Después de poco más de cuatro meses de efectuadas las elecciones presidenciales, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, solicitó a la administración de Nicolás Maduro respetar el principio de complementariedad acordado en su más reciente visita a Venezuela.
“La complementariedad no puede ser una historia interminable. No he visto la implementación concreta de leyes y prácticas en Venezuela que esperaba. Por eso quiero dejar claro que la pelota está en el tejado de Venezuela. La vía de la complementariedad se está quedando sin camino”, afirmó Khan.
Hoy comenzó la 23ª sesión de la Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya.
Es muy significativo que el Fiscal de la CPI, Karim Khan, abordó el caso de Venezuela en su intervención inicial ante la Asamblea.
El fiscal aseveró que las investigaciones que adelanta su despacho sobre presuntos crímenes de lesa humanidad avanzan sin demora y que su equipo ha estado trabajando con foco para acelerar sus actividades de recolección de pruebas, con miras a establecer puntos de referencia y plazos concretos claramente identificados.
Recordó que en su visita en abril de este año enfatizó al gobierno de Maduro la necesidad de un impulso y progreso real y que su oficina está realizando seguimiento a los compromisos adquiridos.
“Deben permitir la entrada a la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, como me habían prometido previamente por escrito y deben cooperar de manera más tangible con mi oficina”.
Proteger a los niños
Khan abogó por la liberación de los adolescentes detenidos después de las protestas antigubernamentales que se dieron una vez anunciados los resultados del pasado 28 de julio.
“Insistí en mis comunicaciones con Venezuela, y en la necesidad de proteger los derechos civiles, incluidos los niños, que deben ser liberados si están detenidos por motivos políticos o cualquier persona que estuviera protestando pacíficamente”, remarcó.
El fiscal de la CPI sentenció que todas las vidas importan por igual.
“Los venezolanos tienen el mismo derecho a la justicia que las familias que conocí en Libia o en Bangladesh en las últimas dos semanas. Esto es lo más básico que se puede decir. Pero vale la pena subrayar”.
El medio regional Correo del Caroníinformó que los abogados defensores de José Alberto Cedeño Rodríguez y José Antonio Zorrilla Zorrilla presentaron recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia con la intención de revocar la condena de 29 años por femicidio agravado en el caso de la adolescente. Los magistrados desestimaron los recursos, señalando que el recurrente no había cumplido con la obligación de detallar las normas violadas y las razones que justificaran la nulidad de la sentencia
La historia del crimen se remonta a una fiesta en el Club Ítalo de Puerto Ordaz, donde Ángela, de 16 años, fue llevada por sus padres. Durante la celebración, Cedeño convenció a Ángela para que se adentrara en aguas profundas del río Caroní, lo que resultó en su desaparición. Tras tres días de búsqueda, su cuerpo fue encontrado, y las autopsias revelaron signos de violencia y abuso sexual.
El proceso judicial ha estado marcado por irregularidades. El padre de Ángela denunció que la fiscalía había tenido acceso al expediente del caso sin justificación y que los acusados permanecían en libertad a pesar de una orden de reclusión. En este contexto, el juez del Tribunal Cuarto de Violencia contra la Mujer condenó a Cedeño a 29 años de prisión por violación y asesinato, mientras que Zorrilla fue considerado cómplice.
.A pesar de los esfuerzos legales para anular la condena, el Tribunal Supremo ha decidido mantenerla. Esto significa que Cedeño y Zorrilla no podrán solicitar nuevas revisiones del caso, lo cual representa un alivio para la familia de la víctima.
Desde las 4:00 de la tarde se concentraron y durante la actividad soltaron globos blancos como símbolo de paz. “Estoy aquí porque tengo un dolor que solo una madre puede sentir y no me voy a callar porque esta lucha es inagotable”, soltó Yelitza Vergara, madre de Miguel González, detenido en Yare III.
Vergara aseguró que su hijo fue detenido sin ninguna orden de aprehensión y que le han violado todos sus derechos. El joven, de 18 años, es oriundo del estado Portuguesa, y estudiaba y trabajaba.
La madre dejó parte de su vida en Acarigua para no abandonar a su hijo. “A mí sí me duele porque yo lo parí y nadie va a decirme ‘cállate’, no me voy a callar. Yo sí voy a hablar por mi hijo porque él no es un terrorista, es un muchacho inocente”, expresó.
El país clama la liberación de presos políticos
El director general de Provea, Oscar Murillo, afirmó que es un clamor nacional la liberación de los detenidos en contexto poselectoral.
“Los distintos sectores claman para que termine el sufrimiento de las familias de todas aquellas personas que están hoy día detenidas por razones políticas y, en ese sentido, Provea respalda todo este movimiento y, en especial, al Comité de Familiares y Amigos de los Presos Políticos”, dijo.
#1Dic | Desde la gran vigilia por la libertad de los presos políticos en Plaza La Castellana, Caracas, el coordinador general de Provea, Oscar Murillo, expresó: "Toda Venezuela clama porque termine el sufrimiento de las familias que tienen detenidos por razones políticas" pic.twitter.com/F1GDHCWFop
Murillo también se refirió al trabajo que se debe realizar desde el Ministerio Público y destacó la escasa transparencia que existen en asuntos como estos.
“Desde las primeras excarcelaciones que se anunciaron todavía no conocemos una lista definitiva para que las familias puedan tener las previsiones del caso. En ese sentido, no solo le pedimos al fiscal que termine de publicar, eso debería aparecer en la página web de la fiscalía, y también le hacemos un importante llamado al defensor y a la Defensoría del Pueblo que tiene un mandato clarísimo en la Constitución”, dijo.
Advirtió que la Defensoría del Pueblo tiene el deber de ser interlocutora entre los ciudadanos y los poderes del Estado. Insistió en que es necesario que el Ministerio Público haga pública la lista de los excarcelados, que indiquen cuándo se concretará las liberaciones que se prometieron y que se acelere el proceso para detener el sufrimiento de las familias.
A este llamado de Provea se suma una situación alarmante en algunos centros penitenciarios. Diego Casanova, miembro del Comité de Familiares y Amigos de los Presos Políticos, denunció que están preocupados por el estado de salud de los detenidos en contexto postelectoral y que a lo largo de estos días han recibido 12 casos de personas que han querido quitarse la vida en la cárcel de Tocuyito.
“Estas personas siguen sufriendo un desgaste en su salud física y emocional producto de la injusta prisión. Recibimos la denuncia la semana pasada de que 12 personas en Tocuyito intentaron quitarse la vida porque vieron que es la única manera de salir y acabar con su sufrimiento, esa etapa oscura que están viviendo”, exclamó.
#1Dic "Hasta 12 presos en Tocuyito intentaron quitarse la vida, porque pensaron que era la única manera de acabar con la tortura que están viviendo", expresó Diego Casanova, familiar de un preso político, desde vigilia en Caracas pic.twitter.com/LqrfEkym08
Casanova fue enfático al mencionar que no desean recibir “unos cadáveres” y que todos los inocentes necesitan reunirse con sus familiares.
“No vamos a recibir cadáveres para enterrar. No vamos a aceptar recibir a nuestros familiares presos para enterrarlos, antes vamos a luchar para que salgan sanos y libres como cuando entraron cuando los metieron presos. Por eso pedimos que no nos abandonen”, manifestó.
Esta vigilia se diferenció de las demás por la cantidad de personas que asistieron. La sociedad civil se movilizó para pedir por los presos políticos en Venezuela. Andreína Baduel comunicó que se sintió “conmovida por la cantidad de personas que asistieron para pedir por la liberación inmediata” de todas las personas detenidas por razones políticas.
“Tal y como hemos venido denunciando, ha habido intentos de suicidios como mecanismos de desespero, de enfrentar crueldad, tanta injusticia y no recibir respuesta. Sin embargo, eso nos ha comprometido a que sigamos luchando para que no muera nadie nunca en prisión por pensar distinto”, sostuvo.
Baduel reiteró que la condición de salud de su hermano, Josnars Adolfo, es delicada. “La condición de mi hermano es delicada porque fue torturado en el Sebin y se ha agudizado en el Rodeo I que es un centro de tortura donde las condiciones de aislamiento son bien inhumanas. Está en una celda 2×2 en la que solo tiene una letrina y tiene restricciones de alimentación, de hidratación y de medicación y eso ha hecho que empeore su salud”.
Los familiares oraron y clamaron por la liberación de sus hijos, hermanos y esposos. Crédito: RunRunes.
Una de las caras más visibles del Comité de Familiares y Amigos de los Presos Políticos puntualizó que por su hermano y por los más de 2000 presos políticos continuarán luchando. “Para rescatar la dignidad y para contribuir al rescate de la democracia, además de la liberación de todos los presos políticos”.
Suplican no ser abandonados
Esta vigilia es la última de una serie que se han venido realizando para orar y pedir por los detenidos. Las actividades han servido como un punto de encuentro entre los familiares y un sostén emocional para atravesar estos momentos difíciles.
Durante el acto, se soltaron globos blancos -como símbolo de paz-, se encendieron velas y diferentes personas recitaron salmos, oraciones, mientras suplicaban no ser abandonados y que los nombres de sus hijos sean recordados.
Encendieron velas para pedirle a Dios la liberación de todos los presos políticos. Crédito: RunRunes.
A lo largo de estos meses, las familias se han movilizado de diferentes maneras, siempre motivadas por la fe. Han entregado recursos al Ministerio Público, al Tribunal Supremo de Justicia y al Ministerio de Asuntos Penitenciarios.
Su lucha ha sido frontal, pero la respuesta ha sido lenta y escasa. Tras meses de manifestaciones, el 15 de noviembre, el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, Tarek William Saab, anunció la liberación de 225 personas, pero -hasta el momento- según registros de Foro Penal se han concretado 146.
Organismos internacionales han escuchado el clamor de los familiares como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una conferencia de prensa, denunciaron que las condiciones de reclusión en el país son inhumana y que no existe diferenciación entre las personas detenidas.
Ahora, se sumó el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, quien aseguró que su oficina está trabajando para que las víctimas obtengan justicia.
“La complementariedad no puede ser una historia interminable. No he visto la implementación concreta de leyes y prácticas en Venezuela que esperaba. Por eso quiero dejar claro que la pelota está en el tejado de Venezuela. La vía de la complementariedad se está quedando sin camino”, informó.
En medio de las olas de detenciones arbitrarias, el miedo también ha sido parte de la lucha de las madres y familiares de presos políticos, pese a esto, gritaron “libertad”, dejando claro que no se dejarán vencer y que continuarán en la calle “hasta que el último preso político sea liberado”.
La líder opositora de Venezuela María Corina Machado urgió este domingo a la comunidad internacional a “actuar ya” ante la “tortura” que, según denunció, hay contra los seis dirigentes de Venezuela refugiados desde marzo en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas -custodiada por Brasil-, bajo “asedio” desde el 23 de noviembre.
“Las cosas hay que llamarlas por su nombre: lo que ocurre hoy en la Embajada de la Argentina en Caracas, bajo protección de Brasil, es tortura en territorio argentino”, dijo la exdiputada en redes sociales.
Machado aseguró que Pedro Urruchurtu, Magalli Meda, Omar González, Claudia Macero, Humberto Villalobos y el exministro Fernando Martínez Mottola “permanecen aislados, sin agua, sin luz y rodeados por fuerzas del régimen que intensifican el acoso”.
“El mundo democrático debe actuar ya”, agregó Machado, quien asegura estar en la clandestinidad al temer por su “vida”.
Este sábado, Urruchurtu dijo a EFE que desde el pasado lunes están “sin electricidad”, tras el denunciado robo de fusibles eléctricos, y que tampoco permiten el acceso de un camión cisterna con agua potable para reponer lo consumido del tanque de la residencia, que -afirmó- se agotó este fin de semana tras varios días racionando su contenido.
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) pidió esta semana presión internacional para que cese el “asedio criminal” y “se emitan, cuanto antes, los salvoconductos para los seis compañeros”, quienes ingresaron a la sede diplomática luego de que la Fiscalía los acusara de varios delitos como conspiración y traición a la patria.
Desde agosto, la embajada permanece bajo la protección de Brasil -luego de la expulsión de los diplomáticos argentinos-, aun cuando el Gobierno de Nicolás Maduro revocó esta autorización en septiembre alegando la supuesta planificación de “actos terroristas” en el interior de la sede por parte de los asilados.
Este domingo, la oposición mayoritaria lleva a cabo numerosas protestas dentro y fuera de Venezuela para exigir a la Corte Penal Internacional (CPI) que actúe “ya” para que haya “justicia”, objeto de una investigación de este tribunal por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Este 1 de diciembre la ONG Justicia, Encuentro y Perdón alertó sobre las “graves condiciones” de salud de tres presos políticos, detenidos en el marco del contexto poselectoral e instó a que fueran beneficiados con medidas humanitarias.
Los casos narrados evidencian que, además de que las situaciones de salud se complicaron en prisión, quienes fueron trasladados a hospitales han tenido que enfrentarse a la situación de escasez de insumos.
Mencionaron en primer lugar el caso de la joven Arianna Pinto de 20 años de edad, quien desde el 12 de agosto está internada con una condición de salud grave en el hospital Joaquina de Rotondaro, del municipio Tinaquillo, estado Cojedes.
“Ella está a la espera de una medida humanitaria. La joven, que se dedicaba a labores del campo, sufre insuficiencia renal crónica, diabetes mellitus tipo I e hipertensión arterial y además convulsiona casi a diario”, alertaron en un mensaje publicado en la red social X.
Pinto fue detenida el 1 de agosto de 2024 en Cojedes. Su detención se produjo tras la denuncia de parte de una líder de las UBCH. Su madre asegura que la denunciante se valió del poder político que otorgan esas estructuras comunitarias para vincular a Arianna y a otra joven con las protestas y lograr que las apresaran: “Era un asunto personal, no político y ni siquiera es cierto”, precisó Elizabeth Pinto al medio aliadoEl Pitazo.
En situación delicada
Otro preso político que enfrenta desafíos de salud es José Bellorín Lárez, detenido en Carúpano, estado Sucre. Justicia, Encuentro y Perdón indicó que permanece hospitalizado desde el 4 de agosto cuando fue trasladado de emergencia al Hospital Santos Aníbal Dominici de esa localidad, “por presentar una crisis hipertensiva que se complicó al punto de causarle una especie de accidente cerebrovascular (en estudio)”.
En la actualidad, según precisaron, “necesita exámenes especiales de alto costo y de rutina para el control a fin de definir el tratamiento adecuado”.
Por su parte, Terriz Méndez, detenido en la cárcel de Tocuyito, estado Carabobo, sufrió un ACV el pasado miércoles 27 de noviembre “que lo dejó inmovilizado y sin poder hablar”.
Su madre, Rosa Escobar, denuncia que fue notificada tres días después del hecho y que pese a su estado delicado no ha sido trasladado a un centro asistencial, pues los custodios alegan que deben esperar orden de traslado”, relató la ONG.
Garantizarles la salud es una obligación constitucional
Justicia, Encuentro y Perdón reiteró que el Estado venezolano tiene la obligación constitucional de “garantizar el bienestar y la vida” de los ciudadanos mencionados y de todas las que permanecen detenidas por motivos políticos.
“Exhortamos a las autoridades a actuar con prontitud para que Arianna Pinto, José Bellorín Lárez y Terris Méndez reciban la atención médica inmediata y especializada que requieren, así como medidas humanitarias de libertad que les permitan restablecer su salud al lado de sus familias. Es un deber y un acto de compasión que contribuiría a poner fin al dolor y la zozobra”, exhortaron.
Cabe recordar que el pasado 14 de noviembre falleció el preso político Jesús Martínez, un testigo electoral que fue detenido el día después de las presidenciales por funcionarios policiales en el estado Anzoátegui. Martínez también tenía diabetes y sus familiares responsabilizaron al Estado por no haberle prestado atención médica oportuna.
La reclusión y la falta de tratamiento y atención médica empeoraron la condición de diabetes con la que vivía Martínez. La líder opositora, María Corina Machado, denunció entonces que luego de semanas en un calabozo “infrahumano” las piernas del activista Jesús Martínez Medina sufrieron necrosis. La familia precisó que murió esperando la orden de juez para que se le pudiera practicar una ecografía.
La regla 24 de las “Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos”, conocidas también como “Reglas Mandela”, indica que la prestación de servicios médicos a los reclusos es responsabilidad del Estado. En su punto dos, especifica que se debe garantizar la continuidad del tratamiento y la atención
El cadáver de una joven mujer fue localizado en horas de la mañana de este viernes 29 de noviembre por conductores que circulaban por el distribuidor de Terrazas del Ávila, en sentido hacia la avenida Boyacá, o Cota Mil, parroquia Petare del municipio Sucre del estado Miranda.
El cuerpo de la joven de unos 20 años, cabello negro y piel morena, presentaba varios impactos de bala. La víctima no pudo ser identificada debido a que no portaba documentos que permitieran dar con su nombre y apellido.
Al sitio del hallazgo acudieron comisiones de la Policía Municipal de Sucre, Policía del estado Miranda, Policía Nacional Bolivariana, detectives adscritos al Eje Este y Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), quienes iniciaron las investigaciones para esclarecer el crimen.
Hasta los momentos, lo único que se sabe es que la joven habría sido asesinada en el lugar donde fue localizada, por lo que la policía investiga si las cámaras de video vigilancia del área pudieron captar algo.
Funcionarios adscritos al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), realizaron el levantamiento del cadáver y lo trasladaron hasta la morgue de Bello Monte, donde se le realizará la necropsia de ley y se espera que sea identificada a través de sus huellas dactilares.
Con esta muerte, son seis los asesinatos de mujeres ocurridos en Petare en lo que va de año; el principal móvil de los crímenes ha sido la violencia basada en género, con cuatro casos que representan 66% de los femicidios.
Las otras dos muertes violentas ocurrieron, una en un presunto caso de resistencia a la autoridad a manos de la Policía Nacional Bolivariana; mientras que en el otro deceso el móvil del crimen no había sido determinado por las autoridades al momento de recopilar la información. Esta información se basa en datos recopilados por Monitor de Víctimas.
En los últimos siete años, comprendidos entre mayo de 2017 y octubre de 2024, por lo menos 62 mujeres fueron asesinadas en la parroquia Petare, según este mismo conteo.
En El Mañanero del 2 de diciembre de Runrun.esresumimos los titulares más destacados sobre Venezuela: Venezolanos en varias ciudades del mundo y dentro del país -con algunas precauciones-protestaron para exigir a la Corte Penal Internacional que fije posición sobre nuevos crímenes dc lesa humanidad en el país. María Corina Machado se unió al clamor, mientras continuaba el asedio a los dirigente de Vente Venezuela en la sede diplomática de Argentina en Caracas.
#1Dic “Hasta 12 presos en Tocuyito intentaron quitarse la vida, porque pensaron que era la única manera de acabar con la tortura que están viviendo”, expresó Diego Casanova, familiar de un preso político, desde vigilia en Caracas pic.twitter.com/LqrfEkym08
“Hasta 12 presos en Tocuyito intentaron quitarse la vida, porque pensaron que era la única manera de acabar con la tortura que están viviendo”, expresó Diego Casanova, familiar de un preso político, desde vigilia en Caracas
Este 1 de diciembre habitantes de varias ciudades del país se sumaron a la protesta global convocada por María Corina Machado, líder opositora, para exigir a la Corte Penal Internacional (CPI) adoptar medidas contra el gobierno venezolano por las violaciones a los derechos humanos ocurridas luego del 28 de julio.
En Venezuela las manifestaciones se realizaron con algunas precauciones, debido al temor de los ciudadanos por la represión electoral en la que unas 2000 personas resultaron detenidas.
En Caracas, en parroquias como Petare, los ciudadanos exhibieron sus pancartas y mensajes y las manos pintadas de rojo pero se cuidaron de no mostrar sus rostros. El Comando con Vzla difundió algunas imágenes de esa manifestación.
En el estado Yaracuy, los manifestantes también cubrieron sus rostros o posaron de espaldas, reseñó el medio Yaracuy al Día.
En diversas localidades de esa entidad como San Felipe, Bolívar, Peña y La Trinidad los manifestantes se reunieron con pancartas que tenían mensajes como “libertad para los jóvenes”, “Parroquia San Felipe, levanta la voz”, “El 10 de enero es ya”, entre otros.
En Amazonas, la modalidad de protesta fue similar. “CPI, actúa ya”, se podía leer en los carteles que se desplegaorn durante la actividad.
En otros estados como Bolívar, Lara y Delta Amacuro también se reportaron concentraciones de ciudadanos. En el Municipio Caroní, una de las manifestantes expresaba que el 28 de julio “Venezuela ya tomó una decisión” y exigía respeto a la Constitución. En Tucupita, los ciudadanos pidieron que se respete a los ciudadanos y destacaban que quienes manifiestan “no son criminales ni terroristas”.
#El10DeEneroEsYa | El municipio #Tucupita en la parroquia San José alza la voz para exigir que paren ¡YA! los crímenes de lesa humanidad, no somos criminales ni terroristas, somos venezolanos y queremos que se respeten nuestros derechos.
En ciudades fronterizas también hubo manifestaciones. En Cúcuta, según reportó La Nación de Táchira, un grupo de venezolanos se reunió bajo las consignas «libertad» y «basta ya», con lo que instaron a la CPI a centrar su mirada en Venezuela para que cese la violencia y sean liberados los presos políticos.
