Imputan a presidenta de Argentina Cristina Fernández por denuncia de fiscal Nisman

BUENOS AIRES (AP) — La justicia argentina impulsó el viernes la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados de un atentado, al solicitar la apertura de una investigación penal y que el gobierno atribuyó a un intento de “desestabilización”.

En un “requerimiento de instrucción”, o solicitud de apertura de investigación, el fiscal Gerardo Pollicita consideró que la denuncia que hizo su colega el 14 de enero existen suficientes elementos para investigar a la mandataria en un juzgado y determinar si buscó desligar la presunta responsabilidad de ocho iraníes en el ataque a un centro judío en 1994, el peor atentado terrorista ocurrido en suelo argentino.

A diferencia de Nisman, Pollicita no solicitó que se realice un interrogatorio a la mandataria ni a funcionarios y allegados al gobierno acusados previamente, pero sí requirió varias de las medidas solicitadas por su colega y pidió otras nuevas.

Ahora, el juez Daniel Rafecas deberá analizar la solicitud de Pollicita y evaluar cuáles serán los siguientes pasos en el proceso penal. El magistrado adelantó el regreso de sus vacaciones para el miércoles 18 de febrero.

“A propósito de lo enunciado hasta aquí, corresponde introducirse en el análisis de la posible relevancia jurídico penal de los hechos denunciados por el fiscal general Dr. Alberto Nisman, cuya investigación se promueve mediante este acto procesal”, dice Pollicita en su solicitud difundida por el Poder Judicial argentino.

En el documento, el fiscal Pollicita recordó que están “imputados en la denuncia que dio inicio a las presentes actuaciones” la presidenta, el canciller Héctor Timerman, el diputado oficialista Andrés Larroque, un representante de la comunidad iraní en Argentina, Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil, el ex juez Héctor Luis Yrimia, los dirigentes sociales afines al oficialismo Luis D’Elia y Fernando Esteche y el presunto espía “Allan”, y que según Nisman sería Ramón Allan Héctor Bogado.

El 18 de julio de 1994 una camioneta cargada con explosivos detonó frente al edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), y causó la muerte de 85 personas. Dos años antes, un ataque similar destruyó la embajada israelí en Buenos Aires, con un saldo de 29 muertos.

Ninguno de estos ataques ha sido esclarecido.

Nisman fue encontrado muerto con un tiro en la cabeza en su departamento cuatro días después de haber presentado la denuncia contra la presidenta. El investigador había requerido un interrogatorio a Fernández y al resto de los imputados.

Antes de que fuera encontrado su cuerpo sin vida, Nisman tenía programado asistir a una reunión con un grupo de legisladores en el Congreso, donde se esperaba que ofreciera más detalles sobre su acusación, la más grave que haya recibido Fernández.

La mandataria lleva más de siete años de gobierno y culmina su mandato en diciembre.

Al evaluar el paso dado por Pollicita, el abogado penalista Juan José Ávila explicó a The Associated Press que se trata de una solicitud de apertura formal de una investigación por el atentado ocurrido en el centro comunitario.

“La validez y ponderación de las pruebas se valoraran en el curso de la investigación que Nisman intento promover y que el dictamen de Pollicita acompaña o avala”, explicó.

Según Ávila, quien fue abogado del centro comunitario judío, la denuncia de Nisman “es seria, consistente y debe ser investigada”.

“Decir que no está probada o no hay suficientes pruebas es una manera muy elemental de querer presentar la cosa como inconsistente, pero ninguna denuncia, en el momento de hacerla, está probada”, dijo Ávila al opinar sobre las aseveraciones de algunos de sus colegas que sostienen que la acusación carece de pruebas o indicios suficientes que ameriten investigar a Fernández.

“Corresponde dar inicio a una investigación que permita, mediante las diligencias probatorias que se habrán de proponer más adelante, alcanzar un grado de conocimiento suficiente para comprobar o descartar la efectiva concurrencia de los extremos fácticos y dogmáticos expresados en los párrafos precedentes”, agregó.

Ante los fuertes rumores que decían que era inminente la solicitud del fiscal, el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, afirmó ante periodistas que “es una clara maniobra de desestabilización antidemocrática… no tiene ningún valor jurídico”. “Acá pareciera que decir imputado es como que ya está semicondenado. No tiene nada que ver, no tiene ninguna importancia”, sostuvo.

En tanto, el jefe de gabinete Jorge Capitanich, afirmó que “no existe prueba alguna, ni siquiera de carácter indiciario, respecto de lo que fue la presentación de Nisman” que ahora “pretende ser instruido por el fiscal Pollicita. Observamos una estrategia activa de desestabilización, del golpismo judicial activo”.

Capitanich confirmó que La Procuración del Tesoro de la Nación presentó ante el juzgado de Rafecas, en representación del Estado argentino, un escrito de carácter institucional aportando elementos de juicio en relación a la denuncia realizada previamente por Nisman.