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Instan a enfrentar las distintas formas de violencia que afectan a las venezolanas
En medio de una Emergencia Humanitaria Compleja, muchas mujeres quedan atrapadas en labores de cuidado y reproducción, sin independencia económica o en medio de ciclos de violencia de género, pero estos son solo algunos de los obstáculos que enfrentan y de los que el Estado no se ocupa, según diversas oenegés 

Las crisis humanitarias aumentan las brechas de género y, en el caso venezolano, afecta a las mujeres de forma diferenciada, explicó Magdymar León , coordinadora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), en el conversatorio «Venezuela en Emergencia: Violencia y crisis, dos grandes desafíos que enfrentan las venezolanas», impulsado este viernes por el Observatorio Social Humanitario.

La pobreza es la consecuencia más significativa de la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC), pero también están los movimientos migratorios y movilidad dentro del país.  El impacto es diferente en hombres y mujeres porque viven realidades distintas. 

En medio de la crisis y la pobreza, muchas han quedado atrapadas en las labores de cuidado y reproducción, lo cual les quita independencia económica y tiempo para cualquier otra actividad que la mujer desee o necesite desarrollar, aumentando las brechas de género, indicó León. Esto afecta especialmente a aquellas en condiciones de mayor vulnerabilidad, como indígenas, adolescentes, adultas mayores y/o discapacitadas. 

Sobre las vulneraciones de derechos, hay puntos específicos que afectan a las mujeres, como la violencia sexual en la cotidianidad que incluye la extorsión sexual – para obtener medicinas o cruzar fronteras, por ejemplo- y el aumento de la trata y tráfico de personas en los últimos años, ya que los grupos delincuentes ven en las venezolanas vulnerables  «presas fáciles».

En el sistema de salud también son presas de la violencia, pues sólo tres de cada 10 mujeres en edad  reproductiva tienen acceso a métodos anticonceptivos, según estudios aplicados por Avesa en los estados Sucre, Apure y Táchira. Esto genera una incapacidad para controlar salud sexual y reproductiva que se traduce en una planificación familiar deficiente, que a su vez se vuelve un obstáculo para tener un proyecto de vida, incorporarse a la universidad o tener trabajo, que perpetúa los ciclos de pobreza y las mantiene rezagadas. 

En este apartado, la coordinadora destacó la situación de violencia obstétrica en el país por la falta de atención adecuada en los centros de salud y los embarazos adolescentes, consecuencia directa del punto anterior. 

Respecto al acceso a la justicia, hay gran cantidad de trabas en las instituciones, la recepción de denuncias, los procesos legales y la colocación de medidas de seguridad para las víctimas, así como la desconfianza de las víctimas en que haya una «justicia real».

León comentó que en el 2016 la organización llevó un seguimiento de denuncias y «las que llegaban a juicio eran menos del 1% (…)». Sin una adecuada sanción de delitos, se mantiene la violencia y los índices de femicidio. 

Superar la crisis pasa por enfrentar la violencia

Magdymar León, coordinadora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), reiteró que es indispensable atender las necesidades y todas las formas de violencia que afectan a las mujeres, pues de lo contrario, difícilmente se podrá superar la crisis.

“Difícilmente habrá desarrollo para el país y democracia, porque son elementos contrarios. En vez de ir hacia el desarrollo, parece que estamos yendo a un proceso de involución y las formas de violencia están coadyuvando a aumentar la brecha”, indicó.

León también hizo referencia a la falta de justicia en el país: “Los índices de feminicidio siguen aumentando, es la punta del iceberg de la violencia física, detrás de ello hay muchas formas de violencia que se están presentando. Tiene que haber sanción a esos delitos», insistió.

El miedo en las calles

La ponente María Luisa Campos, coordinadora general de la organización Resolania, presentó los hallazgos del informe «Solas en la Calle», que aborda la violencia que experimentan las mujeres en los espacios públicos a través de datos recopilados de 397 encuestadas en tres municipios, Libertador, Caracas, y Maracaibo y Machiques, estado Zulia. 

Campos definió el espacio público como «aquel de libre acceso para todo público sin importar su clase social» e incluye centro comerciales, espacios comunitarios, plantas bajas de residencias y el transporte público. 

Sobre los descubrimientos, afirmó que las mujeres experimentan estas violencias desde la niñez, que van desde acoso callejero, exhibicionismo, violencia racial, política y hasta obstétrica. «Todas las violencias son posibles en el espacio público (…) incluido el rapto» , advirtió. 

Un 40% de las encuestadas aceptó haber sido víctima de violencia de género, «sin embargo, cuando se comienza a indagar en qué tipos de violencias son – acoso, tocamientos indeseados, palabras sexuales, etcétera-, el número sube a más de 70%». En entornos urbanos – Libertador y Maracaibo-, las mujeres mencionan haber experimentado exhibicionismo. 

Estas experiencias constantes se traducen en un miedo a transitar el espacio público, apuntó la coordinadora, que terminan en la creación de estrategias por parte de las víctimas para evitar este peligro, como salir en un rango determinado de horas o recorrer rutas más largas y «seguras» para regresar a sus hogares. 

Normalmente, los perpetradores son hombres desconocidos y grupos de hombres, parejas o exparejas, policías y entes del gobierno.

De acuerdo con Campos, esto se relaciona con la crisis venezolana, porque la violencia ocurre mayoritariamente cuando estas mujeres están realizando labores de cuidado como compras de productos básicos, medicamentos, traslado de bombonas de gas o botellones de agua, o cuando se están trasladando a para acceder a sus planteles de estudio. Es decir, durante sus movimientos cotidianos para sostener su vida en medio de una EHC.

Las mujeres indígenas encuestadas – en su mayoría Yukpa- reportaron que uno de los principales perpetradores de violencia son los terratenientes y las violencias más resaltadas fueron la psicológica, obstétrica, racial y políticas, agregó la coordinadora. 

A nivel internacional

La coordinadora de incidencia del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Cristina Ciordia, relató la participación de la organización en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw). 

El rol del comité es tomar los estándares internacionales de derechos humanos (DDHH) para evaluar los reportes que describen el panorama venezolano, enviados por las organizaciones de la sociedad civil venezolana y el gobierno, para realizar un diagnóstico personalizado de acuerdo a las necesidades y urgencias del Estado en pro de alcanzar los más altos estándares en términos de DDHH, en este caso para las mujeres. 

El documento final del Cedaw contiene 58 recomendaciones y tres acciones prioritarias fundamentadas especialmente en los informes de la sociedad civil. «¿Cómo sabemos esto? Porque el informe que envió el Estado dice que todo es perfecto», una situación que no corresponde con la realidad ya presentada. 

Las acciones prioritarias, de las que se deben tomar acción inmediata y reportar  al comité en un lapso de dos años, son la violencia basada en género, la trata de personas, y la salud sexual y reproductiva. Algunos de los títulos más importantes entre las recomendaciones tienen que ver con ‘’la no discriminación, estereotipos de género, participación de las mujeres en la vida política y pública, las mujeres defensoras de derechos humanos, acceso a la justicia específicamente para víctimas de violencia basada en género y  para víctimas secundarias de graves violaciones de los derechos humanos, los grupos desfavorecidos que se consideran pues en su intersección con la feminidad, y el acceso a datos e información pública. 

Estas recomendaciones específicas son esenciales aún si el Estado no coopera,  porque ofrecen a las oenegé una ‘’hoja de ruta’’ con pautas a seguir para avanzar hacia estos derechos y con las que se pueden acercar a  ‘’personas que están en centros de poder, sean directamente del partido de gobierno o de otras instituciones, o sean candidatos o candidatas’’. 

En Venezuela por cada cuatro partos se atiende un aborto clandestino
El aborto inseguro es la tercera causa de muerte en Venezuela, según la Asociación Venezolana Sexual Alternativa (Avesa)

La pandemia y la crisis económica disparan los abortos clandestinos en el país, según organizaciones que promueven los derechos de la mujer. Tan solo en 2019, hubo 15 abortos diario en promedio, más de 2.200 en el año. 

En un reportaje publicado por La Voz de América, se relata que el aborto inseguro es la tercera causa de muerte en Venezuela, según la Asociación Venezolana Sexual Alternativa (Avesa). A pesar de que no hay cifras oficiales, en 2018 la organización hizo un estudio de 5 centros de salud en el país y encontró que esta práctica estaba generando consecuencias en la salud de las mujeres.

«Por cada cuatro partos atendidos, se atendía un aborto. ¿Qué nos dicen los profesionales de la salud? Que muchos de estos abortos son inducidos. Quiere decir que el aborto es una realidad en Venezuela, porque, ante estas dificultades de poder controlar nuestra reproducción ocurren embarazos no deseados. Algunas continúan con el embarazo, pero otras recurren a abortos inseguros. Eso provoca muertes maternas», advierte Magdymar León, psicóloga clínica, con maestría en estudios de la mujer y coordinadora ejecutiva de Avesa.

En Venezuela, el aborto es ilegal, a excepción de cuando el embarazo representa un riesgo y se intenta salvar la vida de la madre, tal y como consta en el Código Penal, que establece prisión para el médico y la mujer que lo practiquen.

«He escuchado a muchas que han ido a lugares y se interrumpen el embarazo, como otras que han tomado remedios caseros. Tengo una amiga que estuvo grave, al borde de la muerte por practicarse un aborto”, cuenta a la Voz de América Mariángel Loreto, joven estudiante de 19 años.

Para evitar un embarazo no deseado, Mariángel se colocó un implante subdérmico, hace dos años, en una jornada gratuita de la zona de Caracas donde vive, pues ni con sus ingresos ni con los de sus padres podía comprar anticonceptivos. En el país, las píldoras cuestan 15 dólares y los implantes alrededor de 12 dólares. De acuerdo con Avesa, solo un 30 por ciento de las mujeres tiene capacidad económica para pagar por ellos.

«Mi sueldo no da una base para comprar un método anticonceptivo», explica.

Puede seguir leyendo en VOA 

Los que no se rinden | Avesa: Crisis económica incrementa violencia contra las mujeres
La Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa defiende los derechos de niños, adolescentes y mujeres desde 1984

De acuerdo a la Organización de Naciones Unidas, 243 millones de mujeres y niñas entre 15 y 49 años han sufrido algún tipo de violencia en el mundo por parte de su compañero sentimental.

Un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) reveló que en el 58,6% de los casos de violencia contra las mujeres en Venezuela durante 2019, los perpetradores fueron sus parejas, mientras que en el 7,7% de los casos, los ataques fueron hechos por exparejas. 

El organismo sostuvo que durante el primer semestre de 2020 ocurrieron en Venezuela más feminicidios que muertes por COVID-19. El Ministerio Público documentó un total de 185 asesinatos a mujeres en 2020, mientras que en el primer semestre del año pasado se contabilizaban 51 fallecidos por coronavirus.

La Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa) alertó que el confinamiento y la cuarentena han potenciado la violencia de género, además de agravar la situación socio-económica de la mujer.

Desde 1984, Avesa realiza una labor centrada en la salud sexual y reproductiva con una visión integral y con enfoque de género. Desde su creación, la ONG desarrolla un trabajo sostenido en las áreas de educación sexual, violencia y salud sexual y reproductiva. 

Avesa forma parte de la Red Naranja, un espacio de organizaciones que trabaja por los derechos de las mujeres y promueve una vida libre de violencia. Se llaman Red Naranja porque ese fue el color que escogió la Organización de las Naciones Unidas para identificar la violencia de género.

Magdymar León, coordinadora de Avesa, dijo que para el momento de su surgimiento, el Estado venezolano ofrecía escasas garantías de los derechos sexuales, inadecuada información sobre sexualidad, además de un escenario de embarazos en mujeres adolescentes, violencia sexual y doméstica.  

¿Cómo ha variado la educación sexual en Venezuela desde entonces hasta el presente? 

El entorno actual mantiene altos números de violencia sexual contra la mujer, abuso sexual infantil y graves problemas relacionados con la salud sexual y reproductiva de la población adolescente. Avesa fue pionera en la prestación de servicios de atención a casos de violencia sexual en Venezuela, servicios de psicoterapia y orientación a sobrevivientes de violencia sexual y de pareja  y a sus familiares. Producto de esto, desarrolló un modelo de atención y capacitación para enfrentar esta problemática haciendo especial énfasis en la  formación del personal humano encargado de la atención de los diferentes casos. 

¿Cómo ha sido la evolución y en qué aspectos han crecido? 

Los programas de atención directa dieron paso a actividades de investigación y  capacitación, y actualmente Avesa sigue dedicada a la promoción de los derechos sexuales, derechos reproductivos, el derecho a una vida libre de violencia y la igualdad de género, a través de la generación de conocimientos, actividades de atención, prevención, educación, investigación y promoción de apoyos sociales y políticos, dirigidos a personas y organizaciones en el ámbito nacional, con participación en redes  internacionales y la búsqueda de la integración de una perspectiva de género en los programas y políticas gubernamentales. 

¿Qué labores realizan sus trabajadores? 

Actualmente capacitamos al personal de la docencia, de la medicina, psicología y consejos de protección, sobre atención del abuso sexual y creamos la Línea de Atención Telefónica para dar auxilios psicológicos a mujeres en situación de violencia. Documentación de la situación de los derechos humanos de las mujeres ante la emergencia humanitaria compleja actual. Avesa ha transformado su equipo de trabajo, estructura organizativa y actividades ante la realidad del país. Actualmente funciona con un equipo de tres coordinaciones y  consultorías de acuerdo a los proyectos.

¿Poseen alguna alianza estratégica con otras organizaciones? 

Creemos firmemente en el trabajo articulado. Actualmente tenemos alianza con  organizaciones no gubernamentales que trabajan en áreas de derechos humanos y  derechos sexuales y reproductivos, con organizaciones internacionales para la  promoción de derechos y respuesta humanitaria en el país y con organismos cooperantes de las Naciones Unidas. 

¿Cuáles son las zonas donde operan en Venezuela? 

Gracias al financiamiento de varios entes como la Unión Europea, UNICEF y el Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre (Oxfam) podemos llegar a varias zonas del país. Estamos en la zona metropolitana de Caracas y en estados priorizados para la respuesta humanitaria como Anzoátegui, Bolívar, Miranda, Táchira y Zulia. 

¿Cuáles son los mayores retos que enfrenta Avesa? 

Garantizar la sostenibilidad de la organización en pro de los derechos de mujeres, niños, niñas y adolescentes. El abuso sexual de niñas, niños y adolescentes y violencia contra las mujeres se suma a la problemática socioeconómica que vivimos en Venezuela.

¿Sus mayores logros? 

Parte de nuestra amplia trayectoria es haber creado el primer centro de atención de víctimas de violencia sexual y doméstica en el país. Somos referencia obligada, a nivel nacional y  regional, en el abordaje del tema de la violencia sexual y doméstica. Participamos en la elaboración de la Ley sobre la violencia contra la mujer y la familia,  la Ley orgánica de protección al niño y al adolescente (LOPNA), la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, redacción y promoción de la Ley para la Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad de las personas con VIH o SIDA y sus familiares, en el proceso de lobby y discusión para la inclusión de artículos fundamentales de salud sexual y reproductiva en la actual Constitución Nacional. Hemos recibido la Condecoración Argelia Laya en 1999, la Orden Josefa Camejo en su única clase por parte de la Universidad Central de Venezuela en 2007 y la Orden “La llama de la Esperanza” por Amnistía Internacional en 2013.

Gota a gota inicia el acoso psicológico
La violencia psicológica es muy sutil y pasa desapercibida fácilmente. Una experticia forense o psicológica ayuda a hacerla visible
En el acoso psicológico el hombre no siempre es el victimario y la mujer la víctima

 

Gabriela Henríquez y Maria Josefa Maya / @gchenriquez1 y @fefamaya

 

Yo hago esto por tu culpa. Yo te trato así porque tú eres bruta. No puedes con todo lo que deberías. Yo me molesto porque tú me haces molestar. Acabo de leer unos mensajes tuyos con tu jefe. No hablamos en todo el día porque tú no me llamaste. Siempre que estás con tus amigos no me prestas atención. Quiero despertarme en la mañana y saber que tú vas a venir a trabajar conmigo. Tú eres muy especial, pero conmigo vas a ser más especial porque yo tengo dinero y contactos. 

Las frases anteriores son recogidas de los testimonios de tres víctimas de acoso psicológico entrevistadas por Runrun.es. Con ellas, sus agresores mostraron los primeros indicios de este tipo de violencia. 

El acoso psicológico no es más que violencia psicológica. Según la psicóloga Magdymar León, se trata del  tipo de maltrato de una persona hacia otra que genera un daño psíquico emocional. El maltrato psicológico es uno de los 21 tipos de violencia tipificado por la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 

La psicóloga y coordinadora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA), explicó que la violencia psicológica no es solo una acción puntual, sino que son diferentes manifestaciones de calificación, agresión verbal, chantaje y coerción. Estas manifestaciones siempre tienen como fin generar un daño psíquico en la víctima.

El psicólogo clínico, Francisco Sánchez, considera que el acoso psicológico puede ser interpretado como una violencia simbólica porque esta se expresa a nivel cultural, donde se demuestran las profundas desigualdades de poder que existen, por ejemplo, entre el poder de un hombre y el de una mujer. Magaly Huggins, psicóloga clínica y criminóloga, añade que es muy sutil, pasa desapercibida fácilmente y tiende a confundirse con la violencia verbal. 

El debate público sobre este tipo de violencia hacia la mujer se hizo visible una vez el caso de Morella León López, una mujer que estuvo secuestrada y sometida a maltratos por 31 años por Mathías Enrique Salazar Moure, en la ciudad de Maracay, estado Aragua, se hizo público. También en los primeros dos meses del año 2020 varias mujeres han levantado su voz a través de redes sociales, especialmente Twitter, y contado sus experiencias con algún tipo de violencia de género, en particular, con el abuso o maltrato psicológico. 

 

No eres tú, no estás loca ni sola

Estudiadas, profesionales graduadas, con años de experiencia laboral y, en algunos casos, atravesando situaciones en las que se encontraban emocionalmente vulnerables. Conocen a un hombre en su entorno laboral y al cabo de un tiempo se vuelven pareja… Sin saber que se verían abrumadas por el acoso psicológico. 

Alicia Hernández, periodista, aseguró que la persona maltratadora en su caso, hablaba muy mal de sus parejas anteriores. Su agresor se refería a otras mujeres, con quienes sostuvo una relación simultánea a Hernández, como “amigas”. Luego, Hernández afirma que el discurso cambió. “Empezó a ponerme en contra de las otras mujeres. Me decía: “es una loca”, “está obsesionada por mí”, “la dejé y quedó mal”. Cambia las versiones de casi todas sus ex parejas. Era algo muy extraño”, indicó.

 

Se conocen en el trabajo

Vanessa, un nombre utilizado para proteger la identidad de esta mujer, conoció a su agresor en su lugar de trabajo. Conversaron por un periodo extendido, hasta que finalmente coincidieron en la misma ciudad y empezaron a salir. Si bien no fueron pareja, estuvieron en esa “zona gris” por unos cinco meses. 

Ella no estaba interesada en mantener una relación formal y con exclusividad ya que había pasado poco tiempo desde que había puesto punto final a una relación anterior de más de seis años. Para ese entonces, Vanessa explica, ella se encontraba en una situación bastante vulnerable en términos emocionales. 

Andrea Hernández, escritora en el medio digital Cinco 8 mantuvo una relación a distancia de unos nueve meses con David Parra. Dos años después de haberla finalizado confiesa que la duración de su relación es difusa y ese periodo de su vida lo caracteriza con la palabra “nebuloso”. 

En octubre de 2017, luego de haber trabajado juntos en un mismo libro, ambos formalizaron su relación, siendo este el primer noviazgo con un hombre de Hernández. En sus propias palabras, este fue un cambio bastante nuevo para ella y un periodo de descubrimiento en el que David se refugió mucho. 

 

Tic toc, empieza el control

“Siempre hacía ese tipo de preguntas de si yo estaba saliendo con alguien, o viéndome con alguien. Siempre estaba con un tema de que yo solamente le prestaba atención al trabajo, a mis amigos, o que si estaba en la calle no lo llamaba”, explicó Andrea Hernández.

Vanessa, por su parte, cuenta que cuando tenía aproximadamente un mes saliendo con su ex-pareja, este le revisó sus conversaciones en el teléfono y eran frecuentes las discusiones en torno a que él quería que Vanessa renunciara a su empleo para ir a trabajar con él.

“Yo lo confrontaba directamente y le decía que por qué quería estar tan en control de mi vida, y él tendía como a romantizar todo esto y se posponía la discusión”, contó. 

Los horarios de sueño y de trabajo de Andrea Hernández se vieron afectados. “Él me llamaba a las 12:00 am y me reclamaba que él me tenía que llamar porque yo no lo había hecho en todo el día. Todo siempre desde lo bajito y desde lo dolido que estaba (…) También  me mantenía en conversaciones muy horribles y extensas a las tres o cuatro de la mañana para contarme que había salido con otra mujer, y yo me sentía súper mal al respecto. No dormía… Si yo estaba en la oficina y él me llamaba y yo le decía que no podía hablar porque estaba trabajando, entonces él me decía que yo nunca dedicaba tiempo para él”, comentó. 

Vanessa explicó que algunos de los indicios que no notó durante su relación de afecto con su agresor, pero luego de un tiempo reconoce como episodios de abuso psicológico, son el negar que él mantenía relaciones con otras mujeres, o reconocerlo finalmente y desprestigiar a esas chicas. Pedir nudes, pero nunca mandarlos de vuelta; revisarle el teléfono; generar conflictos por una supuesta relación amorosa entre el jefe de Vanessa y ella, a pesar de que esta realmente no existía; aislar a Vanessa de sus amigos dentro y fuera de Venezuela; reclamar que en las reuniones de trabajo la intención de los inversionistas con ella era mantener relaciones sexuales; y más.  

“En nuestra relación también hubo prácticas de abuso sexual (…) En una oportunidad él y yo habíamos terminado, yo tenía gripe y me sentía muy mal. Él se ofreció a traer una sopa a mi casa y al llegar se me lanzó encima inmediatamente”, aseguró. Vanessa añadió también que considera que su ex-pareja se aprovechó de esa vulnerabilidad física que tenía en ese momento.

 

Termina la relación, inician las secuelas

Si bien Vanessa en varias ocasiones intentó terminar con esta persona, él la presionaba mucho, la buscaba en su hogar, le escribía a través de redes sociales. Finalmente, luego de unos seis meses, acabó la relación. Buscó ayuda terapéutica ya que sufría de ataques de pánico por las noches y no podía comer ni trabajar. “Yo no estaba triste porque estaba despechada, estaba triste porque me violentaron y no lo sabía”, sentenció. 

Andrea Hernández decidió culminar su relación luego de que David le aseguró y posteriormente negó en repetidas ocasiones que mantenía relaciones paralelas con otras mujeres. Al hacerlo, tuvo que bloquearlo por todos los medios de comunicación y cerrar sus redes sociales. Solo cuatro meses después fue que Andrea identificó que se encontraba en una relación abusiva y logró contactar con cuatro mujeres más con las que David mantuvo relaciones amorosas al mismo tiempo.  

En el caso de Alicia Hernández, ella finaliza su relación con el agresor al saber que este tenía otras parejas en paralelo. “Al principio (de terminar la relación) yo no era consciente de todo lo que me había pasado. No era consciente de que había sufrido violencia física, psicológica y sexual. Con la violencia sexual sí fui más consciente enseguida. Porque él había estado con alguien más. Poner en riesgo la salud de una persona de esa manera, es violencia. No dejarme decidir sobre mi cuerpo en ese sentido es violencia”, sentenció. 

 

¿Cómo opera la violencia psicológica?

León aseguró que la violencia psicológica usualmente ocurre como todo tipo de violencia, cuando las partes involucradas, es decir, agresor y víctima, se encuentran en una relación inequitativa de poder. Debido a esto, el agresor está capacitado para enviar mensajes que tengan como objetivo lastimar a la víctima. Estos mensajes pueden descalificar, agredir verbalmente, y en ciertos casos seducirla, causando que esta dude de sus propias decisiones, apreciaciones y opiniones.

“Usualmente, todos los comentarios son dirigidos a socavar las fortalezas personales de la víctima”, afirmó la psicóloga de Avesa.

Magaly Huggins, psicóloga clínica y criminóloga agrega que la violencia psicológica se ejerce por lo general a través de la violencia verbal, y no necesariamente contiene insultos. Puede evidenciarse en el uso de palabras con doble sentido que le puede dar a entender a la mujer muchas cosas, el uso de gestos de desagrado ante la presencia de la persona, o expresiones de celebración hacia otras mujeres; también menciona el control excesivo sobre la mujer. 

“La violencia psicológica es muy sutil, pasa desapercibida fácilmente, tiende a confundirse con la violencia verbal, pero como la violencia verbal es clara, es distinta a la violencia psicológica. Se trata de ese juego manipulador y seductor que va devaluando, encerrando y disminuyendo la creencia de la mujer en sus capacidades. No deja huellas. Para verla tienes que hacer una experticia forense, psicológica, con una persona muy bien entrenada para que se pueda hacer visible este tipo de violencia”, detalló. 

Alicia Hernández, indicó que empezó a ver indicios de maltrato de manera más clara. “Empecé a observar este tipo de maltrato que se llama “Gaslight”. Te convencen y manipulan de un modo que te vuelve loca”, expresó Hernández. El nombre de este tipo de violencia  es tomado de la película Gaslight, de 1994, la cual cuenta una historia de violencia machista psicológica. En el filme, el marido manipula a su esposa con sutileza hasta convencerla de que ella se imagina cosas, recuerda mal las discusiones y hasta le hace dudar de su cordura. En eso, básicamente, consiste este tipo de maltrato psicológico.

Es fundamental señalar que en la ejecución del acoso psicológico, el hombre no siempre es el victimario y la mujer la víctima. Los expertos consultados para este trabajo aseguraron que esto puede ocurrir de forma inversa, en relaciones homosexuales y también en una relación laboral.

 

Indicios y señales para la mujer y su entorno

Las tres mujeres entrevistadas por Runrun.es aseguraron que la mayoría de las señales de alerta no son reconocidas en el momento. León, explicó que esto se debe a que no siempre son fáciles de detectar porque pueden haber muchos elementos que las disimulen.

“Que la persona agresora solo se centra en aspectos negativos de la mujer, en los defectos que ella tiene y que sólo los, que destaque en público, que la humille frente a otras personas, son algunos ejemplos”, expresó León. 

En uno de los testimonios, una de las víctimas afirmó que la persona agresora la persuadía para que renunciara a su trabajo. En otro de los casos de acoso psicológico, la persona afectada comentó que el agresor revisó sus conversaciones privadas en redes sociales. “No sé cuántas veces lo hizo. Un día salí del baño y él tenía una expresión bastante extraña. La respuesta de él fue: “Acabo de leer unos mensajes tuyos con tu jefe”, afirmó. 

Por otra parte, uno de los testimonios recopilados mencionó que la persona maltratadora criticaba su forma de vestir en caso de portar una prenda con escote. 

Además de los indicios mencionados anteriormente, en el caso de Alicia Hernández, el agresor llegó a controlar los círculos sociales con los que ella se relacionaba. 

Huggins explica que cuando en una relación comienza el control excesivo sobre lo que hace o con quien se relaciona socialmente la mujer, inicia el cuestionamiento a cualquier acción autónoma que ella tome y se generan ofensas como elogiar a otras mujeres junto a la pareja. “Está frente a señales de alerta que no deben ser ignoradas”, aseguró. 

Sánchez detalla que hay señales que deben alertar a la mujer y a su entorno: que el hombre la comience a aislar de los demás  poco a poco, que le diga que sólo puede que ser cuidadora de hogar, un excesivo control sobre las acciones de la mujer a través de mensajes de texto y por teléfono, que el hombre actúe mal y luego se arrepienta en repetidas ocasiones; y en el caso de la comunidad, dejar de ver a una mujer en todo un fin de semana luego de haber escuchado gritos o llantos en su hogar. 

 

¿Qué hacer en caso de sufrirla?

Tamara Adrián, diputada a la Asamblea Nacional y miembro de la sub-comisión para la mujer, explica que la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia​ tipifica la violencia psicológica. No obstante, detalla que el Estado no ha tomado acciones o generado políticas públicas que realmente ayuden a las mujeres venezolanas. 

“El Estado ha desaparecido las casas de abrigo que protegerían temporalmente a la mujer en casos de violencia para ser sacadas del entorno en donde la están sufriendo, han desaparecido las políticas públicas que en algún momento había implementado InaMujer en el Distrito Capital”, aseguró la diputada. 

Adrián añade que la violencia psicológica se detecta a través de una denuncia y una vez llega a manos de los jueces de protección de violencia, ellos refieren a la mujer a alguna ONG u organizaciones de la sociedad civil que cuenten con psicólogos o psiquiatras que eventualmente ayudan en los casos de violencia psicológica. 

De acuerdo al Código Procesal Penal vigente en Venezuela, el proceso para recibir asistencia del Estado al sufrir violencia de género consiste en denunciar el hecho ante la Defensoría del Pueblo, el  Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), o ante cualquier cuerpo policial. También se pueden realizar las denuncias a través de las Organizaciones No Gubernamentales, para que ellas apoyen y acompañen a la mujer antes de que presente su denuncia ante un organismo del Estado. 

Seguido de esto, inicia un proceso judicial en contra de la persona que presuntamente cometió los hechos de violencia de género y posiblemente se le detenga para determinar la responsabilidad penal que pudiese tener. Finalmente, y culminado el proceso judicial, se emite una sentencia en referencia a la acusación que la mujer hizo en contra del presunto abusador. 

“Para que el cambio social se dé, no basta una ley. Es necesaria la implementación de una ley a través de cambios sociales y eso se hace a través de políticas públicas (…) Onu Mujeres estima que dependiendo de los países, vencer la violencia basada en género y lograr un cambio estructural de igualdad de la mujer tardaría entre 80 y 400 años”, añadió Adrián. 

Alicia Hernández comunicó los pasos que la ayudaron a ella a superar su experiencia hace un par de años. 

Lo primero que hizo fue encontrar a un amigo en quien confiar. Buscar ayuda psicológica, especialmente un especialista que esté familiarizado con el maltrato psicológico. En el caso de ser mujer, Hernández señaló que un psicólogo especializado en violencia de género es ideal. Ella se apoyó en amigos y familiares que estuvieron ahí para acompañarla. Además, cortar relaciones con el agresor fue de gran ayuda. 

Andrea Hernández, aseguró que su agresor era muy convincente y hablaba con mucha propiedad sobre cómo él era una persona completamente distinta a como otras personas le indicaron a ella . 

Por eso, aconseja a otras mujeres confiar en lo que piensan y sienten, y escuchar lo que las personas de su entorno les dicen, ya que si hacen un señalamiento es a partir del cariño que existe. Asegura que otras personas pueden ver las cosas desde afuera y analizarlas objetivamente. “La  verdad es que a veces estamos tan inmiscuidas y envueltas en el abuso que no podemos ver las señales y hay gente que sí las puede ver por nosotras”, añadió. 

 

¿Realmente la víctima controla las decisiones que toma?

León asegura que no existe consentimiento libre e informado cuando hay una relación inequitativa de poder o cuando hay una situación de manipulación y chantaje. Es decir que la aceptación de la víctima ante alguna situación con la persona agresora en un contexto de violencia, este consentimiento no tiene lugar. 

La coordinadora de Avesa explicó esto a través de un ejemplo: “hay un caso de una adolescente de 15 años y un hombre de 25 años, existe una diferencia cognitiva, recorrido personal de destrezas y conocimientos que marcan una relación muy desigual. El que una chica haya “aceptado” alguna solicitud de un hombre con esta característica, definitivamente demuestra que ahí hay una relación desigual y, por tanto, ese consentimiento no es libre”, dijo.

“Digamos que bajo ningún concepto yo entendería como que esa aceptación es realmente válida”, afirmó la psicóloga de Avesa.

 

“Normalizar” la  violencia contra la mujer

“Como siempre digo, cuando tú no lo percibes es que tú eres parte del problema. Cuando tú te das cuenta de qué es lo que está mal y tomas una actitud para cambiarlo, en ese momento es cuando te conviertes en parte de la solución”. Así caracteriza Tamara Adrián la normalización del maltrato a la mujer en la sociedad venezolana. 

Sánchez explica que a nivel cultural existen ciertas pautas que aminoran la figura de la mujer y que son aceptadas. Por ejemplo, señala que se legitima por la sociedad que un hombre ejerza poder sobre la mujer.

El psicólogo clínico señala que las mujeres se enfrentan a la dificultad de no saber ante quién denunciar ya que el hombre, en algunos casos, mantiene vínculos con los cuerpos de seguridad, puede estar armado o puede ser parte de una banda armada, por lo que la mujer teme que su denuncia sea fácilmente detectada y se generen represalias en su contra. 

Asimismo, Sánchez indica que el entorno social de una mujer de clase social más desfavorecida puede estar compuesto por una asociación civil o un consejo comunal con mujeres tan parecidas a ella, por lo que se normalizan las manifestaciones simbólicas negativas en contra de la mujer. 

“La violencia psicológica no solo se da entre parejas, también en familias, comunidades, e instituciones religiosas. Cuando a la mujer se le dice “tienes que tolerarlo para preservar el matrimonio”, se le está diciendo que el beneficio de una institución social con el matrimonio está por encima del bienestar psicológico de ella; ahí hay un ejercicio de violencia psicológica muy profundo”, añade el psicólogo. 

Huggins indica que existe una estructura cultural que señala que la mujer depende del hombre y que él la escoge para ser la madre de sus hijos, y esa es precisamente una de las principales razones de los femicidios. Detalla que es una práctica común de los hombres que cometen asesinatos a las mujeres prohibir a sus ex-parejas salir con otros hombres ya que ellas son las madres de sus hijos y, por lo tanto, su propiedad. 

Para la coordinadora de Avesa las bases culturales que están detrás de toda forma de violencia, incluida toda la violencia psicológica contra las mujeres, son las bases que apoyan al patriarcado. 

“Si se suma esta visión negativa hacia las mujeres con el hecho de que como sociedad se ha validado o se ha legitimado la violencia como manera de imponerse sobre el otro, o como manera de resolver los conflictos, se va viendo cómo en el país se va reproduciendo cada vez más estos hechos de violencia de toda naturaleza”, señaló León. 

Agrega que es necesario que la población venezolana reflexione en cómo dejar a un lado la violencia y buscar otros mecanismos para comunicarse y resolver conflictos. “No es válido que sigamos apoyando o aprobando los comportamientos violentos, los comportamientos de que el más fuerte tiene la razón o que el más fuerte es el que tiene más valor. Apoyar este tipo de comportamientos es en definitiva apoyar la violencia en sus diferentes manifestaciones”, dijo.

Runrunes, TalCual y El Pitazo crean un decálogo para sus contenidos con enfoque de género

«Los medios de comunicación reflejan y refuerzan patrones que discriminan a las mujeres, por eso es importante sensibilizar con los temas y cambiar el enfoque de género», fueron las palabras iniciales de Luisa Kislinger en el taller de Producción de contenidos con enfoque de género, donde se reunieron periodistas de la alianza de Runrunes, El Pitazo y TalCual.

En el taller organizado por la ONG Avesa y Aliadas en Cadena con el apoyo de la Unión Europea, se busca hacer una evaluación de cómo los medios de comunicación abordan actualmente distintos temas de interés nacional y la forma en la que se visibiliza la perspestiva de género y el tema de las mujeres en distintos campos. 

El objetivo no es ser igual a los hombres, comenta Magdymar León facilitadora del taller, pero sí es tener igualdad de derechos y participación. «Hay que mostrar que queremos una igualdad de género sin quitarle puesto a los hombres si no tener el mismo puesto que ellos ante la sociedad».

Por eso uno de los puntos tratados en la actividad fue la de crear un mayor balance cuando se consultan las fuentes para trabajos periodísticos. «Es necesario incluir a las mujeres también en los artículos, no dejándolas de últimas y buscar equilibrar los términos de género en los mismos artículos, buscar una igualdad», comentó Kislinger.

Entre todos los periodistas presentes en el taller se fue creando un decálogo que tome en cuenta estas consideraciones y otras tan importantes como el uso de un lenguaje inclusivo, evitar el uso de estereotipos sexistas y cosificación de las imágenes, incluir en pautas semanales temas relacionados a las problemáticas de las mujeres.

Igualmente destacar en los reportajes la afectación entre hombres y mujeres, incluir la perspectiva masculina en temas que son considerados «de mujeres», mantener la dignidad de las víctimas y no exponerlas, evitar juicios de valor y visibilizar los temas más allá de la cuantificación de los casos.

Los medios que han participado en este taller se comprometen con el decálogos creado para ir implementando cambios en la mirada y cobertura de noticias, reportajes, entrevistas y otras notas periodísticas. Igualmente las organizaciones que organizaron el encuentro presentarán un Manual de Cobertura con Perspectiva de Género, que estará disponible a partir del próximo mes de julio en formato digital. 

 

 

Las mujeres venezolanas son las que más sufren por la crisis humanitaria

 

Escasez de alimentos, medicinas, segregación por trabajo, violencia y discriminación son solo algunos de los problemas que tienen que enfrentar las mujeres venezolanas de cara a la crisis económica, política, social y humanitaria que atraviesa actualmente el país. En un informe realizado por las ONG, Avesa, Mujeres en Línea, Cepaz y Freya se demostró por qué  las mujeres son quienes más sufren por la vulneración de sus derechos.

Los hallazgos presentados en dicho informe, contradicen a las proclamas de igualdad de género que el gobierno de Nicolás Maduro proyecta a través de los medios de comunicación pues, el Estado venezolano ha ignorado sus obligaciones en materia de derechos humanos cuando por la escasez de alimentos, medicinas e insumos de higiene personal, las mujeres tienen que permanecer varias horas en una cola y hasta pernoctar en las calles para satisfacer sus necesidades básicas.

Luisa Kislinger, activista por los derechos de las mujeres, asegura que existen múltiples necesidades que no son atendidas en la crisis actual, pero que la más grave, es el hecho de no poder acceder fácilmente a métodos anticonceptivos, que permitan llevar a cabo una planificación responsable de cuándo y cuántos hijos tener.

«Las mujeres llevan un peso desproporcionado con esta crisis, no solo tienen que sacrificar sus trabajos para dedicarse a hacer colas para comprar medicinas y comida, sino que también deben subordinarse y ajustarse a lo que pueda conseguir su pareja», explicó Kislinger.

La activista asegura que las políticas económicas (bonos, parto humanizado) empleadas por el gobierno para «ayudar» a las mujeres son inservibles porque generan más pobreza.

Cada día más pobres  

 

Según la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI), para el año 2016 82% de los hogares en Venezuela vivía en condición de pobreza, 51% en pobreza extrema, siendo las mujeres las que están en  la peor posición debido a las desigualdades en cuanto al ingreso y la calidad del empleo.

La inflación que se registra en el país también incide significativamente en el poder adquisitivo de las féminas venezolanas según informe de las ONG.  Proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) estiman que la inflación para 2018 podría cerrar en más de 13000%, lo que tendrá un impacto considerable en los índices de pobreza en Venezuela y principalmente en la adquisición de alimentos.

Un indicador que debe ser considerado para medir la pobreza en Venezuela es el precio de la canasta alimentaria, que para el mes de diciembre de 2017, según el CENDAS se ubicaba en 16.501.362,78 bolívares , mientras que el salario mínimo estaba ubicado en Bs. 177.507,43, de tal modo que para ese momento se necesitaban 93 salarios mínimos para poder comprar la comida de un mes.

Desde el año 2015, el Banco Central de Venezuela dejó de publicar cifras oficiales lo que ha generado que una gran vacío de información y un fuerte impulso a la especulación y la escasez.

 

 

Las colas por alimentos tienen rostro de mujer

 

En cuanto al desabastecimiento, las últimas cifras de la firma de consultores Econométrica (agosto 2017), reveló que la escasez general se ubicó en 52%, mientras que la escasez de alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 73,4%. Personas consultadas por las ONGs indican que las mujeres tienen que invertir de 8 a 14 horas semanales para la adquisición de productos a precios regulados.

 

Sin derechos sexuales reproductivos

 

Desde 2013, Venezuela registra un proceso de agudización de escasez y desabastecimiento de anticonceptivos la cual ha sido calculada por la Federación Farmacéutica en un 90% para el año 2016.

Una encuesta de Avesa, Mujeres en Línea, Cepaz y Freya, hecha a mujeres en edad reproductiva durante junio de 2017, 72% manifestó no haber encontrado ningún tipo de anticonceptivos durante los últimos 12 meses. Igualmente, más de 19% de las encuestadas manifestó haber adquirido alguna vez su método anticonceptivo de preferencia a través de comerciantes informales, llamados “bachaqueros” o a través de grupos de intercambio de medicinas en redes sociales. 27% señaló que cuando consiguieron anticonceptivos en la farmacia, no pudieron comprarlos dados sus elevados costos y alrededor de 10% informó haberlos comprado en el exterior.

Según el informe “Estado de la Población Mundial 2017,” publicado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Venezuela registró la segunda tasa de embarazos entre adolescentes más alta de la región de América Latina y el Caribe, ubicada en 95 por cada 1.000 mujeres entre 15 y 19 años, siendo superada sólo por Honduras (101 x cada 1.000 mujeres entre 15 y 19).

El embarazo en adolescentes es el principal indicador de la vulneración del derecho a la educación integral de la sexualidad.

 

Enfermedades y escasez de medicinas

 

Se calcula que en Venezuela hay unas 130.000 personas viviendo con VIH, de las cuales 37.000 son mujeres. Según la organización no gubernamental Mujeres Unidas por la Salud (MUSAS), se desconocen las cifras más recientes ya que las autoridades han dejado de contabilizar los casos.

La grave situación ha sido denunciada por 130 organizaciones no gubernamentales venezolanas que estiman que el 80% de las personas con VIH se ven afectadas por el desabastecimiento de antirretrovirales.

Las pacientes oncológicas no escapan de la crisis. Para el año 2013, el cáncer de mama en Venezuela ocupaba el primer lugar de causa de muerte por esta enfermedad en la mujer. Los datos los refleja en el Registro Central de Cáncer del MPPS, con estadísticas de15 diagnósticos diarios y seis fallecimientos cada día.

 

Vulnerado el derecho a vivir sin violencia

 

La violencia social se ha expandido en Venezuela de manera vertiginosa en los últimos años. El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) indica que las muertes por causas violentas se ha agravado y diversificado como producto de la destrucción de la institucionalidad del Estado. El número de asesinatos múltiples viene creciendo, alcanzando para 2016 una tasa promedio de 22 asesinatos por mes.

La tasa de homicidios ubica a Venezuela como el segundo país con mayor violencia letal en el mundo y en los últimos años han emergido delitos amateur, delitos por hambre, los linchamientos y el sicariato.

A este panorama de violencia social se le suma la represión por motivos políticos contra quienes ejercen su legítimo derecho a la protesta, siendo la respuesta del Estado venezolano la activación del “Plan Zamora” en sus diferentes fases, uso excesivo de la fuerza y la instrumentalización del sistema de justicia, incluidos tribunales militares, para penalizar y privar de libertad a manifestantes.

En las protestas de 2017, nueve de los 157 muertos eran mujeres.

El Instituto Metropolitano de la Mujer ha contabilizado de enero a mayo de 2017, 48 femicidios en el país, siendo los estados Miranda y Carabobo donde hay mayor incidencia de casos con 13 y 11% del total, respectivamente. Le siguen Bolívar y Zulia con 9% de casos cada uno. El Observatorio Guayanés de Violencia de Género, reporta que en el estado Bolívar se registraron 28 femicidios durante el primer semestre de 2017, con 40% de víctimas con edades comprendidas entre 13 y 21 años.

 

 

Tráfico de personas en Venezuela

 

El Departamento de Estado de los Estados Unidos realizó en 2017 el Informe sobre Trata de Personas en las que establece cuatro niveles para identificar los esfuerzos de los países  por erradicar la trata de personas. Para ese momento, Venezuela se ubicaba en el nivel 3, categoría evidencia que en el país no se han hecho los esfuerzos necesarios para prevenir las diferentes formas de trata de personas.

Según el informe, las mujeres y niñas de estados empobrecidos de Venezuela que caen en las redes de tráfico humano, son llevadas a países del Caribe para prostituirlas. Aruba, Curazao y Trinidad y Tobago son los principales destinos identificados para la trata y explotación sexual de las venezolanas.

Como mensaje por el Día de la Mujer, Kislinger pide a todas las mujeres venezolanas no quedarse calladas ante los abusos que comete el Estado. «Hay que denunciar la situación, no es normal no tener un empleo digno y tener que recurrir a la prostitución forzada para poder sobrellevar la situación», dijo la activista.

Acción Solidaria y otras ONG se reunieron para plantear solución a la emergencia humanitaria

sinmedicinas

Emergencia humanitaria en el ámbito de la salud en Venezuela: Diagnóstico y soluciones

Detener el sufrimiento de la población venezolana ante la disminución de la calidad de vida, la caída del poder adquisitivo, la escasez de alimentos y medicinas; aunado a la crisis de los servicios de salud públicos y el avance de la pobreza, fueron los temas abordados a lo largo de la primera jornada convocada por Acción Solidaria, Amnistía Internacional Venezuela y otras organizaciones de la sociedad civil aliadas, con el fin de identificar nuevas acciones que permitan recuperar indicadores mínimos de disfrute del derecho a la salud.

El activista y defensor de los derechos humanos, Feliciano Reyna, inició el encuentro explicando que la actual emergencia humanitaria que sufre Venezuela tiene múltiples causas, pero que entre todas ellas destacan la militarización de los procesos de compra, almacenamiento y distribución de medicinas e insumos, la ineficacia en la distribución debido a los desvíos relacionados con la corrupción; la falta de estadísticas por parte de las autoridades; que impide la elaboración y ejecución de planes eficaces en materia sanitaria; y el debilitamiento de todas las instituciones, incluido el poder judicial.

“El personal de salud está sometido a vigilancia permanente y a represalias si informa sobre lo que está sucediendo en los servicios” manifestó Reyna. Sin embargo, aclaró que la dramática situación termina siendo del conocimiento público. Tiene un impacto tal que afecta de una u otra manera a todos los habitantes del país. Algunos datos que han visto la luz pública y son altamente preocupantes: “66% de incremento de muertes maternas y 30% de incremento de muertes en niños menores de 1 año, ya son motivos de alarma. «Venezuela, aun siendo país petrolero, retrocedió décadas. No hay excusas para eso.»

«El 13 de noviembre falleció una persona trasplantada por rechazo del órgano debido a la falta de inmunosupresores” agregó Reyna en referencia al caso de la señora Belkis Solórzano, que se hizo viral en redes sociales al haber grabado un video testimonial pocas horas antes de que su cuerpo colapsara definitivamente. Existen casos de personas con hemofilia que reciben apenas 3 de las 24 dosis que necesitan diariamente.

“3.550 personas trasplantadas, 77.000 personas con VIH-Sida, 4.990 con hemofilia, personas con esclerosis múltiple, párkinson, krohn, están sin medicinas total o parcialmente. Los tribunales nacionales no pueden resolver que es responsabilidad de las familias conseguir las medicinas con los actuales índices de pobreza. El Estado está en la obligación de movilizar los recursos disponibles de la cooperación internacional para mitigar los efectos de la falta de medicinas y alimentos” manifestó el activista.

 El problema de la salud en Venezuela responde a las malas políticas de los últimos años

 Jorge Díaz Polanco, del Observatorio Venezolano de la Salud (OVS), también recalcó el problema de la poca eficiencia en el gasto de salud debido a la descoordinación de las iniciativas de las autoridades en esta materia.

 “En Venezuela no tenemos un sistema de salud sino una serie de establecimientos que brindan una atención médica no coordinada. Un sistema de salud debe trabajar articuladamente para atender las necesidades de la población” puntualizó el experto.“Se acentuó la desinstitucionalización y la privatización del sector salud. Casi el 70% de lo gastado en servicios de salud, sale del bolsillo de los usuarios. En los últimos años ha impulsado, lejos de lo que manda la Constitución, un sistema privado de salud. Ha privatizado el derecho” declaró Díaz Polanco.

 «El índice de tuberculosis ha incrementado significativamente. No se publican cifras oficiales desde 2014. Se suman factores de hacinamiento y pobreza extrema. La caída en la importación de productos farmacéuticos ha sido abrupta y explica los actuales niveles de escasez. Casi el 80% de los servicios de emergencia en hospitales se encuentran paralizados”. afirmo el experto.

Una de las soluciones que plantea el Dr. Díaz Polanco tiene que ver con la descentralización “la descentralización es una estrategia. Las personas son las que resuelven los problemas” al tiempo que advierte que la emergencia humanitaria en Venezuela está teniendo repercusiones a nivel internacional: “El repunte de la malaria es evidencia del retroceso de la salud en Venezuela y ya comienza a ser un problema de preocupación internacional” afectando a Colombia y Brasil.

 Perspectiva de género y pueblos indígenas

 Magdymar León, Coordinadora de la Asociación Venezolana de Educación Sexual Alternativa (AVESA), detalló la manera como la actual emergencia humanitaria en Venezuela afecta especialmente a las mujeres de acuerdo al último informe de la organización “Mujeres al Límite”. “Ya no estamos en una crisis, estamos en una emergencia humanitaria que requiere de unas acciones que partan de un diagnóstico apropiado y enfoque de género” explicó León. “Si las mujeres no tenemos acceso a los métodos anticonceptivos se nos coarta desde el derecho a la educación hasta la participación política: en Venezuela el retroceso que hemos tenido en este ámbito es dramático. No es un problema moral, es de políticas públicas. De acuerdo a la Federación Farmacéutica, desde 2014 hay 90% de escasez de métodos anticonceptivos. Solo el 2% lo aporta el gobierno. Las mujeres están recurriendo a esterilizaciones quirúrgicas” afirmó León.

 “Mientras globalmente las muertes de mujeres a consecuencia de complicaciones por el VIH disminuyen, en Venezuela aumentan debido al difícil acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y desabastecimiento de medicinas; se están practicando partos vaginales en mujeres con VIH-Sida, lo cual expone al neonato. También a falta de fórmulas lácteas, las mujeres con VIH-Sida se ven obligadas a amamantar a sus hijos lo que aumenta las probabilidades de transmisión al bebé”.

León denuncia que no existe ninguna política pública explícita para el abordaje, prevención y detección a tiempo del cáncer de mama. “El tipo de cáncer que más está afectando a las mujeres venezolanas” y, enfocándose en el tema de la alimentación y su relación con la salud, León afirmó que “las mujeres en Venezuela están dejando de comer para poder alimentar a otros miembros de la familia, mermando su salud. Específicamente, en el 56% de hogares se están sacrificando las abuelas. La alimentación de las niñas es sacrificada para mejorar la de los niños” manifestó la coordinadora de AVESA.

 Aime Tillet, del Grupo de Estudios Antropológicos de la UCV, quien ha desarrollado un importante trabajo de campo en Amazonas, abordó el impacto de la emergencia en los pueblos indígenas venezolanos, afectados por la invisibilización en el sistema de salud en Venezuela no contempla la variable “etnia; así como las áreas de silencio” donde no se levantan estadísticas y que coinciden con las áreas del país donde habitan estas personas. Las pocas estadísticas disponibles revelarían una realidad demoledora: Mortalidad entre niños indígenas sería hasta 10 veces más alta que la de cualquier otro grupo, alcanzando casi un 40%.

 “Los pueblos indígenas están sujetos a fuertes procesos de discriminación y vulneración de sus derechos. Las niñas indígenas tienen una expectativa de vida 40 años menor que una nacida en Caracas debido a la cólera y otras enfermedades que les afectan de manera desproporcionada. En lugares de Delta Amacuro la prevalencia del VIG supera el 30%, lo que los está diezmando. Son necesarios materiales informativos en los idiomas de los pueblos indígenas para combatir la expansión del virus” manifestó Tillet.

 Sobre el impacto de la minería en los pueblos indígenas venezolanos, Tillet explica que la minería descontrolada y masiva ha facilitado los vehículos para enfermedades endémicas como el paludismo. “Venezuela está aportando más del 50% de los casos de Malaria en el continente. Junto a Haití son los dos únicos países en los que la enfermedad ha venido creciendo. Los peces del Río Caura, base de la alimentación de los indígenas tienen una concentración de mercurio de 1,8 mg/kg el límite permitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es 0,5mg/kg”.

En el evento también participó Flor Pujol, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, quien hizo un llamado a las autoridades a informarse y aplicar medidas que han tenido impactos positivos fuera de nuestras fronteras, por ejemplo las llevadas a cabo en el norte de Brasil donde se han logrado controlar distintos tipos de epidemias.

 Próximos encuentros

 El siguiente foro sobre la emergencia humanitaria en Venezuela se desarrollará el miércoles 15 de noviembre de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. en Foro XXI, en el Centro Letonia de La Castellana, en Caracas, donde se dilucidará sobre la emergencia alimentaria: malnutrición y factores de riesgo infantil, incidencia en la salud pública de la crisis alimentaria y situación general de la producción agroalimentaria.

El tercer y último foro tendrá lugar el lunes 20 de noviembre, también de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. y en los mismos espacios, para aproximarse al drama de las migraciones a países vecinos desde Venezuela: diagnóstico y recomendaciones para  la atención de población migrante en riesgo.

En ambos eventos, abiertos sin costo alguno al público general y medios de comunicación, estarán participando, además de la coalición Cívilis que engloba a más de 170 organizaciones de la sociedad civil, Fundación Bengoa, Acción Campesina-CESAP, el Observatorio Venezolano de la salud (OVS), el Grupo de Estudios Antropológicos (GEA), el Laboratorio de Virología Molecular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el Observatorio de Migraciones Internacionales de la Universidad de Brasilia, Cáritas y la Universidad Central de Venezuela.

 Para más información; organizaciones, instituciones y personas interesadas pueden escribir a info@aiven.org o llamar al (0212) 7931318.

ONGs piden ante el TSJ respuesta a la crisis de salud

TSJ-

 

Este lunes 18 de julio de 2016, diversas activistas y organizaciones no gubernamentales, entre ellas la Asociación Venezolana por una Educación Sexual Alternativa (AVESA), FUNDANA, Prepara Familia, Observatorio Venezolano por los derechos humanos  de la Mujer, Voces Vitales de Venezuela, y ASOSABER, introdujeron un documento ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para exigir respuestas del Estado venezolano frente a la aguda crisis de salud, la cual tiene un impacto diferenciado sobre las mujeres.

En el documento introducido, señalaron que la grave crisis de salud por la que atraviesa Venezuela afecta derechos fundamentales como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a no morir por causas relacionadas con el embarazo y el parto, el derecho a obtener información en planificación familiar, el derecho a acceder a métodos para la regulación de la fecundidad, el derecho a la autonomía reproductiva y el derecho a no morir por causas relacionadas con el VIH/SIDA, ante las cuales el Estado venezolano está obligado a actuar en virtud de los marcos normativos nacionales e internacionales en materia de derechos de las mujeres.

Citaron como ejemplo cómo la escasez de anticonceptivos y condones afecta el derecho a la autonomía reproductiva en virtud del cual las mujeres pueden decidir libre y responsablemente cuántos hijos o hijas tener y cuándo. La escasez de preservativos, por su parte, incluyendo la escasez de condones femeninos, implica un riesgo para las mujeres y la población en general, de contraer infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH/SIDA.

El artículo 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela también dispone que el Estado debe garantizar asistencia y protección integral a la maternidad, explicaron las organización y a su juicio, no está ocurriendo dada la grave escasez de insumos médicos y medicamentos básicos como vitaminas para mujeres embarazadas, y el colapso de la infraestructura de salud.

Otros de los temas ante los cuales exigieron la acción del Estado venezolano son el aumento de las ya altas tasas de embarazo adolescente (la más alta de América Latina), y las consecuencias de salud como bajo peso al nacer, desnutrición y otros, exacerbados por la crisis; la aguda escasez de medicinas, insumos médicos y atención oportunas para el cáncer de mama; y la ausencia de datos e información sobre la relación entre el virus del Zika y las mujeres embarazadas en riesgo de tener bebés con microcefalia.

Mediante este documento, las organizaciones y activistas firmantes se suman a la causa interpuesta el pasado 23 de mayo de 2016 por las organizaciones PROVEA, CEPAZ, Codevida, Acción Solidaria, SenosSalud, Funcamama, Convite y Transparencia Venezuela ante la Sala Constitucional del TSJ demandando la protección del derecho a la vida y a la salud de los venezolanos.

*Con información de Nota de Prensa