Luiz Inácio Lula da Silva

LOS EXPRESIDENTES DE ODEBRECHT, vinculados al mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, confirmaron a la justicia brasileña financiar obras en una casa de campo que la Fiscalía atribuye al encarcelado ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

Las acusaciones fueron confirmadas en declaraciones este miércoles a la justicia por Marcelo y Emilio Odebrecht, y por Alexandrino Alencar, antiguo directivo de la constructora que fue vinculada por la Operación Lava Jato, quienes actualmente tienen acuerdos de colaboración con la justicia.

El caso, uno de los seis procesos que tiene la justicia contra Lula da Silva, se refiere a unas reformas realizadas por la constructora Odebrecht en una casa de campo en la ciudad de Atibaia, municipio del estado de Sao Paulo, cuya propiedad está a nombre de allegados de Lula, pero que era frecuentada exclusivamente por el ex presidente y su familia.

Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010 , fue condenado en segunda instancia a 12 años y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero, acusado de haber recibido a manera de soborno un apartamento en el balneario de Guarujá, en el estado de Sao Paulo.

En las nuevas declaraciones, los ex ejecutivos confirmaron haber financiado obras en la casa de campo por solicitud de la entonces primera dama, Marisa Leticia, esposa de Lula y quien falleció el año pasado.

Alencar reiteró a la juez que las obras en el «sitio de Atibaia» se realizaron a petición de la ex primera dama Marisa Leticia, quien no estaba contenta con unas reformas que venía adelantando otra empresa en la propiedad.

Emilio Odebrecht confirmó haber aprobado la petición hecha por la esposa de Lula para Alexandrino y también dijo que recomendó al entonces director de la constructora ser lo «más discreto posible» en la ejecución de las intervenciones».

El Tribunal Superior Electoral de Brasil votó el viernes en contra de que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva se postule a los comicios presidenciales de octubre a pesar de que encabeza las encuestas, fallo que agrega incertidumbre a una contienda en la que ya no hay un claro favorito.

En una sesión que se extendió hasta la madrugada del sábado, los jueces sufragaron 6-1 en contra del alguna vez enormemente popular presidente, que está encarcelado por una condena de corrupción que considera una farsa.

El izquierdista Partido de los Trabajadores de Lula emitió un comunicado en el que afirma que apelará, pero parece haber pocas probabilidades de que tenga éxito. Aparentemente eso dejaría el destino del partido en manos de su actual candidato a vicepresidente Fernando Haddad, un exalcalde de Sao Paulo que hasta ahora ha registrado un solo dígito en las encuestas y tendría que apoyarse en el carisma de Lula para poder ganar.

El juez del Supremo Tribunal Federal Luis Roberto Barroso emitió el primer voto contra Lula, diciendo que el fallo fue “muy simple” porque la ley prohíbe la participación de candidatos cuya declaración de culpabilidad ha sido refrendada por una corte de apelaciones.

“Aquí no hay margen para que el tribunal electoral haga ninguna otra evaluación salvo la que muestra que hay una declaración de culpabilidad, y esa condena afecta los requisitos del candidato para poder participar”, señaló Barroso.

El juez Edson Fachin no estuvo de acuerdo, y mencionó una exhortación reciente de una comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas para que se permitiera que Lula se postulara mientras sigue apelando su declaración de culpabilidad.

Incluso mientras los jueces debatían, el Partido de los Trabajadores difundió anuncios en las redes sociales protagonizados por Lula, apegándose a una estrategia de mantener al expresidente a la vista del público lo más posible.

Lula, exlíder sindical de 72 años, fue el mandatario de Brasil durante un período de auge de 2003 a 2010, promoviendo políticas sociales que sacaron a millones de personas de la pobreza. El expresidente estadounidense Barack Obama lo llamó alguna vez “el político más popular de la Tierra”.

Pero Lula y su partido han perdido mucho de ese atractivo en los últimos años debido a un desplome económico durante el gobierno de Dilma Rousseff, la sucesora que él eligió, y una amplia pesquisa anticorrupción en la que se han visto involucrados muchos altos empresarios y políticos, incluido el mismo Lula.

El expresidente cumple una sentencia de 12 años por corrupción y lavado de dinero tras ser declarado culpable de favorecer a la compañía constructora Grupo OAS a cambio de que le prometiera darle un apartamento en la playa.

Barroso dijo que el Partido de los Trabajadores debería reemplazar a Lula en un plazo de 10 días, y que él no debería aparecer como candidato presidencial en el tiempo gratuito que se les concede a los partidos políticos en la televisión y radiodifusoras nacionales a partir del sábado.

En un comunicado el viernes por la noche, el Partido de los Trabajadores dijo que apelará el fallo del Tribunal Electoral, de la misma forma en que Lula lucha para revocar su condena por corrupción.

Con Lula fuera de la contienda, se espera que Haddad ocupe su lugar en la postulación del Partido de los Trabajadores. Las encuestas muestran un apoyo tibio a la postulación de Haddad, pero el partido espera que la popularidad de Lula pueda impulsar las aspiraciones del exalcalde.

Haddad visitará el sábado Garanhuns, una ciudad en el empobrecido noreste de Brasil donde Lula nació.

La exacerbación de la podredumbre, de la corrupción y el acusado entendimiento de parte de las élites políticas latinoamericanas – arguyendo necesidades de paz y gobernabilidad – con las manifestaciones más perversas de la criminalidad transnacional contemporánea: el narcoterrorismo y el lavado de los dineros sucios, está produciendo un hartazgo en nuestras sociedades. Acaso algo bueno podrá salir de ello, en revancha. La perspectiva es hoy más clara y rasgadora que en el pasado reciente, sin lugar a duda, pues hasta ayer se creía que todo se reduce a la corrupción de siempre.

Lo paradójico es que quienes, a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, asumen las banderas de lucha contra la falta de probidad y el reclamo por la rendición de cuentas de parte de los funcionarios del Estado – lo que en el pasado se conoce como el juicio de residencia – llevando a los políticos ante el patíbulo de la opinión pública, al término son hoy los realizadores del matrimonio diabólico de la misma política, en nombre de la anti-política, con el mundo del narcotráfico y el crimen globalizado.

Se trata de los marxistas y sus usufructuarios de circunstancia – los de siempre y en toda hora, en gobiernos de cualquier signo – y que, a conveniencia, viudos del cambio de la historia ocurrido junto con la caída del Muro de Berlín, huérfanos y discriminados como se dicen, mutan a propósito en socialistas del siglo XXI. Ahora se diluyen – bajo la escuela de los Zapateros y los Samper – tras el telón del “progresismo” o del humanismo socialista, luego de quedar todos al desnudo con los escándalos de Lula da Silva en Brasil, la Kirchner en Argentina, la macabra pareja nicaragüense de los Ortega, Morales y sus socios-listos, Maduro y sus socios de cartel en Venezuela, y párese de contar.

El caso es, que hasta finales del pasado siglo el problema, que efectivamente lo es y lo repito, se limita a la corrupción administrativa, al peculado o la desviación de dineros del tesoro público para asuntos distintos de los preestablecidos por la ley: Una enfermedad que carcome en la propia región desde las guerras de Independencia, cuando Bolívar y Páez, desde Venezuela y como molde, ofrecen a los suyos, a sus soldados, repartirles liberalmente los bienes del gobierno si logran la victoria.

De la corrupción me hablan, en efecto, los imberbes soldados quienes participan de las asonadas de 1992 en calidad de “bolivarianos” y quienes, ante mi reclamo, así se justifican. Buscan resquicios constitucionales para encubrir la felonía. No por azar – es lo que importa subrayar y reitero en varios de mis libros (De la revolución restauradora a la revolución bolivariana, 2009; El problema de Venezuela, (2016); Civilización y barbarie, 2018 – la impudicia del comportamiento virreinal de quienes en nombre de la anti-política se hacen del poder público venezolano, una vez alcanzado frenan la simulación. La codicia es más fuerte y ser simples corruptos no les basta.

Tanto que, desde el primer día de su elección, cuando asume como presidente electo el pacato comandante de Sabaneta de Barinas, Hugo Chávez Frías, lo primero que hace es ordenar se le fabrique su banda presidencial en Madrid, por la misma firma que elabora la de los reyes españoles. Era un primer síntoma, un mal signo. Pero ello es “peccata minuta”. No pasan meses sin que llegue lo insólito e inédito, el pacto con las FARC de agosto de 1999 para hacer del Estado venezolano domicilio del crimen de narcotráfico y el tráfico de armas a nivel global. Lo que conlleva a un predicado hoy manifiesto: el marxismo tropical y militarista asume el poder para no dejarlo o abandonarlo jamás.

No se trata de lo que repite el dictador Juan Vicente Gómez durante la primera mitad del siglo XX: ¡De aquí no me saca sino Dios! Es que el Estado es en lo adelante el articulador del mal absoluto, y por ello sorprende que, quienes desde la acera de la política vuelven ahora por sus fueros, para expulsar del poder regional a las manifestaciones de la anti-política vestidas de socialismo, creen que el asunto es político, como la corrupción, y nada más, que urge cauterizar otra vez, y nada más.

Extraña, por ende, que en la medida en que el escándalo de la ODEBRECHT – trasnacional brasilera de las “mermeladas”, dirían los neogranadinos – cubre a la región y remueve gobernantes beneficiados de sus coimas, en otra aparente operación anti-política, todos a uno, políticos y antipolíticos no mencionen lo vertebral y que le ha dado muerte a la política dejando a nuestras sociedades sin tejidos, haciéndolas líquidas, sometiéndolas a la inopia, a saber, el dominante de las drogas y sus negocios.   

Siendo así, cuando se aprecia que algunos políticos le sirven la mesa a las prácticas anti-políticas del narco-poder, para forzar un juego de alternabilidades simuladas, uno se harta y hasta se dice ¡que se vayan todos, políticos y antipolíticos, y que el último apague la luz, para que otra luz renazca!

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El juez federal Sergio Moro emitió el jueves una orden de arresto contra Luiz Inácio Lula da Silva, horas después de que el Supremo Tribunal Federal denegó una solicitud del expresidente de Brasil para no ir a la cárcel mientras apela una sentencia de culpabilidad por corrupción.

Moro le dio a Lula un plazo de 24 horas para que se presente ante la policía federal en la ciudad sureña de Curitiba.

El año pasado, Moro declaró culpable a Lula de hacer favores a una compañía constructora a cambio de la promesa de un apartamento en la playa. Un tribunal de apelaciones refrendó dicha declaración de culpabilidad en enero.

De manera unánime, los cinco ministros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazaron la solicitud de la defensa del ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva para evitar que el precandidato de Partido de los Trabajadores vaya a la cárcel.

La decisión descartar el habeas corpus preventivo con el que la defensa esperaba que el presidente evitara pasar por prisión antes del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4) resuelva el proceso judicial al que se enfrenta.

Uno de ellos es el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima instancia judicial del país, donde se discuten aspectos constitucionales.

El pasado 28 de marzo, de manera unánime, el tribunal ratificó la condena de Lula Da Silva y aumentó la pena a 12 años y en mes por corrupción pasiva y lavado de dinero.

Lula es investigado por presuntos sobornos que recibió de la empresa OAS a cambio de favorecer a la compañía petrolera estatal.

En horas previas a la decisión del tribunal, el Ministerio Público insistió en que el acusado debe cumplir su pena en la cárcel de inmediato y pidió que una vez que el STJ decida sobre la apelación sea informada al tribunal de primera instancia (TRF).

El ex mandatario busca ser candidato en los próximos comicios presidenciales, donde es el favorito según las encuestas. Sin embargo si es condenado podría quedar inhabilitado por tener una condena ratificada en segunda instancia.

La Tercera

«Yo diría que es natural. Nunca podrían ser igual las relaciones que yo tengo con Lula, éstas preceden a nuestra condición de presidentes, yo conocí a Lula por allá por los años 90 cuando salía de prisión y comenzamos a hacer una relación que es muy profunda y una amistad que es como perfecta», así describiría su amistad el expresidente Hugo Chávez, para con su homólogo el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

La relación entre ambos mandatarios siempre fue muy estrecha, así lo demostró la alianza que se concretara en 2011 entre Petróleos de Venezuela y Brasquen, para lo cual se aprobó un acta de compromiso entre ambas empresas para hacer un polo petroquímico que hasta la fecha continúa en incógnito.

Lula da Silva jamás tuvo malas palabras para su homólogo venezolano, en 2014 y durante su intervención en la conferencia ministerial sobre la unidad y la integración de la región que se celebró en Guayaquil, Ecuador, el exmandatario brasileño aplaudió la participación de Chávez como uno de los continuadores de un proyecto jamás visto en la región.

«Chávez y Kirchner fueron personajes ilustres para la integración, líderes históricos que demostraron su compromiso y amor por los pueblos del sur», dijo al referirse a su amistad con los jefes de Estado.

Ambos mandatarios padecieron de cáncer en 2012 y pese a sus dolencias físicas describieron el año mencionado como “un gran año”, luego de compartir una llamada telefónica revelada por el Ministerio de Exteriores.

Chávez recibió la llamada de Lula en Cuba, donde fue operado en tres ocasiones y recibió un tratamiento de quimioterapia y otro de radioterapia, debido a un cáncer en la zona pélvica, sin embargo, el entonces presidente no logró superar la enfermedad y falleció. Su amigo Lula da Silva por su parte tuvo más suerte y vio desaparecer el tumor que padecía en la laringe.

Ante la muerte del mandatario venezolano y la toma de posesión del actual presidente, Nicolás Maduro, el expresidente brasileño aseguró que contar con Maduro en la presidencia es concretar la Venezuela que Chávez soñó. «Chávez y Maduro tuvieron las mismas concepciones en relación a los desafíos que Venezuela tenía por delante, en defensa de los más pobres», expresó Lula da Silva.

Superó el cáncer, pero ahora le toca la dura prueba de 9 años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero.

«Prueben que soy corrupto e iré caminando a la cárcel», asomó una vez Lula.

Como expresidente, logró mantener su popularidad intacta hasta que la crisis hizo mella en su pupila, la ex destituida presidenta Dilma Rousseff. El «Lava Jato», la investigación de la monumental trama de desvíos de Petrobras, golpeó al gobierno del Partido de los Trabajadores.

Con información de Tal Cual 

El empresario brasileño Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora Odebrecht, declaró ante la Justicia haber pagado 13 millones de reales (unos 4,15 millones de dólares) en efectivo al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva entre 2012 y 2013, informaron este martes medios locales.

En junio de 2015, la policía brasileña encargada de investigar la macrotrama corrupta de la petrolera estatal Petrobras arrestaba, en su lujosa casa de São Paulo, a uno de los empresarios más poderosos de Brasil, Marcelo Odebrecht. El mundo económico brasileño se echó a temblar; el mundo político, también. Y no han parado desde entonces de hacerlo. Los secretos que podía guardar el nieto (y ya por entonces presidente) de la mayor constructora de América Latina, con 168 mil empleados, y con ramificaciones en 28 países, entre otros, en Venezuela, Colombia, Perú o Estados Unidos, eran de tal calibre y de tal potencia que podían, por si solos, derribar presidencias o hacer caer gobiernos en toda la región.

Durante muchos meses, Marcelo, un hombre pagado de sí mismo y de carácter fuerte, se negó a aceptar el regalo envenenado de la Fiscalía brasileña: confesar lo que sabía (esto es: a quién había sobornado para conseguir contratos golosos) a cambio de rebajar la condena. Pero la situación en caída libre de la empresa, sobre la que pesaba una prohibición de presentarse a concursos públicos, más las pruebas recogidas por los investigadores (la carpeta olvidada de una secretaria en la que figuraban los nombres y apodos de los políticos sistemáticamente sobornado constituyó una de las más concluyentes) le hicieron doblegarse.

Aceptó cantar y delatar a cambio de rebajar diez años la condena (de 19 años). Con él, otros 77 altos cargos de la empresa se prestaron también a dar nombres, fechas y cuantías a la policía a cambio de años de libertad.

Además de pedir perdón públicamente, la empresa, asimismo, se avino a pagar la mayor multa impuesta a una compañía acusada de corrupción: 3 mil 500 millones de dólares, repartidos entre los Gobiernos de Brasil, Estados Unidos y Suiza (países que también investigaban a Odebrecht por sus prácticas corruptas). A cambio, dejaba de estar proscrita y volvía a poder concursar a obras públicas, su principal fuente de ingresos.

Pero una vez que las investigaciones se habían puesto en marcha, nada iba a impedir que el torrente de revelaciones siguiera arrasándolo todo. Desde Estados Unidos y pasando por las fiscalías locales, ya afecta, fuera de Brasil, al presidente colombiano Juan Manuel Santos y al expresidente peruano Alejandro Toledo. “Odebrecht empleó una secreta, pero totalmente funcional, unidad de negocios de la empresa (un departamento de sobornos, por decirlo de alguna manera) que, sistemáticamente, pagó cientos de millones de dólares para corromper a funcionarios del Gobierno en países de los tres continentes», afirmó en diciembre de 2016 Sung-Hee Suh, fiscal general asistente de la División Criminal del Departamento de Justicia norteamericano.

Nada apunta a que la tormenta vaya a parar. Al contrario. Las confesiones de los más de 70 altos cargos (incluida la de Marcelo Odebrecht) están hoy por hoy en Brasil protegidas por el secreto de sumario. Pero no lo estarán por mucho tiempo y, más pronto o más tarde, se harán públicas. La prensa brasileña las denomina, acertadamente, “la confesión del fin del mundo”. Hace un mes se filtró la declaración de uno de esos altos cargos. Solo uno. Se llamaba Cláudio Melo Filho y su trabajo consistía, según afirmó ante la policía, en presionar (y sobornar) a políticos brasileños a cambio de que favorecieran los intereses de la empresa a la hora de conceder contratos o modificar leyes. Aseguró también que el actual presidente, Michel Temer, aceptó en la terraza de su palacio 10 millones de reales (más de 3 millones de euros) para su campaña electoral. Lo que esconda la declaración de Marcelo Odebrecht, que trataba con presidentes y ministros de muchos países, es dinamita pura a punto de estallar.

Esto es lo que se va conociendo de las diferentes investigaciones:

VENEZUELA

Según el detalle del caso abierto por la justicia norteamericana, en el caso de Venezuela, los pagos fueron de 98 millones de dólares a varios intermediarios que dijeron tener acceso directo a compañías públicas. El objetivo de Odebrecht era obtener información confidencial sobre proyectos y garantizarse concesiones.

COLOMBIA

La posibilidad de que el caso Odebrecht, empresa que confesó haber pagado en Colombia 11 millones de dólares en sobornos, salpicase al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha desatado un tsunami político desde el martes por la noche en el país sudamericano. La Fiscalía aseguró que parte del dinero recibido como soborno por un exsenador detenido a principios de año “habría” terminado en la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014. Este miércoles, el fiscal salió a matizar ese condicional y explicó que responde únicamente al testimonio del exsenador detenido pero que no hay prueba física de que ello ocurriese, por lo que ha pedido que se investigue, un reclamo que ha hecho el propio presidente. Mientras, el Gobierno en pleno salió en defensa de Santos.

El pasado 14 de enero fue detenido el excongresista del Partido Liberal Otto Bula, acusado de recibir una comisión de 4,6 millones de dólares por favorecer a Odebrecht en la concesión de una carretera. A partir de la declaración de Bula, la Fiscalía emitió el comunicado matizado después.

BRASIL

Las tramas corruptas que afectan a la clase política y empresarial de Brasil se entremezclan y el caso Odebrecht no es una excepción. Según la investigación en torno a la causa abierta que afecta a la petrolera estatal brasileña Petrobras se calcula que de los 20.000 millones de reales (6.400 millones de dólares) desviados, 7.000 (2.250 millones de dólares) fueron a parar a Odebrecht. Se cree que la multinacional accedió a esa fuente de dinero pagando hasta 1.000 millones de reales (320 millones de dólares) en sobornos a políticos y otros agentes públicos, generalmente en forma de donaciones para campañas electorales.

Hasta el momento, la pieza judicial vinculada a Odebrecht requería de que una instancia judicial diera validez a la confesión de hasta 77 de sus ejecutivos. Así lo hizo el Tribunal Supremo el pasado 30 de enero. La confesión se encuentra bajo secreto de sumario pero la prensa brasileña ha ido filtrando al público algunos nombres clave, entre los que están el actual presidente, Michel Temer y a sus antecesores Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva. Están también dirigentes del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), desde José Serra, actual ministro de Exteriores, a Geraldo Alckmin, gobernador de São Paulo y hombre fuerte para las generales de 2018. 

PERÚ

La Fiscalía anticorrupción ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para Alejandro Toledo, presidente del país entre 2001 y 2006. A Toledo, que se encuentra en París junto a su mujer Eliane Karp, se le acusa de haber recibido 20 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, a la que habría favorecido en la carretera Interoceánica Sur, que une Perú y Brasil. Desde la capital francesa ofreció una entrevista al programa Cuarto Poder, donde negó haber recibido los sobornos denunciados.

Toledo no es sin embargo el único expresidente peruano salpicado por la trama de corrupción de Odebrecht. La situación judicial del expresidente Ollanta Humala se enmarañó tras la revelación del diario brasileño Folha de Sao Paulo de que la empresa había entregado tres millones de dólares a su campaña presidencial. Antes de esta revelación, la justicia peruana ya investigaba desde hace meses a Humala por lavado de activos en el financiamiento de sus campañas.

Además, el pasado 31 de enero, las autoridades peruanas detuvieron a su llegada de Estados Unidos a Jorge Cuba, viceministro de Comunicaciones durante el segundo mandato presidencial de Alan García, predecesor de Humala. La Fiscalía acusa a Cuba de obtener dos millones de dólares por ayudar a Odebrecht a quedarse con la licitación de unas obras de metro.

Pero no sólo por corrupción ha salpicado Odebrecht la vida de los peruanos. Perú tuvo que cancelar la semana pasada el contrato para construir el Gasoducto del Sur, cuya inversión de 7.000 millones de dólares ha sido la mayor en infraestructura en la historia de este país. El consorcio encargado de la obra, encabezado por Odebrecht, no contó con la financiación necesaria para terminarla. Ha sido multado.

ARGENTINA

En Argentina estaba muy instalada la idea de que el caso Odebrecht era un problema del kirchnerismo. Durante los 13 años en el poder de Néstor y Cristina Kirchner la multinacional brasileña hizo grandes negocios y, según la investigación judicial, aportó a “intermediarios” en Buenos Aires 35 millones de dólares que le permitieron acceder a contratos por unos 278 millones de dólares. Sin embargo, el escándalo ha dado un vuelco inesperado y ha tocado de lleno el entorno del presidente actual, Mauricio Macri.

El jefe del espionaje argentino, Gustavo Arribas, íntimo amigo del presidente (hasta el punto de que le alquila el departamento de lujo en el que vivía antes de trasladarse a la residencia oficial) se ha visto obligado a declarar ante la justicia argentina por unas transferencias de casi 600.000 dólares que le hizo en 2013 Leonardo Meirelles, la persona que utilizaba habitualmente Odebrecht para pagar sus sobornos. La hipótesis que manejó La Nación, el diario que publicó la noticia, es que se trataba de una coima por la obra del tren Sarmiento, en la que participaba el primo de Macri, Ángelo Calcaterra.

El Gobierno argentino desmintió indignado esta hipótesis y Macri defendió a su amigo: “No entiendo de dónde sacan la vinculación con Odebrecht, es un cuento”, llegó a decir.

MÉXICO

Odebrecht reconoció haber pagado 10,5 millones de dólares en sobornos a “altos funcionarios de una empresa controlada por el Estado (mexicano)”. Los representantes de la constructora brasileña admitieron en diciembre a las autoridades judiciales de Estados Unidos que el pago de coimas se hizo entre octubre de 2013 y finales de 2014 para ganar contratos con una compañía de la que no revelaron el nombre.

La Secretaría de la Función Pública (SFP), que se encarga de investigar las acusaciones de corrupción en contra de funcionarios, dijo que investigaría el caso. Petróleos Mexicanos (Pemex, la petrolera paraestatal) también se pronunció públicamente en favor de revisar tres grandes contratos que otorgó a Odebrecht y por los que obtuvo 39 millones de dólares en beneficios. Entre ellos la construcción al norte del país del gasoducto Los Ramones, de 450 kilómetros de longitud, y el acondicionamiento de un terreno donde se levantará la refinería de Tula, Hidalgo.

En el tiempo en que se pagaron los sobornos, Pemex era un actor central en la apertura del sector energético mexicano. A finales de enero, Arely Gómez, la titular de la SFP, dijo que el caso de los sobornos de Odebrecht a funcionarios mexicanos es una de sus prioridades, pero no presentó ningún avance en la investigación.

REPÚBLICA DOMINICANA

Odebrecht pagará en este país y a lo largo de ocho años los 184 millones de dólares que se comprometió a entregar al Estado dominicano en concepto de compensación por los sobornos que la compañía admitió haber pagado en el país para obtener contratos de obras públicas. La Fiscalía reveló el pasado 2 de enero, según recogió Efe, detalles del acuerdo firmado con la empresa brasileña, alcanzado el pasado 20 de enero, por el cual esta se comprometió a abonar dicha cantidad.

Según el acuerdo, «dicho monto será desembolsado paulatinamente en un plazo de 8 años, mediante pagos anuales parciales hasta enero del año 2025, iniciando con un primer abono de 30 millones de dólares, desembolsado a la firma del acuerdo el pasado miércoles». Destacó que, además de Brasil, República Dominicana es «el único país latinoamericano que, a la fecha, ha logrado una compensación que duplica el monto de los sobornos reconocidos».

ECUADOR

Ecuador también se ha visto afectado. Funcionarios del Gobierno recibieron pagos por 33,5 millones entre los años 2007 y 2016. En la actualidad, la Fiscalía ecuatoriana ha pedido ayuda a España para tomar declaración a Rodrigo Tecla Durán, un implicado detenido en suelo español que puede aportar información sobre el caso Odebrecht en Ecuador, según informa EFE. Durán es investigado por presunto lavado de capitales, soborno de funcionarios y pertenencia a una organización criminal.

PANAMÁ

Así como ha pasado con República Dominicana, la firma Odebrecht ha cerrado un acuerdo verbal con las autoridades de Panamá para, en primer lugar, pagar una indemnización por la trama de sobornos en el periodo 2010-2014 y, en segundo lugar, colaborar en la investigación si es necesario. Según informó la Fiscal General panameña el pasado 12 de enero, la constructora brasileña pagará como reparación 59 millones de dólares.