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LA EX JEFA DE ESTADO DE ARGENTINA Cristina Fernández (2007-2015) anunció este sábado que, de cara a las próximas elecciones, integrará una fórmula en la que ella se postulará a la Vicepresidencia del país, con su exjefe de Gabinete Alberto Fernández como candidato a presidente.

El Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, Diputado Freddy Guevara, sostuvo una reunión de trabajo en la ciudad de Buenos Aires con la Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la República Argentina, Laura Alonso, con la finalidad de establecer una alianza para la investigación de aquellos casos en los que se presume la comisión de irregularidades administrativas con fondos públicos venezolanos, a través de contratos firmados entre Venezuela y Argentina.

A la salida del encuentro, Guevara explicó que los primeros casos sobre los que el Gobierno de Argentina iniciará investigación tienen que ver con las importaciones de alimentos desde ese país por parte de Venezuela y PDVSA, ambos iniciados por la Comisión de Contraloría del Parlamento venezolano.

En ese sentido, indicó que esa instancia proporcionará a la Oficina Anticorrupción de Argentina la documentación contenida en ambos expedientes, tales como fechas de operaciones, contratos e informes, a los fines de que ese despacho realice y profundice las investigaciones necesarias.

“Durante el gobierno de los Kirchner en Argentina, y de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en nuestro país, se desviaron cuantiosos recursos públicos de los venezolanos utilizando como pretexto masivas importaciones de alimentos. Hoy Venezuela atraviesa una crisis humanitaria sin precedentes, no se consiguen alimentos y medicinas para satisfacer la demanda de nuestro pueblo, mientras que unos corruptos de boina roja disfrutan de sus privilegios. Seguiremos avanzando en todos los frentes para no solamente localizar el dinero venezolano que se robaron, sino recuperarlo”, enfatizó.

Guevara recordó que el expediente iniciado acerca de la importación de alimentos involucra un patrimonio afectado cercano a los 2.500 millones de dólares, en tanto que en el caso PDVSA el patrimonio afectado alcanza los 7.400 millones de dólares.

Por su parte, la Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción de Argentina, Laura Alonso, manifestó su compromiso con las solicitudes formuladas por el Diputado Guevara, y reiteró la importancia de fortalecer las alianzas que permitan la salvaguarda del patrimonio público, como uno de los pilares de las sociedades democráticas.

El periodista Nelson Bocaranda, director del portal de noticias Runrunes, conversó con Infobae sobre la actualidad política venezolana, los manejos en el canal TeleSur, los dichos de Nicolás Maduro sobre Mauricio Macri y el nuevo panorama que enfrentará el chavismo ante una Asamblea Nacional de mayoría opositora.

«Creo que Maduro está vengando a los Kirchner», afirmó Bocaranda al ser consultado sobre el enfrentamiento que se generó entre los gobiernos de Argentina y Venezuela por el tema de los presos políticos y los derechos humanos en el país petrolero.

Y agregó: «Maduro siempre busca enemigos externos. Habla de que va a caerle a Macri, de caerle a cualquier gobierno para distraer a la opinión pública de la situación interna. Maduro no toma ni una medida. Es el hombre más inútil que ha habido en la presidencia de Venezuela. Ha llevado al país al caos total».

Respecto a la preocupación del presidente argentino por los presos políticos en Venezuela, el periodista sostuvo: «Creo que ha sido muy importante que Macri haya repudiado las violaciones a los derechos humanos y haya pedido la liberación de los presos políticos porque ha creado más conciencia en otras partes. Además, los presos políticos existen, las torturas existen y el régimen las esconde».

Bocaranda también se refirió al canal TeleSur y a los gastos que su puesta en marcha le generó al estado venezolano. «Creo que TeleSur, como proyecto que montó (Hugo) Chávez, fue un negoción para los que lo montaron. El cuento de esa televisora era promocionar la revolución socialista y consiguió el respaldo de los países del ALBA».

«También metieron a Brasil, a la Argentina, dado que los Kirchner estaban emocionados con aquello, y metieron después a Ecuador y a varios más. Ese canal iba a ser el que iba contrastar a CNN porque todo lo que nos decían en CNN y en las televisoras globales era negativo para su gobierno», detalló.

«El chavismo sigue utilizando esa señal para hacer campaña contra los partidos que no son socialistas. Si te pones a ver la programación de ellos, todo el día están dando una sola versión, muy manipulada, tanto de lo que sucede aquí (en Venezuela) como en otras partes. Es solamente la izquierda la que funciona, solamente el socialismo el que funciona. Todos los días recuerdan a Chávez, todos los días felicitan a Maduro y lo ponen como una víctima del imperio. Es una campaña de promoción permanente«, comentó.

Mauricio Macri ha arrancado su mandato en Argentina con buenas noticias, bajadas de impuestos y una cierta calma social, pero los números, con un 7% de déficit público, auguran que en algún momento llegará la tormenta. El macrismo ha empezado los recortes por la parte con menor coste político: despidos masivos de empleados públicos contratados en 2015 por el kirchnerismo y muy cercanos a la militancia. Es un proceso que puede acabar con hasta 60.000 personas fuera de la administración y ha empezado con 2.035 despidos en el Senado y 600 en el emblemático Centro Cultural Kirchner.

En Argentina se llama ñoquis a los empleados públicos ficticios, colocados por los partidos, que solo acuden un día al mes para cobrar. Se llaman así porque los gnocchi, plato típico italiano, se suelen servir el 29 de cada mes en los restaurantes porteños, y ese el día que se cobran los sueldos. El macrismo ha querido empezar su ajuste asegurando que todos los despedidos son ñoquis, personas contratadas por amiguismo. Aunque no todos están de acuerdo, sobre todo los afectados y algunos sindicatos, que temen que este sea el principio de una oleada de recortes mucho más profundos.

“Esto no es un ajuste ideológico neoliberal, no tiene nada que ver con el debate estado grande-estado chico. Solo estamos poniendo orden. Ha habido abusos por todas partes. Entraron sin un proceso de selección, en muchos casos ni siquiera entrevistas, muchos los fuimos a buscar y no estaban”, señala a EL PAÍS Hernán Lombardi, ministro de Medios Públicos y responsable de la decisión de no renovar el contrato al 85% de la plantilla del Centro Cultural Kirchner, que de momento se ha cerrado. Lombardi espera poder volver a abrir en febrero para visitas y en marzo ya con programación y nuevos empleados.

La inauguración en mayo este centro, una joya que ha costado 3000 millones de pesos (214 millones de dólares) y según Lombardi “está llamado a ser el mayor centro cultural del hemisferio sur” fue un hito del kirchnerismo, con una sala dedicada al Néstor, fallecido en 2010, y otra a Evita Perón. Pero según Lombardi, se inauguró con la obra aún inacabada y se llenó de empleados cercanos a la militancia kirchnerista y La Cámpora, la organización dirigida por Máximo, el hijo mayor de los Kirchner. Ahora están en la calle y protestan pero tienen pocas posibilidades de volver. Lombardi asegura que el centro no morirá y de momento no se plantea cambiarle el nombre, pero van a darle un giro completo y terminar la obra.

Otro símbolo de que la cosa va muy en serio llegó en el Senado, donde Macri no tiene mayoría pero sí la presidencia, que corresponde por la Constitución a Gabriela Michetti, la vicepresidenta del país y gran referente del macrismo. Michetti ha despedido a 2.035 personas contratadas por el kirchnerismo con tanta rapidez que ahora va a tener que readmitir a un grupo de 43 discapacitados dentro de un programa de integración que se colaron entre los supuestos ñoquis.

El asunto inquieta a los sindicatos. Pablo Micheli, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), alejado del kirchnerismo, avisa: “Estamos de acuerdo con echar a los ñoquis, pero ojo con las medidas no consensuadas con los sindicatos, se hace tábula rasa y se cometen errores como en el Senado con los discapacitados. Si detrás de todo esto hay un plan para reducir el Estado argentino, que ya es chico comparado con otros de la región, va a haber conflicto seguro”.

«El Estado no es una bolsa de trabajo, no tiene que pagarle a una cantidad enorme de militantes de algún partido político», aseguró Michetti para defender su decisión. Según sus datos, con su antecesor, el kirchnerista Amado Boudou, la masa salarial del Senado creció un 80% y los empleados de esta institución un 146%.

Michetti ha sido la primera de una serie. Ahora vendrán los ministerios más importantes y las empresas públicas. La operación se está coordinando desde el ministerio de modernización, dirigido por Andrés Ibarra. En tres meses tendrán un informe detallado pero los datos que manejan ya les dicen que entre 2012 y 2015 se incorporaron 60.000 personas con contratos temporales a la administración y de ellos 25.000 llegaron en 2015, en la última etapa. Y eso sin contar las empresas públicas, solo la administración. “En los últimos tres años hubo entre un 40% y un 50% más de contrataciones que en los trienios anteriores. Convalidar a los ñoquis es una falta de respeto con los empleados que sí trabajan”, asegura Ibarra.

La presidenta argentina, Cristina Fernández, reiteró hoy en las redes sociales fragmentos del discurso que pronunció el pasado miércoles, cuando dijo que el «agravio, la infamia» se lo deja «a ellos», en su primera comunicación tras la petición de imputación por presunto encubrimiento de terroristas.

La cuenta oficial de la mandataria en Facebook publicó dos vídeos de su último acto público, realizado en la Casa Rosada dos días antes de que este viernes el fiscal Gerardo Pollicita solicitara su imputación y la de varios de sus colaboradores a partir de la denuncia presentada por el ya fallecido Alberto Nisman.

«Quiero decirles que nosotros vamos a seguir pregonando lo que venimos pregonando siempre: la unidad de todos los argentinos. Nosotros somos el amor por la Patria, el amor por el otro. (CFK en el Patio de las Palmeras, 11 de febrero 2015)», resaltó el perfil oficial de la red social, junto a dos vídeos del discurso.

«Cristina en el Patio de las Palmeras, 11 de febrero 2015: ‘¿Saben qué? El odio, el agravio, la infamia, la calumnia se los dejamos a ellos; nosotros nos quedamos con la Asignación Universal por Hijo, con las jubilaciones, con el matrimonio igualitario, con la ampliación de derechos, con los convenios colectivos de trabajo, con el mejor salario mínimo…'», según el segundo fragmento evocado hoy.

El fiscal argentino Gerardo Pollicita presentó este viernes un requerimiento de instrucción ante el juez Daniel Rafecas, encargado de la denuncia presentada por Nisman el pasado 14 de enero, cuatro días antes de su muerte por un tiro en la sien en circunstancias aún no aclaradas.

Nisman, fiscal especial de la causa sobre el atentado contra la mutua judía AMIA, que dejó 85 muertos en 1994, señaló a Fernández como máxima responsable de un plan para encubrir a los iraníes sospechosos de ser los autores de ese acto terrorista.

En la denuncia de Nisman, el memorándum de entendimiento firmado con Irán en 2013 para esclarecer el atentado contra la AMIA aparece como el principal instrumento de un supuesto acuerdo para eliminar las circulares rojas emitidas por Interpol contra los sospechosos iraníes a cambio de que Argentina pudiera comprar petróleo a Irán.

Pollicita pidió la imputación de la presidenta, del canciller, Héctor Timerman, y a sus colaboradores de «encubrimiento por favorecimiento personal agravado».

El Gobierno defiende que no hay pruebas para sustentar la demanda de Nisman y acusa al Poder Judicial de maniobrar para desestabilizar al Ejecutivo.

Está previsto que Cristina Fernández aparezca hoy en público por primera vez tras la imputación del fiscal Pollicita, en un acto para inaugurar obras públicas en la sureña localidad de El Calafate (provincia de Santa Cruz).

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Aquel 18 de noviembre de 2004 cuando la camioneta donde iba el fiscal Danilo Anderson explotó y acabó con su vida, se talló un hito en la tabla de la política que socavó las bases del sistema de justicia en Venezuela. El 8 de enero de 2015 cuando apareció muerto en su habitación el fiscal Nisman, tembló la Argentina. Especialmente porque a todas luces, la tesis de ese “suicidio” se desmorona. Ambos amenazaron con prohibir la salida del país de sus perseguidos, tensaron la cuerda… y se rompió

ESTÁ MUERTO. ¡EL FISCAL ESTÁ MUERTO! El fiscal que llevaba la investigación más emblemática de los últimos tiempos, está muerto. Con acento argentino o venezolano, las expresiones rompieron con la tranquilidad de un país y levantaron la bandera del jaque a un sistema de justicia. Con una diferencia de 11 años, el suceso se repite en países latinoamericanos cuyas democracias están en franca decadencia.

A Alberto Nisman (51) se le ve angustiado, azorado, no era un pasajero más que llegaba a su Buenos Aires natal el pasado lunes 12 de enero de 2015 en la mañana. En el video que lo capta en el aeropuerto se ve cuántas veces acude a su teléfono celular con apremio, recoge sus maletas y se encuentra con alguien de confianza y afecto. Se abrazan. Interrumpió su paseo con su hija quinceañera por Europa y adelantó el regreso. Algo inesperado lo hizo volver. Con apremio inusitado se dispuso a adelantar la denuncia que preparó durante años; parece que mucho menos sospechaba de una celada. Seis días después, el domingo 18 de enero, yacía con un disparo en el parietal derecho, dos centímetros por encima de la oreja, ejecutado con un arma calibre .22 que alguien de su confianza le prestó. Transcurrirían horas para que su cuerpo fuera encontrado sin vida y para que la fiscal del caso se apresurara a evaluar como un suicidio ¿Suicidio?

A Danilo Anderson (38) se le vio angustiado, azorado, no era un alumno más de esa clase de jueves por la noche del 18 de noviembre de 2004. Sus compañeros de clases declararían luego como testigos: una llamada a su teléfono celular lo alteró y salió del Instituto Universitario de Policía Científica, en Bello Monte, en esa camioneta que ya tenía colocado un dispositivo debajo de su asiento, ese que al activarse vía remota, estalló y le quitó la vida. Su reloj se detuvo a las 9:45 pm con la explosión. En su caso no hay dudas, a Danilo Anderson lo asesinaron, murió calcinado al instante. Debajo de su pierna derecha estaba su arma automática marca Glock, como era costumbre, pero quienes le mataron sabían que estaba preparado para disparar en defensa. Fue un asesinato escandaloso, que enseguida contó con la presencia de funcionarios del gobierno, figuras de la oposición, vecinos, amigos. Asesinato. Pronto surgiría la palabra “sicariato” y con ella la búsqueda de autores materiales e intelectuales.

Así quedó el vehículo de Danilo Anderson después de la explosión

Las versiones

Para el momento de su muerte, el fiscal de Ambiente con competencia Nacional, Danilo Anderson, tenía a su cargo casos que lo convirtieron en un hombre mediático. La principal de las causas era la acusación de cada uno de los firmantes del decreto de Pedro Carmona Estanga, quien asumió brevemente la presidencia de Venezuela durante el golpe del 11 de abril de 2002 a Hugo Chávez. Pero también había metido tras las rejas a Henrique Capriles Radonski, por las actividades de aquellos días convulsos de 2002, e investigaba a los seguidores del gobierno que dispararon hacia la avenida Baralt desde el Puente Llaguno y fueron grabados por lentes de cámara y video.

Anderson, quien decía no pertenecer a ningún partido, militaba con ideas de izquierda y respaldaba el proceso político de Chávez. Era pieza fundamental del entonces fiscal general de la República, Julián Isaías Rodríguez. Desde la misma noche del crimen, esta máxima figura del Ministerio Público sorprendió por sus declaraciones, sus demostraciones de afecto y sus promesas de “buscar hasta debajo de las piedras” a los culpables. La vocería oficial de entonces no guardó prudencia ni esperó investigaciones, y enfiló hacia sectores de la oposición y paramilitares colombianos como autores del hecho. Entretanto, el funeral se convirtió en acto político, pancarta, bandera, promesa, consigna. “¡La vida por la verdad!” “¡Danilo vive!”.

Dos meses después, el 5 de enero de 2005, el ministro de Justicia, Jesse Chacón, ofreció declaraciones que dieron un vuelco a esa tesis oficial, que ya se desvanecía por investigaciones de la prensa. El entorno de Anderson, fiscales y abogados, habría estado negociando dinero en efectivo a cambio de la libertad de esos “Carmonafirmantes” con capacidad de pago: banqueros, empresarios. Todo, para salir de la lista de acusados del fiscal.

“La posibilidad de la existencia de dos grupos de abogados que utilizarían la extorsión para evitar las imputaciones por el caso del Decreto Carmona (…) Se han trabajado varios escenarios, entre ellos, la posibilidad de la existencia de un grupo de abogados que aprovechando su cercanía con el Fiscal Anderson, hayan pretendido extorsionar a algunas de las personas que firmaron el Decreto Carmona y su presunta relación con otro grupo que servía como vínculo con las personas que presuntamente serían imputadas”, dijo frente a las cámaras Chacón.

Venezuela tuvo a Isaías, Argentina a Cristina

La propia presidenta de Argentina, Cristina Fernández viuda de Kirchner, a través de su blog y Twitter, se encargó de dar el vuelco, 4 días después del suceso: No fue suicidio; y sentenció que aunque no tiene pruebas, tampoco tiene dudas. Eso provocó el titular de primera página a 5 renglones del Clarín de Buenos Aires: “Grave giro de Cristina: ahora cree que a Nisman lo asesinaron” (23/1/15).

En su explicación, la mandataria se hace preguntas: “¿Por qué se iba a suicidar (Nisman) si no sabía que era falsa la información que estaba en el informe? Estas respuestas seguramente las podrán dar quienes lo convencieron de que tenía en sus manos “la denuncia del siglo” proporcionándole datos falsos. Pero además, si hubiera tenido sospechas de falsedad de información o de falta de sustento en el supuesto de que se lo habían escrito “otros” ¿Por qué se iba a suicidar alguien que ya había sido acusado por numerosos familiares de las víctimas del atentado en la AMIA o directamente lo habían recusado? ¿En qué hubiera cambiado su vida si el informe no tenía sustento y el juez a cargo, como es común, corriente y sucede a diario, le dicta un “téngase presente y resérvese hasta que se adjunte más prueba?”

Es Cristina Fernández la cara más visible del caso. Desde un principio, las pancartas y diarios coinciden en darle voz a la tesis “A Nisman lo suicidaron” y de forma inmediata los dedos índices no dudan en apuntarla directo. ¿Por qué? Porque el fiscal se desempeñaba como la cabeza de una causa muy sensible para su país: el atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994 en la mañana. La bomba que explotó frente a la sede causó la muerte de 85 personas, hirió a 151 y provocó daños materiales. Los responsables de la causa fueron ubicados en cargos gubernamentales del entonces gobierno iraní, entre ellos el agregado cultural persa en Argentina, Mohsen Rabbani. Durante el gobierno de Néstor Kirchner, la investigación fue asignada a Nisman, como fiscal especial, y según la entrevista en el programa “A dos voces”, de la televisora TN (14/1/15), llevaba 8 años escuchando conversaciones y dos años y medio analizando y escribiendo una gravísima acusación contra el gobierno presidido por Cristina.

Luego de su muerte, el informe firmado y sellado por el fiscal, de 290 páginas, se dio a conocer. En él se puede leer su hipótesis y frases de las escuchas telefónicas, que dan cuenta de un plan de acercamiento comercial entre Argentina e Irán, para intercambiar petróleo por granos, que pasaría por exonerar de culpas a los funcionarios iraníes acusados de participar en AMIA. Nisman aseguraba, por escrito y en declaraciones, que mientras se daba una cara a los familiares de las víctimas y al país, de mano dura contra los culpables, por debajo de la mesa el entorno de Cristina negociaba a través de agentes secretos con Irán para levantar el veto y “bajar” las alertas rojas de Interpol que les impide movilizarse libremente por el mundo. Nisman, cercano a Néstor Kirchner, resaltaba que durante su gobierno el mandatario había sido tajante y firme en no permitir acercamiento con Irán. De ningún tipo.

Así como en el caso de Danilo Anderson, las investigaciones apuntan a un entorno de las víctimas, a personas con las que se reunían en secreto y se relacionaban entre sí y a su vez con otras partes. Antonio Stiusso, ex jefe de la máxima institución de Inteligencia (SIDE), aparece en esta historia como informante de Nisman y el organismo se menciona a través de agentes que llevaban y traían. La entonces Disip, órgano de Inteligencia venezolano, se vinculó al asesinato de Anderson a través de algunos agentes condenados por la autoría material del hecho; como también en las alcabalas que esa noche custodiaron la ruta del fiscal y lo dejaron pasar hasta el lugar de la explosión, mientras desviaban otros carros. Los organismos de inteligencia tienen mucho qué decir en ambos casos.

Aquí puedes leer el informe completo que preparó Nisman

Última foto que envió Nisman por Whatsapp a Waldo Wolff, vicepresidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, sobre su investigación

Fiscal estrella

Anderson no era un fiscal más; era hombre de confianza de personajes del gobierno, con una actitud poco flexible. Había jurado “no volver a ser pobre más nunca”, en entrevista con Elizabeth Araujo (Tal Cual, 19/5/04) y se relacionaba de la misma forma con el alto poder como con su círculo de amigos. El banquero Arístides Maza Tirado advirtió en privado que fueron a cobrarle para sacarlo de la comprometedora lista. En las actas de entrevista del caso, que se filtraron a la prensa, aparecieron abogados del entorno del también banquero Ignacio Salvatierra, que entregaban dinero en efectivo a amigos de Anderson, con la misma intención: salir de la lista. Otros empresarios figuran en las declaraciones de amigos y familiares, como negociadores de su propia libertad, de esa manera.

José Vicente Rangel, hombre de poder oficialista, cercano a Hugo Chávez, ex vicepresidente y conductor de un programa de opinión televisivo, fue querellado por los hermanos del fiscal: Marisela Caraballo Anderson y Juan José Meléndez Anderson, por considerar que está comprometido con el caso y sabe quién mandó a asesinar a Anderson y por qué. Junto a Isaías Rodríguez, Rangel desvió siempre la hipótesis de la extorsión.

La actitud de estas figuras pro oficialistas, la impunidad a lo largo de tantos años y la vulnerabilidad que mostró el fiscal “estrella” de la revolución, hacen que la opinión pública condene al gobierno, por acción u omisión, por este caso.

Mira este reportaje que te cuenta qué ha pasado 10 años después con el caso Anderson

Prohibición de salida ¿el detonante?

Dos días después de su llegada apresurada a Argentina, Nisman ofreció una entrevista en el programa “A dos voces”, del canal TN (14/1/15).

Impetuoso y seguro, dejaba poco espacio al entrevistador y explicaba su teoría. “Quisiera que no fuera cierto”, lo que encontró. “Si me equivoco…aunque no creo equivocarme, ahí están los hechos, son ocho años de grabaciones…”, decía. Pero quizás lo más grandilocuente de la media hora de entrevista fue la firmeza con la que informó que pedía la prohibición de salida del país de ese entorno presidencial que aparece tan cuestionado: de Luis D’ Elía, líder piquetero; Fernando Esteche, líder de la organización Quebracho; Héctor Yrimia, ex juez del caso Amia y ex agente del organismo de inteligencia SIDE… “y del personal de Secretaría de Inteligencia involucrado”, además de pedirles 200 millones de pesos como castigo judicial.

“La prohibición de salida del país es el coco para una gente que vive justamente de negociaciones dentro y fuera del territorio nacional”, dijo en 2006 uno de los investigadores del crimen de Danilo Anderson, que ha decidido mantenerse en secreto. Anderson planificaba un viaje al continente europeo, pero no llegó a hacerlo como sí pudo Nisman. Estaba en trámites de comprarse abrigos de invierno y preparando maletas cuando la muerte vino a cambiarle los planes. Sin embargo, no abandonaba su investigación y en cámaras de televisión y prensa se le vio amenazar a los firmantes del decreto de Carmona con la temida prohibición de salida del país a su regreso. Es la tesis que sostienen en el libro “Verdades del caso Anderson”, publicado por el concejal Carlos Herrera y los hermanos Marisela Caraballo Anderson y Juan José Meléndez Anderson (2008) ¿Sería esta figura de limitación de libre circulación a los indiciados el detonante de ambas muertes?

Puede leer el libro de los hermanos de Anderson aquí 

La investigación sobre el fiscal venezolano cumplió 10 años en el limbo. El fiscal general Isaías Rodríguez decretó el sobreseimiento de los supuestos autores intelectuales por falta de pruebas, y hay 3 policías condenados a máximas penas por la autoría material, luego de un juicio minado de irregularidades y mucha interferencia de la política y la presión de la opinión pública.

Con Nisman todo se mueve muy rápido y los acontecimientos están en pleno desarrollo. Revisan su entorno, al hombre que le llevó la pistola prestada pese a tener armamento propio; a sus escoltas que igual que en el caso de Anderson lo abandonaron y no cumplieron su labor de protección cerrada a alguien tan comprometido. Falló el Estado en la custodia de ambos y falla en algo más: la independencia de poderes en casos tan políticos.

¿Qué hace ese ministro allí?

El secretario de Seguridad de Argentina, Sergio Berni, fue una de las primeras personas en llegar al sitio del crimen. Contó que fue “para garantizar que nadie ingresara ni tocara nada”. De hecho, “ingresó unos minutos antes que el juez Manuel de Campos y bastante antes que la fiscal Viviana Fein. Junto a él sólo estaban algunos familiares conmocionados y policías que son sus subordinados”, según reflejó Clarín el 21 de enero.

Para entrar en la noticia, haga clic en la imagen

¿Qué hacía allí un funcionario del Poder Ejecutivo? Es una de las interrogantes que hoy quedan por resolver y de las incomodidades que muestra la prensa crítica con la investigación del caso. Porque no es el único evento que parece entorpecer la libertad de la justicia para proceder: la política está tan metida en el asunto que la propia mandataria aporta versiones, las tuerce y acomoda.

“Las cartas de Cristina Kirchner, difundidas por las redes sociales, podrían entorpecer las tareas de investigación de la muerte del fiscal del caso AMIA, Alberto Nisman, por “sugerir calificaciones legales del hecho y medidas de prueba”. Así lo señaló el fiscal de Cámara en la causa Nisman, Ricardo Sáenz, quien retomará sus actividades el lunes, tras regresar de su licencia, y registró el portal Inédito.com

Algo similar ocurrió en Venezuela con el caso Anderson. La noche del atentado, los primeros en llegar a la escena del crimen, en Los Chaguaramos, fueron funcionarios del gobierno. Entre ellos el exvicepresidente de la República José Vicente Rangel, ministros como Tobías Nóbrega y el fiscal Isaías Rodríguez, personas no vinculadas a la investigación judicial pisaban el lugar y algunos traspasaron la cinta amarilla de protección y contaminaron la recopilación de evidencias. Fue duramente criticado. No obstante, lo peor vendría después, cuando con sus declaraciones, estos altos funcionarios esgrimían hipótesis, adelantaban opinión y torcían las investigaciones. En 2005, cuando la línea de investigación de los detectives no favorecía a la posición oficial y no condenaba a opositores, el fiscal mayor removió al jefe de la investigación policial, Comisario José Cuéllar.

En agosto de ese año montaron un testigo: Giovanny Vásquez, que inculpó a personas que se oponían al gobierno como autores intelectuales de la muerte. Entre ellos la periodista Patricia Poleo, el empresario Nelson Mezerhane, el militar Eugenio Añez y Salvador Romaní (hijo), pero a ninguno se le comprobó nada. Después de la persecución, Vásquez contaría en una entrevista que mintió y que jamás conoció a esas personas.

Es un crimen impune, que a 10 años tiene más preguntas que respuestas. En la muerte de Nisman el poder político tiene su mano hundida ¿La investigación correrá la misma suerte?

Los medios y la investigación

Los medios de comunicación juegan un papel primordial en las investigaciones. En ambos momentos, la audiencia cuenta con la existencia de medios críticos que caminan a la par de las averiguaciones y, en ocasiones, un paso adelante. En 2004, estos medios fueron fundamentales para dar a conocer lo que no quería decir la versión oficial en Venezuela, pero no contaban con las redes sociales como 11 años después. Los argentinos conocen los últimos mensajes de Whatsapp de Nisman, la foto que envió horas antes de morir. A través del Twitter, se conoce la identidad del periodista que dijo recibir la última carta que envió a un medio, Laureano Pérez Izquierdo (@TotiPI), asunto que desconocía la propia fiscal Viviana Fein. En youtube está el video que registra con detalle la llegada de Nisman al aeropuerto.

Corren otros tiempos para la información y cada vez parece más difícil para el Poder acallar la verdad.

Alberto Nisman y Danilo Anderson no se conocieron. Uno nació 3 años antes del otro. Ambos fueron a la universidad pública de sus países y se convirtieron en fiscales. Fueron mediáticos y polémicos. Sus finales también. El venezolano es una pieza clave en la historia de la impunidad. El argentino tiene chance de acabar con esa mácula ¿lo logrará?

Una lectura al pasar de la página web de hoy miércoles 26 de noviembre del diario El Universal, de Caracas, llama poderosamente la atención. En la sección Economía, aparecen tres noticias que bien podrían fecharse en Buenos Aires. Hablan de la caída de la producción industrial, de sospechas de corrupción en la asignación de dólares a importadores y el reconocimiento de que los controles de precios no funcionan.

Hace años que se viene hablando de los puntos de contacto entre los modelos económicos de Venezuela y la Argentina. La era Chávez y la era K tienen muchas similitudes. Pero las coincidencias de un solo día, asombran.

La primera noticia tiene que ver con el control de precios. Allí se conoce como «Precio Justo» el plan que aquí conocemos como «Precios Cuidados»

El Universal cuenta que «el Vicepresidente Ejecutivo, Jorge Arreaza, dijo que las fiscalizaciones llegarán a todos los sectores y que el objetivo del precio justo todavía no se ha logrado. «En todos los casos las inspecciones y las fiscalizaciones van a llegar».

El funcionario exhortó a los comerciantes chinos a hacer ajustes de precios. «Todos serán inspeccionados sin importar las nacionalidades. No hace falta esperar que llegue la inspección. Bajen los precios», reclamó. Recordemos: no es Axel Kicillof o Augusto Costa quien exorta, sino el vicepresidente de Nicolás Maduro.

Luego, advierte sobre la normativa legal que están por aplicar en Venezuela: «Una vez que se aprueben las leyes previstas en el marco de la Habilitante, se definirán los precios justos y la periodicidad en que deberán revisarse». Agregó que se debe llegar al punto de irreversibilidad y que el Presidente Nicolás Maduro está analizando la aprobación de más normativas para alcanzar la estabilidad de los precios.

¿Algún parecido con nuestra Ley de Abastecimiento?.

Venezuela y la Argentina se destacan como los dos únicos países del continente que tienen un activo plan de control de precios. En Venezuela la inflación de este año llegará al 70%. En la Argentina apunta al 35 o 40%. Bien arriba del resto de la región.

La segunda coincidencia: los problemas con los dólares para los importadores. Para sorpresa del gobierno venezolano, parece que hay maniobras que rozan la corrupción. Suena increíble, pero es así. Parece que los controles no funcionan del todo bien.

Maduro ordenó armar una comisión para investigar las asignaciones de divisas del Estado durante el trienio 2011-2013. Dicha comisión, dice El Universal, evaluó una serie de hechos que configuran la convicción de algunas actuaciones violatorias de la Ley de Ilícitos Cambiarios.

«Lo que observamos en términos generales son asociaciones o vínculos entre empresas importadoras en Venezuela y las exportadoras en el exterior. También encontraron sobreprecio en materias y productos importados; y triangulaciones: más de un intermediario entre el productor y el importador en Venezuela.

Son operativos de control para que funcionen los controles. Igual a los que lanzaron aquí el Banco Central, la AFIP, la UIF y la Procelac.

Y finalmente, una noticia relacionada con el Estado Empresario: los resultados de Siderúrgica del Orinoco, Sidor, controlada por el grupo Techint hasta 2008, cuando el ex presidente Hugo Chávez decidió estatizarla.

El Universal informa hoy que el propio titular del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares, José Luis Hernández, señaló que la planta reporta decrecimientos en sus niveles de producción desde 2008 a la fecha.

La Siderúrgica del Orinoco (Sidor) podría cerrar 2014, con una producción de 1,3 millones de toneladas de acero líquido, esto es 13,3% menos al 1,5 millones de toneladas reportadas en 2013. Los datos de producción mantienen una firme tendencia declinante desde que pasó a manos del gobierno venezolano.

Según datos proporcionados por el sindicalista, en 2008 la acería producía al 76% de su capacidad, en 2010 se redujo a 69%, en 2011 a 58%, en 2012 a 46% y en 2013 a 38%. Y este año, dijo, podría ubicarse en alrededor de 30%.

Hernández explicó que la contracción de la siderúrgica más importante del país, obedece a que «las inversiones llegan a la empresa perodesvían los recursos; no hay auditorías ni seguimiento». A la par «se realizan los mantenimientos correctivos y preventivos cada tres años y no cada 6 meses como deberían adelantarse».

Asimismo confió en que la planta «no cuenta con repuestos y materias primas» fundamentales para el proceso productivo. Precisó que en 2008 Sidor presentaba una deuda de 189 millones de dólares con los proveedores de repuestos y materias primas y en 2014, los compromisos ascienden a 936 millones de dólares.