María Corina Machado calificó las recientes elecciones regionales y legislativas del pasado 25 de mayo como un fracaso contundente del régimen de Nicolás Maduro.
En una columna de opinión publicada en el medio La Naciónde Argentina, la líder opositora aseguró que la alta abstención demostró que el chavismo perdió el poder.
“Fue un acto de desobediencia masiva, militante, consciente y valiente por parte de la ciudadanía venezolana”, expuso Machado.
De acuerdo a Machado, la convocatoria anticipada a los comicios del 25M violó las leyes electorales y el proceso buscaba pasar la página de la “humillante derrota sufrida por el oficialismo en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024”.
Según la líder opositora, a pesar de las amenazas gubernamentales de privar de bolsas de comida y bonos o de castigar a empleados públicos, más del 85% de los venezolanos dijo no al evento del 25M.
“Fueel porcentaje de abstención más alto en elección alguna que se haya registrado en la historia de Venezuela”, dijo Machado.
La dirigente de Vente Venezuela aseguró que ningún opositor real convalidaría una farsa donde el gobierno controla la inscripción de partidos y candidatos, impide auditorías, crea circunscripciones inconstitucionales y persigue a líderes críticos.
“La gente desobedeció masivamente y se negó a convalidar esta trampa pese a las represalias”.
Machado criticó que el CNE controlado por el oficialismo no haya presentado aún resultados mesa por mesa ni las actas de votación desde el 28 de julio.
“Al dejar vacías las calles de toda Venezuela, el pueblo demostró que el régimen perdió el poder y que ni siquiera aterrorizando a la gente son capaces de obligarle a bajar la cabeza. La desobediencia y resistencia a la farsa son una inmensa demostración del coraje y la inteligencia del pueblo de Venezuela”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Un total de 95 centros de votación fueron habilitados en Venezuela para los comicios de este domingo 1 de junio, donde representantes de las comunidades indígenas acuden a las urnas para elegir a sus diputados ante la Asamblea Nacional (AN).
La jornada, que según la estatal Venezolana de Televisión (VTV) registra a 77 municipios, con 118 mesas habilitadas, se desarrolla apenas una semana después de unas elecciones regionales y legislativas que la oposición mayoritaria ha calificado de fraudulentas por su altísima abstención.
La elección indígena se lleva a cabo en nueve estados con presencia aborigen: Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Zulia y el recién creado estado Guayana Esequiba.
Según VTV, 6.451 voceros participan en esta jornada comicial. Estos voceros, previamente elegidos en asambleas comunitarias durante abril, representan a 169.451 indígenas de 3.952 comunidades y tienen la responsabilidad de elegir a tres legisladores para el Parlamento.
Estas elecciones indígenas se realizan en un ambiente enrarecido por los resultados de los comicios regionales y legislativos del pasado domingo 25 de mayo. En esa jornada, el chavismo logró conquistar 253 de los 282 escaños de la AN, así como 23 de las 24 gobernaciones del país, incluida la de Guayana Esequiba.
Según el último balance del CNE (controlado por el oficialismo), el bloque Gran Polo Patriótico obtuvo 5.024.475 votos, lo que representa un 83,42% del total de sufragios reportados, con un 43,18% de participación de electores «activos». Sin embargo, el Comando ConVzla, de la líder opositora María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, denunció una abstención masiva del 87,44%, lo que sugiere que apenas una minoría de venezolanos acudió a votar.
La Alianza Democrática, conformada por partidos intervenidos judicialmente y agrupaciones minoritarias, obtuvo el segundo lugar con 361.769 votos (6,01%). Le siguieron Un Nuevo Tiempo (UNT) y Unión y Cambio con 304.425 votos (5,05%), y Fuerza Vecinal con 141.588 votos (2,35%).
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Como era de esperarse, el chavismo-madurismo arrasó en las pasadas elecciones regionales y legislativas del domingo 25 de mayo.
Corriendo prácticamente solos y con una notable ausencia en los centros electorales, el oficialismo ganó en 23 de 24 gobernaciones y obtuvo 256 curules de 285 en la Asamblea Nacional según cifras emitidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que cuatro días después del evento no ha mostrado datos mesa por mesa, un guion similar al de los comicios del 28 de julio de 2024, pues aún los ciudadanos aún no saben como fueron los resultados de sus respectivos centros de votación.
Con cifras de supuesta participación que no cuadran con el Registro Electoral y apenas dos boletines emitidos, el CNE proclamó a gobernadores y diputados en una “fiesta electoral” donde la principal vocería la ejerció el rector proveniente de la esfera militar, Carlos Quintero, y no el presidente del ente, Elvis Amoroso.
Algunos nombres conocidos y otros que repiten en gobernaciones y AN, otros emergentes y pocas sorpresas, entre ellas la derrota en el estado Zulia del candidato de Un Nuevo Tiempo (UNT) Manuel Rosales y la reelección del único gobernador opositor en el mapa, Alberto Galindez por Cojedes, son algunos signos distintivos de los resultados anunciados.
En el Parlamento, repite la cúpula chavista liderada por el exrector del CNE, exalcalde de Caracas y exministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, ahora con 13 escaños ocupados por la Alianza Democrática, 11 de UNT y Unión, cuatro de Fuerza Vecinal y uno de la Alianza del Lápiz.
Los que repiten
Rafael Lacava: con el supuesto apoyo del 87,68% de los votos de acuerdo al CNE, el economista repite en la gobernación del estado Carabobo por tercera ocasión. Nacido en Europa, egresado de la Universidad Católica Andres Bello (UCAB) y exembajador de Venezuela en Italia, Lacava fue presidente del Carabobo Fútbol Club, candidato a la presidencia de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y es fanático de Drácula, logo con el que ha inundado a la entidad carabobeña en transportes públicos, peajes y vallas.
Freddy Bernal: exalcalde de Caracas y exmiembro de la desaparecida Policía Metropolitana fue reelecto para la gobernación del estado Táchira después que obtuviera el cargo en 2021 como reemplazo de la opositora Laidy Gómez, de quien había sido “protector del estado” por instrucciones de Nicolás Maduro. Vinculado a grupos colectivos pro gobierno, Bernal fue coordinador nacional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y ministro para la Agricultura Urbana.
Víctor Clark: al igual que Lacava el oriundo de Punto Fijo va a su tercer periodo como gobernador del estado Falcón. El político de 42 años ha sido diputado de la Asamblea Nacional, también de la extinta Asamblea Nacional Constituyente y ministro de Juventud y Deportes.
Miguel Rodríguez: arribó a la gobernación de Amazonas en 2017, fue reelecto en 2021 y otra vez el CNE lo proclamó como primera autoridad del estado. El ingeniero ha tenido varios cargos durante la gestión chavista, fue ministro de Ambiente entre 2013 y 2014, diputado de la Asamblea Nacional de mayoría opositora en 2015, presidente de Hidrológica de Venezuela (Hidroven) y exviceministro de Vivienda y Hábitat.
José Alejandro Terán:lLlegó a la gobernación del estado La Guaira (antiguamente Vargas) luego del fallecimiento del militar Jorge Luis García Carneiro en 2021 y va a su segundo periodo como mandatario, según las cifras del CNE. “La Guaira no tiene que envidiarle nada a Miami”, dijo Maduro en una de sus alocuciones desde el puerto litoralense.
Luis Marcano: el periodista repite como gobernador del estado Anzoátegui para el periodo 2025-2029. Fue diputado de la Asamblea Nacional, ministro de Comunicación e Información y presidente de Venezolana de Televisión (VTV).
Primitivo Cedeño: reelecto para un segundo periodo, el gobernador del estado Portuguesa y exalcalde de Agua Blanca fue uno de los máximos entusiastas de la operación “tun tun” promovida por el gobierno luego de las elecciones de julio de 2024.
Gerardo Márquez: desde 2021 es gobernador del estado Trujillo y fue reelecto para su segundo periodo. Previamente fue uno de los militares que apoyó a Hugo Chávez en su intento de golpe de Estado en 1992 y fue diputado de la Asamblea Nacional en las elecciones de 2020, donde el chavismo se apoderó del hemiciclo.
Alberto Galíndez: fue reelecto gobernador del estado Cojedes después de haber gobernado entre 1995 y 1998. Es el único gobernador que forma parte de la oposición. Perteneció a Acción Democrática y Primero Justicia y, en esta oportunidad, fue postulado por el partido Vamos.
Los poco conocidos
Ernesto Luna: es uno de los dirigentes regionales de bajo perfil del chavismo, es gobernador del estado Monagas desde 2021 en reemplazo de Yelitze Santaella.
Elio Serrano: fue designado gobernador de Miranda en septiembre de 2024 en reemplazo de Héctor Rodríguez, que fue nombrado por Maduro ministro de Educación. Fue diputado de la Asamblea Nacional entre el periodo de 2011 y 2015 y viceministro de Obras Públicas y Vivienda.
Wilmer Rodríguez: al igual que Serrano, el ganadero e ingeniero llegó a la gobernación del estado Apure después que Maduro designara a el ex gobernador de la entidad Eduardo Piñate como ministro del Trabajo. Laboró en empresas del Estado adscritas al Ministerio de Agricultura y Tierras.
Los viejos conocidos que vuelven
Adán Chávez: hermano del difunto presidente Hugo Chávez, fue electo gobernador del estado Barinas nuevamente luego de mandar en la entidad entre los años 2008 y 2017. Su hermano Argenis también gobernó al estado que fue reducto de la familia Chávez y de su fallecido padre, Hugo de los Reyes Chávez, hasta que fue electo el opositor Sergio Garrido. Es el actual rector de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ). Fue ministro de Cultura, Educación y del Despacho de la Presidencia y embajador de Venezuela en Cuba.
Luis Reyes Reyes: el militar que participó en el intento de Golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez en 1992 regresa a la gobernación del estado Lara después de ocupar la casa de gobierno entre 2000 y 2008. Fue ministro de la Salud, Transporte y Comunicaciones y Despacho de la Presidencia durante el mandato de Hugo Chávez.
Los nuevos
Luis Caldera: destronó a Manuel Rosales de la gobernación del Zulia. Es el actual alcalde del municipio Mara en la entidad occidental. Tiene un título de ingeniería química y es licenciado en Educación. En la rueda de prensa posterior a las elecciones del 25M, Rosales culpó a los abstencionistas y a los sectores radicales de la oposición aliados con el chavismo de sacarlo de la gobernación.
Neil Villamizar: fue electo oficialmente autoridad única de Guayana Esequiba con un 97% de los votos según el CNE. El miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), vicealmirante y excomandante general de la Armada, reemplazó en la entidad creada por el chavismo a Alexis Rodríguez Cabello.
Joana Sánchez: viene de ser alcaldesa del municipio Santiago Mariño por el Psuv y reemplazará a la también chavista Karina Carpio en la gobernación del estado Aragua. Es abogado y licenciada en administración.
Jhoana Carrillo: la abogada y licenciada en Educación sustituirá a Gilberto Pinto y se convertirá en la primera mujer que gobierna el estado Sucre. Se desempeñó como ministra de la Mujer, de Agricultura Urbana y viceministra de Vivienda y Hábitat.
Marisel Velásquez: al igual que Jhoana Carrillo, será la primera mujer en gobernar la entidad de Nueva Esparta. Viene de ser la alcaldesa del municipio Díaz en la entidad insular y también estuvo en la Corporación de Salud del estado.
Yulisbeth García: como Carrillo y Velásquez es la primera mujer electa como gobernadora en el estado Bolívar en sustitución de Ángel Marcano, ahora parlamentario de la AN.
Loa Tamaronis: La alcaldesa de Tucupita viene a reemplazar a Lizeta Hernández en la gobernación de Delta Amacuro. Fue diputada de la Asamblea Nacional en el 2015 y coordinadora del Psuv en la entidad.
Leonardo Intoci: Será el sustituto de Juan Torrealba en la gobernación de Yaracuy, quien a su vez reemplazó a Julio León Heredia, el cual fue nombrado ministro de Agricultura y Tierras. Es alcalde del municipio Urachiche y profesor de educación física.
Donald Donaire: Viene de ser alcalde del municipio Miranda en el estado Guárico y reemplazará al también psuvista José Manuel Velásquez.
Arnaldo Pérez: El licenciado en Educación Física y diputado de la Asamblea Nacional chavista de 2020 sustituirá al gobernador del Psuv de Mérida Jehyson Guzmán, quien salió electo diputado de la AN.
Los de Siempre
Así como el actual presidente de la AN de 2020, Jorge Rodríguez también quedaron en el Parlamento con dominio chavista, Cilia Flores, Iris Varela, Fernando Soto Rosas, Francisco Arias Cardenas y Noelí Pocaterra.
A ese grupo se suman fichas del chavismo como Jorge Arreaza, Pedro Lander, Desiré Santos Amaral, Wilmar Castro Soteldo y José Vielma Mora.
Repiten de igual forma en el hemiciclo los denominados diputados de la Alianza Democrática Bernabé Gutiérrez, José Gregorio Correa, José Brito, Timoteo Zambrano, Luis Parra y Juan Carlos Alvarado.
Capriles y compañía
El dos veces candidato presidencial y exgobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, fue electo por el partido Unión junto al exdiputado de la AN de 2015, Stalin González de UNT, el exgobernador del estado Lara, Henry Falcón, el exconcejal David Uzcátegui, Luis Emilio Rondón, el exgobernador del estado Zulia Pablo Pérez y el excandidato presidencial, Antonio Ecarri.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Según un comunicado de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), la reclusa de la cárcel de Uribana en Barquisimeto en el estado Lara, Yusbely Rangely Hernández Lucena de 26 años falleció debido a una infección respiratoria en un Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de la zona.
De acuerdo al OVP, Hernández Lucena, quien se encontraba detenida junto a su padre y su tío y era oriunda del estado Yaracuy, no recibía los alimentos e insumos enviados por sus familiares.
“Aunque sus allegados hacían grandes esfuerzos por llevarle alimentos, estos no siempre le eran entregados. Su alimentación quedó restringida a lo que ofrecía el penal, una dieta deficiente basada en arroz, granos y arepas sin rellenos”, detalló una nota de prensa del OVP.
“Esa muchacha se la pasaba enferma. Tenía muchas dolencias y, cuando era trasladada al hospital, los médicos varias veces le dijeron que estaba deprimida y que esto no ayudaba con su mejoría”, comentó un vocero de la OVP.
Según el Observatorio Venezolano de Prisiones, la infección respiratoria que padecía Hernández Lucena requería atención médica especializada y una dieta adecuada, condiciones que no se cumplieron.
“La falta de atención oportuna selló su destino”, puntualizó la ONG.
Añadió el comunicado que otras privadas de libertad ayudaban a Hernández Lucena con insumos de higiene personal.
El OVP recordó que el Centro Penitenciario David Viloria, conocido como Uribana, se encuentra bajo medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
“Garantizar la vida e integridad de quienes se encuentran bajo su custodia no es una opción, sino una obligación por parte del Estado venezolano”, expuso el OVP.
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La Fundación Familia S.O.S. Libertad denunció una serie de actos represivos y tratos crueles, inhumanos y degradantes acaecidos contra presos políticos en la cárcel de Ramo Verde y la Policía Militar de Fuerte Tiuna durante la última semana.
De acuerdo a la organización, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) tomaron el control de la Policía Militar de Fuerte Tiuna el pasado 21 de mayo.
“A todos los detenidos les fueron arrebatadas sus pertenencias, sufrieron maltratos físicos y verbales, fueron afeitados forzosamente, y obligados a vestir uniformes que, para nosotros, solo buscan deshumanizarlos”, expresó el comunicado.
Los familiares de los detenidos indicaron que alimentos y electrodomésticos fueron dañados adrede.
“Al intentar recuperar las pertenencias, muchas se encontraban perdidas o deterioradas”.
Según la fundación, el pasado martes 27 de mayo funcionarios, liderados por el director del penal, ingresaron a Ramo Verde, donde hay alrededor de 90 presos políticos, con martillos, cinceles y mandarrias, además de escopetas y equipos antimotines.
“Se rompieron cerámicas de baños, lavamanos y urinarios. Colchones, paredes y pisos fueron dañados en varias celdas, al igual que electrodomésticos, tomacorrientes y cableado”, expuso el comunicado.
La fundación aseguró que los alimentos enviados por familiares fueron arrojados al suelo y los detenidos obligados a desnudarse y saltar “en un acto de trato humillante y degradante que atenta directamente contra su dignidad e integridad física”.
Familia S.O.S Libertad indicó que la celda de aislamiento conocida como “El Tigrito” se encuentra al límite de su capacidad, sin espacio para un preso más.
La fundación denunció que en la última quincena de mayo funcionarios estatales irrumpieron, maltrataron y destruyeron pertenencias a los reclusos en el Centro Penitenciario de Tocuyito, además cuatro presos políticos han sido víctimas de tortura en un nuevo espacio denominado SESMA.
De acuerdo a Familia S.O.S. Libertad estas acciones violan el artículo 46 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, el cual prohíbe la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes.
“Nosotros, los familiares de los presos políticos, hacemos un llamado desesperado a la comunidad nacional e internacional para que visibilice y condene estas violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela”, manifestó la fundación.
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Yajaira Fuenmayor tiene 77 días que no duerme bien. Apenas si descansa cuatro o cinco horas. Al cerrar sus ojos le vienen a sus pensamientos la imagen de su hijo menor arrodillado, con las manos encadenadas y la cabeza agachada mientras oficiales le rapan el cabello.
Hace 77 días que Alirio Guillermo Belloso Fuenmayor, un zuliano de 30 años, fue deportado a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, sin visitas, sin llamadas telefónicas, sin defensa.
“La vida nos cambió radicalmente”, suelta Yajaira, una ama de casa de 65 años, mientras mira fijamente hacia la puerta de salida de su pequeña vivienda aún en construcción, que le compró en 2023 su hijo al llegar de Perú, su primer intento de migración.
“No le dio chance de terminar de arreglar la casa, que era lo que él quería: pintarla, agrandarla, arreglar la cocina”, suelta mientras mira las paredes amarillas desteñidas y remendadas con parches de cemento, el techo de latas de zinc y un mesón en la cocina aún en construcción.
Desde que Guillermo, como le dice su familia, fue detenido el 17 de enero por agentes de migración en Texas, Estados Unidos, nada es igual en la casa de Yajaira. La detención y deportación trajo como efecto colateral la supervivencia de su familia en Venezuela, un país con alta inflación, devaluación y caída del poder adquisitivo.
La comida ya no abunda en la nevera, las medicinas no abundan para Yajaira, las meriendas no abundan para Alicia Valentina, la hija de Guillermo que está al cuidado de su abuela desde que tenía 2 años; y ni siquiera las risas abundan como antes.
Lo que sí crece es la tristeza y las preocupaciones por conseguir el pago semanal de la escuelita de Alicia Valentina; cubrir las meriendas de la niña, lograr la defensa de Guillermo, cuidar la salud de Yajaira, que es hipertensa y diabética; sostener la manutención de una familia que ya no recibe las remesas para sobrevivir.
Justo para evitar las carencias económicas, Guillermo salió de su natal Maracaibo en octubre de 2023 con destino a Estados Unidos. Apenas tenía seis meses de haber llegado de Perú, pero querían ofrecerle una mejor calidad de vida a su familia. Viajó vía terrestre por seis países. La ruta incluyó cruzar la temida e inhóspita Selva del Darién, frontera entre Colombia y Panamá.
Llegó a la frontera de México con EE. UU. los primeros días de noviembre y se entregó a las autoridades migratorias. Estuvo cuatro días detenido y luego comenzó su vida en el estado de Utah donde residió hasta su detención en una redada de ICE mientras surtía de combustible su vehículo en una gasolinera.
Su estatus migratorio estaba en trámite, pues había solicitado el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). De nada le sirvió, porque fue deportado.
Mientras, las finanzas de su familia en Maracaibo se fueron al suelo. Ya no cuentan con el aporte semanal de Guillermo: $60 para su madre, $20 para su hija y $60 para su pareja, Noemí Briceño, quien vive con Yajaira y Alicia.
“La niña me pide que le haga panquecas y no he podido desde que mi hijo está preso”, lamenta Yajaira. Ella, su nieta y su nuera desayunan, almuerzan y cenan por la ayuda de su hijo que vive en frente de su casa. “A mí me da pena con él, sobrecargarlo de cosas”, agrega.
Estuvo cinco días sin tomar su pastilla para la hipertensión y el medicamento para regular los niveles de azúcar. Sus niveles de tensión se dispararon y prefirió quedarse callada que pedir ayuda a su familia, hasta que el malestar empeoró. Antes, solía tener medicinas de reserva.
“Nuestra situación se puso muy dura, porque Guillermo era el que nos daba todo en esta casa”, comenta con los ojos llenos de lágrimas mientras abre el congelador de su nevera lleno de botellas con hielo y agua.
Yajaira tiene otros seis hijos, cinco de ellos viven en Maracaibo, capital del estado Zulia, al occidente de Venezuela. Todos son vecinos en una invasión en el sector Cañada Honda, una zona popular de clase baja con calles de tierra. La mayoría tienen una situación económica difícil, a excepción del que ayuda con las comidas y de su hijo mayor, Antonio Fuenmayor, que emigró antes que Guillermo a Estados Unidos.
Pero, Antonio es el que acarrea con los gastos de defensa de Guillermo en EE. UU. Contrató un abogado para defender a su hermano y exigir que se cumpla con la orden de deportación hacia Venezuela que le emitió en febrero una corte de Washington. También ayuda a Yajaira y a Noemí en sus gastos de traslado hasta Caracas para reunirse con los abogados designados por el Gobierno nacional para defender a los venezolanos deportados.
A Guillermo lo acusa la administración de Donald Trump de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua. “Eso es falso”, asegura su familia. No tiene antecedentes penales en Venezuela, en Perú, ni en EE. UU., donde llegó en octubre de 2023 para justo evitar las carencias que hoy tienen su hija, su mamá y su pareja.
“Lo acusan sólo por tener tres tatuajes: mi nombre, el de su hija y el de mi nieta mayor que murió cuando tenía 5 años de leucemia. Él no merece eso”, dice Yajaira con lamento mientras busca en su celular una foto de su hijo.
“Miralo, estaba gordo cuando lo detuvieron. Ahora está flaco”, asegura. Yajaira reconoció a Guillermo en un video que publicó el 13 de mayo la televisora estadounidense One America News Network, en el programa del excongresista federal republicano Matt Gaetz, quien entró al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador.
“Él gritaba: Venezuela, libertad”, recuerda con voz pausada. “Es duro verlo así”.
Yajaira sólo sueña con que su hijo esté de vuelta para que le de “amor” a su nieta y que no sufra la “injusta” detención que le mantiene el corazón arrugado por no saber si come, si duerme, si se enferma o si lo volverá a abrazar.
Sólo tiene un deseo: “No importa si tenemos que comer arroz con huevo todos los días. Yo lo único que le pido a Dios, a Trump y al presidente de El Salvador es que me devuelvan a mi hijo”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Las “internas” recién organizadas por la dictadura de Maduro-Cabello –su partido único y sus escribanos electorales– a fin de seleccionar bajo arbitrio a los colaboradores del régimen en el mundo de las gobernaciones y alcaldías municipales –inexistentes e inútiles, desde cuando se aprobara en 2020 la Ley “Constitucional” de la Fuerza Armada que las arropa con sus Regiones y Zonas de Defensa Integral, todas dependientes del Comando Estratégico Operacional que conduce el mismo Nicolás Maduro Moros –desde ya deja sus lecciones.
Son muy amargas para el señalado elenco o reparto teatral y deberían alcanzar, sobre todo, a los políticos de “espacios” que hasta ayer se decían opositores. Unos salen del juego, despreciados por la misma dictadura con la que han cohabitado y los que ingresan, lo hacen sin votos computados, para ejercer graciosamente y como diputados de utilería dentro del naciente corifeo parlamentario oficialista.
La primera enseñanza es que el binomio Maduro-Cabello, ahora en réplica del binomio nicaragüense Ortega-Murillo, tras la monumental derrota que sufriese el 28 de julio de 2024 con la elección de Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela al que han desconocido, optó por eliminar para siempre las mínimas garantías electorales; esas que incluso le servían para la simulación democrática, puertas afuera, hasta que el pueblo le desbanca en la histórica fecha. Pues bien, no más actas electorales ni códigos QR, tampoco escrutinios públicos, tal como lo ha evidenciado el experimento de este pasado 25 de mayo. El escribano electoral de turno se ha limitado a leer la “otra” servilleta sobre la que escribiera “sus” resultados el Palacio de Miraflores.
Que los números no coincidan con los porcentajes, tal como ha ocurrido, o que su escasez no se quisiese mostrar para que la soledad no fuese tan elocuente, lo ve el régimen como peccata minuta. Lo que le importa es que el país entienda que la ficción electoral es la obra exclusiva de quienes mandan y de su teatro. Elecciones reales y democráticas nunca las habrá.
Los demás, actores de reparto o iluministas, vestuaristas o tramoyistas, los funcionales y los normalizadores de la dictadura, como el caso de los otrora candidatos presidenciales que el país creyese opositores, Manuel Rosales y Henrique Capriles, si acaso califican o no durante los “castings” se les admite. Se les habilita o inhabilita a discreción, o se los expulsa de los pocos metros de poder imaginario que se les entregan o se los arrancan sin conmiseración alguna, según ello convenga al autor guion de la obra electoral ya escrita y para su ejecución. En suma, se vota, pero no se elige más, mientras permanezca la dictadura en Venezuela.
A esta, y lo sabe, apenas le queda simular, mirarse en el espejo como la madrastra de Blancanieves. Marcos Pérez Jiménez, antes del 23 de enero de 1958 y desde cuando decidiese hacerse dictador, pidió a sus súbditos que le llamasen presidente constitucional. Hasta una canción le escribió un merenguero, José María Peñaranda, que vertió en un disco single de 45 RPM en el que canta Alberto Fernández Midiola acompañado de Bovea y sus vallenatos. Lo hizo grabar en Bogotá: “Coronel Marcos Pérez Jiménez, presidente constitucional, elegido por el pueblo, con orgullo nacional…”. La cuestión es que, de vuelta a la realidad, que es cruda y muda, atizado por el mismo abandono y desprecio colectivo que esta vez pesa sobre Maduro y su cohorte de asalariados, lo único que le quedaba y con lo que contaba Pérez era con sus represores, hasta que igualmente se le escurrieron. En 1957 cesaron las importaciones de crudo desde USA. El resto de la historia es sabida, y es historia.
Ahora bien, si cierto es, al menos en hipótesis, que Maduro y sus acólitos son conscientes de lo que les falta y de la urgencia que tienen para apertrecharse y aguantar en la trinchera, estirando la agonía lo más que se pueda –en política nada es lineal ni circular, sino que todo es líquido y se mueve– ocurre algo distinto y más trágico con sus actores secundarios: los necesitados de sobrevivir y fingir o teatralizar a un profesional de la política, a un opositor sin causa. Tras el 25 de mayo les aqueja un trastorno de despersonalización o desrealización, o de escapismo.
Ni ven ni entienden lo que ha ocurrido en Venezuela, menos sus realidades personales. Hasta una académica de circunstancia osó acusar al pueblo, que sufre diáspora o está exiliado, perseguido u ocupando las mazmorras, de ser el culpable de la devaluación del voto, de suyo de la democracia venezolana; pues la imagina, desde su Casona de San Francisco, como una inédita experiencia de libertad – la suya – en tiempos de oprobio y despotismo.
El final de las “oposiciones”
Si se trata del ahora exgobernador Rosales, concluye “su épica” de manera desdorosa. Señala con su dedo no al régimen ni a sus albaceas, que lo han dejado en la estacada luego de engullírselo y volverlo un esqueleto ambulante. Acusa, airado, a quienes promovieron la monumental abstención electoral ocurrida; que fue, antes bien y como se ha constatado, un acto legítimo y consciente de resistencia popular, un desafío pedagógico frente a quienes medran dentro de la ubre de una república desvencijada y han cohonestado el desconocimiento de las elecciones presidenciales de 2024.
Y si cierto fuese lo señalado por Rosales, que es errado por ausencia de contexto y muestra, sí, su desprecio por la inteligencia del pueblo, debería saber que si su voz trémula y acompasada –eco de lugares comunes y de vieja escuela partidaria– no llegó siquiera a los suyos, es porque la fuerza de su liderazgo es cadáver insepulto.
Cuando menos, el general José Antonio Páez, resistido a dejar su histórico mando, dio su última batalla con gallardía y aceptó su derrota tras la guerra federal. Firmó el Convenio de Coche en 1863 y se retiró a escribir sus memorias. Hasta se hizo un virtuoso del piano y el violín. Han sido 50 años desde cuando AD hace elegir a Rosales como concejal en Colón. Hasta ejerció –para mantener su “espacio”– como primer caballero del municipio Maracaibo. No pasó, sin embargo, la prueba de las primarias opositoras de 2023, huyendo, y quiso, eso sí, ser candidato presidencial –apoyado desde Miraflores– tras un amago de cúpula en la que le derrotan González Urrutia y Machado.
Lo que acontece con Capriles no sorprende. Solo es lamentable. Queda para un análisis psicológico y sociológico posterior el revisar su comportamiento y trayectoria en los predios de la política y de la traición. Ya frisa –siendo menor a Rosales– el mismo tiempo de “militantismo” ocupado por la revolución bolivariana. Se inaugura con un escaño “clientelar” adquirido en 1998, en práctica del anglosajón sistema de botín. Lo hacen diputado por Maracaibo, sin tener relación alguna con sus gentes y desplazando a la representación partidista natural.
Sucesivamente, se dejará usar –coludiendo tácitamente con Hugo Chávez Frías– para el entierro del último Congreso democrático de la IV República. Nunca levantó la voz para su defensa, siendo cabeza de la Cámara de Diputados. Eso sí, reivindicaba –ante quienes le escuchamos en la Casa de Misia Jacinta y al momento de participarnos la instalación de las cámaras legislativas– la llegada de los jóvenes al poder. Qué oprobio. Por lo pronto es una mala réplica del marqués de Casa León.
La realidad de presente es que otra vez deja en la estacada al pueblo venezolano. Al acudir ante los rectores electorales que ejecutaron el golpe de Estado contra la soberanía popular el histórico día 28 de julio de 2024, a la vez que les reconoce desconoce, por ende, al presidente electo de Venezuela. Entretanto, a su viejo compañero de hornada, el digno zuliano Juan Pablo Guanipa, lo secuestra el régimen. Electo como gobernador en 2017 no aceptó se le quisiese juramentar por una írrita Asamblea Constituyente forjada desde la dictadura. Y decía Guanipa, para la época y dejando ejemplaridad, que “no se puede participar en procesos electorales sin garantías”; pues el voto es un derecho humano y significa poder votar para poder elegir. Capriles, pues, no es un cadáver político. Carece de alma.
Al cabo, mientras la dictadura trabaja aceleradamente para imaginar sus otras tretas o espectáculos –como este de la gobernación del Esequibo o el de una reforma de la Constitución en un país sin constitución, para constitucionalizar sus propias violaciones constitucionales en el teatro del absurdo y la mentira– el saldo cierto es uno. Ya no hay oposiciones en Venezuela, ni divisiones entre sus actores.
De un lado restan la dictadura y sus “encomenderos” y del otro, el noble pueblo venezolano, que ha ratificado su decisión de unidad y de reconstitución –quienes están adentro o los que migran esperando la vuelta a la patria– alrededor del valor originario que nos diese el talante y la conciencia de nación: la libertad. Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, son los comitentes e intérpretes de esa voluntad que los desborda, la antes señalada, y que se encuentra en estado liminar.
La experiencia enseña, aquí sí y es la otra lección del 25 de mayo, para la que apelo a la memoria de Juan J. Linz, autor del sesudo ensayo La quiebra de las democracias (2021), que, cuando un gobierno totalitario persigue con saña a los líderes democráticos, crea una indestructible “solidaridad entre ellos”, léase y claramente, entre los perseguidos de verdad. “Haber estado juntos en las cárceles y campos de concentración crea una buena disposición para trabajar juntos”, incluso entre los adversarios acérrimos. Son, ciertamente, los llamados a “jugar un papel activo en la restauración de la democracia”.
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El 19 de julio de 2024, una encuesta publicada en la red social X activó una respuesta inmediata dentro del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información de Venezuela (Mippci), el organismo encargado de coordinar la estrategia comunicacional del gobierno. El sondeo, divulgado por el medio digital venezolano La Patilla, preguntaba a los usuarios por quién votarían si las elecciones presidenciales se celebraran ese domingo, una semana antes de los comicios del 28 de julio. Las primeras respuestas favorecían al candidato opositor Edmundo González Urrutia, pero poco después, comenzaron a transmitirse instrucciones desde el ministerio.
A través de Siscom—un sistema interno de comunicaciones operado por el ministerio para distribuir mensajes y organizar campañas comunicacionales del gobierno de Nicolás Maduro— altos funcionarios del Mippci emitieron una serie de mensajes dirigidos a miles de empleados públicos, militantes del PSUV y comunicadores afines.
El sistema es descrito como una “plataforma soberana” y “segura” para “el intercambio de información sensible y la coordinación de acciones”, en el nuevo método de coordinación comunicacional del gobierno, escrito por Nicolás Maduro.
“Recordemos que la oposición paga por bots, paga por cuentas inorgánicas. Y nosotros no somos robots, somos seres humanos. Debemos activarnos todas y todos para poder lograr los objetivos en el entorno de las redes sociales”, ordenó Johannyl Rodríguez, el viceministro de Comunicación e Información, en una nota de voz enviada a las 4:38 de la tarde a centenas de grupos de chat en el sistema.
La tarea estaba clara: votar en masa por Nicolás Maduro en la encuesta, para demostrar el apoyo que tenía en la red social. Los participantes actuaron según esa directriz ministerial, alineada con la estrategia global de la campaña oficialista.
La encuesta acumuló al menos 94.395 votos —más del 70% a favor de Maduro—, pero fue eliminada horas después por La Patilla, tras detectar un aumento inauténtico en la participación. La anomalía también fue reseñada por medios de verificación venezolanos.
“¿Qué hizo @LaPatillaTV ante el fracaso público? Borró la publicación. Ravell siendo Ravell” escribió en X Freddy Ñáñez, ministro de Comunicación e Información, aludiendo a Alberto Federico Ravell, director del medio de comunicación que borró el sondeo.
Más curiosidades en la guerra de encuestas. Luego del ridículo que hizo @puzkas con su sondeo para influir en la percepción de los resultados del 28 de julio, en el que resultó ganador @NicolasMaduro por 99% , el turno es para la @LaPatillaTV y su encuesta donde Maduro también… pic.twitter.com/1E8qRwPBbu
Luego, el enlace a esa publicación del ministro fue rápidamente enviado a los grupos del Siscom, una vez por el viceministro Rodríguez –quien pidió que fuera amplificado— y otra por el propio Ñáñez. Los usuarios conectados ayudaron a que acumulara más de mil reposts y más de 248 mil visualizaciones.
El episodio de la encuesta fue uno entre muchos. La Hora de Venezuela pudo rastrear su desarrollo —desde las primeras instrucciones hasta su difusión coordinada— dentro de una filtración inédita del Siscom.
La filtración, de más de 9 gigabytes, incluye mensajes, notas de voz, manuales e instrucciones internas enviadas durante 12 meses, hasta mayo de 2025, que revelan cómo se organiza y ejecuta la distribución de contenidos a través de casi 600 grupos integrados por funcionarios, militantes del PSUV y empleados de medios estatales y comunitarios.
La revisión del material filtrado revela un sistema diseñado para amplificar las narrativas oficiales, responder a coyunturas políticas y moldear la conversación digital desde una estructura centralizada. Los documentos detallan cómo el gobierno de Nicolás Maduro utiliza esta red para posicionar contenidos en línea, contrarrestar discursos críticos y reforzar su control sobre el espacio informativo.
Un sistema diseñado para amplificar sin cuestionar
El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información (Mippci) centraliza la política comunicacional del gobierno venezolano.
Bajo su control operan dos organismos clave que reflejan las dos dimensiones de esa estrategia. Uno es el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información (Sibci), que agrupa medios estatales en radio, televisión y prensa, muchos también activos en internet. El otro es Conatel, el ente regulador de telecomunicaciones, señalado por organizaciones defensoras de la libertad de expresión y de los derechos digitales por su papel en la censura de canales de televisión y emisoras de radio, así como en el bloqueo en internet de medios de comunicación independientes venezolanos.
A través de Siscom, el ministerio mantiene un vínculo directo con el aparato comunicacional leal al chavismo. Se trata de un sistema cerrado de distribución de contenidos, conformado por grupos internos que se asemejan a conversaciones de WhatsApp. Por esa vía, funcionarios del Mippci envían, con rapidez –y sin debate–, instrucciones, líneas discursivas y contenidos multimedia a cientos de personas pertenecientes al partido de gobierno, ministerios, gobernaciones, entes públicos, medios gubernamentales y organizaciones populares.
El 12 de marzo de 2024, Nahum Fernández, jefe de Gobierno de Distrito Capital y jefe de gira durante la campaña de Nicolás Maduro, mencionó el uso de Siscom para posicionar mensajes oficialistas
La app del Siscom, disponible desde marzo de 2024 en tiendas como Google Play Store y App Store, acumulaba más de 10 mil descargas para mayo de 2025. Una de sus imágenes promocionales la describe como “el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información (Sibci) justo en la palma de tu mano”.
La red interna de Siscom está compuesta por 597 grupos de mensajería, según un levantamiento realizado en mayo de 2025. Al ingresar, los usuarios pueden incorporarse a múltiples canales predefinidos. Algunos están dirigidos a personal de medios estatales; otros, a funcionarios de gobernaciones, alcaldías e instituciones públicas. También hay espacios reservados para estructuras de base del partido de gobierno.
Con 234 grupos, las Brigadas de Agitación, Propaganda y Comunicación (APC) del PSUV –la red interna de propagandistas del partido de gobierno– representa la categoría más numerosa dentro del Siscom. Les siguen 214 grupos vinculados a alcaldías, 35 asociados a ministerios, 23 a gobernaciones y 52 conectados a movimientos sociales y redes de comunicadores populares, como el Movimiento Free Alex Saab, la red de Comunicadores CLAP y vocerías de Misiones y Grandes Misiones.
A la red se suman grupos formados por empleados de medios estatales y de entes adscritos al Mippci. Veinte están dedicados a medios bajo el paraguas del Sibci, como Venezolana de Televisión, Vive TV, Telesur, TVES y los llamados Medios Alternativos y Comunitarios (MAC). Otros quince corresponden a instituciones adscritas al ministerio de comunicación como Amazonia Films, la Villa del Cine y Conatel, el organismo de regulación de las telecomunicaciones.
Buena parte de la actividad en Siscom está centralizada en pocas voces. La mayoría de los mensajes analizados por La Hora de Venezuela fueron enviados por funcionarios del Mippci, entre ellos el viceministro Johannyl Rodríguez —autor de 1.547 publicaciones únicas— y el ministro Freddy Ñáñez, con 153 mensajes difundidos en poco más de un año. La filtración también incluye 138 notas de voz, en su mayoría grabadas por altos cargos del ministerio, y 51 documentos y manuales que detallan la planificación de campañas específicas.
Cuando el gobierno se disfraza de “pueblo”
“Feliz Domingo de Ramos, un abrazo para todo el Siscom”, saludó el ministro Freddy Ñáñez el 20 de abril de 2025 en una nota de voz dirigida a los grupos internos del sistema. Luego lanzó la orden: “El fascista Nayib Bukele le está buscando camorra al presidente por Instagram y, como águila no caza mosca, vamos a responderle desde el pueblo con todo”.
La campaña, que surgió como respuesta a la deportación de ciudadanos venezolanos desde Estados Unidos hacia El Salvador, incluyó dos etiquetas: #BukeleSecuestrador y #BukeleLameCuloDeTrump. Sin embargo, no fue una reacción ciudadana espontánea, sino una operación planificada desde el Estado.
Como en otras ocasiones, Siscom activó a militantes, empleados públicos y creadores de contenido —formados en academias estatales de propaganda— para ejecutar la campaña. Las instrucciones circulaban por grupos organizados por el Mippci; los contenidos se replicaban en redes sociales y medios del Sibci como Venezolana de Televisión.
Las cuentas que posicionan estas etiquetas suelen ser manejadas por operadores humanos que actúan como bots: publican decenas de mensajes al día y, en ocasiones, una sola persona puede gestionar a varias cuentas. Algunos operadores reciben pequeños bonos estatales por su participación, según investigaciones.
Siscom empezó a ejercer un rol más directo a principios de 2024. Centralizó las instrucciones y reguló no solo qué debía publicarse, sino también cuándo, cómo y en qué redes sociales hacerlo.
El 2 de junio de 2024, el viceministro Johannyl Rodríguez indicó paso a paso cómo interactuar con publicaciones del presidente Nicolás Maduro en Instagram: “le doy like, le hago comentario, le doy like al comentario positivo con más likes para que marque el ritmo de la conversación en los comentarios, comparto en otras redes sociales, guardo y descargo el post que tenga el presidente en el momento”.
Una de las campañas coordinadas a través del Siscom fue #NicoLike, impulsada el 26 de mayo de 2024. A través del sistema, se distribuyeron instrucciones específicas, en formato pdf, incluyendo cronograma dividido por franjas horarias para publicar los contenidos, junto a la etiqueta, en redes sociales. A las 6:00 a. m. comenzaba el Mippci; luego seguían consejos comunales, Comunicadores CLAP, Milicia Bolivariana, alcaldías, gobernaciones y ministerios.
En el documento también se detallan pautas para “castigar” comentarios que los usuarios del Siscom interpreten como mensajes de odio contra Nicolás Maduro. Aplicado a gran escala, este esquema puede hundir las críticas y hacer parecer que la mayoría de los comentarios respaldan al presidente.
Difundir por los “caminos verdes”
Varios mensajes que circularon en Siscom incluían instrucciones para ejecutar acciones sin dejar rastros oficiales. Pero esta estrategia no se limitó a las redes sociales.
El 4 de julio de 2024, al iniciar la campaña presidencial, el ministro Freddy Ñáñez —mencionado como “secretario ejecutivo de estrategia electoral” en una invitación interna a una videoconferencia enviada por los chats— ordenó difundir contenidos en redes y “mostrar la presencia del pueblo en la calle”, con una advertencia clara: “Prohibido el uso de logos, imágenes de instituciones, gobernaciones, alcaldías”. Aunque la movilización de empleados públicos y recursos estatales es habitual en marchas del PSUV, con la táctica se intentaba ocultar la identificación de funcionarios públicos y hacer ver su presencia como espontánea.
En otros momentos, se dieron instrucciones para que ciertos contenidos circularan únicamente por canales informales —cuentas de militantes, anónimas o portales distintos a los del Sibci—, especialmente cuando se necesita evitar que los mensajes pudieran atribuirse directamente al Estado.
En septiembre de 2024 se envió un video en el que una mujer insulta a opositores desde su auto, acompañado de la frase de Johannyl Rodríguez: “Full por los caminos verdes” —es decir, difundir a través de cuentas “no oficiales”. En enero de 2025 el Mippci impulsó una campaña de protesta contra Donald Trump, por el indulto a dos policías estadounidenses, en la que distribuyó líneas discursivas que combinaban sarcasmo e insultos a Trump, y que resaltaban las contradicciones de la política estadounidense respecto al respeto de los derechos humanos.
Todos estos contenidos y narrativas eran compartidos de forma simultánea en distintas plataformas. También en X, a pesar de que, oficialmente, la plataforma había sido bloqueada el 8 de agosto de 2024 por proveedores de internet venezolanos, tras el llamado de Conatel.
En el Siscom hay evidencias que demuestran cómo el propio Freddy Ñáñez ordenó seguir posicionando contenidos en esa red social tras el bloqueo en proveedores de internet venezolanos. Lo hizo durante una coyuntura crítica: el apagón nacional del 30 de agosto de 2024, atribuido oficialmente a un sabotaje.
“Vamos al combate mediático”, dijo el ministro en una nota de voz. “Los que tengan VPN que puedan hablar por X, háganlo. Denunciar el sabotaje eléctrico por parte de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia”.
La guerra de las encuestas
El uso de Siscom para coordinar campañas en redes sociales no se limitó a la defensa del gobierno en situaciones críticas. Durante la campaña presidencial de 2024, la misma red se activó para manipular los resultados de encuestas digitales publicadas en redes sociales, principalmente en X. Uno de los casos más notorios fue el de la encuesta de La Patilla, expuesto anteriormente, pero no fue el único.
A lo largo de junio y julio, funcionarios del Mippci distribuyeron instrucciones para que usuarios del Siscom participaran en encuestas en línea, replicando el mismo patrón: votar masivamente a favor de la opción de Maduro y proyectar una mayoría favorable antes del día de las elecciones.
En junio de 2024, el sistema fue movilizado para influir en la encuesta de un “torneo de podcasts venezolanos”, publicada por la cuenta Global Census, una falsa encuestadora que surgió durante la campaña presidencial. Entre los participantes figuraban conocidos podcasts humorísticos como Escuela de Nada, además de Maduro Podcast, conducido por el candidato oficialista. Cuando ambos llegaron a la final, altos funcionarios del Mippci activaron la operación de votos coordinados en X.
“Vamos a vencer a los bots”, instó el ministro Freddy Ñáñez. Cuando el podcast de Maduro ganó, el viceministro Rodríguez pidió aprovechar la victoria para hacer propaganda: “Ahora todo el mundo a sacar rédito de este triunfo espectacular”. La cuenta de X organizadora, lejos de desaparecer, siguió activa y en 2025 aún publica contenidos alineados con la narrativa oficial.
La estrategia de manipulación de resultados de encuestas volvió a repetirse con otra publicada por Eugenio Martínez el 14 de julio, la publicada por La Patilla el 19 de julio, una de la cuenta @AlertaMundoNews el 20 de julio y otra propuesta por el periodista Luis Olavarrieta el 25 de julio.
A través de Siscom también se pidió la amplificación coordinada de encuestas que daban como ganador a Nicolás Maduro, algunas publicadas por encuestadoras y pseudo encuestadoras que difundieron desinformación, como Hinterlaces, DataViva, CMIDE 50.1 y la mencionada Global Census, cuyas metodologías –e incluso su autenticidad– fueron cuestionadas en una investigación publicada por la coalición venezolana C-Informa en julio del año pasado.
En los grupos del sistema también se publicó desinformación electoral el mismo día de las elecciones presidenciales, como el “exit poll” atribuido a Lewis and Thompson –una falsa compañía de análisis digital– desmentido ese mismo día por verificadores venezolanos.
Difundir, sin verificar ni cuestionar
El 30 de abril de 2025, en medio del anuncio de un ajuste al ingreso mínimo, el Ministerio de Comunicación activó su maquinaria digital. “Debemos titular el gran esfuerzo que hace el presidente Nicolás Maduro”, escribió Johannyl Rodríguez en un mensaje a los grupos del Siscom.
El aumento no era salarial. El gobierno se refería al Ingreso Mínimo Integral (IMI), un concepto creado para sumar el salario con otros beneficios como el Bono de Guerra Económica y el Cestaticket.
Organizaciones como Provea y Acceso a la Justicia han denunciado que esta política de bonificación debilita los derechos laborales, ya que el salario mínimo —único componente con respaldo constitucional y que sirve de referencia para prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social— congelado desde 2022 en alrededor de 130 bolívares (unos 3,5 dólares), permanece intacto y sigue siendo el más bajo de América Latina.
#AlertaLegal El pasado #30abr el primer mandatario anunció el incremento del Bono contra la Guerra Económica de 90 dólares a 120 dólares mensuales, sin mencionar nada acerca del salario mínimo ni publicar instrumento jurídico alguno del aumento mencionado #JusticiaVepic.twitter.com/6E3nBHCTu3
— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) May 6, 2025
Pero la instrucción del viceministro fue precisa: “NO discriminar el aumento al Ingreso Mínimo Integral sino dar la cifra entera. Importante hacer énfasis en que en el último año se ha aumentado un 135% el IMI”. Con esta estrategia comunicacional se intentó presentar el ajuste como un logro, mientras se ocultó el hecho principal: que el salario mínimo no había sido aumentado.
El ejemplo del ajuste salarial no es el único caso de desinformación que circuló a través de los grupos del sistema. Regularmente, altos funcionarios enviaron contenidos manipulados que miles de militantes y empleados públicos compartieron en redes sociales, a menudo sin notar su carácter engañoso.
El 23 de enero de 2025, en los grupos se envió una serie de “líneas discursivas”, basadas en un discurso de Nicolás Maduro sobre la lucha contra el Tren de Aragua y otros grupos criminales, y su supuesta vinculación con la “extrema derecha” venezolana. El texto iba acompañado con una nota de voz atribuida al líder criminal Wilexis Acevedo, en el que lanzaba amenazas contra varios funcionarios del gobierno venezolano, que ya había sido compartido el día anterior a través del canal de Telegram del ministro Ñáñez.
El audio, sin embargo, no era nuevo ni tampoco era auténtico. Había circulado por primera vez el 8 de mayo de 2020, en el contexto de la Operación Gedeón, y fue publicado por una cuenta anónima en X que suplantaba la identidad de Acevedo que, días después, admitió no ser auténtica. En 2024, el desmentido sobre el caso fue publicado casi una semana después de haber sido compartido por Ñáñez y publicado en Siscom.
El 9 de enero de 2025, la líder opositora María Corina Machado salió de la clandestinidad para encabezar una concentración en Caracas. Al terminar el acto, desapareció por varias horas y comenzaron a circular rumores de que había sido secuestrada o detenida. Poco después, portales y cuentas progubernamentales comenzaron a difundir un video de “fe de vida”, donde aparecía cubriéndose la cabeza con el capuchón de su chaqueta.
Uno de los que ayudó a difundir el clip fue el viceministro Johannyl Rodríguez, quien lo reenvió a los grupos de Siscom a las 5:25 p. m. “Un falso positivo más, un show para tapar el fracaso”, escribió inmediatamente.
Diez días después, una investigación demostró que Machado efectivamente estuvo bajo custodia de la PNB por casi dos horas antes de ser liberada, desmontando la desinformación de que se trataba de un “falso positivo”.
Una operación de información “maliciosa”
El Siscom es la columna vertebral de una operación de influencia estatal que, según la metodología del Carnegie Endowment for International Peace, puede considerarse “maliciosa”: ha difundido desinformación, ha ocultado deliberadamente la autoría de sus campañas y ha exhortado a sus integrantes a hostigar, inflar métricas y replicar consignas sin verificación.
Los ejemplos expuestos —como el caso de la encuesta adulterada de La Patilla mencionado al inicio de esta investigación— ilustran ese funcionamiento: el sistema movilizó a miles de usuarios para manipular el sondeo y neutralizar un resultado adverso al oficialismo.
Aunque quizá no distorsione toda la conversación pública, la magnitud del Siscom contamina el entorno de quienes reciben sus contenidos —funcionarios, cuerpos de seguridad y bases chavistas—, bombardeados con mensajes que deben amplificar de inmediato, muchas veces sin cuestionar su veracidad ni la intención estratégica que los origina.
Uno de los directores de La Patilla, que solicitó el anonimato por motivos de seguridad, explicó que: “Para nosotros era evidente que la encuesta que publicamos en julio estaba siendo manipulada. Veníamos de publicar otrasdos encuestas similares y el candidato de oposición había obtenido más del 92 % de los votos en ellas. También teníamos una captura de pantalla de la encuesta de julio antes de que comenzaran a manipularla”.
“Tienen la represión, bloquean a los medios libres y, para lo que no pueden controlar, poseen una maquinaria con fondos ilimitados con la cual pueden manipular. No juegan, en ningún momento, en condiciones reales”, añadió.
La filtración confirma aquellas sospechas: mientras La Patilla retiró la encuesta para proteger a su audiencia de una manipulación y muchos otros se esfuerzan por combatir a diario la desinformación, funcionarios del Mippci se organizan a través del Siscom para favorecer a Maduro y perjudicar a sus adversarios, recurriendo a la misma desinformación que —al menos en el discurso oficial— buscan combatir.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
