Cuatro meses han pasado desde que el activista y periodista Roland Carreño fue detenido en el marco de la represión poselectoral. A través de la red social X, antiguo Twitter, la Plataforma Unitaria y el partido Voluntad Popular (VP) exigieron su liberación de forma “inmediata”.
El partido político denunció que Carreño continúa aislado de sus familiares y sin acceso a abogados defensores, una situación que se repite entre los casos de los presos políticos, como el abogado Perkins Rocha, quien recientemente cumplió 100 días tras las rejas.
“La violación a sus derechos humanos no solo radica en su arbitraria detención, sino también en la prohibición de ver a sus familiares y abogados durante estos cuatro meses. Este es el mejor reflejo de la farsa de la justicia de la dictadura”, expresó VP a través de un comunicado en la red social X.
¡LIBERTAD PARA ROLAND CARREÑO!
Hace cuatro meses, el régimen de Nicolás Maduro decidió secuestrar nuevamente a nuestro hermano Roland Carreño y, desde entonces, no han parado los atropellos en su contra.
El partido político aseguró que “no han parado los atropellos” en contra de Carreño desde que fue detenido por segunda vez el pasado 2 de agosto de 2024 en El Helicoide, en Caracas.
En el comunicado también se reiteró la demanda de liberar al resto de los presos políticos en Venezuela, cifra que asciende a 1.903 personas, según el Foro Penal.
“Unas ‘navidades en paz’ solo es posible sin represión, sin persecución y sin presos políticos. Por lo tanto, Roland Carreño debe estar libre”, afirmó la organización política.
La Plataforma Unitaria se sumó a las exigencias del partido político recordando que “hacer política no es delito”.
A cuatro meses de la detención de @rolandcarreno, continuamos exigiendo su libertad y que todos sus derechos sean respetados. Hacer política no es delito, ¡Roland y todos los presos políticos tienen que ser liberados! #LiberenARolandpic.twitter.com/58LP3zypjz
Carreño fue arrestado el 26 de octubre de 2020 cuando fue acusado de financiamiento al terrorismo, conspiración contra la forma política y tráfico ilícito de armas de guerra. Sin embargo, fue liberado en octubre de 2023 en medio de las negociaciones entre la PUD y el oficialismo en Barbados.
Después de las protestas en contra de los resultados electorales del 28 de julio, Carreño fue detenido, otra vez, el 2 de agosto, por parte de funcionarios de seguridad del Estado.
El 17 de agosto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a su favor tras considerar que se encuentra en una situación de “gravedad y urgencia” ante el riesgo de daño irreparable a sus derechos humanos, recordó la ONG Justicia, Encuentro y Perdón.
Carreño egresó como licenciado en comunicación social de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y trabajó en programas audiovisuales en Venezolana de Televisión, Televen y Globovisión. Además, fue candidato por la entonces Mesa de la Unidad Democrática (MUD) por el circuito 2 del estado Lara en las elecciones parlamentarias de 2015. Posteriormente, fue nombrado coordinador político de Voluntad Popular.
Otros dirigentes como Freddy Superlano, Américo de Grazia y William Dávila también continúan detenidos.
En respuesta a los duros señalamientos del fiscal de la Corte Penal Internacional respecto a la situación de derechos humanos en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro, a través de la Cancillería, confirmó este martes la reactivación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) en el territorio venezolano, que fue expulsada en febrero por supuestos sesgos en su labor.
El pasado 2 de diciembre Karim Khan solicitó a la administración de Nicolás Maduro respetar el principio de complementariedad acordado en su más reciente visita a Venezuela.
“La complementariedad no puede ser una historia interminable. No he visto la implementación concreta de leyes y prácticas en Venezuela que esperaba. Por eso quiero dejar claro que la pelota está en el tejado de Venezuela. La vía de la complementariedad se está quedando sin camino”, afirmó Khan durante la 23º sesión de la Asamblea de los Estados Parte de la CPI,en La Haya. En las mismas declaraciones, abogó por la liberación de los adolescentes detenidos y recordó al gobierno venezolano que debían permitir la entrada de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, como le habían “prometido previamente por escrito”.
La cancillería de Maduro aseguró que el gobierno ha informado de forma “oportuna y ampliamente” a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional “sobre todas las medidas adoptadas en el orden interno para avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos con el Estatuto de Roma”.
“De modo que el país ve con preocupación que el funcionario no haya sido informado de estos avances y el punto exacto en que se encuentran los asuntos abordados en sus desacertadas declaraciones, incluyendo la reactivación de la presencia de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el territorio venezolano, concretada en el mes de noviembre del corriente año”, abunda el comunicado.
El texto cierra con la denuncia de que se estaría intentando utilizar la institucionalidad de la CPI “con fines contrarios a su razón de ser”.
Expulsión en febrero de 2024
El 15 de febrero de 2024, el gobierno ordenó a los 13 funcionarios de la Oacnudh a retirarse del país en un plazo de 72 horas. Nicolás Maduro denunció en declaraciones posteriores que dicha instancia presuntamente se dedicaba al “espionaje y la conspiración”
«Esa oficina se desvió (…) se transformó en una oficina de espionaje interno, de conspiración interna (…) en el bufete de abogados de terroristas, conspiradores, golpistas y magnicidas de Venezuela», espetó en esa oportunidad, durante una edición de su programa semanal.
El 23 de abril de 2024, en una alocución pública junto al fiscal de la Corte Penal Internacional, Nicolás Maduro, reveló que había recibido la propuesta de Khan para reabrir esta oficina de la ONU.
“Estoy de acuerdo en que superemos las diferencias, el conflicto que tuvimos y estoy preparado para recibir al enviado de Volker Türk (Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos); como siempre, las puertas del Palacio de Miraflores están abiertas para que vuelva Volker Türk”, recalcó el gobernante venezolano.
En 2019, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (FFM por sus siglas en inglés) sobre Venezuela, junto con el mandato de asistencia técnica de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH). La oficina del alto comisionado se estableció en el país a mediados de 2019, tras una visita de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, quien era en ese momento la alta comisionada.
Clemente José Angulo, de 54 años de edad, vivía en el estado Carabobo y viajaba de forma constante al estado Lara para visitar a su familia. Este hombre nació, creció en la región larense y fue en esta misma región en la que fue asesinado, el 1° de noviembre de 2024.
Su cadáver fue localizado en horas de la tarde por unas personas que transitaban por las canchas de voleibol de playa del Complejo Variquisimeto, ubicado al este de la ciudad. El cuerpo estaba tirado en un terreno baldío y, a simple vista, se veía sumamente golpeado. Además, estaba maniatado. El servicio de emergencia fue alertado y sus funcionarios acordonaron la zona, luego de constatar la información.
Posteriormente, efectivos del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) se trasladaron al lugar e hicieron el levantamiento del cadáver, que no tenía identificación alguna. La noticia del hallazgo de una persona muerta llegó a oídos de los familiares de Clemente, quienes llevaban horas buscándolo. Al llegar al lugar, lograron identificarlo plenamente.
El móvil fue una riña
La primera hipótesis manejada fue el robo, porque la víctima, antes de desaparecer, se trasladaba en su vehículo, un Toyota Corolla, año 2010, de color plateado, que fue localizado en la avenida Vargas, entre carreras 22 y 23, hacia el centro de la ciudad, cuatro días después de hallarse su cuerpo.
La localización del vehículo fue relevante para la investigación del CICPC, porque al revisarlo, los funcionarios lograron recabar huellas digitales que permitieron identificar a algunos sospechosos, entre ellos, a Evaristo Méndez Aular, de 59 años de edad, de quien conocieron luego más detalles.
Una vez que se conoció de esta persona, la investigación dio un giro en torno a él. Se supo que era vecino de la víctima y que cuidaba unas viviendas cercanas a donde llegaba Clemente cuando viajaba a Barquisimeto.
En el transcurso de las averiguaciones, los pesquisas ubicaron videos que sirvieron de pruebas para determinar que Evaristo cometió el crimen y que, además, lo hizo sin ayuda.
De acuerdo con su propia declaración y con evidencias de las grabaciones, se supo que ese día, Clemente fue a hablar con él, porque necesitaba 180 dólares que le había prestado, y que en varias oportunidades éste se había negado a pagar.
Una vez más, Evaristo no quiso asumir los compromisos adquiridos por su deuda, pero en esta ocasión, además, se molestó y comenzó a discutir con Clemente, a tal punto, que agarró un bate y lo golpeó en la cabeza y por el costado, hasta dejarlo inconsciente y sin vida.
Evaristo, valiéndose de que el homicidio fue cometido en una de las viviendas que cuidaba al este de la ciudad y de que no había testigo alguno, esperó que se hiciera de madrugada para trasladar el vehículo de la víctima hasta la avenida Vargas y dejarlo allí abandonado. Así mismo, buscó una camioneta en otra vivienda que cuidaba, en la que montó el cadáver de Clemente y lo trasladó hasta el sitio donde luego fue hallado el cadáver.
Tras haber pasado más de dos semanas, el victimario pensó que no sería descubierto, y aún así permaneció escondido. Pero fue localizado y detenido por funcionarios del CICPC.
En posteriores allanamientos, se practicaron pruebas de luminol en la camioneta utilizada para transportar el cadáver, con las cuales certificaron que fue asesinado en una de las viviendas que Evaristo cuidaba y, además, fue encontrado el bate con el que se cometió el crimen.
Evaristo Méndez fue presentado por la Fiscalía 6ta del Ministerio Público de Lara, privado por el delito de homicidio calificado y, actualmente, está recluido en los calabozos del Eje de Homicidios del CICPC Lara.
El paro o huelga es una herramienta ciudadana para resistir e intentar derrocar una dictadura. Se justificaron en 2002 y, con más razón, se justifica hoy
Ayer, 2 de diciembre, se cumplieron veintidós años del mayor paro cívico de nuestra historia. Tanto este paro, como el previo de abril eran inevitables. Fueron la reacción ante las violaciones a la Constitución y por los pasos dados por el presidente Hugo Chávez para imponer un proyecto político nefasto. Permanecer pasivos no era una opción aceptable para ciudadanos responsables.
El de diciembre del 2002 no puede explicarse del todo sin considerar el iniciado por los petroleros el 4 de abril de ese mismo año. No nos importaron las consecuencias previsibles. Solo consideramos que no podíamos ser indiferentes ante los intentos de poner a PDVSA al servicio de un proyecto político. No se había creado la Asociación Civil Gente del Petróleo, ni Unapetrol. Un grupo de ejecutivos alertamos a los venezolanos y los compañeros de las áreas respondieron positivamente. En el país existía un ambiente de protesta que inició la Asamblea de Educación con el lema “Con mis hijos no te metas”, se agudizó por la tentativa del gobierno de controlar la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y por el rechazo de Fedecámaras a la imposición de 49 decretos-leyes, algunas inconstitucionales.
A ese paro se sumaron la CTV y Fedecámaras el 9 de abril, por lo que agradecemos a Carlos Ortega, a Pedro Carmona y a organizaciones de la sociedad civil por su apoyo. Todo desembocó en la masacre del 11 de abril propiciada por Chávez y su renuncia. Lamentablemente, posteriores decisiones inconvenientes determinaron que la Fuerza Armada lo reintegrara a Miraflores. Pidió perdón, hizo propósito de enmienda, nos reenganchó a los siete petroleros despedidos y a los catorce que había jubilado, por lo que el paro fue un acierto. Consistente con su manera de ser, al poco tiempo volvió a las andadas.
La continuación de los atropellos y las evidencias de que el gobierno quería imponer un totalitarismo desencadenaron el paro de diciembre, convocado por todos los partidos de oposición y varias ONG agrupados en la Coordinadora Democrática, la CTV y Fedecámaras. Los trabajadores petroleros no lo convocaron, pero miles nos sumamos por decisión individual. El objetivo fue presionar para la realización de un referendo consultivo sobre la gestión gubernamental. Sin embargo, la mayoría de los participantes tenía en mente que el presidente Chávez renunciara como lo hizo en abril.
En esta oportunidad el gobierno estaba preparado. No se logró la renuncia, pero el paro y las manifestaciones multitudinarias de los ciudadanos obligaron al gobierno a aceptar la mediación del secretario general de la OEA, del Centro Carter y del Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo, con el respaldo del Grupo de Países Amigos integrado por Brasil, Chile, España, Estados Unidos, México y Portugal.
El 29 de mayo del 2003 se firmó un acuerdo que establecía, entre otros puntos, la celebración de elecciones transparentes con un CNE imparcial, independencia de los poderes públicos, respeto a los derechos humanos y realización de referendos revocatorios de los cargos de elección popular. Este acuerdo fue un logro de la oposición. Desafortunadamente, los garantes internacionales no exigieron su cumplimiento y quizá la oposición apostó todo al referendo revocatorio presidencial, que Chávez demoró y realizó con ventajismo y trampas.
El costo para los demócratas fue elevado. Muchos fueron despedidos de las dependencias oficiales y de las empresas del Estado y numerosos comerciantes tuvieron que cerrar. Para los petroleros fue una pérdida significativa, ya que unos 23.000 fueron despedidos sin pago de prestaciones, ni devolución de los haberes en el Fondo de Ahorros. Quien esto escribe se había jubilado en octubre del 2002, pero fui despedido posteriormente.
Como no se logró la renuncia de Chávez, algunos políticos marcaron distancia de ese paro que empezaron a llamar petrolero. Otros criticaron a Carlos Ortega y a Carlos Fernandes porque se fijó en tiempo de Navidad y se prolongó más de lo inicialmente planificado. No faltan algunos arrepentidos debido a las penurias económicas que padecen, olvidando que cada quien tomó su decisión.
El paro o huelga es una herramienta de los ciudadanos para resistir e intentar derrocar una dictadura. Se justificaron en el 2002 y, con más razón, se justificaría hoy para exigir la toma de posesión del presidente electo Edmundo González ¡Gente de Petróleo y Unapetrol, al igual que todos los demócratas siguen presentes y comprometidos hasta el final!
Como (había) en botica
Orlando Camacho, el mentiroso presidente de Fedeindustria, declaró que “no hay nadie que gane menos de 200 dólares mensuales”. Juan Pablo Olalquiaga, expresidente de Conindustria, aseveró que “los gremios empresariales están en la obligación de hablar sobre política y los problemas importantes del país”. Ustedes pueden ver la diferencia entre un dirigente y buen ciudadano como Olalquiaga y un sumiso como Camacho.
Lamentamos los fallecimientos de Mery Pittevil y de Eusebia González de Medina, compañeras de Gente del Petróleo y de Unapetrol.
¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
eddiearamirez@hotmail.com
Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es
En El Mañanero del 3 de diciembre de Runrun.esresumimos los titulares más destacados sobre Venezuela: después de poco más de cuatro meses de efectuadas las elecciones presidenciales, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, solicitó a la administración de Nicolás Maduro respetar el principio de complementariedad acordado en su más reciente visita a Venezuela. Y a 11 años de las elecciones de 2013, la CIDH condenó al Estado venezolano por la violación de derechos políticos al excandidato presidencial opositor, Henrique Capriles.
Corte Interamericana de Derechos Humanos: Estado venezolano es responsable de violar derechos políticos de Henrique Capriles durante elecciones de 2013
— Urgente Venezuela (@Urgente_VE) December 2, 2024 height=”48″ />
“La complementariedad no puede ser una historia interminable. No he visto la implementación concreta de leyes y prácticas en Venezuela que esperaba. Por eso quiero dejar claro que la pelota está en el tejado de Venezuela. La vía de la complementariedad se está quedando sin camino”, afirmó el fiscal de la CPI, Karim Khan, en la 23ª sesión de la Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya.
Tanto el gobierno regional como el municipal han actuado mal frente a lo importante y trascendente, quedándose en la pelea minúscula, en el arrebato aldeano
«En Venezuela, como en la China del desorbitado emperador Shih Hung Ti, también se ha construido una gran muralla. No divide a la geografía, algo peor, está hecha de piedras invisibles, divide a la gente, y no hay peor daño para la cultura y la idiosincrasia de un pueblo que condenarlo a ser su propio enemigo». Simón Alberto Consalvi. Prólogo a La cultura bajo acoso.
En los primeros meses de 1962 hizo crisis un sisma en el ejercicio de la política regional falconiana. En los comicios presidenciales de diciembre de 1958 fue electo Rómulo Betancourt por el partido Acción Democrática y Pedro Luis Bracho Navarrete nombrado como gobernador del estado Falcón en 1959. Rómulo Gallegos había sido derrocado en 1948 y desde esa fecha hasta el 23 de enero de 1958 la bota militar había marcado con su intolerancia y ferocidad al país.
Para 1962 –cuatro años apenas de la renovación democrática– se expresaban con contundencia las facciones internas de AD, especialmente las del MIR y el Grupo ARS dirigido por Raúl Ramos Giménez. El primer grupo abandonó casi de inmediato el partido, mientras el segundo dio por más tiempo la pelea dentro. En febrero de 1962 el secretario regional de AD, Pablo Saher, exigió al gobernador Bracho Navarrete remover de sus cargos a dos de “los arsistas” por no seguir la línea trazada por el gobierno. El gobernador se negó a la exigencia y como consecuencia se vio impelido a renunciar a su cargo.
Así se ha manejado la política venezolana en 65 años de historia. Por blancos, verdes, rojos y rojitos, anaranjados, amarillos, morados y azules. Nada ha cambiado aquí. Esos procederes siguen siendo permanentes.
Un país donde las instituciones están marcadas por “las líneas partidistas” es un país errático. Un país donde planes, programas, modelos, leyes cambian en el breve tiempo de una gestión personal o grupal está condenado a la constante improvisación, a la fragilidad de los logros. Una democracia no tiene sustento si sus instituciones no son fuertes en sus objetivos y actuación, si están sujetas a los cambios de mando no son democráticas, son partidistas, sectoriales, grupales. Una democracia no tiene sustento si sus habitantes no están organizados para mantener, apuntalar y defender sus frutos más allá de las ambiciones de los grupos de poder.
Quienes hemos trabajado en proyectos culturales autónomos e independientes hemos tenido que lidiar muchas veces con la chapucería de nuestros políticos locales y regionales. En 1992 se inauguró en Paraguaná el Complejo Cultural Josefa Camejo el cual tuvo al frente en buena parte de su trayectoria a la docente Yoleida de Hernández y al TSU Giovanny Gómez, la primera guiada por el proyecto de la Fundación Cultural Josefa Camejo bajo lineamientos de “arraigo cultural de la población”, el segundo creador del Instituto de Cultura del Municipio Falcón, que estableció señalamientos orientadores de investigación, resguardo y difusión del patrimonio regional. Ambos planes los apoyamos por los importantes beneficios implicados para las comunidades de la península.
En 1992 se inauguró en Paraguaná el Complejo Cultural Josefa Camejo, el cual tuvo al frente en buena parte de su trayectoria a la docente Yoleida de Hernández y al TSU Giovanny Gómez, ambos supieron mantener un trabajo institucional sin sesgos. Fotos: Fundación Cultural Josefa Camejo.
A pesar de presiones politiqueras, ambos supieron mantener un trabajo institucional sin sesgos ligados al accionar de partidos políticos. Eso consiguió la proyección nacional del “Complejo Cultural de Pueblo Nuevo” –“la metáfora deseada del país” que escribiera el poeta Julio Bolívar– en actividades como el Convenio con la Galería de Arte Nacional sustento del hacer de la Galería Otoniel Salas; la Sala de Videos Carlos Luis Fortique; el Festival de Teatro del Municipio Falcón; el Festival de Danza del Municipio Falcón; el Convenio con la Cinemateca Nacional; el Festival de Zanqueros; el Encuentro Puntual de los Amigos…
En 2005, ante el cambio de gobierno municipal y el inicio del proyecto chavista a nivel local, se desconoció el trabajo de grupos e instituciones. Había que adelantar programas “orientados hacia la proyección de la revolución cultural”. Esa fue la pauta desarrollada por el poeta Simón Petit al frente del Instituto de Cultura del Estado Falcón en casi 17 años de gestión. Esa fue “la línea” para los 15 presidentes del Instituto de Cultura del municipio Falcón y directores del Complejo Cultural Josefa Camejo entre 2005 y 2021. El resultado: convertir al recinto en casa de partido, alejar a la comunidad de las actividades allí adelantadas, acabar con salas de vídeos, biblioteca, sala de exposiciones… Igual a lo realizado en todo el país según diagnóstico de la promotora María Elena Ramos en su texto La cultura bajo acoso (2012). ¿Habrá capacidad de reflexión y enmienda de parte de ejecutantes regionales de esa política? ¿Por qué se salvó, en el caso de Paraguaná, el Archivo Histórico que guarda documentos de 1801 a 2005?
Desde su llegada a la alcaldía del municipio Falcón en 2021, el alcalde Harold Dávila Gómez –factor de los partidos de oposición– se propuso la rehabilitación del Complejo Cultural Josefa Camejo que estaba en ruinas. Primero estuvo al frente de la institución Yoleida de Hernández y ahora Iris García, ambas docentes de destacada trayectoria y aprecio comunitario. Ambas han trabajado en los últimos tres años con la mayor amplitud. Incluso nombres ligados a la administración chavista y su proyecto cultural como los del grupo Bariquía, Ángel Ventura o Juan Carlos Primera han participado en diversas actividades.
En 2005, ante el cambio de gobierno municipal y el inicio del proyecto chavista a nivel local, se desconoció el trabajo de grupos e instituciones. Fotos: Fundación Cultural Josefa Camejo.
Más difícil ha sido conseguir el apoyo del Instituto de Cultura del Estado Falcón o de la Zona Educativa del Estado, liderados por Inti Clark Boscán y Mareni Castro, para las labores de la Biblioteca Juan C. Esteves –Fundación Literaria León B. Weffer y del Archivo Histórico del Municipio Falcón. Liceos y escuelas del municipio han sido renuentes a participar en actividades de formación y divulgación cultural efectuadas en el Complejo Cultural Josefa Camejo, respuesta a los llamados desde la alcaldía a colaborar a la Zona Educativa y al Distrito Escolar.
En ese sentido, tanto el gobierno municipal, encabezado por Dávila Gómez, como el regional, por los Clark Boscán, han jugado el antiguo juego de la “línea partidista” en una confrontación absurda en materia cultural que en nada beneficia a las colectividades.
Lamentablemente, por esa pequeñez partidista, la misma que ha caracterizado la política venezolana en 65 años de historia –y que en mucho nos ha llevado a este calamitoso y degradado presente– proyectos culturales de trascendencia como los de la Biblioteca Juan C. Esteves y el Archivo Histórico de Paraguaná se encuentran paralizados.
¿Qué debemos revisar de nuestro comportamiento ciudadano en estos 65 años de historia? ¿Qué debemos juzgar en el inventario de agravios de una cultura ciudadana que nos ha traído hasta esta hora? ¿No tenemos capacidad de enmendar yerros, estamos condenados a seguir en una noche eterna de mal vivir? ¿Todo cambiará al cambiar la actual cúpula en el poder nacional?
Los proyectos y políticas culturales no pueden ser circunstanciales, pasajeros, partidistas. Deben responder a necesidades de las comunidades y no de grupúsculos en el poder. Tanto el gobierno regional como el municipal han actuado mal frente a lo importante y trascendente, quedándose en la pelea minúscula, en el arrebato aldeano. Tanto la Biblioteca Juan C. Esteves –homenaje permanente al destacado cronista paraguanero–, como el Archivo Histórico de Paraguaná, trascienden liderazgos de ocasión. Allí memoria, identidad, saberes y parte de la cultura de nuestras comunidades. Asuntos fundamentales de la vida republicana que nos trascienden y aseguran el ser de nuestro pueblo.
Fotografía de la entrada: “Zandantes de Paraguaná”. Fundación Cultural Josefa Camejo.
isaacabraham75gmail.com | 1-12-2024.
Isaac López es profesor de Universidad de Los Andes. Mérida.
Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es
La recién aprobada “Ley orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y la defensa de la República Bolivariana de Venezuela” viola estándares de protección de la libertad de expresión, particularmente el llamado test tripartito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual establece que las restricciones a la libertad de expresión se deben ajustar a los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad.
Según precisó el Instituto Prensa y Sociedad en una publicación del pasado 29 de noviembre, el principio de legalidad implica que la restricción debe estar establecida previamente en una ley y, además, debe ser suficientemente clara y precisa para impedir su aplicación arbitraria, sobre todo si la conducta en cuestión se considera punible y acarrea sanciones, como es el caso de la Ley Libertador.
Sobre los principios de proporcionalidad y necesidad que deben regir las restricciones a la libertad de expresión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “deben ser proporcionales al interés que las justifican y ajustarse estrechamente al logro de ese objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo goce del derecho”.
El artículo 21 de la Ley Libertador establece: “Los prestadores de servicios de radio y televisión que difundan publicidad, propaganda o mensajes promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela serán sancionados con la revocatoria de la concesión y multa por la cantidad en bolívares equivalentes a entre cien mil (100.000) y un millón (1.000.000) de veces el tipo de cambio de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela”.
Sin embargo, en el texto aprobado por la Asamblea Nacional no hay previsiones sobre las formas de impugnar las multas, aunque sí se señala en forma expresa que tanto la Conatel como el Ministerio del Interior, Justicia y Paz pueden tomar “las medidas preventivas que resulten necesarias para proteger los intereses tutelados”.
Por tanto, las imprecisiones en cuanto al alcance de tales medidas preventivas abren espacios para su aplicación arbitraria y sin derecho a la defensa.
Otro artículo que viola la libertad de expresión es el 23, el cual dicta que el principio de presunción de inocencia, establecido en la Constitución y en los tratados, pactos y convenios internacionales sobre derechos humanos.
La Ley orgánica Libertador Simón Bolívar establece la creación de un registro de sospechosos: “…en el cual se incorporará la identificación de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, respecto de las cuales existan elementos fundados de estar incursas en algunas de las acciones contrarias a los valores y derechos irrenunciables del Estado (…) a los fines de imponer medidas económicas restrictivas, temporales y de carácter administrativo…”.
Más de la Ley Libertador Simón Bolívar
La ley, que consta de 18 artículos, según el diputado Carlos Mogollón, se inspiró en “el legado de dignidad patriótica y antiimperialista del Libertador y padre de la patria, Simón Bolívar”.
Esta ley busca sancionar a personas, naturales o jurídicas, que en acuerdo con países, grupos o “asociaciones terroristas”, pidan sanciones contra Venezuela, así como la confiscación de activos públicos que impidan el normal desenvolvimiento “económico, social, cultural o político” de la nación.
Se plantean inhabilitaciones políticas para aquellas personas que no “hayan sido nunca funcionarios públicos”, que igualmente se alíen con “potencias extranjeras” para impulsar sanciones.
Según expusieron en la AN, el proyecto fue presentado como parte de una estrategia integral para contrarrestar los efectos del bloqueo y defender la integridad de Venezuela ante la “arremetida de injerencia y agresiones por parte de Estados Unidos, en complicidad con la extrema derecha nacional”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado venezolano este lunes por “violar los derechos políticos” del excandidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, durante el proceso electoral celebrado en 2013.
La organización condenó la negación a una auditoría de votos y el uso abusivo del aparato estatal a favor del candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Nicolás Maduro.
“El Estado venezolano es responsable por violaciones a los derechos políticos, garantías judiciales, protección judicial, libertad de expresión y el derecho a la defensa”, notificó a través de una sentencia la presidenta de la CIDH, Nancy Hernández.
“Nicolás Maduro obtuvo ventajas capaces de incidir en el equilibrio de la contienda electoral mediante el uso de recursos estatales a favor de su campaña, de la realización de actos de proselitismo por parte de funcionarios públicos de alto nivel en ejercicio de sus funciones, y de la existencia de presiones indebidas sobre funcionarios públicos”, señaló la CIDH.
11 años después (la JUSTICIA además de hacer prevalecer la verdad tiene que ser EXPEDITA) obtuvimos sentencia en relación a la demanda que interpusimos por la elección presidencial del año 2013 ante la @CorteIDH
La CIDH expuso que durante la campaña electoral existió una cobertura desproporcionada de los medios públicos en favor de la candidatura de Maduro.
Capriles quedó a escaso margen
El Consejo Nacional Electoral (CNE) indicó en ese momento que Capriles Radonski obtuvo 49,12 % de los votos, frente al 50.61 % de Maduro.
Capriles cuestionó los resultados en ese momento y asomó la posibilidad de un fraude.
“La actuación del Estado constituyó un abandono de los principios fundamentales del estado de derecho en tanto desconoció las reglas previstas en el derecho interno para limitar el poder y hacer posible el juego democrático, y permitió el uso del aparato del Estado para favorecer al candidato oficial antes, durante y después de la elección”, manifestó Hernández.
La CorteIDH también ordenó al Estado “adoptar medidas para garantizar la integridad de los procesos electorales y garantizar la posibilidad de verificación de resultados electorales”.
Otra orden del tribunal es la de “facilitar el acceso libre y equitativo de los candidatos a los medios de comunicación públicos y de alcance general y medidas para garantizar la independencia del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia”.
“La justicia tiene que ser expedita”
Tras conocer la sentencia, el excandidato presidencial Henrique Capriles destacó que la decisión llegó 11 años después.
“La justicia, además de hacer prevalecer la verdad, tiene que ser expedita”, recalcó en un mensaje escrito en la red social X.
Capriles resaltó el hecho de que se declarara la responsabilidad internacional del Estado venezolano “por la violación a los derechos políticos, la libertad de expresión, la igualdad ante la ley, las garantías judiciales y la protección judicial en mi perjuicio en el marco del proceso electoral del año 2013”.
En su mensaje, indicó que siempre ha buscado “caminos en el marco de nuestra Constitución para recuperar la democracia y la institucionalidad”.
“Espero que llegue ese día en que se respete y prevalezca el sagrado derecho a decidir los venezolanos en paz su futuro. ¡Este país quiere justicia, paz, democracia y cambio! ¡Respeto a la Soberanía popular expresada de forma contundente el 28 de julio de 2024!”, remarcó.
