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Derechos humanos en Venezuela

Foro Cívico insta a garantizar derechos políticos en presidenciales del 28 de julio

La Organización no Gubernamental Foro Cívico instó este miércoles, 13 de marzo, a garantizar los derechos políticos de todos los venezolanos en las elecciones presidenciales previstas para el 28 de julio.

Mediante un comunicado publicado en su cuenta en X, antes Twitter, Foro Cívico aseguró que el respeto de los derechos políticos es la vía para proteger los derechos humanos en Venezuela.

La ONG señaló que las venideras elecciones se presentan en un momento «inédito de la crisis venezolana», por lo que es necesario «encontrar la vía para la transformación política, social y económica del país» por la vía pacífica.

En este sentido, Foro Cívico resaltó que es necesario, en primer lugar, fortalecer y preservar el proceso de negociación demandando a las partes el abordaje de las raíces y patrones profundos del conflicto, la edificación de una visión de futuro conjunto, así como el cumplimiento de los acuerdos alcanzados, para edificar un Acuerdo Democrático Nacional que le dé garantías a todas las venezolanas y todos los venezolanos.

La organización rechazó «rotundamente» las inhabilitaciones y la persecución política, el amedrentamiento, las detenciones arbitrarias, que entre otras acciones «constituyen claros ejemplos de socavamiento de los derechos civiles y políticos de los venezolanos».

Foro Cívico hizo un llamado a todos los actores nacionales a concitar todos los esfuerzos para brindar a los venezolanos dentro y fuera del país la oportunidad de ejercer sus derechos políticos.

También, convocó a los actores internacionales a «acompañar al pueblo de Venezuela en la lucha por la recuperación de sus derechos y la democratización del país dotando al proceso de una observación electoral objetiva, imparcial, neutral e independiente, con el debido respeto a la soberanía, acción que se vincula con el mandato de proteger y promover la vigencia de los derechos políticos».

DDHH Olvidados | Josnars Baduel: doblemente juzgado y sin derecho a nada
Andreína Baduel aseguró en entrevista para Runrun.es que no hay pruebas que vinculen a su hermano con la Operación Gedeón
La joven afirmó que ser Baduel no es un delito. Cree firmemente en que el ensañamiento en contra de su hermano se debe principalmente a su apellido

 

@yeannalyfermin

 

El ensañamiento de la administración de Nicolás Maduro no terminó con la muerte en custodia de Raúl Isaías Baduel. Uno de los hijos del general en retiro, Josnars Baduel, lleva tres años detenido en la sede del Helicoide, en Caracas, acusado de conspiración, asociación para delinquir y terrorismo.

El pasado 4 de mayo de 2020, se registró una incursión marítima por las costas del estado Aragua. EL «Macutazo», como también se le conoce a la operación, fue según información oficial, un intento fallido de varios disidentes venezolanos -en su mayoría militares exiliados-, apoyados por la empresa estadounidense de seguridad SilverCorp para, supuestamente, asesinar a Nicolás Maduro y a otros altos funcionarios del Gobierno.

Según las versiones oficiales, el «Macutazo» estuvo a cargo del estadounidense Jordan Goudreau, exboina verde de los Estados Unidos y exmiembro de las Fuerzas Armadas de Canadá y también por Clíver Alcalá Cordones, ex miembro de la FAN quienes a bordo de dos embarcaciones provenientes de Colombia pretendían colarse por las costas de Aragua y tomar el país. 

Según informó el fiscal de la república designado por la constituyente cubana, Tarek William Saab, el balance de la operación Gedeón finalizó con la detención de 85 personas, incluido Josnars Baduel y ocho fallecidos presuntamente por ejecuciones extrajudiciales. 

Josnars Baduel es abogado, no está casado y no tiene hijos. Cuando se produjo su detención en las costas del estado Aragua no se sabía de quién se trataba, hasta que se confirmó su identidad. Según información difundida en redes sociales, al joven lo capturaron junto a los dos estadounidenses en la segunda embarcación.

Andreína Baduel, hermana de Josnars, aseguró en entrevista para Runrun.es que no hay pruebas que vinculen a su hermano con la supuesta incursión marítima. 

“Doblemente juzgado”

Desde la detención de Josnars Baduel, el proceso ha estado plagado de irregularidades: desaparición forzosa, falta de atención médica, negación de defensa privada y daños físicos y emocionales.

 “Al no asumir su culpabilidad lo pasaron a juicio con defensa pública y ‘sin derecho a nada’, aunado a esto, recientemente el 29 de septiembre de este año, fue presentado en otro tribunal de terrorismo por otro supuesto caso de conspiración para juzgarlo por los mismos delitos por los cuales ya está siendo juzgado, es decir, está siendo doblemente juzgado, algo que absolutamente prohibido”, dijo.  

Andreína vio a su hermano Josnars hace 15 días. Indicó que el joven abogado “de ánimo está fuerte y mentalmente está resistiendo”, pero con secuelas físicas productos de los daños sufridos en prisión. Detalló que actualmente necesita cuatro operaciones quirúrgicas: una para reconstruir los ligamentos de ambas rodillas, otra en su hombro izquierdo, necesita remediar una lesión que tiene en los testículos y varias hernias, además de tratar una afección pulmonar crónica.

“Nosotros no tenemos confianza en los médicos de ellos, por lo cual hemos exigido su libertad para que él pueda ser atendido por nuestros médicos de confianza”, dijo.

Andreína Baduel se declara profundamente creyente en Dios y en la justicia divina. Dijo que ellos como familia hacen todo lo posible para que Josnars resista. “Desgraciadamente, en Venezuela no hay Estado de Derecho y a pesar de que no hay elementos para que él esté privado justamente de libertad lo ha estado, ya tiene casi cuatro años allí”.

 La tragedia de ser un  Baduel

La joven expresó que ser Baduel no es un delito y manifestó que cree firmemente en que el ensañamiento en contra de su hermano se debe principalmente a su apellido. El fallecido general Raúl Baduel fue aliado de Hugo Chávez desde antes del alzamiento del 4 de febrero hasta el año 2007, cuando empezó a demostrar su inconformidad y disidencia. 

Cabe recordar que fue Baduel quien se opuso al Gobierno de Pedro Carmona Estanga en abril de 2002 y ayudó activamente en el rescate de Chávez. 

Raúl Baduel fue arrestado en el año 2009 e inhabilitado para ejercer cargos públicos. En el 2015 recibió libertad condicional, pero en el 2017 regresó a la cárcel en donde pasó sus últimos años de vida en condiciones deplorables y con daños graves en su salud física y mental..

El 29 de septiembre de 2021, al general retirado Raúl Baduel lo sacaron de la Tumba, un sótano ubicado cinco pisos bajo tierra que funciona como sede principal del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, y lo llevaron al Helicoide. 

A la familia nunca se les notificó el traslado. Andreína lo supo porque ese mismo día que fue a llevarle comida y artículos, no lo encontró. 

Un día después, se enteraron de que Raúl Baduel había sido trasladado al mismo sitio de reclusión donde estaba Josnars, pero su salud estaba muy comprometida. Los daños eran irreversibles y en menos de 15 días falleció.

Según información del Ministerio Público, Baduel murió de un paro cardiorespiratorio producto de complicaciones asociadas al COVID-19, pero la familia duda de esta versión.

“Los últimos días mi papá compartió celda con su hijo y el 12 de octubre se murió en los brazos de Josnars”, dijo Andreína. 

“A ellos no le bastó con o matar a mi papá en cautiverio, no les bastó con tenerlo 12 años injustamente preso, sino que desgraciadamente toda esa persecución se ha extendido a la familia, y hoy, dos años y un mes después del asesinato de mi papá, mi hermano sigue preso por ser Baduel”, aseguró.

Otros miembros de la familia Baduel no han escapado de la ferocidad del régimen de Nicolás Maduro. En el 2020, a Raúl Iván Baduel lo aprehendieron en el estado Guárico para obligar a uno de sus hermanos a inculparse de los delitos por los que era acusado.

En 2014, a Raúl Emilio Baduel, hijo mayor del exgeneral lo arrestaron en el contexto de una protesta antigubernamental y fue sentenciado luego a ocho años de prisión. Gerardo Carrero, yerno de Baduel, también estuvo tres años en prisión también por participar en las protestas de ese año.

Lisbeth Oyoque, madre de Josnars, Iván y Andreína, falleció en el 2020 esperando la libertad de su hijo.

Intervención de Cruz Roja Venezolana viola principios humanitarios y sienta grave precedente
ONG, defensores y expertos en leyes denunciaron que la intervención de la Cruz Roja Venezolana desconoce principios humanitarios internacionales
Advierten que establece un precedente grave para las libertades asociativas y que las próximas víctimas pudieran ser las ONG
La intervención de la Cruz Roja Venezolana llega dos semanas después de que Diosdado Cabello denunciara a su vicepresidente por «abuso de poder» y «conspirar contra la revolución» y de que Tarek William Saab anunciara una investigación por presunto maltrato de trabajadores

 

Organizaciones de derechos humanos, defensores y expertos en leyes denunciaron que la intervención de la Cruz Roja Venezolana por parte del gobierno de Nicolás Maduro es un precedente alarmante para la libertad de asociación. 

El pasado 4 de agosto, en horas de la noche, el Tribunal Supremo de Justicia de corte madurista ordenó la intervención del organismo y designó una nueva directiva para su reestructuración. En ponencia de la magistrada Tania D’ Amelio se determinó el cese inmediato de la presidencia de la institución y todo su equipo directivo en Venezuela.

 

La directiva que estableció el TSJ estará presidida por el expresidente de Fedecámaras,  Ricardo Cussano.

Para Rafael Uzcátegui,  coordinador general de Provea, esta intervención a partir de una junta reestructuradora Ad-Hoc «es un precedente grave para el ejercicio de la libertad de asociación y reunión en el país». «¿Qué viene después, la intervención de una ONG?», preguntó.

 

La ONG Acceso a la Justicia explicó que la sentencia del TSJ no es la definitiva sobre el caso, y que se trata de otorgar una medida cautelar que solicitó el fiscal general para intervenirla y conformar la junta interventora a raíz de una investigación penal contra la directiva nacional de la Cruz Roja por supuesto manejo irregular de recursos.

No obstante, son enfáticos en denunciar que la sentencia viola el derecho a la presunción de la inocencia, pues toma medidas definitivas y que no se pueden retrotraer fuera inocentesi resultara que la directiva nacional de la Cruz Roja de de los delitos que se le endilgan. 

«Vulnera el derecho a la libre asociación al afectar su autonomía e independencia», denunciaron. 

Lexys Rondón, coordinadora del Laboratorio de Paz, también considera que esta junta interventora es un nuevo avance contra las libertades asociativas en el país: «Atender las graves denuncias de corrupción y violencias debía estar dirigido a la persona apegado al debido proceso, no a intervenir la institución».

José Ignacio Hernández, profesor de Derecho Constitucional y Administrativo, calificó la acción como un «abuso de poder» que implicó  «graves violaciones de procedimiento» y que además desconoce principios internacionales humanitarios. «Ahora, la Cruz Roja depende de la Sala Constitucional», denunció.

El periodista Luis Carlos Díaz recordó que la medida del gobierno de Nicolás Maduro es parecida a la que aplicó hace tres meses el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, que disolvió y confiscó la Cruz Roja. 

Intervención tras amenazas de voceros oficialistas

La intervención de la Cruz Roja Venezolana se produce luego de una tanda de amenazas de voceros del gobierno madurista.

El 19 de julio pasado, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello denunció a Mario Villarroel, segundo vicepresidente del Comité Ejecutivo seccional del Distrito Capital de la Cruz Roja Venezolana, por “abuso de poder”. Añadió entonces que «usaba la institución para acumular poder y asuntos personales”.

“(Villarroel) lleva más de 40 años en el cargo sin elecciones sin ningún tipo de renovación dentro de la Cruz Roja, manipula en el mundo a mucha gente (…) es un mal ejemplo, y, además, conspira contra la Revolución Bolivariana”, declaró entonces Cabello. 

Agregó Cabello: “Ha llegado a controlar a magistrados del TSJ (Tribunal Supremo de Justicia), se va por el mundo a hablar en nombre de la Revolución (…) no hay estatutos , esos los pone él y quiere dejar a su hijo en el cargo, acusado de violencia familiar”.

Por su parte, el 29 de julio pasado, el fiscal designado por la constituyente, Tarek William Saab, informó de la apertura de una investigación sobre el «presunto acoso y maltrato» cometido contra voluntarios y trabajadores de la Cruz Roja nacional por parte de su presidente, Mario Villaroel.

 

Cussano se defiende

De acuerdo con la sentencia del TSJ, la constitución de una junta reestructuradora ad hoc presidida» por Cusanno, deberá «coordinar», en los próximos siete días hábiles, la «designación de los miembros que la integrarán» , así como «colaborar» con la Fiscalía en la «investigación y consecución del proceso penal que adelante contra el comité directivo nacional (…) saliente».

Asimismo, se encargará de «garantizar la continuidad en el servicio que presta la Cruz Roja Venezolana, el respeto a los trabajadores, las trabajadoras, los voluntarios y las voluntarias de la institución, y el cumplimiento de sus objetivos, fines y principios».

Cusanno deberá también «administrar y ejercer la guarda y custodia de los bienes actuales y futuros que conformen el patrimonio de la Cruz Roja Venezolana y de los derechos y acciones que posea, previo el inventario correspondiente».

Tras conocerse la noticia, Cusanno fue recriminado en redes sociales. A esos señalamientos respondió que asumiría con «humildad y compromiso» la tarea en la que supuestamente colaborará como «voluntario».

En los mensajes compartidos en la red social «X» dijo que restaurará la  «institucionalidad» de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Venezolana y que, tras conformar una junta «plural, independiente y proba», iniciará un proceso para «modernizar la institución» que culminará en una elección «transparente».

Venezuela solo recibe 16% de la ayuda humanitaria que solicita y necesita
Solo 2 de cada 10 venezolanos de los que necesita ayuda humanitaria según OCHA la recibe, según Feliciano Reyna.
Plataformas como Hum-Venezuela, que aglutinan a varias ONG, calculan que son 19 millones de personas y no 7 millones las que necesitan ayuda humanitaria
El apoyo humanitario a países como Siria o Somalia, que tienen necesidades similares a las de Venezuela, es diez veces más alto
Reyna urgió a que la movilización de recursos de ayuda humanitaria no se supedite al avance de la discusión política

 

Foto: Cortesía: @OCHA_venezuela 

Por: carliiiiiiix

En una entrevista por Éxitos con Roman Lozinski, se dio a conocer que un estimado de 1.4 millones de venezolanos recibieron ayuda humanitaria en los primeros seis meses del año 2023, así lo informó la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Feliciano Reyna, defensor de Derechos Humanos (DDHH), manifestó que de 7 millones de venezolanos que requieren de ayuda humanitaria, solo  un millón 400 mil personas reciben apoyo, lo que representa solo un 20%.

“Solo hemos llegado al 16% de lo que se ha solicitado. Países como Siria o Somalia, que están en una situación como la nuestra, reciben 10 veces más apoyo”, dijo Reyna.

En este sentido, Reyna explicó que no se tiene claro que pasó con los fondos del acuerdo social que se firmó en el marco de la negociación gobierno-oposición

También, dijo que para apoyar a los afectados se necesita sincerar las cifras y reconocer la dimensión del problema, pues plataformas como Hum-Venezuela, que aglutinan a varias ONG, calculan que son 19 millones de personas y no 7 millones las que necesitan ayuda humanitaria. 

“El gobierno tiene que admitir cuántas personas necesitan asistencia en el país”, agregó Reyna.

Reyna hizo sus votos para que el apoyo humanitario y la movilización de recursos no dependa de los avances del tema político en Venezuela.

 

Ciudadanos han perdido sus medios de vida

Según  el análisis de Hum-Venezuela en 87 comunidades de todos los estados del país la situación es muy compleja.

Calculan que en el país 19 millones de personas han perdido sus medios de vida y Reyna aseguró que «las capacidades de defenderse son mucho menores» en la actualidad, a diferencia del comienzo de la crisis en los años 2015, 2016 y 2017.

“Cuando está situación comenzó, las personas podían defenderse frente a la situación desprendiéndose de algunos bienes, pero actualmente no es así”, lamentó.

Reyna afirmó que se contempló un fondo social de 3 mil millones de dólares,  pero hoy en día el plan de respuesta humanitaria es  720 millones de dólares, que es apenas 16% de la cooperación solicitada.

“Estamos a una gran distancia de poder dar una respuesta a la población. Para nosotros la   sensación es de impaciencia e impotencia frente a la lentitud de los tiempos”, añadió Reyna.

 

A juicio de Reyna, el tema de la ayuda humanitaria es un vacío en la discusión política: a veces se menciona, pero en el fondo no hay una aproximación real a lo que realmente ocurre.

“La población venezolana vive un drama que necesita respuesta y las necesita urgentemente”, concluyó el defensor de DDHH y presidente de Acción Solidaria. 

 
“Paso clave hacia la justicia”: ONG y defensores celebran decisión de la CPI de reanudar investigación sobre Venezuela
El abogado Alfredo Romero, director del Foro Penal, manifestó que a partir de ahora «se comienza formalmente a colectar evidencias y testimonios para que en un futuro se puedan establecer responsabilidades y se pueda llevar a cabo un proceso judicial, determinando responsabilidades específicas por crímenes de lesa humanidad»

 

Organizaciones No Gubernamentales y defensores de derechos humanos de Venezuela celebraron el 27 de junio la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de autorizar al fiscal del alto tribunal, Karim Khan, a reanudar su investigación sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en el país.

El organismo concluyó que no han progresado los procedimientos de la justicia interna. «Venezuela no está investigando», y tampoco muestra indicios de querer hacerlo.   

Según la CPI, «el enfoque de las investigaciones internas parece estar generalmente en los perpetradores directos/de bajo nivel». Esto se traduce en que no se investiga ni se hace seguimiento a las actuaciones de las cadenas de mando.

La abogada Tamara Taraciuk ve esta decisión como «un paso clave para la justicia y un incentivo importante para que las autoridades negocien cómo salir de la actual falta de Estado de derecho».

La ONG Fundaredes considera que, con esta decisión, «se mantiene vigente el anhelo de justicia por parte de las víctimas sometidas a tratos crueles e inhumanos por parte del Estado venezolano, quien de forma sistemática y con patrones claramente identificados se ha encargado de crear dolor y sufrimiento a la población».

Fundaredes aplaude lo que cataloga como un «gran paso a favor de la justicia», que abona «el terreno para que se esclarezca la verdad, se sentencie a los culpables, se fomenten garantías de no repetición y se construyan los cimientos de una sólida memoria histórica que no permita que se repitan hechos y tratos deplorables como los que han tenido que vivir tantos venezolanos».

Provea, por su parte, detalló algunos de los factores que el organismo internacional consideró determinantes para su conclusión. Entre estos elementos, destaca que «Venezuela no parece estar investigando las alegaciones fácticas que subyacen a los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad«.

Otro factor apunta a que «la Sala también informó que las investigaciones nacionales no parecen abordar suficientemente las formas de criminalidad que la Fiscalía pretende investigar, refiriéndose en particular a la intención discriminatoria que subyace al presunto crimen de persecución y a la aparente insuficiente investigación de los crímenes de naturaleza sexual».

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) calificó la decisión de la CPI como un «paso positivo hacia la justicia que merecen las víctimas de crímenes de lesa humanidad de ese país».

Por su parte, Mario D’Andrea, abogado y defensor de DDHH, explicó vía Twitter que el fiscal Khan «podrá (en un plazo indeterminado) establecer casos con nombre y apellido de potenciales responsables y órdenes de comparecencia u ordenes de captura. Esto igualmente implica que, las potenciales víctimas sean identificadas». Agregó que, con esta determinación de la CPI, «la justicia avanza».

El también abogado Alfredo Romero, director del Foro Penal, manifestó que, con el dictamen de la CPI, «se comienza formalmente a colectar evidencias y testimonios para que en un futuro eventual se puedan establecer responsabilidades y se pueda llevar a cabo un proceso judicial, determinando responsabilidades específicas por crímenes de lesa humanidad».

Advirtió que este proceso toma tiempo. «Puede ser poco o mucho. No hay un tiempo específico establecido. Lo importante es que esta es una victoria de las víctimas que han venido solicitando que esta investigación se lleva a cabo».

Romero aclaró que «no se trata de responsabilidades del Estado venezolano, como se ha tratado de manipular desde la información, sino de investigaciones en relación con individuos que presuntamente han cometido crímenesde lesa humanidad y que formalmente se puede establecer su responsabilidad».

Maduro revisó con Acnudh estatus de los DDHH en Venezuela
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos también se reunió, por separado, con la vicepresidenta Delcy Rodríguez y con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez 

 

Foto: EFE

Nicolás Maduro recibió este 27 de enero, en el palacio presidencial de Miraflores, al alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, quien realiza una visita oficial a Venezuela para constatar la situación desde el terreno y a través de numerosas reuniones con víctimas y autoridades.

Türk acudió a la Presidencia acompañado por el coordinador residente de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla, mientras que Maduro lo recibió junto a su esposa, la diputada Cilia Flores, y el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil.

«Me alegro de la visita de ustedes a Venezuela (…) Le agradezco que haya aceptado la invitación que le hice al país», expresó Maduro al inicio del encuentro.

El funcionario también se reunió este viernes, por separado, con la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, y con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, de cuyos encuentros trascendieron pocos detalles.

El jueves, el alto comisionado sostuvo un encuentro con familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y representantes de organizaciones no gubernamentales, para quienes las autoridades del gobierno juegan un rol de victimarios en el sistema de derechos humanos del país.

Se prevé que esta visita concluya el 28 de enero, cuando Türk ofrecerá una declaración final y responderá algunas preguntas a la prensa desde el aeropuerto internacional Simón Bolívar.

90 ONG piden detener violaciones de DDHH 

Un total de 90 ONG pidieron a Türk que alce su voz para detener las violaciones de Derechos Humanos en el país.

En una carta, las ONG recordaron la solicitud reiterada para «la protección de los derechos humanos en Venezuela requiere elevar el perfil y reforzar el trabajo conjunto de los mecanismos internacionales ante un Estado no dispuesto a cumplir recomendaciones de Acnudh».

 

Asimismo, las organizaciones señalaron que es necesario que el componente de protección de los DDHH tenga “el mismo nivel de importancia que el de asistencia técnica con las autoridades”.

También, en la misiva, las 90 ONG solicitaron la creación de un mecanismo de “seguimiento participativo y transparente” de las recomendaciones que ha hecho la Acnudh al Estado venezolano y que sea incluido en las actualizaciones orales y en los informes sobre el país.

“El trabajo de Acnudh requiere alzar la voz, de manera pública y al más alto nivel, cada vez que se requiera, y reforzar el trabajo conjunto para prevenir y detener de forma definitiva las graves violaciones que continúan sucediendo en Venezuela de forma sistemática”, agregaron.

Detuvieron a defensora de DDHH tras reunión con Türk

En horas de la mañana de este viernes, 27 de enero, fue detenida María Fernanda Rodríguez, miembro de la ONG Lidera y profesora universitaria.

Rodríguez fue detenida un día después de participar en una reunión con Türk.

La denuncia de la detención de María Fernanda Rodríguez fue hecha por Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia. Daniels señaló que Rodríguez fue detenida en la Universidad Metropolitana (Unimet), casa de estudios donde es docente.

Tras conocerse la situación, un grupo de defensores de DDHH ofrecieron una rueda de prensa para denunciar lo ocurrido. Allí se encontraba Lexys Rendón, coordinadora del Laboratorio de Paz.

Con información de EFE

ONG de DDHH se comprometen a seguir abogando por la igualdad y rescate de la democracia

Organizaciones en defensa de los derechos humanos en Venezuela publicaron un comunicado, en el marco del Día de los Derechos Humanos celebrado el 10 de diciembre, en el que se declararon en lucha permanente por el rescate de la democracia, del Estado de derecho y la igualdad en el país.

“Las organizaciones del movimiento de derechos humanos que adoptamos esta declaración, queremos expresar nuestra intención de persistir en la construcción de un futuro de cambio para Venezuela”, reza el texto.

Las ONG hacen énfasis en que los compromisos van dirigidos hacia el pueblo venezolano, las víctimas violacioes de derechos, los líderes sociales y políticos y la comunidad internacional.

 

En el comunicado, aseguran que los venezolanos saldrán adelante porque podrán «encontrar las soluciones pacíficas y constitucionales para reconquistar la democracia, el estado de derecho, la igualdad de derechos, la justicia y la superación económica».

Las organizaciones afirmaron que no abandonarán su misión de defensa y promoción de cultura de los derechos humanos, desde las diferentes vocerías, temas y espacio de trabajo.

«Los derechos humanos inspiran y sientan las bases para un proyecto de país que garantiza igualdad y libertad para todas las personas».

En este sentido, la declaración enumera los compromisos que seguirán asumiendo las organizaciones defensoras de los derechos humanos:

Apoyo a las víctimas de DDHH

«Seguiremos apoyando a millones de víctimas que sufren las inclemencias de la emergencia humanitaria compleja, por múltiples privaciones de derechos, en zonas urbanas, rurales y geográficamente remotas», dice el comunicado.

Las ONG señalan que tendrán en cuenta las afectaciones diferenciadas de poblaciones vulnerables, tales como mujeres, personas mayores, personas LGBTIQ+, personas con discapacidad, personas en cárcelas, personas con problemas de salud, pueblos y comunidades indígenas, campesinos, personas refugiadas, migrantes y desplazados internos.

Asimismo, afirman que apoyarán a víctimas de las crisis que exacerban las desigualdades en el país, tales como el acceso a alimentos, medicinas, servicios de salud, educación y aquellos que sufren la precariedad de los servicios públicos.

Solución al conflicto político

«Participaremos en la defensa activa de toda la posibilidad genuina y creíble de solución del conflicto político que abra paso a la democracia, con base en los principios y estándares de los derechos humanos, que haga valer el derecho legítimo a elegir y ser elegido, a través de elecciones libres y auténticas», plantean en el comunicado.

Para ello, exigen una institucionalidad electoral que garantice la voluntad ciudadana, expresada a través del voto individual, libre, secreto y universal de quienes sufragan dentro y fuera del país.

El documento también señala que para que el ejercicio de los derechos electorales sea real es necesario la protección de la libertad de expresión y la libre circulación de información, el cese de la censura y la restitución de los medios de comunicación independientes que han sido arbitrariamente cerrados.

Fin a la impunidad

«Insistiremos en seguir trabajando para poner fin a la impunidad de los abusos y la arbitrariedad, la gran corrupción y las irregularidades, la denegación, la privación de derechos, la discriminación y la violencia de cualquier tipo», señalan.

Explican que trabajarán para que no se normalicen las violaciones de derechos humanos y terminar con las prácticas de simulación, censura y negación de acceso a la información pública, el control social y la coerción para impedir la participación ciudadana en los asuntos de interés público, los allanamientos, las detenciones arbitrarias y las torturas.

Insistir en la comunidad internacional

«Mantendremos nuestra legítima determinación de apelar a todos los mandatos de protección de los derechos humanos en los distintos sistemas, mecanismos y niveles de respuesta de la comunidad internacional, para que trabajen de forma complementaria, junto con esfuerzos multilaterales, en la construcción de una transición democrática», afirman.

Para lograr esto, las organizaciones venezolanas explican que deben trabajar de forma conjunta, constante y permanente para hacer visible la crisis de derechos en Venezuela. Sobre todo, alertar sobre las amenazas para las víctimas, personas defensoras, la sociedad civil y el espacio cívico.

Continuarán exigiendo a los organismos internacionales conductas cónsonas con la protección de derechos y orientada a resultados.

 

3x3 | “El Estado no tiene una voluntad política real de garantizar los DDHH”

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acordó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948.

Pero fue dos años después que el organismo decidió que los 10 de diciembre sería la fecha para conmemorar las garantías fundamentales de todas las personas, sin distinción de raza, género o religión. 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”, reza la declaración en su artículo 1.

Para Alí Daniels, abogado de la ONG Acceso a la Justicia, no hay nada que celebrar en Venezuela. 

“Tenemos un país que está en la Corte Penal Internacional, siendo juzgado por crímenes de lesa humanidad y con una emergencia humanitaria compleja”, dice el jurista a Runrun.es. 

“Lo que los defensores de derechos humanos debemos exigir, y la ciudadanía en general, es que haya respeto por los derechos humanos en un país donde la arbitrariedad es algo cotidiano”

Para ahondar más en el panorama actual de derechos humanos en el país y qué podemos esperar de las instancias internacionales.

Consultamos a Victoria Capriles, Directora Adjunta del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana; Marianna Romero, abogada y Directora General del Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ); y a Ezequiel Monsalve, abogado y Coordinador Legal de Defiende Venezuela.

¿Cómo ha sido el panorama de violaciones de derechos humanos en Venezuela durante 2022 y cuál ha sido el impacto diferenciado en poblaciones vulnerables (mujeres, niños, pueblos indígenas, presos políticos, personas mayores, personas LGBTIQ+)?

Victoria Capriles

Venezuela continúa sumida en una Emergencia Humanitaria Compleja de gran escala y gravedad, aunado a graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Un elemento que podemos utilizar para determinar cómo se encuentra la situacion de derechos humanos es el agravamiento de la crisis de movilidad humana venezolana que hay en toda la región. A pesar, por ejemplo, del aumento de las peticiones de visa, el título 42 en los Estados Unidos, la imposición de visas en México y Centroamérica, el flujo de venezolanos continúa de manera constante y la Plataforma de Coordinación Interagencial para la Situación de Venezuela ya ha documentado más de 7 millones de venezolanos migrantes y refugiados alrededor del mundo. Comprendiendo que esta cifra es mayor si se tiene en cuenta que la mayoría de los gobiernos realmente no toma en cuenta las personas que tienen doble nacionalidad y las personas en situación irregular.

Podemos ver también cómo ha aumentado de forma exponencial el tránsito de venezolanos por el tapón del Darién a los fines de alcanzar Centro y Norteamérica. Ni siquiera la imposición de visas, ni siquiera cerrar las fronteras ha logrado minimizar esta crisis que se vive y de la cual los venezolanos son ahora los protagonistas

Por supuesto esta emergencia afecta de forma diferenciada a personas mas vulnerables como son las mujeres, los niños, los presos, indigenas, etc. En el caso de la crisis de movilidad estamos viendo cada vez más un aumento en el fenomeno de la trata de mujeres venezolanas, particularmente para fines de la explotación sexual. De igual manera, estamos viendo cada vez mas un aumento de niños, niñas y adolescentes migrantes solos, no acompañados pero tambien de niñas, niños y adolescentes que se quedan solos en el país mientras sus familiares migran

Y finalmente la Misión Internacional independiente para la Determinaciónde los Hechos también ha documentado la manera en la que las ejecuciones extrajudiciales y la falta de acceso a la justicia afecta de forma diferenciada a las mujeres, pues sufren violencia de género y revictimizaciones particulares al género que tienen.

Marianna Romero

Durante el 2022, las violaciones de derechos humanos han continuado debido a que el cierre del espacio cívico democrático continua, la política de criminalización, represión y control social sigue vigente y la Emergencia Humanitaria sigue teniendo impactos en la población, especialmente en el disfrute de los derechos económicos, sociales , culturales y ambientales

Igualmente hemos visto un aumento de la desigualdad durante este año, hemos visto como la crisis de servicios básicos se mantiene. Y en especial el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) ha documentado como la política de criminalización, bajo la lógica del enemigo interno, sigue afectando el trabajo de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos. Solo entre enero y octubre hemos podido registrar 394 agresiones en contra del movimiento de derechos humanos, lo que refleja cómo el Estado no tiene una voluntad política real de garantizar los derechos humanos, de cumplir con sus obligaciones internacionales de respetar, proteger y garantizar estos derechos.

Ezequiel Monsalve

El panorama es bastante desalentador para este 2022, a pesar de que el Estado venezolano ha tenido que lidiar con una investigacion ante la CPI, que los visibiliza mucho más, ha tenido que lidiar con múltiples informes de distintos organismos internacionales. En ese sentido, esto ha sido aún igual de dramático, a pesar de estos informes que intentan contrarrestar el avance de las violaciones de derechos humanos

En casos como, por ejemplo, lo los operativos de seguridad ha sido muy evidente que siguen implementándose como un mecanismo de control social, que de cierta forma el Estado utiliza en estos sectores para poder controlar la situación de lo que ellos creen o consideran es la delincuencia organizada, ha violado masivamente los derechos hhumanos de estas personas. Esto no solamente se ha visto en los barrios desfavorecidos de Caracas sino también en el interior del pais, en la Operación Trueno en Altagracia de Orituco o la Operaicon Roraima al sur. 

El impacto ha sido gigantesco porque, como se han venido perfeccionando estos operativos, hemos visto que la disminución en el derecho a la vida ha sido evidente pero el aumento en distintas violaciones de derechos humanos ha sido abundante. Por ejemplo, el derecho a la propiedad, o la intimidad o el derecho a la integridad personal. 

Se avecinan elecciones primarias y presidenciales en Venezuela en los próximos años, ¿cree que los atropellos y violaciones a los derechos humanos se profundicen, como ha ocurrido en otras ocasiones en el pasado en estas épocas?

Victoria Capriles

Desde el CDH-Unimet hemos documentado el aumento de las violaciones a los derechos humanos en períodos electorales. Por ejemplo, aumentan las detenciones arbitrarias, el acoso a miembros de la sociedad civil y actores políticos, se encuentran criminalizadas las actividades de los partidos considerados de oposición, hay un inhabilitación importante de candidatos, la censura de los medios de comunicación, violaciones particulares del ejercico al voto de las comunidades indígenas.

Entendemos que puede ocurrir nuevamente una profundización de las violaciones a los derechos humanos. Esperamos que la reanudación del diálogo permita que mejoren las condiciones electorales. De igual manera desde la sociedad civil estaremos documentando, denunciando y difundiendon todas las violaciones a los derechos humanos que ocurran en el marco de este evento electoral.

Marianna Romero

Ante un contexto de eventuales eventos electorales, ciertamente es importante estar atentos, seguir documentando cómo avanza la situación, denunciar cualquier abuso que pueda ser cometido en la esfera de los derechos humanos. Porque ciertamente existen patrones y ha ocurrido en el pasado que en tiempos electorales el Estado incrementa la represión, las medidas restrictvas de las libertades, se comenten abusos en el marco de los derechos civiles y políticos

De cara a 2023 y 2024 es importante reiterar la necesidad de la garantíaa de un espacio cívico, democrático, libre, donde la ciudadanía pueda ejercer sus derechos sin temor a represalias, pueda ejercerse el derecho al voto de forma universal, libre y secreto y con todas las garantías necesarias para un proceso electoral 

Ahí reiteramos la importancia también de garantizar el trabajo de la sociedad civil, específicamente de las organizaciones de derechos humanos sin que sea criminalizada su labor como ha venido siendo la situación en los ultimos años donde cada vez son más criminalizados y atacados las personas defensoras al ejercer su trabajo de documentación, denuncia y visibilización.

Ezequiel Monsalve

Ha sido una constante de Venezuela la intensificación a las violaciones a los derechos humanos en contexto de elecciones, particularmente a los derechos políticos de los venezolanos. Yo creo que el Estado va a intentar nuevamente desarticular liderazgos de la oposición venezolana para asegurar su efectividad en el marco de esas elecciones.

También es posible que en el caso de una irregularidad, el Estado vuelva a utilizar el factor de la represión, tal vez no de manera tan evidente como en periodos de 2017 o 2014, pero sí va a volver a aplicar efectos represivos a personas que deseen manifestar en elecciones. Las elecciones presidenciales son para mí un factor que no van a sacrificar nunca y van a utilizar todo el aparataje del Estado y todo el aparataje represivo para poder asegurar sus reelecciones en Venezuela.

Aunque el chavismo ha intentado demostrar que hace justicia juzgando a algunos responsables en los casos de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad por los que se les señala, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió renovar dos años más el mandato de la Misión Independiente de Determinación de Hechos en Venezuela. ¿Qué podemos esperar de la decisión de la Corte Penal Internacional? En caso de una respuesta positiva para juzgar a Nicolás Maduro y otros responsables del gobierno venezolano en un tribunal internacional, ¿qué significaría para las víctimas de violaciones de DDHH en Venezuela?

Victoria Capriles

La no elección de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos y la renovación del mandato de la Misión de Determinación son en sí mismos una declaracion de la posición de la comunidad internacional frente a las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en el país. 

De igual forma, este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos remitió cinco casos de violaciones a los derechos humanos de personas venezolanas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual debe pronunciarse sobre su jurisdicción. Desde la sociedad civil esperamos una respuesta positiva pues esto abriría las puertas a ms formas de justicia y reparación

En cuanto a la CPI, hay que entender que este es un proceso lento. Si bien somos el primer país de América Latina donde se empieza una investigación, la misma tiene un proceso complejo que apenas está comenzando. Luego de ello vendría el juicio para finalmente llegar a la sentencia, entendiendo que también hay un proceso de apelación. Sin embargo, ya el hecho de que se esté en fase de investigación es una suerte de reparación, justicia y verdad para las víctimas y que se irá profundizando a medida que continue el proceso.

Marianna Romero

Este año en materia de justicia internacional ha sido muy importante para Venezuela. Efectivamente en el mes de octubre el Consejo de Derechos Humanos renovó el mandato no solo de la Mision Internacional Independiente de Determinacion de Hechos sobre Venezuela, sino también extendió igualmente por dos años el mandato dado a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de seguir monitoreando la situacion de Venezuela. 

Además, la fiscalía de la Corte Penal Internacional se ha pronunciado sobre la necesidad de avanzar con el proceso de investigación frente al proceso de Venezuela que está en curso en este tribunal internacional. Aquí es muy importante destacar que estos procesos en el seno del litigio estrategico internacional son procesos no necesariamente expeditos, nosotros hablamos siempre de una carrera de resistencia, no una carrera de velocidad.

Hay que seguir documentando para poder nutrir los distintos procesos de investigación que se están llevando a cabo en el seno de estas instancias. De seguir denunciando los abusos que se están cometiendo, cómo persiste la impunidad y demostrar lo necesario que es el uso complementario de estos mecanismos para poder avanzar en el alcance de verdad, justicia y reparación

Ezequiel Monsalve 

La CPI ha representado para muchas víctimas, incluso para aquellos que no están dentro del contexto de la investigación, la esperanza para que sus casos no queden en impunidad y para muchos puede llegar a ser un factor político interesante para una transición a la democracia en Venezuela. Son dos expectativas muy altas. La primera por el tema de la impunidad, sabemos que en Venezuela la altas tasas de impunidad es un problema estructural del país y por otro lado una transición a la democracia implica la salida de Nicolás Maduro del gobierno 

Entonces yo creo que ante estas altas expectativas, lo que decida la CPI va a tener un efecto inmediato en ambos aspectos. 

Si hay un juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, va a significar un acercamiento importante a las reparaciones integrales de todas las víctimas de violaciones de derechos humanos porque incluso aquellos casos que han sido resueltos en fase penales a través de condenatorias a autores materiales, no representa una reparación integral o una investigación que simplifique la verdad de lo que ocurrió en esos hechos.