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Asesinatos

Policía política del chavismo asesinó a más de 5000 venezolanos en 2019
Los funcionarios de la policía política del chavismo se aprovechan del “poder” para emprender ejecuciones extrajudiciales

El régimen de Nicolás Maduro cerró el 2019 con más de 5.000 personas asesinadas por fuerzas militares del chavismo, mientras que el país se mantiene como uno de los más violentos del mundo, destaca Panampost.

Una investigación del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) reveló que se registraron al menos 16.506 muertes violentas en 2019, con una tasa de homicidios de 60,3 por cada 100 000 habitantes, duplicando en violencia a países como Colombia o México con una tasa de 25 y 29 homicidios, respectivamente.

Epidemia de violencia policial

Durante la presentación del informe anual, Carlos Meléndez, uno de los directores de la ONG, señaló que en Venezuela existe una especie de “epidemia de violencia policial” donde funcionarios del régimen se aprovechan de su “poder” para emprender ejecuciones extrajudiciales bajo la falsa excusa de “resistencia a la autoridad”.

El informe señala que se llevaron a cabo 5.286 muertes en manos de funcionarios policiales por el uso excesivo de la fuerza. De hecho, luego de que Michelle Bachelet presentara en julio su primer informe sobre la situación en Venezuela y denunciara las ejecuciones extrajudiciales, en el país fueron asesinadas 2.698 por la acción policial letal.

 

De acuerdo con el OVV, en su mayoría estos homicidios fueron cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado, entre ellos las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), comando especial de la chavista Policía Nacional Bolivariana. El OVV realiza este informe con base en los registros obtenidos por un observatorio de prensa, encuestas de muestreo y “cifras agregadas extraoficiales” que, aseguran han sido “levantadas por el Ministerio de Interior”.

Rito de iniciación

Las FAES, mejor conocidas como la policía política de Maduro, estarían implementando una especie de «rito de iniciación» para sus nuevos miembros. Se denuncia que quienes se convierten en sus funcionarios «deben ubicar una víctima y matarla» para iniciar sus carreras. Este es uno de los cuerpos de seguridad del Estado denunciado por su presunta vinculación con asesinatos selectivos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas.

Roberto Briceño-León, director del OVV, dijo a BBC Mundo que “El procedimiento suele ser el mismo. Llegan encapuchados y sin identificación, lo que viola todas las leyes venezolanas, y mientras unos cortan la calle y alejan a los familiares, otros matan al ciudadano, casi siempre en el interior de su vivienda”.

Además, ha informado que “hay pocos casos de funcionarios policiales condenados en Venezuela, pero con la FAES la impunidad es total”. Denunció que funcionarios del Ministerio Público admiten confidencialmente que las investigaciones que afectan a la polémica fuerza policial son sistemáticamente bloqueadas.

A pesar de las denuncias a nivel nacional e internacional, el pasado 20 de diciembre el mismo Maduro llamó a “expandir el FAES” para que trabaje de la mano con los consejos comunales y las comunas, organizaciones de origen cubano implementadas por el chavismo.

Más de 200 venezolanos fueron asesinados en Colombia entre enero y julio

EL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL EN COLOMBIA reveló que 233 venezolanos han muerto en durante el primer semestre del año en diferentes hechos violentos. 

El estudio indica que, entre enero y julio, se registraron 252 homicidios cuyas víctimas eran extranjeras. De esta cifra 233 son de nacionalidad venezolana, 206 hombres y 27 mujeres.

“En este momento muchos de ellos -venezolanos- están siendo utilizados para hurtos, cuidado de zonas de expendio de sustancias psicoactivas, cobrar vacunas”, aseguró Johan Avendaño, experto en seguridad ciudadana.

De acuerdo con el informe, 1.754 venezolanos fueron objeto de violencia interpersonal, Bogotá fue el escenario del mayor número de casos con 629 seguido de Antioquia con 124.

En lo que va de 2019, muere un ciudadano venezolano a diario en Colombia 

Otra cifra que preocupa es la que tiene que ver con la violencia sexual. Medicina legal reportó que entre enero y julio 403 mujeres fueron víctimas de este delito, mientras que la cifra de hombres ascendió a 77.

“En el proceso de desplazamiento hay condiciones de hacinamiento altos y eso implica que las mujeres se conviertan en las mayores víctimas potenciales de sufrir violencia de género”, dijo Avendaño.

Además, la entidad reveló que en el primer semestre del año 18 ciudadanos venezolanos se suicidaron.

Cuatro mujeres warao asesinadas en menos de un año esperan justicia en Delta Amacuro

CUATRO MUJERES PERTENECIENTES al pueblo indígena warao fueron asesinadas entre junio de 2018 y junio de 2019, los casos permanecen bajo investigaciones sin decisiones conclusivas por parte de la justicia venezolana.

El doble crimen cometido por efectivos de la GNB en la comunidad de Mariusa, donde perdieron la vida una niña indígena de seis años, Belkis Mendoza 23 años y el bebé de 6 meses que llevaba en su vientre continúa en fase de investigación por la Fiscalía 7ma del estado Delta Amacuro y la Fiscalía 85 con competencia nacional, a cargo de Simón Adrian Ruiz del Ministerio Publico.

Por el caso está privado de libertad el sargento segundo de la Guardia Nacional (GN) David Alfonzo Flores de 21 años, imputado por los disparos efectuados a la embarcación.  

El hecho ocurrió el 29 de abril del presente año, esa tarde, un grupo de 20 waraos, regresaba hasta su comunidad en una embarcación de procedencia trinitaria, luego de haber recolectado agua dulce,  cuando fueron atacados por una comisión militar que patrullaba la zona.

El caso de la joven estudiante del bachillerato que recibía en vida el nombre de Marlín Bolívar de 14 años de edad, es el más reciente, ocurrió el 31 de mayo. La adolescente apareció sin vida en la vivienda donde vivía, del sector conocido como Paloma, parroquia Antonio José de Sucre, municipio Tucupita.

La víctima era de procedencia warao, de la comunidad de Tórtola, municipio Casacoima. Su cuerpo apareció maniatado  y amordazado con su sabana; se conoció que por el hecho fue detenido un hombre que luego fue liberado.

De manera extraoficial transcendió que la de la estudiante, una docente jubilada,  fue detenida y es la primera sospechosa del crimen.

De igual forma, el 18 de junio de 2018, apareció el cuerpo sin vida de la joven indígena Yoselin del Valle Martínez, estudiante universitaria de la comunidad warao del Moriche, municipio Tucupita. El hallazgo fue realizado por los cuerpos de investigadores en la orilla del caño Manamo, lugar donde fue tirado el cuerpo con signos de violencia, golpes, violación y sañas en el cadáver.

Cuatro casos, cuatro féminas waraos asesinadas en el transcurso de 12 meses. Todos continúan impunes.

 

Con información de Kapé Kapé

La FAES mató a 120 personas en Lara en el primer semestre de 2019
De los 276 homicidios ocurridos en el estado en 6 meses, los cuerpos de seguridad son responsables de 156, más de 50% de los casos

 

LA FUERZA DE ACCIONES ESPECIALES (FAES) de la Policía Nacional acabó con la vida de 120 personas en el estado Lara en el primer semestre de 2019. En promedio este cuerpo de seguridad mató dos personas cada tres días en un lapso de 182 días, según registra la ONG Provea.

La FAES operó en ocho de los nueves municipios de la región, siendo el principal Iribarren (Barquisimeto), donde asesinaron 90 personas; seguido de Palavecino con 11 víctimas; Torres con seis personas asesinadas; Simón Planas con cuatro; Morán y Jiménez con tres cada uno; en Crespo fueron dos y en Urdaneta uno. El único municipio que no fue tocado por este grupo fue Andrés Eloy Blanco. El total de personas muertas en los municipios foráneos fue 30.
De las 120 víctimas, una era mujer, un adulto mayor, dos adolescentes. 73 personas tenían una edad promedio entre 18 y 30 años. El registro incluye 31 víctimas que tenían más de 30 años y 13 personas de las que no se pudo conocer la edad.

Las 120 víctimas de las FAES son el registro más alto en la historia larense de supuestos casos de “resistencias a la autoridad”.

Durante el mismo período de seis meses, se reportó la muerte por presuntos enfrentamientos de otras 36 personas a manos de diversos cuerpos de seguridad de la región, que sumados a los 120 casos de la FAES son 156 homicidios cometidos por la fuerza pública. Adicionalmente ocurrieron 120 homicidios cometidos por civiles. Esto significa que los cuerpos de seguridad son responsables de más de 50% de los homicidios ocurridos en Lara en los primeros seis meses de 2019.

Las FAES llegaron al estado Lara a mediados en agosto de 2018, y en esos cuatro meses y medio mataron a 97 personas. En lo que va de 2019 han sumado las otras 120 víctimas para un total de 217 personas asesinadas por este cuerpo policial que viste de negro, cubre sus rostros con capuchas y porta armas largas, consideradas armas de guerra.

Este grupo además utiliza armas calibre 9 milímetros, de uso oficial y repite el patrón, ya identifica en la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), de dos disparos en el pecho de las víctimas.

Tomando en cuenta las cifras de Monitor de Víctimas, que registra que en 2018 la FAES fue responsable de 256 homicidios en el Área Metropolitana de Caracas, en 10 meses y medio en el estado Lara la cifra muy similar, pues en menos de un año la FAES cometió 217 ejecuciones judiciales, o lo que ellos llaman resistencia a la autoridad, en una sola región. La diferencia es de 39 víctimas.

Por esta razón, Lara podría ser considerado uno de los estados en donde el FAES actúa con mayor letalidad en Venezuela.

Paradas por Bachelet

Según las cifras recabadas en esta región, en el mes de enero fueron asesinadas 27 personas, la misma cantidad para febrero, y en marzo fueron 16. Hubo una parada por parte de este grupo armado en su accionar una vez que la comisión técnica de derechos humanos de la ONU pisó suelo larense.

En el mes de abril, cuando hubo un primer pronunciamiento por parte de la alta comisionada Michelle Bachelet, este grupo continuaba operando bajo perfil. Sin embargo, en abril mataron a 13 personas, y en mayo aumentaron la letalidad nuevamente al repuntar con 24 casos.

Con la llegada de Bachelet a Venezuela, en junio, las FAES disminuyeron sus acciones en Lara, dejando 13 procedimientos con igual cantidad de muertos.

Es de resaltar que la Alta Comisionada de la ONU en su informe hace alusión a la letalidad del FAES y pide disolverlas. Bachelet pudo tener acceso a víctimas de este grupo armado, incluyendo casos del estado Lara. La muerte de unos hermanos y su vecino en El Tocuyo, municipio Morán; la de un deportista y su vecino en Carora, municipio Torres, fueron al menos dos de los casos escuchados por la funcionaria de Naciones Unidas.

Mandados por la Gobernación

Además de las ejecuciones extrajudiciales que han cometido las FAES, en la región también se han realizado detenciones y acciones netamente políticas, las cuales son comandadas por Kleyder Ferreiro, secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, denuncia la ONG Provea.

Entre los eventos registrados está la incautación de un sonido para una concentración de la oposición, además de la detención de su chofer, las constantes alcabalas en la urbanización Sucre de Barquisimeto, así como el asedio a sus residentes a quienes les han violentado sus hogares, la detención de personas, las arremetidas en manifestaciones incluyendo las del 30 de abril cuando una funcionaria de las FAES disparó a quemarropa perdigones en sus brazos a Julio Colmenárez, reportero gráfico del diario El Informador.

 

Ese mismo día del ocurrió la detención del estudiante de comunicación social Oscar Sayago, a quien golpearon y le dispararon perdigones en su espalda y glúteos. Provea denuncia que el monitoreo en concentraciones y reuniones de la oposición, son algunas de las acciones que este grupo armado realiza en toda la región.

Las acciones de las FAES en la región larense han sido catalogadas como letales. Algunas denuncias por parte de los familiares se han hecho ante la Fiscalía 21 con competencia en Derechos Fundamentales del Ministerio Público pero no pasan del simple recibimiento de la denuncia. No existe una investigación posterior.

“Desde la Gobernación del estado Lara y de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana aplauden y justifican el accionar de las FAES, y es que Kleyder Ferreiro quien es el responsable de la seguridad en la región, ha comandado mucho de los procedimientos de las FAES en Lara y también se ha visto vestido de negro y encapuchado en algunos procedimientos”, afirma Provea.

En respuesta a estos señalamientos y al incremento en los casos registrados como resistencia a la autoridad, el funcionario aseguró: “Se está haciendo el trabajo lo que pasa que los años anteriores excepto finales de 2017 y 2018 los nueve años anteriores no hubo un combate al delito cuerpo a cuerpo en las zonas donde se registraban incidencia delictiva”.

El director de Seguridad Ciudadana de Lara también ha señalado que las FAES se meten en “el territorio de los lobos”, negó algún abuso policial y dijo que las denuncias surgen porque incluso los delincuentes tienen quienes los defiendan. “Lamentablemente, señora madre, señora esposa, señor hermano, aconseje a su familiar delincuente a que primero deje de ejecutar acciones delictivas; segundo, si está solicitado que se entregue, se ponga a derecho; y tercero que si le llega la policía sea inteligente, se entregue. Después no salgan diciendo ‘mi hijo era deportista, iba al triatlón de las Américas’”.

Cicpc anuncia detenciones por asesinatos durante protestas del #30Abr

EL DIRECTOR DEL CUERPO DE Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, afirmó que han practicado detenciones por las muertes ocurridas durante las protestas registradas el 30 de abril y el 1 de Mayo.

Durante una rueda de prensa, Rico no precisó si los detenidos son civiles o militares, argumentando que son casos que lleva el Ministerio Público.

Por su parte, el protector del estado Táchira, Freddy Bernal, en entrevista en VTV hizo un llamado al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Maikel Moreno y al Fiscal General de la República, Tarek William Saab, a que tomen las medidas necesarias para hacer “justicia” y condenar a los implicados en los hechos del pasado 30 de abril.

“El pueblo de Venezuela pide justicia (…), ¿qué vamos a esperar para meter a la cárcel a los traidores?, ¿qué asesinen a alguien, que en su locura ponga una bomba en el Metro y asesine a un poco de gente?, no podemos esperarlo”, dijo.

Bernal sostuvo que no se puede “perdonar” a las personas que atentan contra la vida de otra y que además, no se pueden descartar que existan individuos que intenten dar “otro paso contra las instituciones”.

 

*Con información de El Pitazo y Unión Radio

Juan Guaidó: Mañana sábado volveremos a la calle de manera pacífica

EL PRESIDENTE ENCARGADO DE VENEZUELA, Juan Guaidó informó en rueda de prensa que mañana sábado volverán a la calle de manera pacífica para exigirle al gobierno de Maduro el cese de usurpación.

El líder de oposición manifestó que “la Operación Libertad debe continuar”. Convocó a marchar hacia las principales unidades militares. “Debemos continuar con las protestas. Debemos continuar pacíficamente y no morder el peine. Va a haber justicia para esos jóvenes que han sido asesinados brutalmente”.

 

“Mañana -sábado- vamos a ir a entregar un documento a las fuerzas armadas para que atiendan el llamado de Venezuela”.

 

 

“Hay 271 asesinados simplemente por protestar mientras que Maduro está sentado usurpando funciones en Miraflores”, enfatizó el mandatario interino, lamentando el fallecimiento de cuatro jóvenes durante las manifestaciones del 30 de abril y el 1 de mayo. Envió su sentido pésame a los familiares de las víctimas que protestaron para exigir un cambio político en el país.

El presidente interino señaló que varios militares de distintos rangos le han expresado a los dirigentes de la Asamblea Nacional su voluntad de permitir un cambio de gobierno a pesar de la persecución que sufren por parte del oficialismo.

“Altos oficiales, oficiales medios se han pronunciado. Hay descontento en la familia militar, vendrán nuevos pronunciamientos, nosotros no pedimos golpe sino que se sumen a la defensa de la Constitución. Hay muchísimos militares descontentos. Nosotros no estamos pidiendo enfrentamientos; estamos pidiendo que apoyen la transición para que haya gobernabilidad y podamos llegar a las elecciones libres”, dijo.

Guaidó se pronunció por la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en contra del diputado, Edgar Zambrano.

“Dado a la gravedad la falsa denuncia que le hacen a Edgar Zambrano que está trabajando por Venezuela, de lo que no pueden culpar al parlamentario es de la situación por la que atraviesa Venezuela, de eso es responsable el régimen”, aseveró.

El líder desmintió la versión del diario español El Confidencial sobre el adelanto del levantamiento militar del 30 de abril.

“No estaba en nuestro control adelantar o atrasar nada. Estamos en la construcción de capacidades”, aclaró.

Asimismo, se abstuvo de informar sobre las razones que impidieron la incorporación de más efectivos militares al alzamiento.

 

OVCS: 55 manifestantes asesinados en lo que va de 2019

LA JOVEN JURUBITH RAUSSEO GARCÍA falleció este miércoles en escenarios de protestas en Venezuela, informó la ONG Observatorio de Conflictos (OVCS), con lo que se eleva a dos el número de personas muertas por la nueva ola de manifestaciones antigubernamentales en el país.

“Condenamos el asesinato de la joven Jurubith Rausseo García (27) por impacto de bala en la cabeza durante manifestación en Altamira (Caracas)”, dijo la ONG en su cuenta de Twitter.

Según la misma OVCS, con esta muerte asciende “a 55 la cifra de manifestantes asesinados” en acciones contra el régimen de Nicolás Maduro durante este 2019.

El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, a quien más de 50 países reconocen como presidente encargado, dijo en Twitter que se compromete a hacer que la muerte de la mujer en una clínica de Caracas “les pese a quienes decidieron disparar” contra los manifestantes durante la jornada de hoy.

“Esto tiene que parar y los asesinos tendrán que hacerse cargo de sus crímenes. Pondré mi vida en que así sea”, añadió.

El martes, Samuel Enrique Méndez, de 24 años, murió durante las protestas que se desataron en el estado de Aragua (centro) tras el intento de Guaidó de liderar un levantamiento militar, informó entonces la ONG Provea, que no detalló las causas de la muerte.

El diputado opositor natural del estado Aragua, José Gregorio Hernández, publicó en redes sociales un vídeo en el que se observa a un grupo de jóvenes caminando por una calle cargando el cuerpo del joven, mientras entonan el himno nacional del país.

De acuerdo con fuentes sanitarias y gremiales, más de 50 personas resultaron heridas solo en la capital venezolana durante las manifestaciones de este miércoles.

Un total de 46 heridos fue atendido en el municipio caraqueño de Chacao, donde las fuerzas de seguridad y miles de manifestantes se enfrentaron durante varias horas en atención a un llamamiento hecho por Guaidó.

Por otra parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que una decena de periodistas también sufrieron lesiones durante la cobertura de las protestas antigubernamentales que se produjeron en Caracas y en casi la totalidad de los 23 estados del país.

El gremio destaca que cinco reporteros fueron heridos con perdigones, un instrumento generalmente usado por la fuerza pública para disuadir las protestas.

Entretanto, el equipo político de Guaidó ha cifrado en 78 el total de heridos en todo el país.

El día que las FAES mató a 9 personas y trató de ocultarlo
El 18 de febrero de 2019, el grupo élite de la Policía Nacional Bolivariana ejecutó razzias policiales en siete barrios de Caracas, pero solo reportaron un procedimiento. Los familiares aseguraron que las algunas de las víctimas fueron asesinadas de varios impactos de balas, pero en todos los casos se reseñó un disparo mortal y una misma causa de muerte de forma genérica

 

LA MAÑANA DEL 19 DE FEBRERO de 2019 decenas de familiares se agolparon en la morgue de Bello Monte para dar testimonio de la brutal actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana el día anterior. En menos de 24 horas, durante razzias  realizadas en varios barrios de Caracas, el grupo élite de la PNB habría acabado con la vida de nueve personas.

Esta vez, las FAES solo reportaron un procedimiento: el caso de Deivis Ramsés Brito, a quien estigmatizaron como un delincuente apodado “el chino”, quien habría muerto por “resistencia a la autoridad” en un operativo realizado en San Agustín del Sur. Una vez más se usó el eufemismo “neutralizado” que pudiera enmascarar una ejecución extrajudicial.

Las irrupciones de las FAES en El Junquito, Petare, Mariche, Carapita, Las Mayas y Los Jardines de El Valle el lunes 18 de febrero no fueron informados, ni por reportes policiales ni por notas de prensa.

Frente al intento de invisibilidad la brutalidad policial, los familiares aportaron información sobre irregularidades y contradicciones en las informes de autopsias y certificados de defunción, las cuales indican que las FAES también se esfuerzan por mantener la impunidad de los excesos que se les atribuyen.

Además de Deivis Ramsés Brito, fueron asesinados Yeiberson Fabian Molina Casto, de 18 años de edad; Michael José Atencio López, de 22 años; Yorman Allende Figueroa, de 22 años; Samuel Velazco de 31 años; Wilkis Alberto Sevilla Milia, de 34 años; Richard Gerardo Avilán Campos, de 26 años; Alí Antonio Carrillo Linares, de 26 años, y Teófilo Antonio Boza Bozo, de 36 años de edad.

Todos los certificados de defunción reseñan como causa de muerte “shock hipovolémico, hemorragia interna, causada por arma de fuego por el imparto de un único proyectil”. No obstante, familiares de las víctimas aseguran que los cadáveres de sus allegados tenían más de dos impactos de balas.

 

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En los certificados de defunción de ocho de las víctimas les colocaron la misma causa de muerte | Foto: Erick González 

Otro hijo asesinado

Milagros López estaba atribulada por la muerte de su hijo mayor Michael José Atencio López, de 22 años. Junto a sus demás familiares, llenaba la planilla que le dieron los funcionarios de la morgue para retirar el cadáver del joven asesinado por las FAES.

Lloraba en cada intento de precisar lo que ocurrió la mañana del lunes, en el sector Las Terrazas, de la parte alta de Los Jardines de El Valle. Relató que los oficiales llegaron a su casa a las 9:00 am, minutos después de que ella saliera a trabajar. “Mi hijo estaba durmiendo en su cuarto, todavía estaba en bóxer cuando llegaron los policías. En la casa estaban sus tres hermanos menores de 12, 14 y 18 años. A todos los sacaron y dejaron a mi hijo en la cama, allí lo mataron”, aseguró la madre.

Contó que ella no estaba en la casa y regresó tan pronto le avisaron de la incursión de las FAES. Pero, para entonces, ya el cadáver de su hijo lo habían trasladado al hospital Periférico de Catia. “Llegue y le pedí a los policías que me dejaran pasar y buscar a mi muchacho, pero uno salió y me dijo que lo fuera a buscar al Periférico de Catia, que todavía estaba herido. No era así, cuando fuimos a ese hospital nos dijeron que llegó sin vida” narró.

El joven, que trabajaba como carretillero en el mercado municipal de Coche, fue el segundo miembro de la familia en fallecer a manos de las FAES, el primero fue su cuñado, Luismar Sánchez Bermudes, de 18 años, a quien asesinaron siete meses antes, en similares circunstancias.

En el acta de defunción se escribió como causa de muerte: shock hipovolémico por arma de fuego causado por el imparto de un único proyectil. Pero sus familiares aseguran que el hombre fue asesinado por el impacto de tres balas, todas en el tórax. “Ahora mi nieto está huérfano de padre. ¿Para qué voy a denunciar, si no me van a devolver a mi hijo?”, dijo Milagros López.

En el informe de autopsia, los médicos forenses tampoco describieron que Michael tenía tres disparos en su cuerpo | Foto: Erick S. González 

“Mi muchacho me pedía ayuda, pero no pude evitar que lo mataran”

Familiares de Yorman Allende Figueroa, de 22 años de edad, tampoco dudaron en señalar a las FAES como responsables del asesinato del joven, cometido durante un operativo en el sector Santa Ana de Carapita. Su madre, que prefirió no ser identificada por miedo a represalias, relató que cuando llegaron los funcionarios la sacaron de la casa, pero aun así escuchaba los gritos de su hijo que pedía ayuda.

“Me sacaron a mí y a los demás de la casa. Escuchaba como mi muchacho me pedía ayuda, pero no pude evitar que lo mataran”, relató la mujer, quien no quiso detallar más sobre los hechos.

Dijo que hace un año, su hijo junto a un primo fueron detenidos por la presunta posesión de un arma de fuego, pero fueron liberados ese mismo día. “No pensé que la última vez que lo vería sería muerto”, lamentó.

Tanto Michael como Yorman cumplen con el perfil de víctima de las FAES en sus operativos. Los dos son jóvenes de una zona popular de la ciudad. Según datos de Amnistía Internacional, Provea y del Monitor de Víctimas, los oficiales perfeccionaron sus sistemas de represión y ejecución de ciudadanos en los últimos años, siendo las principales víctimas los jóvenes entre 17 y 30 años de edad.

Familiares detenidos durante 3 horas

En la morgue de Bello Monte también estaba la familia de Yeiberson Fabian Molina Casto, de 18 años, para consignar la denuncia hecha ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) por el asesinato del joven.

Como si no fuera suficiente el dolor por el crimen que habrían cometidos las FAES, tuvieron que soportar la “vigilancia” de los funcionarios de la medicatura forense para que no hablaran con ningún periodista. Aun así, Marcier Molina, padre del fallecido, comenzó a relatar los hechos que llevaron a la muerte del joven.

“Como a las 6:00 am llegaron los funcionarios de las FAES. Allí sacaron a todos a la calle y se los llevaron detenidos. Solo quedó mi hijo”, explicó el padre.

Comentó que la abuela de Yeiberson, su tío, su novia y su hijo de 9 meses de edad estuvieron detenidos por tres horas en la comandancia de la Policía Nacional Bolivariana de San Bernandino. El joven de 18 años quedó solo en su casa ubicada en el barrio Bicentenario, en el kilómetro 7 de El Junquito. “Lo mataron dentro de su propio hogar”, afirmó.

Sus allegados continuaron el relato, tras ser interrumpidos por el funcionario de la morgue. “Cuando vimos que estaban en la casa fuimos a averiguar qué estaba pasando. A los demás se los habían llevado detenidos, pero pude ver a Yeiberson. Estaba en bóxer y vivo. Luego se escucharon los disparos”, precisó otro de los familiares, que prefirió no decir su nombre.

Detalló que los funcionarios policiales, en actitud hostil, le dijeron que se alejara de la casa, porque las personas que vivían allí estaban detenidas en San Bernandino. “Me dijeron que al muchacho se lo llevaron al hospital de Los Magallanes herido. Supuestamente porque se enfrentó a los del FAES, pero eso no es verdad”.

El padre de la víctima agregó que los funcionarios policiales aseguraron que su hijo tenía antecedentes penales y por eso fue que llegaron hasta la casa. “Mi hijo sí estuvo detenido por presunta posesión de drogas en noviembre, pero, al momento que fue presentado en el Tribunal 41° de Control , la jueza se dio cuenta que a él lo sembraron los funcionarios del FAES que se lo llevaron preso. Eso ocurrió el 5 de noviembre de 2018. A mi hijo le dieron libertad plena”, sostuvo.

50 dólares por los daños sufridos

Funcionarios de las FAES irrumpieron en la casa de Teófilo Antonio Boza Bozo, de 36 años, a las 4:00 am del lunes 18 de febrero, durante un operativo realizado en el sector Niño Jesús, del kilómetro 3 de El Junquito.

En la vivienda había cinco mujeres y nueve niños y niñas, uno de ellos con una discapacidad motora. A Boza, informaron sus familiares, le dispararon en el segundo piso de su hogar, mientras los menores de edad y sus demás familiares lo escuchaban.

Sus familiares aún recuerdan los gritos de Teófilo antes de que fuera asesinado. “Vieja, Vieja, me están matando”, gritaba el hombre, mientras era sometido por los funcionarios de las FAES. En el primer piso de la casa, su madre escuchaba cómo su hijo le pedía auxilio. “Ella comenzó a gritar que no lo mataran, que si querían se lo llevaran preso. Pero igual le dispararon”, relató la esposa del fallecido, Juliana Padunis.  “Lo que me duele es que mis hijos no verán más a su padre”, expresó la mujer.

 

A Teófilo le dispararon cuatro veces los funcionarios de las FAES, en el certificado de defunción no lo escribieron | Foto: Erick González

Describió que pudo ver por una rejilla de la casa a los funcionarios que se bajaron de tres patrullas negras y dos carros Chevrolet Aveo, uno negro y otro gris, todos con las insignias de las FAES. “El niño que tiene discapacidad comenzó a convulsionar. No teníamos sus medicinas a la mano y los oficiales tampoco hicieron nada. Es más, solo robaron, mientras nos mantenían detenidos por horas y horas”, recordó.

A la 1:00 pm los funcionarios se fueron. Horas antes sacaron a Teófilo envuelto en una sábana de su cuarto. Le dispararon cuatro veces en el pecho, aseguran los testigos. Su cadáver fue trasladado hasta el hospital José Gregorio Hernández, en Los Magallanes.

Al igual que Michael, en el certificado de defunción  se colocó que la causa de muerte se debió a una sola herida de bala. “A todos les pusieron lo mismo. Son malvados”, expresó. Una una vecina agregó que le pusieron un arma de fuego al cadáver de Teófilo y le hicieron dispararla para dejar sus huellas dactilares.

Denuncian que de la casa de Teófilo se llevaron varias pertenencias, entre eso, 130 dólares en efectivo. “Cuando fuimos a la comandancia de Maripérez (antigua sede de la Policía Metropolitana) para reclamar sobre el robo y el abuso, uno de los oficiales salió y nos dio 50 dólares ‘en compensación por los daños’ nos dijo. ¿Acaso eso me iba a devolver a mi esposo?”, señaló la esposa del muchacho.

“O caminas o te mato frente a tus hijos”

Richard Avilán Gerardo Campos y Alí Antonio Carrillo, ambos con 26 años de edad, murieron en la misma casa a manos de las FAES, en Las Mayas, aseguraron sus deudos.

A las 7:00 am del lunes, los funcionarios allanaron la residencia y sacaron a la familia de Carrillo, mientras sometían a los dos jóvenes. Ambos recibieron más de dos impactos de balas.

A la espera de los demás familiares de Richard, estaba Gerliani León, su pareja, sentada afuera de las instalaciones de la morgue de Bello Monte. Relató que Richard estaba en casa de Alí cuando llegaron los funcionarios de las FAES porque ambos irían juntos a trabajar al Mercado Municipal de Coche.

“Me quedé en mi casa. Esa mañana me llamaron diciendo que las FAES se habían metido en el sector y que estaban en la casa de Alí. Me alerté, como pude bajé, pero ya era tarde. A mi esposo lo habían matado”, relató la joven.

Ambos cadáveres fueron trasladados hasta el hospital Pérez Carreño sin signos vitales. Richard tenía dos impactos de bala en el pecho.

Los familiares de Alí completaron el relato de Gerliani. Según narraron, los oficiales sometieron a ambos jóvenes, pero a Carrillo comenzaron a interrogarlo por algunas personas de la zona. “A él lo arrodillaron y comenzaron a golpearlo. Luego con cada pregunta se volvían más violentos. Primero le dispararon en una pierna y así continuaron. Todo esto frente a sus hijos”, señaló Walker Balsa, cuñado de la víctima.

“O caminas o te mato frente a tus hijos”, le dijo uno de los funcionarios que lo obligó a irse hasta el cuarto. Allí lo mataron, aseguró Balsa y destacó que después del doble homicidio, funcionarios de las FAES limpiaron la sangre de los cuartos y sala con un balde de agua, sacaron todos los cartuchos que quedaron en el suelo y en el techo.  “Ellos se montaron hasta en el techo buscando los cartuchos y balas”, agregó el cuñado.

Al igual que en los casos anteriores, en el informe de autopsia no documentaron que tenía tres disparos en ambas piernas y en el pecho. “Cuando llegue aquí me quede sorprendida por la cantidad de familias que también vinieron a retirar a sus familiares por las FAES”, dijo el hombre.

 

Los certificados de defunción no coinciden con las declaraciones de los familiares de las víctimas | Foto: Erick S. González 

Carrillo era obrero y tenía seis hijos. No tenía antecedentes penales a diferencia de Richard, quien estuvo preso hace un año y cinco meses por hurto y robo a mano armada.

“Richard ya había pagado su condena y fue puesto en libertad con órdenes de presentaciones mensuales. Ya estaba a punto de terminar ese proceso, solo le faltaba la boleta de los tribunales. Él se reformó y comenzó a trabajar, más bien incitaba a sus amigos hacer lo mismo. No funcionó”, sostuvo Gerliani.

Ambas familias tienen la intención de denunciar lo sucedido ante el Ministerio Público, aunque coinciden que es poco probable que les den justicia a los asesinos de ambos jóvenes. “Queremos denunciar, pero sabemos que no van a hacer nada”, dijo Gerliani. 

Habían denunciado el acoso, pero nunca  fueron protegidos

Emelis González y Joanna Solórzano también tuvieron que ir a la morgue de Bello Monte la mañana del 19 de febrero. Venían del sector Indios de Mariche, Petare, para reclamar los cuerpos de sus esposos: Samuel Velazco, de 31 años de edad y Wilkis Alberto Sevilla Miller, de 34 años de edad, ambos asesinados en la madrugada, presuntamente por las FAES.

Emelis inició la conversación. Detalló que ella estaba en la casa de su mamá porque tuvo una discusión con Samuel, razón por la que él se encontraba solo en su casa cuando los funcionarios llegaron al sector. “Como a las 3:00 am comenzaron el allanamiento. Estaba a tres casas, aterrada, porque no sabía que sucedía; mucho menos que habían ido a la mía, hasta que una vecina me aviso. Salí corriendo, pero los policías no me dejaban pasar. El funcionario me dijo: “Te voy a pegar un tiro si no te vas”, relató. Sin embargo, ella se escondió cerca de la casa donde tenían a Samuel.

González detalló que pudo ver, a través de una rejilla,  cómo golpeaban a su esposo. Dijo que Samuel no tenía camisa y los funcionarios lo mandaron a vestirse. Minutos después, lo sacaron a un callejón, cercano a su casa. Emelis escuchó disparos.

Los funcionarios que permanecieron en la casa comenzaron a hurtar las pertenencias de ambos fallecidos. “De mi casa se llevaron hasta una mezcladora, que le pertenece a un amigo de mi esposo”, recuerda Emelis.

En el mismo callejón mataron a Wilkis Alberto. Su pareja, Joanna, narró que los oficiales de las FAES entraron a la casa dándole golpes con mandarrias a la puerta. Ella y su esposo dormían.

“Tumbaron la puerta y entraron muy agresivos. No me hicieron nada a mí ni a mi hijo, pero si nos trataron mal. Nos obligaron a meternos en un baño, mientras que a mi esposo le ordenaban que se vistiera y se pusiera zapatos. Lo sacaron y lo mataron en el callejón”, relató Joanna.

Wilkis y Samuel recibieron un disparo en el tórax. Ambos fueron llevados al hospital Domingo Luciani, de Petare, sin signos vitales.

Hace cinco meses, funcionarios de las FAES le advirtieron a Emelis que iban a matar a su esposo. Del mismo modo habrían procedido con otros habitantes del sector. Ante la amenaza, varios vecinos denunciaron el acoso. Emelis fue una de ellas. A pesar de que consignó la denuncia ante el Ministerio Público, González no recibió respuesta. “Me mandaron a ir hasta El Helicoide, para que denunciara allí también, pero a mí me dio miedo. Cuando me acerqué al sitio, una persona me advirtió que no lo hiciera, porque me podría ir peor, por eso me devolví”, señaló.