La desconfianza hacia el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el temor a represalias han mermado la voluntad de los ciudadanos para actuar como testigos electorales en los comicios parlamentarios y regionales programados para el 27 de abril.

El CNE ha dado inicio formal a la organización de las elecciones, en las que se elegirán diputados de la Asamblea Nacional, gobernadores y miembros de los consejos legislativos. Sin embargo, el principal desafío será convencer a la ciudadanía de asumir el rol de testigos, un derecho que ha sido socavado por el miedo y la falta de confianza en las instituciones, reseña un trabajo del medio aliado Tal Cual.

Tras los comicios del 28 de julio, testigos que entregaron actas electorales a la oposición fueron perseguidos e incluso detenidos. Martha, una testigo electoral de Las Adjuntas, en Caracas, relató al referido medio que tras esas elecciones  vivió semanas de terror, temiendo ser detenida por las fuerzas de seguridad.

“Nunca había sentido tanto miedo”, afirma, y asegura que no volverá a ser testigo mientras el gobierno actual siga en el poder. Zambrano critica la falta de transparencia del CNE, señalando que aún no se han publicado los resultados desglosados que respalden la victoria de Maduro.

Esteban, un hombre que estuvo como testigo en Vargas, también se niega a participar en los próximos comicios debido a la opacidad del CNE en las elecciones pasadas.

“¿Qué nos hace pensar que esta vez será distinto?”, cuestiona, refiriéndose a la falta de resultados verificables en los comicios presidenciales. Echarry y otros testigos aseguran haber presenciado la derrota de Maduro ante González Urrutia.

Paola, una testigo de Maturín, evalúa si participar en las elecciones del 27 de abril, condicionando su decisión a que la oposición establezca una estructura sólida como la del 28 de julio.

Sociedad civil atemorizada

Griselda Colina, directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, subraya la importancia de los testigos y observadores en garantizar la transparencia de los procesos electorales. Sin embargo, la represión posterior a las elecciones del 28 de julio y la falta de acreditación para observadores nacionales e internacionales en el cronograma actual generan dudas sobre la pluralidad y legitimidad de los próximos comicios.

Colina destaca que la veeduría ciudadana, junto con testigos, miembros de mesa y medios de comunicación, es crucial para documentar irregularidades y asegurar el cumplimiento de las garantías constitucionales. No obstante, advierte que el contexto actual está marcado por limitaciones y el riesgo de persecución, lo que dificulta la participación plena de la sociedad civil en el proceso electoral.

Lea el trabajo completo en Tal Cual

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Este 9 de febrero de 2025 se cumple un año de la detención de la abogada y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. Un día como este, pero del año 2024, San Miguel se disponía a viajar con su hija Miranda desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Allí fue detenida y estuvo durante tres días en condición de “desaparición forzosa”, según la ONG Provea, pues no fue hasta la noche del 12 de febrero cuando  la presentaron ante el Tribunal 2.º Contra Terrorismo en Caracas, sin haber designado a sus abogados de confianza.

En esas horas también fueron detenidos otros familiares de San Miguel, además de su hija:Miguel San Miguel, hermano; Alberto San Miguel, hermano; Víctor Díaz, padre de Miranda y Alejandro González, exesposo (quien permanece detenido)

Distintas organizaciones y defensores de derechos humanos clamaron este domingo por la liberación inmediata “sin restricciones” de la abogada y directora de la ONG Control Ciudadano e instaron a la comunidad internacional a continuar presionando por el respeto de los derechos humanos en el país.

El Observatorio Venezolano de Prisiones recordó que San Miguel ha sido sometida “a un proceso viciado, plagado de irregularidades y violaciones al debido proceso” y de un sistema “que criminaliza la defensa de los derechos humanos, buscando acallar su voz y la de quienes luchan por una Venezuela más justa y democrática”.

Una fractura atendida tardíamente

El OVP destacó que la defensora de derechos humanos fue diagnosticada con una fractura en el hombro derecho que requiere una cirugía especializada, “la cual debe ser realizada bajo la supervisión de sus médicos de confianza y el cuidado de su familia”.

En horas de la tarde del pasado 10 de  diciembre, en el marco del aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fueron difundidas – por primera vez desde su detención- una serie de fotografías de Rocío San Miguel, en las que mostraba un evidente deterioro físico.

”Este hecho ha generado gran preocupación, ya que revela la crueldad del régimen de Nicolás Maduro y una falta de respeto absoluto a su privacidad y a los derechos fundamentales que le asisten como persona”, indicó el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en X sobre San Miguel, y explicó que si bien la asistencia médica es elemental para su bienestar físico, la acción fue acompañada con una exhibición mediática de su imagen que representa una violación a su derecho a la privacidad. 

Además, se conoció que la fractura de San Miguel fue diagnosticada el 5 de diciembre, pese a que ”ocurrió cuatro meses atrás” tras caerse como consecuencia de un mareo por una laberintitis que no fue oportunamente tratada, según el abogado Juan González Taguaruco.

Claman por medida humanitaria

Provea instó al gobierno a otorgar una medida humanitaria y libertad a San Miguel, para que sea atendida por médicos de su confianza y pueda ser operada  en libertad. Al mismo tiempo, instaron al Reino de España a garantizar la integridad de su ciudadana.

A San Miguel le imputaron el 12 de febrero de 2025 los delitos traición a la patria, conspiración, terrorismo, asociación, entre otros, en una audiencia en la que no tuvo acceso a defensa privada. Su detención y este hecho fueron rechazadas por la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH (Acnudh), y el gobierno respondió a la instancia con la decisión de expulsar a sus funcionarios de Venezuela. 

Cabe recordar que la defensora de derechos humanos además posee medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el año 2012, pero dichas medidas no han sido respetadas. 

En todo este tiempo de detención, los abogados de San Miguel no han podido tener acceso a su expediente para asistirla. Tampoco se ha dado inicio formal de su juicio.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.