Estado archivos - Página 2 de 19 - Runrun

Estado

74,4% de las empresas del Estado tienen denuncias públicas por corrupción o malas prácticas

LA SEVERA CRISIS QUE PADECE VENEZUELA está íntimamente ligada al mal manejo y a la corrupción en las Empresas Propiedad del Estado (EPE), un conglomerado que creció vertiginosamente durante las presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y en el que predominan rasgos propios del modelo cleptocrático, de acuerdo con la más reciente investigación de Transparencia Venezuela.

Desde 2016 la organización ha estado desentrañando la estructura empresarial del Estado como un aporte contra la opacidad y a favor de la gestión pública transparente. En la primera fase del estudio del 2017 se contabilizaron 526 empresas estatales. En esta segunda fase del 2018 llegó a 576 el número de empresas en las que el Estado es propietario absoluto o posee la mayoría accionaria.

El resumen ejecutivo de la segunda fase de la investigación destacó que de las 576 empresas del Estado que han sido identificadas, al menos 441 fueron creadas o adquiridas durante las gestiones de los presidentes Chávez y Maduro, por vía de expropiaciones, confiscaciones, nacionalizaciones y re-estatizaciones.

El estudio corroboró que las EPE han consumido ingentes cantidades de recursos por medio de asignaciones presupuestarias y créditos adicionales.  Mientras que hasta 2003 estas empresas se quedaban con 1,1% del presupuesto ordinario de la Nación, para 2015 demandaron más de 8,6%. Convertido al tipo de cambio oficial preferencial, durante estos años las empresas recibieron más de US$ 500.000 millones. Eso sin contar recursos asignados vía fondos parafiscales.

Pese a las grandes sumas de dinero, al cuarto trimestre de 2018, de las 576 empresas estatales solo 467 están operativas, al menos por lo que se pudo comprobar.

Del universo de las EPE identificadas se puso especial atención sobre 160 pertenecientes a cuatro sectores que están directamente vinculados con la calidad de vida de los venezolanos: agroalimentario (42 empresas), minería y metalurgia (43), servicios públicos (40) e hidrocarburos (35).

Se investigó qué hacen las empresas, cuáles son sus objetivos, sus reglas internas o gobierno corporativo, resultados financieros y económicos, calidad del desempeño, así como los responsables de su gestión. También se indagó en las relaciones formales e informales entre estas empresas, el Estado y el gobierno (para medir su nivel de autonomía e independencia), y los casos de corrupción que han sido denunciados públicamente.

El estudio arrojó que la mayoría de esas EPE tiene resultados operativos negativos. No cubren las necesidades de los ciudadanos y no contribuyen con el pago de impuestos o regalías a la tesorería nacional. Por el contrario, de las 160 empresas analizadas en los cuatro sectores, 74,4% tiene denuncias públicas por corrupción o malas prácticas (mala gestión, caída de la producción, conflictos laborales).

De los sectores claves se estudiaron a profundidad 21 casos entre los que destacan la empresa socialista Pedro Camejo, Agropatria, Agrofanb, Corpoelec, Cantv, Hidroven, Pdvsa, Pequiven, Sidor, Ferrominera y Minerven. También se tomaron en cuenta grandes proyectos inconclusos como el Sistema Tuy IV y la represa Tocoma.

 

Una década de decadencia

 

La investigación también concluyó que el año clave en el declive de las empresas estatales fue 2008. La ola de expropiaciones iniciada poco antes por Hugo Chávez y la implantación del llamado Primer Plan Socialista, provocó que la mayoría de las empresas productoras de bienes y prestadoras de servicios comenzaran a colapsar. En 2018, una década después, ese deterioro compromete seriamente la vida de los venezolanos.

En 2008 se dieron las primeras evidencias de la crisis agroalimentaria como resultado del desacertado manejo de la economía, el uso discrecional de los recursos, la inseguridad jurídica y por la presencia cada vez mayor de empresas estatales en la agricultura y la agroindustria, reseñó el informe.

Ese mismo año la producción de acero líquido comenzó a mermar, justo después de la expropiación de Sidor y a propósito de la mala gestión en manos inexpertas. Como consecuencia, el país está desabastecido de cabillas y otros productos. La situación afecta a la industria petrolera, metalmecánica, de envases y de electrodomésticos.

También en 2008 el servicio eléctrico comenzó a presentar un déficit de energía eléctrica y hubo un incremento acelerado de interrupciones. Todo esto ocurrió un año después de la creación de la estatal Corpoelec, quien tiene el monopolio de todo el sector.

El informe agrega que la caída de la producción petrolera, de la que es directamente responsable Pdvsa, impacta a los subsectores gasíferos y petroquímicos y por tanto, la gestión de otras empresas estatales como Pdvsa Gas, S.A. y Pequiven.

La investigación de Transparencia Venezuela también enfatizó que la falta de mantenimiento de las instalaciones, la destrucción de los equipos gerenciales, la preponderancia de la ideología y la lealtad al modelo político, la opacidad, el aumento del gasto corriente, así como la ausencia de inversión y de un sistema de control independiente, son prácticas comunes en las EPE que han causado la destrucción de la competitividad y la caída de la producción de las empresas.

 

Siguiendo el modelo cleptocrático

Transparencia Venezuela alerta que en el país se ha venido conformando un sistema con rasgos cleptocráticos y las Empresas Propiedad del Estado no escapan a él. Se trata de un modelo de gobierno enfocado en el enriquecimiento de los propios directivos que ejercen el monopolio de las decisiones, los recursos y el poder, sin rendir cuentas y en el que prevalece un alto nivel de impunidad.

El estudio recoge que el modelo cleptocrático se ha potenciado en las EPE a través del uso de leyes habilitantes y de decretos de Emergencia firmados por los presidentes Chávez y Maduro. Los instrumentos han permitido hacer grandes compras sin cumplir con procesos licitatorios, lo que ha incentivado hechos de corrupción de los que se han beneficiado funcionarios públicos, intermediarios y empresas proveedoras privadas.

Destaca que el decreto de emergencia eléctrica, aprobado por el presidente Chávez en 2010, le permitió a Corpoelec, Pdvsa y al Ministerio de Energía Eléctrica adquirir equipamiento sin licitaciones. La investigación determinó que entre 1999 y 2014 se destinaron US$ 37.691 millones para 40 proyectos de compra de equipos y construcción de instalaciones, se descubrió un sobreprecio de US$ 23.033 millones.

En las EPE se detectó la falta de control y fiscalización, pues los dos últimos gobiernos convirtieron en una práctica común la designación de una misma persona como regulador y operador. Es decir, el árbitro es el mismo jugador. En el sector petrolero, por ejemplo, Rafael Ramírez y Eulogio Del Pino fungieron al mismo tiempo como ministros de Energía y Petróleo y presidentes de Pdvsa, en la actualidad es el general Manuel Quevedo quien cumple las dos funciones.

Otro rasgo de cleptocracia presente en las EPE es la opacidad y la discrecionalidad. La gran mayoría de las EPE no publica su presupuesto, estructura accionaria, estructura organizativa, sueldos y salarios de los empleados públicos, competencias del ente, planes estratégicos, planes operativos, normas que le rigen, contrataciones públicas, balance general y estados financieros.

Los ministerios a los cuales se encuentran adscritas las EPE dejaron de publicar desde el 2015 su informe anual de rendición de cuentas y la gestión de los recursos asignados a los entes ministeriales también se ha caracterizado por el incremento de la opacidad y discrecionalidad en la información pública que se hace llegar a la ciudadanía.

De las 576 EPE inventariadas solo se pudo comprobar el funcionamiento de 512 y en 342 de ellas no se logró identificar el presidente, los directores ni la Junta Directiva.

El estudio insiste en que las políticas de opacidad de las EPE y los ministerios a los cuales están adscritos son contrarias al derecho de toda persona de “acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas”, conforme establece el artículo 28 de la Constitución, entre otros.

 

De los cuarteles a las empresas

 

En la estructura del Estado empresario también se evidenció la presencia de un sector voraz de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Las EPE de mayor importancia han estado dirigidas por un sector minoritario de la FANB politizado y caracterizado por su voracidad en la apropiación de los recursos públicos.

El estudio reveló que de las 576 empresas estatales 76 tienen a un militar como máxima autoridad. Las EPE en las que este sector ha estado más involucrado son las relacionadas con agroalimentación, hidrocarburos, servicio eléctrico, agua potable y saneamiento, minería y metalurgia, justo las que han manejado más recursos.

Otros rasgos cleptocráticos detectados en las EPE son: nepotismo y amiguismo; influencia extranjera; monopolio de las decisiones, los recursos y el poder; permisividad anárquica y presencia de mafias nacionales e internacionales; así como impunidad.

 

Aquí en informe completo de Transparencia Venezuela 

 

EPE II – Resumen Ejecutivo (1) by Yeannaly Fermin on Scribd

¿Una nueva Guipuzcoana?, por Alejandro Armas

 

Siempre me ha resultado chocante el nacionalismo exagerado de algunos venezolanos que buscan argumentos absurdos para pontificar que este es “el mejor país del mundo”. Un lugar común para alimentar tal pedantería es aquel ligado a las ventajas naturales. Sobre todo, la belleza paisajística y la riqueza agrícola y mineral. En todo caso, ya que estos dotes no se deben a actividades humanas, deberían ser más motivo de agradecimiento que de orgullo. Dios, la suerte o como lo quieran llamar nos bendijo con una extensión de tierra llena de diversos minerales y apta para el cultivo de una muy amplia variedad de productos campestres. Desde la colonia los bienes primarios han sido el principal motor de nuestra economía, comenzando por el cacao. La fuente del chocolate fue nuestro principal producto de exportación hasta el siglo XIX, cuando lo desplazó el café (a su vez sustituido por el petróleo). Hoy Venezuela no figura entre los principales productores de cacao, pero sí destaca en cuanto a calidad. El grano criollo es empleado para elaborar algunos de los chocolates más valorados del orbe. Si la cantidad igualmente se elevara hacia cumbres internacionales, habría entonces una oportunidad de desarrollo de la que sí podríamos enorgullecernos, así como una fuente de prosperidad para regiones empobrecidas como Barlovento y la Península de Paria.

Resulta por lo tanto para nada alentador enterarse, gracias a una investigación del portal periodístico Armando Info firmado por Isabel Guerrero, que en el estado Miranda las nuevas autoridades regionales han tramado un tal “Plan Cacao” que básicamente consiste en monopolizar la distribución dentro y fuera del país. Aunque no se trate de una estatización total y declarada, se está limitando enormemente la libertad de los productores para disponer de sus frutos como deseen. Ellos son obligados a venderle a la gobernación por precios irrisorios: Bs 500.000 por kilo en el caso del cacao de más alta calidad, según el reportaje. Sin embargo, los agricultores deben pagar 20% a las autoridades intermediarias y un 15% adicional a las alcaldías de los municipios donde trabajan (todas en manos del oficialismo), de manera que al final solo reciben Bs 325.000 por kilo.

A manera de compensación, la gobernación y las alcaldías se comprometen a brindar “asistencia y acompañamiento” a los productores. Es decir, a brindarles todo lo que necesiten para optimizar la producción. La realidad es otra, pues los servicios públicos son deficientes, muchas arterias viales están en mal estado y, lo peor, la delincuencia hace de las suyas con impunidad. Barlovento es la región con más homicidios en todo Miranda. Bandas hamponiles se dedican, entre otras cosas, a extorsionar a los productores de cacao, quienes de paso, según ellos mismos denuncian, deben lidiar con la “vacunas” que les cobran los organismos de seguridad para permitirles circular con la mercancía.

Mientras tanto, el cacao obtenido a precio de gallina flaca por la gobernación es vendido en divisas con precios internacionales. Para ello, el ejecutivo regional ha negociado acuerdos con los amigos extranjeros del chavismo en Rusia, China, Irán y Turquía. La cotización internacional del cacao en promedio es de aproximadamente 2,5 dólares por kilo. Este gobierno podría considerar un delito que se exprese aquella cantidad de moneda extranjera en bolívares a la única tasa a la que casi todos los venezolanos tienen acceso. No importa. Cualquiera puede notar la diferencia con respecto a lo que se impone al productor.

Los monopolios, públicos o privados, no suelen ser señal de una economía sana. La falta de competencia fácilmente desalienta la innovación. Son esquemas comerciales que cada vez tienen menos que ver con un mundo dinámico, heterogéneo y globalizado. Al contrario, evocan experiencias históricas que ya se ven muy distantes en el retrovisor.  Cabe recordar que la Corona española prohibió a sus colonias americanas el intercambio de bienes ajeno a Madrid. Los bienes agrícolas y minerales del Nuevo Mundo hispánico solo podían salir rumbo a la metrópoli. En el caso de la Provincia de Venezuela, el monopolio sobre el comercio fue administrado desde La Guaira por la infame Compañía Guipuzcoana.

¿Cuántas veces, a lo largo de su trayectoria por el sistema nacional de educación básica, escucha cada venezolano el relato sobre la institución real con nombre vasco? Tantas que es casi inevitable que en algún momento escuchar sobre ella le provoque bostezos, como ocurre tristemente con casi todo lo que pasa por nuestra reiterativa y exageradamente romántica forma de enseñar historia a niños y adolescentes. Pese al tedio, casi siempre queda al menos grabado en los dominios de Mnemosine la noción de la Guipuzcoana como uno de los factores que preparó el terreno para la independencia. Más precisamente, el orden monopólico encarnado en la Guipuzcoana provocó en el siglo XVIII fuerte indignación entre los hacendados de la provincia, que debían tratar con los agentes reales para que sus bienes se hicieran a la mar. Y como ocurre con prácticamente todas las restricciones al libre comercio, surgió un pujante mercado negro, puesto que era mucho más rentable para la población local vender por debajo de la mesa a los ingleses, franceses y holandeses que regían las Antillas menores.

Los precios impuestos por la Guipuzcoana, así como la persecución a los contrabandistas, generó un creciente descontento entre los habitantes de la provincia. Dado que, como ya se dijo antes, el cacao era el principal producto de exportación en la Venezuela colonial, no sorprende que el mayor hervidero de antipatía hacia los encargados del monopolio haya sido Barlovento. Ahí, el canario Juan Francisco de León se había establecido para dedicarse a la producción y comercio del germen del chocolate. Justo en la mitad del siglo, De León encabezó una rebelión que marchó desde Panaquire, localidad que había fundado, hasta Caracas, para exigir la abolición de la Guipuzcoana. Aunque al principio los alzados pudieron asustar a las autoridades, para 1752 estaban derrotados. Su líder fue hecho prisionero y enviado a la cárcel de La Carraca, en Cádiz, donde murió enfermo al poco tiempo, suerte que más de media centuria después repetiría Francisco de Miranda.

Todo este episodio quedó marcado en monumentos patrios y libros escolares como uno de los primeros “movimientos precursores de la independencia”. Aunque sus banderas no clamaban por cortar los hilos controlados desde el trono, sí hubo un intento por poner fin a un sistema oprobioso y contrario a la libertad individual que a fin de cuentas tenía su fuente en la península.

Es una triste ironía que la autoproclamada Revolución Bolivariana, obsesionada con el proceso independendista e identificada (por sus propios gestores, claro está) como su sucesora, más bien mantenga políticas públicas que recuerden a las prácticas de la Guipuzcoana. Más allá de los chistes de pésimo gusto que a veces produce la historia y de las denuncias de los productores de cacao hoy, es de temer qué ocurrirá con este sector de la economía a partir de ahora. El resultado del control gubernamental sobre la elaboración del café, solo por nombrar uno entre tantos ejemplos, es suficiente razón para sentir inquietud. En realidad, las esperanzas de que cualquier área económica se desarrolle hasta niveles que nos permitan enorgullecernos son nulas mientras el desastre desatado en 1998 se mantenga.

 

@AAAD25

José Toro Hardy Jun 07, 2018 | Actualizado hace 2 años
¿Es viable?, por José Toro Hardy

 

¿Es viable una Administración que según algunos no cumple con los dos principios de legitimidad universalmente aceptados: la legitimidad de origen y la de desempeño?

¿Es viable una Administración producto de una elección que es desconocida por el Grupo de Lima, por la OEA y por la Unión Europea?

¿Es viable una Administración en la cual están entredicho la separación e independencia de los Poderes Públicos?

¿Es viable una Administración que produjo la hiperinflación más alta del Hemisferio Occidental en toda su historia?

¿Es viable una Administración que ha llevado al aparato productivo del país a la destrucción masiva a través de expropiaciones, controles y decisiones aberrantes de políticas públicas?

¿Es viable una Administración cuya gestión ha conducido a una caída del PIB -que sólo para el 2018 el FMI estima en un 15%- pero que, en cuatro años, podría haber reducido el tamaño de la economía venezolana a la mitad?

¿Es viable una Administración que ha creado las condiciones para que un significativo porcentaje de la población del país haya tenido que emigrar?

¿Es viable una Administración que enfrenta un déficit fiscal inmanejable como consecuencia de la caída en términos reales de los ingresos que aporta el ISLR y el IVA?

¿Es viable una Administración que más que nunca depende del petróleo, pero cuyos niveles de producción están cayendo vertiginosamente y cuyos activos en el exterior están siendo cada vez más amenazados de embargo en otros países por decisión de tribunales y árbitros internacionales?

¿Es viable una Administración a la cual se le han cerrado las puertas del financiamiento internacional, incluyendo la de países que se suponían cercanos aliados como es el caso de China?

¿Es viable una Administración que ha sido declarada en default por el Banco Interamericano de Desarrollo y considerada en default “selectivo” por las principales instituciones financieras del mundo?

¿Es viable una Administración que para financiar su gasto recurre cada día más a la emisión de dinero emitido por el BCV, violando el Artículo 320 de la Constitución, lo que constituye la causa fundamental de la inflación que nos abruma?

¿Es viable una Administración que ha conducido a la destrucción del signo monetario?

¿Es viable una Administración que ha llevado a la población a enfrentar una escasez perniciosa de todos los bienes y en especial de alimentos y medicinas?

¿Es viable una Administración en la cual la salud ha colapsado y que ha permitido la reaparición de enfermedades que se creían eliminadas y de otras que se creían controladas como el paludismo, la tuberculosis, el sarampión y la difteria?

¿Es viable una Administración donde los servicios público no funcionan, donde los cortes de agua y de electricidad son cada vez más frecuentes?

¿Es viable una Administración donde el alumbrado público está desapareciendo?

¿Es viable una Administración en la cual el transporte público está dejando de operar y  la gente es transportada como ganado en “perreras” (camiones)?

¿Es viable una Administración cuyos funcionarios en número creciente están siendo sancionados por un número cada vez mayor de países?

¿Es viable una Administración donde los casos de corrupción que se manejan asombran al mundo entero?

¿Es viable una Administración que enfrenta acusaciones por “delitos de lesa humanidad” como las que formuló el panel de expertos designado por la OEA?

¿Es viable una Administración en la cual las acusaciones en el tema del narcotráfico son cada día más abrumadoras?

¿Es viable una Administración algunos de cuyos líderes enfrentan la amenaza de ser acusados ante la Corte Penal Internacional?

¿Es viable una Administración cada día más aislada y en todo caso la más repudiada por la comunidad internacional en toda la historia de Latinoamérica?

¿Es viable una Administración que ha permitido niveles de inseguridad deplorables y que han llevado a Caracas a ser considerada como una de las ciudades más peligrosas del mundo?

¿Es viable una Administración cuya gestión ha conducido a que el 79% de las familias venezolanas vivan por debajo de la línea de la pobreza, tal como lo señala la encuesta ENCOVI que manejan las Universidades Católica Andrés Bello, Central de Venezuela y Simón Bolívar?

¿Es viable?

@josetorohardy

Estado

 

Cuando un gobierno confunde sus criterios de gestión con pretextos de un abusivo y grosero pragmatismo por el mero afán de conservar el poder, sin medir consecuencias ni evaluar recursos, está impúdicamente provocando más calamidades que las arrojadas por un desastre natural. Sobre todo, si los resultados que sus desmanes incitan, contravienen libertades y derechos humanos que asolan la salud moral, espiritual y física de la población bajo su pretendida responsabilidad.

Es el problema que sofoca a Venezuela toda vez que el alto gobierno se desentiende de las crudas realidades cuyos efectos están diezmando la salud de venezolanos que claman a viva voz por alimentos y medicamentos. Es lo que define un Estado “criminal”. No más por los traumas que de su reticencia u obstinación derivan, que por el sacrificio de vidas que inhumanamente induce.

De un Estado “fallido”, concebido en virtud de los reiterados desafueros instituidos como decisiones adoptadas con el sarcasmo propio de quien sólo responde a un enfoque mísero y perverso del hecho de gobernar, Venezuela pasó ahora a verse como un Estado “criminal”. Todo ello, por causa de la indolencia que solaza cada determinación asumida gubernativamente. Y muy posiblemente, instituida como razón por el programa que rige la agenda “revolucionaria”.

Antes de cualquier análisis sobre tan grave problema, vale preguntarse: ¿por qué ahora cualquier simple enfermedad cuesta la vida de muchos venezolanos? O ¿por qué el Ejecutivo Nacional niega la condición de carestía de medicamentos que adolece la población toda vez que la salud del venezolano encarece abiertamente la crisis económica, social y política que padece el país?

En principio, no hay manera de encubrir el grosero problema que el gobierno central pretende soslayar con desvergonzadas excusas. Actualmente, la crisis de salud supera impunemente el estado de hechos que pudo caracterizar a Venezuela hace diez o más años. De ello, no cabe la menor duda. Por tanto, no es difícil inferir que la salud no es prioridad para el gobierno. Muy a pesar de lo que establece la Carta Magna cuando distintos preceptos contenidos en el Capítulo V, De los Derechos Sociales y de Familias, exaltan directa y categóricamente que la salud es “un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida” (Art. 83). Más aún, el mismo derecho es ahora condicionado, con la mayor saña posible, por el agorero registro del manido “carnet de la patria”.

No hay duda que las realidades están apartadas de cualquier arenga presidencial. Peor aún, son demostrativas de situaciones penosamente humillantes. Los saldos son patéticos. Enfermedades ya erradicadas, azotan nuevamente la palestra venezolana. Tanto, que están hostigando importantes poblaciones sin que haya nada de por medio que mitigue los perjuicios causados. Más aún, importantes pérdidas de vidas de venezolanos suceden, casi pudiera decirse, que a solicitud del modelo político. Se cuentan significativas bajas de venezolanos, indistintamente de su arraigo social y económico y político.

Una forma de cómo el gobierno afronta sus mismos exabruptos, ha sido negándose a lo que dice ser una crisis humanitaria. Aunque lo enunciado por la teoría política, posiblemente podría justificarlo. Quizás, desde ese enfoque habría que aceptar que dicha crisis humanitaria no existe por cuanto no hay una razón que evidencie un desastre natural suscitado por carencias absolutas. O por la presencia de alguna perturbación política o emergencia política capaz de invocar una respuesta militar de consabidos efectos. Pero si bien el asunto no es ese, entonces no es difícil deducir que, en lo exacto, dicho problema no existe.

El problema que ha venido acentuándose, con sus correspondientes daños focales y colaterales, lo explica la incidencia de una crisis de humanidad. Crisis ésta que empuja un tipo de crisis de conciencia y otro tipo de crisis de moralidad. Ésta, ha devenido en actitudes indecisas e insidiosas que han incitado el cúmulo de dificultades que ahora fustiga al país sin que haya sido  del todo comprendido. Menos reconocido, pues haberlo hecho podría haber encendido la flema de mayores protestas nacionales e internacionales.

Esta crisis tiene secuelas que comprometen el abastecimiento de farmacias. Así como el conveniente funcionamiento de hospitales. Igualmente, de organizaciones que prestan servicios de salud, programas de prevención de enfermedades y de seguridad social. Casi toda esta situación, pareciera ser compatible con un exterminio social predeterminado. O programado al mejor estilo fascista. Y sumado esto a la diatriba que se ha dado entre una oferta dolarizada y una demanda fundamentada en un bolívar decrépito, termina de componerse la ecuación cuyas incógnitas lucen incongruentes con la naturaleza de la lógica matemática.

Sin embargo, mientras que el alto gobierno sostenga que cualquier tipo de colaboración, de ayuda o apoyo representa una intervención, o una vía de resquebrajamiento de la doctrina de seguridad establecida por el programa de gobierno, la crisis habrá de convertirse en claro testimonio de lo absurdo. Más, cuando el criterio de negación, es cómplice de toda decisión gubernamental asumida detrás del interés internacional el cual plantea brindarle al país respuestas que potencien y reivindiquen las libertades y derechos conculcados por el régimen a fuerza de represión y opresión.

De todo esto pudiera desprenderse algo insólito. Y es que el optimismo cedió su lugar al derrotismo. Y así, en efecto, viene ocurriendo, por cuanto el socialismo del siglo XXI surgió contaminado por la miseria emocional y espiritual de sus artífices. Ya que por la sangre de estos patrioteros de baja calaña siempre ha corrido egoísmo, resentimiento, odio y perversidad. Así que de esto, no podía generarse otro sistema político que no estuviera cundido de maldad y vileza, corrupción y dolor y holocausto como en realidad está hoy. Luego de lo inferido, no había manera de estructurar otra concepción de Estado, que no fuera la visión de un Estado “criminal”.

 

@ajmonagas

El círculo del miedo en Venezuela, por Asdrúbal Aguiar

 

El miedo hace parte de nuestra especificidad como venezolanos. Ninguno lo acepta, pues ofende o resta honor, pero es obvia la apelación popular constante al padre bueno y fuerte, al gendarme o líder mesiánico de factura bolivariana, prohijador en la orfandad, quien nos encarna, en un contexto de amenazas y de males que él mismo, paradójicamente, crea y recrea para no dejar de ejercer su rol tutelar.

El miedo, así, condiciona hasta el comportamiento de las élites e impide, en el momento actual, un desenlace que reconduzca al país sobre el sendero de libertades que aún sigue pagando con sangre, tinta de nuestra historia. Es el enemigo que vencer.

En el mundo medieval el miedo es ley. Hordas de hambrientos asesinan en búsqueda de pan, tanto como huyen del extranjero por considerarle portador de enfermedades mortales. La imagen no es extraña en la Medellín de Pablo Escobar, o en la Venezuela de Nicolás Maduro, que viven bajo el miedo, en la anomia, controladas por el crimen asociado que doblega al andamiaje del Estado para sus fechorías.

No por azar, entre 1996 y 2000 emigran 2.040.000 colombianos, y nuestros compatriotas frisan una suma algo superior para el año corriente.

Oswaldo Payá, asesinado por la satrapía comunista, en mensaje que dirige a sus compañeros de la IDC, comenta su experiencia y recuerda que en una sociedad como la cubana se llega a un punto en que no se ven caminos o se cree que no los hay: “El régimen cierra las puertas del futuro y dicta la sentencia de la continuidad de la opresión a escala de eternidad … encaminada a sembrar la desesperanza. Esas dos componentes, represión y mentira son esencia de la cultura del miedo en que ha estado sumergido nuestro pueblo durante casi cinco décadas”, concluye.

El miedo cuando se agrava y degenera en angustia, paraliza, es decir, es incertidumbre total porque la mentira se hace política de Estado. Nadie confía en nadie. Es insumo del comportamiento colectivo, e impide ponerle rostro preciso al propio miedo y controlarlo. Es la represión arbitraria sin que el ciudadano sepa porqué y de donde le llega, acaso a manos del mismo Estado o de los criminales que dominan en su territorio, o por la ayuda que les prestan víctimas potenciales para salvar sus pellejos.

En el pasado remoto la conducta transparente y regida por valores es fuente de seguridad; asaz algo miedosa en lo íntimo dada la creencia de que se pierde el Paraíso por los pecados mortales. Mas ahora, en plena era de la globalización, cuando se defiende la muerte de Dios y el todo vale como en Zaratustra – libro de cabecera de Hugo Chávez al borde de su muerte –  hasta los “buenos” están dispuestos a negociar con el demonio, con el terrorismo, con el narcotráfico, para sobrevivir. Lo aspiracional democrático se reduce a mediocre seguridad o falsa existencia. Y las víctimas que sufren y se resisten a acomodarse se preguntan ¿dónde está Dios?, gritan que resucite otra vez.

Entre tanto, los victimarios – piénsese en los autores del acto terrorista que derrumba las Torres Gemelas de Nueva York o en el Maduro de la Masacre de El Junquito – se inmolan. Creen liberar sus miedos individuales arreciando con la maldad. Creen poner distantes los castigos que merecen por sus maldades sumas. Los unos piensan que irán al cielo y serán premiados con ninfas. Los otros imaginan viajar hasta la Isla de la felicidad, al paraíso comunista, o alcanzar que sus víctimas les perdonen sus pecados a cambio de una vida inútil e intrascendente, a la manera de los Rodríguez Zapatero y sus compinches.

La Venezuela sufriente pide a bocajarro, instintivamente, una vuelta a lo adánico. Demanda la presencia del padre tutelar en su agonía. Anhela como ayer al caudillo, al gendarme necesario, al traficante de ilusiones, al provocador de terrores, pero en los extraños y no solo en los extranjeros.

Nuestro siglo XIX, no por azar, se lo dividen José Antonio Páez y Antonio Guzmán Blanco, y más de la mitad del siglo XX, lo secuestran Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez. Los otros jefes, en sus interregnos, son sus amanuenses.

Llegado el siglo XXI Hugo Chávez hace de la república su botín, con igual ánimo, y lo logra. Al morir sobreviene la explosión del desorden. Los causahabientes tanto como los otros aspirantes a sucederlo, desde la acera apuesta, aún no calzan sus zapatos. Hacen el esfuerzo y es lo que les preocupa. Son los señores feudales, dueños únicos insustituibles de sus haciendas políticas, también desde hace 20 años.  

A ninguno le interesa ponerle rostro al miedo o definirlo y por ello hablan de autoritarismo, de democracia iliberal o deficiente, no competitiva, omitiendo desnudar al mal absoluto. Ninguno se atreve a romper el círculo vicioso del miedo, liberar las cadenas mentales que inhiben al ciudadano para ejercer con madurez su soberanía, pues todos a uno son, al fin y al cabo, la causa de nuestros miedos históricos, recurrentes.

En buena hora ese miedo y su círculo vicioso está por romperse, obra de la desesperación.

@asdrubalaguiar

[email protected]

El Estado Venezolano ensañado con los jóvenes, por Roberto Patiño, Juan Fco Mejía Z y Nikolai Elneser

 

Homicidios en Caracas

La opacidad y ocultamiento de cifras asociadas a la violencia urbana en Venezuela es alarmante, sobretodo en un país donde organizaciones como el Observatorio Venezolano de Violencia y la ONG Seguridad, Justicia y Paz, tildan penosamente a Caracas como la segunda ciudad más violenta del mundo, con una tasa de 111 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es difícil conseguir alguna publicación de cifras oficiales sobre violencia en Caracas desde hace ocho años, salvando algunos casos aislados como el pronunciamiento de la Fiscal General de la República en marzo de 2017. Ante esta situación, Caracas Mi Convive y Runrun.es decidieron impulsar el proyecto Monitor de Víctimas, con el objetivo de recolectar la información asociada a los homicidios que ocurren en el Área Metropolitana de Caracas (AMC) para entender el problema, dar a conocer las historias de las víctimas desde su óptica y proponer políticas públicas orientadas a reducir los altos índices de criminalidad

Durante los primeros nueve meses de recolección de información, el dato más alarmante que se ha levantado es el de la participación de funcionarios del Estado como victimarios. En este período han sido responsables de 41% (441 casos, como muestra el gráfico) de los homicidios para los cuales se posee información. Esto confirma la tendencia al incremento de la participación del Estado ya anunciada por Luisa Ortega Díaz en su declaración del 30 de marzo de 2017, en la que estableció que en el año 2016 se registraron 21.752 homicidios a nivel nacional, de los cuales 4.667, equivalente a 21,5%, fueron perpetrados por funcionarios de los cuerpos de seguridad. A pesar de esto, el tema ha recibido poca atención.

 

 

 


El Estado ensañado contra los jóvenes

Al analizar con mayor detalle el perfil de las víctimas del Estado, se encuentra que 98% de las víctimas son hombres, de los cuales 77% son jóvenes entre 16 y 28 años de edad. Esto contrasta con el accionar de las bandas criminales y los civiles independientes, ya que 52% de las víctimas de estos grupos son jóvenes en este rango de edad. Asimismo, encontramos que 39% de los homicidios perpetrados por estos organismos fueron clasificados como ejecuciones extrajudiciales.

 

Este hecho demuestra que el gobierno, en vez de adoptar políticas públicas orientadas a la inclusión y la formación de los jóvenes ha optado por utilizar una narrativa que deshumaniza y estigmatiza a este grupo poblacional, ha evadido su responsabilidad de generar mecanismos de inclusión social (contrario a su discurso político) y de prevención y en vez de dar acceso a la justicia comete violaciones de derechos humanos ejecutando penas de muerte.

Los testimonios de altos funcionarios del gobierno, desde hace mucho tiempo, son elocuentes:

“Más de 2.000 <<potenciales delincuentes>> han muerto por venganza o por desafiar a los organismos policiales, situación que lamento, porque es una población joven que podía entrar en el proceso de rehabilitación, pero estos dejan poco espacio social cuando se caen a tiros entre ellos y con funcionarios policiales”. Viceministro de Seguridad Ciudadana, Francisco Belisario Landis (El Nacional, 19 de septiembre de 2000).

El 70% de los homicidios que suceden en Venezuela y la capital son entre las mismas bandas. A mi entender, esos homicidios no afectan a la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana es una sensación que tienen las personas. Sin embargo, las incluimos en la cifra. ¿Afecta la sensación de seguridad que las personas deben tener? Eso es discutible entre los criminólogos” (El Universal, 18 de Junio 2008).

 

Mano dura institucionalizada: las OLP

El accionar de los cuerpos de seguridad es parte de las políticas de mano dura que ha venido implementando el gobierno con sus mal llamadas “Operación de Liberación del Pueblo” (OLP) y “Operación de Liberación Humanista del Pueblo” (OLHP), desde el año 2015. Estas surgen como una medida conjunta entre fuerzas policiales (PNB y CICPC) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con el objetivo de “… liberar al pueblo de bandas organizadas y garantizar la paz”, según el Ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol.

Las historias a las que hemos tenido acceso, gracias al trabajo con víctimas de la violencia, nos han dado la posibilidad de conocer de cerca los procedimientos ilegales que se llevan a cabo y el miedo que generan las OLP entre la población civil. Son bien conocidos los saqueos, destrozos a la propiedad privada y ejecuciones extrajudiciales que han sido perpetrados por lo funcionarios que participan en estos procedimientos. Una madre de San Agustín, cuyo hijo fue víctima de una ejecución extrajudicial por parte de la policía en junio de 2017 en su propia casa por una “equivocación”, y que luego fue clasificado como un enfrentamiento por los cuerpos de seguridad, nos comentó que mes y medio después del suceso la policía se presentó nuevamente en su casa y cuando ella preguntó por la orden de allanamiento el oficial sacó su arma, la apunto y respondió: “mire señora, la orden de allanamiento es esto, ve”.

Estos delitos institucionalizados a través de las OLP, pasan desapercibidos a la opinión pública. Las condiciones desiguales bajo las cuales se desarrollan las comunidades más vulnerables de la ciudad las posicionan como escenarios propicios para crímenes del Estado, generando una respuesta social violenta a sus acciones y alimentando, en consecuencia, el círculo de violencia y exclusión de los sectores populares.

 

Las políticas de mano dura en América Latina

A pesar de que el gobierno se empeña en profundizar las políticas de mano dura, diversos estudios a nivel regional han demostrado que este tipo de políticas no son efectivas. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2013, pp. 182): “Las políticas de mano dura adoptadas en la región han fracasado en su objetivo de disminuir los niveles de violencia y delito, y también han tenido un impacto negativo y profundo en la convivencia democrática y en el respeto a los derechos humanos, que están en la base del desarrollo humano.” En este sentido, estas políticas fomentan la corrupción, los ajusticiamientos selectivos, la desconfianza entre las comunidades y el Estado, desgarran familias y comunidades enteras y promueven una cultura de violencia e impunidad.

Entre las principales consecuencias directas de estas políticas se encuentran el fortalecimiento de las agrupaciones criminales, el aumento de la violencia letal y la violación de derechos humanos, particularmente contra jóvenes y menores de edad, como revelan los datos presentados.

Por ejemplo, en diversos estados de Brasil y en las ciudades de Rio de Janeiro y Sao Paulo se implementaron este tipo de políticas durante la década de los 90. Los resultados registraron un aumento en las muertes de civiles, así como muchos casos de violaciones a los derechos humanos. En Sao Paulo, la implementación de estas políticas coincidió con el período de mayores índices de delito. Por su parte, en Honduras, El Salvador y Guatemala se aplicaron políticas de mano dura a principios de la década del 2000 para enfrentar la presencia de las maras. Específicamente se enfocaron en encarcelar a los miembros de estos grupos, aumentar la presencia policial, usando técnicas militares, en determinados sectores de las ciudades y criminalización de las actividades asociadas a estos grupos. Al igual que en el caso brasilero, los resultados de estas políticas fueron negativos. Las prisiones se transformaron en “universidades del crimen”, los delitos cometidos por las bandas se intensificaron y estas adoptaron nuevas prácticas como los secuestros y la extorsión. En términos generales la violencia letal incrementó en los tres países (PNUD, 2013).

A pesar de toda la evidencia que existe en contra de las políticas de mano dura, estudios de opinión en la región encuentran que cuentan con muchorespaldo en los países latinoamericanos. De acuerdo al PNUD (2013), más de 75% de los venezolanos, brasileros, mexicanos, colombianos, hondureños, entre otros, estaban de acuerdo o muy de acuerdo con estas prácticas en el año 2012.

Existen, por lo menos, dos factores que pueden contribuir a cambiar esta percepción en nuestra sociedad: (1) La denuncia y visibilización de las violaciones a los derechos humanos cometidas por los funcionarios del Estado y (2) los recientes procedimientos ilegales, similares a las OLP, que se han llevado a cabo en sectores de clase media, en el marco de las protestas contra la dictadura y que han recibido mayor cobertura y rechazo público.

 

Hacia Una Política de Seguridad Ciudadana Inclusiva

En la últimas dos décadas se han desarrollado políticas públicas exitosas en ciudades latinoamericanas, como Medellín, Río de Janeiro, Cali y Bogotá que han contribuido a la reducción de las tasas de delito. “En el centro de varias de estas intervenciones ha estado el desarrollo de datos y análisis confiables y precisos, la adecuación de las respuestas a los problemas sociales, económicos y políticos específicos que enfrenta cada contexto, así como la participación sostenida y decidida de funcionarios junto con la sociedad civil.” (PNUD, 2013. pp. 184).

El trabajo de Caracas Mi Convive en sectores violentos, así como el análisis de los casos de estudio de las ciudades mencionadas, nos ha llevado a identificar los siguientes puntos como prioritarios, a la hora de pensar en el diseño y aplicación de cualquier política pública.

  1. Establecer relaciones de confianza con las comunidades más afectadas por la violencia e incorporarlas en la implementación de programas sociales (educativos, deportivos, culturales) dirigidos a los jóvenes más vulnerables priorizando y focalizando la prevención en jóvenes en riesgo y la reinserción de aquellos involucrados previamente en actividades delictivas.
  2. Reformas institucionales del sistema de justicia y de los cuerpos de seguridad, orientadas a disminuir los índices de corrupción e impunidad, a generar mayores capacidades de reacción e inteligencia y reconstruir las relaciones con los sectores de la sociedad afectados por la implementación de prácticas ilegales. Ejemplos de estas políticas son las policías comunitarias implementadas en Honduras, Rio de Janeiro y Los Ángeles, que tienen como objetivo el empoderamiento ciudadano por medio de la construcción de relaciones de confianza entre la policía y las comunidades.
  3. Mejorar la calidad de los datos que se recolectan, haciendo uso de nuevas tecnologías que permitan identificar los puntos calientes, guiar las estrategias de patrullaje e identificar los perfiles de las víctimas y victimarios.
  4. Establecer alianzas con instituciones de la sociedad civil como universidades, centros de investigación, empresarios y organizaciones sociales para que contribuyan en el diseño de las políticas y formen parte de la implementación de las mismas.
  5. Garantizar, mediante acuerdos políticos, la sostenibilidad y viabilidad temporal de las políticas de seguridad.

Los datos e historias de violencia en Caracas dan cuenta de un problema muy profundo que afecta a toda la ciudadanía pero con mayor ahínco a los sectores más vulnerables. Es necesario empezar a debatir sobre esta problemática y proponer alternativas que contribuyan a construir una ciudad más amigable para sus habitantes. Desde Caracas Mi Convive, creemos que la prevención de la violencia pasa por la construcción de relaciones de confianza entre todos los sectores de la sociedad civil y con el Estado que faciliten el diseño de políticas públicas exitosas y sostenibles en el tiempo.  

 

Referencias

PNUD, 2013. Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina. Disponible en: http://www.undp.org/content/dam/rblac/img/IDH/IDH-AL%20Informe%20completo.pdf

 

Paris Match: Venezuela, el país que deja morir de hambre a sus hijos

LeMonde

Recientemente la revista Paris Match publicó un reportaje titulado “Venezuela, el país que deja morir de hambre a sus hijos”.

En el texto, firmado por la periodista Laurence Debray, se cita el caso de un estudiante universitario que, al iniciar su carrera (cuando Chávez asumió el poder), ganaba el equivalente a 1.200 euros al mes. 18 años más tarde, con un doctorado alcanzado, su salarió cayó a 4 euros.

En apenas un año, los venezolanos perdieron un promedio de ocho kilos. Aquellos que se han adherido a los valores del chavismo reciben la caja del CLAP mensualmente.

A pesar de esta situación, el oficialismo no ofrece estadísticas. Cuando Antonieta Caporale, ex ministra para la Salud, admitió un aumento de 30% y 65% en la mortalidad infantil y materna, fue despedida de su cargo.

“La mitad de los niños con cáncer murió antes de Navidad debido a la falta de medicamentos. Nuestros hospitales se han convertido en hogares “, dijo un pediatra que prefirió resguardar su nombre por temor a represalias.

Asimismo menciona cómo la revolución bolivariana destruyó el aparato productivo del país a través de las expropiaciones. La corrupción  habría desaparecido 70 mil millones de euros de las arcas del Estado.

A todo esto se suma la grave inseguridad de Venezuela. Caracas es la ciudad más peligrosa del mundo: un venezolano muere asesinado cada 19 minutos. Los residentes de la capital se han acostumbrado a los secuestros y los asaltos.

Aquí el reportaje completo en francés Paris Match

Ene 26, 2018 | Actualizado hace 2 años
El país de Medalagana, por V.J. Los Arcos Ayape

maduro

Hace tiempo que el “medalaganismo” es la norma de conducta del régimen de Nicolás Maduro Moros. Las cosas se hacen no de acuerdo con la Ley y el sentido común, como lo dice la regla republicana, sino retorciéndola a conveniencia, como desde hace un siglo se diseña la estrategia “revolucionaria”.

Entre los mil y un ejemplos del “medalaganismo”, por cierto instaurado bajo la égida chavista, es el indecente uso que desde el Palacio de Miraflores se hace con las publicaciones de la Gaceta Oficial. Ejemplo más notorio, por lo insultante, es el bloqueo a acuerdos y decisiones de la Asamblea Nacional, tradicionalmente ubicadas en el primer lugar, antes de las disposiciones del Gobierno.

El régimen aspira a hacer creer que nada que no sea publicado en Gaceta Oficial alcanza la validez legal y la obligación de cumplimiento, pero como es fácilmente demostrable, no es así. Dicho de otro modo, los acuerdos republicanos de la AN son de fuerza legal y de cumplimiento obligatorio, así el “medalaganismo” e insania “revolucionarios” pretendan que no.

Por el contrario, desde que se inventó la llamada “Asamblea Nacional Constituyente”, ilegítima e inconstitucional, los bodrios que genera ésta ocupan en la Gaceta Oficial el lugar preeminente que bajo gobiernos democráticos se reservó a la legítima y constitucional Asamblea Nacional (antes Congreso Nacional).

Por obra y gracia del “medalaganismo”, las empresas del Estado están funcionando en forma ilegal. Es verdad que al régimen le importa esto menos que nada, pero que al menos se sepa que la actitud consciente del régimen permite que esto ocurra. Es preceptivo que sus Presupuestos de Recursos y Egresos para un determinado ejercicio económico y financiero anual debe ser aprobados por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) y publicados en Gaceta Oficial dentro del año anterior al cual aplican.

Es por ello, por ejemplo, que los Presupuestos de 2017 fueron publicados dentro de 2016, como se evidencia en el recuadro anexo. La publicación ocurrió en dos partes: una referencia en la gaceta ordinaria y el contenido completo en otra extraordinaria de la misma fecha (30-12-2016). Es obvio que había conciencia plena de la obligación de publicar en 2016, a fin de que el funcionamiento de las empresas fuese legal en 2017.

No ocurre así con los Presupuestos de 2018, que en una gaceta ordinaria del día 28-12-2017, se pedía “ver” otra extraordinaria del día 22-12-2017 anterior. Lo único ordinario que hay en ello es la mentira de que esta última gaceta del día 22 existiese y lo único extraordinario es que las empresas del Estado estén funcionando sin un presupuesto legal.

Al día de hoy, la Gaceta Oficial No.6.353 Extraordinario del 22-1-2017 no existe: no ha sido impresa y, menos aún, publicada, por lo que ningún ciudadano con derecho al ”véase” ha podido ejercerlo.

Ayer, intentamos encontrar una explicación a lo que es una anomalía de extrema gravedad. En una visita tempranera a las oficinas del Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial (SAINGO), de su Director General (encargado) Hugo César Cabezas Bracamonte, solo se supo que “no suele venir por aquí”; de su Directora Ejecutiva Moraima Guevara, que “tanto puede venir dentro de media hora, como en la tarde o no venir”; se habló con el consultor jurídico y con el coordinador de ventas; no hubo explicación a la anormalidad.

Otras consultas adicionales fuera del SAINGO, donde “no se habla mal de Chávez” y, se supone, menos aún de Maduro, explicaron bien la situación: la orden de impresión y publicación no ha sido autorizada por el Consejo de Ministros.

Así es la República de Medalagana, donde quieren elegir un emperador antes del 30 de Abril. A ver qué súbdito contrata con sus compañías. (Sigla)