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Estado de Emergencia

Gobierno de Chile decreta estado de emergencia por jornada vandálica en Santiago
Grupos violentos radicales tomaron el protagonismo con enfrentamientos directos con los Carabineros y la quema y destrozo de varias estaciones de metro y de mobiliario urbano, quemando 19 estaciones del Metro.

El Gobierno de Chile decretó el estado de emergencia para controlar los sectores de Santiago que este viernes 18 de octubre fueron escenario de violentas protestas, lo que supone confiar a un mando militar la seguridad de la zona e implica una restricción la libertad de locomoción y reunión por un plazo 15 días.

La radicalización de las protestas ciudadanas por el aumento del precio del billete del metro de Santiago derivó este viernes en una jornada de graves desórdenes, con incendios en varios puntos de la ciudad, saqueos y actos vandálicos que sumieron a la capital en el caos.

Mientras los efectivos policiales del cuerpo de Carabineros trabajaban para tratar de aplacar los disturbios y los bomberos apagaban las llamas que prendían en diversas estaciones de metro, autobuses urbanos, barricadas callejeras e incluso en la sede de la eléctrica Enel, el Gobierno analizaba las posibles medidas a tomar.

Así, el presidente del país, Sebastián Piñera, tras una larga reunión en La Moneda (sede del Gobierno) con los ministros de Interior, Andrés Chadwick, y de Defensa, Alberto Espina, decretó el estado de emergencia y nombró al general de división Javier Iturriaga del Campo como jefe de la Defensa Nacional en las zonas de la Región Metropolitana (RM) más afectadas por los desórdenes.

En concreto, el decreto rige para la provincia de Santiago -que alberga la mayor parte de las comunas de la Región Metropolitana-, la provincia Chacabuco y las comuna de Puente Alto y San Bernardo, sectores todos pertenecientes a la RM.

 

“Frente a los graves y reiterados ataques y atentados contra las estaciones y las instalaciones del metro de Santiago, contra el orden público y la seguridad ciudadana, he decretado estado de emergencia. El objetivo es muy simple pero muy profundo: asegurar el orden público, la tranquilidad de los habitantes de la ciudad de Santiago, proteger los bienes tanto públicos como privados y, por sobre todo, garantizar los derechos de todos”, señaló el presidente por medio de una cadena nacional.

 

Con esta medida, que en caso de ser necesario puede ser prorrogada por otros 15 días si el Congreso Nacional lo autoriza, Iturriaga asumió el mando de las fuerzas policiales en esos sectores y quedó autorizado para desplegar a los militares, algo que ya ordenó.

He asumido el control y el mando de las fuerzas militares y las fuerzas de orden y seguridad y estamos mandatados para evitar que se sigan cometiendo desmanes y destrozos en la ciudad y, lo más importante, recuperar a la brevedad los derechos y las libertades de las personas para que puedan seguir ejerciendo su vida con normalidad”, dijo Ituarriaga en rueda de prensa.

 

“Las fuerzas militares van a salir ya en este momento a patrullar la ciudad en aquellos sectores más conflictivos”, agregó.

 

Aunque recomendó a los ciudadanos que regresaran a sus casas, el general de división descartó por el momento que se vaya a decretar el toque de queda.

Desde el pasado lunes, cientos de personas, en especial estudiantes de secundaria y universitarios, llevan a cabo medidas de protesta por el alza de 30 pesos en el precio de los billetes del metro decretado hace dos semanas, hasta los 830 pesos actuales (unos 1,2 dólares) en hora punta.

Acudían en masa a las estaciones de metro colándose sin pagar, causando destrozos y enfrentándose a la Policía, disturbios que fueron en aumento hasta motivar que el Metro de Santiago, que transportan diariamente casi 3 millones de personas, cerrase este viernes todas las estaciones, lo que produjo el colapso del tránsito de vehículos y peatones, que se quedaron sin locomoción.

En paralelo, grupos violentos radicales tomaron el protagonismo con enfrentamientos directos con los Carabineros y la quema y destrozo de varias estaciones de metro y de mobiliario urbano.

Según los primeros informes, 19 estaciones de metro y 16 autobuses urbanos fueron dañados y 180 personas fueron detenidas.

Extienden estado de emergencia en Ecuador por migrantes venezolanos

 

La Cancillería ecuatoriana informó que el gobierno nacional extendió el estado de emergencia, en varias provincias del país, hasta septiembre; por el inusual flujo de migrantes venezolanos.

El ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia, indicó que el país «no puede dejar a un lado la situación a la que se ven enfrentadas las poblaciones, por donde, se registra el ingreso de migrantes».

Resaltó la importancia de que el ingreso de los inmigrantes sea ordenado y seguro, «tanto para las garantías de los ciudadanos ecuatorianos como para los venezolanos».

La declaración de emergencia se activó por primera vez el 8 de agosto, en las provincias de Carchi, Sucumbíos (en la frontera con Colombia) y en El Oro (con Perú) con el fin de brindar una respuesta eficaz y contundente en beneficio de la protección de las personas que ingresan en territorio ecuatoriano.

Para afrontar la oleada migratoria de ciudadanos venezolanos, el Ministerio del Interior también incrementó su personal de control y amplió la seguridad en los entornos de los pasos fronterizos.

El despliegue se completó con la ayuda humanitaria de primera necesidad -carpas, raciones alimenticias, kit de higiene personal para niños y mujeres, y agua- mediante un mecanismo coordinado con organizaciones internacionales del sistema de Naciones Unidas.

Ecuador declara la emergencia migratoria por la llegada de 4.200 venezolanos al día

 

Ecuador ha declarado este miércoles el estado de emergencia en tres de las provincias en las que se ha detectado mayor presencia de venezolanos tras un aumento inusual del flujo migratorio. En los últimos días, la llegada a Ecuador de ciudadanos de Venezuela ha alcanzado la cifra de 4.200 al día, por lo que el Gobierno ha decretado la emergencia con fines humanitarios. “El objetivo es establecer un plan de contingencia y las acciones y mecanismos necesarios para la atención humanitaria”, según el comunicado emitido por la Cancillería ecuatoriana.

La medida se aplicará en las provincias de Carchi, fronteriza con Colombia, en El Oro, que linda con Perú, y en Pichincha, donde está la capital y en la que se han establecido una parte de los venezolanos que se quedan en Ecuador. Según las últimas cifras oficiales de Migración, en el primer semestre del año, llegaron 454.000 ciudadanos desde Venezuela, de los que 72.000 permanecieron en territorio ecuatoriano. La mayor parte, en cambio, prosigue su viaje saliendo por la frontera sur hacia Perú y Chile. Ese flujo se ha intensificado en los últimos días, por lo que Ecuador ha activado esta medida con la que las instituciones pueden movilizar recursos públicos con mayor rapidez.

“Como parte de las acciones a ejecutarse, el Ministerio del Interior incrementó su personal para el control migratorio, al tiempo que brindará seguridad. Mientras que el Ministerio de Salud, fortalecerá la atención con un mayor número de médicos. El Ministerio de Inclusión Económica y Social pondrá a disposición un equipo de trabajadores sociales y psicólogos, especialmente para los grupos vulnerables (niños, niñas, adolescentes y mujeres)”, precisa el comunicado en el que se declara la emergencia en las tres provincias, tras una reunión de la Cancillería con autoridades de los gobiernos provinciales, municipales y representantes de Naciones Unidas.

Desde que comenzó la crisis humanitaria en Venezuela, Ecuador ha sido uno de los países que ha sentido el flujo migratorio de personas que huyen de su país. La mayoría de ellos está de paso, tras un viaje de varios días o semanas que se complica al ingresar desde Colombia a territorio ecuatoriano. La moneda local, el dólar estadounidense, hace muy caros los billetes de autobús con los que proseguir el viaje hacia Perú, así como la comida o el hospedaje temporal.

Por eso, el plan también contempla intensificar la cooperación internacional. “A través de las organizaciones del sistema de Naciones Unidas, como OIM, ONU-PMA, ACNUR, HIAS se dotará de carpas e insumos como raciones alimenticias, kits de higiene personal para niños y mujeres, agua, se dotará de información a los ciudadanos, etc”, añade el comunicado. Los municipios, por su parte, se encargarán de prestar infraestructura básica, agua potable y sanidad.

TSJ ha dictado 30 sentencias contra la Asamblea Nacional

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De acuerdo con la Ley del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), este organismo del Estado venezolano es el “máximo y último intérprete” de la Constitución de la República (artículo 4), y contra sus decisiones en cualquiera de sus salas, “no se oirá, ni admitirá acción ni recurso alguno” salvo los que dispone dicha ley (artículo 3).

En el marco de sus competencias, en lo que va del año 2016 el TSJ ha dictado 30 sentencias en contra de las leyes y acciones de la Asamblea Nacional, la cual está compuesta por mayoría opositora tras las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015.

Estas resoluciones impiden las siguientes funciones de la Asamblea Nacional:

 

FUNCIÓN DE CONTROL POLÍTICO:

 

Dirigirse a órganos internacionales:

Según la sentencia N°478 de la Sala Constitucional, el parlamento incurrió en usurpación de funciones del Ejecutivo al aprobar dos acuerdos los días 10 y 31 de mayo que se pronunciaban en favor de hacer un llamado a instancias internacionales para denunciar la crisis de Venezuela y para respaldar el interés de la comunidad internacional en el país.

El TSJ sostuvo que recurrir a estas instancias es solo competencia del Presidente de la República. Por lo tanto, la Sala Constitucional suspendió los actos de las sesiones del 10 y 31 de mayo, cuando se aprobaron los acuerdos: “Acuerdo exhortando al cumplimiento de la Constitución, y sobre la responsabilidad del poder Ejecutivo nacional, del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral para la preservación de la paz y ante el cambio democrático en Venezuela” y el  “Acuerdo que respalda el interés de la comunidad internacional acerca de g-7, OEA, Unasur, Mercosur y vaticano en la crisis venezolana”.

 

Desaprobar los estados de Excepción y Emergencia Económica dictados por el Presidente de la República:

 

El artículo 339 de la Constitución dicta que los Decretos de Estados de Excepción deberán ser remitidos a la Asamblea Nacional dentro de los ocho días siguientes a su promulgación, para su consideración y aprobación y al TSJ para que se pronuncie sobre su constitucionalidad.

Durante el 2016 el Ejecutivo ha promulgado tres Decretos de Estados de Excepción y Emergencia Económica, los N° 2.184, N° 2323 y N° 2.452, así como la prórroga de dos de ellos. Estos fueron rechazados por la AN, sin embargo, el TSJ ha declarado la constitucionalidad de cada uno de ellos.

 

Vea la nota completa en El Universal

 

Francia prorrogó por tres meses el estado de emergencia

ParlamentoFrancés

 

La Asamblea Nacional francesa decidió este jueves de forma casi unánime prolongar por tres meses la duración del estado de emergencia y el refuerzo del régimen de excepción.

El proyecto de ley, que modifica el texto en vigor desde 1955 y refuerza la eficacia de sus disposiciones, fue respaldado por 551 diputados a favor, seis en contra y una abstención.

Los seis votos en contra fueron de tres diputados socialistas y otros tres ecologistas, y la abstención partió también del bando socialista (en el gobierno), precisaron a EFE fuentes de la Asamblea.

La iniciativa aprobada prolonga el estado de emergencia durante tres meses a partir del próximo 26 de noviembre, fecha en la que expira el decreto suscrito el pasado sábado, tras los atentados terroristas en París que provocaron unos 129 muertos y más de 300 heridos.

El trámite en el Senado está programado para mañana y, dado que se espera también un respaldo mayoritario, no parece probable que tenga que ser revisado en ambas cámaras en segunda lectura.

El actual estado de emergencia se decretó en un primer momento el pasado sábado para el territorio metropolitano y Córcega.

El sábado, se amplió a territorios de ultramar por una necesidad de coherencia y de refuerzo del dispositivo de seguridad.