En los cuatro meses de 2020, las cifras de personas desaparecidas en Venezuela se han disparado de forma inexplicable. ¿Gente que se va sin decir adiós o policías fuera de control?
@javiermayorca
El 18 de marzo, el escolta John Jairo Gasparini salió a hacer unas compras en el Farmatodo ubicado en la entrada de la urbanización La Lagunita. No regresó a su casa.
Los familiares de este hombre, de 42 años de edad, acudieron a la policía municipal, a la judicial y a otros organismos en la búsqueda de información que contribuyera a determinar su paradero. Solo supieron que lo vieron salir del referido local comercial en una motocicleta negra, que tampoco fue encontrada.
Los familiares suponían que la ausencia de Gasparini guardaba alguna relación con el posterior intento de allanamiento a un apartamento de las residencias Pacarima, en Los Naranjos, cuya ocupante es de su círculo familiar.
Pero pasaban los días, y nadie precisaba dónde se encontraba Gasparini.
El 20 de marzo, los familiares del guardaespaldas acudieron a la policía judicial para formalizar la denuncia sobre lo que parecía ser una desaparición.
El caso de este hombre forma parte de una creciente lista de personas desaparecidas, que está siendo procesada por la policía judicial.
Solo en los primeros cuatro meses de 2020, las distintas oficinas de este cuerpo han recibido 124 denuncias sobre la desaparición de personas. Lo que más llama la atención es que la curva ha ido en ascenso con el pasar de los meses. En enero fueron recibidas 16 denuncias; 28 en febrero; 39 en marzo y 41 en abril. Entre el primero y el cuarto mes, las cifras reflejan un incremento de 156 %
Todo esto, además, en un contexto en el que se supone que la gente no debería desaparecer, pues la mayoría debe permanecer en sus casas como consecuencia del decreto de alarma nacional, dictado el 13 de marzo.
Según el comisario Sergio González, exjefe de la división Antiextorsión y Secuestros de Cicpc, los cuerpos de seguridad pueden recibir y procesar denuncias sobre desapariciones luego de 72 horas contadas a partir del momento en que la víctima fue vista por última vez.
El funcionario (actual director de la policía de El Hatillo), explicó que cuando la persona no aparece luego de un tiempo prudencial, y no existe evidencia de que pueda haber sido secuestrada, la lógica policial indica que pudiera estar muerta o que pudo haber sido víctima de una privación ilegítima de libertad.
Los familiares del escolta Gasparini pudieron determinar su paradero dos semanas después, cuando les confirmaron que estaba en custodia de Contrainteligencia Militar. Sin embargo, para el momento de la redacción de esta nota todavía se preguntan con qué expediente lo están vinculando.
González se mostró sorprendido ante el crecimiento de las cifras de desapariciones, e indicó que la mayor probabilidad apunta hacia el accionar de la fuerza pública.
“La norma indica que no se puede retener a una persona por más de doce horas sin dar parte al Ministerio Público. Pero hemos visto casos de personas de las que no se sabe nada hace más de un mes, y luego se supo que estaban en poder de algún organismo”, indicó.
Sin rastro en pandemia
El problema de las desapariciones, y en especial las del tipo forzado, fue advertido por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet en los dos informes sobre Venezuela presentados durante 2019.
Según Marino Alvarado, miembro de Provea y de Amnistía Internacional, las desapariciones de personas se hicieron más frecuentes a partir de las operaciones de Liberación del Pueblo. Recordó el caso de la masacre en el sector El Café de Barlovento, en 2016, que comenzó con la desaparición forzada de 15 personas, en el curso de una razia por efectivos del Ejército, cuyos cadáveres fueron hallados posteriormente.
“En el caso de la operación Gedeón, hay familias que todavía no saben del paradero de las personas que supuestamente están detenidas”, afirmó.
Según las estadísticas conocidas extraoficialmente, el 49 % de las desapariciones ha ocurrido a partir del 13 de marzo, cuando Nicolás Maduro emitió el decreto de alarma nacional. Algo que luce paradójico, pues en este lapso se ha puesto énfasis en que las personas permanezcan en sus casas.
Por otra parte, el 35 % de las desapariciones correspondientes al lapso enero-abril han sido denunciadas en Distrito Capital y Miranda. El segundo estado con mayor cantidad es Bolívar, con 14; Monagas y Falcón tienen nueve casos cada uno, y en Zulia han iniciado ocho averiguaciones. Como aspecto curioso, en Táchira solo han consignado una denuncia.
En el actual contexto nacional, con una cifra de secuestros que está en baja con respecto a otros años, la mayoría de las desapariciones obedece a cuestiones políticas o son consecuencia del ocultamiento de las víctimas de homicidios.
De allí que, según González, en Caracas las denuncias sobre desapariciones son procesadas por la división contra Homicidios. No obstante, si se produce un contacto entre secuestradores y sus familiares, intervienen los agentes especializados en secuestros.
“Sin embargo, no podemos hablar de homicidio hasta que no aparece el cadáver de la víctima. Mientras tanto, la persona quedará en calidad de desaparecida”, indicó.
Breves
* Hay un tratamiento selectivo del régimen hacia los 67 detenidos por la Operación Gedeón. La discriminación comenzó cuando algunos fueron enviados a celdas de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), mientras que otros quedaron en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Tal y como lo señala un reciente informe de la organización Una ventana para la libertad, en Boleíta las condiciones de reclusión son mucho más onerosas y degradantes que las existentes en el Helicoide. En Dgcim el hacinamiento superaba el 80 % antes del 3 de mayo, cuando comenzaron las detenciones de militares y policías que llegaron desde Colombia en lanchas, con el propósito declarado de capturar a Maduro y a elementos de su entorno. Allí han ido a parar aproximadamente 30 implicados. En lo que respecta al Sebin, hay detenidos por este caso que permanecen en celdas compartidas con varias personas, y soportan el confinamiento y las limitaciones en cuanto a la alimentación y la atención médica. Allí, sin embargo, padecen menos incomodidades que las de los reclusos en Boleíta. Pero hay tres individuos por los que tienen especial deferencia. Se trata de los exmarines estadounidenses y miembros de la corporación Silvercorp Airam Berry y Luke Denman, a quienes hasta ahora han tratado con guantes de seda, atendiendo incluso sus requerimientos de alimentación especial (Denman es vegano). Y está también el exdirectivo de Venoco, Franklin Durán, recluido en una celda especial que anteriormente era ocupada por el abogado José Rafael Parra Saluzzo. Hasta ahora, todas las audiencias se han celebrado en una sala ad hoc del Helicoide, a la que se trasladan las partes del caso. Los jueces que atienden el expediente Gedeón son los abogados Hilda Villanueva (Segundo de Terrorismo) y José Maximino Márquez (Cuarto de Terrorismo).
* ¿Quién es Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich? Este hombre es, junto con Luciano Marín Arango (Iván Márquez), uno de los integrantes del nuevo Comando Central de las FARC. Su presencia en Caracas fue revelada hace pocos días por el comisario general Iván Simonovis, comisionado especial de Seguridad designado por el presidente del Parlamento Juan Guaidó. En las imágenes aportadas por el policía se puede apreciar al colombiano mientras es llevado de la mano por los pasillos de lo que aparentemente es la planta baja de uno de los bloques del sector 23 de Enero del municipio Libertador. Hernández Solarte padece una enfermedad degenerativa que le quitó la vista por completo en el ojo derecho, y que amenaza con tener el mismo efecto en el restante. Eso explica por qué casi siempre porta lentes oscuros. Alias Jesús Santrich fue uno de los causantes de la ruptura de los acuerdos de paz (La Habana, 2016) por una parte del referido grupo guerrillero. La tormenta se inició cuando EE. UU. lo acusó a él, junto con otros tres miembros de esa organización (Marlon Marín, Armando Gómez y Fabio Simón Younes Arboleda, alias Doctor) por tráfico de drogas, alegando que ellos habían cometido estos delitos con posterioridad a la firma de la paz en la capital cubana, entre junio de 2017 y abril de 2018. Por ende, se trata de acciones que no gozan de amnistía. Según esta acusación, ventilada en la corte del Distrito Sur de Nueva York, el grupo había intentado producir y distribuir unas diez toneladas de cocaína. Para llevar los alijos a EE. .UU., utilizarían aviones con matrícula norteamericana. Desde entonces, comenzó un intenso debate en Colombia, pues se presumía que si las autoridades neogranadinas detenían a Santrich los acuerdos de La Habana se vendrían abajo. En julio de 2019, Maduro afirmó en una alocución pública que tanto Hernández como Marín eran bienvenidos en Venezuela. Un mes después, los jefes guerrilleros divulgaron un video anunciando la creación de las nuevas FARC. Estas imágenes fueron grabadas en territorio venezolano, de acuerdo con el diario El Tiempo de Bogotá, que citaba fuentes de inteligencia del vecino país. En una nueva acusación, presentada el pasado 26 de marzo, el gobierno y la fiscalía estadounidenses involucraron a Hernández en el tráfico de drogas en supuesta complicidad con el alto gobierno venezolano, en hechos que habrían comenzado en 1999 y que supuestamente se han extendido hasta el año en curso. Las fotografías y el video de este integrante del Comando Central de las nuevas FARC llaman la atención. El hombre aparece rodeado de individuos armados, quienes según Simonovis pertenecerían a un colectivo de esa parroquia. Es muy probable, por lo tanto, que tales imágenes fuesen tomadas por un integrante del propio anillo de seguridad, que servía al líder guerrillero.
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