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No es Maduro, es el crimen globalizado, por Asdrúbal Aguiar

A HUGO CHÁVEZ, LOCUAZ, ENCANTADOR DE SERPIENTES, con formación castrense y liderazgo indiscutible, lo echan del poder sus compañeros militares y el pueblo embravecido, en 2002. Cosa distinta es que las ambiciones dieran al traste con el logro alcanzado.

A Nicolás Maduro, charlatán, iletrado, mofletudo, sindicalista de baja ralea, no le mueve el piso la OEA, el Grupo de Lima, USA, Colombia y Brasil, menos la ONU y los europeos con su grupo de contacto, que prefieren deshojar la margarita mientras los primeros avanzan y retroceden con sus amenazas. Venezuela, así, agoniza en un hospital para políticos cuyos galenos no se dan por enterados y para curarse en salud acusan de desunión a los hijos del paciente.

Me pregunto si tienen dudas sobre lo estético. De allí la tarea encomendada a los noruegos: ¿Qué maquillaje llevará el cadáver, qué vestido endosará, qué ceremonia de inhumación se le contrata para que los deudos superen la penosa impresión y quede atrás el recuerdo de la grave enfermedad que le gana la tumba?

Mike Pompeo confiesa lo difícil que le resulta mantener unida a la oposición venezolana. El Grupo de Lima vuelve sobre su guión abandonado. Apunta al “creciente involucramiento del régimen ilegítimo de Maduro en distintas formas de corrupción, narcotráfico y delincuencia organizada transnacional que implica a sus familiares y testaferros”; pero al término demanda de los causahabientes en litigio carguen con el féretro si quieren que el testamento les favorezca: “a través de una solución política y pacífica conducida por los propios venezolanos”.

Un amigo estimado, a la sazón, conversa con el país sobre la experiencia de Chile, y considera con seriedad el consejo de otros dos amigos suyos: “Fue un error pedir la salida de Pinochet antes de negociar con él”. “Cuando dos elefantes se enfrentan, el que sufre es el pasto”. “La transición ocurre cuando se impone la negociación para salvar al país”, es el mensaje.

La incoherencia de las narrativas, las dudas de la diplomacia diletante, el juego disperso, son fuentes de disolución o, mejor, excusas ante lo fatal.  ¡Y es que hasta en los ejercicios académicos que se realizan respecto de lo venezolano – yo mismo trazo páginas, dejó libros que nadie lee sobre las falencias de la democracia, acerca de las transiciones, sobre la necesidad de una nueva teoría normativa democrática – se obvia, ¿interesadamente?, la realidad cruda y muda: Estamos secuestrados los venezolanos, algunos cooptados, por la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana (ECCB).

Farah y Yates (IBI/National Defense University, 2019), explican que se trata de “un consorcio de estados criminales y actores no estatales que trabajan en concierto con objetivos compartidos”, a saber, sostener en pie la casa matriz – el Estado de Venezuela – que les sirve de paraguas y purifica, a través de sus mecanismos, todos los delitos que ejecutan.

Augusto Pinochet era un violador contumaz de derechos humanos. Le podemos llamar fascista o feroz anticomunista, pero ni él ni la Fuerza Armada chilena conformaban un cártel de hampones comunes transnacionalizados.

Venezuela, Estado criminal, “es una estructura única, construida con la participación directa del Estado, actuando en forma criminal, y operando a través de múltiples esferas económicas y jurisdicciones policiales. Esta acción criminal cuenta con apoyo de entidades estatales, negocios ilícitos y grupos criminales organizados. El resultado es una compleja operación criminal que socava el estado de derecho, la gobernanza democrática y las alianzas … en el hemisferio occidental”.

Se trata de algo desdoroso pero inédito. Es propio del tiempo que corre y lo facilitan las autopistas de lo global. Es la banalización del mal absoluto, lo que es más grave, es la cultura de la relativización humana, la política y hasta la familiar. No por azar surgen los “bolichicos”.

Dos fechas importan:

(1) En 1999, Chávez pacta con las FARC su asociación criminal con el narcotráfico.

(2) En 2004, al sortear el referendo revocatorio con ayuda de Cuba y el Centro Carter, decide la transnacionalización de su empresa narco-criminal. Es la trastienda de La Nueva Etapa, El Nuevo Mapa Estratégico de la Revolución Bolivariana. Sus acciones mediáticas de ocultamiento las sirven actores de relieve e influencias en la izquierda europea.

Una pequeña muestra de la actividad de La Empresa indica que ALBA Petróleos de El Salvador casi no recibe petróleo de PDVSA entre 2010 y 2017, pero registra ingresos por US$ 1,2 mil millones de dólares. ALBANISA de Nicaragua recibe US$ 6 mil millones de dólares, en dineros que luego son lavados vía Panamá, Corea del Sur, y Hong Kong. Participan, de aquella, decenas de individuos, centenares de firmas de fachada.

A los venezolanos, desdentados y macilentos como nos encontramos, desde Oslo, probablemente nos llegue la hora de superar la humillación de las bolsas CLAP. Es posible que se nos imponga con otra etapa de bienestar, merecida, que clama al cielo, pero ¿a costa de no desafiar al crimen globalizado y a su red de cómplices?

La Empresa, es verdad, encarcela a López, a Ledezma, a Simonovis, inhabilita a María Corina, secuestra a Marrero y a Zambrano, asesina a Fernando Albán, tortura a militares en las mazmorras de la DGCIM, deja a la vera, con un disparo en el cráneo, al Mayor Jesús García. Su jefe inmediato la ha traicionado, el 30 de abril.

 

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MonitorDeVíctimas | Denuncian al FAES por ejecutar a hombre luego de haberlo detenido

@franzambranor

NORIS MENDOZA SABÍA QUE SU HIJO ANDABA EN MALOS PASOS. El pasado lunes 8 de octubre uno de esos movimientos de Yonaike Huertas de 20 años le condujo a la muerte.

En la morgue de Bello Monte, denunció que la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), grupo táctico de la Policía Nacional Bolivariana asesinó a su hijo de un tiro en el pecho, luego de haberlo detenido.

Según la versión que maneja Mendoza, su hijo estaba en la autopista Francisco Fajardo a la altura del barrio San Agustín en dirección hacia Caricuao en compañía de otras de dos personas. “Lamentablemente él andaba robando, para qué voy a decir lo contrario”.

Mendoza dijo que su hijo capturado por funcionarios policiales y luego fue ejecutado.

Aseguró que apoya los planes de seguridad para aplacar la delincuencia en Caracas, “pero no se justifica que asesinen a la gente que se ha rendido”.

Mendoza informó que su hijo, quien deja huérfana a una niña de 4 años de edad, había estado preso.

Cuestionan tesis de enfrentamiento

Por otra parte familiares de Aldemaro Ron quien estaba desaparecido desde el pasado lunes 8 localizaron su cuerpo en la morgue de Bello Monte.

A la familia solo se le informó que Ron de 19 años falleció en Las Mercedes luego de un enfrentamiento con el FAES. Ellos cuestionan la tesis y aseguran que Aldemaro fue secuestrado y posteriormente ejecutado.

Los allegados informaron que el cuerpo de Ron presentó dos impactos de bala, uno de ellos en la cara. “Tenía un ojo morado y le faltaba un diente”, dijo un miembro de la familia, eso demuestra que lo golpearon antes de matarlo.

Ron trabajaba como albañil y era oriundo de Barlovento, viajaba todos los fines de semana a esa zona para ver a su hija de apenas 1 año de edad. En Caracas vivía con su abuela en San Martín. Formaba parte de una familia de cuatro hermanos.

Otros dos asesinatos en Caracas

En otros hechos relacionados con la violencia caracaqueña los cadáveres de dos hombres que tenían antecedentes penales fueron localizados en distintas zonas de la Gran Caracas.

En Turgua, municipio El Hatillo, fue localizado el cuerpo sin vida de Johan Ramírez de 18 años de edad.

Familiares dijeron que desconocían las razones del crimen, así como con qué tipo de arma fue asesinado Johan, sólo saben que su cadáver presentaba signos de haber sido golpeado.

Ramírez estuvo un mes detenido en la sede del Cicpc de El Hatillo por robo y se encontraba bajo régimen de presentación.

Por su parte familiares de Ángel Humberto Sierra Serrano, vecino del barrio Los Sin Techo de El Cementerio señalaron que fue asesinado el pasado miércoles 10 de octubre en una parada de los jeep que hacen transporte en esa barriada caraqueña.

Al salir de su casa fue interceptado por varios sujetos quienes le dispararon tres veces. Familiares desconocen si el asesinato tuvo como móvil el robo o a algún problema que tuviera.

Ángel Humberto tenía 28 años, era albañil, estuvo detenido en una oportunidad y dejó huérfanos a 4 niños (3 hembras y un varón). No estaba casado y vivía con uno de sus hijos.

Es la segunda victima que cobra la violencia en la familia Sierra. Un hermano de Ángel falleció de forma similar hace un par de años.

Los cómplices, por Elías Pino Iturrieta

COMO LA SOCIEDAD, DESDE HACE AÑOS, ha permitido los desmanes de la dictadura, pueden ocurrir hechos tenebrosos que no reciben sanción, y repetirse sin que los perpetradores pierdan el sueño. El crimen de Fernando Albán no solo se explica por la existencia de una tiranía despiadada, sino también porque la sociedad ha labrado el camino para la multiplicación de los delitos de los gobernantes. Solo así se puede entender cómo, ante la presencia de un delito abominable, ante el exterminio de un hombre justo, apenas nos presentemos los venezolanos como plañideras de turno que volveremos a nuestra rutina después de atender las formalidades de un duelo que no pasará del mes.

La desaparición de Fernando Albán es obra de un sistema perverso, de unos sujetos sin nexos con la justicia y la misericordia, pero también de quienes no hemos hecho mayor cosa para convertirlos en memoria de lo que realizamos para volverlos papilla. No podremos recordar lo que hicimos para librarnos de la compañía de los demonios porque la hemos consentido, quizá porque seguramente forme parte de nuestra identidad como pueblo, de una desvergüenza de la que no podemos desprendernos por falta de costumbre, porque nos hemos sentido a gusto con ella a través de las generaciones. Un pueblo que se ha refocilado en el anecdotario del gomecismo y en la evocación de Pérez Jiménez, un pueblo que mete debajo de la alfombra las falencias de la democracia representativa para disimular la basura que ayudó a acumular no está para proezas que lo hagan irreconocible cuando se ponga frente al espejo o cuando lo observen en otras latitudes.

Hay diversos grados de responsabilidad en la acogida que hemos brindado a la “revolución”, desde luego. No se pueden pesar en la misma balanza, en relación con la búsqueda del bien común, las obligaciones de una madre sin dinero que apenas puede mantener a sus hijos trabajando como esclava, si se comparan, por ejemplo, con lo que se puede exigir a una gente de clase media que pasa por informada o ilustrada, pero que se desentiende de sus compromisos colectivos. Es evidente que sea perentorio pedirles explicaciones a los políticos sobre lo que no han hecho o no han querido hacer para librarse de un régimen espantoso, mientras se deja en el banquillo del futuro a las personas que con todo derecho prefieren la tranquilidad de la vida privada. Pero, después de las apreciaciones relativas, después de aplicar el filtro, no queda más remedio que hacer un solo saco en cuyo seno quepa mucha gente. A esa gente le sobran merecimientos para estar en la misma busaca gigantesca.

El Sebin no libró ninguna batalla para entronizar su horror. Los esbirros no se escondieron de la ciudadanía para graduarse de torturadores y para practicar sus métodos de tormento. A Óscar Pérez lo mataron sin ocultamiento ni rubor. Los uniformados que han disparado con sus fusiles en las manifestaciones lo han hecho sin ningún tipo de traba. El alicate de Conatel se ha regocijado en sus faenas, como si solo se tratara de cortar un cable capaz de causar daño al prójimo. La libertad de viajar se ha convertido en una lotería lícita, sin la preocupación de los viajeros. Y así sucesivamente, en materia de tropelías que parecen indoloras y bienvenidas. Han contado y cuentan con la licencia de la sociedad, es decir, con la vista gorda y la conducta cómoda de las mayorías, que viene a ser lo mismo.

Quizá suenen y sean excesivas estas letras porque también muchos venezolanos se ha jugado el pellejo para acabar con la dictadura, entre ellos numerosos políticos conocidos y desconocidos para quienes no caben sino afirmaciones de respeto, pero las cuentas no dan para que la suma sea contundente e irrefutable. La debilidad de las cifras nos mete en la estadística de la pusilanimidad, en el inventario de una aplastante indiferencia, hecho que conviene remachar cuando ha ocurrido un crimen que no solo importa por lo que en sí significa, por lo que tiene de aberración inadmisible, sino porque una gran indiferencia cívica de nuestra parte permitió que ocurriera. Ojalá que el sentirnos como colaboradores de una monstruosidad nos obligue a ser otros, nos haga renegar de lo que hemos sido y permita el rescate de los valores que no se refirieron hoy porque no se trataba de hacer una fiesta, sino de sugerir la rectificación reclamada por la oscuridad de la época.

 

@eliaspino

El Nacional

#MonitordeVíctimas | Localizan cadáveres de dos primos que estaban desaparecidos

LOS CADÁVERES DE LOS PRIMOS Ismael Gregorio Osorio Carrillo, de 19 años de edad, y Ender Carrillo, de 21 años, fueron trasladados a la morgue de Bello Monte luego de ser localizados en el sector El Buho, kilómetro 15 de la carretera Petare Santa Lucía.

Un familiar de Osorio Carrillo que acudió a la morgue para iniciar los trámites a fin de retirar el cuerpo relató que el pasado domingo a las 7:00 pm, ambos dijeron que irían a una fiesta.

En vista de que los jóvenes no regresaron a la vivienda, familiares comenzaron a buscarlos sin obtener resultados. El miércoles denunciaron la desaparición en el Cicpc.

Luego se trasladaron a la morgue donde los encontraron, los identificaron mediante las fotografías que les mostraron. Ambos habían sido despojados de sus pertenencias incluyendo cédulas de identidad. A los familiares no les informaron si los mataron a tiros o con arma blanca.

El padre de Osorio Carrillo tuvo que buscar la partida de nacimiento para presentarla en la medicatura a fin de que le entregaran el cuerpo.

Osorio Carrillo trabajaba con su papá como despachador de licores. Este joven vivía con su familia en el sector Copacabana de Guarenas. Era el menor de 3 hermanos. Dejó a su pareja embarazada.

En cuanto a Ender Carrillo, el familiar indicó que éste era el 3º de 5 hijos.

Redes Ayuda: El crimen de Fernando Albán es responsabilidad del Estado

POR MEDIO DEL PRESENTE COMUNICADO, REDES AYUDA y Humano Derecho Radio Estación como organizaciones promotoras y para la defensa de los Derechos Humanos queremos expresar nuestra profunda preocupación ante la desaparición forzosa que sufriese el concejal metropolitano de Primero Justicia, Fernando Albán y su muerte bajo custodia en la sede del SEBIN de Plaza Venezuela este lunes 8 de octubre de 2018.

Tal y como establece el artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV): “El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado será responsable de la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma”

A esta muerte bajo custodia se le suma el supuesto suicidio del piloto Rodolfo Pedro González Martínez en la misma sede de la policía política, lo que demuestra un posible patrón de conducta criminal empleado por los organismos de seguridad.

Lamentablemente no podemos solicitar ni exigir al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz y al Fiscal General de la República Tarek William Saab para  que realice una investigación exhaustiva y establezca las responsabilidades penales y administrativas de los autores materiales de la detención arbitraria, así como de la cadena de mando que presuntamente facilitaron la muerte bajo custodia del concejal Fernando Albán, por no cumplir con su labor ni mandato constitucional.

Por consiguiente como organización para la defensa y promoción de los Derechos Humanos desde Redes Ayuda y Humano Derecho Radio exhortamos a la Cruz Roja Internacional para que se apersone a la sede del SEBIN en Plaza Venezuela y se cerciore sobre el estado físico y psíquico de las personas privadas de libertad allí recluidas. Así como hacemos un llamado a las organizaciones internacionales protectoras del Estado de Derecho y promotoras de los Derechos Humanos del sistema interamericano y universal para que se pronuncien por la desaparición forzada del concejal y su posterior muerte.

¡Todo crimen bajo custodia es responsabilidad del Estado!

¡Por la defensa de Derechos Humanos y garantías para todos los venezolanos!

#MonitordeVíctimas | Abusan y asesinan a niña y a su mamá en San Agustín
Una niña de ocho años y su madre, resultaron muertas tras ser atacadas por un adolescente de 17 años. Con este asesinato se elevan a cinco el número de niños asesinados en Caracas en menos de 15 días

 

@daigalaviz

YADBEL SEQUERA, DE OCHO AÑOS, SE SUMA A LA TRÁGICA lista de  niños asesinados en el valle de Caracas en los últimos 15 días. La noche del 22 de septiembre fue abusada y degollada por un familiar en su vivienda ubicada en el sector La Ceiba, de San Agustín, municipio Libertador. La infante no murió sola, su mamá también fue asesinada de varias puñaladas, el asesino las violó, y luego encerró los cuerpos en la casa tras partir la llave en la cerradura para impedir el acceso al lugar del crimen.

Los cadáveres de Yadbel Sofía Sequera (8) y su mamá Ingrid Josefina Vargas Sequera (50) fueron localizados la mañana del 24 de septiembre por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas (Cicpc) luego de que familiares de Vargas Sequera los alertaran sobre la irregularidad que se presentaba al no recibir respuesta a las llamada telefónicas que le hicieron a la mujer por lo que se acercaron a la casa y al no poder ingresar, observaron debajo de la puerta y vieron daños y desorden en el interior de la casa.

El principal indiciado del crimen es un adolescente de 17 años, sobrino de Ingrid Vargas, quien vivía con ellas desde principios de año, cuando su madre emigró a Perú y lo dejó en la calle.

Información suministrada por vecinos, quienes pidieron que su identidad fuese mantenida bajo reserva, señala que el doble asesinato habría ocurrido la noche del sábado. Ese día una amiga de la niña fue a jugar con ella y relata que aproximadamente a las 7 de la noche se desató una discusión entre el adolescente y Vargas Sequera, pelea que escaló hasta los gritos e insultos, ante la violencia de la disputa la niña se fue a su casa.

Funcionarios policiales presumen que ese habría sido el detonante del asesinato.

Investigadores señalan que el victimario tras haber abusado sexualmente de su pequeña prima, habría intentado matarla asfixiándola con una almohada, pero luego la apuñaló. El asesino salió de la vivienda el amanecer del domingo. Antes de irse daño la cerradura de la entrada a la casa para tratar de retrasar el ingreso a la escena del dantesco doble asesinato y tener más tiempo para huir.

En la funeraria San Pedro de El Rosal donde se realizó el velorio de las víctimas los vecinos comentaron que no tenían mayor información sobre el presunto asesino, “era un joven callado, que cada mañana se iba a su trabajo”. El mayor dato que aportaron es que tendría unos familiares en Los Teques.

El padre de la pequeña asesinada, tenía tres años de haberse separado de Ingrid, comentó que la última vez que habló con ella fue hace dos semanas. Él vive en Barquisimeto, estado Lara; su expareja se había quedado viviendo con la pequeña en la casa que heredó de sus padres.

La mujer era una de las menores de once hermanos, deja dos hijos mayores de edad quienes residen en Colombia. Actualmente se encontraba desempleada, por lo que estaba dedicada a las labores del hogar. La pequeña iba a iniciar el cuarto grado.

#MonitordeVíctimas | Familiares de hombres asesinados por la policía negaron que pertenecieran a bandas delictivas

@franzambranor

FAMILIARES DE TRES HOMBRES ASESINADOS el pasado domingo 16 en la autopista Caracas-La Guaira a la altura del barrio El Limón exigieron a las autoridades el esclarecimiento de los hechos y negaron que hayan pertenecido a una banda criminal.

Según miembros de las familias de las tres personas muertas, estos se trasladaron al litoral central el fin de semana a disfrutar de un día de playa y mientras almorzaban en un restaurante fueron aprehendidos por funcionarios policiales, presumen eran del Comando Nacional de Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana.

Las víctimas, que según el parte policial fueron muertas en un enfrentamiento, responden a los nombres de Jeferson José González Calderón de 27 años, Edwin José Campos Cárdenas de 34 y Wilker Jesús Ríos Armas de 30.

Informaron familiares que Campos era dueño de una frutería en Cúa, estado Miranda y González era uno de sus empleados, mientras que Ríos también poseía una relación laboral con este primero.

“Nos extrañó que Jeferson no apareciera el domingo en la noche porque ese es el día que se abastecen de mercancía para vender a partir del lunes”, dijo un miembro de la familia González.

La versión de los funcionarios sostiene que el trío fue interceptado en el sector La Aviación de Catia La Mar y huyeron a bordo de un Toyota Corolla placas AA243HE por la autopista Caracas-La Guaira donde colisionaron con una patrulla del Cicpc que les bloqueó el paso. Hubo un aparente enfrentamiento y los tres fueron muertos.

Autoridades manejan que Ríos era apodado “El Nariz” y pertenecía a la banda de “Los Cardones de El Valle” dedicada a extorsión, secuestro, homocidio y robo.

Familiares de Ríos admiten que este vivió en El Valle, pero tenía 11 años en Cúa, donde se había dedicado al comercio. Aseguran que no portaba armas ni tenía antecedentes penales.

Una tía de Ríos, cuyo hijo de nombre Julio César Armas fue presuntamente asesinado por el Cicpc en El Valle hace tres años, indicó que acudirá a la ONG Cofavic para buscar asesoría en procura de denunciar esta aparente violación a los derechos humanos.

Asimismo familiares de González y Campos aseguraron que estos no poseían armas y carecían de antecedentes penales.

Según el parte policial, en el lugar del suceso se incautaron dos pistolas y un revólver.

Crímenes sin Castigo: 0800-Extorsión

 

 

Las extorsiones telefónicas se multiplican en el país. Amenazan en nombre de La Piedrita, Tupamaros o cualquier megabanda de moda. En la GN dicen que son solo presos. Pero expertos advierten que pueden tener apoyo en las calles

 

Javier Ignacio Mayorca

@javiermayorca

 

La llamada tomó por sorpresa al empresario. Al otro lado de la línea, un hombre que se identificó como Valentín Santana, líder del colectivo Tupamaro, le revelaba que personas allegadas a él habían ofrecido tres millardos de bolívares para atentar contra su vida o la de algún integrante de su núcleo familiar.

Hasta la semana pasada, Santiago (nombre cambiado) se mantuvo al margen de los temas políticos del país. Estos asuntos simplemente no le interesaban. Su energía se iba en el manejo de un local en el oeste de Caracas. Si hubiese estado al tanto de las noticias, probablemente habría captado de inmediato la mentira de sus interlocutores: Santana nada tiene que ver con los Tupamaros. Por el contrario, en algunas oportunidades su grupo llegó al enfrentamiento armado con los de la estrella rojinegra, por el dominio de sectores del 23 de Enero.

“Mis hombres quieren agarrar esos tres millardos que nos están pagando para partirte la cara a plomo”, le decía el hombre. El “contrato”, añadió, no lo había ejecutado porque, luego de más de un mes de vigilancia a su familia y sus negocios, se dio cuenta de que Santiago es una “persona seria”.

El interlocutor seguía con su libreto durante más de quince minutos. A veces, daba la impresión de que lo recitaba. Antes, en este tipo de llamadas exigían pagos mediante transferencias a cuentas de particulares. Incluso, cuando el bolívar tenía cierto valor, pedían que el dinero fuese entregado en efectivo en un lugar predeterminado.

Pero el que llamó a Santiago decía ser integrante de un colectivo armado: “Somos los grupos de exterminio, que eliminamos y desaparecemos al hampa común”. Este mentado Valentín aseguraba ejercer “dominio” sobre el 90% del territorio caraqueño.

Así que, para guardar las formas, ahora los pagos no podían ser para engrosar las finanzas de algún particular. Entonces, exigen el apoyo monetario para una obra supuestamente benéfica. En este caso, para un hospital en el que intentan atender el caso de una niña desahuciada.

Primero, pidieron un millardo de bolívares. Pero Santiago, empresario al fin, supo negociar, a pesar de la premura con la que era exigida la transferencia por el supuesto mandamás del colectivo. En el último contacto, la cifra había bajado a 50 millones de bolívares.

Venezuela pareciera estar inmersa en una nueva ola de extorsión telefónica. Para la redacción de estas líneas, se pudo conocer directamente de cuatro casos. En todos, los discursos tenían factores en común. En primer lugar, los extorsionadores decían ser integrantes de un poderoso grupo armado. A veces, un colectivo, y en otras oportunidades alguna megabanda como el Tren de Aragua. Luego, en las extorsiones telefónicas siguen exigiendo pagos en bolívares, mediante transferencia bancaria. El extorsionador, además, quiere ver la plata cuanto antes. Pero se cuida de afirmar que es una vacuna. Lo nuevo en esto es que la denominan “colaboración”, para una causa aparentemente justa.

A cambio, decía el líder del colectivo en su conversación con Santiago “yo colaboro contigo, resguardándote la seguridad”.

Las víctimas rara vez acuden a los cuerpos policiales para denunciar este tipo de extorsiones. Cuando lo hacen, las autoridades toman nota aparte de las denuncias, y generalmente no las incorporan a las estadísticas oficiales. Con esta práctica, evitan que las cifras de criminalidad se disparen.

Según el Ministerio Público, durante la primera mitad de 2018 la Unidad contra la Extorsión y el Secuestro ha iniciado 605 expedientes. De ellos, 501 han sido por extorsiones.

En Relaciones Interiores manejan otras estadísticas. Las cifras, conocidas extraoficialmente, indican que Cicpc inició 244 averiguaciones por extorsión. Lo interesante de esto es que, a pesar de los esfuerzos por mantenerlas lo más bajas posibles, el incremento de las denuncias por extorsiones durante el semestre ha sido de 41%.

Cuando las victimas acuden al Comando Nacional contra la Extorsión y el Secuestro de la Guardia Nacional, los militares les dicen que deben despreocuparse, que actualmente la mayoría de estas llamadas atribuidas a colectivos o bandas armadas en realidad son hechas por reos ociosos de los penales de Puente Ayala (Anzoátegui) y El Dorado (Bolívar).

Pero el ex jefe de la División Antiextorsión y Secuestros de la policía judicial, comisario jubilado Sergio González, cree que estos delincuentes ahora trabajan en grupos.

“Las llamadas para extorsionar se hacen desde las cárceles. Pero hay gente en las calles que los ayudan”, indicó.

Estos sujetos que están en libertad a menudo contribuyen a darle un barniz de credibilidad a las amenazas. Por ejemplo, explicó González, desde el penal pueden llamar para advertir que el grupo de vigilancia de la banda está frente a la vivienda personal de la víctima, en una camioneta blanca. Y, efectivamente, luego se constata que el vehículo estaba en el lugar indicado.

Lo importante, según el ex funcionario policial, es “no caer en el chantaje”. Aseguró que rara vez estos hampones llegan a concretar sus amenazas.

“A estos individuos hay que pararles el trote, desde el comienzo”, sentenció.

 

El engaño del premio

 

Una de las tácticas que están utilizando los extorsionadores para obtener información sobre sus eventuales víctimas es simular llamadas desde la coordinación de algún programa gubernamental, como pueden ser Mi Casa Bien Equipada o la Misión Vivienda.

Los sujetos dicen que el interlocutor se ha ganado un premio, como por ejemplo un crédito con enormes facilidades, o el acceso a una vivienda. En la conversación, solicitan al supuesto beneficiario que le diga cuántas personas viven con él, así como sus números telefónicos para poder constatar la información.

Luego, los usuarios de tales números son extorsionados.

“A mí me llamaron, y de inmediato les dije que hablaban con un comisario general de Cicpc. Ahí mismo colgaron”, recordó González.

 

Breves

 

*El 19 de julio, el director de la policía judicial, comisario general Douglas Rico, prohibió a los jefes de todos los despachos de ese órgano la difusión a través de las redes sociales de las informaciones sobre los casos resueltos. La decisión sobre las noticias a ser divulgadas será emitida por el propio funcionario o en su defecto por el subdirector, una vez que las minutas correspondientes hayan sido procesadas a través de la Sala Situacional. Con esta orden, el referido cuerpo da un nuevo paso en cuanto a la instauración de la censura.

 

 

*La semana pasada, voceros gubernamentales declararon que durante el primer semestre de 2018 hubo 6561 homicidios. Esta es una verdad a medias. En primer lugar, no se tomó en cuenta los homicidios en centros de reclusión, ya sean retenes o internados judiciales. En esas instalaciones hubo 144 muertes, que no están reflejadas en la cifra filtrada a los medios. Tampoco se tomó en cuenta los casos por supuestas “resistencias a la autoridad”. En ese renglón, de acuerdo con cifras conocidas extraoficialmente, han ocurrido 2983 muertes. Estos casos deben ser investigados como homicidios, en los que eventualmente el fiscal podrá determinar que hubo circunstancias que ameriten una exención de responsabilidad penal para los funcionarios policiales o militares, en virtud de haberse comprobado la existencia de las condiciones para la defensa propia o de terceros. El gran total sería de 9597 homicidios para el primer semestre de 2018, y no 6581.

 

*Continúa el deslave en las filas militares. El 19 de julio, el comandante general del Ejército, mayor general Jesús Suárez Chourio, ordenó dar de baja a 277 efectivos de tropa. La mayoría de los expulsados son sargentos primeros o segundos, que no tendrían más de cinco años de recorrido en la carrera de armas. Pero también hay sargentos mayores de tercera, que podrían tener ocho o más años en las filas castrenses. Esta decisión fue tomada en virtud de que los referidos militares se ausentaron en forma injustificada de los cuarteles. Entonces, son deserciones que no son tramitadas como tales ante los juzgados militares, que actualmente están muy ocupados con el procesamiento de las disidencias políticas. Si todos los desertores fuesen enjuiciados, la justicia castrense colapsaría. En la Guardia Nacional ocurre una situación similar. De allí la insistencia de la jerarquía castrense en exaltar los beneficios de la carrera militar. En un acto celebrado en Maracay, el jefe del Ceofanb, almirante en jefe Remigio Ceballos destacó que durante la era del chavismo-madurismo los integrantes de la FAN han recibido beneficios como nunca antes, en términos de viviendas, vehículos y créditos para los oficiales jóvenes. Los hechos, sin embargo, parecieran indicar que cuarteles adentro no están muy convencidos.