En una entrevista a BluRadio la coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, informó que según los cómputos de la ONG, al menos 80 presos políticos presentan condiciones de salud que ameritan atención médica.
“Me refiero a personas que antes de haber sigo ingresadas a prisión ya tenían patologías graves y, por las condiciones de reclusión, sus patologías se han ido agravando. Hay otros casos de personas que entraron en buena situación de salud, pero que por las condiciones de hacinamiento, fala de alimentación deficiente, falta de dotación de agua potable, han comenzado a desarrollar problemas de salud. Y hay quienes se encuentran en condición delicada de salud por las torturas a las que fueron sometidos”, denunció Tineo.
Entre las enfermedades que ha documentado la ONG que padecen los recluidos por razones políticas están cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales y estomacales que requieren atención médica, pero las autoridades no lo han autorizado, pero a que se ha solicitado ante instancias como juzgados, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario y la Defensoría del Pueblo.
Los presos con patologías graves están fundamentalmente en la sede del Sebin de El Helicoide, en Caracas, así como en las cárceles de Yare, El Rodeo I y en el Fuerte Guaicaipuro, entre otros.
“En el caso de Rocío San Miguel hay que acotar que ella sufrió una caída en prisión que causó una fractura en su hombro derecho. Esto fue denunciado por las propias autoridades el mes de diciembre pasado y se indicó que requería una cirugía. Sus familiares y los abogados han insistido en la necesidad de esa intervención quirúrgica y de que sea sometida a rehabilitación, para lo cual sería necesario que se le dicte una medida sustitutiva a la privativa de libertad, pues en su centro de reclusión que es el Helicoide no están dadas para que reciba esa rehabilitación”, explicó.
Tineo dijo que en el caso de presos políticos con cáncer terminal también se han solicitado sustitutivas de libertad para que puedan ir a sus casas y recibir la atención médica requerida, y tampoco eso se ha concretado.
Les niegan las visitas, insumos y la atención
En la conversación con el canal colombiano, la coordinadora general de coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón enfatizó que los familiares de presos políticos deben dotarlos de agua, comida y medicinas, pero aquellos privados de libertad cuyos familiares han tenido que abandonar el país por la persecución política están aún más desasistidos y sus condiciones se han vuelto más precarias.
Otra circunstancia que agrava la situación de los detenidos es que a algunos se les han prohibido las visitas “e, incluso, se han negado a recibir los insumos que los familiares llevan a los centros de reclusión”.
“En algunas cárceles funcionan servicios de atención médica, pero evidentemente, no tienen los recursos humanos, tecnológicos e insumos médicos para atender casos de gravedad. Quizás puedan atender algún malestar que pueda resolverse con atención primaria, pero cuando hay casos de personas con fase terminal de cáncer, o tienen insuficiencia cardiovascular, o que requieren una intervención, estos servicios de atención primaria no pueden abarcarlos”, precisó.
En este punto mencionó a Emirlendris Benítez, presa política sentenciada a 30 años de prisión, que se mantiene en una silla de ruedas sin diagnóstico ni atención médica luego de haber sufrido torturas y de perder hasta un hijo en prisión. Sus abogados y familiares han presentado solicitudes pero no ha recibido la atención que requiere, aunque incluso organizaciones como Amnistía Internacional han emitido acciones urgentes a su favor.
“Ella requiere exámenes especializados para establecer el diagnóstico y qué le impide caminar. Por más de un año, sus familiares y abogados han solicitado al tribunal de la causa que ella sea trasladada para hacer esos estudios y pueda recibir el tratamiento que requiere, pero esto no ha sido posible”, relató.
Tineo recordó que los llamados por atender a los presos políticos con patologías han sido recurrentes desde organizaciones nacionales, foráneas, y de mecanismos internacionales de protección como la oficina del alto comisionado de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas y la Misión de Determinación de Hechos de la ONU.
“La detención prolongada de personas cuya responsabilidad penal no ha sido demostrada constituye una forma de represión que debe cesar (…) Al final, la decisión la tienen las autoridades venezolanas y es a ellos a quienes le pedimos que consideren la gravedad de estas denuncias, estamos hablando de las vidas de seres humanos que están seriamente comprometidas (…) ojalá no solo reciban la atención médica que requieren sino que los presos políticos puedan ser liberados y volver con sus familias”, concluyó Tineo.
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