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Profesionales venezolanos sobreviven con empleos precarios en la frontera colombo-venezolana

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“El trabajo no es una deshonra”, reza un antiguo refrán de la sabiduría popular, cuyo origen se le atribuye a los textos bíblicos. El relato en el libro del Génesis, cuenta que “Dios creó al hombre” y que lo “puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara”, una evocación que le imprime valor al trabajo como parte de la vida misma y desde la dignidad. 

“Es mejor tener algo que no tener nada”, dice Omer Díaz, un licenciado en inglés de la Universidad de Los Andes, con una maestría en Planificación Educativa y que acumula 20 años de servicio en el ministerio de educación. 

Con una informalidad laboral que alcanza el 84,5% según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) y una tasa de desempleo del 40,3%, los venezolanos buscan alternativas en un entorno cada vez más incierto.

A Omer la necesidad lo ha llevado a desempeñarse como taxista, escolta, revendedor y mensajero. Oficios en los que asegura recibir una mejor remuneración que desempeñando la profesión a la que le dedicó años de estudio, dinero e intelecto.

“La situación me obligó a dejar de ser selectivo. Con cinco dólares al mes, ni vivo yo ni mi familia. Hay que enfocarse en la necesidad de sobrevivir. Al final, lo importante es encontrar un trabajo digno y al menos bien remunerado.“

En la economía informal, la ausencia de formación, respeto y jerarquía marca una realidad difícil para los profesionales. En este entorno, la relación laboral se reduce a una dinámica simple: a un patrón y al obrero, el que tiene el dinero y el que lo busca. No hay normas claras ni garantías laborales, el trato humano, profesional y digno se diluye. 

“En estos trabajos, la regla es simple: si el trabajo te sirve, lo tomas; si no, alguien más vendrá a ocupar tu lugar”, concluye Omer.

Una frontera nada fácil

Vivir en la zona limítrofe entre dos países se podría pensar que resulta beneficioso y reporta algún alivio económico para los profesionales que buscan alternativas laborales. Si bien es cierto que los ingresos que devengan por los distintos oficios informales los reciben en divisas, hay reglas que los limitan.

La mayoría de los oficios que realizan los habitantes de la frontera tachirense, dependen de Colombia, pero ser extranjero, en muchos casos, se convierte en un estigma que reduce oportunidades. 

“Aquí en la frontera la xenofobia es un obstáculo que limita las posibilidades de empleo. Lamentablemente, la percepción negativa con respecto a los hombres venezolanos en algunos sectores de Cúcuta y Villa del Rosario ha contribuido a que los empleadores colombianos eviten contratarnos y nos cierran puertas. No sé si pasa igual con las mujeres venezolanas”, señala Omer quien, aprovechando la cercanía geográfica, ha cruzado a Colombia para explorar posibilidades laborales.

La falta de regularización migratoria y la convalidación de títulos educativos (técnicos, universitarios) para quienes cruzan a Colombia representan otras significativas barreras para los profesionales venezolanos que buscan oportunidades laborales en Cúcuta, Norte de Santander. “He intentado encontrar empleo en Colombia, específicamente en Cúcuta y Villa del Rosario, pero mi mayor obstáculo ha sido la ausencia de documentos legales, como el apostillado de mi título, un trámite costoso que no puedo costear”, explicó una educadora de Ureña, estado Táchira.

Esta profesional docente, ante la precariedad laboral que enfrenta y aprovechando el contexto de movilidad fronteriza, se abrió espacio en una concurrida avenida de San Antonio del Táchira, adyacente al puente internacional Simón Bolívar, en donde cada tarde, luego de cumplir su jornada de trabajo, llega con una olla repleta de hallacas a ofrecerlas a los transeúntes.

“También vendo solteritas (galletas dulces crocantes), maracumango y otros postres, todos elaborados por mí para garantizar el control de calidad”, dice con orgullo.

La inestabilidad económica la ha llevado a tener episodios de estrés, pues nunca se imaginó que tras 20 años dedicados a su profesión tuviera que salir a la calle a vender comidas. 

“Si tuviera ingresos suficientes para cubrir todos mis gastos, podría permitirme descansar por las tardes. Sin embargo, disfruto lo que hago porque me permite tener contacto con la gente. Ya me conocen, me esperan en el punto donde vendo, y eso me agrada. A pesar de eso, el estrés sigue presente”.

Múltiples obstáculos ha tenido que enfrentar esta mujer venezolana al intentar rebuscarse la vida. Su sueldo como docente se lo suspendieron el año pasado y apenas hace dos semanas le fue restituido. Aunque reconoce que no es gran cosa, dice que “lo peleo porque me lo he ganado por mis 20 años de servicio al Estado venezolano”. 

Funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano, (Guardia Nacional y Policía Nacional Bolivariana), trataron en innumerables ocasiones de retirarla del lugar donde se acomoda para vender sus hallacas, alegando que se encuentra en una zona “estratégica de seguridad”. 

“Me presenté y les demostré que soy docente de un plantel educativo, donde aún ejerzo por vocación. Sin embargo, para ganarme la vida, debo salir a vender hallacas y otros alimentos. Afortunadamente, entendieron mi situación y me han permitido trabajar en ese lugar, donde muchas personas ya me conocen.”

En la zona fronteriza las oportunidades de empleo son escasas. En los colegios, la baja matrícula y la posible restricción en la contratación de profesores limitan las opciones laborales. Lo mismo ocurre en otros sectores, donde el panorama es igualmente difícil.

“El amiguismo es una práctica frecuente aquí. Quienes tienen conexiones acceden más fácilmente a puestos de trabajo, mientras que aquellos sin influencias encuentran mayores obstáculos para avanzar”, reveló Cira.

Frustrante y desalentador

Ser Técnico Superior Universitaria en Comercio Exterior, licenciada en Educación Integral y con Maestría en Planificación Educativa, no le garantiza a Carmen Colmenares una carrera profesional de éxito. Aunque no reniega de todos los años de dedicación y servicio que le entregó a la educación pública venezolana, carrera que dice amar, la mujer de frontera admite estar “emocionalmente afectada”, pero prefiere no quejarse y continuar.

“No he logrado encontrar un empleo acorde con mi formación y preparación. Invertí mucho tiempo y dinero en mis estudios, y ahora enfrentar esta realidad es desalentador. Sin embargo, no podemos quedarnos en la queja; hay que buscar soluciones, avanzar y seguir moviéndonos”.

Carmen trabaja a destajo en San Cristóbal, en una empresa privada dedicada al reempaque de bisutería importada, destinada a la venta y distribución en Venezuela y para exportación. Pasa aproximadamente 10 horas diarias sentada en mesas que comparte con otras mujeres, en su mayoría profesionales en distintas áreas. 

Las trabajadoras ingresan al galpón antes de las siete de la mañana y, durante la jornada, tienen restringido el uso de sus teléfonos móviles. Solo pueden utilizarlos durante la media hora destinada al almuerzo, que ellas mismas llevan. Su horario laboral se extiende hasta las 5 de la tarde.

“Esta labor no guarda ninguna relación con mi profesión ni formación académica. Se realiza entre 5 y 7 días al mes, dependiendo de la cantidad de producto a empacar”. 

La mayoría del personal es femenino, aunque en el área de carga y descarga —el trabajo más pesado— solo participan hombres. “El pago es en divisas, lo hace algo atractivo, pero no suficiente para cubrir todos los gastos, aunque representa una ayuda significativa.”

El trabajo de la docente no se queda solo en el reemplazo de bisutería. Desde su casa adelanta un emprendimiento de panadería y pastelería que ofrece a través de redes sociales como Instagram.

Luchando por la estabilidad

Jenifer Ruiz comenzó sus estudios en Ingeniería en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (UNEFA), pero debido a la falta de recursos económicos no pudo culminar la carrera. A pesar de las dificultades, con esfuerzo y sacrificio, logró obtener el título de licenciada en Contaduría Pública en la Universidad Nacional Abierta (UNA). Sin embargo, hoy en día no ejerce su profesión, ya que encontró mayor estabilidad económica trabajando en una fábrica de pantalones jeans en Ureña, en la frontera con Colombia. Allí supervisa la calidad de la producción de las prendas antes de su envío a la lavandería.

Ha trabajado en comercios agropecuarios, es estilista canina y, en ocasiones, ha realizado labores de limpieza de casas y apartamentos en la ciudad colombiana de Cúcuta. A pesar de que su experiencia profesional y su título no han sido determinantes en estos oficios, ha  encontrado en ellos una mejor remuneración que ejerciendo su profesión.

“No fue un trabajo fácil de conseguir y empecé desde abajo y he pasado por todos los procesos de fabricación”, describe Jenifer su rol en la fábrica.

En esta industria, el salario se paga por producción o por incentivos, es decir, por prenda fabricada, lo que le permite a Jenifer recibir aproximadamente 400,000 pesos semanales, (equivalente a 100 dólares), monto que confiesa, no es fácil de ganar en la frontera de manera legal.

“La frustración siempre va por delante”, dice la joven tachirense. “Haber dedicado tantos años a una carrera, invertido recursos y esfuerzo, y no poder ejercerla es desalentador. La situación económica del país ofrece salarios bajos que no garantizan una calidad de vida digna. Por eso, muchas personas prefieren optar por trabajos en producción que, aunque son demandantes por horarios extensos y esfuerzos, ofrecen mejores ingresos”.

Del derecho a la informalidad

Ramón se graduó de abogado en el año 2016, en la Universidad Católica del Táchira, luego realizó estudios de especialización en derecho inmobiliario y laboral. Trabajó en una firma de abogados hasta el año 2022, porque la profesión no le generaba ingresos suficientes para subsistir, situación que lo llevó a incursionar en el comercio.

 “Aunque tengo una sólida experiencia, el mercado laboral no ofrece suficientes oportunidades para ejercer mi profesión de manera rentable. Por eso, me ha tocado diversificar mis actividades para subsistir y seguir adelante”.

Recuerda con miedo la época cuando la inestabilidad laboral le afectó profundamente su calidad de vida y bienestar emocional. “El estrés de resolver situaciones económicas, pagar deudas, alquiler y otros gastos fue demasiado”, así pasó del traje y la corbata a ropa más ligera que le permite movilizar bultos y cajas de mercancía, confiesa. 

“Encontrar empleo como abogado ha sido complicado debido a la competencia dentro del gremio. Muchas empresas buscan profesionales con una experiencia extensa y algunos abogados reducen sus honorarios al mínimo, prácticamente regalan el trabajo para atraer clientes, lo que afecta a quienes intentamos mantenernos en el campo”.

Para Ramón, ser habitante de frontera ha influido significativamente en su labor actual. “Para mí es positivo vivir en un estado de frontera porque el 100% de los insumos agrícolas que comercializo provienen de Colombia. Muchas empresas multinacionales han salido del país y ahora operan desde Colombia, obligándonos a buscar los productos allá para distribuirlos en Venezuela”.

Sin prejuicios, el abogado admite que además del comercio, ha realizado otros trabajos para generar ingresos adicionales, como taxista, asesorías a estudiantes, investigaciones y fletes de mercancías. “La estabilidad económica es difícil de alcanzar, ya que no cuento con un sueldo fijo y mis ingresos dependen de la demanda y el movimiento del mercado”, puntualizó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Caraqueños claman la liberación de Carlos Julio Rojas tras 400 días de detención

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Líderes sociales y comunitarios de Caracas alzaron sus voces para exigir la liberación inmediata de Carlos Julio Rojas, activista, dirigente social y periodista, quien cumple 400 días detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de El Helicoide.

Desde el 2007, Rojas ha visibilizado la situación económica y social que aqueja a los caraqueños. Por su labor, ha sido meritorio para la Fundación latinoamericana CADAL, al otorgarle el Premio Graciela Fernández Meijide por su “trayectoria y valentía, como el de muchos otros prisioneros políticos en la región, como símbolo de la lucha constante por la justicia y la democracia en un contexto de represión”.

Uno de sus abogados, Rafael Maimone, recordó la necesidad de rescatar los Derechos Humanos en Venezuela, de los cuales resaltó el de la libertad de expresión y de pensamiento. “Exigimos respeto por quienes ejercen la comunicación como oficio y la liberación de todos los periodistas presos, en especial por Carlos Julio Rojas quien ha evidenciado los problemas locales, regionales y nacionales del país”, expresó.

José Gregorio Ochoa, exconcejal de Caracas, enfatizó que “Carlos Julio Rojas es un líder nacional cuyo perfil político de centroizquierda, popular y democrática, alejado de dogmas, lo convierte en una figura esencial incluso desde la prisión. Sus batallas globales y locales por la defensa de la propiedad privada en su parroquia La Candelaria son un claro ejemplo de su compromiso. Además, su lucha por la libertad de expresión desde el Colegio Nacional de Periodistas y sus acciones para la restitución de servicios públicos como el agua y la luz en favor de los derechos ciudadanos lo consolidan como un defensor de los derechos humanos”.

Por su parte, Rafael Araujo, popularmente conocido como “El Señor del Papagayo”, ratificó la calidad humana y profesional de Rojas: “Conocí a Carlos Julio Rojas durante la expropiación del Sambil. Desde ese entonces, siempre me contactaba; participamos juntos por los derechos humanos de las personas afectadas. Hizo un trabajo extraordinario, y mucha gente puede dar fe de su labor. Ayudó a muchísimas personas de la comunidad y del país. Es una persona de gran calidad, muy profesional, un gran periodista. Las pruebas lo demuestran, y yo lo confirmo”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

10 meses lleva Jenny Ceballos clamando justicia para su único hijo

El 30 de julio de 2024, José Manuel Salas Ceballos, un joven de 22 años, estudiante de Mercadeo y bartender fue detenido cuando iba camino a su trabajo. Fue interceptado por cuatro hombres vestidos de civil, de quienes se dijo que eran presuntos miembros de los “colectivos”.

Esa mañana, José Manuel se dirigía al restaurante La Grulla, cerca de la Fiscalía de Carabobo en Valencia, cuando los cuatro hombres que estaban a bordo de dos motos, sin mediar palabras, “le dieron un batazo en la frente y otro en la pierna” y se lo llevaron junto a otros jóvenes que estaban en el mismo lugar. 

La madre de José Manuel, Jenny Ceballos, pasó dos días sin saber el paradero de su hijo. Por otros medios pudo enterarse que lo tenían detenido en la Brigada 41, en donde se le negó el acceso a la defensa privada y atención médica, pese a su condición de sufrir del nervio trigémino, una enfermedad que causa un dolor en la cara intenso, punzante, como si fuese una descarga eléctrica.

“A mi hijo lo detuvieron un martes y yo vine a dar con él el jueves cuando se lo llevaron a la sede de la Policía Nacional Bolivariana que queda en Los Guayos. Durante esos días intentamos obtener información con la gente del Foro Penal, pero hasta metieron preso al que fue a preguntar por nuestros muchachos”, comentó Ceballos. 

El 2 de agosto, José Manuel fue presentado ante los tribunales por los cargos de terrorismo, incitación al odio, obstrucción de la vía pública y resistencia a la autoridad, según detalla Jenny Ceballos, el defensor público que le asignaron pidió que desestimaran el cargo de terrosrismo, pero el fiscal y el juez no aceptaron. 

Jenny Ceballos comentó que el día que detuvieron a José Manuel, también se llevaron a su novia, “los dos iban agarrados de manos, cada uno a su trabajo, cuando los sorprendieron los motorizados. A ella también le tocó fuerte, se la llevaron detenida y estuvo encarcelada seis meses en la cárcel femenina La Crisálida, seis meses después, en diciembre, la liberaron”. 

El pase a Tocorón

Jenny describe a su hijo José Manuel como un niño obediente, tranquilo y muy trabajador. Apunta a que fue criado con principios, valores y la mejor educación. 

José Manuel estaba en el cuarto semestre de Mercadeo en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez y trabajaba como bartender, “a él se le hacía muy fácil conseguir trabajo por esa habilidad que aprendió mientras estudió en el Inces”, dijo su madre. 

A pesar de no tener antecedentes penales y de que la única prueba que hay en su contra son las palabras de sus captores, José Manuel fue enviado directamente al Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como Tocorón, una cárcel que ha sido denunciada por distintas ONG y defensores de derechos humanos por hacinamiento, torturas y tratos crueles e inhumanos y degradantes. 

“José Manuel es un niño que viene de estudiar en una buena escuela, nunca estuvo involucrado en problemas, jamás había pisado un comando y mira, le tocó y feo”, dijo. 

La vida de Jenny gira ahora en torno a las visitas semanales que hace a la cárcel de Tocorón para saber de su único hijo. Detalló que para ir a visitar a José Manuel debe hacer una inversión de dinero. El taxi que la lleva a ella y a otras madres les cobra 10$ por persona desde Valencia al penal, un viaje de hora y media aproximadamente. Además, está pendiente de llevarle la paquetería que les permiten: galletas, chocolates, algún analgésico y sus productos de aseo personal. 

“No pega ir a visitarlo, pega es el bolsillo”, aclaró la madre de Salas, quien es funcionaria jubilada, abogada y vende dulces para poder mantenerse. 

“Solo exijo justicia”

José Manuel Salas Ceballos cumple hoy 10 meses de “injusta detención”, su madre, quien ha batallado durante todos estos meses, solo le pide al gobierno que se haga justicia porque su hijo no cometió ningún delito. 

“Exigimos justicia y la liberación de mi hijo. No hay pruebas, solo el capricho de un régimen que castiga a los jóvenes por pensar distinto”, dijo. 

Mientras tanto, Jenny pasa sus días resistiendo, vendiendo sus dulces, viajando a Tocorón y visitando el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía y el Ministerio Público, clamando para que liberen a su hijo. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Caída y rabieta del fetichismo electoral

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@AAAD25

Titular este artículo “Crónica de un fracaso anunciado” hubiera sido recurrir a uno de los lugares comunes más abusados de la escritura en castellano. Pero eso fue exactamente lo que sucedió el domingo con la oposición prosistema venezolana y su llamado a “votar” sin un plan para defender el voto ni una explicación de cómo ese voto se va a traducir en el cambio político que a la inmensa mayoría de la población tanto le urge. Hasta los convocantes lo intuyeron pocos días antes de la jornada “comicial”. Ya estaban adelantándose al desenlace, advirtiendo entre lloriqueos lastimeros y victimistas que la abstención que tanto temían sería bastante grande.

No sé por qué demonios no fueron capaces de darse cuenta desde un principio que semejante iniciativa estaba condenada. Por mi parte, si mal no recuerdo fue en septiembre del año pasado la primera vez que señalé que quien se fuera por ese callejón sin salida se iba a estrellar durísimo contra el muro al final. El muro de rechazo de las masas. No digo esto en son de panegírico a mí mismo. ¿Cómo podría, si no hay absolutamente nada extraordinario en mi augurio? Quizá sea hasta sea pedante el mero uso del posesivo. No es realmente “mi” augurio. Es el de casi toda la ciudadanía venezolana.

Ciudadanía que lleva años viendo cómo el voto opositor mayoritario, solo por sí mismo, tiene cada vez menos capacidad de traducirse en la obtención de poder. Si a pesar de eso decidió votar en masa el pasado 28 de julio, fue porque le dio a María Corina Machado, quien nunca antes había dirigido a la oposición, el beneficio de la duda de que tal vez tendría un plan para garantizar que tal voto sería respetado. Como no ha sido así, las secuelas del 28 de julio terminaron de convencer al grueso de la población sobre la clausura de la “vía electoral”. Solo un nuevo plan convincente de defensa del voto podría cambiar eso. Lo demás es ignorar que el voto es un medio y no un fin. El medio ideal y más civilizado de resolver diferencias políticas, pero que puede no servir en entornos no democráticos. No es un imperativo categórico kantiano, como cree el fetichismo electoral que, ahora sí, está muerto para efectos de las masas en Venezuela, sin que haya Jesucristo que resucite a ese Lázaro.

La misma ciudadanía lleva esos mismos años viendo cómo gobernadores y alcaldes ajenos a la elite chavista tienen terminantemente prohibido hacer activismo opositor si quieren permanecer en sus cargos. Regla tácita cuyos individuos objeto han acatado con cabalidad. Esa misma ciudadanía vio en 2016 que a una Asamblea Nacional en manos opositoras se le podía despojar de todas sus competencias para entregar estas a un parlamento paralelo, sin que la dirigencia disidente pueda hacer algo efectivo para revertirlo. Le perdí el respeto a más de una persona que ha sido tenida por intelectualmente eminente, pero se puso a fingir que nada de eso ya ocurrió y a traficar ilusiones de una Asamblea Nacional que sí legislaría en pro de la República y haría contraloría a un gobierno acostumbrado a hacer lo que le viene en gana y sin rendir cuentas a nadie.

Tome todo esto y agréguele la referida ausencia de un plan para defender el voto. El resultado fue un intento paupérrimo de epopeya por parte de los que llamaron a “votar”. Hicieron de “No nos rendimos” un eslogan que nadie se creyó. En el fondo sí habían claudicado ya. Era evidente que no tenían ninguna disposición a resistir cualquier abuso o ultraje que viniera desde el poder; que en las gobernaciones se iban a adherir a la proscripción tácita de actividades opositoras y solo podrían realizar tareas mundanas como recoger la basura; que en la AN serían un grupito quizá contestatario, pero ignorado por el poder (o humillado y silenciado cada vez que al poder le viniera en gana) y sin voluntad para ir más allá de lo retórico y simbólico. Quisieron que los vieran como héroes épicos, como Odiseo o Eneas. Terminaron viéndose ridículos y farsescos, como el padre Ubú. No, ¿qué digo? Ahora me debo excusar con la creación de Alfred Jarry. Ubú por lo menos sí llegó a rey.

Muchos tal vez se preguntan, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene tanta pantomima de oposición si no va a haber ningún efecto que se traduzca en una mejora sustancial de la calidad de la vida de la gente? Creo que, en el mejor de los casos (no ahondaré sobre el peor), todo se reduce a un deseo egoísta de figuración. Un autoengaño de que se sigue “en la lucha” sin tener que afrontar los riesgos que implica incomodar al poder en Venezuela. La gente lo notó sin mayor dificultad.

Y así como fracasaron los políticos involucrados, también fracasó una caterva de politólogos y demás supuestos expertos en política que le hace la corte a aquellos. Sujetos que en algunos casos tuvieron labor académica meritoria en el pasado, pero que no han sabido asimilar la actual y muy dura realidad política venezolana. Por arrogancia y empeño en que se les mantenga en un pedestal del intelecto, se niegan a reconocer que los paradigmas que antes tuvieron sentido en Venezuela y cuyo estudio les valió su prestigio, ya no.

Si así reaccionan los cortesanos, no debe sorprendernos la reacción de los políticos. Casi ninguna admisión de que resultó ser cierto que su mensaje no puede tener buena acogida entre el público (con una que otra honorable excepción, la más conspicua de las cuales es la de Juan Requesens). ¡Qué va! Más bien un berrinche patético que culpa a terceros de lavarle el cerebro a las masas para que se abstuvieran, lo cual implica tratar a esas mismas masas como si fueran borregos y no personas con criterio propio.

En esta oportunidad, la señalada es María Corina Machado, quien ciertamente pidió a los ciudadanos que no votaran. Pero estoy seguro de que la mayoría de la gente hubiera actuado igual si Machado hubiera solicitado lo contrario. Los fetichistas electorales pudieron recorrer el país sin problema. Tuvieron un acceso a radios y televisoras que muy pocos, en este país radicalmente censurado, tienen. ¿Y aun así los derrotó por paliza una señora que lleva meses escondida y que solo puede aparecer cada cierto tiempo en la pantalla de un teléfono hablando? ¿No se dan cuenta de lo mediocre que es esa excusa? En fin, nihil novum sub sole. En 2018, hicieron exactamente lo mismo con la quijotesca candidatura presidencial de Henri Falcón.

Me gustaría pensar que todos estos señores van a aprender. Que se den cuenta de que ellos solitos se metieron en un callejón sin salida. Así podrían empezar a contribuir a la nada fácil búsqueda de nuevas ideas que sí puedan producir un cambio político. Pero por los vientos que soplan, se van a quedar encerrados en su torre de conformismo y soberbia. Ojalá me equivoque. Cualquier paso en la dirección correcta será bienvenido, por tardío que sea. Pero hasta entonces, mejor dejarlos refunfuñando solos en su amarga intrascendencia.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Foro Penal rechaza discursos que “criminalizan” la defensa de DDHH

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La organización no gubernamental Foro Penal Venezolano rechazó “categóricamente” las declaraciones del ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, quien recientemente señaló a esta organización, junto a otras ONG del país que defienden los DDHH, de estar supuestamente vinculada a planes “terroristas”.

Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales este jueves, 29 de mayo, el Foro Penal calificó como “inaceptables” dichas afirmaciones y reafirmó su carácter independiente, pacífico y legal.

La organización recordó que durante más de 23 años ha prestado asistencia legal gratuita a víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela. En ese tiempo, ha acompañado jurídica y humanamente a más de 14.000 personas y sus familias, sin ningún tipo de discriminación. La ONG sostuvo que su labor se basa en los principios establecidos en la Constitución venezolana, así como en el respeto a los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

“Ni nuestra organización, ni sus directivos, ni nuestros miles de voluntarios a nivel nacional tienen vínculo alguno con hechos u organizaciones de esa naturaleza”, aclaró la organización.

En ese sentido, mostró preocupación por el uso de discursos “que criminalizan o estigmatizan el trabajo legítimo de defensa de derechos humanos”. Allí recordaron que otras ONG como Provea también son víctimas de esta criminalización.

“El libre ejercicio del trabajo de las organizaciones de derechos humanos es un pilar fundamental de toda sociedad democrática y beneficia a todos los ciudadanos, independientemente de su ideología o afiliación política. Incluso quienes hoy ejercen el poder se benefician de la existencia de una sociedad civil fuerte, activa y comprometida con el respeto a los derechos fundamentales”, agregó.

Provea y Médicos Unidos también responden

La ONG Provea denunció también una escalada de criminalización contra defensores de DDHH tras las acusaciones emitidas desde el alto gobierno. Al respecto, calificó estas afirmaciones como parte de una estrategia de criminalización cuyo objetivo es desacreditar su trabajo de acompañamiento a las víctimas y denuncia de violaciones a los derechos humanos en el país.

“Condenamos este nuevo ataque y alertamos que se produce en medio de una agresiva escalada represiva donde se han registrado decenas de detenciones arbitrarias, denuncias de desapariciones forzadas, actos de hostigamiento, constantes amenazas para la libre expresión y el derecho a la asociación y reunión pacífica”, señaló la ONG en un comunicado.

Por su parte, Médicos Unidos de Venezuela también rechazó las acusaciones en las que implicaron a esta ONG. En un comunicado, la organización expresó que “denunciar las fallas de la gestión de salud pública no es un delito”.

“Nuestra misión es clara y nuestras actividades se han centrado exclusivamente en la defensa del derecho a la salud de cada venezolano, la protección de los trabajadores sanitarios y la búsqueda de condiciones dignas en el funcionamiento de nuestros centros asistenciales”, expresó la ONG.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Fe y Alegría celebra 70 años con su gran rifa “Educando Corazones”

En el marco de la celebración de su 70 aniversario, Fe y Alegría reafirma su misión de formar, educar y promover valores en Venezuela, pese a los desafíos del país.

Con presencia en 350 centros educativos, la organización atiende a más de 100.000 estudiantes y 74.053 familias, lo que la consolida como un pilar de esperanza en contextos desafiantes.

Fundada en marzo de 1954, la organización atiende actualmente a más de 100,000 estudiantes en escuelas, centros técnicos, universidades y programas a distancia, con una tasa de asistencia y aprobación destacada.

María Gabriela Carmona, docente del colegio Virgen Niña en Catia y Madre Promotora de Paz, destacó el impacto del modelo educativo de Fe y Alegría puntualizando que en 2024, más de 74,000 familias apoyaron económicamente a la red, con alianzas con el sector productivo para pasantías y contratación de egresados (como técnicos medios en administración, informática o contabilidad), programas para comunidades indígenas y formación en derechos humanos y, además 52 centros de capacitación en oficios como costura o peluquería.

Con presencia en 22 países, Fe y Alegría mantiene en Venezuela 176 escuelas, 5 institutos universitarios y 22 emisoras educativas. Para el aniversario, también realizaron una “invasión radial” para difundir su labor y relanzar iniciativas como las Madres Promotoras de Paz, lideradas por la reconocida profesora Luisa Pernalete.

“70 años no son fáciles, pero cada día que un estudiante supera barreras nos llena de orgullo”, expresó Carmona.

La Gran Rifa 2025: “Educamos Corazones”

Para celebrar su aniversario, Fe y Alegría revive una tradición histórica con la emblemática rifa que en sus inicios financió pupitres y pizarras con donaciones de estudiantes. 

Bajo el lema «Educamos corazones», la campaña tiene como objetivo despertar la solidaridad para apoyar a más de 100.000 estudiantes inscritos en las escuelas de Fe y Alegría.

Este año, el sorteo —previsto para el 19 de junio— ofrecerá 70 premios, incluyendo motos, electrodomésticos y tecnología. Los fondos se destinarán a realizar mejoras tecnológicas en 350 centros y a la innovación educativa y formación docente.

Los boletos digitales están disponibles en las escuelas de la red o en www.rifa.feyalegria.org. “Es una oportunidad para contribuir a la educación mientras tienes chance de ganar”, explicó Carmona.

Los boletos, tienen un costo de $3 (300 bolívares) o 30 USD por talonario (10 boletos). El sorteo se realizará el 19 de junio.

Más de la mitad de los venezolanos enviados a El Salvador solo tenía delitos migratorios en EE. UU.

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Por: Mica Rosenberg, ProPublica; Perla Trevizo, ProPublica/The Texas Tribune; Melissa Sanchez y Gabriel Sandoval, ProPublica; Ronna Rísquez, Alianza Rebelde Investiga; y Adrián González, Cazadores de Fake News

El gobierno norteamericano sabía que la gran mayoría de los 238 migrantes venezolanos que envió a una prisión de máxima seguridad en El Salvador a mediados del marzo pasado no había sido condenada por crimen alguno en Estados Unidos, aún antes de calificarlos de terroristas y deportarlos, según indican registros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) de Estados Unidos no revelados previamente. 

El presidente Donald Trump y sus colaboradores han tildado a los migrantes de “violadores”, “salvajes”, “monstruos” y de ser “lo peor de lo peor”. Cuando múltiples medios noticiosos cuestionaron esas calificaciones con reportes que señalaban que muchos de los deportados carecían de antecedentes penales, el gobierno insistió en que había basado su evaluación de los deportados en un meticuloso escrutinio que incluía el examen de crímenes cometidos tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Pero los propios registros del gobierno, obtenidos por ProPublica, The Texas Tribune y un equipo de periodistas de Venezuela, demuestran que sólo 32 de ellos han sido condenados por crímenes en Estados Unidos, en su mayoría no violentos, como hurtos en tiendas o infracciones de tránsito.

La información oficial indica que el gobierno sabía que apenas seis de los migrantes habían recibido condenas por crímenes violentos: cuatro por agresión, uno por secuestro y otro por posesión de armas. Y que era consciente de que la mitad, o 130, de los deportados no tenían registros criminales o cargos pendientes en EE.UU. Solo figuran en sus propios archivos como infractores de las leyes de migración. 

En cuanto a crímenes en el exterior, nuestra revisión de los registros de la policía y la justicia en Estados Unidos y los países latinoamericanos en que los deportados residieron previamente halló evidencia de arrestos o condenas en solo 20 de los 238 casos. De ellos, 11 se relacionaban con crímenes violentos como robo a mano armada, asalto o asesinato, incluído el caso de un hombre que el gobierno chileno pidió extraditar de Estados Unidos para juzgarlo por acusaciones de secuestro y drogas. Otros cuatro habían sido acusados de posesión ilegal de armas de fuego.

También investigamos cada uno de los casos de los deportados venezolanos. Es posible que haya crímenes u otros datos sobre su pasado que no encontramos en nuestra investigación o en la información oficial, que incluye sólo detalles mínimos sobre nueve de ellos. No hay una base de datos única, dedicada a los crímenes cometidos en Estados Unidos –mucho menos en el exterior– que esté disponible públicamente. Pero todo lo que sí encontramos contradice las afirmaciones del gobierno norteamericano.

ProPublica y el Tribune, junto con los medios venezolanos de la Alianza Rebelde Investiga y Cazadores de Fake News, obtuvieron también listas de presuntos pandilleros utilizadas por las agencias policiales de Venezuela e Interpol. Incluyen 1.400 nombres; ninguno de ellos coincide con el de los 238 deportados.

La rapidez en la remoción y el encarcelamiento en un tercer país han convertido ésta en una de las deportaciones más trascendentes de los últimos tiempos. Las batallas judiciales en torno de si el presidente Trump tiene autoridad para expulsar inmigrantes sin pasar por los tribunales puede trastocar fundamentalmente el modo en que Estados Unidos lidia con ellos, sea que residan legal o ilegalmente en su territorio. Funcionarios norteamericanos han sugerido públicamente que, para alcanzar el objetivo del presidente de deportar a millones de migrantes, el gobierno está considerando suspender el hábeas corpus, un histórico derecho constitucional que permite cuestionar la detención.

Horas antes de que los migrantes fueran subidos en Texas a los aviones que los llevarían a El Salvador, el gobierno justificó su deportación en nombre de la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act) de 1798, afirmando, sin prueba alguna, que la pandilla carcelaria Tren de Aragua había invadido Estados Unidos con ayuda del gobierno venezolano. Calificó a la pandilla como una organización terrorista foránea y sostuvo que ello daba al presidente la autoridad para expulsar a sus miembros y recluirlos indefinidamente en una prisión en el extranjero, donde los deportados han permanecido durante más de dos meses sin posibilidad de comunicarse con sus familias o abogados.

Lee Gelernt, abogado que lidera la lucha de la Union Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) contra las deportaciones, afirmó que éstas representan una “flagrante violación de los más elementales principios del debido proceso”. De acuerdo con las leyes, dijo, un migrante que ha cometido un crimen puede ser acusado y expulsado, pero “ello no significa que puede ser sometido a una potencial condena de por vida en un gulag extranjero”.

Ante nuestros hallazgos, la vocera de la Casa Blanca, Abigail Jackson, replicó que “ProPublica debería avergonzarse de estar sirviendo a unos ilegales extranjeros criminales que son una amenaza” y añadió que “el pueblo americano apoya firmemente” la agenda del presidente en materia de inmigración.

Consultada sobre las discrepancias entre las declaraciones públicas del gobierno sobre los deportados y la forma en que éstos están catalogados en la propia información oficial, la secretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin, repitió comunicados públicos ya difundidos. Insistió, sin proveer evidencia, en que los deportados son peligrosos. “Estos individuos caracterizados como ‘no criminales’ son, en realidad, terroristas, violadores de los derechos humanos, pandilleros y más — es sólo que no tienen un prontuario en Estados Unidos”.

En cuanto a la afirmación del gobierno de que el Tren de Aragua intentó invadir el país, un análisis de funcionarios de inteligencia estadounidenses concluyó que la pandilla no obedece órdenes del gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro. Tulsi Gabbard, directora nacional de inteligencia de la administración Trump, despidió a los autores de ese informe después de que se hizo público. Según reportes periodísticos, la oficina de Gabbard explicó que ella busca “poner fin a la instrumentalización y politización” de la comunidad de inteligencia.

Nuestra investigación se enfocó en los 238 venezolanos deportados el 15 de marzo a CECOT, la prisión en El Salvador, cuyos nombres figuraban en una lista publicada primero por CBS News. El gobierno ha transferido allí también a decenas de otros migrantes, incluído Kilmar Abrego García, un salvadoreño que el gobierno admite fue enviado por error. Las cortes han ordenado al gobierno que tramite su regreso a Estados Unidos.

Entrevistamos a familiares y abogados de un centenar de deportados. Muchos de ellos se comunicaron en la misma mañana del 15 de marzo con sus seres queridos, cuando éstos creían que serían regresados a Venezuela. Estaban felices porque se reunirían con sus familias, entusiasmadas con prepararles sus platos favoritos y organizarles fiestas. Algunos de los familiares compartieron con nosotros o en las redes sociales videos grabados en los centros de detención norteamericanos. En ellos, los detenidos dicen que tienen miedo de ser enviados a Guantánamo, la instalación de Estados Unidos en territorio cubano en la que Washington ha retenido y torturado a detenidos, algunos de ellos sospechados de planear los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. El gobierno de Trump había enviado aviones con migrantes venezolanos allí a principios de este año.

Ninguno de ellos tenía idea de que los estaban por mandar a El Salvador.

Entre ellos estaba Leonardo José Colmenares Solórzano, de 31 años, quien abandonó Venezuela y su trabajo como entrenador de fútbol juvenil en julio último. Según relató su hermana, Leidys Trejo Solórzano, Leonardo atravesaba tiempos difíciles tratando de mantener a su madre y a sí mismo: le costaba conseguir mejor empleo en medio del colapso de la economía venezolana. Fue detenido al asistir a una cita con las autoridades migratorias en octubre debido a sus muchos tatuajes, contó ella. Estos incluían nombres de familiares, un reloj, una lechuza y una corona que, explicó, estaba inspirada en el logotipo del club de fútbol Real Madrid.

La madre de Colmeneras, Marianela Solórzano, y su hermana en su casa en Venezuela. Crédito: Adriana Loureiro Fernández para ProPublica y The Texas Tribune
Fotos de Colmenares de niño en Venezuela. Crédito: Adriana Loureiro Fernández para ProPublica y The Texas Tribune

En la información del DHS que obtuvimos no hay indicación de que Colmenares tuviera prontuario criminal alguno. Tampoco encontramos condenas o cargos en su contra en los Estados Unidos o el extranjero. Trejo aseguró que su hermano nunca se metió en problemas y que tampoco tiene antecedentes penales en Venezuela. Definió su expulsión de Estados Unidos como un secuestro perpetrado por el gobierno. 

“Ha sido bastante difícil. Hablar del tema me cuesta”, dijo Trejo, que ha buscado en internet videos y fotos de su hermano en la prisión de El Salvador. “Muchísimas noches estoy sin dormir por la ansiedad”.

Los registros internos del gobierno indican que, con excepción de unos pocos casos, los funcionarios etiquetaron a todos los deportados como miembros del Tren de Aragua, sin ofrecer mayor información sobre cómo llegaron a esa conclusión. Presentaciones judiciales y documentos que obtuvimos muestran que el gobierno se basó, en parte, en publicaciones en las redes sociales, conexiones con miembros conocidos de la pandilla y tatuajes, entre ellos, de coronas, relojes, armas, granadas y el logotipo Jumpman de Michael Jordan. Según comprobamos, al menos 158 de los venezolanos cautivos en El Salvador tienen tatuajes. Pero fuentes policiales expertas en el Tren de Aragua en Estados Unidos, Colombia, Chile y Venezuela nos dijeron que los tatuajes no son un indicio de membresía en la pandilla. 

McLaughlin, vocera del DHS, declaró que el Departamento confiaba en su propio análisis de quién pertenecía a la pandilla, pero que no proveería información para justificarlo.

“Creo que el gobierno quiere presentar esto como un gran esfuerzo en pos de la seguridad pública de los Estados Unidos por razones políticas”, opinó John Sandweg, ex director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Pero “incluso parte de la información del propio gobierno demuestra que hay una brecha entre lo que se dice y la realidad”, apuntó, en referencia a los registros oficiales internos que obtuvimos.

En ellos, 67 de los deportados figuran con cargos criminales pendientes, aunque no se proporcionan detalles sobre sus supuestos crímenes. Hallamos registros policiales, judiciales y de otro tipo sobre 38 de ellos. En algunos casos, su historia criminal difería de la indicada en los registros oficiales. Algunos acusados ya habían sido condenados y otro fue deportado aun después de que los cargos hubieran sido desestimados.

Nuestra investigación comprobó que, al igual que en los casos de deportados que recibieron condenas, la mayoría de esos cargos criminales pendientes se referían a crímenes no violentos, como hurtos en tiendas, posesión de drogas o infracciones de tránsito.

Seis de los 67 tenían cargos pendientes por intento de asesinato, agresión, robo armado, posesión de armas de fuego o violencia doméstica. Los defensores de derechos de los migrantes dicen que enviarlos a prisión en El Salvador antes de que sus casos sean resueltos implica que Trump, apelando a la autoridad del poder ejecutivo, eludió completamente el sistema de justicia.

Un ejemplo es el caso de Wilker Miguel Gutiérrez Sierra, de 23 años, quien fue arrestado en febrero de 2024 en Chicago bajo los cargos de intento de asesinato, robo y agresión agravada después de que él y otros tres venezolanos asaltaran a un desconocido en un tren y le robaran su teléfono y 400 dólares. Se declaró inocente. Gutiérrez era monitoreado electrónicamente a la espera de juicio cuando fue arrestado en la calle por agentes de ICE en cinco camionetas negras, según consta en las actas judiciales. Tres días más tarde fue despachado a El Salvador.

Pero la mayoría de aquellos catalogados como con cargos pendientes enfrentaban acusaciones menos serias, según los registros que encontramos. Maikol Gabriel López Lizano, de 23 años, fue arrestado en Chicago en agosto de 2023 por el delito de conducir su bicicleta por la acera mientras bebía una lata de Budweiser. Su pareja, Cherry Flores, calificó su deportación como una gran injusticia. “No debieron haberlo mandado para allá”, dijo. “¿Por qué lo tenían que agarrar por una cerveza?”.

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La Alianza Rebelde Investiga es una coalición editorial de medios venezolanos integrada por Runrun.es, TalCual y El Pitazo y este artículo se publica conjuntamente con:
Cazadores de Fake News, una organización de investigación digital
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The Texas Tribune, un medio informativo y apartidista comprometido con los texanos. Suscríbase a The Brief Weekly para estar al tanto de la información esencial sobre las cuestiones que afectan a Texas*Jeff Ernsthausen de ProPublica, Adriana Núñez y Carlos Centeno contribuyeron a este reportaje. Traducción de Gabriel Pasquini.

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