Noticiero Digital, autor en Runrun

noticierodigital.com

Acceso a la Justicia: En junio de 2020 podrían haber imputaciones específicas si CPI avanza en Venezuela
Para que exista crimen de lesa humanidad deben comprobarse desapariciones, asesinatos y torturas

 

Laura Louza, directora de Acceso a la Justicia, consideró  que es un buen indicio que la CPI avanzará en el caso de Venezuela luego que la Fiscalía de la corte incluyera en su examen las manifestaciones desde 2014 hasta 2017 por hechos contra los DDHH.

Louza explicó que a la fiscal de la CPI, Fatou Bom Bensouda, se le vence el periodo en 2020 y las críticas a su gestión es porque solo se ha enfocado en casos relacionados a África, dejando por fuera los expedientes de Latinoamérica. «Se han africanizado cuando en México y Honduras han habido casos a revisar», dijo.

«Para ella sería bueno, y saldría por la puerta grande, si agiliza el caso Venezuela y lo que faltara es que llegue a la corte; posteriormente habría imputaciones específicas incluso con auto de detenciones, etc. Ahorita la fiscalía lo que están es en una etapa de investigación y determinación si de verdad hay hechos punibles y si de verdad el país no tiene las condiciones para hacer justicia, entonces ellos una vez que determinen todo eso, pasa a la corte como tal a mitad del año que viene y si dios quiere podremos saber algunas responsabilidades individuales», manifestó Louza a Unión Radio.

Sin embargo Louza afirma que estos procesos dentro la justicia internacional «son lentos porque deben cumplir una serie de etapas: revisar si la información es cierta, si da lugar para abrir un caso y determinar si lo que se denuncia es competencia de la CPI».

«Venezuela está entre la primera y la segunda etapa, y en 2020 vamos a ir la tercera que es la admisibilidad; y la Fiscalía ha dado señales de que esto va a ocurrir, o sea que el caso va avanzar», señala.

Detalló que para que exista crimen de lesa humanidad debe haber cierto patrón: desapariciones, asesinatos, torturas, entre otros. «El caso del sindicalista, Rubén González, o el periodista, Jesús Medina, demuestran que hay un persecución contra la disidencia de cualquier tipo por parte del poder Judicial», acotó.

Cofavic: Venezuela entró en el patrón de las desparaciones forzadas
Se cumplió un año de la muerte del concejal Fernando Albán 

 

La abogada y directora ejecutiva del Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic), Liliana Ortega, denunció la existencia de patrones que violan los derechos humanos en el país. 

Ortega denunció que frente a lo sucedió con el concejal Fernando Albán, “nuestro país ha entrado en el patrón de irregularidades como lo son las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias, cuyas prácticas deben cesar”.

A su juicio, “este suceso es muy grave y a la vez preocupante, porque se percibe un irrespeto a los derechos humanos en el país”.

Bajo su óptica, el Estado “debe garantizar que todas las denuncias de tortura, malos tratos y ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley sean investigadas de manera inmediata, exhaustiva e imparcial y los presuntos autores sean procesados, juzgados y castigados con penas proporcionales a la gravedad de sus actos”.

Por otro lado, reiteró que debe haber garantía de que los cuerpos de seguridad y organismos afines que trabajan en la seguridad pública tengan un carácter estrictamente civil y profesional a todos los niveles, como se estipula en el artículo 332 de la Constitución Nacional, y enmienden las leyes, reglamentos y planes que autorizan la participación militar en el mantenimiento del orden público, incluidas la OLP y la Resolución N ° 8610.

Sostuvo que deben eliminarse “las barreras que facilitan la impunidad incluyendo la ocultación de la identidad de los agentes del orden, la penalización y la banalización de las víctimas y la modificación de informes de la policía”, concluyó.

Albán, quien militaba en el partido opositor Primero Justicia, falleció en octubre de 2018 tras ser detenido por la policía política venezolana. Las autoridades indicaron que murió al lanzarse desde uno de los pisos de la sede capitalina del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, mientras la oposición denunció que falleció a consecuencia de las torturas que recibió.

Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) dio el primer paso para investigar la muerte de un concejal opositor venezolano mientras estaba bajo custodia policial, un caso que provocó conmoción dentro y fuera de Venezuela.

Según Kapé Kapé, 100 familias warao viven y se alimentan de la basura

LA ONG KAPÉ KAPÉ denunció este jueves cómo 100 familias waraos viven y se alimentan de la basura, en Tucupita, estado Delta Amacuro.

A través de una nota de prensa la ONG Kapé Kapé retrató la dramática situación con el testimonio de Sonia Moreno, madre warao de tres hijos.

“Sonia Moreno es una madre que actualmente vive con sus tres hijos en el vertedero de Tucupita, desconoce su edad y no sabe leer ni escribir. Todos los días recuerda la pérdida de sus cinco hijos que fallecieron entre 2016 y 2018, tras presentar diarrea y desnutrición, mientras, con los otros tres se dirige hasta el vertedero de basura de Tucupita para poder conseguir ropas y residuos de comida, así comer durante el día”, cuenta Kapé Kapé en la nota de prensa.

Agregan que así como Sonia Moreno, otras 100 familias están en la misma situación, en su mayoría pertenecientes a la etnia warao.

A pesar de lo conocida y dramática realidad de Sonia y sus hijos, Kapé Kapé asevera que las instituciones gubernamentales de la región “mantienen a los habitantes del sector prácticamente marginados de los programas sociales, ni siquiera disfrutan de los beneficios que son otorgados a través del sistema del carnet de la patria, programa bandera del gobierno de Nicolás Maduro”, denuncia..

Señalan que las familias que viven en el vertedero de basura presentan cuadros alarmantes de mal nutrición, enfermedades de la piel, diarreas, vómitos y otros brotes endémicos característicos de las condiciones de insalubridad en las que viven.

Rocío San Miguel: Detuvieron a cinco Fanb y dos Cicpc en una operación simultánea

EL PASADO SÁBADO los organismos de seguridad de Nicolás Maduro realizaron una operación en simultáneo donde detuvieron a cinco integrantes de la Fanb y a dos Cicpc.

Rocío San Miguel señaló que entre los detenidos se encuentra el  coronel Miguel Castillo Cedeño. “Es un oficial de la misma promoción que Hugo Chávez Frías, un coronel retirado de la fuerza área. Sorprende que después de haber pasado 15 años en el retiro sea detenido por órganos del gobierno, presumimos para imputarle alguno de estos delitos que nos tiene acostumbrado el régimen Nicolás Maduro”, dijo la presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, Defensa y Fanb en entrevista con Cesar Miguel Rondón.

“Estas detenciones ocurren en el marco del Día del Ejercito. La detención de los Cicpc sería por presuntamente estar involucrados en el mismo hecho”, añadió.

 

OVP: 80% de las cárceles están controladas por pranes

HUMBERTO PRADO, director de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) aseveró que el 80% de las cárceles del país están controladas por pranes o delincuencia organizada, bajo el aval del Estado venezolano.

Durante una entrevista en el programa Noticias en Vivo, del canal digital TV Venezuela, Prado señaló que se trata de una “metodología que tiene el Estado con las bandas organizadas” a quienes le delegan el orden dentro de las prisiones, que los pranes impondrían a través de la pena de muerte con las armas que ingresan a los penales. “Eso está institucionalizado y no puedes resolver un problema si no aceptas que tienes un problema”, dijo.

El vocero de OVP indicó que las cárceles del país no tienen una política criminal que por la defensa de los Derechos Humanos de los reclusos y que asegure que cuando abandonen el recinto, salgan con valores distintos a los que ingresaron. “Lo que trae como consecuencia que no se aplique ese tipo de políticas que haya ocio, hacinamiento, muertes dentro de las cárceles. La gente se muere de desnutrición, hepatitis, sida, salmonella, lamentablemente no hay una política de respeto”, manifestó.

Destacó que, tras veinte años de gestión gubernamental y la aplicación fallida del Plan Cayapa Judicial, no resuelve el problema de retardo procesal que afecta al 75% de la población carcelaria, a quienes se les vulneran derechos.

“También está el tema de las bandas organizadas dentro del país, conocidas como pranes, que es la aceptación por parte del Gobierno a trabajar con la delincuencia organizada. Donde el Estado cede su responsabilidad dentro de las cárceles, para que sean estas bandas quienes le cobren una cuota semanalmente a los familiares de los presos para que estos sigan teniendo vida dentro de las cárceles y a veces, si ellos no quieren, no los dejan salir a tribunales y el estado debe mediar con ellos”, explicó.

Humberto Prado: Presupuesto de alimentación de los presos debería ser de $ 10 diario

EL DIRECTOR DEL OBSERVATORIO VENEZOLANO DE PRISIONES, Humberto Prado, indicó este jueves en la presentación del Plan País Seguridad que a los presos se les ha marginado con un presupuesto de alimentación de Bs 1.247 diario.

“Hemos marginado a los presos, 1.247 BsS es lo que se destina todo el año para que un preso coma y en Europa son de 59 euros, debería haber un presupuesto de 10 $ diario ¿por qué no hay esa voluntad política para que los presos tengan al menos el derecho de alimentación en nuestro país? Mueren de desnutrición en las cárceles y simplemente vemos con un detalle diciendo: “un preso menos”, no se trata de un privilegio para quien le quitó la vida a una persona, pero tiene que ser sancionado con sus derechos intactos”, argumentó Prado en transmisión de TV Venezuela.

En ese sentido preguntó que “¿Por qué no podemos privatizar cárceles en nuestro país? Si cuando vamos a EEUU, Canadá o Europa decimos “que bonita esta cárcel”, claro, porque está privatizada ¿cuál es el miedo? si tenemos una disposición constitucional y hay que respetarlas”.

“En las recomendaciones tenemos que ir a una política para que los internos trabajen, hagan deporte, estudien, que haya convenios para que hagan algo en sus tiempos libres (…) Tiene que haber un defensor de la población reclusa para que los países digan “vamos a Venezuela a ver como ese modelo está progresando””, agregó el director de la ONG.

En ese sentido señaló que han muerto 7 mil 200 presos en 20 años. “Hay una política de exterminio. Uno de los grandes problemas son los calabozos policiales y es porque el policía que se formó para cuidar a ciudadanos ahora debe cuidar a los presos, y entonces dice “y es que el policía viola los Derechos Humanos” y bueno es que ellos no están para cuidar a quienes están en prisión”, alegó.

Por último acotó: “El estado Vargas, de donde es el presidente Juan Guaidó, no tiene cárceles. Los presos están Miranda, San Juan de Los Morros o Tocorón. Hay que fomentar una política de construcción y distribución de cárceles”.

Cofavic: Venezuela entró en el patrón de las desparaciones forzadas

LA ABOGADA Y DIRECTORA EJECUTIVA del Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic), Liliana Ortega, denunció la existencia de patrones que violan los derechos humanos en el país.

En entrevista con César Miguel Rondón, transmitida por Circuito Éxitos denunció que frente a lo sucedió con el concejal Fernando Albán, “nuestro país ha entrado en el patrón de irregularidades como lo son las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias, cuyas prácticas deben cesar”.

A su juicio, “este suceso es muy grave y a la vez preocupante, porque se percibe un irrespeto a los derechos humanos en el país”.

Bajo su óptica, el Estado “debe garantizar que todas las denuncias de tortura, malos tratos y ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley sean investigadas de manera inmediata, exhaustiva e imparcial y los presuntos autores sean procesados, juzgados y castigados con penas proporcionales a la gravedad de sus actos”.

Por otro lado, reiteró que debe haber garantía de que los cuerpos de seguridad y organismos afines que trabajan en la seguridad pública tengan un carácter estrictamente civil y profesional a todos los niveles, como se estipula en el artículo 332 de la Constitución Nacional, y enmienden las leyes, reglamentos y planes que autorizan la participación militar en el mantenimiento del orden público, incluidas la OLP y la Resolución N ° 8610.

Sostuvo que deben eliminarse “las barreras que facilitan la impunidad incluyendo la ocultación de la identidad de los agentes del orden, la penalización y la banalización de las víctimas y la modificación de informes de la policía”, concluyó.

 

Convite: Adultos mayores son víctimas habituales del hampa

EL DIRECTOR DE LA ASOCIACIÓN CIVIL Convite, Luis Francisco Cabezas, informó este martes que tras llevar a cabo una serie de informes, constataron que los adultos mayores son las “víctimas habituales del hampa”.

“Hemos trabajado mucho el tema de las persona mayores, es un colectivo al que poca atención se le presta y por ello hemos ido documentando toda una serie de situaciones. Elaboramos un informe de victimización, nos permitió mostrar cómo lamentablemente los adultos mayores se están convirtiendo en víctimas habituales del hampa”, indicó en el programa La Entrevista de Unión Radio.

Asimismo, precisó que llevan a cabo una medición dos veces al mes en alrededor de 156 farmacias de cinco ciudades del país, operativo que les permite determinar los índices de desabastecimiento, y que gracias a ello se pudo conocer que los fármacos para la diabetes presentan 83.3% de desabastecimiento, mientras que los medicamentos para la hipertensión y las infecciones respiratorias tienen 79.9% y 95.6%, respectivamente.

“Son cifras muy lamentables, sobretodo porque son enfermedades que requieren medicación de por vida, tal es el caso de la hipertensión y la diabetes (…) Eso expone a las personas a riesgos inminentes que pueden traducirse en desenlaces fatales”, agregó.

Cabezas culpó a los malos servicios públicos debido a que éstos propician las enfermedades en el país, como es el caso de la “mala calidad del agua”, lo cual origina normalmente la diarrea, y también la falta de recolección de los desechos, pues al no ser recogida la basura “las personas recurren a la quema” que genera enfermedades respiratorias.

“A ésto también se le suma los precios inaccesibles de algunos medicamentos por lo que agrava el estado de las personas”, acotó.

Por otra parte, aseveró que el Gobierno “debe aceptar la ayuda ofrecida por otros países” con el fin de asegurar el derecho a la salud de todos los venezolanos.