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Liliana Ortega

121 agresiones contra defensores de DDHH fueron registradas entre 2018 y 2019
Cofavic junto a otras organizaciones elaboraron un informe en el que se señala al gobierno de Maduro como el principal perpetrador de los ataques

@franzambranor 

121 agresiones contra activistas de derechos humanos fueron registradas en Venezuela entre 2018 y 2019, según un informe de Comité de Familiares de Víctimas (Cofavic), el Observatorio para la Protección de los Derechos Humanos, la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, el Centro para los Defensores y la Justicia, la Federación Internacional para los Derechos Humanos, la Organización Mundial contra la Tortura y la Unión Europea. 

De los 121 ataques, 60 fueron casos de difamación, 32 de acoso, 12 de intimidación y 8 de detenciones arbitrarias.

En 31 % de los ataques se utilizó el portal Misión Verdad, 29 % el programa de televisión Con el Mazo Dando y en 14 % se emplearon a los cuerpos de seguridad del Estado.

De acuerdo al informe, los organismos de derechos humanos son catalogados en Venezuela como “enemigos internos” y las instituciones públicas son empleadas para hostigar y difamar a las voces que denuncian atropellos por parte del Estado.

Según la investigación, el gobierno aparece como el principal perpetrador de los ataques, empleando sus herramientas de comunicación y los cuerpos de represión. 

“El simple hecho de participar en labores humanitarias implica exponerse a ataques por parte del Estado”, denunció en el informe la directora de Cofavic, Liliana Ortega. 

En el informe se refleja el amedrentamiento a la ONG Prepara Familia, el hostigamiento a la presidenta del Colegio de Enfermeras de Distrito Capital, Ana Rosario Contreras y la ejecución extrajudicial por parte de cuerpos policiales al sobrino de la defensora de derechos humanos, Ruth Perez. 

“Leyes regresivas, impunidad y la estigmatización como política de Estado definen una tormenta perfecta para el derecho a defender los derechos humanos en Venezuela”, indicó en el informe, Gerald Staberock, secretario general de la OMCT.

En el documento también se expone que el gobierno pretende criminalizar la libertad de asociación y avanzar en la asfixia económica de las ONG al restringir el financiamiento internacional.

“Concebir a quienes defienden derechos humanos como enemigos internos, terroristas o agentes desestabilizadores es una acción perversa que refuerza la crisis política y de derechos humanos que experimenta Venezuela”, sostuvo la presidenta de la Federación Internacional para los Derechos Humanos, Alice Mogwe. 

Cofavic: Venezuela entró en el patrón de las desparaciones forzadas
Se cumplió un año de la muerte del concejal Fernando Albán 

 

La abogada y directora ejecutiva del Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic), Liliana Ortega, denunció la existencia de patrones que violan los derechos humanos en el país. 

Ortega denunció que frente a lo sucedió con el concejal Fernando Albán, “nuestro país ha entrado en el patrón de irregularidades como lo son las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias, cuyas prácticas deben cesar”.

A su juicio, “este suceso es muy grave y a la vez preocupante, porque se percibe un irrespeto a los derechos humanos en el país”.

Bajo su óptica, el Estado “debe garantizar que todas las denuncias de tortura, malos tratos y ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley sean investigadas de manera inmediata, exhaustiva e imparcial y los presuntos autores sean procesados, juzgados y castigados con penas proporcionales a la gravedad de sus actos”.

Por otro lado, reiteró que debe haber garantía de que los cuerpos de seguridad y organismos afines que trabajan en la seguridad pública tengan un carácter estrictamente civil y profesional a todos los niveles, como se estipula en el artículo 332 de la Constitución Nacional, y enmienden las leyes, reglamentos y planes que autorizan la participación militar en el mantenimiento del orden público, incluidas la OLP y la Resolución N ° 8610.

Sostuvo que deben eliminarse “las barreras que facilitan la impunidad incluyendo la ocultación de la identidad de los agentes del orden, la penalización y la banalización de las víctimas y la modificación de informes de la policía”, concluyó.

Albán, quien militaba en el partido opositor Primero Justicia, falleció en octubre de 2018 tras ser detenido por la policía política venezolana. Las autoridades indicaron que murió al lanzarse desde uno de los pisos de la sede capitalina del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, mientras la oposición denunció que falleció a consecuencia de las torturas que recibió.

Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) dio el primer paso para investigar la muerte de un concejal opositor venezolano mientras estaba bajo custodia policial, un caso que provocó conmoción dentro y fuera de Venezuela.

Víctimas y ONG piden que amnistía de Guaidó no incluya abusos contra los derechos humanos

REPRESENTANTES DE ONG, FAMILIARES Y DIPUTADOS consideran que la Ley de Amnistía no puede beneficiar a todos los funcionarios, menos a quienes hayan cometido abusos contra los derechos humanos.

Liliana Ortega, directora del no gubernamental grupo Cofavic, agregó que “todas las iniciativas son importantes, pero es fundamental escuchar a las víctimas, porque todas las medidas de (amnistía) deben cumplir con los estándares internacionales”.

“Este texto tiene ser ampliamente consultado y debatido y que llegue a los cuarteles”, señaló el sábado la diputada Delsa Solórzano, que fue parte del grupo de media docena de diputados que redactó el proyecto.

El plan será sometido a consulta este lunes con comités de víctimas y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, que ya han advertido que los beneficios no pueden amparar a personas vinculadas a delitos de lesa humanidad, como asesinato, tortura y persecución política, entre otros.

“La amnistía es buena siempre que no sea para violadores de derechos humanos”, dijo Bonny de Simonovis, esposa de Simón Simonovis, un jefe policial detenido en 2002 y que está bajo arresto domiciliario.

“Ellos (oficiales) nos necesitan a nosotros y nosotros a ellos, a diferencia de la tónica del gobierno de odiar y dividir al país, nosotros queremos sumar”, agregó durante un acto de apoyo al texto legal.

Para los organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, los diputados tienen que discutir ampliamente y mejorar algunos aspectos del proyecto.

“Desde el punto de vista político es comprensible”, pero “es cuestionable por los derechos humanos”, dijo Gonzalo Himiob, directivo del no gubernamental Foro Penal, quien planteó que la amnistía y las garantías a los funcionarios tienen que estar en textos separados.

Eduardo Trujillo, director del centro de derechos humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, dijo que “la amnistía y el llamamiento que se está haciendo a civiles y militares para que contribuyan (…) es un elemento que está siendo utilizado como palanca por la Asamblea Nacional para tratar de contribuir” al cambio de gobierno.

Pero entre los activistas “la mayor preocupación que tenemos es (… que) se puedan colar violadores de derechos humanos con el ánimo de obtener beneficios procesales (…) hacer que los delitos que hayan cometido no sean punibles”.

Familiares de presos políticos han participado en las actividades del Parlamento, y algunos como Juan Guillermo Requesens, padre del diputado Juan Requesens, preso desde agosto del pasado año, dijo que “es bueno sumar para restablecer el orden democrático, pero la violación de derechos humanos no prescribe”.

 

#MonitordeVíctimas | 571 caraqueños fueron asesinados por organismos policiales en nueve meses
Monitor de Víctimas ha registrado 1.242 homicidios en nueve meses en la Gran Caracas, desde mayo hasta diciembre. El principal móvil de estas muertes es la resistencia a la autoridad, que implica la participación de los cuerpos de seguridad. 63% (780 casos) ocurrió en el municipio Libertador, mientras que 36% se registró en los sectores capitalinos del estado Miranda

 

@fabicrisci17

EL REGISTRO DE ESTAS CIFRAS fue hecho por Monitor de Víctimas, un proyecto desarrollado por Runrun.es y Caracas Mi Convive, que combina periodismo de datos, participación ciudadana y periodismo de investigación. A través de la recolección de información -en alianza con ElPitazo.com, EfectoCocuyo.com, Crónica. Uno y El Coorperante- sobre los homicidios que ocurren en la capital venezolana, se busca caracterizar los hechos e identificar patrones que contribuyan con el diseño de políticas públicas orientadas a reducir la violencia.

“La sociedad venezolana está afectada transversalmente por la violencia, convirtiéndose en un eje fundamental para poder leer a los venezolanos”, señaló la abogada y directora de Cofavic, Liliana Ortega. El resumen anual de 2017 de la fundación InSight Crime ubica a Venezuela como el país más homicida de la región, con una tasa de 89 homicidios por 100 mil habitantes. Por su parte, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) registró 26.616 homicidios en Venezuela durante 2017.

 

Zonas más violentas

HomicidiosporMunicipio

La psicólogo social, criminóloga y doctora en Estudios del Desarrollo, Magally Huggins, explicó que los grupos delictivos tienden a concentrarse en sitios donde la posibilidad de hacer un proyecto de vida, lejos del delito, son menores.  “El sujeto de la violencia se construye día a día y nada estimula más la delincuencia que la impunidad”.

Los vecinos de Catia, municipio Libertador, denunciaron el aumento de casos en los que la muerte se produce en otras zonas de la capital y los cuerpos son abandonados  en las riberas del río Guaire, a la altura de Los Flores, por ejemplo. “A un señor del Junquito, como de 60 años, lo secuestraron y lo mataron, encontraron su cuerpo en el Guaire. Varios cadáveres fueron  arrojados en la zona cercana al río es muy sola y muy oscura”, contó un residente de la zona.

Los casos más frecuentes son ajuste de cuentas y redadas policiales; según los líderes en la zona no existen bandas organizadas de delincuencia común, ya que el control lo tienen los llamados colectivos o grupos armados afectos al gobierno que asumieron el control de gran parte del oeste de la capital de la República. “Hace unos días quitaron la luz de todo el sector porque buscaban un joven que estaba robando en las casas, nosotros desde las nuestras oíamos pasar las motos”, relataron los vecinos.

La directora de Cofavic, Liliana Ortega, explicó que según el Derecho Internacional todos los crímenes que comentan particulares, en los que se pueda probar que hay tolerancia del Estado, constituye responsabilidad internacional del mismo.

Por otra parte en las parroquias que conforman la zona del centro de Caracas (Sucre, Candelaria, San José, 23 de Enero, La Pastora, Altagracia y Catedral) se registraron 160 asesinatos en seis meses; siendo el robo, el ajuste de cuenta y la violencia policial los móviles con mayor número de víctimas .

La psicólogo social Magally Huggins denunció que en la capital existen zonas controladas por grupos delictivos gracias a la impunidad, lo cual ha permitido que tomen el control del tránsito en las calles y el tráfico de drogas, entre otras actividades. Indicó también que, en muchos casos, algunos de estos líderes delictivos tienen vínculos con los miembros de los cuerpos policiales del Estado.

“En Propatria, la policía entra a los bloques buscando personas solicitadas, pero a la semana sigue habiendo los mismos problemas de drogas y violencia”, contó Yonderwin Zambrano, líder en esta zona.

Los vecinos comentan que la comunidad siente mayor temor cuando entran los cuerpos policiales que por los mismos delincuentes. “Cada banda tiene su lugar y hay zonas a las que no se puede acceder, pero la gente teme más a la policía. Hubo un caso en el que los cuerpos de seguridad entraron a la cancha buscando a una persona solicitada y mataron a gente inocente que no estaba relacionada” señaló Zambrano.

El 77% de las muertes violentas en Caracas son en la vía pública, 19% en viviendas y 3% en establecimientos comerciales. De los casos de asesinatos en las viviendas 64% (129 casos) fueron muertes registradas como resistencia a la autoridad y ejecuciones policiales, solo 30 casos fueron por robo.

En el mes de septiembre El Nacional reseñó la muerte de Edward López Ojeda, tenía 20 años de edad y era mecánico. Su familia denunció que la Policía Nacional Bolivariana abrió la puerta de su vivienda, en la parte alta de La Vega, se lo llevó y lo asesinó de un disparo en el pecho.  Dentro del municipio Libertador, las parroquias La Vega, El Paraíso, Santa Rosalía, El Valle y Coche, zonas del sur oeste de Caracas, registraron 284 homicidios, 121 de ellos fueron resistencia a la autoridad y ejecuciones.

Esteban Farías, líder en la parroquia La Vega, relató el caso de cuatro jóvenes que la policía se llevó de La Ladera y fueron encontrados muertos en Mamera, parroquia Antímano. En La Vega el mayor número de casos se registra por robo, sin embargo los enfrentamientos con la policía son constantes. Farías también recuerda un caso en el que un joven se enfrentó contra los cuerpos de seguridad y al querer lanzar una granada, esta le detonó antes y le amputó el brazo; en ese hecho murieron dos personas que no estaban solicitadas.

Víctimas menos visibles

 

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Entre los meses de mayo y enero en  Caracas se registraron 68 mujeres asesinadas, 69% de ellas en el municipio Libertador.

De estos 68 casos, 22% tuvo como móvil el robo y 19% entra en la categoría de violencia de género. no de los casos que más conmovió a los vecinos de Propatria en el oeste de Caracas fue el de Ana Luna, una joven de 16 años asesinada por su pareja. “Los vecinos contaron que estaba en una fiesta y le dispararon en la frente por celos, ella tenía una bebé de 6 meses”, dijo Yonderwin Zambrano, líder en esta zona.

Para la abogada Liliana Ortega, la violencia de género es un tema por el que hay que continuar trabajando a pesar de que ha habido algunos avances; pero considera que al igual que todas las violaciones a Derechos Humanos, este tema también está en un manto de impunidad.

Monitor de Víctimas también registró que durante nueve meses 83 menores de edad fueron asesinados. La comunidad de Petare recuerda la muerte de Carlos Rivera, un joven de 17 años, que era parte del equipo Deportivo MB de la zona. Estaba celebrando con sus amigos el triunfo de su equipo, pero cuando iba regresando a su casa recibió un disparo desde un carro en el barrio Los Trailers. “A Carlos le gritaron y por curiosidad volteó, en ese momento le dispararon, pero no era a él a quien buscaban”, contó uno de sus compañeros y líder de la zona, Eyker Racero.

La psicóloga social Magally Huggins indicó que cada vez los delincuentes son más jóvenes, pero a la vez cada vez más las víctimas del delito también son más jóvenes.  “Las condiciones de vida de nuestra juventud son muy carentes. Los ejemplos positivos cada día son más escasos”, señaló.

Solo en el municipio Sucre se registraron 23 (28%) asesinatos a menores de 18 años. El promedio de edad en general entre las víctimas es de 47 años, sin embargo 161 (12%) de los 1.242, registrados en nueve meses, eran menores de 20 años.

“El Estado es el responsable de que no se comentan violaciones de Derechos Humanos, de los menores y de cualquier persona, debe velar porque se cumpla el derecho a la vida, a la integridad personal y al debido proceso.”, señaló Liliana Ortega.

Móviles de la violencia

Los casos de violencia policial (resistencia a la autoridad y ejecuciones) lideran la lista de los móviles con 571 muertes, 46% de los casos, en segundo lugar el robo con 298 crímenes, 24%, y el tercero ajuste de cuenta con 124 asesinatos, 10%.

“Está claro que todos los planes de seguridad ciudadana han fracasado, que no hay resultados positivos, ni para mejorar la seguridad ciudadana y mucho menos para garantizar los Derechos Humanos; las cifras sobre ejecuciones, detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales son elocuentes”, indicó la directora de Cofavic, Liliana Ortega.

La psicólogo social y criminóloga Magally Huggins expresó que la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) demostró que hay zonas de Caracas en donde la arremetida policial es más fuerte. “En el caso de Petare parecería que hay un nivel de convivencia entre la población y la delincuencia, y la policía entra prácticamente en complicidad con ellos” opinó.

Los vecinos de Petare contaron que a diferencia de otras zonas, los mayoría de las muertes violentas en el municipio Sucre son por robo, ajuste de cuenta y enfrentamientos entre bandas. Sin embargo, según lo registrado por Monitor de Víctimas, el 30% de los homicidios en el municipio fueron por violencia policial. “Creemos que no hay tantos casos de resistencia a la autoridad y ejecuciones debido a la corrupción, los cuerpos policiales pasan de largo por la zona. En sectores como La Dolorita, El Chorrito y El Torre es muy peligroso acceder”, denunció uno de los líderes comunitarios.

Uno de los casos que recuerda la comunidad fue la muerte de “Justo”, uno de los presuntos líderes del narcotráfico, quien fue asesinado supuestamente en  un ajuste de cuentas en la parte baja del barrio San Isidro, en Petare. Sin embargo Monitor de Víctimas registró en total solo nueve casos de enfrentamiento entre bandas, de los cuales siete sucedieron en el municipio Libertador.

Según la abogada Liliana Ortega, el Estado debería hacer un plan integral que permita desarrollar, lo que se llama en derecho internacional, las garantías de no repetición, que son aquellas que van dirigidas a las víctimas secundarias y a la sociedad. Que incluya reformas legislativas, acciones de reconocimiento, reparación integral a las víctimas y cohesión social, ya que considera que cada caso tiene que ser estudiado de manera específica para determinar las medidas.

“Está la vía de investigar y sancionar a los responsables, pero también están las garantías de no repetición para contribuir a la reducción de violencia y reparación de las víctimas, ambas tiene que ser transitadas por el Estado” apuntó la directora de Cofavic.

Por otra parte, la psicóloga social Magally Huggins, explicó que para disminuir los niveles de delincuencia debe haber una red articulada interministerial con la sociedad civil y que el  Estado que no estimule la violencia. “Con este nivel de deterioro, normalizar el sistema de justicia sin ocuparse del sistema educativo y la violencia intrafamiliar, los esfuerzos no serán suficiente. Debe haber una limpieza de los cuerpos policiales y también ocuparse de la población”, dijo finalmente Huggins.

 

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Liliana Ortega recibe el Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos y el Estado de Derecho 2017

LOS EMBAJADORES DE FRANCIA Y ALEMANIA en Venezuela, Romain Nadal y Stefan Herzberg hicieron entrega del Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos y el Estado de Derecho 2017 a Liliana Ortega, directora y fundadora de la organización COFAVIC. Este premio, que nació como iniciativa conjunta de los Ministerios de Relaciones Exteriores francés y alemán en 2016, se entrega en el marco del Día de Los Derechos Humanos que se celebra cada año el 10 de diciembre, para conmemorar la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 en la Asamblea General de las Naciones Unidas en París.  

En presencia de numerosos representantes de la sociedad civil, de la prensa y del cuerpo diplomático reunidos en la residencia de Francia, ambos embajadores resaltaron la labor desempeñada por décadas en la defensa de la dignidad del ser humano de Liliana Ortega al frente de COFAVIC, el Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989.

La adjudicación de este premio fue decidida luego de una exhaustiva labor de selección por los Ministerios de Relaciones Exteriores de Francia y Alemania entre varias decenas de candidatos a nivel mundial comprometidos en la defensa de los derechos humanos, de los cuales fueron seleccionados 15 representantes de varios países del mundo, entre los que se encuentra Liliana Ortega por Venezuela.

El Embajador Stefan Herzberg en su laudatio destacó: “Ella no habla en nombre de las víctimas de violaciones de Derechos Humanos sino les ayuda a encontrar su propia voz.” Añadió: “Con Liliana Ortega no solamente honramos a una persona. Sra. Ortega recibe este premio como representante de todos los valientes quienes abiertamente se oponen a los abusos de poder y al ventajismo, aquellos quienes buscan ayudar a sus prójimos y no solamente ‘tuitean’ sino actúan en favor de los Derechos Humanos”.

El Embajador Romain Nadal enfatizó: “Con Alemania, para hacer progresar la causa de los Derechos Humanos, hemos decidido movilizar nuestra red diplomática. Cada una de nuestras embajadas debe ser una casa de los Derechos Humanos.”

COFAVIC es la organización para la protección y promoción de los derechos humanos desde la cual Liliana Ortega ha emprendido una labor incansable por contribuir con la formación de una sociedad más democrática, por eliminar la impunidad y sensibilizar a la sociedad venezolana sobre el respeto a los derechos humanos.

Desde su fundación, el trabajo de COFAVIC ha documentado más de 700 casos de violaciones de los DDHH y mantiene un promedio de atención a 60 casos anuales, promoviendo la participación activa de la víctima en el ejercicio de sus derechos con instancias gubernamentales. Desde 2003 cuenta con un área especializada de atención psicosocial a víctimas de violencia y sus familiares. Mantiene seguimiento a casos litigados ante el sistema interamericano y posee un amplio temario para la formación en DDHH y en acciones para sensibilizar a la opinión pública. Ha elaborado una guía contentiva de los estándares básicos de los sistemas interamericano y universal, valiosa herramienta dirigida a jueces, fiscales, defensores de DDHH y víctimas.

Liliana Ortega ejerce desde 1992 como abogada litigante ante el sistema interamericano de DDHH y ante el sistema universal. Ha realizado consultorías externas para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en diversos países.

Ambos embajadores reiteraron el compromiso de las naciones que representan por el respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, valores consagrados en los Tratados de la UE.

Derechos sin Revés: La jurisdicción internacional y los Derechos Humanos

CortePenalInternacional

 

El principio de la jurisdicción internacional plantea la posibilidad de que cualquier Estado pueda conocer de determinados delitos, sin detenerse en el lugar de comisión de éstos y de la nacionalidad de la víctima y del autor.

En ese sentido, la comunidad internacional ha planteado que ciertos delitos, entre los que se mencionan expresamente el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada, son tan graves que constituyen un delito contra el conjunto de la humanidad y, por lo tanto, todos los Estados tienen la obligación de llevar a los responsables ante los tribunales. Esta opinión se recoge en el Preámbulo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Es decir, que los Estados deben promulgar la jurisdicción de mayor alcance,  jurisdicción universal, para garantizar que los tribunales nacionales pueden investigar y procesar a todo sospechoso de haber cometido estos crímenes y que su país no puede servir de refugio para eludir la acción de la justicia.

Liliana Ortega, abogada y directora ejecutiva de Cofavic, afirma que con el desarrollo de la jurisdicción universal para la protección efectiva de los derechos humanos y con la expansión del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se conquistó un espacio jurídico y político que  constituye hoy día una verdadera categoría de carácter normativo que obliga de manera indefectible a los Estados en el contexto internacional.

Sin lugar a dudas, el Derecho Internacional conforma un muro de contención que coloca límites firmes dirigidos a proteger a los individuos del abuso de poder del Estado, colocando a estos por encima de los derechos del Estado o de la sociedad.

Según el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “el Derecho Internacional de los Derechos Humanos no tiene por objeto imponer penas a las personas culpables de sus violaciones, sino amparar a las víctimas y disponer la reparación de los daños que les hayan sido causados por los Estados responsables de tales acciones”, debido a que la responsabilidad del Estado por violaciones a los Derechos Humanos se deriva de la naturaleza de los crímenes cometidos, los cuales se consideran que afectan a la humanidad en su conjunto y en la responsabilidad que el mismo ha asumido frente a sus nacionales y ante la comunidad internacional.

El castigo a los responsables es uno de los aspectos más importantes de la defensa y promoción de los derechos humanos, toda vez que cuando un Estado aplica a través de su cuerpo normativo las sanciones que correspondan y realiza investigaciones objetivas, está enfrentando el terrible flagelo de la impunidad. “Independientemente de que los partícipes hayan actuado como gobernantes, funcionarios o particulares, de tales ilícitos se desprenden un conjunto de consecuencias jurídicas: la obligación de los Estados de investigarlos y respecto de sus presuntos autores de buscarlos, detenerlos, enjuiciarlos y si son declarados culpables, castigarlos”.

Una de las consecuencias más graves de  no asumir con seriedad y voluntad política la internalización de la obligación por parte de los Estados de asegurar la vigencia de los derechos humanos, la constituye la impunidad. La impunidad significa dejar sin juicio ni castigo a los culpables de Crímenes de Lesa Humanidad; equivale, objetivamente, a tolerar y dejar intactas las estructuras y actitudes que han hecho posibles tales crímenes y eludir una responsabilidad elemental frente al futuro: la de salvaguardar los valores básicos de la convivencia pacífica.

Solo desde el conocimiento de la verdad, asumiendo el Estado la responsabilidad legal y moral de la aplicación de las sanciones a los responsables de violaciones a los derechos humanos, la humanidad puede salvaguardarse, en la mayor medida posible, de crímenes que destruyen las posibilidades de convivencia armónica y civilizada.

En este sentido, las Organizaciones no gubernamentales cumplen un rol fundamental en la protección y promoción de los derechos humanos. Su labor se ha centrado principalmente en la investigación y seguimiento de crímenes contra los derechos humanos, proveer información especializada a los organismos internacionales, impulsar una mayor sensibilización y concientización de la opinión pública ante la temática de los derechos humanos y el desarrollo de un fuerte cabildeo para promover una legislación más favorable y expansiva para los derechos humanos, además de denunciar contextos generales o políticas internacionales o nacionales claramente regresivas para la defensa de los derechos humanos

Directora de Cofavic Liliana Ortega relata como vivió la represión en el C.C.C.T el #8Abr

CCCT8Abr

 

Yo hoy fui a la manifestación. Tengo que decir que he ido a muy pocas, primero porque Cofavic en la época del 2002 decidió no participar institucionalmente y era muy difícil desligar mi presencia de la organización. Más recientemente, he ido a algunas, quizás a las más grandes porque siempre saco la cuenta que puedo ser más útil en mi oficina haciendo lo que me toca y no siendo un peso para mis compañeros en un percance. Pero hoy ante todo lo ocurrido en el país, decidí ir y manifestar mi rechazo a tanta arbitrariedad. Como llegamos temprano, vi a la gente llenar toda la Francisco Fajardo y alrededores poco a poco pero con una inmensa determinación. Caras cansadas del dolor que significa el país cada día pero con firme determinación de que todo debe cambiar.  Ya cuando decidimos retirarnos fuimos al C.C.C.T (un centro comercial) a buscar nuestros carros y decidimos comer algo. En la feria, un sitio de comida rápidas dentro del Centro Comercial, todos sentados conversábamos  llenos de la fuerza que traíamos por la dignidad de la gente en su búsqueda de libertad. Habían niños, mujeres, gente de la tercera edad. Gente que habíamos participado en la marcha y otros no. De repente oímos gritos y sonidos de múltiples detonaciones muy cerca. Toda la gente corrió sin rumbo porque ningún lugar era seguro. Yo intenté hacer lo mismo hasta que mis compañeros me rescataron  y me llevaron a un pequeño restaurant cuyos empleados nos recibieron con inmensa generosidad y allí nos encerramos. Todo el tiempo pensé que era un robo, algo ya común en Caracas. Lejos estuvo de mi imaginación, lo que en efecto ocurrió: la Guardia Nacional había penetrado al centro comercial y con saña disparo lacrimógenas y creo perdigones contra una población civil, totalmente desarmada, donde algunos comían y otros caminaban. Fue un susto horrible, la gente se caía, gritaba, otros no entendían que pasaba o casi todos no entendíamos por qué habíamos sido decretados objetivo militar. Cuando pudimos salir a un sótano y buscar algún otro lugar para esperar que regresara la calma pensé en que todo estaba llegando muy lejos. El Gobierno nos está llevando a tener ya muy poco que perder y ese es un gran peligro para todos. Saliendo nos encontramos a un joven que se detuvo a preguntarnos por la salida hacia Chacaito. Parecía que venía de la guerra, no porque tuviese armas sino el estado en que estaban  su ropa y su piel. Nos contó que tuvo que refugiarse en el río guaire porque la Guardia y la Policia les disparaban a los manifestantes a quemarropa. Caminó horas por la orilla del Río, pegado de un tubo hasta lograr huir. Su determinación y su susto escondido por valiente me sobrecogieron. Nos despedimos luego de desahogarnos un poco y el nos fue a dar la mano diciéndonos con una sonrisa que no había tocado el agua sucia del Río. Nos reímos y le abrazamos. No sé si había tocado el agua o no, pero si estoy segura que estuvo cerca del demonio. De quién ya no lo ve como persona, quien lo ve como enemigo y quien le está robando su futuro. Por el y por tantos debemos seguir luchando. Ningún esfuerzo que hagamos será en vano si logramos rescatar a Venezuela de esta noche oscura, intensa y larga, pero noche como todas que tendrá su fin.

@LilianaOrtegaM

A juicio de Cofavic, mayoría de víctimas de derechos humanos no tiene esperanza de conseguir justicia

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El balance de 2016 en derechos humanos es alarmante, consideran Liliana Ortega, directora de Cofavic, y Rocío Guijarro, directora de Cedice. Ambas coinciden en que en el país existe una impunidad que impide garantizar los derechos fundamentales a los ciudadanos.

“En este año que termina no hay ningún balance que celebrar en materia de derechos humanos. Hay varios temas transversales que tienen que ver con la violencia que afecta a la libertad de expresión, la situación carcelaria, el derecho a la alimentación y el derecho a la salud, entre otros, y que inciden de forma generalizada en toda la sociedad. Hay una impunidad institucional, una impunidad sistemática que hace que la mayoría de las víctimas no tenga esperanza de conseguir justicia”, dijo Ortega.

Añadió que la discriminación es en todos los ámbitos. Denunció que hay una discriminación política que se manifiesta de forma particular en los sectores populares mediante la distribución de alimentos. Señaló que en esas zonas se desarrollan mecanismos represivos “bajo un manto de seguridad ciudadana”, que no solo involucran a las OLP sino también otras operaciones de control del orden público en las que actúan varios funcionarios policiales.

Dijo que se denunciaron episodios de represión en Tumeremo y más recientemente durante los saqueos y las alteraciones del orden público en Ciudad Bolívar. “El establecimiento del orden público es un deber del Estado y debe hacerse bajo el amparo de los derechos humanos y el debido proceso”, indicó Ortega.

La directora de Cofavic señaló que las ejecuciones extrajudiciales se han incrementado: 699 en 2013, 1.018 en 2014, 1.396 en 2015 y hasta el primer semestre de 2016 se ubicaron en 1.400.

“La independencia de los Poderes Públicos es fundamental para el respeto y las garantías de los derechos humanos y eso ni ocurre en el país”, añadió. Agregó que una muestra de esto es la declaratoria de estados de excepción sin el control de la Asamblea Nacional. Exhortó al gobierno a construir una agenda de derechos humanos y establecer nexos con la sociedad civil.

Restricciones

Rocío Guijarro, directora de Cedice, dijo que el gobierno está reprobado en materia de derechos humanos y coincidió con Ortega en que hay impunidad sobre la materia. Señaló que se han violado derechos económicos, así como el derecho a la propiedad del dinero, y la posibilidad de adquirir bienes y el derecho a la vida.

“Se ha negado el derecho de los comerciantes, el de los ciudadanos a comprar y ha aumentado la pobreza y la miseria. Es un círculo perverso y no creemos que el gobierno pueda alcanzar una buena nota en un futuro cercano”, indicó.

De acuerdo con la auditoría de libertad económica, presentada por Cedice en noviembre, “la libertad económica es la base para la prosperidad de los países, promueve la estabilidad política, la creación de trabajo productivo, el emprendimiento. En los años 80 Venezuela estaba entre los primeros 20 países con mejor libertad económica. A partir de los 90 su calificación fue bajando, debido a grandes restricciones a la libertad económica y se coloca hoy en el último lugar como el país más reprimido, debido a medidas de controles de precios y cambios, violación a los derechos de propiedad, restricciones monetarias, inflación y ninguna independencia de los Poderes Públicos”.