Solo en 2023 se evidencian casos de intervención estatal a elecciones internas, denuncias de violaciones de la autonomía por parte de cuerpos de seguridad del Estado, represión física y mediática a líderes estudiantiles, imposición de materias con carga ideológica del PSUV, e incluso, la detención arbitraria y la tortura
Gritemos con Brío: «Esta tecnificación de la represión focalizada no se da directamente a través de los organismos de seguridad del Estado, sino que muchas veces se hace a través de los grupos politizados, como los colectivos que hacen vida en el campo universitario»
De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Universidades, al menos el 12% de las denuncias en los medios de comunicación sobre falta de justica ante vulneraciones de DDHH desde el 2020
Para el director de Aula Abierta, David Gómez, el Estado busca reprimir al estudiante amenazando a los profesionales y al dejar desprotegidas las universidad para ser víctimas fáciles de la delincuencia, para que no se sepa discernir si fue un acto de ensañamiento político o no
Por Joshua De Freitas y Ángel Vizcaya
Estudiar y culminar una carrera universitaria es el sueño de Mónica, estudiante de 24 años, quien comenzó sus estudios en la Universidad Simón Bolívar (USB), en Caracas, y pidió la protección de su identidad a Runrun.es.
A inicios del año 2023, Mónica se hizo un hueco en la política estudiantil en la Federación de Centro Estudiantiles (FCE) de la USB, una de las entidades políticas más importantes de esa academia pública. Mónica estaba a nada de sacar su título, ya estaba en el octavo semestre de su carrera.
Angulo Parucho, conocido de Mónica y presidente de la FCE – USB, dijo que algunos profesores de la universidad —que son promotores de la administración de Nicolás Maduro— empezaron a «acosarla» apenas se enteraron de su participación en la política estudiantil.
Presión en pleno salón de clases, amenazas de reprobar la materia sin ningún criterio o llamadas telefónicas «anónimas» que nombraban al profesor y sus intenciones de expulsarla cada vez que la veían en una actividad de campaña fueron algunas situaciones que debió enfrentar.
Desde el 2021 el gobierno de Nicolás Maduro impuso rectores a la USB, una academia autónoma que debería escoger a sus rectores y decanos. En marzo del 2023, los estudiantes debieron organizar sus propias elecciones, porque no se los permitían.
«Los estudiantes formamos una Comisión Electoral e hicimos una elección a distancia. Por primera vez celebramos elecciones para cogobierno estudiantil, se intentó incluso anular, pero no lo lograron», aseguró Parucho. «Incluso, se inició con un periodo de desconocimiento porque en la FCE – USB, al ser Asociación Civil, tenemos nuestra propia comisión electoral, en vez de una de los rectores».
Pero, luego de aprobar decenas de exámenes, Mónica decidió abandonar su alma mater este año. «No aguantaba seguir estudiando bajo esas condiciones de persecución y estrés al saber si su activismo como miembro de la FCE le costaría su progreso académico o, incluso, si ponía en riesgo su integridad física».
Para el Observatorio Venezolano de Universidades (OBU) el caso de Mónica no es un hecho aislado: forma parte de las 846 denuncias que los estudiantes hacen desde el 2020 sobre la falta de justicia ante las pocas pruradurías estudiantiles, deterioro de la academia y otras vulneraciones a los derechos humanos. Pero una nueva vulneración aparece con más frecuencia y con menos registro por el miedo: el «ensañamiento personalizado» a líderes estudiantiles por parte de personas afines al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) dentro de las academias, una metodología de la represión cada vez más común por parte del Estado venezolano.
Una represión más focalizada
Usar menos bombas lacrimógenas y más el acoso personalizado. Ser más cualitativo que cuantitativo para crear «represiones ejemplarizantes». El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas denunció este 3 de noviembre que el Estado venezolano sigue reprimiendo el espacio público y vulnerando la libertad de asociación, entre ella, el liderazgo político estudiantil.
Solo en 2023 se evidencian casos de intervención estatal a elecciones internas, denuncias de violaciones de la autonomía por parte de cuerpos de seguridad del estado, represión física y mediática a líderes estudiantiles, imposición de materias con carga ideológica del PSUV, e incluso, la detención arbitraria y la tortura.
«Esta política de reducción del espacio cívico en el país ha sido precedida por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela en 2020 y 2021, que documentaron situaciones de posibles crímenes de lesa humanidad contra venezolanos, donde más de 50% de las víctimas documentadas eran, fundamentalmente, estudiantes universitarios», dice el director de la ONG Aula Abierta, David Gómez.
#20Nov 4:30 p.m. Juez ordena pase a juicio del estudiante de la UCV, John Álvarez.
"El juez de la causa admitió el escrito acusatorio, admitió todos los órganos de prueba y ordenó el pase a juicio oral y público, manteniendo a John Álvarez preso", informó el abogado Joel García. pic.twitter.com/hJoI4na4Mo
— Vanessa García (@vanessajgarcian) November 20, 2023
La sociedad civil venezolana asegura que el movimiento estudiantil universitario se ha reducido en todo el país. Aunque aún no se ha precisado ese nivel de reducción, la ONG Gritemos con Brío estima de forma preliminar que entre el 50% y el 60% de la incidencia política estudiantil se contrajo en la Universidad Central de Venezuela (UCV), una de las academias más importantes del país, entre el 2019 y 2022.
«Esta tecnificación de la represión focalizada no se da directamente a través de los organismos de seguridad del Estado, recibiendo una citación ni una visita de la policía, sino que muchas veces se hace a través de los grupos politizados, de los grupos violentos sobre los que se sostiene el régimen, como los colectivos que hacen vida en el campo universitario», afirmó David Flores, director de Gritemos con Brío.
Uno de los casos más recientes es la detención arbitraria de John Álvarez, estudiante de antropología de la UCV y quién es acusado de participar en una supuesta sublevación política contra el gabinete de Nicolás Maduro. El 30 de agosto lo arrestan policías y civiles armados a favor del PSUV («colectivos») y pasará el día del estudiante universitario con retraso procesal de su juicio y la pérdida de la vista en un ojo por las torturas que ha sufrido por parte del Estado.
«En el caso de la USB existen denuncias de los colectivos que hacen vida inclusive en nóminas de de profesores y del personal obrero, que emiten amenazas a los jóvenes cuando se movilizan por por causas que pueden representar zonas de sensibilidad para el régimen o que pueden ser incómodos por el gobierno», agrega Flores. «Se hacen insinuaciones y hostigamientos a través de llamadas anónimas. Inclusive, hacen acto de presencia en las protestas y, aunque no sacan las armas, las muestran en sus cinturas».
El director de Gritemos con Brío afirmó que al menos 10 denuncias sobre hostigamiento personalizado por llamadas telefónicas se registraron este año solo en la UCV. «Y hablamos de las personas que no tienen miedo de denunciar y solo en la capital, lo más seguro es que en otros estados del país es igual o peor».
Dejando sin cupos y torturando desde 2014
La juventud venezolana ha sido la víctima directa más frecuente de la represión de Nicolás Maduro. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón dijo que 151 de los 294 asesinatos en protestas pacíficas desde el 2014 eran jóvenes entre 18 y 30 años de edad, la mayoría estudiantes universitarios. También, destacó que 24 víctimas fatales de la persecución con fines políticos estaban en ese rango de edad, representando el 60 % de los casos que registró la ONG sobre la represión personalizada durante nueve años.
Eso sin contar las cientas de desapariciones forzadas temporales y detenciones arbitrarias que ocurrieron entre el 2014 y el 2017 documentadas por Foro Penal y Provea.
«En el caso venezolano, y sobre todo en la última década, se ha aplicado en formas mixtas de represión: una primaria durante las protestas del 2014, 2017 y 2019, donde hay violencia armada, y una secundaria, donde se asfixia a las universidades y privan de providencias estudiantiles, reduciendo el tiempo de los alumnos de acciones formativas de ciudadanas y de generaciones acción de acción sociopolítica para la construcción y la defensa de las democracias», explicó Carlos Meléndez, director del Observatorio Venezolano de Universidades (OBU).
Pese a la proliferación de represiones no armadas, la comunidad estudiantil ha protestado más en este año que en 2022. Según el OBU, solo en el primer trimestre del 2023 se registraron 74 manifestaciones pacíficas en el sector universitario, el 95% de lo que se hizo en todo el año pasado (78).
«Entonces, no es que hay un cambio, es que hay una adaptación de los mecanismos de represión, que son directas cuando hay fuerza dentro de las calles y que los estudiantes logran realizar, pero que es indirecta y permanente a través de la inhibición que el Estado venezolano realiza y construye en las universidades a través de su ausencia», reflexionó Meléndez.
Tanto las ONG sobre los derechos del universitario como los propios estudiantes afirman que el punto de inflexión fue el 2017, cuando la represión primaria mató a 21 jóvenes y arrestó al menos 339 en tan solo 4 meses, según Aula Abierta.
José Texeira, consejero de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la UCV, recordó ese periodo de protestas como su bienvenida a la universidad. Él comenzó clases en 2017, justo en medio de este contexto. Pero no fue lo único que degradó la participación joven: «El cambio en la dirigencia estudiantil, la cuarentena y la situación económica del país» puede que hayan influido también en este declive del músculo universitario.
Ensañamiento al estudiante universitario
Yonathan Carrillo, presidente adjunto de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la UCV, mencionó que John Álvarez ha sido torturado, encarcelado, secuestrado, golpeado e incomunicado por varias horas. «Pero no es solo mediante la detención arbitraria y el abuso físico que el gobierno reprime al movimiento estudiantil: la represión mediática y moral por parte del estado es algo constante», apuntó.
#AlMomento 🚨 | Esta es la respuesta que recibimos en el CNE por parte de la PNB.
Que más nunca haya un estudiante preso, ni que nos amedrenten por pensar distinto. pic.twitter.com/cbNJzWNZqi
— Yonnathan G Carrillo (@Yonnathan_gc) November 13, 2023
Carrillo aseveró que una de las formas de las que el oficialismo se vale para amedrentar a la dirigencia estudiantil es mediante los medios de comunicación. «Un tuit, una información o un video puede ser mostrado cada miércoles en un canal del estado (VTV)».
El presidente adjunto calificó esta acción como una «manera de intimidar y decir “te tenemos vigilado”». Confesó que muchas veces personas allegadas al gobierno les toman fotos cuando están en manifestaciones, las cuales señala como otra forma de coaccionar a los estudiantes.
Carrillo recordó que John Álvarez no es el único estudiante torturado: Wilber Vázquez y Osvaldo Castillo llevan cinco años presos por razones y circunstancias similares.
«Es difícil saber que en cualquier momento tú puedes estar preso», expresó.
El estudiante Oswaldo Castillo, detenido injustamente en el edo. Zulia en el año 2018 y sentenciado a 30 años por el caso denominado "dron – magnicidio", aun cuando no existen elementos de convicción en su contra, hoy #6Oct cumple 5 años tras las rejas.#LiberenAOswaldo pic.twitter.com/tImHStdaNW
— Oswaldo Castillo – PRESO POLÍTICO (@LiberenAOswaldo) October 6, 2023
Según Flores, en otros casos, como la amenazas relacionadas a la violencia sexual, la represión parece más frecuente, pero las víctimas temen denunciar tanto a líderes estudiantiles como las ONG especializadas. «Es un detalle que expresa la magnitud del miedo como un elemento que juega un papel dentro de las represiones», dijo.
«Eso pasa con más frecuencia en el interior del país, donde las universidades no están en zonas densamente urbanizadas. En Gritemos con Brío tenemos casos de estudiantes que protestan por el cambio de rector que han sido amenazados por miembros administrativos de la Universidad de Carabobo (UC) —casa de estudios a la que recientemente el Tribunal Supremo de Justicia le negó hacer elecciones— que tienen presuntas conexiones con el gobierno local o de la USB, con amenazas de expulsión de la academia o raspar alguna materia que prefieren no denunciar a la opinión pública. Los estudiantes prefieren ausentarse un tiempo de la universidad, perdiendo clases en el proceso y regresar a la academia con un bajo perfil, sin ejercer la protesta, para poder graduarse sin problemas», agregó.
Asfixiando la justicia, la academia y la ciencia
«A los estudiantes de Derecho de las diferentes facultades del país en Venezuela: no decaigan por estas cosas que estamos viendo. Ustedes son el futuro del país que van a ocupar los cargos de quienes no merecen llamarse hoy ni fiscales ni jueces», dijo Joel García, abogado de John Álvarez, este 20 de noviembre, cuando el Ministerio Público no le permitió defender al estudiante en una sala preliminar.
Para el director de Aula Abierta, declaraciones como la de García son una denuncia en sí misma contra la represión estudiantil indirecta. Las amenazas a los profesionales por parte del Estado venezolano «reduce la cantidad de información de valor científico que pueden consultar y producir conocimiento con la sociedad y da un mensaje cuando sean se gradúen».
«El ejemplo que puedo dar, muy gráfico, es el documento produjo la Academia de las Ciencias Matemáticas, Físicas y Naturales de Venezuela en el 2020 sobre el posible repunte de los casos de covid-19 en el país. Publicaron un informe, con estimaciones estadísticas, y fueron víctimas de las amenazas de Diosdado Cabello (dirigente del PSUV) en su programa “Con el mazo dando”. No solo se afecta a los académicos en relación a su producción científica, a su actuar al compartir y difundir, se vulnera también el desarrollo, la democracia y la libertad académica», explicó Gómez.
Lo mismo ocurre a nivel económico: las universidades públicas reciben el 2 % del presupuesto que piden para mantenerse. Sin la capacidad de pagarles al personal o renovar las instalaciones, los estudiantes son más vulnerables a la delincuencia.
«Y sin organismos de seguridad propios de las academias, el caso entra a los índices de delincuencia, sin la oportunidad de discernir si es parte de la represión o no», advierte el director de Gritemos con Brío, aludiendo al caso de la sede de la Universidad de Oriente (UDO) en el estado Sucre, que en los últimos tres años ha sido completamente destruida.
«Esa precariedad económica, y del transporte y seguridad dificulta a la sociedad civil recabar datos y denuncias en otras partes del país», agregó.
¿Habrá participación estudiantil en 2024?
La ONU, dentro de sus informes, advirtió que el Estado venezolano puede aumentar sus represiones bajo el contexto de las elecciones presidenciales del próximo año.
«Una de las consecuencias de restringir de nuevo al movimiento estudiantil es atentar contra la democracia misma», advierte el director de Aula Abierta.
Por un lado, el director de la OBU establece que la participación ha bajado mucho: el 90% de los universitarios encuestados en 2021 admitieron no estar en un movimiento estudiantil, pero ese mismo porcentaje estaría dispuesto a participar en actividades políticas y democráticas organizadas por estas instituciones.
«Hemos visto que, al menos en Caracas, la intención del voto joven de cara a las presidenciales es considerable, pero se enfrentan a un Consejo Nacional Electoral que no los registra. Entonces se ven truncados y con más vulneraciones, lo que puede reducir la incidencia estudiantil a futuro», advirtió Flores.
Lo que sí no descartan ni la sociedad civil ni los movimientos estudiantiles es que el año que viene es crucial para la participación juvenil en la democracia.
