Las “internas” recién organizadas por la dictadura de Maduro-Cabello –su partido único y sus escribanos electorales– a fin de seleccionar bajo arbitrio a los colaboradores del régimen en el mundo de las gobernaciones y alcaldías municipales –inexistentes e inútiles, desde cuando se aprobara en 2020 la Ley “Constitucional” de la Fuerza Armada que las arropa con sus Regiones y Zonas de Defensa Integral, todas dependientes del Comando Estratégico Operacional que conduce el mismo Nicolás Maduro Moros –desde ya deja sus lecciones.
Son muy amargas para el señalado elenco o reparto teatral y deberían alcanzar, sobre todo, a los políticos de “espacios” que hasta ayer se decían opositores. Unos salen del juego, despreciados por la misma dictadura con la que han cohabitado y los que ingresan, lo hacen sin votos computados, para ejercer graciosamente y como diputados de utilería dentro del naciente corifeo parlamentario oficialista.
La primera enseñanza es que el binomio Maduro-Cabello, ahora en réplica del binomio nicaragüense Ortega-Murillo, tras la monumental derrota que sufriese el 28 de julio de 2024 con la elección de Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela al que han desconocido, optó por eliminar para siempre las mínimas garantías electorales; esas que incluso le servían para la simulación democrática, puertas afuera, hasta que el pueblo le desbanca en la histórica fecha. Pues bien, no más actas electorales ni códigos QR, tampoco escrutinios públicos, tal como lo ha evidenciado el experimento de este pasado 25 de mayo. El escribano electoral de turno se ha limitado a leer la “otra” servilleta sobre la que escribiera “sus” resultados el Palacio de Miraflores.
Que los números no coincidan con los porcentajes, tal como ha ocurrido, o que su escasez no se quisiese mostrar para que la soledad no fuese tan elocuente, lo ve el régimen como peccata minuta. Lo que le importa es que el país entienda que la ficción electoral es la obra exclusiva de quienes mandan y de su teatro. Elecciones reales y democráticas nunca las habrá.
Los demás, actores de reparto o iluministas, vestuaristas o tramoyistas, los funcionales y los normalizadores de la dictadura, como el caso de los otrora candidatos presidenciales que el país creyese opositores, Manuel Rosales y Henrique Capriles, si acaso califican o no durante los “castings” se les admite. Se les habilita o inhabilita a discreción, o se los expulsa de los pocos metros de poder imaginario que se les entregan o se los arrancan sin conmiseración alguna, según ello convenga al autor guion de la obra electoral ya escrita y para su ejecución. En suma, se vota, pero no se elige más, mientras permanezca la dictadura en Venezuela.
A esta, y lo sabe, apenas le queda simular, mirarse en el espejo como la madrastra de Blancanieves. Marcos Pérez Jiménez, antes del 23 de enero de 1958 y desde cuando decidiese hacerse dictador, pidió a sus súbditos que le llamasen presidente constitucional. Hasta una canción le escribió un merenguero, José María Peñaranda, que vertió en un disco single de 45 RPM en el que canta Alberto Fernández Midiola acompañado de Bovea y sus vallenatos. Lo hizo grabar en Bogotá: “Coronel Marcos Pérez Jiménez, presidente constitucional, elegido por el pueblo, con orgullo nacional…”. La cuestión es que, de vuelta a la realidad, que es cruda y muda, atizado por el mismo abandono y desprecio colectivo que esta vez pesa sobre Maduro y su cohorte de asalariados, lo único que le quedaba y con lo que contaba Pérez era con sus represores, hasta que igualmente se le escurrieron. En 1957 cesaron las importaciones de crudo desde USA. El resto de la historia es sabida, y es historia.
Ahora bien, si cierto es, al menos en hipótesis, que Maduro y sus acólitos son conscientes de lo que les falta y de la urgencia que tienen para apertrecharse y aguantar en la trinchera, estirando la agonía lo más que se pueda –en política nada es lineal ni circular, sino que todo es líquido y se mueve– ocurre algo distinto y más trágico con sus actores secundarios: los necesitados de sobrevivir y fingir o teatralizar a un profesional de la política, a un opositor sin causa. Tras el 25 de mayo les aqueja un trastorno de despersonalización o desrealización, o de escapismo.
Ni ven ni entienden lo que ha ocurrido en Venezuela, menos sus realidades personales. Hasta una académica de circunstancia osó acusar al pueblo, que sufre diáspora o está exiliado, perseguido u ocupando las mazmorras, de ser el culpable de la devaluación del voto, de suyo de la democracia venezolana; pues la imagina, desde su Casona de San Francisco, como una inédita experiencia de libertad – la suya – en tiempos de oprobio y despotismo.
El final de las “oposiciones”
Si se trata del ahora exgobernador Rosales, concluye “su épica” de manera desdorosa. Señala con su dedo no al régimen ni a sus albaceas, que lo han dejado en la estacada luego de engullírselo y volverlo un esqueleto ambulante. Acusa, airado, a quienes promovieron la monumental abstención electoral ocurrida; que fue, antes bien y como se ha constatado, un acto legítimo y consciente de resistencia popular, un desafío pedagógico frente a quienes medran dentro de la ubre de una república desvencijada y han cohonestado el desconocimiento de las elecciones presidenciales de 2024.
Y si cierto fuese lo señalado por Rosales, que es errado por ausencia de contexto y muestra, sí, su desprecio por la inteligencia del pueblo, debería saber que si su voz trémula y acompasada –eco de lugares comunes y de vieja escuela partidaria– no llegó siquiera a los suyos, es porque la fuerza de su liderazgo es cadáver insepulto.
Cuando menos, el general José Antonio Páez, resistido a dejar su histórico mando, dio su última batalla con gallardía y aceptó su derrota tras la guerra federal. Firmó el Convenio de Coche en 1863 y se retiró a escribir sus memorias. Hasta se hizo un virtuoso del piano y el violín. Han sido 50 años desde cuando AD hace elegir a Rosales como concejal en Colón. Hasta ejerció –para mantener su “espacio”– como primer caballero del municipio Maracaibo. No pasó, sin embargo, la prueba de las primarias opositoras de 2023, huyendo, y quiso, eso sí, ser candidato presidencial –apoyado desde Miraflores– tras un amago de cúpula en la que le derrotan González Urrutia y Machado.
Lo que acontece con Capriles no sorprende. Solo es lamentable. Queda para un análisis psicológico y sociológico posterior el revisar su comportamiento y trayectoria en los predios de la política y de la traición. Ya frisa –siendo menor a Rosales– el mismo tiempo de “militantismo” ocupado por la revolución bolivariana. Se inaugura con un escaño “clientelar” adquirido en 1998, en práctica del anglosajón sistema de botín. Lo hacen diputado por Maracaibo, sin tener relación alguna con sus gentes y desplazando a la representación partidista natural.
Sucesivamente, se dejará usar –coludiendo tácitamente con Hugo Chávez Frías– para el entierro del último Congreso democrático de la IV República. Nunca levantó la voz para su defensa, siendo cabeza de la Cámara de Diputados. Eso sí, reivindicaba –ante quienes le escuchamos en la Casa de Misia Jacinta y al momento de participarnos la instalación de las cámaras legislativas– la llegada de los jóvenes al poder. Qué oprobio. Por lo pronto es una mala réplica del marqués de Casa León.
La realidad de presente es que otra vez deja en la estacada al pueblo venezolano. Al acudir ante los rectores electorales que ejecutaron el golpe de Estado contra la soberanía popular el histórico día 28 de julio de 2024, a la vez que les reconoce desconoce, por ende, al presidente electo de Venezuela. Entretanto, a su viejo compañero de hornada, el digno zuliano Juan Pablo Guanipa, lo secuestra el régimen. Electo como gobernador en 2017 no aceptó se le quisiese juramentar por una írrita Asamblea Constituyente forjada desde la dictadura. Y decía Guanipa, para la época y dejando ejemplaridad, que “no se puede participar en procesos electorales sin garantías”; pues el voto es un derecho humano y significa poder votar para poder elegir. Capriles, pues, no es un cadáver político. Carece de alma.
Al cabo, mientras la dictadura trabaja aceleradamente para imaginar sus otras tretas o espectáculos –como este de la gobernación del Esequibo o el de una reforma de la Constitución en un país sin constitución, para constitucionalizar sus propias violaciones constitucionales en el teatro del absurdo y la mentira– el saldo cierto es uno. Ya no hay oposiciones en Venezuela, ni divisiones entre sus actores.
De un lado restan la dictadura y sus “encomenderos” y del otro, el noble pueblo venezolano, que ha ratificado su decisión de unidad y de reconstitución –quienes están adentro o los que migran esperando la vuelta a la patria– alrededor del valor originario que nos diese el talante y la conciencia de nación: la libertad. Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, son los comitentes e intérpretes de esa voluntad que los desborda, la antes señalada, y que se encuentra en estado liminar.
La experiencia enseña, aquí sí y es la otra lección del 25 de mayo, para la que apelo a la memoria de Juan J. Linz, autor del sesudo ensayo La quiebra de las democracias (2021), que, cuando un gobierno totalitario persigue con saña a los líderes democráticos, crea una indestructible “solidaridad entre ellos”, léase y claramente, entre los perseguidos de verdad. “Haber estado juntos en las cárceles y campos de concentración crea una buena disposición para trabajar juntos”, incluso entre los adversarios acérrimos. Son, ciertamente, los llamados a “jugar un papel activo en la restauración de la democracia”.
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El 19 de julio de 2024, una encuesta publicada en la red social X activó una respuesta inmediata dentro del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información de Venezuela (Mippci), el organismo encargado de coordinar la estrategia comunicacional del gobierno. El sondeo, divulgado por el medio digital venezolano La Patilla, preguntaba a los usuarios por quién votarían si las elecciones presidenciales se celebraran ese domingo, una semana antes de los comicios del 28 de julio. Las primeras respuestas favorecían al candidato opositor Edmundo González Urrutia, pero poco después, comenzaron a transmitirse instrucciones desde el ministerio.
A través de Siscom—un sistema interno de comunicaciones operado por el ministerio para distribuir mensajes y organizar campañas comunicacionales del gobierno de Nicolás Maduro— altos funcionarios del Mippci emitieron una serie de mensajes dirigidos a miles de empleados públicos, militantes del PSUV y comunicadores afines.
El sistema es descrito como una “plataforma soberana” y “segura” para “el intercambio de información sensible y la coordinación de acciones”, en el nuevo método de coordinación comunicacional del gobierno, escrito por Nicolás Maduro.
“Recordemos que la oposición paga por bots, paga por cuentas inorgánicas. Y nosotros no somos robots, somos seres humanos. Debemos activarnos todas y todos para poder lograr los objetivos en el entorno de las redes sociales”, ordenó Johannyl Rodríguez, el viceministro de Comunicación e Información, en una nota de voz enviada a las 4:38 de la tarde a centenas de grupos de chat en el sistema.
La tarea estaba clara: votar en masa por Nicolás Maduro en la encuesta, para demostrar el apoyo que tenía en la red social. Los participantes actuaron según esa directriz ministerial, alineada con la estrategia global de la campaña oficialista.
La encuesta acumuló al menos 94.395 votos —más del 70% a favor de Maduro—, pero fue eliminada horas después por La Patilla, tras detectar un aumento inauténtico en la participación. La anomalía también fue reseñada por medios de verificación venezolanos.
“¿Qué hizo @LaPatillaTV ante el fracaso público? Borró la publicación. Ravell siendo Ravell” escribió en X Freddy Ñáñez, ministro de Comunicación e Información, aludiendo a Alberto Federico Ravell, director del medio de comunicación que borró el sondeo.
Más curiosidades en la guerra de encuestas. Luego del ridículo que hizo @puzkas con su sondeo para influir en la percepción de los resultados del 28 de julio, en el que resultó ganador @NicolasMaduro por 99% , el turno es para la @LaPatillaTV y su encuesta donde Maduro también… pic.twitter.com/1E8qRwPBbu
Luego, el enlace a esa publicación del ministro fue rápidamente enviado a los grupos del Siscom, una vez por el viceministro Rodríguez –quien pidió que fuera amplificado— y otra por el propio Ñáñez. Los usuarios conectados ayudaron a que acumulara más de mil reposts y más de 248 mil visualizaciones.
El episodio de la encuesta fue uno entre muchos. La Hora de Venezuela pudo rastrear su desarrollo —desde las primeras instrucciones hasta su difusión coordinada— dentro de una filtración inédita del Siscom.
La filtración, de más de 9 gigabytes, incluye mensajes, notas de voz, manuales e instrucciones internas enviadas durante 12 meses, hasta mayo de 2025, que revelan cómo se organiza y ejecuta la distribución de contenidos a través de casi 600 grupos integrados por funcionarios, militantes del PSUV y empleados de medios estatales y comunitarios.
La revisión del material filtrado revela un sistema diseñado para amplificar las narrativas oficiales, responder a coyunturas políticas y moldear la conversación digital desde una estructura centralizada. Los documentos detallan cómo el gobierno de Nicolás Maduro utiliza esta red para posicionar contenidos en línea, contrarrestar discursos críticos y reforzar su control sobre el espacio informativo.
Un sistema diseñado para amplificar sin cuestionar
El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información (Mippci) centraliza la política comunicacional del gobierno venezolano.
Bajo su control operan dos organismos clave que reflejan las dos dimensiones de esa estrategia. Uno es el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información (Sibci), que agrupa medios estatales en radio, televisión y prensa, muchos también activos en internet. El otro es Conatel, el ente regulador de telecomunicaciones, señalado por organizaciones defensoras de la libertad de expresión y de los derechos digitales por su papel en la censura de canales de televisión y emisoras de radio, así como en el bloqueo en internet de medios de comunicación independientes venezolanos.
A través de Siscom, el ministerio mantiene un vínculo directo con el aparato comunicacional leal al chavismo. Se trata de un sistema cerrado de distribución de contenidos, conformado por grupos internos que se asemejan a conversaciones de WhatsApp. Por esa vía, funcionarios del Mippci envían, con rapidez –y sin debate–, instrucciones, líneas discursivas y contenidos multimedia a cientos de personas pertenecientes al partido de gobierno, ministerios, gobernaciones, entes públicos, medios gubernamentales y organizaciones populares.
El 12 de marzo de 2024, Nahum Fernández, jefe de Gobierno de Distrito Capital y jefe de gira durante la campaña de Nicolás Maduro, mencionó el uso de Siscom para posicionar mensajes oficialistas
La app del Siscom, disponible desde marzo de 2024 en tiendas como Google Play Store y App Store, acumulaba más de 10 mil descargas para mayo de 2025. Una de sus imágenes promocionales la describe como “el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información (Sibci) justo en la palma de tu mano”.
La red interna de Siscom está compuesta por 597 grupos de mensajería, según un levantamiento realizado en mayo de 2025. Al ingresar, los usuarios pueden incorporarse a múltiples canales predefinidos. Algunos están dirigidos a personal de medios estatales; otros, a funcionarios de gobernaciones, alcaldías e instituciones públicas. También hay espacios reservados para estructuras de base del partido de gobierno.
Con 234 grupos, las Brigadas de Agitación, Propaganda y Comunicación (APC) del PSUV –la red interna de propagandistas del partido de gobierno– representa la categoría más numerosa dentro del Siscom. Les siguen 214 grupos vinculados a alcaldías, 35 asociados a ministerios, 23 a gobernaciones y 52 conectados a movimientos sociales y redes de comunicadores populares, como el Movimiento Free Alex Saab, la red de Comunicadores CLAP y vocerías de Misiones y Grandes Misiones.
A la red se suman grupos formados por empleados de medios estatales y de entes adscritos al Mippci. Veinte están dedicados a medios bajo el paraguas del Sibci, como Venezolana de Televisión, Vive TV, Telesur, TVES y los llamados Medios Alternativos y Comunitarios (MAC). Otros quince corresponden a instituciones adscritas al ministerio de comunicación como Amazonia Films, la Villa del Cine y Conatel, el organismo de regulación de las telecomunicaciones.
Buena parte de la actividad en Siscom está centralizada en pocas voces. La mayoría de los mensajes analizados por La Hora de Venezuela fueron enviados por funcionarios del Mippci, entre ellos el viceministro Johannyl Rodríguez —autor de 1.547 publicaciones únicas— y el ministro Freddy Ñáñez, con 153 mensajes difundidos en poco más de un año. La filtración también incluye 138 notas de voz, en su mayoría grabadas por altos cargos del ministerio, y 51 documentos y manuales que detallan la planificación de campañas específicas.
Cuando el gobierno se disfraza de “pueblo”
“Feliz Domingo de Ramos, un abrazo para todo el Siscom”, saludó el ministro Freddy Ñáñez el 20 de abril de 2025 en una nota de voz dirigida a los grupos internos del sistema. Luego lanzó la orden: “El fascista Nayib Bukele le está buscando camorra al presidente por Instagram y, como águila no caza mosca, vamos a responderle desde el pueblo con todo”.
La campaña, que surgió como respuesta a la deportación de ciudadanos venezolanos desde Estados Unidos hacia El Salvador, incluyó dos etiquetas: #BukeleSecuestrador y #BukeleLameCuloDeTrump. Sin embargo, no fue una reacción ciudadana espontánea, sino una operación planificada desde el Estado.
Como en otras ocasiones, Siscom activó a militantes, empleados públicos y creadores de contenido —formados en academias estatales de propaganda— para ejecutar la campaña. Las instrucciones circulaban por grupos organizados por el Mippci; los contenidos se replicaban en redes sociales y medios del Sibci como Venezolana de Televisión.
Las cuentas que posicionan estas etiquetas suelen ser manejadas por operadores humanos que actúan como bots: publican decenas de mensajes al día y, en ocasiones, una sola persona puede gestionar a varias cuentas. Algunos operadores reciben pequeños bonos estatales por su participación, según investigaciones.
Siscom empezó a ejercer un rol más directo a principios de 2024. Centralizó las instrucciones y reguló no solo qué debía publicarse, sino también cuándo, cómo y en qué redes sociales hacerlo.
El 2 de junio de 2024, el viceministro Johannyl Rodríguez indicó paso a paso cómo interactuar con publicaciones del presidente Nicolás Maduro en Instagram: “le doy like, le hago comentario, le doy like al comentario positivo con más likes para que marque el ritmo de la conversación en los comentarios, comparto en otras redes sociales, guardo y descargo el post que tenga el presidente en el momento”.
Una de las campañas coordinadas a través del Siscom fue #NicoLike, impulsada el 26 de mayo de 2024. A través del sistema, se distribuyeron instrucciones específicas, en formato pdf, incluyendo cronograma dividido por franjas horarias para publicar los contenidos, junto a la etiqueta, en redes sociales. A las 6:00 a. m. comenzaba el Mippci; luego seguían consejos comunales, Comunicadores CLAP, Milicia Bolivariana, alcaldías, gobernaciones y ministerios.
En el documento también se detallan pautas para “castigar” comentarios que los usuarios del Siscom interpreten como mensajes de odio contra Nicolás Maduro. Aplicado a gran escala, este esquema puede hundir las críticas y hacer parecer que la mayoría de los comentarios respaldan al presidente.
Difundir por los “caminos verdes”
Varios mensajes que circularon en Siscom incluían instrucciones para ejecutar acciones sin dejar rastros oficiales. Pero esta estrategia no se limitó a las redes sociales.
El 4 de julio de 2024, al iniciar la campaña presidencial, el ministro Freddy Ñáñez —mencionado como “secretario ejecutivo de estrategia electoral” en una invitación interna a una videoconferencia enviada por los chats— ordenó difundir contenidos en redes y “mostrar la presencia del pueblo en la calle”, con una advertencia clara: “Prohibido el uso de logos, imágenes de instituciones, gobernaciones, alcaldías”. Aunque la movilización de empleados públicos y recursos estatales es habitual en marchas del PSUV, con la táctica se intentaba ocultar la identificación de funcionarios públicos y hacer ver su presencia como espontánea.
En otros momentos, se dieron instrucciones para que ciertos contenidos circularan únicamente por canales informales —cuentas de militantes, anónimas o portales distintos a los del Sibci—, especialmente cuando se necesita evitar que los mensajes pudieran atribuirse directamente al Estado.
En septiembre de 2024 se envió un video en el que una mujer insulta a opositores desde su auto, acompañado de la frase de Johannyl Rodríguez: “Full por los caminos verdes” —es decir, difundir a través de cuentas “no oficiales”. En enero de 2025 el Mippci impulsó una campaña de protesta contra Donald Trump, por el indulto a dos policías estadounidenses, en la que distribuyó líneas discursivas que combinaban sarcasmo e insultos a Trump, y que resaltaban las contradicciones de la política estadounidense respecto al respeto de los derechos humanos.
Todos estos contenidos y narrativas eran compartidos de forma simultánea en distintas plataformas. También en X, a pesar de que, oficialmente, la plataforma había sido bloqueada el 8 de agosto de 2024 por proveedores de internet venezolanos, tras el llamado de Conatel.
En el Siscom hay evidencias que demuestran cómo el propio Freddy Ñáñez ordenó seguir posicionando contenidos en esa red social tras el bloqueo en proveedores de internet venezolanos. Lo hizo durante una coyuntura crítica: el apagón nacional del 30 de agosto de 2024, atribuido oficialmente a un sabotaje.
“Vamos al combate mediático”, dijo el ministro en una nota de voz. “Los que tengan VPN que puedan hablar por X, háganlo. Denunciar el sabotaje eléctrico por parte de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia”.
La guerra de las encuestas
El uso de Siscom para coordinar campañas en redes sociales no se limitó a la defensa del gobierno en situaciones críticas. Durante la campaña presidencial de 2024, la misma red se activó para manipular los resultados de encuestas digitales publicadas en redes sociales, principalmente en X. Uno de los casos más notorios fue el de la encuesta de La Patilla, expuesto anteriormente, pero no fue el único.
A lo largo de junio y julio, funcionarios del Mippci distribuyeron instrucciones para que usuarios del Siscom participaran en encuestas en línea, replicando el mismo patrón: votar masivamente a favor de la opción de Maduro y proyectar una mayoría favorable antes del día de las elecciones.
En junio de 2024, el sistema fue movilizado para influir en la encuesta de un “torneo de podcasts venezolanos”, publicada por la cuenta Global Census, una falsa encuestadora que surgió durante la campaña presidencial. Entre los participantes figuraban conocidos podcasts humorísticos como Escuela de Nada, además de Maduro Podcast, conducido por el candidato oficialista. Cuando ambos llegaron a la final, altos funcionarios del Mippci activaron la operación de votos coordinados en X.
“Vamos a vencer a los bots”, instó el ministro Freddy Ñáñez. Cuando el podcast de Maduro ganó, el viceministro Rodríguez pidió aprovechar la victoria para hacer propaganda: “Ahora todo el mundo a sacar rédito de este triunfo espectacular”. La cuenta de X organizadora, lejos de desaparecer, siguió activa y en 2025 aún publica contenidos alineados con la narrativa oficial.
La estrategia de manipulación de resultados de encuestas volvió a repetirse con otra publicada por Eugenio Martínez el 14 de julio, la publicada por La Patilla el 19 de julio, una de la cuenta @AlertaMundoNews el 20 de julio y otra propuesta por el periodista Luis Olavarrieta el 25 de julio.
A través de Siscom también se pidió la amplificación coordinada de encuestas que daban como ganador a Nicolás Maduro, algunas publicadas por encuestadoras y pseudo encuestadoras que difundieron desinformación, como Hinterlaces, DataViva, CMIDE 50.1 y la mencionada Global Census, cuyas metodologías –e incluso su autenticidad– fueron cuestionadas en una investigación publicada por la coalición venezolana C-Informa en julio del año pasado.
En los grupos del sistema también se publicó desinformación electoral el mismo día de las elecciones presidenciales, como el “exit poll” atribuido a Lewis and Thompson –una falsa compañía de análisis digital– desmentido ese mismo día por verificadores venezolanos.
Difundir, sin verificar ni cuestionar
El 30 de abril de 2025, en medio del anuncio de un ajuste al ingreso mínimo, el Ministerio de Comunicación activó su maquinaria digital. “Debemos titular el gran esfuerzo que hace el presidente Nicolás Maduro”, escribió Johannyl Rodríguez en un mensaje a los grupos del Siscom.
El aumento no era salarial. El gobierno se refería al Ingreso Mínimo Integral (IMI), un concepto creado para sumar el salario con otros beneficios como el Bono de Guerra Económica y el Cestaticket.
Organizaciones como Provea y Acceso a la Justicia han denunciado que esta política de bonificación debilita los derechos laborales, ya que el salario mínimo —único componente con respaldo constitucional y que sirve de referencia para prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social— congelado desde 2022 en alrededor de 130 bolívares (unos 3,5 dólares), permanece intacto y sigue siendo el más bajo de América Latina.
#AlertaLegal El pasado #30abr el primer mandatario anunció el incremento del Bono contra la Guerra Económica de 90 dólares a 120 dólares mensuales, sin mencionar nada acerca del salario mínimo ni publicar instrumento jurídico alguno del aumento mencionado #JusticiaVepic.twitter.com/6E3nBHCTu3
— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) May 6, 2025
Pero la instrucción del viceministro fue precisa: “NO discriminar el aumento al Ingreso Mínimo Integral sino dar la cifra entera. Importante hacer énfasis en que en el último año se ha aumentado un 135% el IMI”. Con esta estrategia comunicacional se intentó presentar el ajuste como un logro, mientras se ocultó el hecho principal: que el salario mínimo no había sido aumentado.
El ejemplo del ajuste salarial no es el único caso de desinformación que circuló a través de los grupos del sistema. Regularmente, altos funcionarios enviaron contenidos manipulados que miles de militantes y empleados públicos compartieron en redes sociales, a menudo sin notar su carácter engañoso.
El 23 de enero de 2025, en los grupos se envió una serie de “líneas discursivas”, basadas en un discurso de Nicolás Maduro sobre la lucha contra el Tren de Aragua y otros grupos criminales, y su supuesta vinculación con la “extrema derecha” venezolana. El texto iba acompañado con una nota de voz atribuida al líder criminal Wilexis Acevedo, en el que lanzaba amenazas contra varios funcionarios del gobierno venezolano, que ya había sido compartido el día anterior a través del canal de Telegram del ministro Ñáñez.
El audio, sin embargo, no era nuevo ni tampoco era auténtico. Había circulado por primera vez el 8 de mayo de 2020, en el contexto de la Operación Gedeón, y fue publicado por una cuenta anónima en X que suplantaba la identidad de Acevedo que, días después, admitió no ser auténtica. En 2024, el desmentido sobre el caso fue publicado casi una semana después de haber sido compartido por Ñáñez y publicado en Siscom.
El 9 de enero de 2025, la líder opositora María Corina Machado salió de la clandestinidad para encabezar una concentración en Caracas. Al terminar el acto, desapareció por varias horas y comenzaron a circular rumores de que había sido secuestrada o detenida. Poco después, portales y cuentas progubernamentales comenzaron a difundir un video de “fe de vida”, donde aparecía cubriéndose la cabeza con el capuchón de su chaqueta.
Uno de los que ayudó a difundir el clip fue el viceministro Johannyl Rodríguez, quien lo reenvió a los grupos de Siscom a las 5:25 p. m. “Un falso positivo más, un show para tapar el fracaso”, escribió inmediatamente.
Diez días después, una investigación demostró que Machado efectivamente estuvo bajo custodia de la PNB por casi dos horas antes de ser liberada, desmontando la desinformación de que se trataba de un “falso positivo”.
Una operación de información “maliciosa”
El Siscom es la columna vertebral de una operación de influencia estatal que, según la metodología del Carnegie Endowment for International Peace, puede considerarse “maliciosa”: ha difundido desinformación, ha ocultado deliberadamente la autoría de sus campañas y ha exhortado a sus integrantes a hostigar, inflar métricas y replicar consignas sin verificación.
Los ejemplos expuestos —como el caso de la encuesta adulterada de La Patilla mencionado al inicio de esta investigación— ilustran ese funcionamiento: el sistema movilizó a miles de usuarios para manipular el sondeo y neutralizar un resultado adverso al oficialismo.
Aunque quizá no distorsione toda la conversación pública, la magnitud del Siscom contamina el entorno de quienes reciben sus contenidos —funcionarios, cuerpos de seguridad y bases chavistas—, bombardeados con mensajes que deben amplificar de inmediato, muchas veces sin cuestionar su veracidad ni la intención estratégica que los origina.
Uno de los directores de La Patilla, que solicitó el anonimato por motivos de seguridad, explicó que: “Para nosotros era evidente que la encuesta que publicamos en julio estaba siendo manipulada. Veníamos de publicar otrasdos encuestas similares y el candidato de oposición había obtenido más del 92 % de los votos en ellas. También teníamos una captura de pantalla de la encuesta de julio antes de que comenzaran a manipularla”.
“Tienen la represión, bloquean a los medios libres y, para lo que no pueden controlar, poseen una maquinaria con fondos ilimitados con la cual pueden manipular. No juegan, en ningún momento, en condiciones reales”, añadió.
La filtración confirma aquellas sospechas: mientras La Patilla retiró la encuesta para proteger a su audiencia de una manipulación y muchos otros se esfuerzan por combatir a diario la desinformación, funcionarios del Mippci se organizan a través del Siscom para favorecer a Maduro y perjudicar a sus adversarios, recurriendo a la misma desinformación que —al menos en el discurso oficial— buscan combatir.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
“El trabajo no es una deshonra”, reza un antiguo refrán de la sabiduría popular, cuyo origen se le atribuye a los textos bíblicos. El relato en el libro del Génesis, cuenta que “Dios creó al hombre” y que lo “puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara”, una evocación que le imprime valor al trabajo como parte de la vida misma y desde la dignidad.
“Es mejor tener algo que no tener nada”, dice Omer Díaz, un licenciado en inglés de la Universidad de Los Andes, con una maestría en Planificación Educativa y que acumula 20 años de servicio en el ministerio de educación.
Con una informalidad laboral que alcanza el 84,5% según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) y una tasa de desempleo del 40,3%, los venezolanos buscan alternativas en un entorno cada vez más incierto.
A Omer la necesidad lo ha llevado a desempeñarse como taxista, escolta, revendedor y mensajero. Oficios en los que asegura recibir una mejor remuneración que desempeñando la profesión a la que le dedicó años de estudio, dinero e intelecto.
“La situación me obligó a dejar de ser selectivo. Con cinco dólares al mes, ni vivo yo ni mi familia. Hay que enfocarse en la necesidad de sobrevivir. Al final, lo importante es encontrar un trabajo digno y al menos bien remunerado.“
En la economía informal, la ausencia de formación, respeto y jerarquía marca una realidad difícil para los profesionales. En este entorno, la relación laboral se reduce a una dinámica simple: a un patrón y al obrero, el que tiene el dinero y el que lo busca. No hay normas claras ni garantías laborales, el trato humano, profesional y digno se diluye.
“En estos trabajos, la regla es simple: si el trabajo te sirve, lo tomas; si no, alguien más vendrá a ocupar tu lugar”, concluye Omer.
Una frontera nada fácil
Vivir en la zona limítrofe entre dos países se podría pensar que resulta beneficioso y reporta algún alivio económico para los profesionales que buscan alternativas laborales. Si bien es cierto que los ingresos que devengan por los distintos oficios informales los reciben en divisas, hay reglas que los limitan.
La mayoría de los oficios que realizan los habitantes de la frontera tachirense, dependen de Colombia, pero ser extranjero, en muchos casos, se convierte en un estigma que reduce oportunidades.
“Aquí en la frontera la xenofobia es un obstáculo que limita las posibilidades de empleo. Lamentablemente, la percepción negativa con respecto a los hombres venezolanos en algunos sectores de Cúcuta y Villa del Rosario ha contribuido a que los empleadores colombianos eviten contratarnos y nos cierran puertas. No sé si pasa igual con las mujeres venezolanas”, señala Omer quien, aprovechando la cercanía geográfica, ha cruzado a Colombia para explorar posibilidades laborales.
La falta de regularización migratoria y la convalidación de títulos educativos (técnicos, universitarios) para quienes cruzan a Colombia representan otras significativas barreras para los profesionales venezolanos que buscan oportunidades laborales en Cúcuta, Norte de Santander. “He intentado encontrar empleo en Colombia, específicamente en Cúcuta y Villa del Rosario, pero mi mayor obstáculo ha sido la ausencia de documentos legales, como el apostillado de mi título, un trámite costoso que no puedo costear”, explicó una educadora de Ureña, estado Táchira.
Esta profesional docente, ante la precariedad laboral que enfrenta y aprovechando el contexto de movilidad fronteriza, se abrió espacio en una concurrida avenida de San Antonio del Táchira, adyacente al puente internacional Simón Bolívar, en donde cada tarde, luego de cumplir su jornada de trabajo, llega con una olla repleta de hallacas a ofrecerlas a los transeúntes.
“También vendo solteritas (galletas dulces crocantes), maracumango y otros postres, todos elaborados por mí para garantizar el control de calidad”, dice con orgullo.
La inestabilidad económica la ha llevado a tener episodios de estrés, pues nunca se imaginó que tras 20 años dedicados a su profesión tuviera que salir a la calle a vender comidas.
“Si tuviera ingresos suficientes para cubrir todos mis gastos, podría permitirme descansar por las tardes. Sin embargo, disfruto lo que hago porque me permite tener contacto con la gente. Ya me conocen, me esperan en el punto donde vendo, y eso me agrada. A pesar de eso, el estrés sigue presente”.
Múltiples obstáculos ha tenido que enfrentar esta mujer venezolana al intentar rebuscarse la vida. Su sueldo como docente se lo suspendieron el año pasado y apenas hace dos semanas le fue restituido. Aunque reconoce que no es gran cosa, dice que “lo peleo porque me lo he ganado por mis 20 años de servicio al Estado venezolano”.
Funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano, (Guardia Nacional y Policía Nacional Bolivariana), trataron en innumerables ocasiones de retirarla del lugar donde se acomoda para vender sus hallacas, alegando que se encuentra en una zona “estratégica de seguridad”.
“Me presenté y les demostré que soy docente de un plantel educativo, donde aún ejerzo por vocación. Sin embargo, para ganarme la vida, debo salir a vender hallacas y otros alimentos. Afortunadamente, entendieron mi situación y me han permitido trabajar en ese lugar, donde muchas personas ya me conocen.”
En la zona fronteriza las oportunidades de empleo son escasas. En los colegios, la baja matrícula y la posible restricción en la contratación de profesores limitan las opciones laborales. Lo mismo ocurre en otros sectores, donde el panorama es igualmente difícil.
“El amiguismo es una práctica frecuente aquí. Quienes tienen conexiones acceden más fácilmente a puestos de trabajo, mientras que aquellos sin influencias encuentran mayores obstáculos para avanzar”, reveló Cira.
Frustrante y desalentador
Ser Técnico Superior Universitaria en Comercio Exterior, licenciada en Educación Integral y con Maestría en Planificación Educativa, no le garantiza a Carmen Colmenares una carrera profesional de éxito. Aunque no reniega de todos los años de dedicación y servicio que le entregó a la educación pública venezolana, carrera que dice amar, la mujer de frontera admite estar “emocionalmente afectada”, pero prefiere no quejarse y continuar.
“No he logrado encontrar un empleo acorde con mi formación y preparación. Invertí mucho tiempo y dinero en mis estudios, y ahora enfrentar esta realidad es desalentador. Sin embargo, no podemos quedarnos en la queja; hay que buscar soluciones, avanzar y seguir moviéndonos”.
Carmen trabaja a destajo en San Cristóbal, en una empresa privada dedicada al reempaque de bisutería importada, destinada a la venta y distribución en Venezuela y para exportación. Pasa aproximadamente 10 horas diarias sentada en mesas que comparte con otras mujeres, en su mayoría profesionales en distintas áreas.
Las trabajadoras ingresan al galpón antes de las siete de la mañana y, durante la jornada, tienen restringido el uso de sus teléfonos móviles. Solo pueden utilizarlos durante la media hora destinada al almuerzo, que ellas mismas llevan. Su horario laboral se extiende hasta las 5 de la tarde.
“Esta labor no guarda ninguna relación con mi profesión ni formación académica. Se realiza entre 5 y 7 días al mes, dependiendo de la cantidad de producto a empacar”.
La mayoría del personal es femenino, aunque en el área de carga y descarga —el trabajo más pesado— solo participan hombres. “El pago es en divisas, lo hace algo atractivo, pero no suficiente para cubrir todos los gastos, aunque representa una ayuda significativa.”
El trabajo de la docente no se queda solo en el reemplazo de bisutería. Desde su casa adelanta un emprendimiento de panadería y pastelería que ofrece a través de redes sociales como Instagram.
Luchando por la estabilidad
Jenifer Ruiz comenzó sus estudios en Ingeniería en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (UNEFA), pero debido a la falta de recursos económicos no pudo culminar la carrera. A pesar de las dificultades, con esfuerzo y sacrificio, logró obtener el título de licenciada en Contaduría Pública en la Universidad Nacional Abierta (UNA). Sin embargo, hoy en día no ejerce su profesión, ya que encontró mayor estabilidad económica trabajando en una fábrica de pantalones jeans en Ureña, en la frontera con Colombia. Allí supervisa la calidad de la producción de las prendas antes de su envío a la lavandería.
Ha trabajado en comercios agropecuarios, es estilista canina y, en ocasiones, ha realizado labores de limpieza de casas y apartamentos en la ciudad colombiana de Cúcuta. A pesar de que su experiencia profesional y su título no han sido determinantes en estos oficios, ha encontrado en ellos una mejor remuneración que ejerciendo su profesión.
“No fue un trabajo fácil de conseguir y empecé desde abajo y he pasado por todos los procesos de fabricación”, describe Jenifer su rol en la fábrica.
En esta industria, el salario se paga por producción o por incentivos, es decir, por prenda fabricada, lo que le permite a Jenifer recibir aproximadamente 400,000 pesos semanales, (equivalente a 100 dólares), monto que confiesa, no es fácil de ganar en la frontera de manera legal.
“La frustración siempre va por delante”, dice la joven tachirense. “Haber dedicado tantos años a una carrera, invertido recursos y esfuerzo, y no poder ejercerla es desalentador. La situación económica del país ofrece salarios bajos que no garantizan una calidad de vida digna. Por eso, muchas personas prefieren optar por trabajos en producción que, aunque son demandantes por horarios extensos y esfuerzos, ofrecen mejores ingresos”.
Del derecho a la informalidad
Ramón se graduó de abogado en el año 2016, en la Universidad Católica del Táchira, luego realizó estudios de especialización en derecho inmobiliario y laboral. Trabajó en una firma de abogados hasta el año 2022, porque la profesión no le generaba ingresos suficientes para subsistir, situación que lo llevó a incursionar en el comercio.
“Aunque tengo una sólida experiencia, el mercado laboral no ofrece suficientes oportunidades para ejercer mi profesión de manera rentable. Por eso, me ha tocado diversificar mis actividades para subsistir y seguir adelante”.
Recuerda con miedo la época cuando la inestabilidad laboral le afectó profundamente su calidad de vida y bienestar emocional. “El estrés de resolver situaciones económicas, pagar deudas, alquiler y otros gastos fue demasiado”, así pasó del traje y la corbata a ropa más ligera que le permite movilizar bultos y cajas de mercancía, confiesa.
“Encontrar empleo como abogado ha sido complicado debido a la competencia dentro del gremio. Muchas empresas buscan profesionales con una experiencia extensa y algunos abogados reducen sus honorarios al mínimo, prácticamente regalan el trabajo para atraer clientes, lo que afecta a quienes intentamos mantenernos en el campo”.
Para Ramón, ser habitante de frontera ha influido significativamente en su labor actual. “Para mí es positivo vivir en un estado de frontera porque el 100% de los insumos agrícolas que comercializo provienen de Colombia. Muchas empresas multinacionales han salido del país y ahora operan desde Colombia, obligándonos a buscar los productos allá para distribuirlos en Venezuela”.
Sin prejuicios, el abogado admite que además del comercio, ha realizado otros trabajos para generar ingresos adicionales, como taxista, asesorías a estudiantes, investigaciones y fletes de mercancías. “La estabilidad económica es difícil de alcanzar, ya que no cuento con un sueldo fijo y mis ingresos dependen de la demanda y el movimiento del mercado”, puntualizó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Líderes sociales y comunitarios de Caracas alzaron sus voces para exigir la liberación inmediata de Carlos Julio Rojas, activista, dirigente social y periodista, quien cumple 400 días detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de El Helicoide.
Desde el 2007, Rojas ha visibilizado la situación económica y social que aqueja a los caraqueños. Por su labor, ha sido meritorio para la Fundación latinoamericana CADAL, al otorgarle elPremio Graciela Fernández Meijidepor su “trayectoria y valentía, como el de muchos otros prisioneros políticos en la región, como símbolo de la lucha constante por la justicia y la democracia en un contexto de represión”.
Uno de sus abogados, Rafael Maimone, recordó la necesidad de rescatar los Derechos Humanos en Venezuela, de los cuales resaltó el de la libertad de expresión y de pensamiento. “Exigimos respeto por quienes ejercen la comunicación como oficio y la liberación de todos los periodistas presos, en especial por Carlos Julio Rojas quien ha evidenciado los problemas locales, regionales y nacionales del país”, expresó.
José Gregorio Ochoa, exconcejal de Caracas, enfatizó que “Carlos Julio Rojas es un líder nacional cuyo perfil político de centroizquierda, popular y democrática, alejado de dogmas, lo convierte en una figura esencial incluso desde la prisión. Sus batallas globales y locales por la defensa de la propiedad privada en su parroquia La Candelaria son un claro ejemplo de su compromiso. Además, su lucha por la libertad de expresión desde el Colegio Nacional de Periodistas y sus acciones para la restitución de servicios públicos como el agua y la luz en favor de los derechos ciudadanos lo consolidan como un defensor de los derechos humanos”.
Por su parte, Rafael Araujo, popularmente conocido como “El Señor del Papagayo”, ratificó la calidad humana y profesional de Rojas: “Conocí a Carlos Julio Rojas durante la expropiación del Sambil. Desde ese entonces, siempre me contactaba; participamos juntos por los derechos humanos de las personas afectadas. Hizo un trabajo extraordinario, y mucha gente puede dar fe de su labor. Ayudó a muchísimas personas de la comunidad y del país. Es una persona de gran calidad, muy profesional, un gran periodista. Las pruebas lo demuestran, y yo lo confirmo”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El 30 de julio de 2024, José Manuel Salas Ceballos, un joven de 22 años, estudiante de Mercadeo y bartender fue detenido cuando iba camino a su trabajo. Fue interceptado por cuatro hombres vestidos de civil, de quienes se dijo que eran presuntos miembros de los “colectivos”.
Esa mañana, José Manuel se dirigía al restaurante La Grulla, cerca de la Fiscalía de Carabobo en Valencia, cuando los cuatro hombres que estaban a bordo de dos motos, sin mediar palabras, “le dieron un batazo en la frente y otro en la pierna” y se lo llevaron junto a otros jóvenes que estaban en el mismo lugar.
La madre de José Manuel, Jenny Ceballos, pasó dos días sin saber el paradero de su hijo. Por otros medios pudo enterarse que lo tenían detenido en la Brigada 41, en donde se le negó el acceso a la defensa privada y atención médica, pese a su condición de sufrir del nervio trigémino, una enfermedad que causa un dolor en la cara intenso, punzante, como si fuese una descarga eléctrica.
“A mi hijo lo detuvieron un martes y yo vine a dar con él el jueves cuando se lo llevaron a la sede de la Policía Nacional Bolivariana que queda en Los Guayos. Durante esos días intentamos obtener información con la gente del Foro Penal, pero hasta metieron preso al que fue a preguntar por nuestros muchachos”, comentó Ceballos.
El 2 de agosto, José Manuel fue presentado ante los tribunales por los cargos de terrorismo, incitación al odio, obstrucción de la vía pública y resistencia a la autoridad, según detalla Jenny Ceballos, el defensor público que le asignaron pidió que desestimaran el cargo de terrosrismo, pero el fiscal y el juez no aceptaron.
Jenny Ceballos comentó que el día que detuvieron a José Manuel, también se llevaron a su novia, “los dos iban agarrados de manos, cada uno a su trabajo, cuando los sorprendieron los motorizados. A ella también le tocó fuerte, se la llevaron detenida y estuvo encarcelada seis meses en la cárcel femenina La Crisálida, seis meses después, en diciembre, la liberaron”.
El pase a Tocorón
Jenny describe a su hijo José Manuel como un niño obediente, tranquilo y muy trabajador. Apunta a que fue criado con principios, valores y la mejor educación.
José Manuel estaba en el cuarto semestre de Mercadeo en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez y trabajaba como bartender, “a él se le hacía muy fácil conseguir trabajo por esa habilidad que aprendió mientras estudió en el Inces”, dijo su madre.
A pesar de no tener antecedentes penales y de que la única prueba que hay en su contra son las palabras de sus captores, José Manuel fue enviado directamente al Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como Tocorón, una cárcel que ha sido denunciada por distintas ONG y defensores de derechos humanos por hacinamiento, torturas y tratos crueles e inhumanos y degradantes.
“José Manuel es un niño que viene de estudiar en una buena escuela, nunca estuvo involucrado en problemas, jamás había pisado un comando y mira, le tocó y feo”, dijo.
La vida de Jenny gira ahora en torno a las visitas semanales que hace a la cárcel de Tocorón para saber de su único hijo. Detalló que para ir a visitar a José Manuel debe hacer una inversión de dinero. El taxi que la lleva a ella y a otras madres les cobra 10$ por persona desde Valencia al penal, un viaje de hora y media aproximadamente. Además, está pendiente de llevarle la paquetería que les permiten: galletas, chocolates, algún analgésico y sus productos de aseo personal.
“No pega ir a visitarlo, pega es el bolsillo”, aclaró la madre de Salas, quien es funcionaria jubilada, abogada y vende dulces para poder mantenerse.
“Solo exijo justicia”
José Manuel Salas Ceballos cumple hoy 10 meses de “injusta detención”, su madre, quien ha batallado durante todos estos meses, solo le pide al gobierno que se haga justicia porque su hijo no cometió ningún delito.
“Exigimos justicia y la liberación de mi hijo. No hay pruebas, solo el capricho de un régimen que castiga a los jóvenes por pensar distinto”, dijo.
Mientras tanto, Jenny pasa sus días resistiendo, vendiendo sus dulces, viajando a Tocorón y visitando el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía y el Ministerio Público, clamando para que liberen a su hijo.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Titular este artículo “Crónica de un fracaso anunciado” hubiera sido recurrir a uno de los lugares comunes más abusados de la escritura en castellano. Pero eso fue exactamente lo que sucedió el domingo con la oposición prosistema venezolana y su llamado a “votar” sin un plan para defender el voto ni una explicación de cómo ese voto se va a traducir en el cambio político que a la inmensa mayoría de la población tanto le urge. Hasta los convocantes lo intuyeron pocos días antes de la jornada “comicial”. Ya estaban adelantándose al desenlace, advirtiendo entre lloriqueos lastimeros y victimistas que la abstención que tanto temían sería bastante grande.
No sé por qué demonios no fueron capaces de darse cuenta desde un principio que semejante iniciativa estaba condenada. Por mi parte, si mal no recuerdo fue en septiembre del año pasado la primera vez que señalé que quien se fuera por ese callejón sin salida se iba a estrellar durísimo contra el muro al final. El muro de rechazo de las masas. No digo esto en son de panegírico a mí mismo. ¿Cómo podría, si no hay absolutamente nada extraordinario en mi augurio? Quizá sea hasta sea pedante el mero uso del posesivo. No es realmente “mi” augurio. Es el de casi toda la ciudadanía venezolana.
Ciudadanía que lleva años viendo cómo el voto opositor mayoritario, solo por sí mismo, tiene cada vez menos capacidad de traducirse en la obtención de poder. Si a pesar de eso decidió votar en masa el pasado 28 de julio, fue porque le dio a María Corina Machado, quien nunca antes había dirigido a la oposición, el beneficio de la duda de que tal vez tendría un plan para garantizar que tal voto sería respetado. Como no ha sido así, las secuelas del 28 de julio terminaron de convencer al grueso de la población sobre la clausura de la “vía electoral”. Solo un nuevo plan convincente de defensa del voto podría cambiar eso. Lo demás es ignorar que el voto es un medio y no un fin. El medio ideal y más civilizado de resolver diferencias políticas, pero que puede no servir en entornos no democráticos. No es un imperativo categórico kantiano, como cree el fetichismo electoral que, ahora sí, está muerto para efectos de las masas en Venezuela, sin que haya Jesucristo que resucite a ese Lázaro.
La misma ciudadanía lleva esos mismos años viendo cómo gobernadores y alcaldes ajenos a la elite chavista tienen terminantemente prohibido hacer activismo opositor si quieren permanecer en sus cargos. Regla tácita cuyos individuos objeto han acatado con cabalidad. Esa misma ciudadanía vio en 2016 que a una Asamblea Nacional en manos opositoras se le podía despojar de todas sus competencias para entregar estas a un parlamento paralelo, sin que la dirigencia disidente pueda hacer algo efectivo para revertirlo. Le perdí el respeto a más de una persona que ha sido tenida por intelectualmente eminente, pero se puso a fingir que nada de eso ya ocurrió y a traficar ilusiones de una Asamblea Nacional que sí legislaría en pro de la República y haría contraloría a un gobierno acostumbrado a hacer lo que le viene en gana y sin rendir cuentas a nadie.
Tome todo esto y agréguele la referida ausencia de un plan para defender el voto. El resultado fue un intento paupérrimo de epopeya por parte de los que llamaron a “votar”. Hicieron de “No nos rendimos” un eslogan que nadie se creyó. En el fondo sí habían claudicado ya. Era evidente que no tenían ninguna disposición a resistir cualquier abuso o ultraje que viniera desde el poder; que en las gobernaciones se iban a adherir a la proscripción tácita de actividades opositoras y solo podrían realizar tareas mundanas como recoger la basura; que en la AN serían un grupito quizá contestatario, pero ignorado por el poder (o humillado y silenciado cada vez que al poder le viniera en gana) y sin voluntad para ir más allá de lo retórico y simbólico. Quisieron que los vieran como héroes épicos, como Odiseo o Eneas. Terminaron viéndose ridículos y farsescos, como el padre Ubú. No, ¿qué digo? Ahora me debo excusar con la creación de Alfred Jarry. Ubú por lo menos sí llegó a rey.
Muchos tal vez se preguntan, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene tanta pantomima de oposición si no va a haber ningún efecto que se traduzca en una mejora sustancial de la calidad de la vida de la gente? Creo que, en el mejor de los casos (no ahondaré sobre el peor), todo se reduce a un deseo egoísta de figuración. Un autoengaño de que se sigue “en la lucha” sin tener que afrontar los riesgos que implica incomodar al poder en Venezuela. La gente lo notó sin mayor dificultad.
Y así como fracasaron los políticos involucrados, también fracasó una caterva de politólogos y demás supuestos expertos en política que le hace la corte a aquellos. Sujetos que en algunos casos tuvieron labor académica meritoria en el pasado, pero que no han sabido asimilar la actual y muy dura realidad política venezolana. Por arrogancia y empeño en que se les mantenga en un pedestal del intelecto, se niegan a reconocer que los paradigmas que antes tuvieron sentido en Venezuela y cuyo estudio les valió su prestigio, ya no.
Si así reaccionan los cortesanos, no debe sorprendernos la reacción de los políticos. Casi ninguna admisión de que resultó ser cierto que su mensaje no puede tener buena acogida entre el público (con una que otra honorable excepción, la más conspicua de las cuales es la de Juan Requesens). ¡Qué va! Más bien un berrinche patético que culpa a terceros de lavarle el cerebro a las masas para que se abstuvieran, lo cual implica tratar a esas mismas masas como si fueran borregos y no personas con criterio propio.
En esta oportunidad, la señalada es María Corina Machado, quien ciertamente pidió a los ciudadanos que no votaran. Pero estoy seguro de que la mayoría de la gente hubiera actuado igual si Machado hubiera solicitado lo contrario. Los fetichistas electorales pudieron recorrer el país sin problema. Tuvieron un acceso a radios y televisoras que muy pocos, en este país radicalmente censurado, tienen. ¿Y aun así los derrotó por paliza una señora que lleva meses escondida y que solo puede aparecer cada cierto tiempo en la pantalla de un teléfono hablando? ¿No se dan cuenta de lo mediocre que es esa excusa? En fin, nihil novum sub sole. En 2018, hicieron exactamente lo mismo con la quijotesca candidatura presidencial de Henri Falcón.
Me gustaría pensar que todos estos señores van a aprender. Que se den cuenta de que ellos solitos se metieron en un callejón sin salida. Así podrían empezar a contribuir a la nada fácil búsqueda de nuevas ideas que sí puedan producir un cambio político. Pero por los vientos que soplan, se van a quedar encerrados en su torre de conformismo y soberbia. Ojalá me equivoque. Cualquier paso en la dirección correcta será bienvenido, por tardío que sea. Pero hasta entonces, mejor dejarlos refunfuñando solos en su amarga intrascendencia.
Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es
La organización no gubernamental Foro Penal Venezolano rechazó “categóricamente” las declaraciones del ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, quien recientemente señaló a esta organización, junto a otras ONG del país que defienden los DDHH, de estar supuestamente vinculada a planes “terroristas”.
Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales este jueves, 29 de mayo, el Foro Penal calificó como “inaceptables” dichas afirmaciones y reafirmó su carácter independiente, pacífico y legal.
La organización recordó que durante más de 23 años ha prestado asistencia legal gratuita a víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela. En ese tiempo, ha acompañado jurídica y humanamente a más de 14.000 personas y sus familias, sin ningún tipo de discriminación. La ONG sostuvo que su labor se basa en los principios establecidos en la Constitución venezolana, así como en el respeto a los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
“Ni nuestra organización, ni sus directivos, ni nuestros miles de voluntarios a nivel nacional tienen vínculo alguno con hechos u organizaciones de esa naturaleza”, aclaró la organización.
En ese sentido, mostró preocupación por el uso de discursos “que criminalizan o estigmatizan el trabajo legítimo de defensa de derechos humanos”. Allí recordaron que otras ONG como Provea también son víctimas de esta criminalización.
“El libre ejercicio del trabajo de las organizaciones de derechos humanos es un pilar fundamental de toda sociedad democrática y beneficia a todos los ciudadanos, independientemente de su ideología o afiliación política. Incluso quienes hoy ejercen el poder se benefician de la existencia de una sociedad civil fuerte, activa y comprometida con el respeto a los derechos fundamentales”, agregó.
La ONG Provea denunció también una escalada de criminalización contra defensores de DDHH tras las acusaciones emitidas desde el alto gobierno. Al respecto, calificó estas afirmaciones como parte de una estrategia de criminalización cuyo objetivo es desacreditar su trabajo de acompañamiento a las víctimas y denuncia de violaciones a los derechos humanos en el país.
“Condenamos este nuevo ataque y alertamos que se produce en medio de una agresiva escalada represiva donde se han registrado decenas de detenciones arbitrarias, denuncias de desapariciones forzadas, actos de hostigamiento, constantes amenazas para la libre expresión y el derecho a la asociación y reunión pacífica”, señaló la ONG en un comunicado.
Por su parte, Médicos Unidos de Venezuela también rechazó las acusaciones en las que implicaron a esta ONG. En un comunicado, la organización expresó que “denunciar las fallas de la gestión de salud pública no es un delito”.
“Nuestra misión es clara y nuestras actividades se han centrado exclusivamente en la defensa del derecho a la salud de cada venezolano, la protección de los trabajadores sanitarios y la búsqueda de condiciones dignas en el funcionamiento de nuestros centros asistenciales”, expresó la ONG.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En el marco de la celebración de su 70 aniversario, Fe y Alegría reafirma su misión de formar, educar y promover valores en Venezuela, pese a los desafíos del país.
Con presencia en 350 centros educativos, la organización atiende a más de 100.000 estudiantes y 74.053 familias, lo que la consolida como un pilar de esperanza en contextos desafiantes.
Fundada en marzo de 1954, la organización atiende actualmente a más de 100,000 estudiantes en escuelas, centros técnicos, universidades y programas a distancia, con una tasa de asistencia y aprobación destacada.
María Gabriela Carmona, docente del colegio Virgen Niña en Catia y Madre Promotora de Paz, destacó el impacto del modelo educativo de Fe y Alegría puntualizando que en 2024, más de 74,000 familias apoyaron económicamente a la red, con alianzas con el sector productivo para pasantías y contratación de egresados (como técnicos medios en administración, informática o contabilidad), programas para comunidades indígenas y formación en derechos humanos y, además 52 centros de capacitación en oficios como costura o peluquería.
Con presencia en 22 países, Fe y Alegría mantiene en Venezuela 176 escuelas, 5 institutos universitarios y 22 emisoras educativas. Para el aniversario, también realizaron una “invasión radial” para difundir su labor y relanzar iniciativas como las Madres Promotoras de Paz, lideradas por la reconocida profesora Luisa Pernalete.
“70 años no son fáciles, pero cada día que un estudiante supera barreras nos llena de orgullo”, expresó Carmona.
La Gran Rifa 2025: “Educamos Corazones”
Para celebrar su aniversario, Fe y Alegría revive una tradición histórica con la emblemática rifa que en sus inicios financió pupitres y pizarras con donaciones de estudiantes.
Bajo el lema «Educamos corazones», la campaña tiene como objetivo despertar la solidaridad para apoyar a más de 100.000 estudiantes inscritos en las escuelas de Fe y Alegría.
Este año, el sorteo —previsto para el 19 de junio— ofrecerá 70 premios, incluyendo motos, electrodomésticos y tecnología. Los fondos se destinarán a realizar mejoras tecnológicas en 350 centros y a la innovación educativa y formación docente.
Los boletos digitales están disponibles en las escuelas de la red o en www.rifa.feyalegria.org. “Es una oportunidad para contribuir a la educación mientras tienes chance de ganar”, explicó Carmona.
Los boletos, tienen un costo de $3 (300 bolívares) o 30 USD por talonario (10 boletos). El sorteo se realizará el 19 de junio.
