La ONG Justicia, Encuentro y Perdón lamentó este viernes, 16 de mayo, el fallecimiento de Wilmer García, ex preso político de la represión poselectoral en 2024 que fue excarcelado el 16 de noviembre del año pasado.
A través de su cuenta de X, la organización señaló que García falleció “tras un severo deterioro de salud sufrido durante su injusta detención”. García tenía un diagnóstico de autismo y una enfermedad renal crónica. Según la ONG, “su condición médica se agravó considerablemente debido a la falta de atención adecuada”.
“A pesar de su evidente vulnerabilidad, Wilmer permaneció en prisión hasta el 16 de noviembre, cuando fue excarcelado. Finalmente, falleció como consecuencia de las complicaciones derivadas del abandono al que fue sometido”, denunció Justicia, Encuentro y Perdón.
La ONG alertó que el caso de Wilmer García “evidencia la desprotección sistemática que enfrentan las personas privadas de libertad en Venezuela, especialmente aquellas con condiciones de salud delicadas”. A eso recordaron la muerte de Ariadna Pinto, de 20 años, detenida el 1 de agosto de 2024 en Tinaquillo. Pinto vivía con diabetes desde la infancia y requería cuidados médicos especiales. Aun así, fue arrestada.
“Su condición se deterioró rápidamente, por lo que fue excarcelada el 7 de diciembre tras haber estado ingresada en el hospital en distintas ocasiones durante su permanencia en la cárcel. El 10 de mayo falleció por un paro respiratorio, resultado directo del abandono de un sistema que tenía el deber de protegerla”, recordó la organización.
Justicia, Encuentro y Perdón alertó que estas muertes no son hechos aislados. “Representan un patrón alarmante de criminalización de la protesta, detenciones arbitrarias y trato inhumano hacia personas detenidas, incluso aquellas con condiciones de salud comprometidas. Exigimos justicia, verdad y garantías de no repetición”.
“Las vidas de Wilmer y Ariadna no debieron terminar así. Nos solidarizamos profundamente con sus familias y reiteramos nuestro compromiso de continuar denunciando estos abusos, exigiendo rendición de cuentas y acompañando a las víctimas ante todas las instancias necesarias”, finalizó.
Expresamos nuestro profundo dolor ante la muerte de Wilmer García, quien falleció tras un severo deterioro de salud sufrido durante su injusta detención. Wilmer, diagnosticado con autismo y enfermedad renal crónica, fue arrestado en el contexto poselectoral y, durante su… pic.twitter.com/zmRCCm909J
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) May 16, 2025
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
*Javier Rodríguez es gerente de Operaciones de una empresa de artes gráficas de Caracas. Desde hace varias décadas, la compañía se dedica a la fabricación de empaques y productos afines, en materiales tan variados como cartón, microcorrugado y papel.
Desde que la Asamblea Nacional sancionó en mayo de 2024 la “Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social frente al Bloqueo Imperialista”, la empresa para la que trabaja Rodríguez ha pagado una contribución del 9% de todos los gastos del personal de forma mensual desde junio del año pasado.
“Yo le pago un salario, los cestatickets, un bono de cuarentena que yo le regalo al personal y, dependiendo del mes, le doy un bono de venta sobre eso. La cantidad de la contribución va a depender de qué pague y de qué no pague en el mes. Pero todos los meses se paga y es obligatorio”, señaló Rodríguez en entrevista con Runrun.es.
El empresario explicó que, para no generar pérdidas con el pago de esta contribución, hace el cálculo del gasto directo de la empresa con respecto al pago de los trabajadores mensualmente para poder ajustar los costos de productos y servicios que ofrecen.
“Si yo antes vendía un estuche en 100 bolívares, ahora lo vendo en 101 o en 102 para compensar el 9% que le estoy dando sobre el precio de lo que le pago al personal, no es sobre mis ganancias netas”, precisó.
Pero mientras las empresas pagan, los pensionados esperan. *Armando es un pensionado caraqueño de 73 años de edad. Después de laborar por más de cuatro décadas en la gerencia de actividades comerciales en empresas privadas, ahora sobrevive con la ayuda de sus hijos y con una pequeña venta casera de alimentos.
La situación económica del país no le permite descansar como le correspondería después de intensos años de trabajo. El monto que le pagan mensualmente por su pensión, más el bono de guerra económica, apenas le sirven para comprar, a medias, el tratamiento para la hipertensión, pues necesita una de las moléculas más costosas del mercado.
“Hace casi un año, justo en la campaña de las presidenciales, el gobierno anunció con bombos y platillos la ley de protección de pensiones y hasta prometió que habría sorpresas para los pensionados, pero ninguno de nosotros le hemos visto el queso a la tostada. El aumento del 1 de mayo fue solo de bono y para reírse, todos nos preguntamos adónde están cayendo esos recursos, porque a los bolsillos de los pensionados no es”, expresó. Ese sentir se repite en millones de pensionados que no han visto ningún beneficio a través de esta ley.
Una ley sancionada sin una consulta amplia con el sector privado
La “Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social frente al Bloqueo Imperialista”, fue creada con el supuesto objetivo de crear un fondo y fortalecer las pensiones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) a través de una contribución especial que deben hacer las empresas privadas del país. La medida se tomó en respuesta al impacto negativo presuntamente causado por medidas coercitivas y otras medidas restrictivas punitivas que enfrenta el país, según el alegato del Estado venezolano.
De acuerdo con el Decreto Presidencial N.º 4.952, con fecha del 16 de mayo de 2024, se estableció una contribución especial del 9% del total de los pagos realizados por el contribuyente a las trabajadoras y trabajadores. Asimismo, la contribución debe ser declarada y pagada al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), organismo encargado de la recaudación, fiscalización y sanción en caso de incumplimiento de esta obligación tributaria.
Esta ley no sólo fue aprobada sin una consulta amplia con los gremios empresariales, sino que además se desconoce el alcance de la misma, el monto total de las contribuciones realizadas por el sector privado hasta la fecha ni la distribución de este aporte patronal. Asimismo, a diferencia de otras leyes tributarias que contemplan excepciones, esta ley no distingue entre sectores productivos, tamaños de empresas o situación financiera. Solo quedan exonerados los emprendimientos que estén registrados ante el Registro Nacional de Emprendimientos (RNE).
A un año de la promulgación de esta ley, cuyo objetivo principal era garantizar la mejora en las pensiones de los venezolanos, el monto que reciben los pensionados sigue siendo de 130 bolívares o $1.37 al momento de escribir este artículo, lo que pone en duda su efectividad y el manejo que se le ha dado a la contribución exigida al sector privado. Tampoco hay data pública ni información oficial que indique el monto de lo recaudado hasta ahora ni a qué se ha destinado.
El pasado 30 de abril de 2025, horas antes del Día Internacional del Trabajador, Nicolás Maduro anunció un discreto aumento de las bonificaciones, que no tienen incidencia en otros beneficios laborales de los trabajadores venezolanos ni en el cálculo de las pensiones.
El monto del salario mínimo en Venezuela está congelado desde el 15 de marzo de 2022 y la población más perjudicada son los más de cinco millones de pensionados que hay en el país. El bono que se les paga mensualmente apenas fue aumentado en 5$ (cobraban 45$ indexados mensualmente y ahora cobrarán 50$). La Constitución además establece un mandato claro: las pensiones deben ser otorgadas mediante el sistema de seguridad social y no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano.
El Estado está constitucionalmente obligado a garantizar pensiones suficientes, ajustadas a las condiciones socioeconómicas y que permitan una vida digna, de acuerdo con el artículo 80 de la Carta Magna de Venezuela, un mandato constitucional incumplido y que deja en desprotección a una población vulnerable en el país.
En febrero de 2025 y en declaraciones a Fedecámaras Radio, el abogado laboral Wilmer Barrios, perteneciente a la firma JCBA Legal en Venezuela, destacó que las empresas han estado pagando el tributo al Seniat, ente encargado de su recaudación, y reportó incluso fiscalizaciones a aquellas empresas que no habían cancelado.
Todo tributo debe analizarse dentro de la vigencia del Estado de derecho
Leonardo Palacios, profesor y abogado especialista en Derecho Tributario, consideró que esta contribución es un “tributo irracional”, al explicar que no resuelve el objetivo de fondo, que debe ser crear un verdadero sistema contributivo de seguridad social, con carácter integral, oportuno y “que responda a los vaivenes de la economía sin afectar a los beneficiarios”.
“No se trata de evitar la existencia de este tipo de contribuciones, lo que se busca es reorientarlas para que pueda lograrse los objetivos fundamentales antes señalados, no se puede seguir adicionando tributos sin ningún visión global de la carga contributiva a las empresas, y mucho menos, que esos montos recaudados vayan a fondos perdidos”, declaró Palacios en entrevista con Runrun.es.
Palacios también indicó que todo tributo debe tener un objetivo esencial y fundamental. En algunos casos, explicó, se pagan en vinculación directa con un servicio o una ventaja que se recibe como contraprestación directa, es el caso de las tasas y las construcciones especiales y para fiscales.
En el caso de los impuestos, aclaró que no existe una vinculación directa, sino que simplemente es una expresión directa del deber de coadyuvar con el gasto público. “Eso impone un deber de racionalidad del tributo de qué se trate, no debe adicionarse o incorporarse en la estructura tributaria del país sin analizar el efecto que pueda generar, no solamente en la presión fiscal de las empresas, sino en los costos de cumplimiento y verificación por parte de los contribuyentes y de la administración tributaria, respectivamente”, dijo.
En cuanto a los logros y eficiencia en el manejo de los recursos, aclaró que solo pueden verse a largo plazo. “No basta con el establecimiento de la contribución si no existe un sistema tendente a establecer un verdadero régimen de pensiones que desarrolle los derechos fundamentales del trabajador, previstos en tratados de acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y la Constitución de 1999”.
No satisface la expectativa de un régimen prestacional
A juicio del abogado Palacios, la contribución especial establecida en la Ley de Protección de Pensiones tiene un impacto en la estructura de costos, en el flujo de caja de las empresas y en el costo de cumplimiento para satisfacer los derechos formales previstos en la legislación.
“Adicionalmente a esto, debe reiterarse que no se satisface la expectativa de un régimen prestacional para garantizar un derecho constitucional de primera orden de los trabajadores”, apuntó.
También, el especialista indicó que el sistema contributivo previsto en algunos casos puede constituir una sobrecarga cuando las empresas -vía contratación colectiva- tienen mecanismos propios para satisfacer las pensiones de sus trabajadores.
“La ley debió haber previsto que, en esos casos, las empresas que cuentan con un sistema pensional no estuviesen sometidas al pago de esta contribución especial”, acotó.
La recomendación que da el abogado especialista en Derecho Tributario a los contribuyentes es cumplir con sus obligaciones tributarias y deberes formales para no hacer una exposición regulatoria más gravosa ante cualquier requerimiento de la administración tributaria, principalmente en aquellos casos que, por vía de interpretación de la normativa y la especificidad de la actividad económica que realicen, “deben tener sustentación económica financiera, como sustrato de la interpretación legal adoptada”.
Asimismo, recomendó a las empresas revisar con detenimiento su carga fiscal en conjunto, evaluando en el caso de las contribuciones a la nómina, el comportamiento y definición contractual para evitar incumplimientos, o por el contrario, pagos excesivos indebidos.
Gobierno elude aumento del salario por incidencia en pensiones
En Venezuela, el salario mínimo establecido en la Constitución se mantiene en 130 bolívares desde el año 2022, y actualmente equivale a un poco más de un dólar según el tipo de cambio oficial que establece el Banco Central de Venezuela (BCV), lo que lo convierte en el más bajo de la región.
César Carballo, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello (IIJ-UCAB), consideró que el gobierno de Nicolás Maduro elude cualquier acuerdo en materia salarial con trabajadores y empresarios por el impacto que ello tendría en las prestaciones sociales y homologación de pensiones.
“Cada bolívar sobre salario mínimo automáticamente tiene impacto en prestaciones sociales y se homologan las pensiones. No hay capacidad para eso, con lo cual, se aumenta el ingreso no salarial: bonos y cestaticket. Esa ha sido la modalidad”, explicó Carballo durante el Congreso Cincuentenario del IIJ-UCAB, celebrado entre el 7 y el 9 de mayo.
*Algunos nombres se modificaron a petición de los entrevistados
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
La Vaca Mediática, el teletón que se llevará a cabo este sábado 17 de mayo, desde las 3:00 p.m hasta las 6:00 p.m (hora de Venezuela) a través de una transmisión en vivo desde un estudio en Miami y un espacio virtual desde Caracas y el resto del mundo, podrá ser visto en streaming por medio de Youtube.
Hoy y durante tres horas puedes formar parte de esta iniciativa impulsada por CONNECTAS, plataforma periodística para las Américas, en pro del periodismo que explica, conecta y no se rinde.
15 medios de comunicación independientes venezolanos se unen en este esfuerzo conjunto para recaudar fondos que garanticen su sustentabilidad y así seguir cumpliendo con nuestro compromiso con la audiencia. Los interesados pueden hacer su aporte desde ya, visitando el portal de la Vaca Mediática y escongiendo el monto y la plataforma de pago de su preferencia.
Un compromiso que se sostiene a pesar de que según datos de la ONG Espacio Público, el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (Ipys) y Reporteros sin Fronteras más de 300 medios han sido cerrados en Venezuela durante la última década, a lo que se suma un bloqueo sistemático de portales informativos, la criminalización del ejercicio periodístico, el encarcelamiento de al menos una decena de profesionales de la comunicación social y el exilio forzado de periodistas y editores.
Suma tu aporte a la Vaca Mediática
Los recursos obtenidos en este teletón serán destinados a 15 medios venezolanos: Arepita, Efecto Cocuyo, El Pitazo, Caracas Chronicles, Cazadores de Fake News, Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (Ipys), La Vida de Nos, Medianálisis, Monitor de Víctimas, ProboxVE, Reporte Ya, Runrunes, Servicio de Información Pública, Tal Cual y VE sin filtro. Entre estos 15 medios suman 50 premios y reconocimientos por sus trabajos de investigación en alianzas estratégicas.
Además de periodistas se unirán artistas, humoristas, influencers y otros talentos como César Miguel Rondón, Luis Chataing, los integrantes del podcast El Cuartico, Mariaca Semprún, Gladys Rodríguez y Ricardo del Búfalo, son algunos de los nombres que se sumarán a la causa convocada por la #VacaMediatica y que podrá ser seguida desde este enlace.
Con los fondos recaudados este 17M se pretende garantizar el sueldo de los trabajadores involucrados en el funcionamiento diario de los medios independientes, resguardar la seguridad de periodistas y equipos de trabajo, modernizar herramientas tecnológicas y narrativas y capacitar al personal en pos de seguir dando voz y espacio a la gente, con información verificada, pertinente, útil y necesaria.
Desde ya, los medios ponen a disposición la etiqueta #VacaMediatica en todas sus plataformas para que hagan las contribuciones y así ayudar a que el periodismo independiente se mantenga vivo en Venezuela.
El objetivo es seguir visibilizando el trabajo indispensable que hacen los medios de comunicación que día a día combaten la desinformación desde una óptica nacional, regional e hiperlocal.
Aporta a la causa, únete, difunde y apoya: #VacaMediatica porque El Periodismo Te SirVe
No hay que reparar tanto para los actos cotidianos y aparentemente insignificantes de la vida. Beber agua es algo que cualquiera hace en automático, sin pensarlo tanto. Roffson Varela, comerciante de 36 años, habitante de Santa Ana del Táchira, abría el grifo y tomaba agua. Siempre lo hacía. Era una costumbre que jamás había tenido motivos para abandonar.
Hasta el 1ro de mayo de 2024, ese día que recuerda bien.
Tomó agua y se acostó a dormir, como lo hacía todas las noches. Pero al rato despertó con un dolor abdominal insoportable. Al principio pensó que era algo pasajero, tal vez una comida que no le había caído bien. Pero la molestia no cedía. Al contrario, se intensificaba con cada hora que pasaba, hasta que un par de días después ya no podía mantenerse en pie. Su esposa, alarmada, lo llevó al Hospital Central. Aunque sabían que allí las cosas no eran fáciles por la falta de insumos y el colapso del sistema de salud, mantenían la esperanza de encontrar una respuesta ante el dolor punzante que Roffson sentía en el estómago.
En el hospital, los médicos no sabían con exactitud a qué se enfrentaban, pero tras varios exámenes confirmaron lo que temían: una infección gastrointestinal severa, provocada por la bacteria Helicobacter pylori, presente en el agua contaminada que consumía habitualmente. Lo dejaron hospitalizado. Durante ocho días, permaneció en cama, con suero y sometido a tratamientos que su cuerpo no siempre toleraba. Los episodios de escalofríos y las reacciones alérgicas al tratamiento complicaron aún más su recuperación, pero lo peor no era el dolor físico, sino la incertidumbre.
¿Qué pasaría si no mejoraba?
Su familia lo visitaba todos los días, aunque las restricciones del hospital no siempre lo permitían. Ellos también habían consumido de esa agua que lo había dejado en ese estado, pero hasta ahora no habían mostrado síntomas. Aun así, el miedo se seguía alimentado a lo largo de esa semana en la que Roffson no se encontraba estable.
Cuando fue dado de alta, pensó que lo peor había pasado. Pero estaba equivocado. Durante los siguientes 10 días tuvo que regresar al hospital en varias ocasiones, puesto que el tratamiento no había sido suficiente: seguía con la infección. Las visitas médicas se convirtieron en una rutina agotadora, tanto física como emocionalmente, y los costos comenzaron a acumularse. Aunque lograron cubrir los gastos —que rondaron entre 350 y 400 dólares—, Roffson sabía que muchas otras familias en su comunidad no corrían con la misma suerte.
En verdad, esta experiencia no era nueva para él. A lo largo de sus años viviendo en Santa Ana, había enfrentado problemas de salud similares en diferentes ocasiones. Sus familiares cercanos también habían sufrido infecciones gastrointestinales, todas relacionadas con el consumo de agua no potable. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, Roffson decidió que no podía quedarse callado.
Roffson siempre dice de sí mismo que es un “revoltoso”. En su juventud, durante sus años escolares, tenía el impulso de buscar y encontrar soluciones a los problemas que había en su institución educativa. Fue vocero estudiantil y lideró iniciativas para mejorar las condiciones de su escuela. Ese impulso por buscar soluciones y defender los derechos colectivos se convirtió en una parte fundamental de su identidad, porque a pesar de que nunca asumió cargos políticos, siempre se consideró un activista social. “Mi lucha es social”, suele decir, “no se trata de política, se trata de las personas”. Cuando ve que alguien está necesitado con alguna urgencia, no duda en ayudarlo. Así es él, alguien que se preocupa y vela por los intereses de su comunidad.
Guiado por este mismo espíritu, Roffson decidió denunciar públicamente la contaminación y el abandono del acueducto rural que abastece a Santa Ana y otras comunidades del municipio Córdoba, bajo la responsabilidad de la empresa Hidrosuroeste C.A., desde el año 2013.
Su historia, y su denuncia, la presentó el día martes 18 de febrero de 2025 en el Concejo Legislativo del estado Táchira. “La denuncia se realizó el mismo día que se me dio un derecho de palabra por petición hecha al diputado Miguel Reyes. En ese momento me entrevistaron la Televisora Regional del Táchira, Televen y La Nación”, recuerda.
Roffson relató de primera mano cómo el consumo de esta agua turbia que sale de los grifos lo había expuesto a una situación de riesgo, y así como era su caso, sabía de otros dentro de la comunidad. Si bien es cierto que después de ese 1ro de mayo había obligado a su familia a comprar agua embotellada y hervirla antes de consumirla para evitar las afecciones, estaba consciente de que estas soluciones temporales no eran suficientes, pues el problema de fondo seguía ahí, afectando a cientos de familias en el municipio.
En esa oportunidad no solo expuso su experiencia personal, sino que también abogó por soluciones concretas para la crisis sanitaria que enfrentaba el municipio, ante la ausencia del servicio además de la contaminación del mismo. Cuestionó la manera en la que era tratada el agua, y finalmente solicitó, junto con unos 900 miembros de la comunidad, un cabildo abierto sobre este problema y el cobro de un servicio básico que, en muchos hogares, no llegaba durante más de 15 días, a pesar de que las tarifas sí eran cobradas puntualmente, y a pesar de que, como él lo sabía bien, no es apta para el consumo humano.
La denuncia no tardó en generar repercusiones. Roffson se convirtió en blanco de represalias.
Luego del derecho de palabra, acordaron por mayoría iniciar las investigaciones referentes al tema por la Comisión de Servicios del Concejo Legislativo. Una semana después se inició una Mesa de Trabajo a la cual asistió. Fue el día jueves 27 de febrero de 2025, pero luego no supo más nada de ello. A principios de mayo de 2025 llamó al diputado Miguel Reyes, para preguntarle si sabía algo, y su respuesta fue que estaban esperando la entrega del informe por parte de la Comisión.
“Al principio se generó una fuerte atención pública al problema, pero después no hemos notado cambio alguno —dice Roffson—. Esperaré un tiempo prudente y, de no ver cambios, o por lo menos que se inicien los trabajos para que comiencen los cambios, pienso que hay que retomar nuestro planteamiento a las autoridades. Pero sí soy optimista, porque al hacer eco en redes sociales y medios públicos algún impacto positivo se genera”.
En todo caso, Roffson siente que actuó en atención a lo que consideraba correcto, y eso es algo que siempre guiará sus decisiones.
Estudié periodismo como profesión básica y ciencia política como maestría. Ambas decisiones fueron una mezcla de intereses, ambiciones y una creencia de que podía serle útil a mi país, la cual, debo admitir, hoy me parece un tanto ingenua. Siempre me gustó la política. De niño hacía juegos imaginativos sobre reinos en conflicto. Como soy parlanchín, creí que podía combinar esas dos inclinaciones mediante el estudio de la política y la comunicación periodística de mis observaciones, de una manera tal que constituyera un aporte, por humilde que fuera, a la recuperación de Venezuela… Y que me permitiera ganarme el pan de forma honesta, además.
Al igual que muchas otras personas, subestimé lo que la elite gobernante estaba dispuesta a hacer con tal de atornillarse en el poder. Tal permanencia se ha traducido en una debacle continua de la economía venezolana, en severo detrimento de los oficios profesionales. Pero además se ha traducido en una asfixia particularmente fuerte para el periodismo y la ciencia política.
Aunque hoy un médico en un hospital público no gane lo suficiente para gozar de una alta calidad de vida y su espacio de trabajo se encuentre en condiciones físicamente deplorables, eso es más producto de la negligencia que de una acción deliberada. En cambio, con las disciplinas que estudié sí ha habido una intención de reducirlas a una sombra de lo que fueron en Venezuela, porque la práctica ética de ambas exige un ojo crítico que el poder considera inaceptable. De manera que lo que hago no es precisamente el más grato de los oficios, cosa que no digo para victimizarme sino para que se comprenda mejor la difícil posición de cierta categoría profesional en Venezuela.
Esa categoría es la que tristemente en el habla coloquial es mentada con la expresión imprecisa “analista político”. Abarca a periodistas de fuente política, politólogos y ciudadanos sin formación académica en tales áreas pero que han logrado por equis o ye reconocimiento como profesionales en la materia. Apartando los problemas ya señalados, está además el del posicionamiento. El de la toma de postura. Existe la expectativa masiva de que el “analista político” haga juicios morales sobre su objeto de estudio. En tono de repudio, claro está. El pronunciamiento es visto como algo ineludible. Un ingeniero o un gerente empresarial tal vez pueda darse el lujo de abstenerse de criticar en público el statu quo. Un “analista político” no.
La verdad, no es una expectativa infundada. El “analista político” también tiene deberes ciudadanos. Toda persona con un ápice de moral tiene que sentirse horrorizada con lo que ha venido sucediendo en Venezuela por muchos, muchísimos años. Además, en el caso del oficio reporteril, pues el Código de Ética del Periodista Venezolano en su artículo 45 exige un “combate sin tregua” a la violación de los principios de la democracia, la libertad, la igualdad y la justicia.
Pero nada de lo anterior niega que la expectativa pone al “analista político” en una situación extraordinaria y a veces bastante tortuosa pues, como dije, se pretende que tenga una postura de rechazo duro a aquello que constituye buena parte de su objeto de estudio. Llega un punto en el que la expectativa se vuelve un estorbo para el profesional, ya que el público espera que este funja de activista o de lo que Sartre llamó “intelectual comprometido”. Que ponga sus observaciones al servicio de la causa democrática venezolana al punto de distorsionarlas para que se adapten a una narrativa.
Las distorsiones pueden darse de distintas formas, empezando por el edulcoramiento forzoso de una situación dada. Es decir, propagar nociones de que la elite gobernante se encuentra debilitada y que el fin del statu quo es inminente… Aunque no haya ninguna evidencia de tal cosa. Porque afirmar lo contrario es “desmotivador” para las masas. En su manifestación más burda, las distorsiones caracterizan a la dirigencia opositora del momento como exitosa… Aunque, de nuevo, nada indique que la oposición está cerca de cumplir su objetivo de un cambio político.
Esto me lleva al ejemplo concreto y presente. Cualquiera que me honre con su lectura habitual ha de saber que llevo varios meses señalando que la dirigencia opositora encabezada por María Corina Machado se encuentra estancada y sin saber qué hacer para avanzar en su reclamo sobre las pasadas elecciones presidenciales. Una opinión que me ha valido no pocas críticas, que en los casos de buena fe aprecio, aunque no me hayan convencido, además de insultos y acusaciones ridículas.
La semana pasada, no obstante, hubo una interrupción al business as usual con los misteriosos sucesos de la Embajada de Argentina en Caracas, cuyos detalles aún no conocemos. Tal ignorancia no ha impedido que al menos una parte de la base opositora, que se sentía desilusionada por el estancamiento al que aludí, recuperara algo de su fe por un posible evento extraordinario. Un indicio de que, tal vez, la dirigencia opositora sí está operando eficazmente para cambiar las cosas. No faltaron entonces personas que se apresuraron a valerse de la noticia para decirme cuán equivocado estuve.
Volvamos a la función del “analista”. El estudio que realiza es un proceso empírico. Para bien o para mal, se basa en lo que podemos ver. Por lo tanto, cuando es responsable, no puede elaborar conclusiones sobre la base de lo que no puede ver. Incluyendo, por ejemplo, lo que hace en tiempo real un político desde la clandestinidad. Esas acciones, de haberlas, solo se pueden evaluar a partir de sus efectos a posteriori. Los efectos son las señales. Si no hay señales, no hay acciones que evaluar. Para hablar de un plan sistemático, tiene que haber un conjunto igualmente sistemático de señales. Pero, repito, la primera señal no puede ser la única. Tiene que haber varias. Es absurdo exigirle al “analista” que confirme la existencia de un plan si aún no se han dado las otras señales. Eso es pretender que puede ver el futuro. Señores, las Casandras solo existen en mitos.
La confusión básica está entre el rigor y el deseo. Hay gente que quiere que lo primero se adapte a lo segundo. Que le digan lo que quiere escuchar. Incluso si el “analista” comparte el deseo de esa gente, no puede hacer tal cosa. Hacerlo no es responsable. No es ético. El “analista” hace su mejor esfuerzo, sobre la base de lo que, insisto, está a la vista del público y transmite sus conclusiones. No vende actos de fe sobre lo que no puede ver. La fe política es un lujo para quien no se dedica a esto. Vuelvo con el aforismo de Keynes: “Si los hechos cambian, mi opinión cambia también”. Eso es lo que hace que el “analista” responsable cambie de opinión. Y puede que ese proceso sea ingratamente más lento que el del ciudadano movido por la fe. Pero sigue siendo una obligación. Y si una realidad que nadie podía ver termina surtiendo un efecto que redunda en el beneficio del público, pues se le reconoce y se celebra, pese al escepticismo previo.
Muy bien, ¿pero entonces los hechos de la embajada muestran que Machado sí tiene un plan que se está poniendo en marcha poco a poco para alcanzar el cambio político? No lo sé. Como dije, tiene que haber más señales. El tiempo dirá. Lo hará más temprano que tarde. Hasta entonces, espero que no me odien por no sumarme aún a la euforia, más allá del fin del calvario que cinco personas estaban padeciendo.
La desconfianza debe haber surgido como un mecanismo de supervivencia de cualquier ser viviente que interactúa, en mayor o menor gado, con individuos de su misma o diferente especie. Aunque ha permitido el éxito de algunos animales, las sociedades humanas que han logrado sobresalir son aquellas en las que prevalece la confianza. Desafortunadamente, pareciera que cada día la desconfianza gana terreno, quizá favorecida por el surgimiento de las redes sociales y, más recientemente, por la inteligencia artificial que puede distorsionar cualquier hecho. La política venezolana no puede ser la excepción. Si no rectificamos, puede sucedernos lo que al monje Paulo en la obra teatral El condenado por desconfiado, atribuida a Tirso de Molina.
En política, tendemos a considerar que cualquiera que no piense como nosotros puede ser un marqués de Casa León, de la época inicial de la guerra de independencia, quien pasaba de patriota a realista y viceversa, según narra don Mario Briceño Iragorri en su libro Casa León y su tiempo / El caballo de Ledesma. Es indudable que en nuestros tiempos hay unos cuantos brincadores de vallas, como Arias Cárdenas, Hermann Escarrá, Bernabé Gutiérrez, Luis Eduardo Martínez y todos los que aceptaron la dádiva de una curul en la ilegítima Asamblea Nacional del año 2020.
Como hemos escrito, en relación a la elección de gobernadores y diputados convocada para este 25 de mayo por el Consejo Nacional Electoral, que desconoció la elección como presidente de Edmundo González, también rechazamos a los postulados por los partidos a los que el Poder Judicial cedió graciosamente el nombre como premio por cohabitar con el régimen. Sin embargo, hay otros que tienen años de lucha en contra del régimen pero que, por diferentes razones, decidieron participar o apoyar esa farsa, que no pueden señalarse como traidores a la lucha por la democracia, aunque dificultan su recuperación. Tal es el caso de Ramón Guillermo Aveledo, Chuo Torrealba y otros.
La decisión de Capriles de prestarse a la farsa mencionada solo puede entenderse como un deseo de permanecer en la lucha política y adversar a María Corina Machado. En cuanto a Rosales, participará para conservar su parcela. Ambos priorizan sus intereses personales sobre la recuperación de la democracia y la construcción de un nuevo país.
Por otra parte, es necesario denunciar que existe una campaña destructora, tanto por parte del régimen, como por fuego amigo que, sin motivo, ni razón, critican a jóvenes políticos que tuvieron que exiliarse y siguen luchando contra el régimen, como Vecchio, Goicochea, Smolansky y Pizarro. Esto es inaceptable. Al respecto, me permito citar y recomendar uno de los excelentes editoriales de Así lo veo, de la distinguida comunicadora social Gladys Rodríguez, titulado Despiadados.
Otro caso de desconfianza es el relacionado con la salida de los cinco compatriotas que estaban refugiados en la embajada argentina, bajo la protección de Brasil, para evitar ser encarcelados por participar en la organización de la elección del 28 J. Se comprende que en las primeras horas se pensara que Maduro había cedido y otorgado el salvoconducto. Sin embargo, después de las declaraciones de María Corina y de Marco Rubio, así como los comunicados de los gobiernos de Argentina y de Brasil, sorprende que algunos opinadores duden del rescate, mediante la Operación Guacamaya, que permitió que recobraran la libertad nuestros valientes compatriotas y que Maduro y Diosdado quedaran como pajaritos en grama.
Descartes planteaba que la duda metódica es necesaria para evitar en lo posible caer en el error, pero desconfiar sistemáticamente y solo por percepciones impide avanzar. No nos condenemos por desconfiados.
Como (había) en botica
Muchas esperanzas despierta la elección del papa León XIV por su cercanía a Latinoamérica, su defensa de quienes se ven obligados a emigrar y su rechazo al comunismo. En cuanto al tema del género, ojalá considere una mayor apertura.
Tres libros enriquecen el conocimiento de la situación venezolana: ¿Qué hacemos con la diáspora? de Tomás Páez; Enrique Aristiguieta Gramcko, entrevistado por Naudy Suárez y Decálogo del populismo, de Alexis Ortiz. Lamentamos el fallecimiento de Orangel Carroz Sánchez, compañero de Gente del Petróleo y de Unapetrol.
De acuerdo a un informe de la Red Global contra las Crisis Alimentarias (GNAFC), casi veinte millones de personas sufrieron inseguridad alimentaria aguda durante 2024 en América Latina, con Colombia al frente de los seis países afectados.
Según el informe en el vecino país8,8 millones de personas fueron afectadas, de los cuales 7,8 ciudadanos son ciudadanos neogranadinos y 1 millón migrantes.
De acuerdo a la investigación, el conflicto armado, el desplazamiento interno creciente y la precariedad de la población migrante fueron elementos de peso en la situación alimentaria colombiana.
Según el informe, un total de 19,7 millones de personas se toparon con altos niveles de inseguridad alimentaria aguda Fase 3 o superior)en al menos seis países.
El estudio revela que la proporción de población con alto nivel de inseguridad alimentaria aguda en la región aumentó del 17% en 2023 al 20% en 2024.
LaRed Global contra las Crisis Alimentarias expuso que Haití fue el país con la crisis alimentaria más grave de la región, con 5.600 personas en catástrofe alimentaria (Fase 5), el estado más avanzado de hambre que puede llevar a inanición y muerte.
300 000 menores haitianos sufrieron desnutrición aguda, lo que convirtió al país en el único de la región con una crisis nutricional en 2024.
De acuerdo al informe los desafíos climáticos actuales son otro elemento de peso en la región, en vista que las pocas precipitaciones y condiciones más cálidas y secas amenazan a América Central y el noroeste de América del Sur.
“Esto plantea riesgos para la producción agrícola, disponibilidad de alimentos y los medios de vida en toda la región”, advirtió GNAFC.
Para este estudio, la GNAFC contó con el apoyo de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Mientras su presidente Jorge Rodríguez y otros miembros se encuentran haciendo campaña para las para las venideras elecciones del 25 de mayo, los diputados de la Asamblea Nacional dominada por el chavismo tiene más de un mes sin celebrar sesiones ordinarias o extraordinarias.
En concreto, 35 días sin sesionar lleva el Parlamento conformado por 277 diputados El propio Rodríguez aspira repetir para el lapso legislativo 2026-2031, así como los diputados Cilia Flores y Nicolás Maduro Guerra.
Los chavistas Pedro Infante y América Pérez, primer y segunda vicepresidenta de la AN, respectivamente, también están en campaña, la cual comenzó oficialmente el pasado 29 de abril y finaliza el próximo 22 de mayo de acuerdo a lo informado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) presidido por Elvis Amoroso.
Durante el periodo de ausencia en la AN, varios de sus diputados han participado en actos relacionados con los venideros comicios, en los cuales se elegirán 285 escaños, incluidos representantes de la denominada la Guayana Esequiba.
La última sesión que celebró la AN fue el pasado jueves 10 de abril, cuando aprobó el decreto de estado de emergencia económica firmado por Nicolás Maduro.
De acuerdo a los diputados chavistas, estos han relegado la agenda electoral con el propósito de “profundizar la revolución bolivariana”.
Pese a la decisión de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y de la líder opositora María Corina Machado de no participar en el proceso, el exgobernador de Miranda Henrique Capriles Radonski y el exdiputado Juan Requesens postularon sus nombres para este 25M.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
