TelegramWhatsAppFacebookX

Provea rechaza “escalada de criminalización” contra defensores de DDHH

La ONG Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos) denunció este miércoles, 28 de mayo, una escalada de criminalización contra defensores de DDHH tras las acusaciones emitidas desde el alto gobierno, desde donde se señaló a esta y otras ONG de presuntamente formar parte de un plan “terrorista”.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, Provea calificó estas afirmaciones como parte de una estrategia de criminalización cuyo objetivo es desacreditar su trabajo de acompañamiento a las víctimas y denuncia de violaciones a los derechos humanos en el país.

“Condenamos este nuevo ataque y alertamos que se produce en medio de una agresiva escalada represiva donde se han registrado decenas de detenciones arbitrarias, denuncias de desapariciones forzadas, actos de hostigamiento, constantes amenazas para la libre expresión y el derecho a la asociación y reunión pacífica”, señaló la ONG.

Respecto a lo anterior, la organización recordó la detención arbitraria del abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Torres, ocurrida el pasado 9 de mayo en Caracas. Torres, miembro de Provea, permanece incomunicado en la sede del Sebin en El Helicoide, sin acceso a sus familiares ni abogados de confianza.

Torres se suma a la lista de defensores de DDHH, como Rocío San Miguel y Javier Tarazona, “sometidos a prisión y acusados sin pruebas de formar parte de supuestos planes conspirativos”, advirtió la organización.

Provea subrayó que tanto Torres como el resto de sus integrantes cuentan con medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que ha determinado entre 2020 y 2024 que sus miembros están en situación de riesgo debido a su labor en el contexto venezolano.

A pesar de estas amenazas, Provea reiteró su compromiso con los derechos humanos, reafirmando que continuará con su labor de documentación, investigación y denuncia. “Seguiremos, junto a las víctimas, exigiendo investigación, rendición de cuentas a los responsables de abusos y ayudando a preservar la memoria para avanzar en la construcción de un régimen de derechos que brinde garantías de no repetición de los crímenes ocurridos en los últimos años”, finalizó.

Las acusaciones de Cabello

En una rueda de prensa realizada este 28 de mayo, el ministro de Interior y Justicia acusó directamente a las ONG Provea, Médicos Unidos de Venezuela, Maracaibo Posible y el Foro Penal Venezolano, de estar vinculadas con “grupos terroristas” para presuntamente desestabilizar el país.

El ministro aseguró que todas las evidencias incriminatorias las hallaron en uno de los teléfonos del opositor Juan Pablo Guanipa, miembro del equipo de María Corina Machado y quien fue detenido el pasado 23 de mayo.

También, mostró un organigrama de los presuntos implicados en los hechos que denunció donde se menciona al abogado Eduardo Torres, y al director presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, así como a la recientemente detenida coordinadora de Formación Ciudadana de Vente Venezuela en Aragua, la bióloga Catalina Ramos de Aponte.

En ese esquema incluyó a las ONG Médicos Unidos de Venezuela y Maracaibo Posible.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

En una rueda de prensa realizada este 28 de mayo, Diosdado Cabello acusó directamente a las ONG Provea, Médicos Unidos de Venezuela, Maracaibo Posible y el Foro Penal Venezolano, de estar vinculadas con “grupos terroristas” para presuntamente desestabilizar el país
/
Runrun.es
TelegramWhatsAppFacebookX

La ONG Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos) denunció este miércoles, 28 de mayo, una escalada de criminalización contra defensores de DDHH tras las acusaciones emitidas desde el alto gobierno, desde donde se señaló a esta y otras ONG de presuntamente formar parte de un plan “terrorista”.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, Provea calificó estas afirmaciones como parte de una estrategia de criminalización cuyo objetivo es desacreditar su trabajo de acompañamiento a las víctimas y denuncia de violaciones a los derechos humanos en el país.

“Condenamos este nuevo ataque y alertamos que se produce en medio de una agresiva escalada represiva donde se han registrado decenas de detenciones arbitrarias, denuncias de desapariciones forzadas, actos de hostigamiento, constantes amenazas para la libre expresión y el derecho a la asociación y reunión pacífica”, señaló la ONG.

Respecto a lo anterior, la organización recordó la detención arbitraria del abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Torres, ocurrida el pasado 9 de mayo en Caracas. Torres, miembro de Provea, permanece incomunicado en la sede del Sebin en El Helicoide, sin acceso a sus familiares ni abogados de confianza.

Torres se suma a la lista de defensores de DDHH, como Rocío San Miguel y Javier Tarazona, “sometidos a prisión y acusados sin pruebas de formar parte de supuestos planes conspirativos”, advirtió la organización.

Provea subrayó que tanto Torres como el resto de sus integrantes cuentan con medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que ha determinado entre 2020 y 2024 que sus miembros están en situación de riesgo debido a su labor en el contexto venezolano.

A pesar de estas amenazas, Provea reiteró su compromiso con los derechos humanos, reafirmando que continuará con su labor de documentación, investigación y denuncia. “Seguiremos, junto a las víctimas, exigiendo investigación, rendición de cuentas a los responsables de abusos y ayudando a preservar la memoria para avanzar en la construcción de un régimen de derechos que brinde garantías de no repetición de los crímenes ocurridos en los últimos años”, finalizó.

Las acusaciones de Cabello

En una rueda de prensa realizada este 28 de mayo, el ministro de Interior y Justicia acusó directamente a las ONG Provea, Médicos Unidos de Venezuela, Maracaibo Posible y el Foro Penal Venezolano, de estar vinculadas con “grupos terroristas” para presuntamente desestabilizar el país.

El ministro aseguró que todas las evidencias incriminatorias las hallaron en uno de los teléfonos del opositor Juan Pablo Guanipa, miembro del equipo de María Corina Machado y quien fue detenido el pasado 23 de mayo.

También, mostró un organigrama de los presuntos implicados en los hechos que denunció donde se menciona al abogado Eduardo Torres, y al director presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, así como a la recientemente detenida coordinadora de Formación Ciudadana de Vente Venezuela en Aragua, la bióloga Catalina Ramos de Aponte.

En ese esquema incluyó a las ONG Médicos Unidos de Venezuela y Maracaibo Posible.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Todavia hay más
Una base de datos de mujeres y personas no binarias con la que buscamos reolver el problema: la falta de diversidad de género en la vocería y fuentes autorizadas en los contenidos periodísticos.