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Cofavic: La gente se frustra porque organismos internacionales no toman acciones sobre Venezuela
Liliana Ortega dijo que cualquiera puede denunciar de manera anónima ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detención arbitraria y torturas

La abogada defensora de los DD. HH. y fundadora de Cofavic, Liliana Ortega, asegura que los venezolanos tienen una inmensa frustración al ver que los organismos vigilantes internacionales demoran mucho tiempo en pronunciarse y tomar medidas.

En entrevista radial, Ortega expresó que la gravedad de violación de los derechos humanos en Venezuela, y por las mismas razones fundamentadas en infinidad de documentos, confirma la supervisión del Estado a través de los ojos de la ONU mediante un mecanismo “inédito y especial”.

La Misión de Determinación de Hechos es un mecanismo cuyo funcionamiento en América Latina es exclusivo en Venezuela. Y está vinculado con las investigaciones realizadas por la fiscalía de la Corte Penal Internacional.

A través de esta aplicación, cualquiera puede denunciar, de manera anónima y protegida, casos de violación de derechos humanos: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detención arbitraria, torturas, entre otros.

“La gente se frustra muy rápidamente porque estos mecanismos no dan soluciones a centenares de casos; ellos toman casos emblemáticos y, a través de ellos, ilustran la gravedad de la situación, porque no tienen la capacidad operativa para mirar miles de casos en Venezuela (…). Resultados automáticos no van a encontrarse”, comenta Ortega.

Ortega asegura que, desde hace 30 años, Cofavic se ha encargado de visibilizar los rostros de las víctimas. Nosotros celebramos que “una víctima que tiene varios años presentándose y que fue torturada, ahora tenga libertad plena”.

Respecto al inconveniente ocurrido recientemente con las FAES, Liliana comenta que una de las declaraciones más contundentes de la alta comisionada para los DD. HH., Michelle Bachelet, en el momento que estuvo en Venezuela, fue la solicitud formal de la disolución de las FAES.

“El hecho que tengamos una Misión de Determinación de Hechos denota la gravedad y la preocupación de la Comunidad Internacional”. Para Ortega, no es “poca cosa” que Naciones Unidas le haya dado 2 años a dicha Misión, cuando regularmente es uno.

Cedice: Sin financiamiento internacional será difícil recuperar el país tras la pandemia
Alertan que el gobierno de Maduro no cuenta con fondos de previsión y estabilización macroeconómica ni ahorros

El economista e investigador de Cedice-Libertad, Oscar Torrealba, explicó el comportamiento de la economía venezolana durante la emergencia sanitaria por el Covid-19 y aseguró que esta solo podrá recuperarse, una vez pase la crisis, solo a través de financiamiento internacional.

“Estamos ante una crisis profunda que por supuesto vamos a superar, pero sí habrá consecuencias económicas fuerte que afectará la vida de muchas personas. Lo primero que viene es una reconfiguración de la economía mundial orientada al teletrabajo, eso es ya, el futuro inmediato. En el caso venezolano la única forma de recuperación es acudiendo al financiamiento internacional, por no tener músculo financiero que la respalde, si no es así, será imposible hacer frente a la recuperación económica que ya necesitábamos antes de la pandemia”, explicó Torrealba en Primera Página, por Globovisión.

El investigador de Cedice comentó que desde este centro se ha registrado la variación de precios en Venezuela desde 2017 y a la fecha la última variación de precios quincenal, es decir, al 30 de marzo, fue de 18,84 % siendo dos rubros los más importante: alimentos (18 %) y transporte (67 %).

“Si lo medimos a 30 días vemos una variación en alimentos de 30 %, ¿A qué se debe esto?”, se pregunta el economista. “Primero a la contención de la inflación que no es por política monetaria en sí, sino por una política restrictiva que tiene que ver con el encaje que golpea severamente al PIB, tratando de controlar un tipo de cambio pero que, al no controlar el déficit fiscal, no es sostenible en el tiempo, por tanto era de esperarse que el tipo de cambio tuviese un ajuste”, explicó.

“Si aumentas el encaje legal tratando de controlar el crédito bancario pero no solucionas problemas fiscales y el financimiento es mediante la monetización, puede esperarse que la inflación siga en Venezuela. En medio de la pandemia el gobierno venezolano no cuenta con los fondos de previsión y estabilización macroeconómica ni ahorros, pero ha prometido un conjunto de bonos y como no tenemos ahorros es de esperarse que estas derogaciones las haga mediante emisión de dinero”, agregó.

Acceso a la Justicia: IVSS cobra a trabajadores sin dar nada a cambio
El sistema de seguridad social supuestamente ampara vejez, discapacidad, pérdida involuntaria de empleo y necesidad de adquirir vivienda

 

En un informe de la ong Acceso a la Justicia aseguró haber hallado que el sistema de seguridad social del IVSS otorga coberturas negativas o nulas, lo que a su juicio constituyen “un engaño masivo a los trabajadores”.

“Entre las contingencias a que da cobertura el Sistema de Seguridad Social (Gaceta Oficial n.º 39.912 del 30 de abril de 2012) están las de vejez, discapacidad, pérdida involuntaria del empleo o la necesidad de adquirir una vivienda, entre otras”, explican en el texto

“El IVSS nunca ofreció un sistema de protección o bienestar parecido al que disfrutan la mayoría de los ciudadanos europeos. Sin embargo, en los últimos años se ha convertido en el vivo ejemplo de una estafa, pues durante años les ha cobrado a los venezolanos hasta cientos de dólares por distintos conceptos, pero en la actualidad apenas les da a los pensionados el equivalente a cuatro dólares mensuales por concepto de jubilación”, mencionan.

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Acceso a la Justicia: En junio de 2020 podrían haber imputaciones específicas si CPI avanza en Venezuela
Para que exista crimen de lesa humanidad deben comprobarse desapariciones, asesinatos y torturas

 

Laura Louza, directora de Acceso a la Justicia, consideró  que es un buen indicio que la CPI avanzará en el caso de Venezuela luego que la Fiscalía de la corte incluyera en su examen las manifestaciones desde 2014 hasta 2017 por hechos contra los DDHH.

Louza explicó que a la fiscal de la CPI, Fatou Bom Bensouda, se le vence el periodo en 2020 y las críticas a su gestión es porque solo se ha enfocado en casos relacionados a África, dejando por fuera los expedientes de Latinoamérica. «Se han africanizado cuando en México y Honduras han habido casos a revisar», dijo.

«Para ella sería bueno, y saldría por la puerta grande, si agiliza el caso Venezuela y lo que faltara es que llegue a la corte; posteriormente habría imputaciones específicas incluso con auto de detenciones, etc. Ahorita la fiscalía lo que están es en una etapa de investigación y determinación si de verdad hay hechos punibles y si de verdad el país no tiene las condiciones para hacer justicia, entonces ellos una vez que determinen todo eso, pasa a la corte como tal a mitad del año que viene y si dios quiere podremos saber algunas responsabilidades individuales», manifestó Louza a Unión Radio.

Sin embargo Louza afirma que estos procesos dentro la justicia internacional «son lentos porque deben cumplir una serie de etapas: revisar si la información es cierta, si da lugar para abrir un caso y determinar si lo que se denuncia es competencia de la CPI».

«Venezuela está entre la primera y la segunda etapa, y en 2020 vamos a ir la tercera que es la admisibilidad; y la Fiscalía ha dado señales de que esto va a ocurrir, o sea que el caso va avanzar», señala.

Detalló que para que exista crimen de lesa humanidad debe haber cierto patrón: desapariciones, asesinatos, torturas, entre otros. «El caso del sindicalista, Rubén González, o el periodista, Jesús Medina, demuestran que hay un persecución contra la disidencia de cualquier tipo por parte del poder Judicial», acotó.

Cofavic: Venezuela entró en el patrón de las desparaciones forzadas
Se cumplió un año de la muerte del concejal Fernando Albán 

 

La abogada y directora ejecutiva del Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic), Liliana Ortega, denunció la existencia de patrones que violan los derechos humanos en el país. 

Ortega denunció que frente a lo sucedió con el concejal Fernando Albán, “nuestro país ha entrado en el patrón de irregularidades como lo son las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias, cuyas prácticas deben cesar”.

A su juicio, “este suceso es muy grave y a la vez preocupante, porque se percibe un irrespeto a los derechos humanos en el país”.

Bajo su óptica, el Estado “debe garantizar que todas las denuncias de tortura, malos tratos y ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley sean investigadas de manera inmediata, exhaustiva e imparcial y los presuntos autores sean procesados, juzgados y castigados con penas proporcionales a la gravedad de sus actos”.

Por otro lado, reiteró que debe haber garantía de que los cuerpos de seguridad y organismos afines que trabajan en la seguridad pública tengan un carácter estrictamente civil y profesional a todos los niveles, como se estipula en el artículo 332 de la Constitución Nacional, y enmienden las leyes, reglamentos y planes que autorizan la participación militar en el mantenimiento del orden público, incluidas la OLP y la Resolución N ° 8610.

Sostuvo que deben eliminarse “las barreras que facilitan la impunidad incluyendo la ocultación de la identidad de los agentes del orden, la penalización y la banalización de las víctimas y la modificación de informes de la policía”, concluyó.

Albán, quien militaba en el partido opositor Primero Justicia, falleció en octubre de 2018 tras ser detenido por la policía política venezolana. Las autoridades indicaron que murió al lanzarse desde uno de los pisos de la sede capitalina del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, mientras la oposición denunció que falleció a consecuencia de las torturas que recibió.

Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) dio el primer paso para investigar la muerte de un concejal opositor venezolano mientras estaba bajo custodia policial, un caso que provocó conmoción dentro y fuera de Venezuela.

Según Kapé Kapé, 100 familias warao viven y se alimentan de la basura

LA ONG KAPÉ KAPÉ denunció este jueves cómo 100 familias waraos viven y se alimentan de la basura, en Tucupita, estado Delta Amacuro.

A través de una nota de prensa la ONG Kapé Kapé retrató la dramática situación con el testimonio de Sonia Moreno, madre warao de tres hijos.

“Sonia Moreno es una madre que actualmente vive con sus tres hijos en el vertedero de Tucupita, desconoce su edad y no sabe leer ni escribir. Todos los días recuerda la pérdida de sus cinco hijos que fallecieron entre 2016 y 2018, tras presentar diarrea y desnutrición, mientras, con los otros tres se dirige hasta el vertedero de basura de Tucupita para poder conseguir ropas y residuos de comida, así comer durante el día”, cuenta Kapé Kapé en la nota de prensa.

Agregan que así como Sonia Moreno, otras 100 familias están en la misma situación, en su mayoría pertenecientes a la etnia warao.

A pesar de lo conocida y dramática realidad de Sonia y sus hijos, Kapé Kapé asevera que las instituciones gubernamentales de la región “mantienen a los habitantes del sector prácticamente marginados de los programas sociales, ni siquiera disfrutan de los beneficios que son otorgados a través del sistema del carnet de la patria, programa bandera del gobierno de Nicolás Maduro”, denuncia..

Señalan que las familias que viven en el vertedero de basura presentan cuadros alarmantes de mal nutrición, enfermedades de la piel, diarreas, vómitos y otros brotes endémicos característicos de las condiciones de insalubridad en las que viven.

Rocío San Miguel: Detuvieron a cinco Fanb y dos Cicpc en una operación simultánea

EL PASADO SÁBADO los organismos de seguridad de Nicolás Maduro realizaron una operación en simultáneo donde detuvieron a cinco integrantes de la Fanb y a dos Cicpc.

Rocío San Miguel señaló que entre los detenidos se encuentra el  coronel Miguel Castillo Cedeño. “Es un oficial de la misma promoción que Hugo Chávez Frías, un coronel retirado de la fuerza área. Sorprende que después de haber pasado 15 años en el retiro sea detenido por órganos del gobierno, presumimos para imputarle alguno de estos delitos que nos tiene acostumbrado el régimen Nicolás Maduro”, dijo la presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, Defensa y Fanb en entrevista con Cesar Miguel Rondón.

“Estas detenciones ocurren en el marco del Día del Ejercito. La detención de los Cicpc sería por presuntamente estar involucrados en el mismo hecho”, añadió.

 

OVP: 80% de las cárceles están controladas por pranes

HUMBERTO PRADO, director de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) aseveró que el 80% de las cárceles del país están controladas por pranes o delincuencia organizada, bajo el aval del Estado venezolano.

Durante una entrevista en el programa Noticias en Vivo, del canal digital TV Venezuela, Prado señaló que se trata de una “metodología que tiene el Estado con las bandas organizadas” a quienes le delegan el orden dentro de las prisiones, que los pranes impondrían a través de la pena de muerte con las armas que ingresan a los penales. “Eso está institucionalizado y no puedes resolver un problema si no aceptas que tienes un problema”, dijo.

El vocero de OVP indicó que las cárceles del país no tienen una política criminal que por la defensa de los Derechos Humanos de los reclusos y que asegure que cuando abandonen el recinto, salgan con valores distintos a los que ingresaron. “Lo que trae como consecuencia que no se aplique ese tipo de políticas que haya ocio, hacinamiento, muertes dentro de las cárceles. La gente se muere de desnutrición, hepatitis, sida, salmonella, lamentablemente no hay una política de respeto”, manifestó.

Destacó que, tras veinte años de gestión gubernamental y la aplicación fallida del Plan Cayapa Judicial, no resuelve el problema de retardo procesal que afecta al 75% de la población carcelaria, a quienes se les vulneran derechos.

“También está el tema de las bandas organizadas dentro del país, conocidas como pranes, que es la aceptación por parte del Gobierno a trabajar con la delincuencia organizada. Donde el Estado cede su responsabilidad dentro de las cárceles, para que sean estas bandas quienes le cobren una cuota semanalmente a los familiares de los presos para que estos sigan teniendo vida dentro de las cárceles y a veces, si ellos no quieren, no los dejan salir a tribunales y el estado debe mediar con ellos”, explicó.