Este 1 de diciembre la ONG Justicia, Encuentro y Perdón alertó sobre las “graves condiciones” de salud de tres presos políticos, detenidos en el marco del contexto poselectoral e instó a que fueran beneficiados con medidas humanitarias.
Los casos narrados evidencian que, además de que las situaciones de salud se complicaron en prisión, quienes fueron trasladados a hospitales han tenido que enfrentarse a la situación de escasez de insumos.
Mencionaron en primer lugar el caso de la joven Arianna Pinto de 20 años de edad, quien desde el 12 de agosto está internada con una condición de salud grave en el hospital Joaquina de Rotondaro, del municipio Tinaquillo, estado Cojedes.
“Ella está a la espera de una medida humanitaria. La joven, que se dedicaba a labores del campo, sufre insuficiencia renal crónica, diabetes mellitus tipo I e hipertensión arterial y además convulsiona casi a diario”, alertaron en un mensaje publicado en la red social X.
Pinto fue detenida el 1 de agosto de 2024 en Cojedes. Su detención se produjo tras la denuncia de parte de una líder de las UBCH. Su madre asegura que la denunciante se valió del poder político que otorgan esas estructuras comunitarias para vincular a Arianna y a otra joven con las protestas y lograr que las apresaran: “Era un asunto personal, no político y ni siquiera es cierto”, precisó Elizabeth Pinto al medio aliado El Pitazo.
En situación delicada
Otro preso político que enfrenta desafíos de salud es José Bellorín Lárez, detenido en Carúpano, estado Sucre. Justicia, Encuentro y Perdón indicó que permanece hospitalizado desde el 4 de agosto cuando fue trasladado de emergencia al Hospital Santos Aníbal Dominici de esa localidad, “por presentar una crisis hipertensiva que se complicó al punto de causarle una especie de accidente cerebrovascular (en estudio)”.
En la actualidad, según precisaron, “necesita exámenes especiales de alto costo y de rutina para el control a fin de definir el tratamiento adecuado”.
Por su parte, Terriz Méndez, detenido en la cárcel de Tocuyito, estado Carabobo, sufrió un ACV el pasado miércoles 27 de noviembre “que lo dejó inmovilizado y sin poder hablar”.
Su madre, Rosa Escobar, denuncia que fue notificada tres días después del hecho y que pese a su estado delicado no ha sido trasladado a un centro asistencial, pues los custodios alegan que deben esperar orden de traslado”, relató la ONG.
Garantizarles la salud es una obligación constitucional
Justicia, Encuentro y Perdón reiteró que el Estado venezolano tiene la obligación constitucional de “garantizar el bienestar y la vida” de los ciudadanos mencionados y de todas las que permanecen detenidas por motivos políticos.
“Exhortamos a las autoridades a actuar con prontitud para que Arianna Pinto, José Bellorín Lárez y Terris Méndez reciban la atención médica inmediata y especializada que requieren, así como medidas humanitarias de libertad que les permitan restablecer su salud al lado de sus familias. Es un deber y un acto de compasión que contribuiría a poner fin al dolor y la zozobra”, exhortaron.
Cabe recordar que el pasado 14 de noviembre falleció el preso político Jesús Martínez, un testigo electoral que fue detenido el día después de las presidenciales por funcionarios policiales en el estado Anzoátegui. Martínez también tenía diabetes y sus familiares responsabilizaron al Estado por no haberle prestado atención médica oportuna.
La reclusión y la falta de tratamiento y atención médica empeoraron la condición de diabetes con la que vivía Martínez. La líder opositora, María Corina Machado, denunció entonces que luego de semanas en un calabozo “infrahumano” las piernas del activista Jesús Martínez Medina sufrieron necrosis. La familia precisó que murió esperando la orden de juez para que se le pudiera practicar una ecografía.
La regla 24 de las “Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos”, conocidas también como “Reglas Mandela”, indica que la prestación de servicios médicos a los reclusos es responsabilidad del Estado. En su punto dos, especifica que se debe garantizar la continuidad del tratamiento y la atención
