y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) colocaron a agentes y contratados en campamentos de manifestantes antigobierno, grupos estudiantiles y hasta partidos políticos.

Modus Operandi: El perfil de un “patriota cooperante”

Las acusaciones y denuncias de anónimos sustentaron las detenciones y juicios contra Rodolfo González, Renzo Prieto, Yeimi Varela, Rosmit Mantilla; también en el allanamiento y aprehensión de Balvina Muñoz, quien entrevistó a jóvenes para un libro que titularía “Amor en tiempos de guarimba”. Los “patriotas cooperantes” también colaboraron con las autoridades en las detenciones practicadas en los campamentos en la PNUD; y en el caso de Araminta González, técnico en procesos químicos detenida en el INOF desde el 24 de julio de 2014, acusada de preparar explosivos y vinculada a otros tres acusados: el politólogo Vasco Da Costa; Efraín Ortega, trabajador del BCV y José Luis Santamaría, un técnico electrónico.

“Los ‘patriotas cooperantes’ eran personas jóvenes en su mayoría, que exhibían una conducta más radical a la del resto, incitaban a los demás a participar en actos de violencia. Establecieron vínculos de confianza con la gente que manifestaba; además estudiaban a sus objetivos. Eran chamos bien parecidos o tipas ‘explotadas’. Se presentaban y decían que tenían contactos, que conocían gente que podía ayudar”, explica Rodríguez.

Los agentes infiltrados o delatores también imitaban las posturas, el lenguaje y la apariencia de las personas que seguían o vigilaban. Varias veces, los detenidos atestiguaron que había personas con el rostro cubierto o encapuchados parados junto a los funcionarios militares que señalaban que serían apresados. “La misma GNB les tapaba la cara o facilitaba esto”, afirma Rodríguez.

“La GNB dispersaba manifestaciones, que en la mayoría de los casos eran pacíficas, y la gente corría. Era en ese momento cuando capturaban de manera aleatoria a todo el que pudieran dar alcance. Así detuvieron a la mayoría de las personas. Los presentaban en tribunales con los mismos delitos y las mismas condiciones de modo, tiempo y lugar”, dice Rodríguez.

Aunque la figura del “patriota cooperante” no aparece contemplada en las leyes venezolanas, algunos tribunales han validado y permitido la presentación de testimonios de informantes anónimos, de “agentes” encubiertos. Denisse Bocanegra, juez temporal del Tribunal 9no de Control, pretendió que “patriotas cooperantes” identificaran a dos acusados (Balvina Muñoz y Marcelo Crovato) mediante una videoconferencia por Skype sin presentarse en la sala de juicio. En ambos casos los acusados rechazaron el procedimiento y se levantaron la vestimenta para cubrirse el rostro.

El abogado José Vicente Haro, quien también atendió casos de detenciones por acusaciones de ‘patriotas cooperantes’, asegura haber visto a una de las jóvenes, una muchacha morena,  que acampaba en la plaza Alfredo Sadel trabajando como personal de custodia y uniformada como funcionaria del SEBIN en El Helicoide. “Cuando pregunté a los muchachos me respondieron que sí, que había sido una infiltrada. Ahora es una de las carceleras”.

Haro, quien asumió desde el 6 de mayo la defensa de Araminta González, denunció las torturas a las que su cliente habría sido sujeta por parte de funcionarios de la División Contra el Terrorismo del Cicpc. Las autoridades acusaron a González, quien trabajaba en dos empresas farmacéuticas, de preparar explosivos. En el expediente se menciona un supuesto delator y “patriotas cooperantes”, aunque las investigaciones adelantadas por el abogado muestran indicios de que dos jóvenes, a quienes González dio refugio “de buena fe”, estarían involucrados en su detención.

El hurto de algunos artículos de tecnología del que González fue víctima en su apartamento de Guarenas y las amenazas que recibió días antes de su detención para que no los denunciara, habrían precipitado su “arbitraria” detención. Haro afirma que tiene elementos que soportan la presunción de que uno de estos dos jóvenes vinculados a las manifestaciones era un “patriota cooperante”.

Un perfil: La mente de un “echa paja”

Adrian Liberman, psicoanalista y especialista en la elaboración de perfiles, cuestiona la definición que el Gobierno y los altos funcionarios han dado a los delatores. Considera que “patriota” y “cooperante” son dos palabras que poseen una carga o valoración positiva, mientras “delator” o “infiltrado” serían asociadas por la mayoría de las personas con actividades innobles, como la traición y el engaño.

“El oficialismo ha sido muy hábil para usar las palabras y vaciarlas de contenido. Ha utilizado eufemismos como el ‘patriota cooperante’ para designar a los delatores y esconder las verdaderas funciones de estas personas, que eran las de engañar y mentir para vender a otros amparándose en la idea y el convencimiento de que protegen el país”, explica.

Liberman además ha elaborado un perfil psicológico de personas que podrían trabajar como delatores e infiltrados: las acciones de estos individuos están guiadas por un afán de destruir al otro, tienen tendencia y facilidad para la mentira y engaño, y además no exhiben remordimientos o sentimientos de culpa. “Y en caso de que lo tengan, está muy bien amortiguado”, dice.

“Este tipo de personas tienen conductas antisociales y de sociópatas. Racionalizan su comportamiento en la premisa de que actúan en beneficio del bien común, de que trabajan para proteger al Estado. De esa manera evaden los cuestionamientos o culpa sobre lo que hacen”, indica. Agrega, además, que la utilización de infiltrados y delatores es una actividad “propia de los regímenes totalitarios y dictaduras”.

Escuela para “Funcionarios Civiles Operativos”

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Los cuerpos de seguridad del Estado continúan captando y reclutando de agentes para que sirvan como espías, delatores e infiltrados. La DCGIM publicó en junio de 2015 en su página en Internet (www.dgim.mil.ve) la convocatoria del proceso captación y selección para el curso de formación de “Funcionarios Civiles Operativos de Contrainteligencia Militar”.

El documento de acceso público indica que el programa de formación “está enmarcado dentro de los objetivos históricos del Plan de la Patria”. También enuncia los requisitos y el perfil de los aspirantes: venezolanos de nacimiento, con titulaciones universitarias, menores de 26 años, soltero o soltera y sin hijos, con una estatura mínima de 1,60 metros, que no tengan antecedentes penales o sanciones administrativas y que no hayan sido expulsados de academias o institutos militares.

Los agentes o “Funcionarios Civiles Operativos” son personal de carrera, que asciende de acuerdo a líneas de jerarquía similar a la de otros organismos como el Cicpc. Los “Funcionarios Civiles Operativos” son distintos a los “patriotas cooperantes”, a los que el gobierno y cuerpos de seguridad dan un uso político-partidista aunque tienen entre sus tareas “reclutar” a los “patriotas cooperantes”, aclara una fuente. La convocatoria para reclutar estos funcionarios se debería a la deserción de agentes y malestar por la “politización” de los cuerpos de inteligencia. El “patriota cooperante” —en todo caso— no pertenece a la DGCIM.

 

(*) Una versión anterior de este trabajo publicada el viernes 24 de julio colocaba erróneamente a los “Funcionarios Civiles Operativos” como “patriotas cooperantes” o informantes anónimos. Aunque los primeros —con régimen más formal y que responden a jerarquías— son los encargados de reclutar a los segundos, que cumplen una función utilitaria o al servicio de fines políticos.