Las últimas balaceras protagonizadas por supuestos miembros de la megabanda que opera en la Cota 905, al suroeste de Caracas, demuestran cómo uno de los grupos de crimen organizado más peligrosos de Venezuela ha fortalecido su poder y el control territorial durante el confinamiento por COVID-19
@ronnarisquez
Paralizar el suroeste de Caracas, cerrar la principal autopista de la ciudad, tomar las adyacencias de importantes dependencias militares y policiales, disparar armas de alto calibre contra vehículos blindados de la PNB, apoderarse del club social de la policía, robar la moto de un médico desvalido, y luego devolvérsela –en un gesto de aparente bondad– con la supuesta instrucción de difundir el acto reivindicativo en redes sociales, muestra cómo la megabanda de “El Coqui” ha logrado fortalecer su gobernanza criminal en el último año, sin sufrir los efectos de la pandemia por COVID-19 en Venezuela.
Este jueves 22 de abril, las redes sociales se estremecieron nuevamente con videos que mostraban a funcionarios policiales desvalidos y aterrorizados, mientras una lluvia de balas de fusil caía sobre sus vehículos oficiales. Supuestos miembros de los grupos criminales que operan en la Cota 905 y El Cementerio (parroquias El Paraíso y Santa Rosalía) atacaron a comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) que circulaban por la autopista Norte-Sur, que conecta con tres importantes autopistas de la ciudad: Francisco Fajardo, Valle-Coche y Caracas-La Guaira.
El tiroteo registrado esta semana es el quinto de gran magnitud protagonizado por la megabanda de “El Coqui” en Caracas, en lo que va de 2021, y el séptimo desde 2020. El 30 de marzo se apoderaron de las instalaciones del Club El Pinar, antiguo Club de la Policía Metropolitana y el 19 marzo bajaron de los barrios de la Cota 905, El Cementerio y El Valle, y se apostaron las calles de las parroquias El Paraíso y Santa Rosalía, a solo 4,5 kilómetros del Palacio de Miraflores, sede del Gobierno Nacional. Impidieron la circulación de vehículos y peatones, y mantuvieron en vilo a los habitantes de Caracas durante horas.
En redes sociales circularon todo tipo de versiones sobre el hecho. Sin embargo, es irrelevante si el grupo delincuencial pretendía robar baterías antiaéreas del Comando de la Guardia Nacional Bolivariana, si los jefes de la megabanda ejecutaron a cuatro de sus miembros en represalia por haber actuado “de su cuenta” (hecho del cual no hay reportes oficiales, ni registro de ingreso en la morgue de Bello Monte), o si pretendían “humillar” a los funcionarios de la policía judicial en la emboscada del pasado jueves (la mayoría tienen formación y trayectoria). Tampoco importa si los líderes mostraron su humanidad al perdonar la vida de un médico y devolverle su moto (aunque horas antes lo habían convertido en protagonista de su propia película de horror)… El punto no es si “El Coqui” es bueno o es malo.
Se trata de que la megabanda de “El Coqui”, que en realidad está liderada por Carlos Alfredo Calderón Martínez, alias “El Vampi” o “El Gordo”, y no por Carlos Luis Revete –como se había creído hasta ahora– es un grupo armado no estatal que ejerce cada vez con más fuerza una forma de gobernanza criminal en una importante porción de territorio de la capital de Venezuela.
Su dominio va desde la Cota 905 hasta Coche y abarca cinco parroquias de Caracas: Santa Rosalía, El Paraíso, El Valle, Coche y La Vega. Este espacio territorial tiene en su interior, al menos siete, importantes dependencias policiales y militares; y se podría llegar caminando al Palacio de Miraflores en menos de 45 minutos.
El grupo impone sus reglas de convivencia a los habitantes de las zonas que controla; se involucra en la repartición de alimentos del programa estatal; imparte “justicia”; desarrolla actividades económicas ilegales; somete a los cuerpos de seguridad, aunque tendría alianzas con algunas autoridades, reemplaza las instituciones y limita la vida de todos los ciudadanos de Caracas desde hace siete años.
Gobernanza criminal: a través o a pesar del Estado
La gobernanza criminal consiste en la regulación o imposición de normas de conducta que los grupos criminales aplican a los residentes de las zonas que ellos controlan. Los “sometidos” son personas que no pertenecen a la organización delictiva y la “dominación” podría ser incluso sobre bandas más pequeñas.
El concepto de gobernanza criminal ha sido abordado y analizado por investigadores y expertos en temas de violencia como Benjamin Lessing, profesor de la Universidad de Chicago, quien ha estudiado el fenómeno de las pandillas en Centroamérica, Río de Janeiro (Brasil) y Medellín (Colombia). “La gobernanza criminal florece en focos de escasa presencia estatal, pero en los que los Estados generalmente puede ingresar a voluntad”, escribió el académico.
En este caso, la megabanda de “El Coqui” es un grupo de crimen organizado que viene ejerciendo una forma de gobernanza criminal en un territorio desde comienzos de 2015, cuando una política gubernamental le entregó esa “zona de paz”.
La Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) interrumpió brevemente este dominio entre julio de 2015 y abril de 2017. Pero en agosto de ese mismo año, se habría concretado un nuevo acuerdo entre funcionarios del gabinete de Nicolás Maduro, y la megabanda de “El Coqui”. La reducción de los secuestros y el control social de estas zonas, en momentos cuando se desarrollaba una ola de protestas contra el Gobierno, eran parte de la negociación.
Aunque no hay documentos o imágenes que permitan afirmar las condiciones del acuerdo, funcionarios de la policía judicial han denunciado en varias ocasiones que tienen prohibido, por órdenes superiores, ingresar a la zona que controla la banda.
Runrun.es tuvo acceso a un video de mediados de 2018 de un juego amistoso de baloncesto en la cancha de la Cota 905. Los equipos estaban integrados por: funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la PNB y por presuntos miembros de la megabanda. El encuentro deportivo parecía sellar una tregua entre ambos grupos armados.
La profesora e investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) de México, Sandra Ley, explicó durante una presentación académica, que estos grupos no buscan tomar el control del Estado, como en el pasado lo hicieron los grupos guerrilleros. Sino que buscan operar a través o a pesar del Estado.
“No es la captura criminal del Estado en sí, es más bien la captura criminal de todas las estructuras sociales de una comunidad. En esta lógica de gobernanza criminal, estos grupos están ejerciendo no solo un control sobre el mercado criminal sino sobre la población local, sobre políticos y sobre la economía”, señaló Ley.
La investigadora también dijo en una conferencia sobre el caso mexicano: “Esta gobernanza criminal propicia controles de facto en donde los grupos criminales ejercen su fuerza no solo sobre el mundo criminal sino sobre la sociedad y el Estado”.
Hay cuatro controles que se ejercen dentro de la gobernanza criminal: control territorial (es el espacio donde opera la organización), control económico (son los negocios ilícitos del grupo), control social (regulan la participación y conducta de las comunidades, además del suministro de algunos servicios), y control político (está referido a la influencia que ejercen estos grupos en los procesos electorales locales de algunos países).
Sin embargo, no siempre tiene que haber todas estas formas de control para hablar de gobernanza criminal.
Así es que se gobierna en la Cota 905
El incidente ocurrido en Caracas el 22 de abril pudiera ser una demostración de control territorial. En un audio que recoge una conversación por radio entre dos de los supuestos delincuentes, uno de los hombres dice: “Lo que no saben ellos es que tenemos toda Caracas controlada, toda Caracas dominada”.
En otro mensaje de voz enviado a grupos de policías, uno de los funcionarios víctimas del ataque relata que las comisiones de la División de Vehículos del CICPC acababan de salir del barrio El 70 de El Valle (uno de los bastiones de la megabanda) en 11 patrullas. Se dirigieron hacia la autopista y “antes de entrar al túnel estos malditos comenzaron a efectuar disparos de todos los ángulos, desde el túnel, de las dos alas, por la parte de atrás y por la parte de El Cementerio a los dos laterales… nos disparaban con fusiles, únicamente fusiles”.
En ese hecho cuatro funcionarios del CICPC resultaron heridos, dos vehículos de este cuerpo policial fueron desvalijados por los delincuentes, mientras que una unidad blindada de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fue atacada a balazos. Los disparos salían desde los barrios ubicados en las montañas que rodean la autopista, que son controlados por “El Coqui”.
La balacera del 19 de marzo, pudiera obedecer también a la lógica del control territorial. En esa ocasión los miembros de la banda impidieron la circulación de vehículos por una autopista y tomaron los accesos al barrio desde la intersección entre las avenidas Victoria y Nueva Granada. Sus balas acabaron con la vida de Deisy Rivas, una mujer que vivía en un apartamento en El Paraíso.
En enero de 2021, un grupo de hombres supuestamente pertenecientes a la banda de “El Coqui” comenzó a verse en la parte alta de La Vega, lo que motivó una violenta intervención policial, conocida como la masacre de La Vega, en la que murieron, al menos, 15 personas. La presencia del grupo criminal en esta zona fue interpretada por algunos analistas como un intento de expansión territorial de la megabanda con el objetivo de aumentar y diversificar su control económico y sus rentas criminales (extorsiones, entre otras), que posiblemente se habían visto disminuidas por la pandemia.
Al inicio del confinamiento en marzo de 2020, circularon fotos de un hombre, que supuestamente era “El Coqui”, repartiendo comida a los habitantes de la Cota 905. También se ha dicho que entrega juguetes a los niños de la comunidad y ejerce cierto control sobre la venta de alimentos del programa estatal Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP). En otra ocasión, residentes de la misma zona solicitaron la ayuda de “El Coqui” para la resolución de conflictos vecinales. Adicionalmente las personas que desobedecen las reglas de la megabanda son asesinadas y lanzadas por un ducto de basura. Estas acciones constituyen una forma de control social, que busca ganar la lealtad de la gente, por las buenas o mediante el uso de la violencia.
¿Qué pasó en la autopista Norte-Sur?
Aunque todo lo anterior pareciera indicar que las instituciones del Estado han fracasado en el control del monopolio de la fuerza y su responsabilidad de proveer seguridad a la ciudadanía, se ha demostrado que en caso venezolano algunas teorías tienen sus variaciones y no todo es como parece.
La supuesta relación y cooperación entre grupos armados no estatales e instituciones del Estado venezolano ha sido denunciada con frecuencia. Incluso en 2018 la Fundación InSight Crime realizó una investigación que mostraba la convivencia del gobierno de Venezuela con una diversidad de estructuras criminales: colectivos armados, pranes (líderes delictivos de las prisiones), exguerillia colombiana (disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN), paramilitares (Rastrojos), sindicatos mineros y megabandas.
Un funcionario de la policía judicial, que pidió no ser identificado, ofreció su versión sobre los hechos protagonizados por la megabanda de “El Coqui” en los últimos meses. “Se sabe que son delincuentes y los colocan frente a la sociedad como líderes negativos, pero nunca se adoptó una política criminal para acabar con ellos. La razón es que son organizaciones armadas que utilizan para hacer estupideces y así tapar noticias que de alguna manera le van a afectar la imagen al Gobierno”.
El policía, con más de 15 años de carrera, considera que lo ocurrido el jueves fue un espectáculo con un alto componente político detrás. “Un circo que se va a montar entre semana y siempre será el mismo resultado: funcionarios heridos y por parte de ellos (los delincuentes) ningún tipo de bajas. A ellos se les aplaudió que le entregaran la moto a un médico, como si fueran héroes. Simplemente a los ojos del que sea son delincuentes y hay que verlos de esa manera”.
La situación confusa y escandalosa que se registró en mayo 2020 con la megabanda de “El Wileixis” encajaría también en la práctica descrita por el funcionario.
