antejuicio de mérito

Elvira y José Pernalete solicitaron este martes a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un antejuicio de mérito para seis funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro por la comisión de diversos delitos en contra de su familia, la memoria de su hijo y la investigación.

Obstrucción a la justicia, tratos crueles, usurpación de funciones, instigación al odio y abuso de la credulidad popular son algunos de los delitos previstos en las leyes venezolanas por los cuales los padres del joven asesinado en Altamira durante una protesta en abril denuncian a los altos funcionarios.

A pesar de que han pasado casi tres meses desde que un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariano (GNB) disparó una bomba lacrimógena al pecho de Juan Pernalete y lo mató, la identidad del asesino no ha sido descubierta, no por falta de investigaciones científicas por parte del Ministerio Público, asevera el padre del joven, sino por la poca cooperación y diligencia de la misma GNB.

Esta razón los impulsó a buscar justicia por la muerte de su hijo, y a demandar que al menos tres funcionarios que conforman la cadena de mando de la Guardia Nacional respondan por los crímenes cometidos por el cuerpo de seguridad, específicamente el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el ex comandante de la GNB, Antonio Benavides Torres y el general de la GNB, Fabio Zavarse Pabón.

«Estos tres militares han actuado en complicidad para desvirtuar los hechos en que fue asesinado el joven de 20 años mediante comunicados afirmando que no fue un GNB el implicado en el delito, y han obstruido el camino que la justicia debe recorrer para identificar, individualizar y enjuiciar al funcionario culpable del crimen, a quien han resguardado», señaló José Pernalete, padre de la víctima.

Los Pernalete también pidieron el antejuicio de mérito para los diputados a la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello y Pedro Carreño, y el ministro de Comunicación Ernesto Villegas. Estos tres oficialistas han cometido faltas por las cuales deben ser enjuiciados, considera el abogado del caso, Waldemar Núñez.

Para acusar a Diosdado Cabello, los familiares se basan en las declaraciones en que el aún parlamentario –a pesar de ser candidato a la Constituyente– afirmó que fueron los estudiantes que se encontraban el 26 de abril en el sector Altamira manifestando quienes asesinaron a Pernalete. Además incluyen las calificaciones de “terroristas” y “criminales” con que el diputado oficialista se refiere a los ciudadanos que participan en las protestas, incluido Juan Pernalete y la falsa afirmación de que el estudiante fue asesinado con una pistola de perno.

Los delitos que le atañen son instigación al odio, abuso de la credulidad popular, obstrucción a la justicia y tratos crueles e inhumanos, el cual se encuentra en la Ley Especial Para Prevenir Y Sancionar La Tortura Y Otros Tratos Crueles, Inhumanos O Degradantes que el mismo Cabello firmó en 2013 cuando ejercía la presidencia de la AN.

Por otra parte, el ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, expuso en reiteradas ocasiones ante medios de comunicación públicos la errónea tesis de la pistola de perno, incluso aceptando que la Fiscal tiene una verdad, pero ellos tienen la suya. “Quiso decir que estas personas conjuntamente tenían la intención de desvirtuar todo lo que estaba pasando en la realidad de la muerte de Juan Pernalete, atentando contra las leyes, la Constitución y la institucionalidad”, afirma el abogado Núñez. Además, Villegas permitió el uso de las instalaciones del Estado para que tanto Cabello como periodistas de Zurda Konducta atentaran contra las leyes venezolanas al hacer juicios de valor sobre el caso que es potestad del Ministerio Público, lo que podría traducirse como un delito de corrupción.

El caso contra Pedro Carreño está sustentado en su petición de antejuicio de mérito a la Fiscal, quien dio parte de los avances oficiales en el caso de Pernalete, por lo que el intento de negación de la justicia resulta en delito de obstrucción en la investigación y por ende, la justicia.

Elvira y José Pernalete agregan en sus denuncias a los funcionarios los tratos crueles hacia ellos como padres de la víctima, pues las declaraciones que han hecho los tres funcionarios sobre la muerte de su hijo y las falsas informaciones sobre su muerte han hecho mella en su estado psicológico, de acuerdo a la conclusión de diversos exámenes que el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) realizó a los padres. Asimismo, incluyen la perjuría a la memoria de Juan Pernalete al llamarlo “terrorista” y “criminal”.

La familia Pernalete –sus padres y el abogado del caso, quién es su primo– se basan en una jurisprudencia del 2002 emitida por la Sala Constitucional –cuyas decisiones son vinculantes en todo caso– para pedir el antejuicio de mérito, el cual normalmente solo puede pedirlo la Fiscal General de la República. La jurisprudencia 1331 firmada por el magistrado Jesús Eduardo Cabrera permite a los ciudadanos que tienen cualidad de víctima en delitos penales de ejercer el antejuicio contra altos funcionarios.

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, asegura que nada la separará de la cruzada institucional que emprendió en marzo, cuando denunció la ruptura del orden constitucional. Con la Constitución de 1999 en la mano, en entrevista con El Nacional, advierte de los riesgos que se ciernen sobre el país si el presidente Nicolás Maduro insiste en iniciar un proceso constituyente por encima de la voluntad popular.

—¿Cree que el gobierno impondrá la asamblea nacional constituyente pese al rechazo del pueblo?

—Estoy en desacuerdo con la constituyente porque la Constitución dice que el pueblo es el soberano, es el dueño del poder constituyente; en consecuencia, nadie puede convocarla sino el pueblo. Se mandan muy malos mensajes porque las autoridades dicen que es normal violar la Constitución. La oferta es engañosa porque la constituyente no va a resolver los grandes problemas de la alimentación, de los hospitales, de la inseguridad. El índice de homicidios el año pasado se ubicó en 70,1 por cada 100.000 habitantes. No se plantea cuáles son las acciones que se van a emprender para resolver estos graves problemas. La constituyente se ha promocionado bajo amenazas. Si se concreta, habrá más miseria, más inseguridad, más incertidumbre, más desesperanza, más tristeza, más opresión.

—¿Cuál cree que es la intención de Maduro al insistir en la constituyente?

—Perpetuarse en el poder, mantener sometido al pueblo, plagarlo de hambre y miseria, represión, angustia y desesperanza.

—¿Qué está en sus manos para frenar la ANC? ¿Podría solicitar un antejuicio contra el presidente?

—Todo lo que esté en mis manos lo voy a hacer, siempre y cuando esté ajustado a la Constitución y a la ley. El antejuicio no tiene nada que ver con la constituyente, pudiera ser. Pero estamos frente a un Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo porque la mayoría de sus magistrados no llenan los requisitos. En los recursos que introduje ante el TSJ no entraron a ver ni siquiera el fondo. ¿Ante qué autoridad puedo hacer una solicitud de antejuicio de mérito contra cualquier alto funcionario? Frente a la violación de los derechos humanos que cité para imputar al director del Sebin y al ex comandante de la GNB, salió el tribunal a satisfacer al Ejecutivo. Cité a los familiares de un candidato a la constituyente para imputarlo por el caso de Odebrecht, y el TSJ dijo que tenían que imputarlo en sede tribunalicia. Este TSJ es el brazo ejecutor de las acciones del Poder Ejecutivo.

—¿Considera que el pueblo puede desconocer la constituyente amparándose en el artículo 333?

—Del 333 pueden valerse todos los ciudadanos. Están llamados a restablecer la vigencia de la Constitución y decir cómo son las cosas. Y una de las primeras que hay que decir es que esa constituyente es inconstitucional y debería quedar sin efecto. Ojalá que quienes la promueven tuvieran conciencia y pensaran en el pueblo.

—Ha denunciado que en Venezuela existe un estado de terror. ¿El país vive una dictadura?

—Todavía tenemos algunos visos que nos indican que no hemos llegado a ser una dictadura en su totalidad. Pero hay acciones del Ejecutivo que son dictatoriales, como los procesos en tribunales militares, comparables con la dictadura. Ni en la cuarta república hubo tantas violaciones de los derechos humanos como ahora. También están las órdenes de excarcelación que no se han cumplido. No puede ser que haya muestras de que vamos en camino hacia una dictadura que podría consolidarse con la constituyente. El Ejecutivo quiere ejercer la acción penal violando la Constitución. El mismo que viola los derechos humanos quiere juzgarlos. A los muchachos que son reprimidos por la Guardia Nacional quieren procesarlos por justicia militar. Esta lógica es típica de los pensamientos totalitarios y la constituyente va a ser un cheque en blanco para que un grupo del Ejecutivo decida todo.

—¿El presidente Maduro traicionó el legado de Chávez?

—El presidente Chávez era un humanista, un hombre con vocación democrática y muy respetuoso del derecho del otro y que nunca tuvo miedo de someterse a unas elecciones. Y Maduro sí lo ha tenido, evidentemente.

—¿Cómo se siente ser perseguida por sus antiguos compañeros?

—Me siento fortalecida, con más valor, con más ánimo y con compromiso con el pueblo. Si pretendían fracturarme, el efecto ha sido contrario.

—Han pasado varios días y el TSJ no se ha pronunciado sobre el antejuico en su contra. ¿Cree que la decisión saldrá antes del 30 de julio?

—Ellos son impredecibles. El antejuicio de mérito era por unas faltas graves y lo convirtieron en un delito que no se sabe cuál es. El TSJ se convirtió en el Ministerio Público, en órgano investigador. No pueden evacuar pruebas y ordenaron unas pruebas que son violatorias de los derechos humanos. La prueba del polígrafo no la decidió la Sala Plena, la decidió el presidente del TSJ. ¿Quién sostuvo la acción penal? Un diputado. En el antejuicio de mérito que yo solicité contra los magistrados de la Sala Constitucional dijeron que no podía hacerlo porque no había una investigación preliminar.

—El TSJ ha rechazado todos los recursos que ha intentado. ¿Cuál cree es el límite de sus acciones como fiscal general?

—Todo lo que me permita la Constitución lo voy a hacer. No voy a salirme ni un ápice de allí.

—¿Los paros cívicos convocados por la oposición son una forma legítima de lucha?

—Todo lo que permita la Constitución y la ley yo estoy de acuerdo. Es decir, las manifestaciones pacíficas. Siempre y cuando sean protestas ajustadas a la Constitución, estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es con la violencia. La Constitución habla, en el artículo 97, del derecho a la huelga. Por eso es legal y válido.

—¿Cuántas investigaciones por corrupción adelanta la Fiscalía?

—El Ministerio Público ha emprendido 36.124 investigaciones por corrupción. Hay casos gravísimos. Por ejemplo, por el deterioro de la industria petrolera y los contratos en detrimento del patrimonio público. También en el área de los alimentos, las medicinas, y en las empresas básicas. Libramos una citación para imputar a una persona y cuando lo estábamos buscando, lo nombraron ministro. Ha habido obstáculos, cuando el gobierno debería ser el primer interesado en que se investigue. Esa es una admisión de los hechos. En estas investigaciones están incluidos civiles y militares.

—¿El TSJ ha impedido la investigación contra Odebrecht?

—Todas las investigaciones han sido torpedeadas. Sobre todo aquellas que involucran a altos funcionarios. Hemos tenido obstáculos para accesar a la prueba en materia de corrupción. Como en los casos de Dicom, Cadivi y Cencoex.

Este martes, el magistrado Danilo Mojica, integrante de la Sala Social del Tribunal supremo de Justicia (TSJ), indicó que decidió inhibirse en el proceso previo al antejuicio de mérito de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, que se realizará en la Sala Plena.

Mojica explicó que dicho proceso judicial está mal orientado, porque en el mismo deberían calificarse delitos graves en lugar de faltas administrativas.

El magistrado de la Sala Social tomó esta decisión horas después de que los abogados defensores de la fiscal recusaran a un grupo de magistrados del ente judicial.

El integrante de la Sala Social se ha pronunciado en contra de las decisiones de sus colegas de la Sala Constitucional en ocasiones anteriores, debido al carácter político de las mismas.

Tal es el caso de la sentencia que declara constitucional la convocatoria de la asamblea nacional constituyente propuesta por el presidente Nicolás Maduro. El abogado alegó el pasado 23 de mayo que la constituyente estaría comprometiendo la soberanía popular y pondría en riesgo la estructura del Estado Venezolano.

En días pasados, la Fiscal General expresó a través de un comunicado del Ministerio Público que sus abogados recusaron a 17 de los 32 miembros de la Sala Plena por “irregularidades en el proceso de solicitud de antejuicio de mérito, alegando que el Poder Judicial debe pronunciarse antes de la audiencia.

Luego de que el diputado Perro Carreño solicitara una medida cautelar en contra de la Fiscal General, el Tribunal Supremo de Justicia prohibió a Luisa Ortega la salida del país mientras congelaban sus cuentas bancarias, mientras era amenazada con no sólo ser removida de su cargo sino encarcelada.

Me inhibí en aud de hoy procedimiento de Antejucio de mérito seguido a la FISCAL GRAL, es para los delitos y no para calificación de faltas

— danilomojica, Ph.D (@danilomojica) July 4, 2017

*Con información de El Nacional 

El jueves 22 de junio fue entregado en la Fiscalía un documento que instan al Ministerio Público a que inicie las investigaciones pertinentes, o solicite antejuicio de mérito, a los rectores del Consejo Nacional Electoral, y cómplices si los hubiere, por los delitos de conspiración, abuso de autoridad, violación de tratados internacionales y malversación de fondos públicos.

Esta solicitud fue realizada por los abogados Alberto Arteaga Sánchez, Carlos Simón Bello Rengifo, Fernando Fernández, Yván Figueroa Ortega, Rafael Quiñones Urbáez y Ángel Zerpa Aponte quienes indican que según declaraciones de la rectora presidente del CNE, Tibisay Lucena, se convocará a elecciones para Asamblea Nacional Electoral Constituyente, sin haberse realizado primero el respectivo referendo consultivo.

Igualmente, “anunció fecha para el acto comicial y se modificó la data del registro electoral, al ubicar a electores en determinados sectores, o se les ha calificado, conjuntamente o no, como electores territoriales; elementos que son contrarios a Derecho, cuando no existe una declaración de voluntad propia y personalísima del elector, cuya condición, de acuerdo con la Constitución y leyes, depende de la ciudadanía, y no de determinada actividad o ubicación territorial, hecho que pudo haber contado con la complicidad de particulares”, enfatizó el abogado Arteaga Sánchez.

Presupuesto 2017, fuera de Ley

Otra de las denuncias introducidas este jueves tiene que ver con la Ley de Presupuesto del año 2017, la cual aún no ha sido publicada en Gaceta Oficial; lo que implica que no se conoce todo su articulado. “No es suficiente, que se indique el número del decreto y se diga que será publicado en una Gaceta Oficial no editada, ya que esta falta de publicidad compromete la transparencia y legalidad de la ejecución presupuestaria, incluyendo los créditos adicionales para elecciones y/o consultas del año 2017, imputados al CNE, contenidos la Gaceta Oficial 6.299, del 16 de mayo de este año, donde está el decreto Nº 2.867”, recalcó Artega Sánchez.

Alberto Arteaga Sánchez, Carlos Simón Bello Rengifo, Fernando Fernández, Yván Figueroa Ortega, Rafael Quiñones Urbáez y Ángel Zerpa Aponte, acudimos ante la Fiscalía General de la República y consignamos diversas denuncias que instan al Ministerio Público a que, en vista de los hechos que se narran, inicie las investigaciones pertinentes o solicite antejuicio de mérito para los rectores del Consejo Nacional Electoral, y cómplices si los hubiere, por  los delitos de conspiración, abuso de autoridad, violación de tratados internacionales y malversación.  El primero se basa en que, según declaraciones de la rectora presidente de dicho organismo, se convocará a elecciones para Asamblea Nacional Electoral Constituyente, sin haberse realizado primero el respectivo referendo consultivo, y se ha procedido a la inscripción de los respectivos candidatos. También anunció fecha para el acto comicial, y se ha modificado la data del registro electoral al ubicar a electores en determinados sectores, o se les ha calificado, conjuntamente o no, como electores territoriales, lo que es contrario a Derecho cuando no existe una declaración de voluntad propia y personalísima del elector, cuya condición, de acuerdo con la Constitución y leyes, depende de la ciudadanía, y no de determinada actividad o ubicación territorial, hecho que pudo haber contado con la complicidad de particulares. Por tanto, al convocarse a unas elecciones cuyas bases no han sido aprobadas por el pueblo, como titular originario del poder constituyente, se atenta contra la forma política de la Nación. Esta conducta también puede ser considerada como abuso de autoridad y violación de tratados internacionales, que consagran la democracia como un derecho humano.

Otra de las denuncias tiene que ver con la materia presupuestaria, pues la ley de presupuesto del año 2017 no ha sido, hasta hoy, publicada en Gaceta Oficial. Publicar significa dar a conocer todo el articulado de la ley, no es suficiente, que se indique el número del decreto y se diga que será publicado en una Gaceta Oficial no editada. Esta falta de publicidad compromete la transparencia y legalidad de la ejecución presupuestaria, incluyendo los créditos adicionales para elecciones y/o consultas del año 2017, imputados al CNE, contenidos la Gaceta Oficial 6.299, del 16 de mayo de este año, donde está el decreto Nº 2.867. El Ministerio Público debe determinar si hay o no delitos, y proceder en consecuencia. El pueblo tiene derecho a saber cómo y para qué se administran los fondos públicos que en definitiva son de todos los venezolanos.

El abogado constitucionalista, Gerardo Blyde, consideró este miércoles que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, «no ha cometido delitos ni faltas graves» para que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitiese un antejuicio de mérito, al considerar que sus demandas están dentro del marco constitucional.

«No veo que la Fiscal haya cometido ni una falta ni un delito, ni nada que se le parezca. ¿Es qué acaso acudir a los órganos y hacer peticiones para defender la Constitución representa una falta grave o delito?», expresó durante entrevista en el programa Vladimir a la 1 de Globovisión.

Por su parte dijo, que el TSJ «se contradice» con la admisión del antejuicio de mérito. En este sentido, Blyde indicó que en la nota de prensa emitida por el ente judicial se hace referencia a faltas graves, que en términos del derecho, debe procederse a un proceso de destitución de su cargo, lo cual no tiene que ver con un antejuicio de mérito, que debe aplicarse en caso donde haya la presunción de delitos.

Asimismo, indicó que la Asamblea Nacional es la que tiene la facultad para destituir a la funcionaria, al mismo tiempo que indicó que tras el proceso debe llevarse a cabo una audiencia donde Ortega Díaz tenga el derecho a la defensa, sin  embargo señaló que hasta el momento no ha tenido acceso al expediente introducido por el diputado Pedro Carreño.

«Hasta que no tengamos la sentencia no se sabrá qué se somete a juicio», expresó.

Situación constitucional de Venezuela

El también alcalde el municipio Baruta, Gerardo Blyde, indicó la Asamblea Nacional Constituyente se está «imponiendo por la fuerza», al señalar que no hay una progresividad de los derechos como está establecido en la Carta Magna, al no realizar un referendo consultivo para convocarla.

A su vez, dijo que los artículos 333 y 350 «son protectores de la Constitución» cuando se rompe el orden constitucional, por lo que citó que el oficialismo los activó en abril de 2002 con la presencia en calle.

Ante este panorama, llamó a la reflexión a los magistrados y los voceros del Gobierno nacional, porque a su criterio la situación del país en esta dirección va a  agravarse.

Estudiantes universitarios introdujeron ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un documento para solicitar la derogación del decreto 008610 del Ministerio de la Defensa, que autoriza a funcionarios militares a utilizar armas de fuego en el control de manifestaciones.

Hasler Iglesias, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, exigió al TSJ «cumplir con su responsabilidad y garantizar los derechos humanos». Además, exigió el respeto a los derechos a la manifestación pacífica y a la libertad de expresión.

Criticó, además, la ideologización de los cuerpos de seguridad del Estado. «La Constitución lo dice, tienen que estar al servicio de los intereses del pueblo y no de parcialidad política alguna», dijo.

Omar Estacio, abogado del Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, insistió en la necesidad de hacer un antejuicio de mérito al burgomaestre, antes de efectuar cualquier proceso legal en su contra. «Exigimos que se corrija una gran injusticia, un gran atropello que se comete en contra de Antonio Ledezma»,  dijo este jueves al entregar un documento ante el Tribunal Supremo de Justicia.

A juicio de Estacio, en el caso de Ledezma no se está cumpliendo con el principio de igualdad ante la ley. «Aquí se está aplicando la igualdad orweliana, en la que todos somos iguales pero unos somos mas iguales que otros».

El abogado aseguró que tanto la Constitución, como la Ley Orgánica del TSJ establece que debe hacerse un antejuicio de mérito a personas que ostenten cargos de alta investidura: ministros, presidente, vicepresidente, miembros de la Asamblea Nacional, miembros del Poder Moral y los gobernadores.

«Hay una decisión del TSJ, de la Sala Constitucional, que equipara al alcalde metropolitano con los antiguos gobernadores y, sin embargo, al alcalde nadie le ha hecho un antejuicio de mérito», reclamó Estacio.

El Tribunal Supremo de Justicia declaró que hay méritos para enjuciar al diputado Juan Carlos Caldera por la presunta comisión de los delitos de suposición de valimiento y legitimación de capitales previstos y sancionados en los artículos 79 de la Ley contra la Corrupción y 35 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

En la decisión publicada por el Tribunal Supremo de Justicia se refiere que queda sin lugar la solicitud de nulidad interpuesta por Caldera.

“Con lugar la solicitud de antejuicio de mérito interpuesto por la abogada Luisa Ortega Díaz, actuando en su condición de Fiscal General de la República, contra el Diputado a la Asamblea Nacional, ciudadano Juan Carlos Caldera López, en consecuencia, hay Mérito para su enjuiciamiento por la presunta comisión de los delitos de Suposición de Valimiento y Legitimación de Capitales previstos y sancionados en los artículos 79 de la Ley Contra la Corrupción y 35 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, respectivamente2” refiere la decisión.

Se ordenó notificar a la Asamblea Nacional sobre la decisión para que deliberen sobre el allanamiento de su inmunidad parlamentaria.