Despidos

Los diputados denunciaron que no se les notificó del despido a los trabajadores y se dieron cuenta cuando no les pagaron la quincena

Los diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015, denunciarán ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el despido injustificado de mil trabajadores del Parlamento.

La diputada Nora Bracho, señaló en la sesión virtual de este martes, 23 de marzo, que hay una persecución en contra de los trabajadores contratados y de carrera, contratados en el periodo que inició en 2015, por parte de los parlamentarios electos en diciembre de 2020, de mayoría chavista.

“Ese ese seudo parlamento que se instaló luego de un proceso de fraude electoral escenificado el 6 de diciembre, se dio a la tarea de despedir masivamente a los trabajadores, anunciado por audios como el del pasado 20 de enero donde Jorge Rodríguez ordena despedir a todos los trabajadores que fueron contratados durante el periodo 2016”, expresó.

Bracho indicó que también llevarán las denuncias ante la Central de Trabajadores de Venezuela y la Confederación de Trabajadores Legislativos de las Américas. La diputada añadió que se está violando el convenio 111 relativo a la discriminación en el empleo y el Convenio 87 de libertad sindical y protección al trabajador.

«Estos despidos masivos de los trabajadores no fueron notificados, no se siguió ningún procedimiento administrativo ni se efectuó calificación de despido. Sigue Nicolás demostrando su desprecio por las leyes y las normas», aseguró la diputada.

Igualmente el diputado Rafael Ramírez señaló que se debe solicitar una visita al país, a la Comisión del Trabajo para que constate la situación de los derechos de los trabajadores.

Por último, el diputado Ismael León indicó que estos trabajadores no fueron notificados, ni les dieron explicación del motivo de despido, se enteraron porque no les depositaron la quincena.

Solicitud de apoyo

En la sesión también participó, Andrés Rivero, quien representa a la asociación civil «Defiende tus derechos» de la Asamblea Nacional, quien aseguró que Jorge Rodríguez está violando la contratación colectiva, la ley del trabajo y el decreto de inamovilidad laboral.

“Esto es un atropello un genocidio que se está cometiendo contra estos trabajadores padres, madres de familia. En estos despidos injustificados hay trabajadores con incapacidad, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, todos cumplían labores y horario de servicio. Repartieron una bolsa de alimentos y tampoco les dieron a estos trabajadores ese beneficio, algo verdaderamente inhumano”, denunció el trabajador.

Por eso solicitó el apoyo de los diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015 a los trabajadores que fueron despedidos, en medio de la crisis y emergencia humanitaria.

Ambiente en peligro

En la sesión los diputados también debatieron sobre la «destrucción continuada» de la industria petrolera y su impacto en el medio ambiente. La diputada María Gabriela Hernández aseguró que en la gira que hicieron por el estado Zulia, pudieron constatar las denuncias de los ciudadanos, especialmente en Cabimas y en la Costa Oriental del Lago.

En el recorrido realizados sobre el Lago de Maracaibo pudimos constatar la contaminación por derrames petroleros constantes. La Costa Oriental del Lago es negra, se ven peces muertos, todo está afectado #DelegadaAN#RedVerdeVenezuela @anambiente2020 pic.twitter.com/8BoZjAPfW1

— Maria G Hernández Del Castillo (@MariaGMonagas) March 23, 2021

Explicó que debido al fenómeno geológico, denominado subsidencia que describe el progresivo hundimiento de una superficie, las aguas contaminadas de petróleo entran al sistema de drenaje de Cabimas y luego se desplazan hacia las casas.

Otra área afectada, que informó la diputada, es el Parque Nacional de Las Yaguasas, donde sus tres únicas especies de manglares están bajo un manto de petróleo y eso los pone en peligro.

«Saliendo del Zulia, las refinerías de Cardón y El Palito son una vergüenza de contaminación visual, atmosférica y de agua, además, de no poder cumplir con su razón de existir que es la de procesar y refinar el petróleo», agregó.

El diputado Macario González dijo que el derrame continúo de petróleo en el Lago de Maracaibo y la manera de extraer gas doméstico, de forma artesanal, en Cabimas es una «bomba de tiempo» y expone la vida de los ciudadanos.

Esto es lo que vimos en las casas de Cabimas, la misma gente resolviendo algo tan delicado como el manejo del gas porque dejaron a @PDVSA abandonada. De una tubería de petróleo de forma artesanal sacan gas doméstico. Costa Oriental #Zulia es una bomba de tiempo #RedVerdeVenezuela https://t.co/spsfgLWLb5 pic.twitter.com/gRMRXYOYSU

— Maria G Hernández Del Castillo (@MariaGMonagas) March 23, 2021

«En Cabimas, en la Parroquia La Rosa, en ese campo petrolero, el petróleo fluyendo y por esa vía los muchachos jugando sobre petróleo, nosotros con los pies metidos en petróleo», relató.

Así están las aguas de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, las trazas de petróleo se ven por todas las aguas, por debajo hay una maraña de tuberías que no se le hace mantenimiento y botan constantemente hidrocarburos.#RedVerdeVenezuela #ANConCorajeEnLaCalle pic.twitter.com/8dT0F1wjsL

— Maria G Hernández Del Castillo (@MariaGMonagas) March 23, 2021

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El sindicato del Ministerio de Relaciones Exteriores denuncia en una carta pública dirigida al titular de Casa Amarilla, que los trabajadores sufren atropellos y humillaciones, y advierte que el yerno del comandante Chávez podría ser recordado como “el peor” ministro que ha pasado por ese despacho

PARA SUS EMPLEADOS, JORGE ARREAZA es una persona non grata. El sindicato del Ministerio de Relaciones Exteriores (Sunofutrajup-MPPRE) afirma en una carta pública que bajo la administración de Arreaza la Cancillería “ha sufrido uno de los peores retrocesos históricos, y no solo a nivel de personal sino de infraestructura, condiciones de trabajo, maltrato hacia la clase trabajadora, entre otros”.

“En un año renunciaron más de 360 personas decepcionadas porque no encontraron en la Cancillería el progreso necesario para cubrir sus necesidades básicas por el deterioro de las condiciones laborales y a finales del año 2018 su gestión, a través de la directora de Recursos Humanos, María Carolina Rodríguez, cerró con broche de platino con una aleación de criptonita al ensañarse con una acción de despidos masivos en contra de más de 100 trabajadores, echándolos a la calle sin causa justificada”, señala la misiva dirigida al titular de Casa Amarilla y difundida este viernes 4 de enero.

El sindicato del MRE indica que la mayoría de los despedidos laboraban en la Dirección de Servicios Generales, a cargo de Christian Galíndez y Wander Azuaje, y destaca que “en varias oportunidades fueron obligados a asistir a marchas, concentraciones y amenazados que si no votaban en los últimos procesos electorales serían despedidos”.

La representación sindical apunta que el despacho del yerno del difunto comandante Hugo Chávez violó el derecho constitucional al trabajo “sin tomar en cuenta la inamovilidad laboral, el estamento laboral vigente, sus evaluaciones, mujeres embarazadas, madres con hijos en condiciones especiales, padres con hijos menores de edad, en fin, no les importo ni siquiera la calidad humana”.

“El personal del Servicio Exterior fue vilmente maltratado durante el año 2018 con la deuda y el retraso en el pago de la nómina por más de seis meses y de los propios gastos de funcionamiento, lo que conllevó a retrasos en la cancelación de alquileres y de servicio hasta de las propias sedes oficiales”, continúa la epístola, que añade: “sin embargo, no vamos a extendernos en la crítica situación que están atravesando estos compañeros y nuestras sedes por la inexperiencia y la falta de profesionalismo de quienes hoy ejercen los altos cargos afuera. Esto podría ser un tema de debate y discusión en otro momento, si usted se lo permite a los verdaderos diplomáticos de carrera conocedores de la materia”.

Casa en ruinas

Los voceros de los empleados de Casa Amarilla sostienen que Arreaza “fracturó en los últimos meses todo lo que se venía logrando para el bienestar y buen desempeño de las actividades del Ministerio”.

“Los trabajadores hemos observado cómo se nos humilla con una caja del CLAP, obligándolos a compartir un combo hallaquero y obligándolos a pagar 1000 bolívares soberanos para trasladarse al centro de acopio ubicado en Tazón, además de la irregularidad de depositar en una cuenta personal (Elizabeth Travieso, directora de Planificación y Desarrollo de Personal) con la finalidad de adquirir estos productos, mientras se gastan fortunas en despedidas a embajadores, se alimentan no solo a directores generales sino a su comitiva; mientras que al resto del personal se les recuerda que cobran cesta tickets que no alcanzan ni para comprar una empanada”, fustigan agriamente.

El sindicato del MRE denuncia que les quitaron la fiesta infantil de fin de año y el pago correspondiente a juguetes “con la excusa de la mal llamada guerra económica”. “En reunión sostenida con su asistente Jorge Álvarez nos manifestó que nosotros los trabajadores debíamos hacerles entender a nuestros hijos el porqué este año no íbamos a tener navidades, ¡qué caradurismo la de este señor! Se nos invita frecuentemente a recordar que debemos hacer sacrificios, pero lo irónico es que te lo pidan quienes, cada vez que viajan, reciben viáticos o bolsas de viaje en divisas, que al cambio oficial le aseguramos que ayudaría a pagar las deudas pendientes con el personal”, relatan en la carta.

“El Ministerio en sí es el fiel reflejo del país, no funcionan los ascensores, los microondas, no hay agua, no hay material de oficina, no hay tóner, la mayoría del mobiliario está en desuso, no hay productos de limpieza y se exige cumplir con el trabajo y las actividades cotidianas, ¡que descaro!”, exclama el sindicato de Casa Amarilla, que lanza esta advertencia a Arreaza: “de seguir así, las evaluaciones futuras lo dejarían a usted como el peor de los ministros que haya pasado por la Cancillería”.

Por Norma Rivas

Por negarse a asistir a concentraciones oficialistas fueron despedidos 17 abogados de la Defensa Pública, ente adscrito al Sistema Judicial que tiene como propósito fundamental “garantizar la tutela judicial efectiva del derecho constitucional a la defensa en las diversas áreas de su competencia. Asimismo, está dedicada a prestar a nivel nacional un servicio de defensa pública, en forma gratuita, a las personas que lo requieran, sin distinción de clase socioeconómica”.

Los trabajadores que aún están en el organismo —quienes resguardaron sus nombres para evitar represalias— informaron que están muy molestos y preocupados porque desde que comenzó el año, y con más énfasis en este mes de abril que dio pie a las protestas de la oposición, los obligan a permanecer en sus puestos de trabajo y a asistir a las concentraciones para neutralizar las convocatorias de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Esta situación de estrés y acoso laboral socavó la tranquilidad de Yosmar Hernández, quien trabajó durante 20 años en el referido ente público y falleció el martes 25 de abril tras sufrir un infarto. Deja huérfanos a dos niños. Sus amigos y colegas no podrán asistir al velatorio que comienza este miércoles a partir de las 2:00 de la tarde en la Funeraria Vallés de La Florida porque tuvieron que sumarse a las manifestaciones pautadas para este día 26.

as amenazas que reciben los trabajadores consisten en transferirlos a otro estado, como Vargas o Miranda, o despedirlos si se niegan a asistir a las marchas oficialistas.
Así lo evidencia el testimonio de uno de los trabajadores amenazados que fue llamado a comparecer el domingo 23 a las 10:00 a. m. en la Plaza Bolívar de El Valle, en Caracas, con el propósito de recuperar los espacios que fueron destruidos en los saqueos:

“Todo el personal defensoril debía acudir para realizar trabajos de aseo y limpieza de esas áreas [El Valle], llevándolos obligados a esa labor que solo compete a personal de mantenimiento del Estado y tristemente se utiliza a los abogados como nosotros, humillándolos dentro del ejercicio de su profesión y de forma inhumana. Ademas, nos obligan a quedarnos hasta el final del evento y a firmar una lista, el que no está en la lista, va pa fuera. El sábado también tuvimos que asistir hasta las 5 de la tarde a marchar“.

No solo botaron a los 17 abogados que tenían varios años de carrera administrativa, también reciben amenazas de despido los asistentes y el personal administrativo. Una de las estrategias es promover a los funcionarios fijos a cargos 99 de libre remoción para poder sacarlos de la partida si no van a las marchas.

Muchos aún acá apoyan el proceso, pero no estamos dispuestos a seguir acudiendo a las marchas por obligación o bajo amenazas“, dijeron.

Estos trabajadores indicaron que antes de cada marcha pasan la circular “y todos debemos acudir hasta el final y con la ropa de la Defensa Publica y firmar una lista de asistencia que corrobora al día siguiente cada coordinador de sala para ver si en efecto todos acudimos. De paso que utilizan nuestras horas de trabajo para ir a marchar, luego nos exigen tener el trabajo al día y ni un agua nos dan en las marchas, tampoco agradecen, solo hacen reuniones para exigirnos apoyo en esos eventos“.

Tres circulares

El personal facilitó las tres circulares firmadas por la jueza Susana Barrientos, defensora pública Nacional desde el 10 de diciembre del 2015. En esos documentos les exige a trabajadores que ocupan cargos de libre remoción y nombramientos que estén disponibles las 24 horas del día y que se presenten al lugar de trabajo en cuanto sean llamados. Los denunciantes aseguran que no han sido convocados para cumplir su labor de defender a los ciudadanos sino para asistir a marchas oficialistas.

B

La persecución laboral en el sector público contra  los trabajadores que firmaron para apoyar el revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, se profundizó en las últimas semanas en el Banco Bicentenario con la expulsión de 126 empleados, informó a El Nacional,  Dick Guanique, miembro del comité ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela y dirigente del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato.

«Los jefes citaron al personal y los conminaron a retirar su firma para el revocatorio y de no hacerlo les exigirían la renuncia. Frente a la negativa de los trabajadores, procedieron a despedirlos por deslealtad a la revolución». Indicó que «los gerentes del Banco Bicentenario mostraron a los trabajadores la lista de los firmantes, la cual fue cotejada con la información de los electores que el Consejo Nacional Electoral proporcionó al PSUV».

De acuerdo con el completo reporte difundido ayer por el diario capitalino, los expulsados, en su mayoría de oficinas de Caracas, Anzoátegui, Lara y Zulia, acudieron a las inspectorías del trabajo para reclamar el reenganche, pues el despido por razones políticas lo prohíben la Constitución, la Ley  del Trabajo y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, precisó el dirigente.

Además de los afectados del banco gubernamental, los sindicatos recibieron denuncias de otros 200 trabajadores del Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, despedidos por la misma razón.

En CVG-Aluminio del Caroní (Alcasa), la palabra del vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, se hace cumplir: este viernes se conoció que 7 gerentes de la empresa, todos con con más de 20 años de servicio, recibieron el mazazo del despido por haber firmado la solicitud de referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.

La información fue divulgada por el diario Correo del Caroní, el cual reprodujo declaraciones de Rómulo Mesones, directivo del Sindicato de Trabajadores de CVG-Alcasa (Sintralcasa), quien instó al presidente de la factoría a defender el derecho de los alcasianos a disentir y a tener un puesto de trabajo digno y estable, garantías claramente establecidas en los artículos 87, 88 y 89 de la Constitución Bolivariana.

«Este gobierno, que se hace llamar obrero, quiere acabar con  la última reserva moral del país: trabajadores y estudiantes (…) Están haciendo un recordatorio de lo que fue la lista Tascón para que sintamos miedo de impulsar el revocatorio», dijo Mesones al impreso guayanés.

Los 7 gerentes de Alcasa se suman a la creciente lista de empleados públicos cesanteados por orden expresa de Cabello.  Este jueves, de nuevo, el dirigente oficialista pidió al personal de la administración estatal denunciar a los superiores «escuálidos» para expulsarlos de los organismos del Estado.

Esta semana, la Organización No Gubernamental (ONG)  Provea reportó que procesa 200 casos de despidos en el Seniat, también por haber suscrito la petición de consulta electoral sobre la continuación o no de la gestión de Maduro.

Rafael Uzcátegui, coordinador de la ONG, indicó a RunRunes que aunque las acciones de discriminación laboral por razones políticas no son nuevas ( despidos en Pdvsa anunciados por el entonces presidente Chávez, listas Tascón y Maisanta), lo que sí es inédito es que altos voceros del gobierno lo admitan de manera tan abierta como recién lo ha hecho Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas y dirigente del Psuv al afirmar que la orden de botar a empleados «traidores» proviene del propio jefe de Estado.

«La declaración de Rodríguez demuestra dos hechos: ya este tipo de discriminación es una política de Estado y el responsable directo es el Presidente», puntualizó Uzcátegui al insistir en la necesidad de que los empleados cesanteados denuncien sus casos en las diversas instancias obligadas a atenderlos: Fiscalía General de la República, Defensoría del Pueblo y tribunales.  «Necesitamos documentar hoy, aunque pudiera resultar inútil, para que mañana puedan establecerse las responsabilidades y sanciones», insistió.

El vocero de Provea cree que la creciente ola de despidos,  empujada por la iniciativa de referendo revocatorio presidencial, evidencia la necesidad de promover la aprobación de una Ley Contra la Discriminación Política, precisamente porque hasta ahora no hay un esquema jurídico especial que ampare a las víctimas y penalice a los transgresores.

Aunque tienen dudas sobre la independencia de las instituciones, la ONG Provea reitera la denuncia y exhorta a los ciudadanos a no quedarse callados y presentar ante la Fiscalía General de la República, Defensoría del Pueblo o tribunales los casos de discriminación o retaliación política del gobierno.

Rafael Uzcátegui, coordinador de la ONG, alertó: “Si las instituciones no actúan ante las denuncias, su omisión pasará a ser considerada complicidad con las violaciones de derechos humanos”.

Provea totaliza 200 casos de despidos en el Seniat, desde que firmaron el 1% para reconocer a la Mesa de la Unidad Democrática como promotora del referéndum y están a la expectativa de las advertencias del primer vicepresidente del Partido Socialista de Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, y del alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez, contra 4.000 trabajadores del escalafón 99, de confianza. De hecho, ayer, Elías Jaua, diputado oficialista,  afirmó: “No es ético que alguien que no esté con el gobierno trabaje para un gobierno del que quiere salir. Lo sabotea. Sea un viceministro, director general, gerente de empresa; no se puede comprender que siendo designado por el gobierno esté buscando la salida del gobierno”.

Uzcátegui indicó que Provea está en campaña para que la gente denuncie. “Hay decenas de casos, sin embargo necesitamos el testimonio directo de la víctima, aunque sea resguardando su identidad. Hasta ahora el caso más grave de discriminación ha ocurrido en el Seniat. Insistimos en que formalicen las denuncias, pues es la manera fijar responsabilidades a futuro”.

Al ser consultado sobre ¿qué implica que ministros despidan a trabajadores?, respondió: “La declaración pública de Jorge Rodríguez muestra que la política de discriminación es una orden del propio presidente de la República. Podemos establecer que no son casos aislados, sino una política sistemática de violación de derechos humanos ordenada. El próximo gobierno tendría toda la posibilidad de investigar y sancionar a estos funcionarios, y los organismos internacionales podrían reprobar el incumplimiento del país de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo ante la vulneración del Convenio 111”.

Andrés Velásquez, dirigente de La Causa R, denunció “la implacable  persecución y discriminación política del gobierno nacional” en Sidor, el Seniat y otras instituciones. “Hay una enorme cantidad de despidos en los últimos tiempos y especialmente ahora por el revocatorio, lo que viola acuerdos con la OIT, la Constitución, la ley laboral del país y los contratos colectivos. ¿Cómo puede llamarse esto? Dictadura, fascismo;  fascismo puro perseguir y negar el sagrado derecho al trabajo digno. Lo rechazamos y repudiamos y, por supuesto, nos obliga a denunciarlo ante las instancias internacionales”.

A raíz del fallido golpe de estado ocurrido el sábado de la semana pasada, y bajo la consideración de que aún sigue presente la amenaza golpista, el Consejo de Ministros ha declarado al país en estado de emergencia por los próximos tres meses.

Durante el estado de emergencia impuesto por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, el gobierno continuará buscando a los responsables de la intentona de golpe.

Erdogan se dirigió a la nación en un mensaje televisivo luego de un día de reuniones con los consejos de ministros y de seguridad.

Desde la restauración del presidente en su puesto, alrededor de 50.000 soldados, policías, jueces, funcionarios públicos y profesores han sido suspendidos o detenidos, aumentando la tensión en el país de 80 millones de habitantes fronterizo con el caos de Siria y aliado de Occidente contra el Estado Islámico.

Turquía también se ha comprometido a eliminar de raíz a los aliados del clérigo, Fethullah Gülen, quien vive en Estados Unidos a quien culpa del fallido intento de golpe de la semana pasada, ampliando una purga de su Ejército, la Policía y la Justicia también a universidades y colegios, la agencia de inteligencia y autoridades religiosas.

«Esta organización terrorista paralela no volverá a ser un peón efectivo para ningún país», afirmó el primer ministro, Binali Yildirim, en referencia a lo que el Gobierno lleva tiempo denunciando como un estado dentro del estado controlado por seguidores de Gülen. «Los arrancaremos de raíz», dijo en el Parlamento.

Gülen, de 75 años, que vive en un exilio autoimpuesto en Pensilvania pero tiene una red de seguidores dentro de Turquía, condenó el intento de golpe y negó estar involucrado. El antiguo aliado reconvertido en crítico de Erdogan sugirió que el presidente lo organizó como una excusa para poner en marcha una campaña de represión tras una constante acumulación de control durante los 14 años que lleva en el poder.

Las autoridades han cerrado medios considerados afines al clérigo y han anunciado 15.000 despidos en el Ministerio de Educación, 492 del Directorio de Asuntos Religiosos, 257 de la oficina del primer ministro y 100 funcionarios de inteligencia.

Además, el Consejo de Educación Superior de Turquía prohibió a los académicos del país viajar al extranjero para realizar estancias. Los académicos que actualmente se encuentren en el extranjero sin una imperiosa necesidad para ello deberán volver al Turquía, añadió el organismo.

Esta medida llega después de que se pidiera la dimisión de 1.477 decanos de Universidades y se revocase la licencia de 21.000 maestros de instituciones privadas.

*Con información de Bloomberg y DW

La presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, denunció que tras un segundo encuentro con funcionarios destituidos, su oficina ha contabilizado más de mil casos de empleados públicos «botados» por haber firmado la solicitud de referendo revocatorio.

“Fueron destituidos por haber ejercido su derecho constitucional. Destacamos los casos de dirigentes sindicales y de madres que acababan de parir, en período de lactancia, y otras que estaban embarazadas”, aseguró Solorzano.

Solórzano precisó que la mayoría de los denunciantes son trabajadores del Seniat, Corpoelec, Banco del Tesoro, Banfanb, PNB y la Fundación Simoncito.