Tareck El Aissami, vicepresidente de la República, anunció que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó la anulación de la inmunidad parlamentaria de Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y coordinador nacional encargado de Voluntad Popular.
Durante una alocución transmitida por Venezolana de Televisión, el vicepresidente aseguró que la orden del TSJ de suspender la inmunidad del parlamentario opositor será remitida a la fraudulenta asamblea nacional constituyente para que sea ejecutada.
El ente judicial ordenó también la prohibición de salida del país del diputado.
TSJ establece que Freddy Guevara deberá ser juzgado por tribunales penales ordinarios
La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, presidida por el magistrado Maikel Moreno, declaró que el ciudadano Freddy Guevara presuntamente incurrió de manera permanente en los delitos de asociación, instigación pública continuada y uso de adolescente para delinquir.
Los referidos delitos están tipificados respectivamente en los artículos 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo; artículo 285 del Código Penal Venezolano vigente en relación con el artículo 99 eiusdem, y el artículo 264 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
En la decisión, con ponencia del magistrado Marco Antonio Medina Salas, vicepresidente de la Sala Político Administrativa del Alto Tribunal, se establece que en casos de delitos considerados en flagrancia, como los antes mencionados, no es procedente el antejuicio de mérito conforme en lo dispuesto en el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 116 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y que de acuerdo a la sentencia N° 1684 del 4 de noviembre de 2008 dictada por la Sala Constitucional, cualquier enjuiciamiento de Freddy Guevara deberá hacerse por tribunales ordinarios competentes, según lo dispuesto en el artículo 378 del Código Orgánico Procesal Penal.
Asimismo, la Sala Plena ordenó enviar copias certificadas a la Asamblea Nacional Constituyente para que determine lo conducente en este caso, así como al Ministerio Público, para que continue la tramitación de la causa penal correspondiente.
Igualmente, ordenó prohibición de salida del país de Freddy Guevara con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26 de la Carta Magna, y oficiar de manera inmediata al Servicio Administración de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).
Ante la medida tomada anoche por la Sala Constitucional del TSJ donde asume todas las competencias y responsabilidades de la Asamblea Nacional, distintos países del mundo decidieron expresarse y manifestarle su apoyo al país. Entre ellos:
Argentina:
A través de un comunicado, el gobierno de Argentina mostró su preocupación por la sentencia emitida el pasado martes por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano que limita las facultades de la Asamblea Nacional y restringe la inmunidad de los diputados.
«La Argentina reivindica la importancia de la plena vigencia en Venezuela del Estado de derecho y de los principios democráticos, entre ellos los principios fundamentales de la separación de poderes y el respeto por la libre expresión de las ideas», indicó el documento. La Cancillería reafirmó lo firmado junto con otros países suramericanos el pasado 23 de marzo, a la hora de reiterar que el diálogo y la concertación política son los únicos caminos para resolver la situación de crisis que afronta.
México:
El gobierno mexicano expresa su profunda preocupación por las recientes decisiones del TSJ de Venezuela que afectan a la AN de ese país (…) Asimismo, reafirma su disposición a colaborar con el pueblo y el gobierno de Venezuela en todo aquello que pueda contribuir a una solución de los desafíos políticos, económicos y sociales en ese país, así como al restablecimiento del orden democrático.
Chile:
El ministro de Relaciones Exteriores de Chile Heraldo Muñoz, en rueda de prensa expresó su preocupación por la decisión del TSJ contra la AN «En nombre del Gobierno de Chile expreso nuestra más alta preocupación por el agravamiento de la situación venezolana (…)»Esta situación nos lleva a consultar con los países amigos el cómo proceder de ahora en adelante (…) Quisiera reafirmar lo expresado por los veinte países de la OEA hace poco más de 24 horas», agregó.
Colombia:
El gobierno colombiano expresó hoy «profunda preocupación» por la decisión del TSJ de asumir las competencias de la Asamblea Nacional. La canciller María Ángela Holguín, señaló a periodistas que su país expresa “su profunda preocupación por la decisión del Tribunal Supremo” y destacó “la importancia del respeto por la separación de poderes”.
Perú:
El gobierno de Perú tomó acciones más drásticas retirando definitivamente a su embajador de Venezuela. En un comunicado emitido por la cancillería, el gobierno peruano condenó la ruptura del orden democrático en Venezuela y califica la acción del TSJ como una “arbitraria medida que violenta el Estado de Derecho”.
Además, Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, manifestó vía Twitter su solidaridad con los venezolanos.
Mi solidaridad con el pueblo venezolano que sigue reclamando Democracia y exigiendo que se respete el Estado de Derecho.
La Unión Europea pide un «calendario electoral claro» en Venezuela y respeto a su Asamblea. “Es de suma importancia establecer un calendario electoral claro y respetar a la Asamblea Nacional y a todos sus miembros, como prevé la Constitución”, señaló en un comunicado un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior.
Brasil:
El Gobierno brasileño consideró la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de asumir las competencias de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) como una ruptura constitucional y convocó a todas las partes a la ponderación y el diálogo. «El Gobierno brasileño repudia la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela que retiró de la Asamblea Nacional sus prerrogativas, en una clara ruptura del orden constitucional», asegura un comunicado divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.
Estados Unidos:
El Gobierno de EE.UU. «condenó» hoy la decisión de Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de «usurpar los poderes de la Asamblea Nacional elegida democráticamente», afirmó el portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner. «Esta ruptura de las normas democráticas y constitucionales daña en gran medida las instituciones democráticas de Venezuela y niega al pueblo venezolano el derecho de moldear el futuro de su país a través de sus representantes electos. Lo consideramos un grave revés para la democracia en Venezuela», dijo el portavoz en un comunicado.
Costa Rica:
La Asamblea Legislativa de Costa Rica también se pronunció al respecto y pidió a su gobierno que aprobaran una moción para aplicar la Carta Democrática de la OEA y censurar a Venezuela por quitar inmunidad a parlamentarios.
En un comunicado de Cancillería sobre situación en Venezuela, se lee: «Costa Rica considera inadmisible suspensión de poderes constitucionales a la Asamblea Nacional en la República Bolivariana de Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, declaró la nulidad de los acuerdos de la Asamblea Nacional y revocó las inmunidades a sus miembros. Además, eliminó los poderes constitucionales de esa Asamblea, en violación del principio de separación e independencia de los poderes del Estado (…) Costa Rica considera que estas decisiones son inadmisibles y decepcionantes, por ser contrarias a la esencia de la democracia y, aceleran el deterioro de la gobernabilidad democrática en ese país (…) Costa Rica considera que es en la Organización de Estados Americanos donde debe encontrarse una solución justa, pacífica y afianzada en la fuerza del multilateralismo. Desde esta perspectiva, ratifica su disposición de continuar decididamente los esfuerzos para que, en el seno de ese foro, se atienda y solucione sin demora alguna la muy grave situación en ese país hermano, al amparo de los instrumentos jurídicos y diplomáticos aplicables.
Panamá:
El Gobierno de la República de Panamá manifiesta su profunda preocupación ante la medida adoptada por el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, que ha eliminado las facultades de la Asamblea Nacional de este país, y que agrava la situación política, económica, social y humanitaria que vive Venezuela. Panamá hace un llamado al respeto del orden constitucional, el respeto a la separación de poderes y los principios de la democracia, y que se den las garantías para la celebración de elecciones democráticas.
Cónsono con los principios que guían la política exterior panameña, la República de Panamá reitera además la importancia de que se retome y fortalezca el diálogo para llegar a entendimientos entre Gobierno y oposición venezolana.
Alemania:
El Gobierno alemán pidió al Gobierno de Venezuela «regresar urgentemente a estructuras democráticas» y acusó al presidente del país, Nicolás Maduro, de convertir a la población en «rehén de sus propias ambiciones».
El portavoz del Gobierno alemán, Steffen Seibert, agregó que Berlín «está muy preocupada por los recientes acontecimientos en Venezuela».
Canadá:
La Ministra de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, mediante un comunicado se expresó por la situación de Venezuela: “Canadá está profundamente preocupada por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela del 29 de marzo, de suspender los poderes legislativos de la Asamblea Nacional electa democráticamente”.
“Hacemos un llamado al Gobierno de Venezuela a permitir que la Asamblea Nacional cumpla sus obligaciones constitucionales y a respetar la inmunidad parlamentaria de sus diputados”.
“Canadá reafirma que un diálogo efectivo e inclusivo es el camino para solventar los retos políticos, económicos y sociales que enfrenta el país, tal y como lo expresamos en el comunicado del pasado 23 de marzo de 2017, realizado por Canadá y otros 13 países miembros de la Organización de Estados Americanos”.
Francia:
Francia expresó su «preocupación» por la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela, y pidió «a las autoridades» venezolanas que respeten la separación de poderes.
«La democracia y el Estado de derecho implican la separación de poderes. Francia, como ha hecho la Unión Europea, pide a las autoridades venezolanas que garanticen su respeto», dijo en un comunicado el ministerio francés de Exteriores.
Uruguay:
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay condenan la situación creada a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que afecta a la Asamblea Nacional y reiteran el urgente llamado a que el gobierno de ese país avance efectivamente en la aplicación de medidas concretas acordadas con la oposición con apego a las disposiciones de la Constitución.
Los países de la región reiteramos el urgente llamado a que el Gobierno de Venezuela avance efectivamente en la aplicación de medidas concretas acordadas con la oposición con apego a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para garantizar la efectiva separación de poderes, el respeto al Estado de Derecho y a los derechos humanos, así como a las instituciones democráticas.
TSJ definirá límites de la inmunidad parlamentaria
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) publicó este martes una sentencia en la que se indica que la Sala Constitucional del ente judicial definirá los límites de la inmunidad de los diputados, esto a propósito de la aprobación del Acuerdo sobre la Reactivación de la Aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El TSJ insistió en que la Asamblea Nacional se mantiene en desacato desde que juramentó a los diputados de representación indígena: Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, el pasado 28 de julio de 2016.
“A pesar de los reiterados llamamientos realizados por la Sala Electoral y La (sic) Sala Constitucional del TSJ, la Asamblea Nacional ha decidido mantenerse al margen del cauce constitucional, situación que vicia de nulidad cualquier decisión que en ese órgano se adopte. Es por ello, que respetuosamente se solicita a la más alta Sala del TSJ, que declare nula e inexistente ésta nueva incursión antidemocrática que está asumiendo el Parlamento en contra del Estado de Derecho y que por lo tanto, anule de manera absoluta e inequívoca”, cita el documento.
En el estudio, el TSJ y el presidente Nicolás Maduro revisarán las diversas leyes que le dan facultades de política exterior e interior a los parlamentarios. Además de aquellas en las que se tipifiquen delitos civiles, económicos, militares, penales, administrativos, políticos, jurídicos y sociales (incluyendo la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley Contra la Corrupción, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y el Código de Justicia Militar). (El Nacional)
Oficialismo marcha este martes para protestar contra el injerencismo de la OEA
Militantes del oficialismo se concentran la mañana de este martes en la Plaza Morelos, ubicada en Bellas Artes, Caracas, para protestar contra el informe presentado por Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Bajo la consigna «La soberanía no se negocia ni se doblega», el oficialismo protagoniza una nueva marcha en Caracas como parte de las que se han venido haciendo en los últimos meses.
«Chávez nos lo dijo una vez y hoy lo estamos viendo: hay personas de nuestro país y del extranjero que quieren vernos de rodillas; Chávez también nos dijo lo que teníamos qué hacer y por eso hoy (martes) estamos aquí en una sola voz diciendo que Venezuela es nuestra y no de lacayos imperiales», expresó Asdrúbal Ochoa, habitante de la parroquia Sucre de Caracas, quien acudió a la plaza capitalina para marchar (Panorama)
Samuel Moncada designado embajador de la Misión Permanente de Venezuela ante la OEA
La ministra para las Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, designó a Samuel Moncada como Embajador Representante Permanente Alterno, en la Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, Estados Unidos.
El nombramiento fue notificado a través de la Gaceta Oficial N° 6.292 Extraordinario que circuló este lunes en el territorio nacional.
Moncada fue recientemente nombrado como viceministro de Relaciones Exteriores de Venezuela para América del Norte. Previamente, ejerció el mismo cargo pero en el continente europeo. (Globovisión)
Fedecámaras exhortó al Gobierno a retomar «diálogo social tripartito»
El presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, expresó que es necesario realizar un «diálogo social tripartito» y cumplir con los preceptos establecidos en la Constitución en la cual se establece que el «régimen económico venezolano es mixto».
En ese sentido, Fedecámaras exhortó al Gobierno Nacional a activar un verdadero diálogo social en el país, tras la 329 reunión del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) efectuada entre 9 y el 24 de marzo de 2017.
«El Estado debe promover la iniciativa privada, la producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la población, el respeto al derecho de propiedad. Que el Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promuevan el desarrollo armónico de la economía nacional», indicó. (El Mundo)
Estados Unidos dice que no está buscando la suspensión inmediata de Venezuela de la OEA
Estados Unidos no está buscando la suspensión inmediata de Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA), reunida el martes para discutir la crisis política y económica en el país sudamericano, dijo un alto funcionario del Departamento de Estado, reseña Reuters.
“Nuestro objetivo para esta sesión especial no es una suspensión inmediata”, dijo Michael Fitzpatrick, subsecretario de Estado adjunto para asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos.
“Alentamos a Venezuela a participar en una discusión productiva sobre formas de resolver la crisis económica y humanitaria”, dijo. (La Patilla)
Y llegó el día fijado apresuradamente por el gobierno de Juan Manuel Santos, para que los colombianos decidieran a través de un Plebiscito los Acuerdos de Paz alcanzados con la guerrilla de la FARC-EP. Y los ciudadanos votaron NO.
El resultado sorprendió a todos, incluyendo a los promotores del NO. La campaña de intimidación y terror había logrado su objetivo. Los colombianos contestaban a las encuestadoras, no sus preferencias reales, sino la opción que no les exponía al desprecio y a la estigmatización. Votar NO se había convertido en un pecado, pues desde el gobierno calificaba a sus defensores y partidarios como guerreristas, anti-patriotas y contrarios a la Paz.
Pero analicemos desde esta ribera del Arauca vibrador ¿Qué pasó?
Los colombianos desean la paz, eso no está en duda. Después de 52 años de violencia a manos de guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y BACRIM es hora de tener un país donde crecer y desarrollarse sin que te secuestren para que seas guerrillero o porque eres dueño de la tierra, donde transitar por el territorio no signifique perder la vida en un retén, o tener que desplazarte a otro espacio porque la violencia tocó a tu puerta. Colombia, a pesar de ese escenario adverso, ha dado muestras de institucionalidad y democracia que, con el Plebiscito se fortalecen.
Los colombianos apuestan a la paz y para ello, diversos gobiernos antes que el actual lo intentaron, pero no lo lograron. El gobierno subió la apuesta, tanto que parecía casi imposible que su Paz no sería refrendada.
Santos cometió varios errores, el primero, dio demasiado a cambio prácticamente de nada. La inmunidad y la impunidad del Secretariado eran intolerables para todos. El segundo, firmar los acuerdos el 26 de septiembre con una puesta en escena internacional que ponía aún más presión sobre la gente, pero sin que éstos hubieran sido aprobados, por último, desplegó un discurso poco conciliador, más bien amenazante contra la gente que legítimamente quería votar NO. Discurso que hoy lo deja mal parado frente a la renegociación. Santos afirmó en Cali hace pocas semanas, que si ganaba el NO regresaría la guerra, específicamente la guerra urbana, mucho peor que la guerra rural y que además su gobierno tenía pruebas de ello. Cuando Timochenko declaró pocas horas después del Plebiscito que mantienen la tregua y que no usarán las armas ya que la Paz es irreversible, lo dejaron al descubierto. Las amenazas de Santos lucen aún peor que cuando fueron proferidas. Soberbia en el poder y falta de humildad para oír las críticas.
Pero los ciudadanos, sometidos a una campaña a todas luces desproporcionada por el SI en silencio, leyeron los acuerdos, las 297 páginas y tomaron una sabia decisión. Dijeron NO a la participación política del Secretariado en la política, si antes no pasan una temporada tras las rejas, o en un campamento, pero presos. Dijeron NO a la reforma de facto de la Constitución por la vía de la incorporación del bloque de constitucionalidad de los acuerdos. Votaron NO, a la conformación de un tribunal donde los guerrilleros escogieran a los jueces que han de judicializarlos echando por tierra años de preparación y estudios de los magistrados colombianos que hicieron frente al narcotráfico y la violencia. También eligieron NO aceptar la impunidad del Secretariado que con una ventaja desproporcionada usaría dinero de los contribuyentes para mantener su seguridad, sentarse en el Congreso sin haber sido elegidos y con 31 emisoras de radio y TV ideologizadas a su favor, sin que rindan cuentas de los miles de millones de dólares acumulados en sus actividades como el mayor cartel de drogas del mundo. Los ciudadanos dijeron NO a la falta de perdón, al no reconocimiento del reclutamiento de menores, al no aceptar que ejecutaron cientos de miles de ciudadanos en juicios sumarios y que violaron, quemaron, exterminaron y destruyeron la vida de 250.000 colombianos, votaron NO hasta que les digan donde están los desparecidos y donde tienen las caletas con los dólares del secuestro, la extorsión, y la droga.
Los colombianos, están dispuestos a perdonar a los miles de jóvenes que fueron reclutados cuando eran niños y que no tuvieron otra opción, pero dijeron NO a la amnistía del Secretariado y de los mandos. Dijeron NO a los acuerdos impuestos por el chantaje de las FARC-EP y los Castro, y SI a un nuevo Acuerdo que privilegie la justicia y la reconciliación.
Una paz mal hecha era el tenor de lo que infería de los acuerdos. Leyéndolos, recordaba el Tratado de Versalles de 1919, donde las potencias vencedoras no asumieron responsabilidad alguna y cargaron todo el peso de la paz a Alemania. En los Acuerdos de la Habana, el costo lo pagarían los ciudadanos con sus impuestos sin que la FARC-EP se moviera un ápice de su posición de fuerza y mucho menos erogara de sus fondos un peso para aliviar la pena de una guerra absurda.
Colombia ha dado muestras de madurez política y así lo reconocen los promotores de ambas opciones. Incluso las FARC-EP. Se impone ahora, la renegociación de los Acuerdos y como dicen los colombianos de pie hay que desantificar y desuribizar la discusión. Sin duda ambos usaron la exageración y la intimidación, el primero la vuelta a la guerra, el segundo, la comparación con la Venezuela desgarrada por la crisis humanitaria.
La paz no se negocia, se decide. Lo que se negocia es el desarme. Los colombianos decidieron tener paz y esa se alcanzará muy pronto. Por ahora la lección más importante es que los pueblos son capaces de decidir su destino aún en medio de la violencia y la amenaza. Colombia votó: NO a la Impunidad, SI a la Paz. Brindemos por ello y oremos por el fin del conflicto.
“La impunidad se va a terminar el día que definitivamente se persista en perseguir la ruta de los que se hacen ricos con los activos saqueando del país a través de la práctica de actividades ilegales. Es hora de no quedarse sólo en el diagnóstico, tenemos que aumentar los esfuerzos para lograr leyes aún más severas contra el delito organizado y recuperar los fondos y activos que se han robado”.
Así lo expresó el abogado especialista antilavado de dinero y contra el crimen organizado, Alejandro Rebolledo, quien agregó: “Debemos estar claros que toda estrategia para la recuperación de activos, debe ser global y multilateral, ya que las acciones unilaterales solo desviarían los fondos ilícitos a otros centros financieros, originando dificultades en la recuperación de dichos activos”.
Por tal razón y frente a esta problemática, Alejandro Rebolledo introdujo ante la Asamblea Nacional la Propuesta de Proyecto de Reforma Parcial de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, para su revisión y discusión dentro de la agenda legislativa, a fin de actualizar y fortalecer la base legal necesaria que incorpore en el ordenamiento jurídico venezolano, mejores prácticas, novedosos instrumentos y efectivos procedimientos para el combate de la moderna, ágil, mutante y tecnológica delincuencia organizada.
Dijo que dicho proyecto permitirá de manera efectiva, no sólo recuperar los bienes saqueados del país, sino también acabar con la impunidad, sancionando a funcionarios, testaferros, vinculados y demás involucrados que posean bienes de fortuna de procedencia ilegal en el extranjero. “No sólo es necesario congelar los bienes producto del delito, sino perseguir a los corruptos y recuperar a través de la confiscación de esos bienes, el dinero obtenido ilegalmente para que pueda ser devuelto al país”.
Explicó la necesaria recuperación de los fondos y activos que han sido transferidos por medio de actos de corrupción y otros delitos, a cuentas de sociedades y particulares en el extranjero a disposición de mafias que se amparan a la sombra del poder político y financiero en nuestro país. “Para estos fines de recuperación de activos, es necesario contar con canales más eficientes en materia de asistencia legal mutua y cooperación judicial internacional, así como tratados, pactos convenciones y acuerdos vigentes en la materia, suscritos por la República Bolivariana de Venezuela”.
Agregó que “Como primer objetivo está lograr que Venezuela avance en el fortalecimiento de la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción, ajustando nuestro ordenamiento jurídico a las mejores prácticas y estándares internacionales a través de una plataforma que arroje los resultados esperados en materia de recuperación de bienes, ya que es la forma más efectiva contra las acciones criminales que amenazan la paz y seguridad de la sociedad, el capital, la productividad, la competitividad y en definitiva la calidad de vida de los venezolanos”.
Importancia de la denuncia
Enfatizó Rebolledo que “es necesario el rescate de la “denuncia” como modo de proceder penal”, para recuperar y estimular esa útil y eficiente fuente de información, que durante los últimos años oficialmente ha intimidado a los denunciantes, ha servido para favorecer la actuación de las organizaciones delictivas, incitando muchas veces a la inmigración de bandas criminales internacionales.
Con esta reforma, agregó, se pretende restituir el valor de importantes herramientas que permitan rescatar esa fuente de información, e inclusive recompensar cuando a través de tales denuncias se logren sentencias condenatorias, confiscación y recuperación de bienes producto de actos de delincuencia organizada”.
Necesidad de adecuar la legislación
Al referirse al segundo objetivo, dijo: “Es apremiante adecuar la legislación venezolana en materia de Prevención y Control de los Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, a las nuevas recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en febrero del año 2012, conocidas como los “Estándares Internacionales para el Combate del Lavado de Dinero y de Financiamiento del Terrorismo y de las Armas de Destrucción Masiva”. Para ello planteamos la necesidad de incorporar en la LOCDOFT:
Nuevas forma delictivas, tales como, el Contrabando, la Evasión Fiscal y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masivas.
Publicación oficial del listado de Personas Expuestas Políticamente (PEP) y establecer el criterio para la desclasificación de las mismas.
Definir el criterio de identificación del Beneficiario Final dentro de las estructuras financieras de las empresas y beneficiarios de operaciones financieras asociadas con delitos de delincuencia organizada.
El control de prácticas que atentan contra la transparencia de la gestión pública como por ejemplo “La Vuelta Giratoria”.
Creación de la estructura jurídica y marco regulatorio necesaria para supervisar las Actividades Profesionales y Comerciales no Financieras susceptibles a la Delincuencia Organizada”.
Confiscación de bienes e impacto económico
Rebolledo refirió: “Es importante analizar, por una parte, los costos que se deriven de la creación de nuevas estructuras y por otro lado la fuente de ingreso que su actuación puede ocasionar a través de la recuperación de bienes, y así tenemos, por ejemplo, que a través de la recuperación de los bienes, se establece un mecanismo que permitirá a la República recuperar los activos (bienes muebles, inmuebles y fondos ilícitamente despojados al país), cuya administración y disponibilidad debe hacerse de acuerdo con la planificación financiera y estrategia del Estado, con miras al financiamiento de las estructura de costos generada por la misma LOCDOFT, como por ejemplo: (1) los costos de organización y funcionamiento de la Superintendencia u Oficina Nacional de las Actividades Profesionales y Comerciales no Financieras, y (2) el financiamiento de las recompensas que pueden ser concedidos a los denunciantes y/o testigos de actos de delincuencia organizada y corrupción. Es importante destacar que según declaraciones de ex ministros del partido de gobierno, el desfalco denunciado ante el Consejo Moral Republicano oscila entre los 200.000 y 300.000 millones de dólares”.
Igualmente considera que debe crearse la nueva Superintendencia u Oficina Nacional de las Actividades Profesionales y Comerciales no Financieras, la cual deberá contar con una nueva partida presupuestaria que dependería jerárquicamente del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de industria y comercio.
Para concluir indicó: “ Según lo previsto en el artículo 208 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el proyecto de ley fue introducido a la Asamblea Nacional, especialmente para lograr la recuperación de los activos vinculados a delitos de delincuencia organizada y corrupción… Este último delito, no tiene color político. Tiene aliados de turno. Si no recuperamos los activos, no lograremos resultados efectivos contra la delincuencia organizada”. Concluyó.
Si en Tumeremo hubiesen tenido que pedir permiso al gobernador de Bolívar para protestar el asesinato de 28 mineros, nadie se habría enterado de esa masacre. En efecto, a principios de 2014 el estudiantado llenó las calles protestando la inseguridad en las universidades y después la represión de la Guardia Nacional, del Sebin y la que le encargaban a los colectivos.
El gobierno, en vez de atender esas quejas ordenó al Tribunal Supremo de Justicia declarar delincuentes a los manifestantes. Así fue como la Sala Constitucional, violando la Constitución que permite manifestar pacíficamente sin ninguna restricción y sólo participando a las autoridades, decretó que había que pedir permiso en lo sucesivo y quien no lo hiciera estaría al margen de la ley.
Pasándole por encima a ese mamotreto, mujeres, viejos y jóvenes de Tumeremo, salieron a las calles para reclamar los cuerpos de mineros asesinados por mafiosos que han hecho del estado Bolívar su guarida. Mafias de oro, de aluminio, de la cabilla, del hierro, mafias sindicales. Así se mueven las cosas en Guayana.
El valiente y consecuente diputado Américo De Grazia ha denunciado que no menos de 21 asesinatos masivos han ocurrido en los últimos años en Guayana.
Pero nadie investiga. Nadie mueve un dedo contra esas organizaciones de criminales. Todas las policías y las fuerzas militares tienen domicilio y hasta se jactan de tener poder en la zona. Con todo y eso, “el topo” se mueve a sus anchas. Lo mismo, “el guancho”, “el colombo” y el “gordo Bayón” antes de que lo mataran saliendo de una reunión en Miraflores.
Modestas policías municipales han sido intervenidas por hechos menores. ¿Qué habría que hacer con todos estos cuerpos negligentes a los que el sentido común percibe como cómplices de esa sucia maraña que se teje en Guayana?
La Fiscalía, tan activa en encarcelar estudiantes inocentes y políticos de oposición, está calladita, modosa, pendiente de las instrucciones de los que mandan en este autodenominado gobierno militar-cívico.
Entonces seguirá esperando para acusar a alguien porque el militar que más manda en esa zona, el verdadero jefe, el gobernador Rangel Gómez, presuroso declaró que por allá no pasaba nada, que eran acusaciones de politiqueros irresponsables.
CIUDAD DE PANAMÁ (Reuters) – El Tribunal Electoral de Panamá retiró el jueves la inmunidad al ex presidente Ricardo Martinelli para que sea investigado por presuntamente haber utilizado información privilegiada para operar en bolsa durante su mandato entre 2009 y 2014.
El ex mandatario, bajo cuyo mandato el país centroamericano creció a un ritmo económico sin precedentes, ya suma media docena de causas pendientes en los tribunales, incluyendo malversación de fondos públicos, espionaje masivo, cobro de sobornos y venta de indultos.
Sin embargo, el magnate de los supermercados está parcialmente protegido por el fuero político del que goza como jefe de su partido, por lo que el Tribunal Electoral debe retirarle la inmunidad por cada acusación en su contra.
«El caso que nos ocupa está relacionado con investigaciones penales que se adelantan por la liquidación forzosa de la casa de valores Financial Pacific Inc., específicamente con un grupo de cuentas de inversión de clientes que presentaban manejos irregulares», dijo el Tribunal Electoral en una resolución.
Según el expediente, remitido a la Corte Suprema por la autoridad bursátil panameña, el ex presidente podría haber incurrido en varios delitos al operar acciones de la minera canadiense Petaquilla usando información confidencial.
Martinelli, quien salió del país en enero, se ha declarado inocente de los cargos y denuncia una persecución política por parte de su antiguo amigo y aliado electoral Juan Carlos Varela, actual presidente de Panamá.
GUATEMALA (AP) — El presidente guatemalteco Otto Pérez Molina, investigado por corrupción, tiene prohibido salir del país, por orden de un juez emitida horas después una histórica votación parlamentaria que le retiró la inmunidad para ser procesado penalmente.
La fiscal general Thelma Aldana dijo que la prohibición para salir del país era una «medida precautoria» y apuntó que el presidente era sospechoso de asociación ilícita, cohecho pasivo y de caso especial de defraudación aduanera. Este es el mismo caso de corrupción que ya ha costado el cargo a su vicepresidenta y a varios miembros de su gobierno. Los siguientes pasos podrían incluir citar a Pérez Molina a declarar ante un juez o la posibilidad de que se solicite una orden de aprehensión.
Horas antes el martes, los 132 legisladores presentes en la cámara de 158 escaños votaron de forma unánime la retirada de la inmunidad constitucional de Pérez Molina, superando con claridad la mayoría de dos tercios exigida por ley, en lo que se ha considerado un golpe sin precedentes contra la corrupción y la impunidad arraigadas en el país centroamericano.
«Guatemala está dando muestras de que nadie es superior de la ley y en consecuencia es un mensaje para todos los funcionarios públicos actuales y futuros de que nuestra actuación debe sujetarse a la Constitución», dijo Aldana en una conferencia de prensa el martes por la noche.
Pérez Molina, de 64 años, mantiene su inocencia y dijo que enfrentará la justicia.
«El presidente está consciente del nuevo escenario, que no era el más deseado pero era muy probable», dijo su portavoz, Jorge Ortega, a The Associated Press agregando que el mandatario será muy respetuoso y se someterá al estado de derecho.
La votación parlamentaria no retiró a Pérez Molina del cargo, aunque el experto en derecho constitucional Alejandro Balsells dijo que un juez podría despojarlo del puesto si se ordena su entrada en prisión y el caso avanza. Por el momento no se han presentado cargos en su contra.
Descubierto por la fiscalía y una comisión de Naciones Unidas que investiga redes criminales en Guatemala, el escándalo de corrupción identificó una trama conocida como «La Línea» por la que funcionarios y particulares presuntamente habrían recibido sobornos de empresarios para que les ayudaran a evadir impuestos en sus importaciones. Se cree que la red defraudó millones de dólares al estado.
El escándalo ya forzó la dimisión de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, cuyo ex secretario personal fue identificado como el supuesto cabecilla de la trama. Baldetti renunció a su cargo el 8 de mayo y está en prisión preventiva a la espera de juicio acusada de recibir millones de dólares en sobornos.
Un intento anterior de despojar a Perez Molina de su inmunidad, presentado por un legislador de la oposición, no logró avanzar en el Congreso. Esta última moción fue propuesta por la fiscalía y la comisión de la ONU.
Unas 200 personas reunidas en el exterior del Congreso se abrazaron, ondearon banderas guatemaltecas y lanzaron fuegos pirotécnicos al conocer las primeras noticias de la votación, tras semanas de protestas multitudinarias exigiendo la dimisión del presidente. Conductores hicieron sonar las bocinas de sus autos mientras la gente inmortalizaba el momento con selfies.
«Su insistencia de no renunciar (de Pérez Molina) me causó frustración, pensé que no le quitarían la inmunidad», dijo Marcela Fernández, una maestra de primaria. «Esto es un paso que ojalá sigamos manifestando cuando haya otras injusticias».
Adriana Beltrán, analista sobre Guatemala de la organización Oficina en Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), dijo que las investigaciones y la votación enviaban un mensaje «extraordinario» a los guatemaltecos acerca dela reforma política y el estado de derecho: «Aquellos que en un determinado momento fueron considerados intocables pueden ser llevados a la justicia»,
Los manifestantes reclamaron no solo la dimisión de Pérez Molina sino que se posponga la elección presidencial del próximo domingo. El mandatario sostiene que esto iría en contra de la ley.
Según la Constitución, Pérez Molina no puede optar a la reelección y quienquiera que sea su sucesor asumirá en enero.
Entre los que votaron en contra del presidente en el Congreso hubo miembros de su propio partido.
«El partido nos dio línea para votar y retirarle la inmunidad al presidente. El que nada debe, nada teme», dijo a la AP el diputado oficialista Luis Fernández Chenal.
«Se demuestra con esta decisión que el pueblo y su accionar colectivo obtiene resultados, pero esto es sólo el principio», dijo Byron Garón, coordinador del Colectivo de Estudios Rurales Indígena Ixim. «Ahora queremos que se le juzgue a él y a su vicepresidenta, se le condene y le devuelvan a Guatemala todo lo que le robaron».
